El presidente Alberto Fernández tomó juramento hoy a Mercedes Marcó del Pont como secretaria de Asuntos Estratégicos, en reemplazo de Gustavo Beliz, en vísperas de la puesta en marcha de un nuevo organigrama ministerial que tendrá desde el miércoles a Sergio Massa como titular del Palacio de Hacienda, en lo que definió el inicio de “una etapa distinta” de Gobierno.

“Queremos dar un impulso fuerte a la gestión y a la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo” tras “superar tiempos de pandemia y de guerra”, señaló Fernández en el acto de jura.

“Podemos hacerlo en unidad, es un dato no menor”, reforzó el jefe de Estado, y señaló que “el Frente de Todos ha encontrado un camino de unidad que es muy valioso”.

Fernández manifestó su gratitud hacia Beliz por acompañarlo “hasta aquí” y resaltó su “enorme capacidad y moral intachable”.

Al darle la bienvenida a Marco del Pont al Gabinete nacional, el Presidente ponderó su gestión al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque “ha sido en este tiempo alguien particular por la forma que ejerció sus funciones en la Argentina” y repasó que “la recaudación creció un 87%” respecto a un año atrás.

“Llevamos 23 meses consecutivos de aumento de la recaudación, por arriba de la inflación”, indicó Fernández y, mirando a Del Pont aseguró que eso “habla de la recuperación del país y del trabajo que hiciste con (Carlos) Castagneto en la AFIP”.

El mandatario destacó la idea de “abrir las puertas de la AFIP para trabajar en conjunto con el Gobierno nacional” y sostuvo que la funcionaria “fue un personaje central, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa cero y el Ingreso Federal de Emergencia (IFE)”.

Marcó del Pont fue diputada nacional, ejerció la presidencia del Banco Nación desde 2008 a 2010 y luego la del Banco Central entre 2010 y 2013.

Además, refirió a “un más progresista sistema impositivo en la Argentina” y enumeró “los bienes personales, las ganancias sobre las empresas más grandes que a las pymes, el aporte solidario y el proyecto de ley de la renta inesperada por la guerra”, y señaló que “Con Castagneto se irá en la misma senda”. Castagneto asumirá en la AFIP, tras desempeñarse como director general de los Recursos de la Seguridad Social de ese mismo organismo.

DA

Una hora antes de la apertura de los mercados, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció esta mañana un paquete de medidas en el que aseguró que “se mantienen las metas acordadas con el FMI” en el marco del entendimiento para la refinanciación de la deuda por más de u$S 44.000 millones. Además descartó una devaluación del peso e insistió que los precios se forman a partir del dólar oficial.

Batakis aseguró que se van a controlar los gastos del Estado, a través de la modificación de la ley de Administración pública, el congelamiento del ingreso de personal al Estado y la instrucción para que cada dependencia ajuste sus presupuestos. “No se va a gastar más de lo que se recaude”, dijo al comienzo de su presentación.

También garantizó el suministro de energía y que se avanzará en el demorado proyecto de segmentación de tarifas a partir del próximo viernes 15 de julio.

Batakis se mostró en el microcine del Palacio de Haciendo rodeada de sus pares de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; Turismo, Matías Lammens, y Agricultura, Julián Domínguez. También la acompañaron la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Fue un intento de darle volumen político a su conferencia, luego de haberse reunido ayer con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos.

Batakis desglosó su presentación en diez medidas, que consideró necesarias para lograr “equilibrio fiscal, solvencia y prestigio del sector público”. “Garantizamos el equilibrio fiscal y creemos en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y la generación de trabajo”, justificó.

“Se mantienen las metas acordadas con el FMI. Es un acuerdo que firmamos como Estado y debemos cumplir”, apuntó la ministra entre sus primeras medidas para despejar dudas sobre lo firmado con el Fondo, luego de haber mantenido la semana pasada su primera conversación con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. Batakis evitó confrontar los dichos de la economista búlgara sobre la necesidad de que se implementen “acciones dolorosas” ante la situación del país.

Aunque afirmó que no se cambiarán las metas, reconoció que hay discusiones abiertas con el Fondo sobre las próximas revisiones periódicas, en un contexto de alta inflación. “Estamos analizando cuestiones metodológicas con el FMI”, reconoció.

Anunció que se creará un comité asesor de deuda para que “evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos”. Luego, ante una pregunta de la prensa, aseguró: “De ninguna manera esta en duda que no podamos cumplir nuestros compromisos en pesos”.

También dijo que está retomando las negociaciones con el Club de París, luego de que la salida repentina de Martín Guzmán obligara a suspender una ronda de conversaciones que estaban previstas para la semana pasada en la capital francesa.

Dólares y precios

Tras su primera semana al frente de Hacienda, en la que el dólar paralelo llegó a tocar los $ 300 y que el Banco Central perdiera US$ 738 millones, Batakis habló hoy de la brecha cambiaria y pidió dimensionar el mercado paralelo con respecto al oficial.

“El mercado paralelo son 3 millones de dólares por día, y el oficial son 1000 millones”, dijo la ministra para restarle importancia al blue. Y remarcó que la cadena de precios se construye con el dólar oficial.

“Nuestras importaciones de energía las hacemos a dólar oficial y es el componente mas importante de nuestra estructura de producción”, señaló. Y contestó los cuestionamientos sobre la pérdida de reservas: “Puede haber algún mes que haya menos acumulación que otros meses, pero es circunstancial”.

Evitó dar precisiones sobre la expectativa de inflación, que se espera para junio por encima del 5 por ciento, pero saltando a 7 en julio según economistas privados, más teniendo en cuenta las remarcaciones de precios que se conocieron en los últimos días en muchos comercios y locales ante la incertidumbre que ocasionó la renuncia de Guzmán. “No podemos permitir abusos de precios”, se quejó, antes de anunciar la conformación de una Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia.

Dijo estar “trabajando con los empresarios y los comerciantes” y buscó también vincular la inflación al contexto global: “Seria poco profesional de mi parte arriesgarme cual es la proyección, en una situación mundial inédita”.

Tarifas y energía

El suministro de energía y la tarifa fue otro de los puntos clave en la conferencia de Batakis. Garantizó la provisión para la industria y adelantó que a partir del 15 se avanzará en la segmentación de tarifas, cuyo cronograma fue clave en la discusión interna que Guzmán mantuvo con el secretario de Energía, Darío Martínez.

El funcionario camporista fue ratificado en el equipo de la nueva ministra, quien hoy celebró también la apertura de los pliegos para la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. “Que no podemos llevar a energía para que se libere la fuerza productiva es no poder proyectar futuro del país”, señaló. 

Sobre la segmentación, anunció que “el viernes va a estar listo la implementación de la segmentación de tarifas para los distintos tipos de población tal cual instruye el decreto”.

Y ante la suba generalizada de los combustibles, la ministra dijo que “la cosecha está permitiendo sostener el aumento de la energía a nivel mundial”. Ponderó así el poder productivo del agro, a dos días de que la Mesa de Enlace realice un cese de comercialización de granos y hacienda.

Los gastos del Estado

Según los cálculos oficiales, el control de los gastos del Estado permitirá ahorrarse 600 mil millones de pesos, a partir de la modificación de la ley de Administración Financiera. “Todos los organismos del sector publico tienen que estar contemplado en el manejo eficiente de todas las erogaciones. Vamos a hacer un sistema de cuentas únicas”, planteó.

Dijo que “se ampliará la congelación de los empleados a todos los segmentos del Estado”. Y también anunció que se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, aunque no dio más precisiones sobre dicho revalúo inmobiliario.

“El Estado no está para ahorrar, pero sí para ser solvente”, defendió al finalizar la conferencia, y concluyó: “El Estado es un sector económico importante dentro de la economía”.

