El gobierno de Javier Milei suspendió este viernes los efectos de la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom. El argumento oficial es la prevención de una concentración excesiva en el mercado de las telecomunicaciones. Sin embargo, el trasfondo es más complejo: el conglomerado que controla Telecom es el Grupo Clarín, y la operación convertía a su filial en el actor dominante en los principales servicios del sector, en un contexto de creciente tensión entre Milei y la mayor corporación mediática del país.

La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente y avalada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Según el comunicado, la fusión habría derivado en una participación de mercado del 61% en telefonía móvil, 69% en telefonía fija y hasta 80% en internet residencial en algunas regiones del país. La operación, valuada en US$1.245 millones, ya había sido cerrada por ambas compañías el 24 de febrero.

Para Clarín, la fusión era una estrategia defensiva frente al ingreso de grandes jugadores globales como Starlink (Elon Musk), Amazon o América Móvil, y apuntaba a consolidar infraestructura y ampliar la cobertura ante una competencia creciente. Pero para el Gobierno, la fusión generaba un “riesgo de monopolio” que habilitó una inusual intervención del Estado en un sector donde Milei había prometido desregulación y “libertad de mercado”.

Monopolio bajo sospecha

El conflicto no es nuevo. Desde hace meses, el Presidente viene mostrando hostilidad creciente hacia Clarín, con críticas explícitas a sus periodistas y medidas fiscales contra el sector. El caso de Telecom no es la excepción. A pesar de que el discurso libertario rechaza los controles estatales, esta vez Milei decidió marcarle el límite al holding de Héctor Magnetto, con quien la relación atraviesa su momento más tenso.

La decisión del Gobierno se da, además, tras la denuncia de Telecentro ante la CNDC, donde alertó que la fusión viola la Ley de Defensa de la Competencia (27.442) y ubica al grupo fusionado con participaciones dominantes: 79% en telefonía fija, 61% en móvil, 48% en banda ancha y 42% en TV paga.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) también deberá intervenir. Paradójicamente, fue intervenido por decreto por el propio Milei con el fin de “desburocratizar y liberalizar el sector”. Hoy, esas herramientas de control que el gobierno concentró en el Ejecutivo son las mismas con las que pone freno a la mayor operación empresarial del año.

Desde el Gobierno destacan que la medida “resguarda los derechos de los usuarios y consumidores” y preserva la “libre concurrencia en el mercado”. Pero en la práctica, se trata de un bloqueo directo a una nueva consolidación del Grupo Clarín, que venía de lograr históricas fusiones durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri: primero con Multicanal-Cablevisión, luego con Telecom-Cablevisión.

Para Martín Becerra, especialista en medios y telecomunicaciones, la operación convertía al grupo en un “gigante sin precedentes” del sector infocomunicacional. Según el Global Media and Internet Research Project, sumando los ingresos de Telecom y Telefónica, el conglomerado controlaría más del 55% de la facturación total del sector, que en 2023 superó los US$8.100 millones.

El contraste con la prédica libertaria de Milei es notorio. “El monopolio es malo si lo impone el Estado”, dijo en el pasado, defendiendo la concentración privada. Pero en este caso, la línea se cruza. Clarín es Clarín. Y Milei parece dispuesto a dar la batalla.

JJD

Telecentro presentó una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra Telecom por la reciente adquisición de Telefónica Argentina, argumentando que la operación genera concentración económica y un monopolio ilegal.

Según la empresa, esta fusión le otorgaría a Telecom el control dominante en varios servicios de telecomunicaciones, afectando la competencia y perjudicando el interés económico general.

Los argumentos de Telecentro

Según estimaciones de Telecentro, la nueva estructura de mercado quedaría conformada de la siguiente manera:

Datos clave de la concentración resultante

El pedido de Telecentro a la CNDC

Telecentro solicitó que la CNDC investigue a fondo todos los detalles de la operación y determine si esta concentración vulnera las leyes de defensa de la competencia, impactando negativamente a los usuarios y limitando las opciones del mercado de telecomunicaciones en Argentina.

Con información de agencias.

IG

Movistar es la empresa de telecomunicaciones con mejor desempeño en materia de protección de la información de sus usuarios. Así lo indica la tercera edición del informe “¿Quién defiende tus datos? Argentina” de la Asociación por los Derechos Civiles, que evalúa la manera en que 7 grandes compañías de este rubro ─Personal, Telecentro, Movistar, Arlink, DirecTV, IPLAN y Claro─ protegen la privacidad y datos personales de sus clientes.

Las obligaciones legales de estas empresas respecto del tratamiento de la información de sus usuarios están determinadas, entre otras normativas, por la Ley Nacional de Datos Personales. Esta regulación data del año 2000 y, con el avance de la big data y las telecomunicaciones en las últimas décadas, ha quedado desactualizada ante nuevos parámetros internacionales. En septiembre de 2022, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) promovió la discusión de un anteproyecto que enfatiza el deber de las compañías en la recolección y tratamiento de estos datos. Hasta su aprobación, continuará existiendo cierta laxitud y opacidad respecto a las obligaciones de las empresas.

