El presidente Alberto Fernández convocó a tres mujeres para ocupar los cargos vacantes en su Gabinete: las nuevas ministras serán: Victoria Tolosa Paz, en el Ministerio de Desarrollo Social; Ayelén Mazzina, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos, en el Ministerio de Trabajo.

Victoria Tolosa Paz (49 años) es bonaerense, Ayelén Mazzina (32 años) es puntana y Kelly Olmos (70 años), porteña.Sus designaciones ponen fin a una semana repleta de rumores sobre el alejamiento de los tres ministros salientes: Juan Zabaleta, de Desarrollo Social; Elizabeth Gómez Alcorta, de las Mujeres; y Claudio Moroni, de Trabajo.

Sus alejamientos no causaron sorpresa. Por distintos motivos, pero sobre todo teniendo como trasfondo las interminables peleas dentro del Frente de Todos, el recambio en el Gabinete terminó siendo empujado por la renuncia que el viernes presentó Gomez Alcorta.

Según informó Presidencia en un comunicado, “Fernández ha convocado a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión”.

La llegada de las tres nuevas ministras al Gabinete fue empujada por la renuncia de Gómez Alcorta el viernes pasado, en desacuerdo con la represión a mapuches en Bariloche, y luego de denunciar graves violaciones a los derechos humanos.

La diputada Tolosa Paz, contadora pública, fue cabeza de la lista de diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas del año pasado y tiene una amplia trayectoria en la administración pública, en especial en el área social. Con su marido, Pepe Albistur, tienen una relación de amistad con el Presidente.

Formó parte de esta gestión desde sus inicios, en diciembre de 2019, cuando fue nombrada titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Antes de eso, en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández, se había incorporado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), como parte del programa de Generación de Lotes con Servicios en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).

Militante del peronismo platense (fue concejala y más tarde, en 2019, compitió en la interna peronista en busca de un candidatura a intendenta), había acompañado en 2012 al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, con el cargo de subsecretaria de Urbanismo Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Además, se desempeñó en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano; como asesora del área de Coordinación de la Unidad Ministro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (cartera que ahora le toca conducir), y luego como jefa Regional del Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar), en ese mismo ministerio, ya en la presidencia de Néstor Kirchner. 

También trabajó en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) de la Presidencia, hoy Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Mazzina, de 33 años, es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, desde la cual impulsó la Ley de Paridad de Género aprobada en 2020 en su provincia. Estuvo a cargo de la organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.

La dirigente, profesora de Ciencia Política, se desempeñó como concejala por la ciudad de San Luis y desde el 12 de diciembre de 2019 cumplió funciones como secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia conducida por Alberto Rodríguez Saá.

Raquel “Kelly” Olmos , de 70 años, es licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (INPE-OEA-Cepal).

Es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), consejera nacional del Partido Justicialista (PJ) y coordinadora de la Comisión de Financiamiento del Desarrollo de los Equipos Técnicos del PJ nacional.

Fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, directora de la Corporación Buenos Aires Sur, diputada de la Legislatura y concejal de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria de Promoción Social y de Producción y Servicios, y subsecretaria de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Es consejera superior y directora del Instituto de Administración, Gobierno y Economía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Con estos tres últimos ingresos al gabinete, desde el inicio de la gestión de Fernández hubo 18 cambios de ministros.

Mantienen sus cargos desde el 10 de diciembre de 2019 Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Tristán Bauer (Cultura), Matías Lammens (Turismo y Deportes) y Juan Cabandié (Medio Ambiente).

Cercado por la pelea interna con La Cámpora, Zabaleta hacía tiempo que amenazaba con renunciar para volver a la intendencia de Hurlingham y asegurarse su reelección en el municipio. Había llegado al ministerio en julio de 2021 para reemplazar al Daniel Arroyo, que se fue como candidato a diputado en las elecciones del año pasado.

Zabaleta se despidió con un texto en sus redes sociales:

El ministro de trabajo saliente Claudio Moroni era uno de los históricos del Gabinete. Ocupaba ese cargo desde la conformación del Gobierno de Alberto Fernández. Además de problemas de salud, lo cierto es que a lo largo de su gestión Moroni no logró limar la relación el ala más dura del Frente de Todos y el sindicalismo mas combativo de Pablo Moyano. El conflicto con el sindicato de trabajadores del neumático, el SUTNA, que estuvo a punto de paralizar la producción, termino por desgastarlo.

La última semana, Moroni expuso a ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados por el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto 2023, y allí hizo un repaso por su tarea frente a la cartera laboral, que finalmente sirvió a modo de epílogo de su trabajo.

En el Congreso, explicó que la tasa de desempleo registrado “puede seguir bajando”, luego de tocar 6,9%, “una de las más bajas de las que se han medido”; y aseguró que la “Argentina es uno de los países que menos salario perdió en la región y el mundo” tras la pandemia y luego de la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hoy tenemos unos de los niveles de actividad más altos y una tasa de desempleo más bajas de las que se han medido: 47,9% y 6,9%, respectivamente; y creemos que puede seguir bajando”, había asegurado ante los diputados.

Cuestionada por la subjecución del presupuesto destinado al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género saliente Elizabeth Gómez Alcorta no logró disimular la incomodidad que le producía la llegada de Juan Manzur como jefe de Gabinete a quien ella misma había denunciado antes de llegar a esa cartera por las demoras en implementar en Tucumán un protocolo para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Abogada y defensora de los derechos humanos, la represión contra las siete mujeres de la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, desalojada en Villa Mascardi en un operativo de 250 efectivos de las fuerzas federales coordinadas por el Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, terminó de decidirla. Lo hizo en una carta en la que explicó que “los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi (...) me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.

En su cuenta de Twitter felicitó a su reemplazante: “Con mucha alegría recibo la noticia de que @AyelenMazzina será la nueva ministra del @MinGenerosAR”. Y luego agregó: “Confío en que seguirá levantando bien alto las banderas de los derechos de la mujeres y LGTBI+”.

CRM con información de la agencia Télam

El sábado al atardecer todo parecía resuelto: Alberto Fernández tenía definido los nombres de los tres lugares que quedarán libres en su gabinete y, detalle más, detalle menos, la situación se encaminaba sin estridencias a expresar una continuidad, con un deadline para el momento de los anuncios: el lunes feriado.

Pero las blancas -o las negras- también juegan y se produjo lo inevitable: el plan del presidente para reemplazar a Juan Zabaleta en Desarrollo Social, Claudio Moroni en Trabajo y Elizabeth Gómez Alcorta en el ministerio de la Mujer entró en zona de incertidumbres. O, al menos, aparecieron nombres, impugnaciones, planteos.

El sábado, Fernández conversó con Moroni y Zabaleta. No les detalló que su esquema consistía en hacer los anuncios el lunes, todos juntos con el reemplazo de Gómez Alcorta, pero se perfiló una continuidad en los espacios que dejarían vacantes cada uno. El tema más sensible fue con el ministro de Trabajo, cuya salida no tiene matriz política sino personal. Hace décadas Fernández se conoce con Moroni: estudiaron juntos, compartieron estudio de abogado y fueron, en paralelo, funcionarios. Cuando armó su gabinete en 2019, Fernández le pidió a Moroni, dedicado a la actividad privada, que vuelva al ruedo.

El esquema del presidente era definir una continuidad en Trabajo, que se mantenga el equipo de Moroni y se mencionó a Marcelo Belloti, secretario de Trabajo, un dirigente vinculado a Fernández y con relaciones con Santiago Cafiero, como sucesor. Con historia política en La Plata, de pasado en el Frepaso y luego apoderado del Partido de la Victoria (PV), Belloti operó como mano derecha de Moroni y construyó buena relación con el mundo sindical.

Con las horas eso quedó menos claro. En esencia, porque salieron a jugar referentes cristinistas que pusieron a circular dos nombres: Carlos Tomada, exministro de Trabajo de Néstor y Cristina Kirchner, actual embajador en México. En el ecosistema K empujan a Tomada, pero una fuente del FdT confió que el exministro desechó, por lo menos en la instancia extraoficial, el ofrecimiento. La versión se completa con que Tomada habría sugerido un nombre en su lugar.

Asomó, entonces, otro nombre: el de Vanesa Siley, diputada nacional, integrante del Consejo de la Magistratura y Secretaria General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Siley, una de las dirigentes que Cristina incorporó en su lista de Unidad Ciudadana en el 2017, es impulsada desde los sectores afines a la vicepresidente.

En teoría, Fernández asumió que Bellotti no tendría las espaldas para hacerse cargo de un ministerio difícil como Trabajo que, además de ser difícil per se, atraviesa un momento especialmente complicado por la presión sindical para reabrir paritarias frente a la inflación. Roberto Sukerman, exfuncionario de Omar Perotti en Santa Fe y dirigente vinculado a Agustín Rossi, también tiene un cargo en Trabajo y suena en la ruleta de posibles.

Los tironeos en torno a Trabajo dan cuenta de una tensión que hasta el sábado, por algún motivo, no se había expresado. En Gobierno insisten que el lunes se darán a conocer los nombres de los nuevos ministros pero en medio de los ruidos que aparecieron en estas horas, aparecieron las dudas.

Sobre Desarrollo Social, que deja libre Juan Zabaleta, Fernández también tenía un mapa definido en el que Victoria Tolosa Paz aparecía como preferida para ocupar el ministerio. Había, en paralelo, otro nombre: Ariel Sujarchuk, intendente con licencia de Escobar y actual funcionario de Sergio Massa, que ocupó cargos en Desarrollo en tiempos de Alicia Kirchner.

Pero apareció, luego, otra variante: Mariano Cascallares, intendente con licencia de Almirante Brown, diputado provincial y dirigente que tuvo, en su momento, cargos en Desarrollo Social. Ligado al sistema de intendentes del conurbano, de buena relación con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La mención de Cascallares activa una ingeniería específica: si jura como ministro deja su banca en la Legislatura bonaerense, lo que le permitiría volver a ocupar un escaño a Facundo Tignanelli, dirigente de La Cámpora, que en la cuadrante de esa agrupación aparece en la escuadra de Andrés “Cuervo” Larroque. Ese movimiento, al margen de la valoración sobre Cascallares como funcionario, pone el foco en una lógica de corrimiento que le da más lugar a la agrupación de Máximo Kirchner. Por lo pronto, lo que parece claro es que cualquiera que asuma, no modificará sustancialmente el status quo de la cartera donde conviven, con espacios predefinidos, La Campora, las organizaciones sociales como el Evita y los intendentes.

