El Congreso apagó las luces de su período ordinario el 30 de noviembre. Sin embargo, Javier Milei ya tiene decidido el llamado a sesiones extraordinarias. Con una lista de temas que pondrá nuevamente a prueba el vínculo de La Libertad Avanza con el PRO, su principal aliado legislativo, el Gobierno irá a fondo con proyectos que prometen generar álgidos debates en el recinto de la Cámara de Diputados, aunque ya adelantan que no incluirán ni el Presupuesto 2025 ni Ficha Limpia.

“No hemos todavía conversado con el presidente sobre cuál es la fecha oportuna, pero la intención es hacerlas en diciembre”, señaló este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la postestad que tiene Milei de reabrir el Congreso, cuya actividad se paraliza entre diciembre y marzo. El Ejecutivo busca mostrar iniciativa para avanzar con cambios que considera significativos, pero enfrente tiene a una oposición que tampoco parece dispuesta a ceder terreno.

Desde la Casa Rosada confirman que quieren avanzar con la reforma política. Entre las propuestas más resonantes está la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), defendida como una medida de austeridad que también desarma el tablero político tal como se lo conoce. En Diputados, el poroteo todavía es muy incipiente. Salvo el kirchnerismo, que dejó trascender que está dispuesto a debatir la “suspensión” de las primarias, desde la oposición denuncian estar frente a una maniobra

En el oficialismo también buscarán flexibilizar las reglas del financiamiento de campañas, eliminando los topes a los aportes privados, e incluir ajustes a la ley de partidos para frenar la proliferación de agrupaciones que solo existen como “sellos de goma”. La paradoja no pasa desapercibida: en 2023, Milei se apoyó en una red de pequeños sellos provinciales que le permitió tener presencia en todo el país. Ahora, una vez en el poder, intenta cerrar esa puerta para evitar que otros sigan el mismo camino.

Otro tema que quiere empujar Milei es la privatización de Aerolíneas Argentinas, una medida que cuenta con dictamen de comisión pero que genera resistencias tanto en el Congreso como en la calle. Los sindicatos y sectores de la oposición la rechazan frontalmente, mientras que otros la ven como un paso inevitable para reducir el gasto público. La definición se espera en los próximos días, pero el contexto no favorece grandes acuerdos.

También suma presión la discusión en torno a la composición de la Corte Suprema. Con la salida de Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre, el máximo tribunal quedará reducido a tres miembros, lo que amenaza con complicar su funcionamiento. Por eso, el Gobierno evalúa designar a Ariel Lijo a Manuel García-Mansilla en comisión, un mecanismo legal pero controversial que podría agravar las tensiones políticas. El jefe del interbloque peronista del Senado, el formoseño José Mayans, ya advirtió que no apoyará una maniobra unilateral y que sus 33 senadores están listos para vetar cualquier decisión que no pase por la Cámara alta. La Casa Rosada necesita reunir 48 votos para una designación definitiva, un desafío monumental en un contexto de fuerte polarización.

Temas freezados

En paralelo, muchos proyectos importantes quedaron en el tintero. El Presupuesto 2025, por ejemplo, es un gran ausente. Milei planea prorrogarlo por segundo año consecutivo, una estrategia que le otorga mayor libertad para manejar las cuentas públicas. Aunque hubo debates en Diputados liderados por José Luis Espert, las negociaciones se estancaron cuando los gobernadores radicales y del PRO exigieron medidas como el pago de las deudas previsionales y una distribución más justa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Frente a estas demandas, el oficialismo cortó el diálogo argumentando que no pondrá en discusión la regla del déficit cero.

Otra iniciativa rezagada es la de Ficha Limpia, que busca prohibir que personas con condenas firmes puedan ocupar cargos públicos. A pesar de las promesas que le hiciera el propio Presidente a la diputada Silvia Lospennatto de que trabajarán en un nuevo texto, la realidad es que todavía no hay avances concretos. Esto ya generó críticas de parte del PRO, que acusa al oficialismo de no tener un compromiso real con la transparencia.

El proyecto de juicio en ausencia, pensado para casos como el atentado a la AMIA, también quedó fuera de la agenda, al igual que la propuesta de agravantes para reincidentes delictivos impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque ambas iniciativas obtuvieron dictámenes de mayoría, no lograron superar la falta de quórum en las últimas sesiones.