MC

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a unos 1.500 personas cuyos nombres aparecen en las sociedades y fideicomisos offshore revelados por la investigación periodística Pandora Papers. Los contribuyentes no habían informado al organismo fiscal sobre sus bienes, cuentas bancarias o estructuras societarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación.  Además, el organismo inició alrededor de cien fiscalizaciones ante la sospecha de que ciertas offshores fueron utilizadas para evadir y ocultar el patrimonio, según informó la AFIP a elDiarioAR.

Pandora Papers es la última filtración global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En Argentina, el equipo está integrado por elDiarioAR junto a La Nación e Infobae. La investigación salió a la luz en octubre último e implicó el análisis de millones de documentos secretos de catorce estudios jurídicos y contables.

Ante la consulta de este medio, voceros del organismo que encabeza Mercedes Marcó Del Pont declinaron informar si los contribuyentes fiscalizados son personas con perfiles públicos, como empresarios, exfuncionarios y figuras del deporte y los medios de comunicación. Se trata de información con secreto fiscal. En esta filtración, Argentina es el tercer país con mayor cantidad de beneficiarios finales de estructuras offshore.

En noviembre, tras las primeras publicaciones, ICIJ comenzó a abrir la información obtenida de los documentos de Pandora Papers y los organizó en su base de datos abierta al público, el sitio Offshore Leaks. Esta apertura de datos permitió a la AFIP detectar a los 1.500 contribuyentes argentinos mencionados como titulares o directivos de sociedades o fideicomisos offshore que no habían informado al organismo su participación en estas entidades.

La AFIP reclamó a los contribuyentes información y activó unos cien procesos de fiscalización y control de los grandes patrimonios, que quedaron a cargo de las áreas especializadas en operaciones transnacionales y los equipos de fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), informó el organismo. Las fiscalizaciones buscan determinar si estos contribuyentes participaron de maniobras de evasión y ocultamiento patrimonial.

Este martes, la AFIP envió una carta notificando a los investigados en la que les informó: “Mediante el relevamiento de las bases de datos abiertos sobre beneficiarios finales, se detectó que usted figura en offshoreleaks.icij.org como titular de una sociedad identificada durante la investigación denominada ‘Pandora Papers’. No obstante, se verificó que no realizó ninguna presentación como beneficiario final de dicha entidad, para los períodos fiscales 2019 y 2020 ante este organismo, como establecen los regímenes de información vigentes”. 

Desde 2020, las personas jurídicas y fideicomisos están obligados a informar a la AFIP quiénes son sus beneficiarios finales -es decir, los dueños reales de los bienes-, así como los contribuyentes deben informar sus participaciones en sociedades offshore, fondos comunes de inversión y fideicomisos en el extranjero, además de asociaciones civiles y fundaciones. 

“El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones”, informó un vocero del organismo.

Antecedentes

Utilizar una sociedad offshore es legal, siempre y cuando sea utilizada con fines lícitos y el propietario la declare a las autoridades fiscales del país en el que reside. El reclamo internacional en torno a las offshore se debe a que estas estructuras garantizan el anonimato de los poderosos y la ausencia de registros de cuentas bancarias y propiedades, y ocultan la identidad de los beneficiarios reales de sociedades sin ninguna actividad real.

Durante la investigación de Pandora Papers, el equipo argentino de ICIJ* consultó a decenas de personas que aparecían en los documentos analizados. La mayoría afirmó que sus estructuras offshore estaban declaradas ante la AFIP o ante las autoridades de otros países -según el lugar de residencia-, pero muy pocos permitieron corroborar si así era. 

Otros admitieron que durante años, sus sociedades habían permanecido en secreto y no tributaron impuestos hasta que fueron regularizadas durante el blanqueo o sinceramiento fiscal de 2016. Un tercer grupo no quiso definir si había o no declarado su sociedad o fideicomiso offshore (trust) ante la consulta.

Sólo seis de los consultados habían accedido a mostrar extractos de sus declaraciones fiscales ante la AFIP para demostrar que de las palabras a los hechos hay documentos. En algunos de los casos, el acceso fue parcial, lo que no permitió corroborar la totalidad de la información. 

La investigación periodística Pandora Papers salió a la luz el 3 de octubre de 2021. Durante los siguientes cuatro meses, elDiarioAR publicó 48 casos investigados por los periodistas del equipo argentino*: exfuncionarios, empresarios, ejecutivos, familiares y asesores de políticos, personas bajo investigación judicial, deportistas y personalidades de los medios vinculados directamente con sociedades, fideicomisos y cuentas bancarias en paraísos fiscales y jurisdicciones de baja tributación, desde Islas Vírgenes Británicas hasta estados de los Estados Unidos, como Delaware, Dakota del Sur, Nevada o Wyoming; Nueva Zelanda, en Oceanía; y Luxemburgo y Suiza, en Europa.

La lista incluyó a miembros de las nueve familias y empresarios más ricos del país, a  dueños de medios de comunicación, futbolistas, polistas exportadores de caballos y exfuncionarios del kirchnerismo y el macrismo. Desde Elena Francisca Bonatti Rocca, una de las accionistas de Techint, fallecida; hasta miembros de la familia Werthein y Carlos Herminio y Santiago Blaquier, accionistas y directivos de Ledesma. El empresario José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y uno de los dueños de Edenor; los hermanos Garbarino y su exCEO, Carlos García; y el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once.

Qué es público y qué no

La base de datos abiertas de ICIJ incluye datos de los hallazgos periodísticos pero también incorporó la información de Pandora Papers sobre otros contribuyentes que figuran en los documentos de la filtración como accionistas y beneficiarios finales de las offshore y que fueron investigados por la AFIP. Se trata de ciudadanos que acudieron a los proveedores offshore de la investigación global: el estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con sede central en Panamá; Trident Trust; y Fidelity, entre otros. 

El organismo recaudador también avanza con los reclamos e investigaciones sobre las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones.

AFIP.

Los documentos confidenciales de Pandora Papers a los que tienen acceso los periodistas de ICIJ se encuentran en una plataforma encriptada, que incluye correos electrónicos, hojas de registros mercantiles, cuentas de empresas o pasaportes, entre otros. Estos documentos incluyen información de carácter personal de clientes que acudieron a los paraísos fiscales, pero también de sus familiares y empresas.

ICIJ no hace públicos los documentos que crearon los estudios y compañías, pero sí los datos que figuran en ellos: accionistas, intermediarios que ayudaron a crear las offshore y los beneficiarios finales detrás de cada una, siempre y cuando exista esta información. Por ejemplo, no se pueden visualizar los documentos que acreditan movimientos de dinero, los formularios bancarios ni otros datos personales como números de DNI, cuentas bancarias, direcciones y teléfonos.

Tampoco habrá resultados para la búsqueda de personas cuya información no estaba estructurada en la base de datos, pero sí aparecía en los documentos.

Los datos públicos de Pandora Papers se sumaron desde finales de noviembre último a las bases de otras grandes filtraciones que también pueden consultarse en el buscador y que ICIJ empezó a publicar en 2013, como Panamá Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks o Paradise Papers.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED/MG

En un día agitado, el presidente Alberto Fernández presentó este lunes, el nuevo diseño de billetes de curso legal que estará en circulación antes de fin de año y que marcan el regreso de las y los próceres al papel.

“Han vuelto los Padres de la Patria y las Madres de la Patria a los billetes argentinos. Estamos poniendo a nuestros mejores hombres y mejores mujeres que dieron todo para que este país sea lo que es”, dijo el Presidente durante la presentación.

El acto se llevó adelante en el Museo del Bicentenario, Fernández estuvo acompañado por Miguel Pesce, Presidente del Banco Central y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont.