El tercer casillero del gabinete es el ministerio de las Mujeres, que abandonó Gómez Alcorta y donde se menciona una terna: Marita Perceval, Gabriela Cerruti y Vilma Ibarra. La primera marcaría la continuidad, porque ahora es la segunda del área, y tiene terminales en el cristinismo.

PI

Fuentes cercanas al ministro de Trabajo Claudio Moroni señalaron que los últimos acontecimientos políticos relacionados con la represión a la comunidad mapuche en Villa Mascardi aceleraron los tiempos de su renuncia. El funcionario tenía previsto renunciar recién en diciembre próximo por “motivos personales”, pero este último cortocircuito precipitó su alejamiento del Gobierno Nacional.

Es así que ahora se está analizando un reemplazante para el ministerio, quien fue cuestionado por su actuación durante el conflicto entre las empresas y el sindicato del Neumático. Como amigo personal del presidente Alberto Fernández, el ex ministro supo ganarse la confianza de los gremios más influyentes de la CGT que operaban como su sostén.

El Ministerio de Trabajo es una cartera muy codiciada por los tres espacios que conforman el Frente de Todos, especialmente por La Cámpora que ha dado señales de querer cubrir ese puesto con uno de los suyos al mando. En los últimos días, fueron constantes los cuestionamientos hacia Moroni por parte del secretario general camporista, Andrés “El Cuervo” Larroque.

Luego del paso al costado de Gómez Alcorta, el Gobierno informó que el lunes sería el día clave para el anuncio de su reemplazo en Mujeres, Género y Diversidades, al igual que “otros cambios”, al que se le sumaría la dimisión de Moroni.

Juan Zabaleta de Desarrollo Social, otra posible baja en el Gabinete

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, es otro de los funcionarios que se plegaría a las bajas de los últimos días. El intendente de Hurlingham está en uso de licencia y en permanente conflicto con la Unidad Piquetera, y ya había adelantado su intención de volver a su cargo anterior. Su intendencia está en manos de La Cámpora, espacio al cual no pertenece.

Fuentes cercanas al ministro le aseguraron a Noticias Argentinas que si bien la renuncia no fue presentada hasta el momento, “efectivamente hay un proceso de salida en marcha, que se hace en diálogo permanente y de manera ordenada”, explicaron. Se está llevando a cabo “del mismo modo que llevó adelante la gestión”, agregaron.

La lista con los funcionarios para suceder a los salientes es larga. Aunque ninguno cuenta con confirmación oficial, resuenan con fuerza los nombres de la diputada Victoria Tolosa Paz para reemplazar a Zabaleta, Gabriela Cerruti a Gómez Alcorta y Carlos Tomada en el lugar de Moroni.

Lo cierto es que el fin de semana largo le sirvió al Presidente para intentar reordenar su Gabinete, de cara a lo que resta de mandato. Esta vez también lo hace junto a su círculo más cercano, el cual se hace cada vez más reducido. Si no hay más imprevistos, el lunes se darán a conocer los nuevos integrantes de la administración del Frente de Todos.

LC con información de agencia NA

Con el condimento adicional del acuerdo pendiente con el FMI, que suma incertidumbre al escenario, la negociación salarial de 2022 se encamina a replicar la secuencia del año pasado. Esto es: un comienzo guiado por un número que pone el Gobierno sobre la mesa y los sindicatos conceden y la posterior apertura de instancias de revisión que buscan acomodar el optimismo inicial a la deriva económica. Un mecanismo que alcanzó para cerrar el año con los salarios formales por encima de la inflación, pero que fue “caro” para los trabajadores y trabajadoras, que hasta llegar al empate corrieron todo el año detrás de los precios.  

Para este año el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya anticipó que la pauta sugerida es de 40%, por encima del pronóstico de inflación incluido en el presupuesto (33%), pero por debajo de las previsiones del mercado (56%). El primer sindicato grande en cerrar su paritaria para este año se mantuvo alineado: la Federación de Aceiteros firmó un 39% de aumento para los próximos 8 meses. Volverán a sentarse en agosto; saben que ese número es una primera base para negociar. 

¿Las paritarias se volvieron un acting? Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, dice que puede tener algo de eso, pero que además del porcentaje, en un primer encuentro se fijan pautas que también son importantes en términos de impacto en el bolsillo: el reparto de las cuotas del aumento y las fechas revisión, que es posible que el Gobierno intente patear. 

Además, mientras que es muy probable que los sectores de alta rentabilidad (bancarios, aceiteros, sanidad, etcétera) estén en condiciones de mejorar la oferta salarial a lo largo del año, para otros sectores más débiles esa primera discusión es más sustantiva y definitoria. Según apunta Campos, algunos toman la pauta inicial como el primer escalón de una escalera, otros se clavan ahí. 

El año pasado el Gobierno propuso una meta de inflación de 29% y alentó a fijar aumentos salariales un par de puntos por encima. La primera camada de acuerdos cerró en torno al 30%, pero ya no ocurrió lo mismo con aquellos a los que les tocó discutir más cerca de mediados de año, que corrieron la vara al 40%. Luego empezaron a llegar las revisiones de los acuerdos iniciales y la revisión de las revisiones: 45%, 50%, 55%.

Para Nicolás Segal, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE - Fundación Germán Abdala), la estrategia 2021 fue “muy costosa” en términos de ingresos e incluso de actividad económica en general. “Se aceptó la pauta al principio y con la aceleración inflacionaria el salario quedó muy retrasado en el primer semestre. Después es cierto que hacia el segundo comenzó a recuperar y llegó a diciembre con un poder adquisitivo mejor contra 2020, pero el promedio del año termina estando por debajo”, apuntó. 

En efecto, si se compara diciembre de 2020 contra el mismo mes de 2021 el saldo es favorable (+2,9%), pero si se observa la masa salarial anual (no solo la comparación punta a punta) en 2021 el ingreso real de los trabajadores privados cayó por cuarto año consecutivo (-2,3%). 

Para evitar este efecto, Segal plantea como una alternativa posible negociar una reapertura de las paritarias 2021 que deje un piso más alto para este año. “De esta forma, si el Ministerio no quiere sacrificar el número del 40%, la discusión se puede mantener en esos términos pero permitís recomponer el salario promedio que se perdió”, detalla. 

El economista considera que esto se puede hacer incluso de manera sutil, sin plantear formalmente una reapertura de las paritarias pasadas. Una vez que las partes se sientan a negociar para 2022, pactan también un reconocimiento por el año anterior, cómo hicieron los estatales nacionales, que este mes definieron un incremento adicional de 14% en dos tramos que lleva la suba anual de 2021 a 54%. Así, por un lado se sostiene el mensaje y se evita un corrimiento de la pauta que puede ser muy disruptivo y, por otro, se hace uso de las herramientas disponibles para no afectar el salario de bolsillo. 

Otra estrategia en este sentido es la de Bancarios, sindicato que acordó esta semana dos sumas fijas de adelanto para la paritaria 2022. “A mediados de marzo nos juntaremos y empezaremos a delinear la estrategia para la paritaria del año en base a la evolución de los distintos índices económicos”, señalaron a elDiarioAR. 

Por fuera del ámbito de las paritarias hay un universo de trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos se definen de manera mucho más errática. Son esos trabajadores informales (tanto asalariados como cuentapropistas), que en 2021 perdieron 10 puntos contra la inflación, según el Indec. 

Los ingresos de este sector dependen de muchas variables, pero el Gobierno tiene una herramienta para terciar, al menos indirectamente. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (hoy en $33.000 o $165,00 por hora) sirve como una referencia para estos trabajadores, si es que tienen la posibilidad de ponerle el precio a su trabajo o sentarse a discutir con sus patrones. Moroni anticipó que convocará a fin de este mes a un nuevo Consejo para actualizarlo. 

Por otro lado, el salario mínimo se toma como referencia para definir el monto de prestaciones sociales como el Potenciar Trabajo, que va a reforzar los ingresos del sector sumergido de la economía. Como estrategia más de fondo y a largo plazo, las políticas de registración también terminan impactando en la mejora de las remuneraciones, lo que es evidente si se mira al revés: los sectores de mayor informalidad, como el trabajo en casas particulares o en la construcción, son también los peores pagos. 

DT

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, deslizó la posibilidad de que la doble indemnización y la prohibición de despidos no se prorrogarían a fin de año en el caso de que el crecimiento económico se sostenga, tal como lo estipula el Gobierno nacional.

Las declaraciones se dieron en el marco del evento de relanzamiento del Departamento de Educación y Formación Profesional entre la Unión Industrial Argentina y el Grupo Techint. Allí, Moroni explicó que las dos medidas extraordinarias fueron implementadas para “una situación extraordinaria”, y agregó: “Como se está normalizando la situación porque la Argentina está creciendo al 9% es probable que terminen a fin de año y no sean prorrogadas”.

A partir de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a comienzos de 2020, la prohibición de los despidos y la doble indemnización fueron articuladas y mantienen su vigencia, luego de varias prórrogas, hasta el 31 de diciembre.

Por esta razón, Moroni aclaró que la eventual prórroga de dependerá de la “situación económica laboral y epidemiólogica”. En la misma línea, el funcionario aseguró que “en diciembre habremos recuperado la totalidad del empleo perdido durante la pandemia”.

Junto con Moroni, estuvieron el ministro de Educación, Jaime Perczky; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec; el secretario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló; el director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) Gerardo Marchesini, y empresarios y referentes del mundo educativo.

AB

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró hoy que la doble indemnización y la prohibición de despidos, adoptadas en medio de la pandemia, “son medidas extraordinarias para una situación extraordinaria” “ y sostuvo que ”una vez que venzan los decretos, se verá si se renuevan“.

“Si las circunstancias están normalizadas, caducarán a fin de año”, señaló, en declaraciones a la radio AM 750.

Ante las propuestas y los reclamos por parte de Juntos por el Cambio para realizar una reforma laboral, fue tajante: “No estoy de acuerdo; las normas laborales no entorpecen el empleo, no entorpecen el sistema laboral”.