En el ámbito sindical, tampoco avanzó la reforma que apunta a “democratizar” los gremios, limitar la reelección indefinida de dirigentes y eliminar las contribuciones obligatorias para no afiliados. Esta propuesta, que afecta directamente a la CGT y las CTA, es vista por los sindicatos como una provocación, por lo que ya amenazaron con movilizaciones masivas si se insiste en su tratamiento. En Diputados, Martín Tetaz intentó reactivar el debate, pero también quedó lejos de reunir el quórum necesario.

DM/PL

Subido a una popularidad que, según varios sondeos, lo coloca en el punto más alto desde su llegada a la Casa Rosada, Javier Milei pretende ir a fondo con uno de los temas que más debates generó en los últimos años: la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo electoral que, desde su implementación en 2010, tendió a sobrevivir más por inercia que por consenso real. ¿Un movimiento audaz que podría contar con cierto apoyo del kirchnerismo, abierto a discutir el tema en el Congreso? La incógnita flota en el aire.

El proyecto de Milei ingresó al Parlamento hace pocas semanas y está previsto que se debata en las sesiones extraordinarias, cuyo llamado todavía está al caer. Pero el plan no se limita únicamente a la eliminación de las PASO. Con la boleta única de papel ya aprobada y lista para debutar en las elecciones de 2025, La Libertad Avanza va más allá y plantea una reforma política integral ambiciosa, con modificaciones que buscan cambiar las reglas del juego electoral desde su propia base.

La avanzada oficial tiene una clara lógica estratégica. La intención del Gobierno es consolidar un escenario polarizado que lo enfrente directamente con Cristina Kirchner, mientras elimina una herramienta que tradicionalmente facilitó la competitividad de la oposición. Sin PASO, el sector político que alguna vez fue Juntos por el Cambio se enfrentaría a una tormenta: estaría obligado a resolver sus liderazgos en un contexto de fragmentación, con el PRO por un lado y un radicalismo dividido que no encuentra un terreno común para negociar.

Poroteo

Mientras el Congreso se alista para el debate, las dudas se multiplican. Más allá del futuro de las PASO, el Gobierno también buscará endurecer los requisitos para la existencia de partidos políticos, con pisos de afiliados más altos y un sistema de financiamiento público replanteado que, según los críticos, concentraría aún más poder en los grandes aparatos partidarios. La paradoja no pasa desapercibida: en 2023, Milei se apoyó en una red de pequeños sellos provinciales que le permitió tener presencia en todo el país. Ahora, una vez en el poder, intenta cerrar esa puerta para evitar que otros sigan el mismo camino.

En Diputados, el poroteo todavía es muy incipiente. Salvo el kirchnerismo, que dejó trascender que está dispuesto a debatir la “suspensión” de las primarias, desde la oposición denuncian estar frente a una maniobra del oficialismo. Los sectores más pequeños del espectro político también ya lanzaron sus alarmas. Es que, con las PASO virtualmente fuera del camino, las internas ya no se dirimirían en las urnas, sino en negociaciones de cúpula que, lejos de ordenar, suelen profundizar las fracturas.

En las filas amarillas hay un rechazo total a la iniciativa. Mauricio Macri no está dispuesto a subordinarse a una eventual alianza con La Libertad Avanza en la que Karina Milei monopolice el armado de listas. Por eso, la diputada María Eugenia Vidal impulsa un proyecto que plantea volver opcionales las primarias partidarias, pero manteniendo la organización a cargo del Gobierno en los casos donde haya competencia interna en algún frente.

La UCR está dividida. Mientras gobernadores como el mendocino Alfredo Cornejo quieren flexibilizar las primarias para que no sean obligatorias, dirigentes provinciales, como el jefe de bloque Rodrigo De Loredo, se aferran a ellas para no perder influencia en sus distritos. En tanto, los radicales del bloque Democracia para Siempre, con 12 miembros, defienden las PASO a capa y espada. Entre ellos está Melina Giorgi, aliada del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no piensa ceder en un sistema que Santa Fe implementa desde el 2011.  