Marcó del Pont fue la primera en tomar la palabra durante el acto y recordó que fue durante el gobierno de Mauricio Macri que los próceres fueron reemplazados por animales: “Cambiar próceres por animales se vinculaba con una concepción neoliberal, que es el verdadero obstáculo a la Nación desarrollada que queremos construir”, dijo.

Pesce explicó que la nueva familia de billetes con figuras patrias entrarán en circulación en aproximadamente “seis meses” y que fueron consultados diversos historiadores y referentes del feminismo para decidir a quien incorporar.

A su turno, el Presidente Alberto Fernández señaló que estos cambios van a “poner en valor la dimensión de la historia que algunos quieren borrar” y rescatar la figura de “hombres y mujeres inmensos y trascendentales que hicieron la Patria que hoy vivimos”.

Además, Fernández aseguró que “silenciar a quienes nos dieron una riqueza infinita que hicieron posible la patria por lo que olvidarle no le hace bien a nuestra sociedad como colectivo social”.

La nueva familia de billetes

 La nueva familia se compone de cuatro denominaciones que incluyen la representación de tres mujeres y tres varones que jugaron un papel decisivo en la construcción de nuestro país, figuras trascendentes que rompieron el molde de su época y lucharon por la independencia, el desarrollo, la inclusión y la ampliación de derechos.

 Como elemento singular y novedoso, dos de las denominaciones homenajean a dos personalidades en un mismo billete. La familia se compone por los siguientes billetes:

 $100: María Eva Duarte de Perón

 $200: Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy

 $500: María Remedios del Valle y Manuel Belgrano

 $1000: José de San Martín

 Junto con la recuperación de las personalidades históricas, otra de las novedades de esta familia es que los billetes vuelven a su lectura en formato horizontal de ambos lados.

 La nueva familia, que mantiene la paleta cromática para cada denominación y conserva el tamaño de los billetes vigentes, convivirá con los actuales circulantes.

 La creación de esta nueva familia resultó del trabajo conjunto de los equipos de diseño del Banco Central de la República Argentina y de la Casa de Moneda Argentina.

$100. María Eva Duarte de Perón, impulsora de la Ley 13.010 de sufragio femenino de 1947 —una norma de vanguardia para la época que estableció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres—, es una figura de enorme trascendencia en la lucha por la ampliación de derechos sociales y laborales en nuestro país y un referente a nivel internacional. Se casó con Juan Domingo Perón y participó activamente en la campaña electoral que lo llevó a la presidencia de la Nación en 1946. Eva no fue una primera dama clásica y ejerció una intensa actividad política y social. Fundó el Partido Peronista Femenino y tuvo un papel determinante en la relación con los sindicatos. A través de la Fundación Eva Perón canalizó una ingente acción de ayuda social hasta su fallecimiento de forma prematura en 1952. Dejó una huella indeleble como defensora de los derechos sociales y laborales, y como ferviente promotora de medidas a favor de la igualdad de la mujer y de una mayor inclusión en beneficio de los sectores más postergados.

$200. En este caso, un héroe y una heroína de la patria se reúnen en un mismo billete. Martín Miguel de Güemes intervino en la Reconquista y la Defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas al Virreinato del Río de la Plata y luego tuvo un papel decisivo en la Guerra de Independencia. Fue gobernador de Salta y el gran protagonista de la Guerra Gaucha, la feroz resistencia que salvaguardó los territorios del norte del país. Sus fuerzas, los infernales, conformadas por gauchos y paisanos a caballo, fueron capaces de detener numerosos avances realistas. Su exitosa labor defensiva permitió a San Martín la organización del ejército libertador de Los Andes. Juana Azurduy es una de las grandes heroínas de la Independencia. Su actuación en las guerras contra los realistas es reconocida con honores por Bolivia y Argentina. Tomó las armas en una sociedad que vedaba el acceso de las mujeres a la milicia, organizó y comandó batallones y logró movilizar a miles de indígenas y mestizos a favor de la causa de la independencia. Belgrano le obsequió su espada. Alcanzó el grado de teniente coronel e integró las tropas de Martín Miguel de Güemes. En 2009, el Gobierno argentino la ascendió post mortem con el grado de general.

$500. María Remedios del Valle es una heroína de la Guerra de Independencia. Como mujer y afrodescendiente, debió enfrentar todos los prejuicios y limitaciones de la época. Fue auxiliar en las Invasiones Inglesas y tras la Revolución de Mayo combatió en el Ejército del Norte. Por su valentía, Belgrano la designó con el grado de capitana. Fue herida de bala, capturada por los realistas y azotada públicamente. Después de años de olvido y miseria, su labor fue reconocida y alcanzó el grado de sargento mayor. En su honor, la Ley 26.852 establece el 8 de noviembre como el Día Nacional de las y los afroargentinos. Manuel Belgrano, el creador de la bandera argentina, uno de los patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo y uno de los máximos héroes de la Guerra de Independencia. Formado en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires y luego en Salamanca, Valladolid y Madrid, fue abogado, periodista, economista, político, diplomático y, cuando estalló la guerra, asumió labores militares. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas y, durante la Guerra de Independencia, lideró expediciones militares en Paraguay, en la Banda Oriental y comandó el Ejército del Norte. Tuvo un destacado papel en el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia. Fue un decidido defensor de la importancia del desarrollo educativo, cultural y económico del país.

 $1000. José de San Martín, padre de la Patria, el Libertador, lideró la lucha emancipadora de Argentina, Chile y Perú y es una de las figuras más emblemáticas y trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericanas. Después de formarse como militar en España, en 1812 retornó a Buenos Aires para ponerse al servicio de la independencia. Creó el Regimiento de Granaderos a Caballo, comandó el Ejército del Norte y fue gobernador de Cuyo. Ideó y ejecutó el plan continental con el objetivo de eliminar todos los núcleos realistas que mantenían el sistema colonial en América. Protagonizó la gesta de cruzar la cordillera de Los Andes con un ejército que fue determinante en la liberación de Chile y Perú.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó este martes como “una decisión unilateral e ilegítima” el dictamen emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre la valuación de bienes inmuebles en la ciudad de Buenos Aires, que impacta en el pago de impuestos a los Bienes Personales que deben abonar los contribuyentes del distrito.

Mediante una nota remitida a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, Rodríguez Larreta aseguró que el dictamen 1/22 del organismo recaudador nacional marca “una decisión unilateral e ilegítima” y afirma que “forma parte de una política sistemática del Gobierno nacional de atacar a la Ciudad de Buenos Aires”.

En la carta dada a conocer este martes, el titular del Ejecutivo porteño reclama la revisión del mencionado dictamen al explicar que “resulta ilegítimo, profundamente discriminatorio y atenta, además, contra la seguridad jurídica”, y cuestiona los argumentos que había expresado Marcó del Pont al responder una primera nota enviada por el jefe de Gobierno.

En ese sentido, explica que “a partir de 2012, debido a la inestabilidad de las variables macroeconómicas en el orden nacional y a su efecto sobre las valuaciones de los inmuebles, en la Ciudad comenzaron a aplicarse distintos topes de aumento al impuesto inmobiliario, todos ellos definidos por la Legislatura local”.

Al respecto concluye que “la determinación del Impuesto Inmobiliario/ABL en la Ciudad nunca ha estado vinculado directamente a la valuación asignada al inmueble”.

El alcalde porteño también apunta que “la ley nacional N° 27.480 logró establecer un punto de partida temporal -31 de diciembre de 2017- a partir del cual las valuaciones se actualizan de manera uniforme hasta que el OFEVI (Organismo Federal de Valuaciones Inmobiliarias) se pronuncie en lo que respecta a las valuaciones de todas las propiedades del país, algo que por el momento no ha ocurrido”.