De conformidad con el artículo 6 de la ley actual, las 7 compañías estudiadas informan al usuario sobre la finalidad para la que son recolectados sus datos. Sólo 4 empresas, sin embargo, especifican de forma detallada y clara para el titular de la información los fines de su recopilación y se comprometen a no exceder dichos usos: Movistar, DirecTV, IPLAN y Claro. Personal y Telecentro, las dos compañías con mayor participación en la provisión de internet fijo en el primer semestre de 2021, según la Cámara Argentina de Internet (CABASE), proveen esta información de manera más vaga y ambigua. Arlink, que concentra el 1.67% de este servicio, los explica de manera detallada, pero no se compromete de forma explícita a limitarse a dichos fines.

“Como se masificó mucho el uso de datos, eso debería haber venido de la mano de informar la finalidad de la recolección de manera más precisa, informar los cambios en la política de manera más precisa y salir un poco de lo que la ley te obliga a hacer, es decir, tomar la ley como piso mínimo, pero mejorar a partir de ahí”, explicó Victoria Penas, autora del informe y abogada especialista en Derecho Internacional Público y Penal, a elDiarioAR.

El aumento del volumen de datos recolectados y utilizados surge, en parte, de la ampliación de la conectividad en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante el cuarto trimestre de 2022, los accesos a internet fijos ascendieron a 7.946.140, mientras que los móviles alcanzaron 36.616.187. Esto representó un incremento interanual de 1.3% y 6.8%, respectivamente. En este contexto, como destaca la especialista, las empresas podrían haber avanzado más allá de los requerimientos mínimos de la ley para ajustarse a las nuevas circunstancias.

Las compañías, sin embargo, continúan aprovechando la laxitud de la norma y suelen atenerse únicamente a los parámetros establecidos a principios de siglo. Esto se da, por ejemplo, en lo referente a la calidad de los datos. Si bien todas las empresas relevadas tienen su base de datos inscripta en la AAIP, Arlink, DirecTV y Claro no presentan otra expresión clara de compromiso con la veracidad y precisión de los datos recolectados. En estos casos, garantizar la calidad de los datos ─deber establecido en el artículo 4 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales─ es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Las empresas podrían solicitar periódicamente una actualización de la información para compartir con su clientela el deber en cuestión y evitar que el titular de los datos tenga que solicitar, por su cuenta, la rectificación correspondiente ante cambios de domicilio, correo electrónico u otro dato personal.

En cuanto a la seguridad de los datos, sucede algo similar. Aunque las 7 empresas estudiadas se comprometen a adoptar las medidas necesarias para cumplir con este deber, contemplado en el artículo 9 de la ley, sólo Movistar aclara qué tipo de sistema utiliza para proteger los datos y evitar su uso desautorizado, lo que brinda mayor transparencia a su clientela. Las compañías restantes no explicitan qué herramientas concretas usan o, en el caso de DirecTV e IPLAN, exhiben un compromiso muy laxo que deja margen para un manejo poco cuidadoso de los datos.

Para cumplir con su deber de proteger la información de sus usuarios, las compañías de telecomunicaciones, además, están obligadas por ley a mantener la confidencialidad. El Estado es el único agente que puede solicitarles datos, metadatos o intervenciones de comunicaciones a las empresas para llevar adelante investigaciones penales.

En virtud del artículo 10 de la ley, las empresas deben entregar esta información a las autoridades gubernamentales cuando haya una orden judicial de por medio y/o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, defensa nacional y salud pública. “Lo que debería ser habilitante de una solicitud de datos, en principio, debería ser una orden judicial. Puede haber un caso concreto de datos no tan identificables que no comprometan tanto al sujeto que puedan ir por la vía administrativa”, detalló Penas a elDiarioAR.

De conformidad con la norma, la política de Telecentro contempla la entrega de datos al Estado ante estas circunstancias, pero no especifica qué implican todas aquellas situaciones en las que no es necesaria una orden judicial. Movistar presenta una política igualmente ambigua: pide resolución judicial, pero no aclara los requisitos para aquellos pedidos que se hacen por vía administrativa ni con qué frecuencia se entrega información sin autorización legal previa. Arlink, DirecTV e IPLAN, a su vez, no mencionan una orden judicial o resolución equiparable como requisito para la cesión de datos al gobierno. América Móvil, empresa dueña de Claro, expone la necesidad de presentar una orden judicial en su página web, pero no figura en el sitio local de la sucursal argentina.

La evaluación de las solicitudes de datos para determinar si son pertinentes, a pesar de constituir un aspecto central para preservar el derecho a la privacidad de los usuarios, es poco común entre las empresas estudiadas: sólo los departamentos legales de IPLAN y Claro examinan el pedido gubernamental. Esta falta de rigurosidad a la hora de responder a los pedidos gubernamentales deja amplio margen de discrecionalidad al accionar del Estado y, tal como establece la especialista, es central que las empresas comiencen a fijar requisitos claros. “Cuanto más alto se le pone la vara al Estado, más transparente se vuelve el ejercicio de sus funciones”, señaló.

Tal como explicó a elDiarioAR la autora del informe, las empresas de telecomunicaciones podrían adoptar medidas que excedan los deberes mínimos estipulados en la Ley Nacional de Protección de Datos Personales vigente actualmente. En relación a las solicitudes gubernamentales de información, las compañías podrían notificar a los titulares antes pedidos de información y publicar estadísticas sobre estos pedidos en informes de transparencia en sus páginas web. Se trata de documentos periódicos en las que debería figurar la cantidad de solicitudes recibidas por parte de fuerzas de seguridad y organismos estatales, cuántas se aceptan o rechazan y quiénes son los agentes solicitantes en cada caso.