La discusión también se extiende al variopinto Encuentro Federal, donde algunos diputados, como Florencio Randazzo y Emilio Monzó, siguen apostando por esa herramienta para dirimir candidaturas que impulsó en su momento Néstor Kirchner, mientras otros, como Margarita Stolbizer y Miguel Ángel Pichetto, quieren enterrarla. Los cordobeses del bloque oficialista provincial tampoco la apoyan.

Reformismo

La idea de erradicar las PASO está lejos de ser exclusiva de esta gestión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces presidente evaluó su eliminación tras las legislativas de 2017, cuando Cambiemos no supo aprovecharlas para unificar liderazgos clave en distritos complejos. Pero la oposición peronista, siempre pragmática, bloqueó cualquier avance.

Alberto Fernández también lo intentó, pero ampoco pudo lograrlo. En 2020, echó mano a un argumento que sonaba razonable en medio de la pandemia: ahorrar dinero. La verdadera intención, sin embargo, era otra: impedir que Juntos por el Cambio se fortaleciera a través de primarias abiertas. Ese proyecto se estrelló por la resistencia de sectores kirchneristas que veían en las PASO una herramienta útil para mantener sus propias alianzas territoriales.

Ahora, al igual que en el pasado, la jugada de Milei tampoco es segura. Su discurso de “romper con la casta” se enfrenta a la ironía de imponer reglas que podrían favorecer a los grandes actores del sistema, a partir de una propuesta reformista que es coherente con su estilo incendiario, pero que también revela el pragmatismo de un gobierno dispuesto a moldear la realidad en función de sus propios intereses.

La idea del oficialismo es ir paso a paso. Según pudo saber elDiarioAR, dejará fuera del debate algunas propuestas de alto impacto que formaban parte de la primera versión de la ley Bases, como la eliminación total del financiamiento público para los partidos o un sistema de “voto por adhesión” que prometía simplificar alianzas, pero generaba temores de vaciar de contenido las disputas locales.

Aquel proyecto presentado por Milei en diciembre de 2023 también incluía cambios sustanciales en la composición y elección de diputados. Proponía reducir las bancas totales de 257 a 254 y achicar drásticamente la representación de las provincias menos pobladas, eliminando el piso mínimo de cinco diputados por provincia. Esto dejaba a distritos como Tierra del Fuego con apenas un representante, mientras que Buenos Aires hubiera subido de 70 a 97 y Córdoba de 18 a 21. Paralelamente, buscaba reemplazar el sistema de representación proporcional por circunscripciones uninominales, donde cada distrito enviaría a un solo diputado al Congreso, seleccionado por mayoría simple.

El Gobierno justificaba los cambios al señalar que el rediseño de las circunscripciones acercaría más a los legisladores a las demandas locales. Pero ese punto no hizo más que generar un fuerte rechazo ya que el dibujo iba a estar a cargo del Poder Ejecutivo, lo que abría la puerta al “gerrymandering”: manipular los límites para favorecer al oficialismo. Además, la reforma chocaba con el artículo 45 de la Constitución, que establece a las provincias como distritos electorales indivisibles. Y erosionaba la representatividad, consolidando el poder de las más pobladas a expensas de las menos habitadas.

Un año después de esa polémica, La Libertad Avanza vuelve a la carga con su hoja de ruta, aunque algo más acotada. La virtual eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel son medidas que van mucho más de un cambio técnico. Representan una movida enfocada en redibujar las bases del poder en el país. Para Milei, más allá de garantizarse los votos para avanzar con sus anhelos, se trata de marcar una agenda. ¿Pero hasta dónde puede resistir un sistema que cada nuevo gobierno busca reescribir a su medida? Si algo queda claro, es que la Argentina de Milei no es un terreno para las medias tintas: o se juega todo, o no se juega nada.

PL/JJD

Si el Senado convierte en ley la boleta única, se producirá un hecho histórico: por primera vez la Argentina cambiaría su forma de votar, dejando atrás las boletas partidarias —que se ubican de a fajos en el cuarto oscuro— para pasar a elegir presidente y demás cargos nacionales usando una sola boleta por elector, donde figura toda la oferta electoral y donde se marca la decisión por cada categoría con un lápiz o lapicera.