Es por esto que advierte que “la nueva interpretación de la AFIP es contraria a la literalidad y al espíritu de esta ley, operando exclusivamente sobre los inmuebles de la Ciudad y rompiendo la igualdad que dicha ley estableció”.

“Como Jefe de Gobierno de esta ciudad, considero inaceptable que la AFIP discrimine a los contribuyentes porteños, modificando con un dictamen las valuaciones de los inmuebles de la Ciudad ya fijadas por ley”, concluyó Larreta.

A mediados de abril, al referirse a los cuestionamientos del Gobierno porteño sobre este tema, Marcó del Pont había señalado que el criterio de valuación de los inmuebles “toma en cuenta idéntica base imponible a la que utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para calcular el impuesto inmobiliario, circunstancia que torna cuanto menos contradictorio el cuestionamiento vertido en su nota”.

“Antes de los cambios instrumentados por la AFIP, el valor fiscal de los inmuebles porteños representaba 7% del valor de mercado en promedio; y, con la nueva metodología, al incrementar cuatro veces el valor fiscal, la relación ascendió a 28%”, remarcó en ese momento Marcó del Pont.

De acuerdo a la base de datos de la AFIP, la adopción del nuevo criterio implicará un incremento en la recaudación proveniente de los sectores de mayor capacidad contributiva.

Se trata de 7.000 propietarios porteños cuya vivienda tienen una valuación fiscal superior a US$ 270 mil (o $30 millones), con valores de mercado cercanos a un millón de dólares; y 226 mil contribuyentes que declaran más de dos propiedades en CABA.

La titular de la AFIP había advertido la existencia de un “doble estándar” por parte de Rodríguez Larreta y remarcó que se trata del mismo criterio de valuación ya utilizado por la AFIP entre 2013 y 2018, cuando fue dejado de lado durante la presidencia de Mauricio Macri.

Con información de agencias.

IG

Luego de enviar una nota formal con el reclamo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó este martes la presentación del Plan de Renovación del Casco Histórico de la Ciudad para volver a cuestionar una medida del gobierno nacional que considera “una barbaridad”. Es la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de restituir la metodología que la Ciudad utilizó hasta 2018 para valuar las propiedades, lo que redundará en una mayor recaudación del impuesto a los bienes personales. 

Rodríguez Larreta solicitó por escrito el jueves pasado que se revise el dictamen 1/22 de la AFIP, que revocó el criterio impuesto en la Ciudad en 2018 y que generará, en los hechos, un aumento del 505,6% en la valuación fiscal de los inmuebles porteños, según calculó el gobierno local. 

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont argumenta la decisión en la necesidad de acercar las valuaciones fiscales al valor real de las propiedades urbanas en todo el país, dado que hoy apenas representan entre el 5% y el 7%, lo que “erosiona la base imponible de uno de los tributos más progresivos que tiene la Argentina”. Con la modificación, ese porcentaje se elevará a 28%.

Para Rodríguez Larreta se trata de “una medida totalmente arbitraria y además discriminatoria, porque en el resto del país el aumento más o menos acompaña la inflación, el 50%, mientras que los que pagan bienes personales en la ciudad tienen que multiplicar por 4 el pago de su impuesto”. Aseguró que “miles” de personas que no estaban alcanzadas por ese tributo comenzarán a pagarlo al superar el mínimo no imponible. La mejora estimada en la recaudación por el cambio de criterio instrumentado por la AFIP asciende a unos $36.000 millones en 2022, que aportarán unos 233.000 contribuyentes.

Rodríguez Larreta resaltó que Bienes Personales es un impuesto coparticipable, por lo que lo recaudado no queda dentro de la Ciudad sino que se distribuye entre las distintas jurisdicciones. “Pretenden que los porteños paguen muchísimo más y, además, no nos dan nada a cambio”, se quejó. 

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, cuestionó el “doble estándar” de Horacio Rodríguez Larreta y el partido que encabeza el ex presidente Mauricio Macri. “Utilizan un criterio para el impuesto inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires que acerca la valuación de los inmuebles a su valor de mercado que, sin embargo, pretenden que no se aplique al pago del impuesto sobre los Bienes Personales, que es coparticipado a todas las provincias”, dijo. 

Así como el impuesto a las ganancias grava los ingresos regulares, el impuesto a los bienes personales se aplica sobre el patrimonio y alcanza a inmuebles, automóviles y embarcaciones personales, así como activos declarados en el exterior. Se excluyen algunos ítems puntuales, como la vivienda personal siempre que tenga un valor de hasta $30 millones. 

Luego de la última modificación de este tributo, que se dio en diciembre del año pasado, el mínimo no imponible es de $6 millones (US$51.300 al dólar oficial). De acuerdo a la cantidad de patrimonio que se tenga por encima de ese límite, los contribuyentes pagan una tasa de entre 0,5% y 1,75%, que en el caso de bienes extranjeros llega al 2,25%. 

Cada jurisdicción define su propia estrategia de valuación, por eso son tan heterogéneas en todo el país. De todos modos, en el Consenso Fiscal 2017 se acordó disponer un organismo federal que defina los procedimientos y metodologías para realizar las valuaciones en todas las jurisdicciones (el OFEVI: Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles), acercándolas a los estándares del mercado. 

Sin embargo, la AFIP pudo maniobrar directamente sobre la valuación porteña porque lo que hizo no fue crear una norma sino restituir una metodología que estaba vigente. “La AFIP la aplicó a partir de 2013 hasta que en 2018, durante la presidencia de Macri, se dio marcha atrás. Lo que hicimos nosotros es cumplir a rajatabla con lo que dice la ley y reparar el desvío”, argumentó Marcó del Pont tras el reclamo porteño. 

El aumento de la recaudación es uno de los pilares definidos por el Gobierno para alcanzar las metas de reducción del déficit definidas en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “sin ajuste” y también sin negociar en el Congreso con la oposición, que se opone a la creación de nuevos tributos. Es “camino virtuoso” que definió el ministro Martín Guzmán y que implica exprimir más las fuentes de ingreso que ya existen, haciendo foco en los sectores con mayor capacidad contributiva.

DTC/CC

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Mercedes Marcó del Pont, afirmó este martes que se buscará que las valuaciones fiscales de los inmuebles “se vayan acercando de manera progresiva al valor de mercado”, y señaló al respecto que en la actualidad “representan a nivel país el 5% del valor real”.

La funcionaria defendió de esa manera el proceso de revalúo que impulsa el Gobierno en todo el país, con el propósito de mejorar los ingresos tributarios con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva.

Al respecto, consideró que el impuesto sobre los Bienes Personales es uno de los “más progresivos”, y criticó al gobierno del expresidente Mauricio Macri por haber “intentado hacerlo desaparecer”.

En declaraciones a Futurock, Marcó del Pont indicó que para el revalúo fiscal que se procura aprobar se utilizará “la misma valuación que hoy usa la Ciudad de Buenos Aires para determinar el impuesto inmobiliario porteño”.

La necesidad de actualizar los valores obedece a la necesidad de corregir la distorsión que representan base de imposición mucho más baja que los valores de mercado.

En ese sentido, aseguró que “las valuaciones fiscales de los inmuebles urbanos representan a nivel país el 5 por ciento del valor real”, y destacó que en el Gobierno “vamos a trabajar para que se vayan acercando de manera progresiva al valor de mercado”.

Marcó del Pont recordó que “en 2012, la Ciudad de Buenos Aires cambió el índice y creó uno específico que se basó en la valuación fiscal multiplicada por cuatro”.

“La AFIP adoptó esa referencia un año después y la aplicó en la valuación para Bienes Personales hasta que en 2018 dio marcha atrás”, añadió.

Asimismo, precisó que se va a utilizar el mismo criterio “que hoy usa el gobierno porteño, siempre teniendo en cuenta que hasta los $30 millones la casa habitación está excluida del impuesto a los Bienes Personales”.