“Para los empresarios es más fácil pensar que el problema no es suyo ni de los errores de las políticas macroeconómicas que apoyan”, remarcó Moroni y consideró que “pedir cambios laborales calma la conciencia de los empresarios”.

Asimismo, argumentó que “los problemas del empleo tienen más que ver con los ciclos económicos, como destrucción empleo o inestabilidad política y no con las leyes laborales”, por lo que “la reforma laboral es un latiguillo”.

Respecto de la eliminación de la indemnización, también pedida por la oposición, Moroni sostuvo que “la indemnización tiene el efecto de disuadir contra el despido”.

“Antes de fin de año vamos a recuperar todo el empleo perdido, estamos en un ciclo de desarrollo”, aseguró y manifestó que “el empleo en industria y construcción está en niveles pre pandemia y nos está faltando servicios”.

Respecto a la suba de la inflación en septiembre, advirtió que “fue un mes muy particular”, afirmó que al Gobierno le “preocupa el dato de la inflación”, y precisó que “más del 90% de las paritarias le viene ganando a la inflación”. En ese sentido, manifestó que “si hay que reabrir las paritarias, se hará” y sostuvo que “aún con este mes, los salarios le están ganando a la inflación”.

El funcionario citó varias iniciativas en la que está trabajando el Gobierno nacional respecto a la temática laboral y señaló que “la AFIP está trabajando en un proyecto para reformar el Monotributo para que sea una puerta de entrada a la formalidad”.

“Vamos a sacar un decreto para formalizar el mecanismo de pase de planes sociales a empleo”, afirmó el ministro.

En ese contexto, el titular de la cartera laboral indicó: “Estamos trabajando en armar ese puente entre los programas del ministerio de Desarrollo y los de Trabajo” y dijo que “tenemos un incentivo al empleo formal”.

En ese punto, destacó que “el programa 'Te Sumo' ya tiene 2.500 jóvenes en empresas, a las que les bajamos las contribuciones patronales”, y aseguró que “el proyecto de ley de (Victoria) Tolosa Paz para el empleo joven es interesante para darle un marco legal más allá de los acuerdos sectoriales”.

CB con información de Télam

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, explicó este jueves que el objetivo del Gobierno es “mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10% de los asalariados”, al dar detalles ante la prensa acerca de la suba a $175.000 del piso del tributo.

“Esta modificación entra en vigencia a partir del 1 de septiembre, no es retroactiva. Este valor aplica solo a los salarios a partir del 1 de septiembre. Resta que la AFIP saque la resolución respectiva para especificar los detalles. Hay empresas que pueden ya haber liquidado los salarios de septiembres, si es así lo devengado será devuelto por la AFIP.”, afirmó Moroni, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de una reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

Según el Ministro, “el sueldo anual complementario (aguinaldo) de diciembre no va a ser alcanzado para trabajadores con salarios promedio inferiores a $175.000” y remarcó que el gobierno quiere “mantener el impuesto a las ganancias para el 10 por ciento de los mayores salarios de los argentinos, pero que representan entre el 25 y el 26% de la masa salarial total”.

Asimismo, Moroni salió al cruce de las críticas recibidas por parte de la oposición y aseguró que “ninguna de estas medidas es electoralista”, al referirse a la suba del salario mínimo, que “venía muy retrasado y se lo está haciendo crecer por arriba de la inflación. Pueden fijarse en las actas que en marzo ya teníamos anunciada una revisión para septiembre”, explicó.

De acuerdo a la mirada del funcionario, “la gente pide trabajo, no asistencia. Tenemos que responder a las demandas de la gente”, sostuvo.

Más tarde, en declaraciones a Radio con vos, el Ministro puntualizó que el salario mínimo vital y móvil “actúa para referencia en algunos sectores. Es probable que incentive”, al tiempo que aclaró que las paritarias, “en su mayoría, han fijado valores que de acuerdo a la inflación proyectada por el Ministerio van a estar por encima de la inflación y tienen mecanismos de revisión. Confío mucho en la negociación paritaria. La peor crisis que tuvo la Argentina, la del año pasado, el mecanismo de negociación siguió funcionando a pleno y pese a haber caído 10 puntos del PBI, el salario de bolsillo de los trabajadores cayó menos de un punto”, concluyó.

La Ley 27.617 estableció la aplicación de un incremento de la deducción especial para los empleados cuyas remuneraciones brutas mensuales fueron mayores a $150.000 y hasta $173.000. 

A través del Decreto 620, se elevó el rango a más de $175.000 y hasta $ 203.000. Y exime del pago del Sueldo Anual Complementario a los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175.000. Toma solo el promedio del segundo semestre para el SAC de diciembre, mientras que el de junio se tomaba el promedio anual. Para los bonos de productividad se mantiene el tope en $300.000. Todas las deducciones y las escalas del impuesto volverán a actualizarse a partir del 1º de enero del 2022, en función de la evolución de los salarios.

Exenciones a instrumentos financieros

Asimismo, el Gobierno incluyó a fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros en la exención del impuesto a Ganancias para instrumentos financieros denominados en pesos, a través del Decreto 621/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La norma puntualiza que “el objetivo es promover integralmente el ahorro en pesos y eliminar la discriminación tributaria que tenían ciertos instrumentos financieros”. Para ello, “resulta necesario que las personas que confían en el peso con depósitos con cláusulas ajuste también tengan beneficios impositivos similares”.

Se establecen también “nuevas herramientas para que, mediante la política fiscal, incentiven el desarrollo de un mercado de capitales robusto que, al no estar dolarizado, canalice de manera estable y sostenida el ahorro financiero hacia el sector productivo del país, para crecer más y generar más y mejor empleo y también más divisas genuinas a través de exportaciones”.

El decreto indica que “se establecen en esta oportunidad las pautas y requisitos que deben cumplimentar los instrumentos financieros que se liquiden en moneda nacional”. Estas pautas tienen por objeto “fomentar la inversión en cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación o valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.

Además, la norma determina que “existe un activo subyacente principal cuando una misma clase de depósitos o bienes, o el conjunto de estos, representen, como mínimo, un 75% del total de las inversiones del fondo común de inversión o del fideicomiso financiero”.

El decreto fija que, para ser alcanzados por la exención, estos instrumentos deben estar destinados “al fomento de la inversión productiva”, lo cual incluye “la inversión o el financiamiento directo o indirecto en proyectos productivos, inmobiliarios y de infraestructura”.

Los proyectos deben destinarse “a actividades económicas comprendidas en los sectores productores de bienes y servicios, tales como agropecuarios, ganaderos, forestales, inmobiliarios, telecomunicaciones, infraestructura, energía, logística, economías sustentables, promoción del capital emprendedor, pesca, desarrollo de tecnología y bienes de capital, investigación y aplicación de tecnología a la medicina y salud, ciencia e investigación aplicada, extracción, producción, procesamiento y transporte de materias primas, desarrollo de productos y servicios informáticos”.

La normativa comprende “al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)”, como así también “aquellos instrumentos en moneda nacional adquiridos en mercados autorizados por la CNV, bajo segmentos que aseguren la prioridad precio tiempo y por interferencia de ofertas, destinados al financiamiento de las mipymes”.

IG

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó este miércoles la primera reunión del Gabinete nacional de ministros de su gestión, en el Salón Eva Perón, de la Casa de Gobierno. El encuentro comenzó a las 7.40 y se prolongó por poco menos de tres horas. El único antecedente de un encuentro con todos los funcionarios de primera línea durante el mandato de Alberto Fernández había sido el pasado 20 de agosto, tras el escándalo generado después de darse a conocer las imágenes de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en julio de 2020, en medio de severas restricciones por la pandemia. En aquella ocasión, la reunión ministerial había sido convocada por el propio Presidente.

Este miércoles, fue Manzur en su flamante puesto quien reunió a los funcionarios principales bien temprano con la misión de recuperar la gestión y delinear los pasos a seguir de cara al futuro inmediato, que tiene a las elecciones legislativas de noviembre como principal objetivo en la mira del oficialismo, para intentar revertir los resultados adversos de las PASO del 12 de septiembre que generaron los cambios de nombre en seis carteras.

Fue el debut en este Gobierno para Aníbal Fernández, que asumió en el ministerio de Seguridad; Julián Domínguez, de Ganadería, Agricultura y Pesca; Jaime Perzyck, de Educación; Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología; y del secretario de Comunicación y Prensa, Juan Ross. Además de Santiago Cafiero, en su nuevo rol como Canciller.

En declaraciones a la prensa tras el encuentro, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que la reunión de Gabinete “marca una nueva etapa y una nueva instancia donde podemos comenzar a trabajar con un poco más de libertad”.

“Esta reunión nos pone a todos en un trabajo que no es solamente de cara a las elecciones, sino el trabajo que veníamos hablando de cómo salíamos hacia la pospandemia. Estamos empezando a tener muy buenas noticias”, dijo el ministro.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, remarcó que la situación epidemiológica actual por el coronavirus “es realmente óptima” lo que “fundamenta” las medidas de flexibilización anunciadas por el Gobierno nacional. “Hemos retrasado el ingreso de la variante Delta, hemos avanzado con la campaña de vacunación”, destacó, al tiempo que aclaró que la no obligatoriedad del barbijo “no quiere decir que no se recomiende usarlo. Cuando uno está caminando por la calle sin gente alrededor, no hace falta usar el barbijo. Es así de clara y acotada la recomendación”, sostuvo.

En tanto, Aníbal Fernández calificó a la reunión como “muy interesante. Cada ministro expuso su tarea, la de corto plazo y mediano plazo. Es muy saludable que lo charlemos, la charla fue muy interesante”, dijo, al tiempo que reveló que hay “cuestiones de cruce de jurisdicciones que deben resolverse y tiene sentido charlarlas acá”.

Guzmán, sobre el futuro y la carta de Cristina

Quien también habló, en declaraciones a AM 750, fue el titular de Economía, Martín Guzmán, quien aseguró que “tal vez, se podrían haber implementado algunas medidas antes; es importante escuchar el resultado de las urnas”. En cuanto al futuro, el Ministro sostuvo que el Gobierno busca “trabajar de una forma que permita ir construyendo los entendimientos y las condiciones para modificar lo que haya que modificar y mantener lo que se tenga que mantener”, al tiempo que se quejó por “una forma engañosa de contar lo que se está haciendo, porque no tiene que ver con las elecciones, sino con cuidar a los argentinos y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador”.