Este sistema ya funciona en provincias como Santa Fe y Córdoba, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el ámbito nacional sigue rigiendo la boleta partidaria.

Este cambio histórico puede ocurrir pronto, pero para que eso pase el gobierno de Javier Milei, que promueve la boleta única, debe conseguir al menos 37 de los 72 votos posibles en el Senado. Es decir, la mitad más uno de los integrantes del cuerpo. Esos votos hoy por hoy no están.

La boleta única obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados el 8 de junio de 2022 por obra y gracia de la oposición más numerosa al gobierno de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio, y otros espacios provinciales. El tablero terminó 132 votos afirmativos contra 104 negativos (todos, del Frente de Todos), 4 abstenciones y 17 ausentes.

Dos años después, en el Senado el ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, junta entre sus dos bloques 33 de los 72 senadores. Como se trata de una ley electoral, la iniciativa debe reunir sí o sí al menos 37 votos afirmativos el día de la sesión. La tarea no es sencilla: la suma de todos los bloques no kirchneristas es 39. Es decir que no solamente deben reunir un consenso amplísimo para cumplir el cometido sino tratar de que ninguno de ellos se resfríe o pierda el vuelo para llegar al recinto o prefiera el dictamen de minoría, que propone cambios y que, de ser aprobado, significa que el expediente debería volver a Diputados.

Este miércoles, el asunto quedó habilitado para ser discutido —y eventualmente convertido en ley— en el recinto del Senado. Fue después de que en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara alta se firmaran los dictámenes de comisiones. Fueron dos: el dictamen de mayoría, que confirma sin modificaciones el texto que aprobó Diputados, y el de minoría, que es Unión por la Patria junto a la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck.

Esto significa que el dictamen de minoría podría reunir 34 votos en sesión. Los restantes votos posibles son 38. Ese número consiguió hace unas semanas la vicepresidenta, Victoria Villarruel, para lograr desplazar al peronismo del reparto de puestos en la conducción de la cámara y de presidencias de las comisiones. Pero fue una mayoría circunstancial, con ese fin. Ahora hay que ver si ese acuerdo para distribución cargos tiene impacto a favor de la boleta única o si se quedan cortos.

Argumentos a favor y en contra de la boleta única

La UCR, el PRO y el oficialismo, entre otros espacios, sostienen que la boleta única tiene una serie de ventajas respecto de la herramienta actual: resaltan que es una sola boleta por cada votante y que la impresión la realiza el Estado, sin la participación de los partidos políticos, que en muchos casos suelen financiar las campañas con el dinero de las boletas que reciben del Estado; que los fiscales no deben ir a chequear los posibles faltantes de boletas porque con la boleta única en el cuarto oscuro no hay nada; que los cuartos oscuros pueden ser más chicos o directamente boxes de votación, y no necesariamente usar un aula entera para un solo elector por vez, lo que podría agilizar el proceso electoral; que es más económica y que es ecológicamente sostenible.

“Estoy convencido que tenemos que avanzar en este proyecto de ley de Boleta Única Papel porque la tienen el 80% de las democracias del mundo, sólo 16 países no la tienen, es muy accesible al ciudadano y es menos costosa, universal, genera equidad para los partidos”, argumentó el senador radical Maximiliano Abad. “No creo que esto sea para distraer frente a la situación del país porque lo único que tenemos para debatir acá (en el Senado) es esto. Toda ley es perfectible, yo plantee modificaciones también, pero me gustaría que se hagan una vez sancionada”, dijo el representante de la Provincia de Buenos Aires, confirmando que el radicalismo apoyará la media sanción de Diputados sin cambiarla ni una coma.

Los detractores de la bolta única, en cambio, señalan que como consecuencia de la enorme oferta electoral los electores podrían tener que marcar su decisión en boletas del tamaño de afiches de la calle; y que la boleta única tampoco resuelve el problema de la lista sábana, que es cerrada y bloqueada, porque uno vota una lista completa y no puede elegir candidatos de una u otra lista. Además, que en la boleta única no figura la oferta completa de candidaturas.