Con información de agencias.

IG

A partir de la extensión de su uso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sumó a las billeteras virtuales a la lista de activos sobre los que puede trabar embargo para cobrar deudas acumuladas. El organismo recaudador ya detectó un universo de 9.800 contribuyentes morosos a los que procederá a cobrarles por esta vía y, en una primera instancia, apunta recaudar $24.000 millones en impuestos no pagos. 

“La decisión amplía la capacidad del organismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias”, informaron en el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, que ya definió el procedimiento que deberán seguir sus funcionarios al momento de solicitar a la Justicia un embargo sobre ese tipo de activos. 

Hasta ahora los embargos sobre contribuyentes morosos que la AFIP requiere a la Justicia se concretaban sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros. De acuerdo con la comunicación oficial, el desarrollo de los medios electrónicos de pago y su extendido uso explica la decisión del organismo de incluir cuentas digitales -Mercado Pago, Ualá, Modo, entre otras- en el listado de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas. 

Para determinar sobre qué cuentas solicitar la traba de embargos la AFIP se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

La normativa de la AFIP no establece un orden de prelación sobre qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. Cuando el saldo disponible es insuficiente o los contribuyentes no poseen ese tipo de colocaciones se procede a solicitar embargos sobre otros activos. 

Con esa lógica, la AFIP ya identificó un universo de 9.800 contribuyentes morosos para los que solicitará a la justicia que trabe embargos sobre sus billeteras virtuales. El organismo pretende asegurar así el cobro de unos $24.000 millones en impuestos adeudados por estos contribuyentes. 

Las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19. A lo largo de ese período, el organismo puso a disposición de los contribuyentes distintas herramientas que permitieron avanzar en la regularización de pasivos acumulados.

Ya en una fase de recuperación económica, y con el objetivo de fortalecer la recaudación, la AFIP retomó en febrero las ejecuciones fiscales de contribuyentes morosos, que se iniciaron con los contribuyentes más riesgosos y con mayores montos de deuda. 

Las herramientas de las que disponen los contribuyentes morosos para regularizar su situación son, por un lado, la moratoria para las obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021, así como las infracciones relacionadas a dichas deudas. La moratoria ofrece la posibilidad de cancelar las deudas en hasta 120 cuotas y la adhesión está habilitada hasta el 15 de marzo de 2022.

Por otro lado, el Plan de Facilidades de Pago Permanente, que permite regularizar las obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas con posterioridad al 31 de agosto de 2021. El plan contempla un máximo de 8 cuotas y la posibilidad de que cada contribuyente elabore 6 planes.

DT

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este lunes que las áreas de fiscalización del organismo analizarán la información sobre los entramados societarios que tendrían como beneficiarios finales a residentes argentinos y que están siendo reportados por el equipo argentino de Pandora Papers, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

La AFIP informó a este medio que el objetivo es evaluar si dichas estructuras fueron utilizadas como vehículos para eludir regulaciones, ocultar información o evadir el pago de impuestos.

La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, advirtió que “la evasión y la elusión fiscal constituyen un problema sistémico que afecta con severidad a los países en desarrollo como Argentina”. La funcionaria enfatizó que “los flujos financieros ilícitos limitan los márgenes de maniobra de nuestros países y, por eso, desde que asumimos la gestión implementamos instrumentos y regulaciones que permiten abordar esta problemática tan compleja”.

La funcionaria resaltó que la AFIP estableció un registro de beneficiarios finales para sociedades y fideicomisos en 2020. Los beneficiarios finales son una figura clave en el sistema offshore. Se trata de los verdaderos dueños o receptores de los bienes, cuentas bancarias y fondos que se inscriben a nombre de estas sociedades y fideicomisos en paraísos fiscales.

Marcó Del Pont dijo que la AFIP también creó un régimen de información sobre planificaciones fiscales, estableció pautas para explotar los datos provenientes del exterior y amplió la red de convenios de intercambio de información. “Los datos generados a través del intercambio de información financiera y fiscal son una de las herramientas que tenemos los países en desarrollo para combatir mecanismos agresivos de planificación fiscal y los flujos financieros ilícitos que erosionan nuestra capacidad de recaudación”, expresó Marcó del Pont.

Desde el organismo recordaron que ciertos contribuyentes a quienes se les detectaron inmuebles y activos no declarados en el exterior perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

ED

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó este jueves que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se condene” ante la “certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados”, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía “tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio”

El fiscal aludió a la “actividad probatoria” incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

“Existe prueba de cargo”, sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

AFIP desistió de la acusación penal

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la “regularización total de las obligaciones tributarias objeto” del juicio oral.

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, el organismo le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le da la posibilidad a López regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

Con información de agencias.

IG

Desde principios de 2020 y hasta el primer semestre de este año, período que coincide con el inicio de la gestión de Alberto Fernández, 1.845 personas solicitaron la baja de impuestos por cambio de residencia fiscal, según los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  En el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont admitieron que el año pasado se observó “un incremento” de estas gestiones, aunque no se trató de una “conducta generalizada”. “No fue un éxodo”, insistieron. 

En 2020 fueron 1.500 personas las personas que concretaron el trámite y en los primeros seis de 2021 se sumaron otras 345. Esto muestra que en el primer año de ejercicio del gobierno del Frente de Todos, en el que también se desató la pandemia de coronavirus y se impulsaron fuertes restricciones a la circulación para intentar contenerla, hubo un flujo más amplio de contribuyentes que decidieron cambiar su residencia en comparación con la primera mitad de 2021.  

Según datos de la AFIP, de todas las bajas fiscales por cambio de residencia hechas en 2021 el 33% (115 casos) fueron por mudanzas a Uruguay, un país que ofrece la posibilidad de mantenerse cerca de la Argentina en términos geográficos y culturales, además de  estímulos para los nuevos residentes. En septiembre de 2020, el congreso uruguayo aprobó un proyecto presentado por el presidente Luis Lacalle Pou para beneficiar con 10 años de “vacaciones fiscales”, sin tributar, a los nuevos residentes.

En muchos casos se trata de personas que entraron al blanqueo que impulsó Mauricio Macri en 2016, lo que significó una multiplicación de los bienes bajo el radar de la AFIP. Cuando cambió de mando el gobierno y se diluyó la promesa de Cambiemos de avanzar hacia un futuro con menos impuestos, decidieron emigrar.

Durante la gestión de Alberto Fernández se concretó un alza en las alícuotas de Bienes Personales y se impulsó la recaudación un “aporte solidario y extraordinario” para aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a $200 millones, que fue avalado por el Congreso y recaudó más de $223.000 millones. La mayoría de estas “expatriaciones” se concretaron antes de que sea aprobado ese tributo, que se discutió varios meses antes de ser sancionado. 

Pese a ser presentado como una medida “por única vez” como herramienta para atender la crisis pandémica, contribuyentes y tributaristas nunca descontaron la posibilidad de que busque ser reeditado, como solicitaron algunas voces internas al Frente de Todos. Además, decenas de contribuyentes alcanzados iniciaron acciones legales para no pagarlo, bajo el argumento de la “confiscatoriedad” como principal misil legal. 

Si bien quienes emigraron al exterior y solicitaron su baja fiscal en la Argentina es un número acotado, se trata de contribuyentes de gran patrimonio y, en consecuencia, de peso en términos de recaudación. Tal como reveló una investigación de elDiarioAR, de las 40 familias más ricas de la Argentina que figuran en la lista elaborada por la revista Forbes, 18 tienen algún miembro con residencia fiscal en otro país. 