Según Guzmán, “las circunstancias económicas van cambiando y nos piden que nos adaptemos. Todo lo que estamos anunciando para los próximos días ya está proyectado presupuestariamente”. Y aclaró su sentir tras leer la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó días atrás en la que fustigaba a funcionarios y criticaba la propia gestión que encabeza Alberto Fernández: “He tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo con Cristina Fernández en estos meses de gestión; hay un diálogo franco y firme, sobre la base de convicciones. En la carta, ella manifiesta que considera que hay un ajuste fiscal, aunque le digan que no. Pero yo soy uno de los que le dice que no: en Argentina ha habido una política fiscal expansiva. El gasto primario creció 64,8 por ciento interanual; y si excluimos el gasto vinculado a las restricciones de circulación, creció 87,3 por ciento. El gasto ha crecido muy por encima de la inflación. A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos que en la Argentina no hay”, concluyó

También participaron del encuentro los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Trabajo, Claudio Moroni; de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Asimismo, estuvo presente el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

AB

El Consejo del Salario acordó una suba del Mínimo Vital y Móvil para llevarlo a $33.000 en febrero próximo, con revisión en en marzo, con lo cual ese haber acumulará en el año un 52,8 de incremento.

La nueva suba se añade a la actualización del 35% que se firmó en abril y será en tres etapas: un 9% en septiembre ($31.104), un 4% en octubre ($32.000) y el restante 3% en febrero ($33.000).

Ya en el acuerdo de abril estaba prevista una instancia de revisión del aumento en septiembre pero, tras la derrota de las PASO, el Gobierno decidió reforzar las medidas con impacto en el bolsillo y adelantar unos días la convocatoria. En vez de realizarse el jueves 30 de septiembre, la fecha definida inicialmente, se fijó para este martes 21. 

La reunión se realizó de manera virtual y en la sede de la cartera laboral estuvo el ministro Claudio Moroni. Por los empresarios concurrieron Daniel Funes de Rioja (UIA), Juan José Etala (UIA), Julio Cordero (UIA), Guillermo Moretti (UIA), Horacio Martínez (UIA), Pedro Etcheberry (CAC) y Jorge Hulton (CAMARCO).

De parte del gremialismo se encuentran Héctor Daer (CGT), Carlos Acuña (CGT), Andrés Rodríguez (CGT), Gerardo Martínez (CGT), Sergio Romero (CGT), José Luis Lingeri (CGT), Roberto Fernández (CGT), Víctor Santa María (CGT), Jorge Sola (CGT), Rodolfo Daer (CGT), Julio Piumato (CGT), Noe Ruiz (CGT), Antonio Caló (CGT), Armando Cavallieri (CGT), Ricardo Peidro (CTA Autónoma) y Hugo Yaski (CTA Trabajadores).

A fines de abril el Ministerio de Trabajo había acordado con las principales centrales sindicales y patronales un aumento del 35%, a concretarse en siete cuotas entre abril y febrero de 2022. La escalada inflacionaria forzó primero a adelantar los tramos, que terminaron de aplicarse este mes y llevaron al salario mínimo a $29.160, un valor por debajo de la canasta básica alimentaria, que traza el límite con la indigencia.  

La discusión en el Ministerio de Trabajo se llevó adelante mientras agrupaciones y movimientos sociales marcharon en el centro porteño y en otras ciudades del país en reclamo de un salario mínimo que cubra “la canasta básica familiar de $70.000”.

El Consejo está integrado por 32 miembros titulares: 16 por la parte trabajadora y la misma cantidad en representación de las cámaras empresarias. Según el listado de asistentes que difundió el Ministerio de Trabajo esta tarde, de esos 32 miembros solo dos son mujeres: Noé Ruiz, del sindicato de Modelos que integra la CGT y, por la parte empresaria, Verónica Sánchez, de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). 

En los últimos meses distintos sindicatos revisaron junto a las cámaras sectoriales los acuerdos paritarios sellados a principio de año (cuando el Gobierno estimaba una inflación anual del 29%) con el objetivo de acercarlos a la evolución efectiva de la inflación. Esta reapertura de las discusiones generó un desplazamiento de la pauta inicial, en torno al 30%, al orden del 45%. Ese porcentaje está línea con la proyección que sinceró el Gobierno en el presupuesto 2022 presentado la semana pasada en el Congreso. 

El salario mínimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes y es una herramienta clave porque su actualización está ligada también a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales. Por ejemplo, el beneficio del programa Potenciar Trabajo, que alcanza a 1,1 millones de personas, es de la mitad del salario mínimo. Así, la recomposición de este concepto generará una onda expansiva que alcanzará a distintos segmentos de la población. 

Aumentar el salario mínimo es, junto con la mejora de las remuneraciones estatales, una de las herramientas que el Gobierno tiene a mano para acelerar su tan mentado objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. En la salida de la crisis del 2001 el Salario Mínimo Vital y Móvil se utilizó como una herramienta para empujar los ingresos al alza, elevando los pisos de discusión. Entre 2005 y 2006 llegó a representar el 70% del promedio salarial, muy cerca del mínimo de convenio, y luego comenzó a desinflarse.

DTC y DA

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, salió hoy a cruzar al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por haber criticado los bloqueos a empresas, y reclamó al funcionario “sensatez y empatía” en sus declaraciones.

A través de una carta, el líder camionero se dirigió a Kulfas y también a su par de Trabajo, Claudio Moroni, luego de que trascendieran declaraciones en las que manifestaron su “preocupación” por “los bloqueos a empresas por parte de Camioneros”.

“Resulta conveniente invitar a los señores ministros que hoy cuestionan públicamente los legítimos reclamos del sector trabajador que represento ante comportamientos abusivos de parte de la patronal empresaria, a repasar el pasado de luchas comunes antes de evaluar con ligereza conductas que inequívocamente denotan una actitud coherente, sacrificada y siempre en defensa de la dignidad del pueblo trabajador y la salud de las instituciones de la República”, sostuvo Moyano en su texto.

En ese marco, les recordó a Kulfas y Moroni el rol de su sindicato durante el conflicto de la entonces gestión de Cristina Kirchner con el campo en 2008.

“El nuestro fue el único gremio que participó en forma activa frente al intento de las patronales ruralistas de poner en jaque la continuidad del gobierno democrático. Entre otras gestas, cabe mencionar los 10 días en Ceibas, a la intemperie, con 1.200 trabajadores deteniendo un avance que se dirigía a Buenos Aires”, remarcó Moyano.

“En ese entonces, naturalmente, no se hablaba de 'preocupación por los bloqueos', sino que se agradecía el compromiso por la estabilidad de las instituciones. Ante un pedido de la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, otra vez Camioneros, con sus dirigentes a la cabeza, trasladaron 32 camiones con más de 900 cabezas de ganado desde Azul Pcia. De Bs. As. hasta el frigorífico Coto de González Catán, encontrándose en la rotonda de la Ruta 226 y Ruta 3 con la presencia de más de 1.500 personas de la entidades rurales generando el piquete impidiendo el paso de los camiones, arrojándole botellas a las cabinas de los camiones, miguelitos para pinchar las ruedas”.

“Esa acción fue tapa de todos los diarios, que reflejaban que el Gobierno Nacional garantizaba al pueblo el abastecimiento de carne”, aseveró, y subrayó además que “recientemente, cuando en el momento más acuciante de la pandemia”, los camioneros trasladaron “desde Misiones 25.000 camas para los centros de salud de emergencia que se improvisaban para atender la ola de contagios y enfermos por el Covid-19”.

“Apelo a este ejercicio de memoria, confiando en que los señores ministros evalúen con sensatez y empatía sus declaraciones, y tengan presente que siempre que las circunstancias y determinados actores amenazan la salud de nuestras instituciones o boicotean medidas de gobierno de corte popular, Camioneros es el gremio que sale a la calle a luchar por la justicia social”, concluyó.

DA

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informó este miércoles que el programa de Recuperación Productiva (Repro II) incorporará como beneficiarios a los empleados que se hayan desempeñado como personal “temporario” en temporadas turísticas anteriores a la pandemia de coronavirus.

“Vamos a replicar lo que hicimos el año pasado: no solo vamos a asistir a los efectivamente contratados y a los temporales aún cuando no les den el alta, sino también a los temporarios de la temporada anterior como si todos estuvieran trabajando”, comentó el funcionario en diálogo con la prensa en Casa Rosada luego de la reunión de Gabinete Económico.

Si bien dijo que aún se desconoce cuál va a ser la dinámica turística, el ministro afirmó que se está “diseñando la asistencia para mucha gente” ya que la medida “significará llegar a quienes no están en los registros” del año pasado ya que no fueron contratados por las restricciones contra la pandemia.

Respecto del programa de asistencia salarial, dijo que en el último período se inscribieron 870.000 trabajadores y 144.000 independientes que, de ser aprobados, recibirán la asistencia “el 9 o 10 de junio”.

“Hemos flexibilizado los requisitos muchísimo. Hay que tener una pérdida de facturación del 20% del mismo mes que en 2019, pero no respecto de todo el mes, son 3 semanas de este mes contra 4 del de 2019”, señaló.

Moroni reiteró, además, que el Gobierno no estudia reimplantar el IFE ya que “la situación fáctica es distinta” respecto del año 2020, cuando “no pasaba una bicicleta por la calle”.

Consultado sobre el desarrollo de las paritarias y el pedido de algunos gremios para obtener acuerdos cercanos al 40%, el titular de Trabajo recordó que el objetivo del Gobierno nacional es que el salario real “crezca”.

“Estamos confundiendo año calendario con ejercicio paritario. Si toma junio contra junio, la inflación fue de cuarenta y pico de puntos, con lo cual, a veces tener una paritaria con un número importante no significa que no esté cumpliendo con las pautas que tenemos”, añadió.

Más allá del crecimiento real del salario, Moroni señaló que todos los convenios que se están trabajando tienen alguna clausula de revisión.

La reunión se realizó este mediodía en Casa Rosada y fue encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estuvo acompañado por los ministros Matías Kulfas, Martín Guzmán.

También participaron la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Con información de agencias.

IG

Mañana por la tarde el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se reunirá con los referentes de las principales cámaras sindicales y patronales para debatir el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), hoy ubicado en $21.600. Si bien todavía están en proceso de ultimar su propuesta formal, se anticipa que los líderes sindicales pedirán un ajuste por encima del promedio de las paritarias cerradas hasta el momento, dado que solo para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo perdido en los últimos cinco años se necesitaría un aumento cercano a 70%.