“Soy un defensor de la Boleta Única Papel pero coincido con los dichos de los senadores de mi bloque en el sentido de que no podemos entregar una ley mal redactada, con problemas. Eso no significa aprobar de forma apurada este proyecto de ley mal redactado y con problemas”, dijo el salteño Sergio Leavy, de Unión por la Patria, y se preguntó: “¿Cómo hacemos para meter una sábana adentro del sobre? Es muy complicado”.

JJD

“Si no está roto no lo arregles” se suele decir. Pero ¿cuántos dolores de cabeza podríamos habernos evitado si hubiéramos actuado a tiempo, antes de que las cosas se rompieran? Esta pregunta aplica para muchos ámbitos; también aplica para la discusión que estamos teniendo acerca de nuestro sistema electoral: podemos mejorar la manera en que se vota en la Argentina sin esperar a que algo se rompa.

La boleta que usamos para votar es el vínculo entre las preferencias políticas de las personas y las responsabilidades de candidatas/as y partidos. Por lo tanto, el debate sobre la boleta es un debate de fondo, es un debate sobre la equidad en el acceso al voto y a la competencia electoral.

La elección que vamos a tener el año que viene va a coronar los 40 años de democracia ininterrumpida. En este período siempre tuvimos elecciones limpias y justas. Nuestro sistema electoral funciona, pero ese no es un argumento suficiente para no mejorarlo. Este aniversario que vamos a alcanzar es un gran logro en sí mismo. Pero también es un momento que nos interpela para seguir intentando fortalecer nuestra democrática. Y el debate sobre boleta única va directo al corazón de esa discusión.

Por eso desde CIPPEC lanzamos Democracia 40, un proceso de diálogo participativo, multiactoral, federal e intergeneracional que busca proponer políticas que potencien nuestra democracia y avancen en saldar las asignaturas que tenemos pendientes. Mejorar las instituciones políticas es uno de los seis ejes de este proyecto. Cómo mejorar la experiencia de los y las votantes, cómo fortalecer la equidad en el acceso al sufragio y las condiciones generales de la competencia son algunas de las preguntas a las que proponemos contribuir.

Estas son preguntas que se están haciendo cada vez más provincias en Argentina. Hace más de 10 años Córdoba y Santa Fe las respondieron introduciendo distintos tipos de boleta única. A inicios de este año, en Mendoza se hicieron estas preguntas, llegando a la misma respuesta. Y esto no es casual.

La boleta única de papel provista por el Estado garantiza el derecho de los y las votantes a elegir y de las agrupaciones políticas a ser elegidas, asegurando que la oferta completa esté disponible para todo el electorado, en todas las mesas de votación, en todo el territorio, durante toda la jornada electoral. A diferencia de la boleta partidaria que utilizamos actualmente, la boleta única aliviana el esfuerzo que deben realizar las agrupaciones para garantizar la disponibilidad de las boletas el día de la elección.

Quienes critican la boleta única de papel lo hacen argumentando que genera mayor fragmentación e incrementa las probabilidades de un gobierno dividido. Pero no es la boleta única la que genera esto. Lo que hace posible la BUP es que los votantes puedan manifestar con mayor facilidad sus preferencias políticas, mucho más fácilmente que el actual sistema de votación. La boleta partidaria hace más dificultoso el voto cruzado, porque implica cortar físicamente la boleta, con el riesgo de romperla o de equivocarse.

También existen algunos contraargumentos sobre su implementación, que sostienen que sería dificultosa en algunas provincias, dadas la enorme cantidad de opciones electorales existentes. Facilitar el voto a la ciudadanía debería ser el norte de un cambio cómo este, y es un beneficio que supera ampliamente los costos de implementación. Muchos de los contraargumentos vinculados a la implementación se centran en el diseño y se solucionan con el diseño también.

En las últimas cuatro décadas, y especialmente en los últimos 15 años, hemos avanzado con reformas políticas que fueron mejorando nuestra democracia: el voto joven y la ley de paridad son solo dos ejemplos. Podemos seguir introduciendo innovaciones que fortalezcan nuestra democracia y nos permitan continuar y potenciar este legado, sobre la base de la evidencia y a partir de consensos. ¿Hay mejor manera de festejar los 40 años de democracia que fortaleciéndola?