De acuerdo con esta investigación hecha por Alejandro Rebossio, entre quienes migraron a partir de 2020 aparecen Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Alejandro Roemmers, hijo del dueño de Laboratorios Roemmers; tres de los cuatro fundadores de Globant, Martín Migoya, Martín Umaran y Guibert Englebienne; el empresario sojero Gustavo Grobocopatel; la presentadora de televisión Susana Giménez y dos nietas de quien fue la dueña de la cementera Loma Negra, Amalia Lacroze de Fortabat: Bárbara Bengolea y Amalia Amoedo.

La ley de Impuesto a las Ganancias prevé que las personas humanas pierden la condición de residentes en Argentina cuando adquieren la condición de residentes permanentes en otro país. Para eso, los contribuyentes deben realizar una mudanza internacional (familia incluida) sin intenciones de regresar al país. Aún así, continúan tributando en Argentina por las ganancias y bienes que poseen en el país. “A través de distintas herramientas de fiscalización el organismo evalúa que quienes tramitaron el cambio de residencia cumplan con la normativa vigente”, expresaron en el entorno de Marcó del Pont.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió este miércoles de la querella contra el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al extitular del organismo Ricardo Echegaray en el juicio oral y público por el caso Oil Combustibles, según confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. 

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, la AFIP le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le permite a López regularizar parte de su situación fiscal, según el organismo.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como  informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

El escrito de este miércoles también fue presentado ante el juzgado de Julián Ercolini, donde aún tramita un segundo capítulo del caso, enfocado en la responsabilidad de los funcionarios de carrera. En junio último, Marcó del Pont también notificó a la Justicia que desistía de querellar a dichos funcionarios que tenían a su cargo controlar a la petrolera, pero informó que mantenía la acusación contra los accionistas y Echegaray, según publicó entonces La Nación.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

ED

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, afirmó hoy que las políticas de protección de la producción y el empleo permitieron que la economía atraviese “una etapa de recuperación de bases más sólidas, que vino para quedarse”.

La titular de la AFIP se reunió con los socios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y abordaron los posibles espacios de cooperación para potenciar el desarrollo de la Argentina haciendo especial foco en el sistema tributario, laboral, aduanero y en el desarrollo económico en general.

Durante la presentación, la titular de la AFIP remarcó que “la coordinación al interior del gabinete permitió diseñar e implementar las políticas públicas que amortiguaron el impacto económico de la pandemia. Logramos tener la capacidad de respuesta y adaptación para proteger a las empresas y garantizar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras”.

En ese sentido, Marcó del Pont sostuvo que el Gobierno acompañó “a todas las empresas y sus trabajadores durante esta crisis sin precedentes”.

“No solo las asistimos en el pago de los salarios sino también en términos financieros con la vuelta del crédito productivo. También implementamos medidas como la moratoria que implicó una reducción muy relevante de la carga fiscal”.

Durante su intervención Marcó del Pont destacó que “nos encontramos en un sendero de desinflación que si bien es más lento que el esperado, es un camino que está acompañado por la recuperación del mercado interno”. Asimismo, la titular de la AFIP sostuvo que “estamos frente a un escenario cambiario sostenible. No hay riesgo de devaluación ni antes ni después de las elecciones”. 

Además, la funcionaria afirmó que “se tomaron muchas medidas para preservar el trabajo y salvar capacidades productivas, la reactivación económica va a ser impulsada por el mercado interno.“

“Ya empezamos una etapa de recuperación que tiene bases más sólidas, que vino para quedarse, que es sostenible en el tiempo, pero que además es posible gracias a todas las políticas de protección de las capacidades productivas y del empleo”, enfatizó Marco del Pont.

“Miramos el futuro con optimismo, pero no un optimismo voluntarista sino a partir de los datos y las evidencias del diálogo que estamos teniendo con todos los sectores”, finalizó.

AmCham Argentina -la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina- es una organización no gubernamental, que nuclea a más 600 empresas que emplean unas 400.000 personas en sus más de 200 plantas industriales distribuidas en todo el país.

DA

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes al entonces comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como el encargado de coordinar con la policía boliviana el envío de elementos bélicos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo al comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9 publicado en Fiscales.gob.ar, Navas Rial, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, informó este lunes que los nuevos elementos presentados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, en su ampliación de denuncia del 23 de julio pasado, “permiten robustecer la hipótesis del caso originalmente trazada” al impulsar la acción penal por el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

En su nueva presentación, los funcionarios nacionales dieron cuenta sobre el hallazgo en depósitos de la Policía de la República Plurinacional de Bolivia de armamentos y municiones que se corresponderían, en parte, con los pertrechos cuyo contrabando investigan el fiscal Navas Rial y el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, Javier López Biscayart, al tiempo que aportaron documentación oficial interna que reforzaría dicha hipótesis. Asimismo, sostuvieron que existió un desvío de armamento en favor de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, y que para ello, se falsearon permisos y declaraciones juradas aduaneras y administrativas con el argumento de que el fin del armamento era “la seguridad y protección del Señor embajador argentino, su residencia, las instalaciones Diplomáticas, como así también el personal que se encuentre dentro de la misma”, y que para justificar el desvío del material, la Gendarmería Nacional Argentina informó que las municiones fueron consumidas en ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro“.

El pasado 16 de julio, el representante del Ministerio Público Fiscal imputó al entonces presidente de la Nación Mauricio Macri; a sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

Ahora, al intervenir en la ampliación de denuncia, el fiscal Navas Rial reseñó las nuevas pruebas remitidas por los denunciantes, extendió la imputación oportunamente formulada al entonces Comandante de la Gendarmería Nacional Argentina, Adolfo Héctor Caliba, “en razón del rol que este habría desplegado en el aeropuerto del Alto, La Paz, en las tareas de recepción del personal de Gendarmería y de los armamentos y municiones aparentemente enviado” y señaló “que la acción penal que emerge de los hechos descriptos en mi anterior dictamen abarca a los sucesos que ahora se revelarían con más detalle (y con apoyo en nuevos elementos)” por lo que consideró “que la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente”. También, consideró que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la Fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar.

IG

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, anunció que esta mañana firmó la resolución que reglamenta los cambios al Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia. De esa manera, la exención del impuesto comenzará a regir para los salarios de junio, que se pagan el mes próximo, y para el medio aguinaldo.

“Estamos firmando esta mañana después de estar trabajando todo el fin de semana para llegar a una reglamentación de la modificación del Impuesto a las Ganancias para las personas en relación de dependencia, para cuarta categoría, que se votó hace un par de meses y la reglamentación llegó hace no tanto, pero apurados porque la idea del Gobierno es que esta medida ya traiga alivio a fin de mes cuando se paguen los salarios de junio y el medio aguinaldo”, dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Según estima el Gobierno, la ley que se aprobó en abril pasado y que termina así de ser reglamentada hoy, beneficiará a 1.200.000 trabajadores.

“El sentido de este proyecto de Ley es el de sacar del impuesto a las Ganancias a una cantidad de trabajadores y trabajadores que habían sido incluidos en los últimos años. Volvemos a una relación histórica que solamente uno de cada 10 trabajadores y trabajadoras van a pagar el impuesto a los altos salarios”, agregó Marcó del Pont.

“Esto significa un alivio enorme porque el ingreso disponible para el consumo, sobre todo para un sector de la clase media importante, va a aumentar en cerca de $50.000 millones. Esta es la transferencia que se generaría”, comentó.

La funcionaria también se refirió a la devolución de las retenciones de Ganancias que se hicieron en lo que va del año, correspondientes a los salarios de los primeros cinco meses del año. Como Ganancias es un impuesto anual, la aplicación es retroactiva y los montos ya retenidos se van a devolver en cinco cuotas mensuales. “Ha habido en los últimos meses una retención que es retroactiva, entonces el alivio es retroactivo. Esto se va a devolver en cinco cuotas empezando el mes que viene. En el recibo de sueldo se va a advertir que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan hasta $150.000 no van a tener retención al impuesto a las Ganancias y a aquellos a los que se les haya retenido, van a tener la devolución”, dijo.