Del total de empresas analizadas, sólo 3 empresas comunican a sus usuarios sobre este tipo de pedidos: Movistar lo hace a través del Informe anual de Transparencia de las Telecomunicaciones que publica en su página web, Claro mediante un apartado en los Informes de sustentabilidad de América Móvil, mientras que IPLAN las publica por fuera de estos documentos. “Los informes le permiten a la gente saber, primero, que las empresas reciben solicitudes de datos, que es algo que no toda persona usuaria conoce, y, segundo, el volumen de solicitudes, qué tipos de datos se requieren, si son intervenciones de comunicaciones, datos de tráfico de internet, etc”, detalló Penas a este medio.

Movistar e IPLAN también han avanzado con la adopción de políticas para responder ante violaciones de los derechos de su clientela. Ambas compañías crearon canales de denuncia específicos para casos de vulneración de la privacidad. Estos canales deben ser de rápido acceso para los clientes para que sean eficientes. “Estamos hablando de temas por los que, en general, la gente no reclama y si, además, el canal de denuncia tenés que encontrarlo en el último rincón de la página, probablemente las personas menos lo hagan”, agregó la autora en comunicación con elDiarioAR.

ACM

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó este lunes un alza de la tarifa de telefonía, Internet y TV paga del 9,5% el mes próximo y de otro 9,5% en julio, lo que significa un 19% acumulado. Se suma al 9,8% que había autorizado para las pymes, incluidas las cooperativas, con menos de 100.000 abonados en enero, por lo que ellas totalizarán a julio un 31,6%. Pero las grandes empresas del sector, amparadas por fallos judiciales, desconocen la facultad del Estado de regular las tarifas, que había sido establecida por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) en 2020, y por eso remarcan según sus propios criterios.

Por ejemplo, la española Telefónica Movistar aplicó un 16% en febrero y anunció otro 12,6% para mayo, con lo que acumulará un 30,6% en los primeros cinco meses del año, más que el 9,5% aprobado para las grandes o del 20,2% que regirá acumulado para las pymes. Telecom Personal (propiedad de los dueños del Grupo Clarín) aumentó 25% en lo que va del año, mientras que la mexicana Claro apostó por ahora por mantener los precios sin cambios. Pero en 2021, Claro los subió 45%; Personal, 49% y Movistar, 44%, por encima del 21% que el Gobierno había autorizado o del 43% que les había aprobado a las pymes. También Telecentro, de Alberto Pierri, y DirecTV, ahora en manos de los Werthein, remarcaron por encima de lo permitido, amparados también en sentencias.

El DNU 690/2020 reguló el sector, pero fallos de primera y segunda instancia pusieron en tela de juicio la facultad del Gobierno de fijar tarifas. Ahora se espera que la Corte Suprema se expida para determinar quién tiene razón: si las empresas o el Gobierno, en cuyo caso las compañías deberían devolver lo cobrado en exceso a los usuarios. Por ahora, no se ha cristalizado el intento de acordar una solución por fuera de los tribunales. Mientras, las pymes se atienen al DNU en parte porque dependen del Estado para que les subvencione el mejoramiento de su infraestructura y porque rivalizan con las grandes por el precio mayorista que les cobran para usar sus redes.

En el primer trimestre de 2022, el rubro comunicaciones se encareció 12,8%, menos que la inflación (16,1%), según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En 2021, subió 35,8%, por debajo del 50,9% de los precios en general. Los valores son clave para un sector que necesita de inversiones para mantener y mejorar el servicio, pero que a la vez deben ser accesibles para permitir el acceso de la población a la conectividad requerida para el trabajo y la educación en el mundo actual.

AR

Luego de que circularan mensajes de al menos una empresa de telecomunicaciones en los que se informa a los usuarios aumentos en las facturas de los próximos meses, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aclaró que no autorizó ningún incremento en los precios para los meses de mayo o junio de 2021 en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, Internet o televisión paga. 

“Cualquier comunicación en contrario surgida de las prestadoras de servicios en la cual se haya anunciado una modificación de precios carece de valor legal y no ha sido convalidada por este Ente”, aclaró en un comunicado oficial que fue difundido este miércoles. Indirectamente, el texto responde al accionar de la empresa Movistar, que en las últimas horas envió mensajes a sus usuarios anticipando aumentos “de 8% desde mayo y 7% desde junio”.  

“Son adecuaciones de precios que la compañía informó a sus clientes”, confirmó a elDiarioAR una fuente de la compañía, que pertenece a Telefónica.

El ente oficial se encuentra negociando por estos días con las empresas del sector los aumentos para el próximo trimestre, pero todavía no llegó a ningún acuerdo. Los últimos aumentos definidos fueron del 7,5% para febrero y del 2,5% para marzo, en ambos casos para la telefonía celular, lo que completó las subas del primer trimestre.

Existe una “posibilidad concreta” de que a partir de abril los aumentos se definan de manera trimestral mediante una fórmula, que podría contemplar los indicadores de evolución de los salarios y de inflación, aunque todavía no fue definido. El mecanismo deberá ser aprobado en última instancia por la Jefatura de Gabinete.