GDL, CT

Una vez más nace la inquietud sobre la reforma política en la Argentina de la peor manera posible: irreflexivamente, a las apuradas, sin claridad del diagnóstico y sin vocación de consenso. Parecen especialistas en encontrar soluciones a problemas que no tenemos.

La propuesta de reforma electoral -mayoritariamente opositora- para nuestro instrumento de votación hacia la Boleta Única Papel (BUP) implica profundizar la ingobernabilidad en un contexto de polarización y fragmentación partidaria, y un aumento del costo de las campañas electorales dada la personalización de las candidaturas. Si bien es cierto que el uso de la BUP se extendió en algunas democracias, no es menos cierto que países con democracias consolidadas y resultados inobjetables como España, Finlandia, o Suecia sostienen instrumentos de votación como el utilizado en nuestro país. Noruega también poseía un tipo de voto parecido al nuestro, y migro en plena pandemia hacia el voto electrónico.

El principal problema reside en el incremento sustancial del voto cruzado. Al romper los vínculos partidarios que establecen las boletas múltiples partidaria de papel que utilizamos en la actualidad, aumenta el incentivo para gobierno dividido. Existen innumerables investigaciones que aseveran las dificultades resultantes del aumento de la oferta electoral, en contextos de sobre abundancia de información. Ampliar al infinito las opciones podría inducir al “voto TA-TE-TI”. El incentivo a votar en cada categoría a un candidato de diferente partido tiene como consecuencia directa el aumento de las debilidades de gobierno cualquiera sea el ganador de la contienda electoral. Un claro ejemplo de ello es lo que ha ocurrido en Santa Fe, donde -desde su implementación- la Cámara de Diputados provincial ha quedado siempre en manos de la oposición a pesar que el Gobernador fuese elegido el mismo día. Esto implica un innecesario deterioro de la gobernabilidad, un resentimiento de la legitimidad y representatividad de los candidatos electos, y una consecuente suba del voto blanco y nulo, así como un fuerte incentivo hacia escenarios de parálisis institucional. En definitiva, serios problemas para llevar adelante las agendas y gestiones de gobierno. Mas ineficiencia y probablemente mayor descontento.

En segundo lugar, se trata de una reforma innecesaria en tanto que la Argentina no tiene ni tuvo un problema de fraude estructural en los últimos tiempos. No ha habido en la historia reciente de nuestra República una sola elección nacional con un resultado controvertido. El pueblo ha sido regularmente convocado a las urnas, ha podido emitir su voto, todos los votos han sido contados y los resultados han sido siempre convalidados tanto por el perdedor como por la justicia. En nuestro país hay incertidumbre sobre los resultados pero certeza e integridad en los procesos electorales. Existen incontables trabajos académicos, como “autopsias electorales”, que deshacen los argumentos sobre la relevancia e impactos de supuestas manipulaciones intencionales sobre los resultados electorales, tanto durante el acto comicial como en los escrutinios.

En tercer lugar, la boleta única es un dispositivo complejo que hay que analizar en profundidad. No se trata de buenos contra malos, ni limpios contra turbios. Se parece más a una necesidad política para alimentar la “grieta” que a un debate serio. No es un sistema a prueba de fraude: con una doble tacha o una marca en la boleta se puede anular rápidamente cualquier voto. En ausencia de fiscales cualquier instrumento puede ser vulnerado con facilidad. Lo mismo ocurre en todas las democracias del mundo durante sus procesos electorales. La fiscalización es la mejor garantía de transparencia. Implica la participación de todas las partes involucradas. No hay democracia moderna que pueda prescindir de ello. Quizás debiéramos pensar en fortalecer las capacidades partidarias de fiscalización para aquellos partidos que no alcanzan ese objetivo. O quizás estemos ante partidos que compiten en elecciones para dar testimonios de su intereses, candidatos o ideología, pero que no buscan ganar elecciones competitivas. No deberíamos mezclar o confundir la problemática.