“Después hay otro tramo, que son los que están entre 150.000 y 173.000, que esos van a tener una reducción, en algunos casos sensible, de lo que se le va a retener por Ganancias”, agregó.

Punto por punto: Salarios de hasta $150.000 dejan de pagar el impuesto a las Ganancias

Monotributo

Marcó del Pont se refirió también al proyecto de Ley que ingresó a Diputados la semana pasada que da marcha atrás con el último ajuste al Monotributo, que generó deudas retroactivas para millones de contribuyentes. “Esto se inscribe junto a un conjunto de decisiones, como el volver atrás con la implementación de la ley de Monotributo, se va a generar un alivio importante para un sector de la clase media. Son cerca de 22.000 millones de pesos que se van a liberar para el universo de monotributistas. Además de que el espacio para facturar aumenta”, comentó.

NB

Entre los más de 4 millones de monotributistas cunden las quejas porque a parte de ellos les ha surgido deudas porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aplicó este junio un aumento retroactivo a enero. Aquellos contribuyentes que se hayan mantenido en su categoría de monotributo pasarán a deber entre $ 3.452 y 25.981 por la diferencia entre la cuota que pagaron entre enero y mayo y la que ahora se impuso con un alza retroactiva del 35%.

Los de la categoría A pasaron a deber $ 3.452. Los de la B, 3.860. A partir de la C se distingue el monto según sean locadores de servicios o vendedores de bienes. Los primeros adeudan 4.413 si son de la C, 5.204 sin son de la D, 6.836 si son de la E, 8.182 si son de la F, 9.544 si son de la G y 16.687 si son de la H. En los casos de los vendedores de bienes, los pasivos llegan a 4.338 los de la C, 5.081 los de la D, 6.147 los de la E, 7.068 los de la F, 8.048 los de la G, 13.923 los de la H, 20.014 los de la I, 22.986 los de la J y 25.981 los de la K.

Aquellos que subieron de categoría pueden presentar deudas mayores. Los que bajaron de nivel por caída de facturación, algo muy posible en tiempos de pandemia, pueden llegar a tener saldo a favor, que se puede computar en pagos venideros.

Pero también existe un universo de monotributistas que sólo pagan el componente impositivo del monotributo (ni la obra social ni el aporte jubilatorio) por encontrarse registrados como trabajadores en relación de dependencia o jubilados, y cuyas deudas resultan, por tanto, bastante menores. En el caso de estos contribuyentes en las categorías más pobladas (A, B y C) y en el supuesto de que se mantuvieron en la misma escala, la diferencia acumulada durante cinco meses oscila entre $298 y $982. En el caso de los A, alrededor de 500.000 sólo abonan el componente impositivo, lo que supone el 40% del total de las personas registradas en esa escala, y acumularon un pasivo mensual de $60, que en cinco meses asciende a $300. Los de la B que tributan sólo el componente impositivo son alrededor de 170.000, cerca del 40% de los de esa escala, y acumularon una deuda mensual de $115 o un total de $575. Los de la C que no aportan a la obra social ni a la jubilación son 170.000, el 36% de esa categoría, y adeudan $982, o a razón de $196 por mes.

Para aquellos que ahora figuran como deudores, la AFIP les ofrece la posibilidad de saldarlas al contado o en hasta 20 cuotas, pero con un interés de entre el 2,9% y el 3% mensual. Los monotributistas tienen tiempo hasta el 20 de julio para optar por el modo de pago. Las cuotas no podrán ser menores a $ 500 por mes.

Todos los eneros aumenta la contribución del monotributo, pero este año se retrasó por diversos cambios legales que impulsó el Gobierno. Por eso, el alza sólo se instrumentó en junio, pero retroactivo al primer mes de 2021, con lo que se generaron deudas de diversos contribuyentes que ahora protestan porque se les acumularon pasivos que si quieren financiar, deberán abonar con interés.

AR

La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, confirmó hoy que se recaudaron $223.000 millones por el aporte solidario y extraordinario que se aplicó a las personas con patrimonios superiores a los $200 millones. Sin embargo, la funcionaria señaló en declaraciones radiales que “existe un grupo de contribuyentes que no cumplió con sus obligaciones o inició acciones legales para no pagar” y anticipó que utilizarán “todas las herramientas” a disposición para defender la posición oficial en la Justicia. Además, dijo que ya se iniciaron fiscalizaciones a los contribuyentes que evadieron el pago. 

Tal como informó elDiarioAR, horas antes de que venciera el plazo para pagar el aporte decenas de contribuyentes se presentaron a la Justicia para solicitar una cautelar que anule el cobro, con el argumento de que se trata de un tributo confiscatorio. Dado que ese argumento debe defenderse caso por caso y no hay posibilidad de iniciar acciones colectivas, algunas cautelares fueron otorgadas y otras rechazadas. Entre los demandantes se contaron importantes empresarios de medios, empresarios y deportistas. 

“Nuestra obligación es lograr que todos los contribuyentes alcanzados cumplan con sus obligaciones. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para defender la posición del Estado en las demandas iniciadas y, asimismo, decidimos iniciar fiscalizaciones integrales a contribuyentes que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes”, especificó Marcó del Pont. 

La titular de la AFIP precisó que ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a alrededor de 900 contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el aporte. Los procedimientos canalizados a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes incumplieron durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada.

De todos modos, Marcó del Pont destacó que “la mayoría de los contribuyentes alcanzados por el aporte solidario y extraordinario asumió su compromiso y cumplió”. Los datos preliminares muestran que 10.000 individuos con patrimonios superiores a los $200 millones ya pagaron. “Es una muy buena noticia, son fondos con destino específico que asistirán en la pandemia”, dijo. 

El aporte solidario y extraordinario alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y a las personas humanas y sucesiones indivisas no residentes, por la totalidad de sus bienes en el país, siempre que los mismos superen la suma de $200 millones. La fecha para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la ley, es decir el 18 de diciembre de 2020.

La ley estableció que los recursos extraordinarios generado por el Aporte solidario serán  destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).

El aporte solidario y extraordinario a personas con patrimonios superiores a 200 millones, conocido como aporte de las grandes fortunas, generó hasta el momento ingresos fiscales por más de 223.000 millones de pesos, luego de que alrededor de 10.000 contribuyentes encuadrados en esa categoría efectivizaran el pago del tributo, informó este domingo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en base a datos preliminares.

“La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte solidario y extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en un informe elaborado por la dependencia oficial.

Los contribuyentes que presentaron su declaración jurada y pagaron el aporte representan el 80% del universo potencial estimado por la administración tributaria durante el debate parlamentario.

Para asegurar que los contribuyentes alcanzados por la ley cumplan con su obligación, la AFIP inició una serie de fiscalizaciones integrales a contribuyentes millonarios que omitieron completar las declaraciones juradas e ingresar los pagos correspondientes.

“Los procedimientos abiertos a través de la DGI permiten analizar el patrimonio de quienes no cumplieron con sus obligaciones durante un plazo aproximado de 150 días donde el organismo está habilitado a solicitar información detallada”, señalaron desde la AFIP.

Desde la dependencia oficial dijeron que las estimaciones sobre los fondos son preliminares y que continuarán con los procesos de fiscalización iniciados sobre quienes no presentaron sus declaraciones juradas, mientras se espera a que avancen en los juzgados las causas iniciadas por distintos contribuyentes millonarios para no pagar el aporte.

En base a la información disponible en el sistema web del Poder Judicial de la Nación bajo juridisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, alrededor de 200 contribuyentes interpusieron recursos de amparo para evitar el pago de ese tributo.