Por otro lado, el organismo recordó que las empresas que no hayan cumplido con las resoluciones que fijaron los incrementos autorizados y no hayan respetado el monto de los mismos o no hayan otorgado la Prestación Básica Universal creada por el decreto 690/20 no podrán aplicar variaciones de precios a sus clientes. Además, el mes pasado Enacom endureció mediante una resolución su régimen de sanciones, que aumentó el monto hasta $76 millones, y habilitó otros instrumentos como suspensiones, clausuras, caducidad de licencias e inhabilitaciones. 

A comienzos de este año varias empresas aplicaron aumentos por encima de los autorizados para sus servicios de internet y TV por cable y, si bien la mayoría luego devolvió lo cobrado demás, Telecom es la única gran empresa que todavía permanece “en rebeldía”. Se ampara en la cautelar dictada por la Justicia Federal Córdoba a partir de un recurso interpuesto por TV Cable Color SRL, una prestadora de cable de la pequeña localidad de Villa del Rosario, que cuenta con unos 1.000 abonados.

El Gobierno participa en la definición de las tarifas de las telecomunicaciones desde la entrada en vigencia del decreto 690/20, que las definió como un “servicio público esencial en competencia”. Hasta entonces, los ajustes de precios eran definidos por las propias compañías sin intervención estatal. 

DT

Detrás del formidable negocio del fútbol, está Diego Lerner, el abogado que preside The Walt Disney Company Latin America y acaba de alzarse con el premio mayor de la televisación del fútbol local hasta 2030. Lerner lleva tres décadas como representante de la compañía de capitales norteamericanos y tiene vínculo con el poder desde hace tiempo, pero en los últimos años hizo algunos movimientos que le hicieron ganar un protagonismo inédito.

La adquisición de Twenty-First Century Fox Inc por parte de Disney, en marzo de 2019, y la fusión local ESPN-FOX lo pusieron en la cima de un pulpo que trasciende la industria del entretenimiento y la animación para crecer también en el negocio del fútbol premium. Disney pasó a concentrar el 64% del mercado de señales deportivas por operador de televisión paga. Dueño de Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra, el gigante global se impone en una batalla de peso pesados por un mercado que mueve millones de dólares: en 2020 revirtió en Estados Unidos un operativo de Turner International para quedarse con el 100% del fútbol local y enfrenta libra ahora una pelea con cableoperadores como Telecentro, empresas como Telefónica y firmas como DirecTV que cuestionan la fusión en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En línea permanente con el país que ahora gobierna Joe Biden, Lerner fue la cara de ese proceso que consagró la posición dominante de Disney y creó un pulpo que televisa en exclusividad y en vivo los eventos deportivos más importantes del continente.   

Junto con el gerente general de Disney, Guillermo Tabanera, y el productor Juan Cruz Ávila, encabezó en persona las negociaciones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para conservar el botín del fútbol local y llegó a conseguir también el apoyo de importantes funcionarios que ocupan roles destacados en el andamiaje del Frente de Todos.  

Quienes conocen a Lerner aseguran que es bastante más que un empresario y afirman que juega en otra liga. En Disney y gran parte de la industria lo consideran un gran player internacional. Se incorporó en 1990 como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión a la compañía y desde entonces no ha parado de escalar. Tuvo a su cargo la distribución de todas las películas producidas y lanzadas por Disney Pictures y la venta y distribución de los formatos de entretenimiento para el hogar; estableció nuevas operaciones de distribución en México, Brasil, Colombia y Argentina y hasta le recomendó a la compañía que comenzará a abrir sedes en América Latina para dejar de perder los juicios por derechos de propiedad intelectual. En la primera oficina de Disney, en Santa Fe y Callao, trabajaban entre 4 y 5 personas. Hoy la compañía declara tener 6000 mil empleados en Argentina: 3.200 personas en línea directa y otras 2.800 de modo indirecto.

Entre 2009 y 2017, Lerner vivió en el Reino Unido, el lugar donde se desempeñó como presidente de la división Disney de Europa, Medio Oriente y África. Durante ese lapso, solía recibir en su casa de Londres a importantes empresarios y figuras de la industria del entretenimiento. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri parece haber bajado de la galaxia en la que habitaba para mezclarse en el barro de la política. Volvió a la Argentina en 2018 para asumir como presidente de Disney en la región y las fiestas que organizó durante el eclipse del líder del PRO en la presidencia lo hicieron trascender por distintos motivos. Primero por lo inoportunas, como cuando Macri decretó tres días de duelo tras el hallazgo del submarino ARA San Juan y, según reveló el diario Perfil, decidió ir a la fiesta por los 90 años de Disney, que Lerner organizaba en su Haras El Dock en Luján. Hubo un show de Tini Stoessel y asistieron, entre otros, Nicolás Caputo, Adrián Suar y Marcelo Tinelli, un amigo de esos años.

Lerner acompañó a Macri hasta su última semana en la Casa Rosada. El 4 de diciembre de 2019, seis días antes del cambio de mando, el egresado del Cardenal Newman bailó con Juliana Awada en una celebración que Lerner organizó en su chacra Manzanares.