Además, la BUP es un sistema costoso que le transfiere íntegramente la confección, impresión, diseño y distribución al Estado. La BUP que utiliza la Provincia de Santa Fe, al separar el voto por categorías en boletas de diferentes colores, o la que utiliza la Provincia de Córdoba, que incluye todas las categorías en una papeleta especialmente grande, no sólo no abaratan significativamente los costos sino que incluso los pueden aumentar por sus tipos de impresión, los sellos de seguridad y complejidad de impresión que suponen. A esto hay que agregar que a partir de su implementación en estos distritos, los escrutinios se han extendido más que en aquellos donde continuamos utilizando el tipo de voto nacional. El control del acto comicial, con su apertura y cierre del comicio, la validez de las boletas y la identidad de los electores seguirán presentes con esta reforma, pero el recuento de votos puede complicarse.

Otro problema importante es el diseño de la BUP. La forma en la que se resuelva el diseño de la boleta puede producir un sesgo de posición de los candidatos y partidos. Los sistemas electrónicos permiten la aleatorización de la aparición de los candidatos en la pantalla, mientras que en las boleta papel resulta imposible. De ello resulta que la ubicación en el orden de presentación puede provocar efectos de selección en favor de unos y en contra de otros. Al punto de lograr confundir a los ciudadanos y “esconder” candidatos. Exactamente lo contrario al objetivo declamado de la reforma.

También podría generar un aumento de los costos de campaña al multiplicar las necesidades de comunicación de los candidatos partidarios y de los propios partidos (obligados a competir en categorías separadas), al mismo tiempo que profundiza la debilidad de los partidos políticos para generar liderazgos y candidatos. Debilitar los partidos políticos es también limitar la capacitación de futuras gestiones publicas. El resultado posible es el aumento de candidaturas “outsiders”. Casos conocidos existen a montones. En Santa Fe sin ir muy lejos, en pocos años surgieron y declinaron numerosos candidatos con escasa experiencia.

Por último, no se trata de una cuestión urgente. Toda reforma política implica un cambio en las reglas de competencia. Así lo detalla nuestra Constitución nacional en su Articulo 38. Sino, deberíamos reformarla y modificar nuestro régimen monopólico de candidaturas partidarias. Es por ello que merecen ser tratadas con el cuidado necesario y deben ser fruto de una reflexión profunda y consensuada. Son el producto de los acuerdos a los que llegan los distintos actores políticos de una sociedad y en un contexto determinado para hacer frente a un proceso tan importante como son las elecciones. Alli decidimos quienes nos gobiernan.

Nuestros procesos electorales y sus diferentes elementos constitutivos han mostrado integridad y eficiencia para dar certidumbre de los resultados electorales. Alternancia en los gobiernos en diferentes contextos y niveles de gobierno, tanto como para la participación de los distintos actores políticos en competencia.

Una reforma que suponga una modernización no debería obviar los mecanismos informáticos y digitales que han mostrado mayor eficacia que la BUP en nuestro país. Quizás sea la hora de debatir con seriedad y aplomo, y no bajo la mirada mezquina y violenta de las necesidades inmediatas sectoriales.

SG

En la tercera fecha asignada a unos comicios cuya celebración fue postergada dos veces por el gobierno de Sebastián Piñera invocando la pandemia, realizados en jornadas electorales de horario extendido y a lo largo de dos días para amortiguar los contagios, el electorado chileno elegirá 138 convencionales (649 son mujeres y 629 varones) entre 1.373 candidaturas, a lo que se sumarán 17 convencionales que deberán escogerse entre 90 candidaturas y que darán representación a los pueblos originarios. Ciento cincuenta y cinco convencionales, reunidos en Asamblea Constituyente, sesionarán no menos de 9 meses y no más de 12 para redactar sin precondiciones, sin más límite que su libertad como representantes de la voluntad popular, una Constitución Nacional que sustituirá por entero a la aún hoy en vigencia, redactada durante la presidencia de facto Augusto Pinochet, y presentada con el visto bueno a cada artículo del General, en 1980.

En la misma mesa electoral, se eligen las autoridades para municipios (alcaldías y concejos deliberantes) y regiones (gobernaciones, por las que se vota por primera vez en un paso hacia el federalismo en un Estado unitario). Cada votante debe decidir su preferencia para cuatro cargos en cuatro elecciones entre un total de 1600 candidaturas de las cuales según los datos del Servicio Electoral más de la mitad son candidaturas independientes aunque asociadas a algún partido político en 70 listas distribuidas en los 28 distritos electorales. Según una encuesta de Ipsos Chile, sólo un 43% tiene la noción de que en los comicios de este fin de semana se votará para elegir cuatro cargos públicos, tres de los poderes constituidos y uno del poder más alto y superior, el constituyente. Un 32% no sabe el número de autoridades que se van a escoge.