En cuanto al destino de los fondos, la ley 27.605 aprobada en diciembre del año pasado estableció que los recursos generados se usarán para financiar distintos proyectos definidos en la normativa.

Cerca de 55.000 millones (25%) financiarán programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad declarada de interés público nacional.

Alrededor de 45.000 millones (20% del total recaudado) será destinado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria.

Una suma similar (20%) irán a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores.

Mismo porcentaje corresponderá a financiar las becas Progresar, de modo que los fondos refuercen el programa que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa.

A su vez, más de 33.000 millones (15%) se destinará a la mejora de la salud y de las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

Con información de la agencia Télam

CRM

“Hay cierta mistificación de que nosotros vamos a contrapelo del mundo, que el mundo está bajando impuestos, pero no es así”, dijo este lunes la titular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, al defender el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias para empresas en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. “En el debate internacional hay una visión muy crítica de cuál ha sido el resultado de bajar impuestos, de la desregulación del mercado, de las aperturas indiscriminadas, de flexibilidades laborales siempre con el argumento de que eso iba a derramar en mejor de las capacidades productivas”, añadió. 

Marcó Del Pont aseguró que la evidencia internacional muestra que esta política de liberalización no ha dado los resultados buscados y que, al contrario, generó una “mayor concentración de riqueza y una mayor orientación de ese excedente a la valoración financiera y no productiva”. “Estas políticas han fracasado”, insistió. 

La iniciativa oficial, que revierte la modificación hecha en 2017 por el gobierno de Mauricio Macri y altera también el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo en marzo, propone una estructura de alícuotas escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada empresa. Un primer escalón de 25% para ganancias de hasta $5 millones; un segundo escalón de 30% para ganancias de más de $5 millones y hasta $20 millones y un último segmento de 35% para ganancias superiores a $20 millones. Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.

Según dijo Marcó del Pont, en el proyecto original quedaban dentro del escalón más bajo 7 de cada 10 empresas, pero tras la modificación que surgió del debate con legisladores y legisladoras la alícuota más baja ahora alcanza a 9 de cada 10 firmas. “Son 2.000 empresas que plenamente llegan a pagar el 35%”, redondeó.  

La funcionaria señaló que por la pandemia todos los estados nacionales se han visto obligados a ampliar la ayuda estatal y que la Argentina lo ha hecho fundamentalmente a través de la emisión monetaria. “No podemos olvidar que la forma más permanente, más virtuosa, más genuina de financiar políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos”, dijo Marcó del Pont, y agregó que el de Ganancias para las sociedades es “uno de los más progresivos de todo el esquema impositivo”.  

Tanto la funcionaria como Roberto Arias, secretario de Política Tributaria, destacaron que se trata de una iniciativa que grava las ganancias y no el tamaño de empresa, facturación o masa salarial, lo que lo vuelve “más equitativo” en comparación con la tarifa plana que rigió desde 1998. Más considerando el contexto de pandemia en que, por el impacto diferencial en los sectores, se pudo dar el caso de que algunas grandes empresas tuvieran pérdidas y otras pequeñas, ingresos extraordinarios. 

No podemos olvidar que la forma más permanente, más virtuosa, más genuina de financiar políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos

“Esta modificación hay que pensarla en términos de lo que va a significar en la recaudación, que para las provincias es $79.000 millones adicionales en términos de recursos tributarios vía coparticipación”, sostuvo la titular del organismo recaudatorio. 

De acuerdo con datos de AFIP, por la reforma de 2017 en los años 2018 y 2019 se dejó de recaudar $261.000 millones y, por su participación de alrededor del 60% vía coparticipación, las provincias tuvieron una merma a valores constantes en su recaudación de casi $156.000 millones.

Por otro lado, Arias aseguró que la modificación de este impuesto “tiene un impacto nulo o muy marginal” en las decisiones de inversión de las empresas. “Los factores que influyen en la tasa de inversión de un país como la Argentina, de crisis macroeconómicas recurrentes, están mucho más vinculados a la macro”, sostuvo el funcionario. En el mismo sentido, y a partir de un intercambio con la oposición, Marcó del Pont dijo que la inversión cayó de forma acumulada más del 23% en 2018 y 2019. 

En el Pacto Fiscal firmado en 2017 por la gestión de Caminemos se establecía que desde 2020 las empresas pagarían 25% por Ganancias. Sin embargo, en el contexto de emergencia económica se dispuso congelar la medida y la alícuota quedó fija en 30%. Partiendo de este escenario, con la nueva propuesta la mayoría de las empresas pasaría a tributar menos (25%), mientras que sólo el 10% pasaría a pagar más (35%).

DT

Cuando faltan apenas tres días para el vencimiento del pago del aporte extraordinario a las grandes fortunas, en el Gobierno se entusiasman con la posibilidad de lograr un cumplimiento alto. Según el último recuento, correspondiente a la semana pasada, el 10% de los contribuyentes alcanzados ya habían completado el trámite en la web previo a saldar el tributo, lo que fue considerado una “muy buena señal”, dado que no es usual que se anticipen a la fecha límite. 

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 10% del universo total alcanzado —constituido por alrededor de 13.000 personas con patrimonios de más de $200 millones— ya había completado los trámites en la web en los que se calcula el monto a pagar, lo que en términos de recaudación representa alrededor de $30.000 millones. Pagados efectivamente, se registraban casi $8.000 millones, de los más $300.000 que se aspira a sumar. 

“Es una excelente noticia, nadie paga un impuesto antes del vencimiento”, explicaron fuentes del Gobierno. “El balance que estamos haciendo es que va a haber judicialización, ya la hay, pero que no tendrá una dimensión tan relevante y que el cumplimiento será importante”, añadieron. 

Si bien la fecha original del vencimiento de las obligaciones de presentación de la declaración jurada y pago del aporte era el 30 de marzo, la AFIP decidió retrasar la fecha dos semanas más con el objetivo de promover el cumplimiento y finalmente vencerá el próximo viernes 16 de abril. El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont ya advirtió que los contribuyentes que no acaten su obligación serán denunciados penalmente por evasión agravada.

Por otro lado, estableció un plan de pago al que los contribuyentes pueden acogerse entre el 23 de marzo y el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en cinco cuotas mensuales y consecutivas. Sin embargo, hasta la semana pasada el acogimiento al plan de financiamiento no había sido significativo. Según pudo saber este medio, apenas el 10% de quienes habían completado ya su trámite habían optado por esta alternativa. 

“Las cuotas tienen el mismo interés resarcitorio que si no pagás, de 3,35% mensual, así que no es mucho incentivo. Solamente comprás tiempo para que no te vengan a hacer una inspección”, dijo Matías Olivero Vila, que lidera el departamento de Impuestos del estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, como una posible explicación.

Por otro lado, la AFIP publicó hoy una resolución en el Boletín Oficial en la que establece que las entidades financieras deberán informar al organismo las cuentas utilizadas para la repatriación de fondos vinculados al aporte extraordinario, así como los movimientos que se registren. 

Cabe recordar que quienes repatrien al menos el 30% del valor total de sus activos financieros en el exterior no serán gravados con las alícuotas más altas, sino con las mismas que aplican a los bienes situados en la Argentina. Ese beneficio se mantiene en la medida en que los fondos permanezcan hasta el 31 de diciembre de 2021 depositados en una cuenta abierta a nombre de su titular en entidades financieras.

De acuerdo con la resolución general 4960/2021, los datos que las entidades financieras tendrán que detallar sobre las cuentas son, entre otras cosas, el monto en moneda original y en moneda nacional de cada uno de los créditos y débitos efectuados en estas cuentas; el origen y destino de afectación de los fondos acreditados y debitados y los datos identificatorios de las cuentas de origen o destino de los fondos.