Aumentar el salario mínimo es, junto con la mejora de los salarios estatales, una de las dos herramientas que el Gobierno tiene a mano para acelerar su tan mentado objetivo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, no es gratuito. Su suba impacta en los montos de la jubilación mínima y el salario mínimo docente, así como en los de distintos programas gubernamentales como el Potenciar Trabajo.

Si bien no rige para ninguna actividad en particular, el salario mínimo funciona como una referencia para el sector informal y hubo momentos en que también sirvió también como piso de negociación para los privados registrados. Esto último ya no corre más: todas las actividades tienen un salario inicial que lo supera.

El SMVM tuvo su último ajuste en marzo, tal como fue acordado en la actualización de 28% de octubre pasado, y llegó a los $21.600, monto que representa apenas el 27% del promedio salarial privado registrado ($78.789 en enero, último dato oficial disponible). El recorte que sufrió en los últimos años generaría que un aumento en línea con la pauta inflacionaria del Gobierno, del 30%, lo ubique en $28.080, un valor alejado no solo de los objetivos que se le asignan en la Constitución, sino muy lejos de la canasta que traza el límite de la pobreza, de $60.874 para una familia tipo.

“Aun con una sorpresa positiva por el lado de la inflación, un 30% de aumento queda muy lejos de las necesidades del salario mínimo. Todavía más si tenemos en cuenta que la población de los deciles más bajos tiene un consumo mayor de alimentos, que es uno de los componentes que más aumentaron”, opinó Nicolás Segal, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE). “Más que alinearse a esa pauta oficial uno esperaría una señal más fuerte en el salario mínimo, donde haya una recomposición para los sectores más postergados”, añadió. 

Según explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en la salida de la crisis del 2001 el Salario Mínimo Vital y Móvil se utilizó como una herramienta para empujar los ingresos al alza, elevando los pisos de discusión. Entre 2005 y 2006 el salario mínimo llegó a representar el 70% del promedio salarial, muy cerca del mínimo de convenio, y luego comenzó a desinflarse hasta ubicarse en el nivel actual. “Hoy funciona como un ancla salarial. Aun si se aumentara 50%, que sería muchísimo en términos porcentuales, quedaría por debajo del mínimo de casi todas las actividades”, apuntó.

Según explicó Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en la salida de la crisis del 2001 el Salario Mínimo Vital y Móvil se utilizó como una herramienta para empujar los ingresos al alza

En el mismo sentido, según un informe que preparó el Centro de Información e Investigación de la CTA de los Trabajadores (CIFRA) como insumo para la negociación y todavía no fue publicado, en 2011 (año en que el poder adquisitivo del SMVM representaba más del doble del de 2001) comenzó un deterioro que se profundizó en los cuatro años de gobierno de Cambiemos. Al final del mandato de Mauricio Macri había perdido un cuarto de su capacidad adquisitiva. Así, el salario mínimo acumula cinco años consecutivos de caída real, dado que en 2020 la recomposición alcanzó sólo para recortar la caída. “Para volver al nivel de fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el salario mínimo tendría que saltar a $35.000 aproximadamente, lo que representaría casi 70% de aumento”, señala el documento. 

Del plenario convocado por el Ministerio de Trabajo participarán las principales centrales gremiales: la CGT, la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, y la CTA Autónoma, encabezada por Ricardo Peidró, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria. Mientras que la CGT anticipó que reclamará el martes un aumento del salario mínimo de entre el 35% y 40%, Yasky dijo a este medio que la CTA se reunirá este mismo lunes para resolver el pedido de recomposición que llevarán a la mesa y que se basarán en el documento de CIFRA.

En tanto, Claudia Baigorria, secretaria general adjunta de la CTA Autónoma, recordó que el salario mínimo “establece un piso salarial y tiene un impacto muy grande sobre todas las negociaciones salariales posteriores”, por lo que debería hacerse un esfuerzo devolverle el carácter que se le asigna en la Constitución Nacional: la menor remuneración que debe recibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia en la jornada legal de trabajo, de modo que le asegure una alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. Un postulado imposible de cumplir con los $21.600 actuales. 

Según los últimos datos del Indec, en marzo una familia debió reunir $60.874 para alcanzar los bienes y servicios que conforman la canasta básica total, que traza la línea de la pobreza. “Con esta referencia, creemos que un salario mínimo, vital y móvil no debería ser inferior a los $60.000. Sin embargo, el número de recomposición que efectivamente pediremos lo estamos terminando de ajustar por estas horas”, comentó Baigorria.

DT

“No es correcto que se incentive el trabajo en exceso”, dijo esta tarde el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una crítica directa contra uno de los puntos que se introdujeron durante el debate en Diputados al proyecto de modificación del impuesto a las ganancias. Puntualmente, apuntó contra la decisión de excluir del pago del tributo a los bonos productivos y las horas extras cuando en el mundo se avanza hacia la implementación de jornadas laborales reducidas. 

Moroni expuso este martes en la Comisión de Presupuesto del Senado, donde se busca obtener dictamen para avanzar con la sanción de la ley en los próximos días. El ministro repasó los objetivos de la modificación de Ganancias y sus nuevas incorporaciones y se mostró reticente a aquellas que propician una “intensificación del trabajo”, que no estaban previstas en el texto original.

Argumentó que en la Argentina y el mundo las jornadas extendidas no están bien vistas porque “aumentan la accidentabilidad” y le quitan tiempo al trabajador para estar con su familia, por lo que “el trabajo suplementario es una cosa extraordinaria y no debe ser incentivado”. De hecho, esta semana se conoció que España se convertirá en uno de los primeros países del mundo en ensayar la semana laboral de cuatro días.

“No puede ser que estemos premiando la aceleración de la línea de producción de Charles Chaplin. La productividad tiene que ser un concepto que no sea simplemente intensificación de la tarea, porque no es un buen método”, sostuvo. 

En la versión final del proyecto se incluyó la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2021 de la exención del impuesto a los ingresos que resulten de guardias obligatorias (activas o pasivas), horas extras y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Aplica a los profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y privada. 

También se dispuso eximir de Ganancias a las horas extras que realizan los recolectores, como había solicitado el diputado Facundo Moyano. Por otra parte, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anunció durante el debate en Diputados que se excluiría también del pago de impuestos a las Ganancias a los bonos productivos.

Según detalló Roberto Arias, Secretario de Políticas Tributarias, que también participó esta tarde de la reunión de comisión, la exención a bonos de productividad tiene un límite hasta el 40% sobre la ganancia no imponible, que es $167.000 anuales, y alcanza a aquellas personas con una remuneración de hasta $300.000 mensuales. 

DT

Este martes se realizó la primera reunión informativa sobre la modificación del impuesto a las ganancias y del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, más conocido como monotributo. El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, informaron ante las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo y señalaron que la intención de ambas iniciativas es incentivar la formalización y contribuir al objetivo central que tiene el Gobierno para este año: hacer crecer el salario real por encima de la inflación y estimular en consumo. 

Moroni explicó que, con la suba del piso del impuesto a salarios brutos de $150.000 se apunta a “volver a la población histórica objeto de este impuesto”. Según detalló, actualmente el tributo alcanza a más de 2 millones de personas “con salarios que no pueden ser calificados de importantes”. “Eso nos permite volver a los valores históricos, de entre el 8% y el 10% de la población asalariada”, apuntó, y repasó la pirámide de ingreso de la Argentina. Según dijo, aquellas personas que cobran más de $150.000 constituyen sólo el 7% de la población ocupada, pero representan el 26% de la masa salarial total.   

“Entendemos que esto está dentro de las mismas políticas que hemos estado anunciando y haciendo. La vocación de este Gobierno es que el salario real crezca y esto va a permitir que muchos sectores tengan un salario real de bolsillo que cumplan con este objetivo básico, que mejore el consumo, la capacidad de ahorro”, sostuvo Moroni. 

Según detalló Roberto Arias, secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, la modificación del límite a partir del cual se empieza a pagar Ganancias tendrá un costo fiscal de $41.250 millones, “que se va a volcar al consumo”.  De acuerdo con sus números, 1.260.000 personas van a dejarán de estar alcanzados por este concepto. 

El vocero de Guzmán en la sesión informativa aseguró que para el Ministerio de Economía es una reforma “sustentable”. “Es progresiva y mantiene los criterios de equidad que nosotros cuidamos, además de un sistema que también cuida la sostenibilidad fiscal y ayuda a un desarrollo armónico del país”, apuntó. 

El funcionario confirmó que se elevará de seis a ocho el tope de haberes mínimos a partir de los cuales los jubilados comienzan a tributar este impuesto, y que se permitirá que tengan otro ingreso adicional, lo que no está habilitado en la normativa actual. Por otro lado, ratificó el beneficio para los trabajadores de provincias patagónicas que empuja el límite imponible un 22% por encima del régimen general, que queda por fuera del cómputo el Salario Anual Complementario y que se amplía la deducción al concubino o concubina, mientras que en el régimen vigente sólo se contempla a “cónyuges”. 

Por otro lado, detalló que habrá una actualización anual de los límites a partir del Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y que la norma entrará en vigencia de manera retroactiva, al 1 de enero de 2021. 

Ante el cuestionamiento de algunos diputados, que consideraron más oportuno incorporar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia de actualización, Arias señaló que “el problema fue que los salarios crecieron por debajo de la inflación, por eso hubo una incorporación de trabajadores extraordinaria al impuesto; el salario creció 20 puntos menos que la inflación en 2018 y 2019”. “Nosotros no pensamos que esto vuelva a suceder, todo lo contrario. El Presupuesto 2021 plantea que el salario crezca más que la inflación, con lo cual este esquema en este escenario macroeconómico es válido”, añadió.

Cambios en el monotributo 

Marcó de Pont estuvo a cargo de explicar las modificaciones planteadas para el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, que, según señaló, sufrió en los últimos años una desnaturalización de su objetivo original. “Se pensó como una forma de incursión a la formalidad de determinados sectores más precarios de la actividad económica, que transitarían luego hacia el régimen general. Lo que uno advierte es que se ha ampliado el universo de monotributistas y transformado en un mecanismo de ocultamiento de ingresos para determinado segmento de contribuyentes”, señaló la titular de AFIP, que especificó que el régimen alcanza a alrededor de 3,7 millones de inscriptos. 