Es la primera vez en el mundo que en la convocatoria a una Asamblea Constituyente se ha normado la paridad binaria, con listas 'zebra' que deben alternar masculino y femenino en la sucesión de candidaturas. También se ha normado una representación étnico-postcolonial que ordena la representación 'indígena' en una elección paralela pero simultánea, entre cuyas candidaturas eligen con su voto convencionales sólo quienes hayan definido previamente en el padrón su linaje pre-colonial. Esta representación, sobre datos censales, es proporcional con respecto al total de la población chilena, pero también busca serlo respecto al total de la población r de los nueve pueblos originarios reconocidos como tales, por lo que mapuches y aymaras son los más representados.

No es necesario resaltar que también es la primera vez que para una Asamblea Constituyente se votarán sus integrantes en una pandemia con cuarentenas y restricciones a la circulación ciudadana con más de un año de duración en el caso de Chile. Si algo puede decirse que ya se ha logrado en la superación de la herencia pinochetista es que el toque de queda, que marcó una década de la larga dictadura chilena (1973-1989) y repuesto por el gobierno actual, centroderechista, de Renovación Nacional (RN) con justificativos higiénicos de una profilaxis no estrictamente política sino sanitarista llegará a su fin, por una vez, el domingo, última jornada electoral, día para el que se ha abolido, volviendo a entrar en vigor el lunes.

El interrogante más inmediato es cuán alta será la participación electoral para elegir una Asamblea que tendrá poderes absolutos para elegir formas de gobierno y de estado para el destino futuro y en común de la nación. Si el piso es más bajo que la mitad más uno, estos número fertilizará y fermentarán horizontes futuros de rencor y desengaño sobre la legitimidad de la Asamblea cuya convocatoria pactaron el gobierno y los partidos de oposición como respuesta a las demandas de la protesta social -el 'estallido'- de 2019, ninguna de cuyas voces habló, ni tampoco votó, a la hora de la organización inicial y de la formulación plebiscitaria que aprobó con un 80% abrumador de los sufragios positivos. Pero ese porcentaje altísimo representa apenas a ese 51% que fue a votar, el resto no fue, por indiferencia, rechazo o dificultades en tiempos de Covid-19.

Violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad y denegado todo su derecho a la existencia por el presidente Piñera, la fuerza de las protestas iniciadas por un doloroso aumento del precio del transporte, percibido no sin buenas razones como una crueldad innecesaria, hizo que el gobierno y la derecha iniciaran una fuga hacia adelante en la que están todavía hoy, sin resultado favorable a sus propósitos que tenga buen pronóstico claro. Para la protesta social, la Asamblea y la nueva Constitución eran relevantes ante todo en la medida que demostraran su utilidad en la satisfacción de sus demandas urgentes que pusieran coto o freno a las desigualdades imperantes en uno de los países más desiguales del planeta, pero no uno del los más pobres, eran un medio más, entre una panoplia, no un fin en sí mismo ni la gloriosa apoteosis de la democracia en la que Piñera buscó que toda la sociedad se embanderara, siendo él abanderado.

En la Asamblea, la necesidad de dos tercios de los votos para viabilizar cualquier decisión pone límites a todas las fuerzas: arduo arribar a dos tercios en acuerdos, si la una política está fragmentada y la convención reflejará una sociedad y electorado fragmentarios. La derecha decidió ir en una sola lista, unificada toda, y la centro izquierda va en más de una decena de listas, por lo tanto, el efecto que va a tener es que probablemente la derecha va a estar sobrerrepresentada en la Convención, dado que para el establecimiento de la proporcionalidad se estableció el sistema D'Hondt, que favorece a las listas sobre las candidaturas. Además favorece a la derecha que la elección coincida con la de autoridades de las alcaldías, y confían en un efecto de arrastre. Según las encuestas, obtendrán la reelección, porque son las caras visibles de la vacunación y de cualquier ayuda recibida durante la pandemia.

MF