Entre la dirigencia del PRO, reconocen que las dos parejas solían comer juntas y sellaron una amistad. Admiten además que que el CEO de Disney es un personaje que calza a la perfección en el prototipo de empresario que le gusta a Macri y que la empatía entre los dos era notable. Pero sostienen que Lerner representa intereses de lo más poderosos y no precisa de Macri. Quienes conocen al abogado que comenzó en la compañía en 1990 aseguran que nunca le pidió al expresidente que le apruebe la fusión ESPN-FOX. Tal vez lo lamente: es lo que ahora objeta en privado Alberto Fernández, cuando repite ante sus ministros y funcionarios que el gigante del entretenimiento debe desinvertir, como sucedió en Estados Unidos. 

Pese a ese frente de conflicto y a la definición del gobierno que se dilata ante la expectativa de las empresas del sector, Lerner ya consiguió bastante, cuando saldó a su favor la disputa doméstica con Turner y le ganó -de manera hasta hoy inexplicable- a Alberto Pierri la carrera por televisar el torneo local con una oferta 10 millones de dólares más baja. Una parte del Frente de Todos todavía no puede tolerarlo: dicen que el macrismo se quedó con el fútbol durante la presidencia de Fernández. Aunque lo hizo, según admiten en el oficialismo, con el respaldo de dirigentes como Sergio Massa, Santiago Carreras y Francisco Meritello.

Eso no quiere decir que no encuentre detractores de peso, como Tinelli, con el que tenía también una amistad personal y se distanció en los últimos meses. En Disney consideran que el presidente de la Liga de Fútbol fue el gran promotor de la maniobra de Turner para quedarse con todo. El creador de Showmatch había sido el encargado de informarle a la empresa que la AFA había decidido rescindir el contrato en el momento más tenso de la disputa con la dueña de TNT Sports. Al margen del cierre de las negociaciones, Tinelli explotó la semana pasada cuando acusó a Disney de “destruir el fútbol argentino”, incluso después de verse beneficiada con la prórroga del contrato. En los primeros días de enero, Lerner apareció en la pantalla de ESPN para festejar, en una entrevista con Sebastián “Pollo” Vignolo, la extensión de los derechos de televisación hasta 2030. Ahí, recordó la central de Disney en América Latina está desde hace 20 años en Argentina y pasó revista a los activos de la compañía: oficinas en Palermo, un campus de oficinas en Pilar que es “único en el mundo”, 20 mil metros cuadrados en el que trabajan 1.500 personas y la construcción de un segundo campus de 15 mil metros cuadrados más. No habló de que la demora del gobierno en impugnar la fusión le permitió a la empresa desplegar su estrategia de reducción de costos y concentrar todo lo que era de Fox Sports en ESPN, desde el contrato del fútbol local hasta la transmisión de la Copa Libertadores. En paralelo, se dio un proceso que en la industria llaman de “vaciamiento” de Fox: los periodistas más conocidos se mudaron a la pantalla de ESPN, se dio de baja el contrato de producción que Fox tenía con Torneos y echaron a parte del personal de comercialización y venta de publicidad.

Sin embargo, la megafusión global que Lerner supo traducir a la esfera nacional parece toparse ahora con un imponderable: el fútbol, siempre importante para la política, más todavía en un año electoral. Mientras espera la definición de la secretaria de Comercio, Paula Español, el Presidente repite que no conoce al CEO de Disney y se siente con las manos libres para intervenir en el negocio. Eso a pesar de que uno de sus amigos de toda la vida, el consultor Adrián Kochen, trabaja a destajo para que Disney y Lerner sigan transcurriendo sus días sin mayores inconvenientes. Pese a que se lo suele ver en Casa Rosada, cerca de Fernández afirman que esta vez Kochen no podrá convencerlo con sus ejercicios de retórica. Habrá que verlo. El Presidente asegura en privado que lo de Disney es un “exceso enorme” y exhibe además en este punto una fuerte coincidencia con Cristina Fernández de Kirchner que, según cuentan los que se comunican con El Calafate, está enterada de todo.  

Detrás de la disputa actual, lo que asoma de fondo es el gran negocio que viene: las OTT, las plataformas y aplicaciones over-the- top que buscan tomar el modelo de Netflix para eliminar la intermediación de los cableoperadores. Con posición dominante, contenidos propios y el 64% del mercado de las señales deportivas, la empresa que lidera Lerner tiene todo para correr esa carrera con otros pulpos como AT & T  y Amazon.

Pese a que la Asociación del Fútbol Argentino decidió hace dos semanas extender hasta 2030 el contrato que le otorga los derechos de transmisión local al gigante The Walt Disney Company -que viene de comprar Fox y fusionarla con ESPN-, la operación enfrenta obstáculos considerables. Revelado ayer por elDiarioAR, el primero y más importante es el criterio que el presidente Alberto Fernández ya le transmitió a sus ministros: las empresas deben desinvertir para cumplir con la ley y evitar la posición dominante que hoy exhiben. Se suma ahora un segundo y es el dictamen de 35 páginas que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le elevó a la secretaria de Comercio Paula Español el 5 de noviembre pasado. 

Pese a que el presidente tiene funcionarios que promueven un acuerdo con Disney a cambio de la cesión de derechos de televisación, el informe -que toma como punto de partida la ley 27.442 de Defensa de la Competencia- aporta una larga lista de evidencias que sugieren una intervención estatal en el sentido contrario. 