“¿Es equitativo como está funcionando el régimen de monotributo? No. Desde la igualdad de carga tributaria para iguales no está funcionando porque hay microempresas que están en el régimen general y otras medianas que están en el monotributo” apuntó. 

La funcionaria señaló que la reforma apunta a devolver el esquema a su objetivo original y que “lo normal” sea el régimen general y no el del monotributo. Para eso se definieron una serie de incentivos fiscales que buscarán alentar la recategorización. 

A aquellos contribuyentes que se hayan excedido en la facturación por abajo del 25% del límite le damos la opción de volver al monotributo

Mercedes Marcó del Pont, titular de AFIP

Marcó del Pont se refirió a la exclusión automática del monotributo que realiza periódicamente la AFIP, que está suspendida desde septiembre de 2019. El mecanismo iba a reanudarse en febrero de 2020, pero se mantuvo la suspensión por la pandemia. Según dijo, en este proceso hubo contribuyentes que salieron del régimen del monotributo pero que no fueron notificados por AFIP y que comenzaron a acumular deuda. Para esas personas, una vez que se reactive el mecanismo, habrá quitas y distintas alternativas. 

“A aquellos contribuyentes que se hayan excedido en la facturación por abajo del 25% del límite le damos la opción de volver al monotributo”, explicó. A quienes facturaron por encima de esa marca, ofrecen una quita de la deuda del 93% y quedan ya incorporados en el régimen general. Además, quienes se hayan excedido del límite de facturación y voluntariamente migren al régimen general le otorgarán subsidios adicionales durante los cuatro años siguientes.

Por otro lado, la administradora explicó que, dado que el índice de movilidad jubilatoria estuvo suspendido durante 2020, se tomará como referencia de actualización del monotributo el índice de variación de la jubilación mínima, que equivale a 35,3% de aumento anual. 

DT

El Gobierno elevó este lunes los montos del programa de asistencia Repro II, destinado a que las empresas afectadas por la pandemia de Covid-19 puedan sostener el empleo, a $12.000 por trabajador de sectores críticos y a $18.000 para el sector de la salud, mientras que lo mantuvo en $ 9.000 para sectores considerados “no críticos”.

“Atento a la situación que se encuentra atravesando la situación de la economía nacional y en particular de los sectores considerados críticos y de las empresas del sector salud, deviene necesario establecer montos diferenciales del subsidio a otorgar en el marco del Programa Repro II”, indicó en sus considerandos la resolución publicada en el Boletín Oficial, que firma el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

El programa se comenzará a pagar esta semana, alcanzará a más de 10.000 empresas e implica la asistencia a más de 320.000 trabajadores, por un monto superior a los $3.600 millones, según anunciaron este lunes en Casa Rosada los ministros Moroni, Tristán Bauer (Cultura) y Matías Lammens (Turismo y Deportes). Los sectores críticos con más inscripciones al programa son turismo, salud, deportes y cultura.

“Ante el cierre total tuvimos la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) e IFE, y frente a una economía que se está reactivando la asistencia va a estar focalizada atendiendo a sectores críticos y salud”, señaló Moroni durante el anuncio.

El Programa de Recuperación Productiva II otorgaba hasta ahora una suma mensual de hasta $ 9.000 para el conjunto de trabajadores de las empresas adheridas, tras presentar la información requerida por el Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Para acceder a este beneficio, las empresas postulantes fueron evaluadas considerando un conjunto de indicadores económicos, financieros y laborales, calculados para los últimos tres meses desde la fecha de inscripción y para los mismos meses del año anterior.

Por otro lado, para evitar que el dinero no sea utilizado para el fin dispuesto, el Gobierno ratificó que las empleadoras y los empleadores que perciben el beneficio no podrán realizar una serie de acciones mientras dure la percepción y hasta 12 meses posteriores a la transferencia. Además, no podrán acceder a la ayuda las empresas que hubieran realizado despidos encuadrados en modalidades prohibidas a por la normativa.

CB con información de Télam

Hace poco más de una semana, Emmanuel Álvarez Agis difundió entre sus distinguidos clientes un informe que no tuvo la repercusión acostumbrada. Tal vez haya sido porque apunta a la variable maldita que el mundo empresario prefiere ignorar mientras tenga saldo negativo. El Radar Económico de la consultora PxQ se titula “El Techo de la Recuperación 2021” y pone en el centro la necesidad de rescatar a los salarios del pozo profundo en que vienen cayendo desde hace tres años. El tema es incómodo para el peronismo de la escasez y, sin embargo, puede ser tanto la puerta para salir del estancamiento como la forma de compensar a votantes que empiezan a expresar su malestar porque la plata no alcanza para lo más básico. El precio de la carne, el pan y los alimentos en general afectan como nadie al universo electoral que acompañó siempre al extinto Frente para la Victoria y no digiere una situación en la que la inflación se impone sin remedio sobre ingresos comprimidos al máximo.   

Ex viceministro de Axel Kicillof entre 2013 y 2015, Álvarez Agis señala que la economía tuvo en 2020 la caída más grande desde 2002 (10% abajo) y afirma que, aunque el cuarto trimestre del año que se fue marcó un rebote del 4,5% con respecto al derrape del inicio de la pandemia, el “efecto arrastre” no alcanza y el desafío de los Fernández en 2021 será acelerar la recuperación. La reactivación, dice, depende del consumo privado, que explica el 70% del PBI, y fue el principal factor en los últimos tres años de crecimiento que registró Argentina: 2013, 2015 y 2017. Desde finales del segundo año de Mauricio Macri en la presidencia, el salario real -crucial para motorizar el consumo- acumula una caída del 18,3%, un factor recesivo que se combinó con el fuerte aumento del desempleo y la pobreza que provocaron la pandemia y la cuarentena. Con Cambiemos en el gobierno, el consumo empezó a caer en el segundo trimestre de 2018 y nunca se recuperó.

En un cuadro donde el COVID-19 se confirma como un condicionante sin fecha de vencimiento, el análisis de Álvarez Agis considera poco probable que la generación de empleo pueda potenciar el consumo privado y dice que el aumento de la obra pública previsto en el Presupuesto 2021 estará acotado por el ajuste fiscal que vendrá atado a un acuerdo con el FMI. Por eso, la llave para la recuperación sólo puede venir de una mejora en los ingresos que se sienta en los bolsillos. “Para que el poder adquisitivo de los trabajadores mejore y eso traccione el consumo de las familias no solo resulta necesario que los ingresos evolucionen por encima de la inflación, sino que además el peso de los servicios como agua, luz, medicina, internet y telefonía celular, no aumente en una proporción tal que reduzca el ingreso disponible de las familias”, dice. Alinear esas variables, como dijo Cristina Fernández en La Plata, puede significar varias cosas a la vez, desde un impulso decisivo para los que viven de un ingreso en pesos hasta un empate con gusto a derrota. 

La reactivación, dice Álvarez Agis, depende del consumo privado, que explica el 70% del PBI, y fue el principal factor en los últimos tres años de crecimiento que registró Argentina: 2013, 2015 y 2017

Según la consultora, en el período 2015-2019, las tarifas de gas y luz y las prepagas fueron los gastos que mayor peso relativo ganaron con respecto al salario promedio. Después del tarifazo violento de Macri y la fenomenal transferencia de ingresos a favor de grandes ganadores entre los que figuraban los concesionarios de gas, luz y las empresas de medicina prepaga, el congelamiento aflojó la presión pero no revirtió la ecuación y los salarios jamás se recuperaron. Hoy en relación a las tarifas están en niveles similares a los de 2017.

En un contexto de notable desigualdad informativa, donde la agenda de los empresarios que reclaman aumentos para el sector privado y ajuste en el Estado se impone como prioridad nacional, la CGT vuelve a confesarse ausente de la discusión que más le compete y nadie le puede pedir peras al olmo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Por eso, las voces que presionan por rescatar a los salarios del pozo no se oyen o se diluyen en la coyuntura. No debería haber nada más importante, sin embargo, para el encendido de la economía que el Presidente había prometido en la prepandemia. 

En el último período, el universo más golpeado es el de adherentes naturales al peronismo. La Encuesta Permanente de Hogares confirma que los eslabones más precarizados del mercado laboral fueron los más afectados por la contracción del empleo. Además, todavía en el tercer trimestre de 2020 la cantidad de ocupados fue un 11% inferior a los niveles previos a la pandemia.

Con dificultades de todo tipo, diferencias internas y sin un rumbo claro para salir de la crisis, el gobierno de los Fernández está parado encima de una olla a presión donde nada sobra para el año electoral. Los primeros movimientos de 2021 sugieren que el oficialismo es más proclive a pisar las tarifas y aumentar la salida de dólares por la vía de subsidios energéticos -que benefician a toda la población sin distinción de clases- antes que a elevar los salarios de manera significativa. De la sintonía fina que logren las distintas alas que conviven en el área de Energía, dependerá el peso de los servicios en un poder adquisitivo devastado. Para Álvarez Agis, un incremento de 5% en la tarifa final de luz, gas, medicina prepaga, telefonía celular y abono de cable e internet generaría que el peso de ese conjunto de servicios pase del 16,2% del salario promedio actual a 17%, mientras que un incremento de 30% absorbería el 21,06% del salario. “Para que el ingreso disponible de las familias se incremente, los salarios no solo deben superar la inflación de alimentos y bebidas (30% del gasto promedio) sino también al efecto combinado del descongelamiento de los servicios regulados o semi-regulados”, dice.

Según el estudio de PxQ, el aumento necesario en las tarifas para no incrementar los subsidios que perciben las empresas sería del 30%, lo que iría en línea con una inflación general de 40% y una caída del salario real de 5%. Traducido: con aumentos de tarifas al 30% e inflación al 40%, los sueldos nominales tienen que subir 45% para que el salario real arañe un empate. En cambio, para que el poder adquisitivo mejore un 5% la ecuación debería cerrar en aumentos de tarifas del 30%, inflación al 40% y suba de salarios del 50%.

Según la consultora PxQ, para que los subsidios no crezcan y el poder adquisitivo mejore un 5%, el aumentos de tarifa debería del 30%, inflación del 40% y la suba de salarios del 50%.