El texto es una ampliación de un primer documento presentado en marzo del año pasado, que incorporó después información de la “megafusionada”, cuestionamientos de la competencia y denuncias de cableoperadores. Los cableoperadores, entre ellos Alberto Pierri, de Telecentro, cuestionan la operación global que cambió por completo el mapa de la televisión paga en Argentina. 

La compra de Twenty-First Century Fox Inc por Disney derivó en un conglomerado que hoy concentra el 64% del mercado de señales deportivas por operador de televisión paga. Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, ESPN, ESPN 2, ESPN 3, ESPN+ y ESPN Extra pasaron a tener un sólo dueño. Con sus tres señales deportivas básicas, Fox ocupa el 32,7% del mercado de televisión paga y, con las cuatro de ESPN, Disney concentra otro 31,3% del mercado. Por fuera, sólo existe TyC (32,4%) y DeporTV (3,5%). 

De acuerdo con el dictamen de Defensa de la Competencia: “La operación trae como consecuencia que la empresa fusionada contaría con 7 de las 9 señales deportivas básicas y con casi dos terceras partes del total del rating de señales deportivas, además de la señal Fox Sports Premium que transmite partidos de la Superliga Argentina de Fútbol. Se deduce también, que, como consecuencia de la operación, el número de competidores pasaría de tres a dos”. 

Las consecuencias de esa transformación son múltiples y se verifican en distintos terrenos, donde se acumulan los cuestionamientos y denuncias de empresas como Telered Imagen S-A -propiedad del Grupo Clarín y dueña de TyC-. Teléfonica, Telecentro y DirecTV. En una verdadera pelea entre gigantes, Fox y Disney buscaron argumentar en su favor que se enfrentan el poder de negociación de los principales operadores de televisión paga -Cablevisión y DirecTV-, quienes reúnen el 70% de la audiencia. 

ESPN y FOX SPORTS tienen la tajada principal de su negocio en la transmisión de eventos deportivos internacionales de alta relevancia. La Copa Libertadores (FOX), la Copa Sudamericana (ESPN) y la Recopa Sudamericana, la Champions League (FOX e ESPN), la Europa League (FOX e ESPN), la liga inglesa (ESPN), la liga española (ESPN), la liga italiana (ESPN), la liga francesa (ESPN), la liga holandesa (ESPN), la liga belga (ESPN) y la liga alemana (FOX), además del básquet de la NBA (ESPN), los torneos de tenis Grand Slams y del circuito ATP (ESPN), los torneos de automovilismo como Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 (FOX), y torneos de rugby como el Mundial y el Seis Naciones. 

En base a ese poderío incomparable, no sólo pueden ganar la disputa de fondo con otros gigantes como Turner Internacional -que pretendía quedarse con el 100 % de los partidos del futbol local- sino también imponer condiciones en las negociaciones con cableoperadores. 

Ante la Comisión de Defensa de la Competencia, las empresas distribuidoras ratificaron que las señales deportivas son muy relevantes debido a la transmisión de eventos deportivos en vivo, que los usuarios consideran fundamental para incluir en la grilla de señales. 

Entre sus conclusiones, el informe apunta un dato clave en el marco de la batalla del gobierno contra los precios en el año electoral: “El incremento sustancial de la concentración como resultado de la operación implicaría un aumento significativo en el poder de mercado y de negociación de las empresas, con la posibilidad de potenciales aumentos de los precios de las señales y de los abonos que pagan los consumidores finales”, dice. 

Además, remarca que, dado que las empresas comercializan sus señales de manera paquetizada, el aumento de poder de mercado en las señales deportivas podría trasladarse al resto de sus señales de televisión paga en detrimento de los consumidores, que también por esta razón podrían ver incrementado el valor del abono de televisión paga y podrían recibir una oferta más reducida, menos variada y con productos de menor calidad. 

Por último, la “paquetización” mencionada podría evitar o retrasar el surgimiento en Argentina de nuevos operadores y/o de nuevas formas de comercialización de señales de televisión paga, como ser el “skinny bundle”, servicios de streaming, OTT, impidiendo o demorando la competencia y la innovación en el mercado de televisión paga. 

El informe concluye sosteniendo que “la operación de concentración económica notificada tiene la potencialidad de restringir o distorsionar la competencia, de modo tal que puede resultar perjuicio para el interés económico general, en relación con el mercado de señales deportivas de televisión paga”.

Con la firma de su presidente Rodrigo Luchinsky -además de los vocales Balbin Griffa Díaz, Pablo Lepere y Guillermo Pérez Vacchini-, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia incluye una mención al índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) como otro indicador que mide la concentración del mercado y considera que una operación puede no ser problemática desde el punto de vista de la competencia si el mercado resultante presenta un valor inferior a los 2000 puntos. Para el Departamento de Justicia y la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, los valores superiores a 2500 puntos son característicos de un mercado altamente concentrado. 

La fusión de Disney arroja un valor post operación del IHH que asciende a 5166 puntos lo que muestra un mercado altamente concentrado. Es por eso por lo que recibió cuestionamientos en Estados Unidos, México y Brasil, que ordenaron la desinversión de activos. El dictamen especifica que el 23 de septiembre de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acordó con las empresas la desinversión de todos los activos asociados a 22 señales deportivas regionales que pertenecían a Fox, 21 de las cuales fueron adquiridas por el grupo multimedios Sinclair Broadcast Group. La red regional correspondiente a Nueva York fue adquirida por un conjunto de inversores, entre los que se encontraba la propia Sinclair, los NY Yankees, Amazon y Redbird Capital.

En el caso de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó la operación sujeta a desinversiones y condicionamientos. Ordenó la desinversión de todos los activos relacionados con la provisión y el licenciamiento de los canales deportivos de FOX (FOX SPORTS) y prohibió que DISNEY provea y licencie los suyos (ESPN) con los de FOX y adquieran o produzcan contenidos deportivos en conjunto.

El Gobierno anunció el 18 de diciembre pasado que este 1º de enero comenzaba a regir la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que convirtió las telecomunicaciones en servicio público esencial. Entre las disposiciones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), figuraba la creación de planes de telefonía celular a $150 mensuales para, al menos, los 10 millones de argentinos de menores ingresos (jubilados, beneficiarios de planes sociales, empleados de casas particulares y trabajadores de bajos ingresos, entre otros), así como otros de $700 para banda ancha fija, $380 para telefonía básica y un descuento de hasta 40% en la TV paga.

En el primer día hábil de enero, las empresas aún no ofrecían esos paquetes. Las compañías habían rechazado esas ofertas enmarcadas dentro de la denominación Prestación Básica Universal (PBU) con los argumentos de que las tarifas desalentaban la inversión y de que les resultaba difícil de implementar y de controlar a los beneficiarios.

“No tenemos esos planes, en los próximos meses los habrá”, respondió un empleado de atención al cliente de Personal, marca de Telecom Argentina, cuando elDiarioAR llamó para consultar por el plan de $150, que incluyen 500 minutos de aire y Whatsapp de texto ilimitado, más la opción de datos de navegación por otros $200 por mes o $18 por día. El empleado comentó que el paquete más barato que ofrece esa marca es de $490. Fuentes oficiales de Telecom (de los dueños del Grupo Clarín) aclararon: “Aún estamos trabajando en el ajuste de los sistemas para incorporar los nuevos planes, dado el escaso tiempo transcurrido desde la publicación hasta la fecha de entrada en vigencia de la norma que los dispuso”.

“Por el momento, no tengo información”, contestó un empleado de atención telefónica de Movistar cuando se lo interrogó por el plan de $150. Agregó que la marca de la española Telefónica ofrece un plan de $880 como mínimo. Desde el área de comunicación de Telefónica de Argentina respondieron: “La compañía se encuentra trabajando en la adaptación de sus sistemas para poner en marcha los planes de Prestación Básica Universal y Obligatoria, reglamentados por el Enacom a pocos días de finalizar diciembre. Para asegurar un servicio de calidad y adecuado los requerimientos técnicos, siempre es necesario un trabajo de configuración previo no menor a 30 días. Tanto en la actualización de precios como la creación de nuevos planes de conectividad se requiere de un proceso claro, previsible y que contemple los tiempos necesarios de implementación; de lo contrario, se pone en riesgo no sólo la prestación del servicio, sino la sustentabilidad de todo el sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación), en un momento en el cual la conectividad resulta esencial para toda la sociedad argentina”.

“Por el momento, no está disponible”, respondió un empleado de atención al cliente de Claro cuando se le preguntó por la PBU para telefonía celular. Lo más barato que ofreció la firma mexicana de Carlos Slim fue un plan de $525. A título corporativo, Claro, propiedad de América Móvil, prefirieron guardar silencio.

En Enacom no se inquietan por ahora. “Calculo que demorarán unos días en implementarlo pero por cuestiones administrativas”, declaró su vicepresidente, Gustavo López. Anticipó que subirán a la página web del Enacom un formulario para eventuales reclamos de usuarios.

La PBU también implica que las empresas de TV paga (Cablevisión, DirecTV, Claro TV, Telecentro y Supercanal, entre otras) ofrezcan descuentos de entre 20% y 40% sobre los planes más baratos, según su posición de dominio del mercado y la cantidad de suscriptores, y que los prestadores de internet hogareño (Fibertel, Movistar, Telecentro y otros) brinden servicio a $700 por 100 Mbps de velocidad. Las empresas de telefonía básica deberán ofrecer 300 minutos libres a $380.

AR

Hace un año, nadie —ni el propio Alberto Fernández— tenía en los planes un marco jurídico que estableciera que la telefonía móvil, la TV paga y la conexión a internet serían un “servicio público esencial”; es decir, que el Estado tendría potestad de fijar precios, estándares de calidad y accesibilidad en un negocio que mueve miles de millones de dólares por año.

Las urgencias de la pandemia lo hicieron posible. Esta semana, el gobierno se apresta a autorizar un aumento de tarifas en enero -bastante menor al ya anunciado por algunas empresas a sus clientes- y a publicar la letra chica del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que regula el mercado protagonizado por Telecom y su vinculada Clarín, y secundado por pesos pesado como Telefónica, Claro (Carlos Slim), DirecTV (AT&T) y Telecentro (Alberto Pierri).