La cuenta vale sobre todo para el hoy selecto grupo de trabajadores registrados del sector privado, en especial los que forman parte de sindicatos con capacidad y decisión para tensar la discusión salarial. Los asalariados informales, la economía popular y los cuentapropistas viven otra realidad y dependen más del Salario Mínimo Vital y Móvil; una variable que durante el primer kirchnerismo fue punta de lanza de la recuperación y en 2020 aumentó apenas un 28%, 8 puntos abajo de la inflación después de varios años de derrumbe: recién en marzo llegará a 21.600 pesos. 

La falta de dólares que provocaría el repunte del consumo por la vía del incremento de importaciones no sería compensada en forma total por la escalada de la soja y también funcionaría como techo para la recuperación. Por eso, Álvarez Agis sostiene que el fortalecimiento de los sueldos solo es posible si el Gobierno consigue USD 5.000 millones de nueva deuda para sostener las reservas del Banco Central.

Si la ecuación que sugiere el ex viceministro de Kicillof no se cumple, las consecuencias serán varias. En primer lugar, es probable que el crecimiento económico ronde el 4%, una cifra similar a la del último trimestre del año pasado, con una reactivación que no se acelera y es apenas el rebote después de la parálisis. Desde algunas oficinas del gobierno ya deslizan que quiere fijar un techo a las paritarias en torno al 30%, con lo cual los sueldos -y las jubilaciones- van a volver a perder y el malhumor social se extenderá. Salvo que Martín Guzmán, Paula Español y el nuevo viceministro de Economía Fernando Morra logren una baja repentina de la inflación, que experimenta un alza indudable en los últimos meses y camina hacia el descongelamiento de precios más o menos profundo. 

Aliada de Alberto Fernández, el nuevo golpe al salario real tiene altísimas chances de conseguir los avales de la misma jefatura de la CGT que miró para otro lado cuando el poder adquisitivo se venía a pique en medio de los barcos y las tormentas amarillas. Encender la economía como prometió el Alberto candidato y alinear variables como reclamó Cristina en La Plata hace más de un mes son variantes de la fórmula original que la CFK candidata alumbró en La Rural hace casi dos años, cuando convocó a sellar un nuevo contrato social para el que nunca se ofrecieron precisiones. Pero en el inicio de 2021, las señales del gobierno afligen a sus propios votantes y parecen indicar que el famoso Pacto Social puede cerrar a la baja en el año electoral. Con un empate después de tres años de derrotas. 

En el inicio de 2021, las señales del gobierno afligen a sus propios votantes y parecen indicar que el famoso Pacto Social puede cerrar a la baja en el año electoral.

Lo muestra la última encuesta de Analogías, con fecha del 21 y 22 de enero, donde el 72,9% de los consultados opina que el gobierno está impulsando “poco o nada” la suba de salarios, el 70% cree que debe controlar “con más firmeza” el precio de los alimentos y el 49,5% dice que la política económica es de “ajuste de la economía”, mientras que solo el 19,4% opina que es de “impulso al consumo”. Para el mundo de los sindicalizados, existe la posibilidad de reabrir paritarias si los precios superan los aumentos de salarios, una instancia que también puede complicar al oficialismo si se da en la antesala de las elecciones. Para el resto de los que viven de un ingreso en pesos la situación es mucho más complicada. 

La carrera global por la vacuna y la demora en la llegada de la Sputnik V vuelven todavía más urgente la resolución de este problema para un Fernández que gustaba hasta hace no tanto evocar el ejemplo de Néstor Kirchner para anunciar una nueva resurrección. Las diferencias son innumerables en general y en particular. Según un trabajo del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, después de la brutal devaluación que sobrevino al fin de la Convertibilidad, el salario real aumentó un 34% entre 2003 y 2007.

Sin un mando unificado en la política y con una oposición desafiante, hoy el oficialismo tiene dificultades para frenar la escalada de los precios y para fijar condiciones a gigantes como la megafusionada Telecom-Cablevisión, que decide aumentos de forma unilateral en contra del DNU 690. Por eso, si el Estado no interviene con fuerza para recuperar el salario real y no hay un cambio sustantivo en los próximos meses, la Argentina asistirá a la comprobación de que fue Macri el que logró para sus representados imponer un giro irreversible en relación a ingresos que cayeron en picada y no se recuperan. Como espejo refractario del egresado del cardenal Newman, que se ensañó con gran parte de la clase media que lo había votado, la alianza panperonista descargaría así una cuota grande del sacrificio en una porción nada desdeñable de su propia base electoral, que recibe paliativos y asistencia pero no logra salir del pozo en el que cayó. Una política que esconde el riesgo de reeditar lo que ya provocaron de manera involuntaria tanto Macri como Cristina, cuando parte de sus votantes se convirtieron en desertores. 

DG

No hay una sola madre de todas las batallas. Hay tres. Por lo menos en la coyuntura económica argentina. Tarifas, precios de los alimentos y una pandemia que amenaza con dañar la recuperación de la actividad.

En el Gobierno hay diversas posiciones sobre cuánto deben aumentar las tarifas de electricidad y gas. En septiembre pasado, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el presupuesto 2021, sostuvo que las tarifas y los subsidios debían aumentar a la par de la inflación -prevista en un 29%-, meta difícil de alcanzar según la mayoría de los economistas, que anticipan entre 45% y 50%. Pero, tanto la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como su asesor en energía en el Instituto Patria e interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, sostienen que las facturas sólo deben subir 9% y en abril. En el kirchnerismo duro, mientras tanto, piensan que, en un año electoral, directamente no deberían aumentar.

El secretario de Energía, Darío Martínez, viene repitiendo en diversas entrevistas que los sectores de menores ingresos no sufrirán alzas, los de ingresos medios pagarán de acuerdo con la inflación o la evolución salarial y los de mayores ingresos, un porcentaje mayor. “A los de Puerto Madero, la máxima expresión del aumento”, dicen en la Casa Rosada. Martínez, muy alineado con Guzmán, además de insistir con la segmentación de tarifas según ingresos, sostiene que lo importante es que los subsidios se acoten al 1,7% del PBI. Como el presupuesto prevé un crecimiento del PBI del 5,5%, entonces las subvenciones podrían ser del 1,7% pero aumentar por encima de la inflación, lo que implicaría que las tarifas subirían menos.

Queda claro, entonces, que no se elevarán 29% como preveía Guzmán en un principio, pero tampoco está definido que la cifra definitiva sea el 9%. Tal vez lo sea en el caso del gas, pero quizás el porcentaje sea mayor en el de la electricidad, que requiere de subvenciones más cuantiosas. En Energía sostienen que las diferencias de internas no son grandes, que la segmentación tarifaria es una tarea que llevará tiempo y que no producirá una baja significativa de los subsidios.

Funcionarios K conjeturan que Cristina Fernández de Kirchner no va a caer dos veces en el mismo error de congelar las tarifas. Otros. que la quieren menos. la critican por creer que los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri hincharon los bolsillos de las empresas del sector cuando, según ellos, sus balances no lo demuestran. En la Rosada recuerdan que los diputados dirigidos por Máximo Kirchner y el Senado, que preside su madre, ya aprobaron ese presupuesto 2021 que preveía aumentos tarifarios por inflación, pero admiten que tal vez terminen siendo menores y se compensen los mayores subsidios con un crecimiento económico superior al esperado (+5,5%) y una recaudación adicional de retenciones por el nuevo boom de precios de materias primas agrícolas.

Un ministro del Gobierno advierte que, si el alza de tarifas resulta demasiado pequeña, será objetada por el FMI, preocupado por la reducción de las subvenciones. Guzmán plantea que la Argentina necesita recuperar la senda del crecimiento sostenible y por eso reclama al FMI postergar cuatro años los vencimientos del préstamo récord que le dio a Mauricio Macri. Una de las incógnitas es cuánto del 4,5% de déficit fiscal presupuestado se financiará con emisión monetaria y cuánto con colocación de deuda en el mercado local. Oficialistas sometidos a regañadientes a Guzmán opinan que él podría conseguir todo el financiamiento que requiere en el mercado doméstico si ofreciera instrumentos atractivos. En su debut como secretario de Finanzas, Mariano Sardi logró este jueves cinco veces más fondos de lo que buscaba.

También esta semana, Sardi y el también nuevo secretario de Política Económica, Fernando Morra, retomaron las negociaciones online con el FM,I después del receso de las fiestas. Las conversaciones continuarán la semana próxima. Aunque el gobierno de Estados Unidos, accionista mayoritario y con poder de veto en el Fondo, cambie este miércoles, tanto el staff del organismo como su directora gerenta, Kristalina Georgieva, permanecerán y es con ellos que se discuten las políticas fiscal y monetaria para los próximos años. Hasta ahora, Georgieva y los técnicos se muestran lejos de las tradicionales posiciones dogmáticas del FMI, movilizados a favor de que el mundo haga una política contracíclica ante la pandemia. Pretenden, eso sí, que la Argentina les de seguridades de que devolverá el crédito que le otorgó a Macri -por impulso de Donald Trump- la anterior jefa del FMI, Christine Lagarde.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities.

La decisión final correrá por cuenta del directorio del Fondo Monetario Internacional, donde sí tendrá peso el nuevo gobierno de Joe Biden. Habrá que esperar a que Janet Yellen -cuyo tutor de tesis fue el mentor de Guzmán, Joseph Stiglitz- se acomode como secretaria del Tesoro y designe a la persona que se encargará del caso argentino. En 2001, George W. Bush tardó ocho meses en esa tarea. Fernández espera que Biden se demore mucho menos. Mientras tanto, los fondos de inversión de Wall Street presionan de antemano a sus amigos demócratas para que el FMI exija a la Argentina un sendero de ajuste, reformas estructurales y apertura económica, con una clara intención: que el país vuelva a reestructurarles la deuda.

Guzmán quiere que el pacto con el Fondo pase por el Congreso, de modo tal que cuente con un apoyo político amplio. En el kirchnerismo duro sostienen que el Legislativo no es una escribanía y que Guzmán no puede lavarse las manos sino que debe poner la firma, como reclamó sin nombrar a nadie la vicepresidenta a fin de año en el acto en el estadio Ciudad de La Plata.