El DNU, publicado el 22 de agosto y ratificado por el Senado dos semanas después, no tuvo pretensiones épicas de “democratizar la información”. Fue, antes que nada, una reacción a las apuradas para pisar un aumento de tarifas que las empresas pretendían —según fuentes del gobierno— de 40% en el segundo semestre de 2020, tras ganarle a la inflación en los años precedentes. Con la economía lastrada por el coronavirus, Fernández apeló a un instinto no sólo personal, sino de todo el frente que integra: los aumentos de tarifas generalizados en contexto recesivo liman la popularidad presidencial. Un andar penoso durante un mandato dando cuentas de por qué las boletas que pasan debajo de la puerta o llegan a la casilla de email superan a la inflación no es una opción para un político peronista que mira la experiencia reciente de los presidentes argentinos.

Ante el cambio normativo, las empresas de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) dejaron de lado cuentas pendientes y se unieron para denunciar una injerencia del Estado que conspiraría contra las inversiones. Por ahora, el decreto resistió pedidos de cautelares ante el fuero federal, mientras que el frente corporativo unánime, patentado en una solicitada en agosto, ya no es tal. Cada empresa tiene saldos por negociar. Telefónica puso varios activos latinoamericanos en venta, Claro padece en la Argentina una cancha desnivelada por Clarín, algo similar a lo que la empresa de Slim sometió a sus competidores en México y otros países, y DirecTV enmarca su juego en la estrategia global —y los límites anticoncentración— de AT&T.

La política TIC de los Fernández también parece sortear, relativamente, un sino que erosiona al gobierno en general: la coexistencia de funcionarios que no siempre apuntan para el mismo lado. En este caso, esa dispersión poco resolutiva tiene al menos un texto para exhibir -el DNU- con efectos contantes, sonantes y crecientes.

El organigrama de Ente Nacional de la Comunicación (Enacom) expone con claridad los abordajes disímiles del gobierno sobre la industria TIC. Preside el órgano Claudio Ambrosini, del círculo estrecho de Sergio Massa. En la agenda del presidente de la Cámara de Diputados no figura el conflicto con las empresas de telecomunicaciones. El segundo de Enacom, el radical forjista Gustavo López, fue un defensor de la ley audiovisual de 2009, lleva una larga trayectoria de pecado “intervencionista” y tiene terminales en Cristina Fernández, de quien fue funcionario. Fuentes al tanto de las negociaciones —con las empresas y dentro del Ejecutivo— coinciden en señalar que ganó peso la directora María Florencia Pacheco, definida como un “cuadro” de la provincia de Buenos Aires que orbita en Santiago Cafiero. Completan el directorio de Enacom el albertista salteño Gonzalo Quilodrán, también designado por el Ejecutivo; el peronista pampeano Alejandro Gigena, por la primera minoría del Congreso, y la radical Silvana Giudici, por la oposición. A Giudici le toca la amarga tarea de remar en absoluta minoría, producto de un órgano regulador con dominio del oficialismo de acuerdo al diseño establecido por Macri en 2016, del que ella fue la principal defensora.   

En cualquier caso, todo lo que sale de Enacom recala en el jefe de Gabinete y, como paso previo, se discute con la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, otra de las escépticas sobre los beneficios del libre juego de la oferta y la demanda en la industria TIC.

Alberto Fernández heredó dos paradigmas antagónicos de sus predecesores. Una década atrás, su hoy vicepresidenta daba pelea en tribunas y pantallas contra los “generales multimediáticos”. Cristina logró sancionar una ley audiovisual de letra escandinava, pero la aplicó con criterio santacruceño; un texto con regulación antimonopólica y expansión de derechos, y una implementación que puso todos los cañones contra Clarín y fue indulgente -o incluso, promotora- de los incumplimientos de Telefónica e Indalo, por citar a dos privilegiados. Le siguió Macri y su fe en el laissez faire total en un área que, en los papeles, desbordaría cualquier límite por la propia fuerza de la tecnología. No está comprobado que el gobierno de Cambiemos hubiera sentado a los abogados corporativos a redactar las normas del sector, pero al cabo de cuatro años de Macri en la Presidencia, el nivel de concentración en la Argentina registra pocas comparaciones en el mundo.

Sin vocación por trascender en la materia, portador de un discurso poco elaborado que abreva en clichés a la hora de hablar del mercado de medios y el derecho a la información, Alberto Fernández tiene una oportunidad de avanzar con una legislación antimonopólica que verdaderamente fomente la competitividad y garantice la conectividad en barrios humildes y pueblos poco habitados. Nada está dicho, porque al margen de lo que se termine de definir en estos días, luego hay que tener pericia y margen político para llevarlo a cabo.

Hasta ahora, la principal ventaja del gobierno fue que logró centrar el debate público en el problema de las tarifas, mientras que las denuncias sobre el supuesto “avasallamiento de la prensa independiente” disparadas en algunas pantallas no tuvieron recorrido, más allá de los tres o cuatro comunicados de rigor de organizaciones cautivas. En otro plano, Macri le dejó a su sucesor un argumento a mano para refutar los previsibles reclamos de que este tipo de modificaciones legislativas se debe alcanzar por consenso y tras extensas negociaciones. Los cambios implementados por Cambiemos en el área de medios y telecomunicaciones desde la misma semana en que asumió el gobierno, en diciembre de 2015, se basaron en DNU, decretos simples y, sobre todo, resoluciones administrativas. En cuanto a la seguridad jurídica, será difícil empeorar. 

SL