En Wall Street calculan que la Argentina recibiría 12.000 millones de dólares extra gracias al alza de la soja y las demás commodities. Igual no les agrada un gobierno con controles de precios y de cambios ni que YPF reestructure su deuda porque -alegan- obedece a la necesidad de frenar la salida de dólares por dos años. Los más gurkas´+} llegan a advertir que la petrolera estatal argentina va camino de convertirse en una nueva Petróleos de Venezuela (PDVSA). En Economía responden que, con el canje de deuda, YPF busca fondos para invertir y producir, lo que permitirá luego afrontar los pagos de su abultada deuda. En el establishment, en tanto, hay dudas sobre cómo impactará esta reestructuración en el financiamiento de las otras empresas argentinas.

Alimentos para el mundo, precios para el consumo

La segunda madre de las batallas radica en el encarecimiento de los alimentos. El alerta lo lanzó el Indec cuando, el jueves pasado, publicó el dato de inflación de diciembre: 4%, el valor más alto para 2020. El Gobierno ya llegó a acuerdos por el aceite y con la cadena del maíz -cereal con el que se alimentan vacas, cerdos y pollos-, pero aún falta instrumentarlos. El pacto por el aceite es más sencillo, porque depende directamente de las grandes empresas que integran la Cámara de la Industria Aceitera-Centro de Exportador de Cereales (Ciara-CEC). En cambio, el convenio por el maíz tiene varias aristas. Hay que asegurar que una parte de la producción vaya a precios menores que los internacionales para los productores porcinos, avícolas, lecheros y vacunos. Resulta clave, en consecuencia, darles financiamiento y asegurar la trazabilidad de los valores rebajados hasta los supermercados y las carnicerías. 

En materia financiera, el acuerdo requiere del compromiso de las aceiteras y las bolsas de cereales. Entonces aparecen dos actores pesado del nuevo Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), creado en 2020 por más de 40 cámaras , que ha sabido construir un buen diálogo con el actual gobierno (en contraposición con la Mesa de Enlace). En ese Consejo destacan las figuras de Gustavo Idígoras -ex funcionario técnico, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y hombre que responde al ex senador peronista cordobés y dueño de Aceitera General Deheza, Roberto Urquía, a su vez cuñado del jefe de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo- y José Martins -mandamás de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires-. En el Gobierno califican a Martins como una rara avis del sector, alguien que aceptó la derrota electoral del proyecto político con el que más se identificaba el campo en 2019 y que, ante la amenaza de cuatro años de enfrentamientos como en los ocho años de Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con ella el año pasado como inicio de su estrategia de diálogo.

En el Ejecutivo rescatan que incluso en la Mesa de Enlace hay dirigentes sensatos y abiertos al diálogo, pero advierten que están bajo la presión de bases y dirigentes más duros, enrolados en Juntos por el Cambio. Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), se desmarcó del lockout de adhesión dispar de la última semana. Pero los líderes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA, la entidad con más socios), Jorge Chemes, y la Federación Agraria (que tradicionalmente nucleaba a los más chicos), Carlos Achetoni, mantuvieron el diálogo en privado con altos funcionarios a pesar de la protesta. Estas tres entidades están en el CAA.

La que se mantiene al margen es la Sociedad Rural, cuyo presidente, Daniel Pelegrina, enfrenta una interna del ex ministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Etchevehere. Pelegrina es uno de los pesos pesados del Foro de Convergencia Empresarial, que integra a decenas de cámaras pero donde dominan la Asociación Empresaria Argentina (AEA, el club de dueños de grandes empresas), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina (Amcham) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. El Foro se ha convertido en la voz más crítica de los hombres de negocios contra el gobierno de Fernández, con recientes reproches por el finalmente suspendido cierre de la exportación de maíz, la regulación de las telecomunicaciones, el programa de Precios Máximos en supermercados y las idas y vueltas con las cuotas de las prepagas. El coordinador de este foro es Miguel Blanco, director general de Swiss Medical, la empresa de Claudio Belocopitt, quien ha expresado sus reparos sobre la reforma sanitaria que impulsa la vicepresidenta para coordinar las tareas del Estado, las prepagas y las obras sociales. Blanco es, además, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y fue director financiero The Exxel Group, aquel conglomerado de empresas de vertiginoso crecimiento en los 90 y veloz derrape en los 2000.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares.

En las próximas semanas, los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aspiran a sellar acuerdos por los precios de la carne y del trigo, materia prima para el pan, las pastas, las empanadas y la pizza. Los funcionarios negocian con el consorcio de exportadores de carne bovina ABC el valor de 10 cortes populares para todo 2021. Además, con una perspectiva de dos años, se aspira a dejar de enviar la media res a las carnicerías para que lleguen directamente los cortes cuarteados, como sucede en todo el mundo (menos en la Argentina y Paraguay). Con el cuarteo se podrían distribuir los cortes populares en determinadas zonas y los más caros en otras. Esa transformación requiere de inversiones en los frigoríficos que se dedican solamente al mercado local y que, en general, operan desde la informalidad.

En el caso del trigo, al igual que en el del maíz, se busca asegurar el abastecimiento interno a un precio diferencial del internacional. La cantidad ya está acordada, pero no todavía el valor. Al igual que en el caso del maíz, el Gobierno negocia bajo la implícita amenaza de que si no se llega a un acuerdo de caballeros, se aumentarán las retenciones a la exportación o se reinstalará los registros de operaciones de exportación (ROE), los cupos que durante el kirchnerismo administró de manera polémica Ricardo Echegaray.

En el Ejecutivo hay conciencia de que tampoco pueden tirar demasiado de la cuerda porque necesitan de las exportaciones agrícolas para que entren dólares y se eviten devaluaciones bruscas que disparen la inflación en el año electoral. En el sector privado critican que Basterra haya adoptado primero la prohibición de exportaciones de maíz para después sentarse a negociar, en lugar de haber apostado primero por el diálogo. En la Rosada lo defienden y destacan que evitó que escalará el conflicto. Sostienen que quieren potenciar el sector agroindustrial argentino, pero que en esta crisis económica eso no puede terminar impactando en el poder adquisitivo de las familias.

Mientras tanto, la secretaría de Comercio Interior, Paula Español, acordó con las grandes empresas de alimentos, bebidas e higiene una ampliación del programa Precios Cuidados y la liberalización controlada de 40 rubros sometidos a los controles de Precios Máximos. En el empresariado adjudican su dureza a la presión que, sobre ella, ejercen las críticas de los kirchneristas más duros y advierten por eventuales faltantes de algunos productos cuyos costos aumentaron en 2020 dos o tres veces más que los precios finales.

La pandemia, marchas y contramarchas

La tercera madre de las batallas económicas tiene raíz sanitaria. En marzo pasado, Alberto Fernández privilegió la salud por sobre la economía. Hoy la situación es distinta y su objetivo radica en evitar, por todos los medios, que la pandemia provoque más cierres de la actividad que el de los bares que funcionan de 1 a 6 de la madrugada. “Costó mucho recuperar la economía como para, ahora, volver a cerrarla”, admiten en la Rosada. Allí prevén que, antes que afectar cualquier otro sector productivo o comercial, se prohibirán primero las reuniones sociales y después las familiares. Un ministro reconoce que en febrero se agudizará la cantidad de contagios, pero confía en que en marzo o abril se masifique la vacunación, con lo que se evitaría un escenario catastrófico en lo sanitario y lo económico. En Economía miran con preocupación cómo los nuevos confinamientos en Europa están impactando la actividad. De todos modos, rescatan que finalmente la caída del PBI de 2020 resultaría un poco inferior al 10%, es decir, por debajo de los peores pronósticos que, en su momento, soltaron los economistas más alarmistas y de mayor rating. 

Entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular.

La industria no se parará e, incluso, estaba previsto exceptuarla de un eventual toque de queda nocturno (que finalmente no se adoptó). El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) para asuntos laborales, Daniel Funes de Rioja, habló con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para que en las fábricas se testee con frecuencia al personal (algunas grandes empresas, por ejemploToyota, hacen pruebas aleatorias periódicas, pero las pymes carecen de esa capacidad) y también se vacune inmediatamente después que se haya atendido a los profesionales de la salud, los docentes y las personas de riesgo. Moroni trasladó el pedido a su par de Salud, Ginés González García. El ministro de trabajo también recibe la presión empresaria para que, a fin de mes, deje de prorrogar la prohibición de despidos y suspensiones y la doble indemnización por cesantías, en contraposición al pedido de los sindicatos, temerosos por los puestos de trabajo ante un panorama económico aún incierto.

En la economía popular también aspiran a seguir recuperando la normalidad. La salida del aislamiento, que en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se extendió de marzo a noviembre, supuso una bocanada de aire fresco para muchos trabajadores de clases bajas y medias. En la Secretaría de Economía Popular, que conduce Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, calculan que entre el 10% y el 20% de la clase media cayó en desgracia durante la cuarentena y buscó ingresos en sectores de la llamada economía popular: recurrió al cuentapropismo, se puso a cocinar para vender hamburguesas caseras, comida vegana o tortas o a producir barbijos fashion. Hay trabajadores informales que recuperaron las changas, pero ahora cuentan con la mitad de los clientes que tenían antes de la pandemia. Por ejemplo, pileteros o jardineros. Varios de ellos fueron los que abarrotaron La Salada y la calle Avellaneda en las fiestas para comprar ropa y revenderla luego en sus barrios. Las organizaciones sociales han podido desmontar las ollas populares, aunque quedan en pie los comedores (mientras reabren rotiserías y panaderías) y se crean infinidad de verdulerías y locales que se dedican exclusivamente a la venta de productos de limpieza.

En el Evita, que mantiene una fuerte interna con La Cámpora, señalan que el crecimiento económico resulta tan prioritario como la distribución de las vacunas. Mientras no haya suficientes inoculaciones, drama que sufre toda América Latina y el resto del mundo en desarrollo, apuntan a trabajar en la prevención: recordar a los trabajadores que deben usar barbijo y mantener las burbujas con sus compañeros de tareas laborales. A diferencia de las orgas más cercanas a la vicepresidente, están de acuerdo con la finalización del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pero reclaman más subsidios o créditos para que la gente pueda trabajar. También que vuelvan las clases, dado que los niños más pobres han sido los más excluidos de la educación digital.

Que se recupere el empleo y la educación regrese a las escuelas son deseos compartidos tanto por los de arriba como por los de abajo. Las diferencias, a veces tensas, arrancan en el cómo.

AR