Mientras el presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, encabezaba la semana pasada su gira europea y era condecorado por Isabel Díaz Ayuso con la medalla de la Comunidad de Madrid, en Chile su Gobierno afrontaba la crisis más profunda de sus ocho meses de mandato. El motivo: la rebaja de condenas a 56 agresores sexuales de menores firmada por su ministro de Justicia, Fernando Rabat, entre marzo y septiembre.

La controvertida decisión, que trascendió hace dos semanas y levantó críticas dentro de su propio sector político, contradice uno de los principales pilares del discurso con el que Kast llegó al poder: la promesa de mano dura contra la delincuencia y de una política de seguridad sin concesiones.

“Kast fue muy claro, muy enérgico y muy enfático en materia de seguridad, no solo en la campaña del 2025, también en todo su periplo presidencial desde el 2017 en adelante”, dice a elDiario.es Cristóbal Bellolio, analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. “Siempre dijo que no iba a tener ningún miramiento con los delincuentes –añade–, que jamás iba a conceder indultos ni beneficios carcelarios, menos a abusadores de menores. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir”.

Octavio Avendaño, sociólogo y politólogo de la Universidad de Chile, coincide: “Hay una incoherencia, una inconsistencia con lo que se había planteado originalmente”.

Kast siempre dijo que no iba a tener ningún miramiento con los delincuentes, que jamás iba a conceder indultos ni beneficios carcelarios, y menos a abusadores de menores. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir

Cristóbal Bellolio — Analista de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez

Kast calificó la semana pasada la medida de “error” y dijo que “no hay explicación técnica, criterio jurídico ni procedimiento administrativo” que justifique que un agresor salga antes de la cárcel. Sin embargo, mantuvo a Rabat en el cargo. “La responsabilidad política la asumí yo, porque soy el presidente de la República”, reiteró el mandatario el martes desde Roma.

Quien sí fue cesado de su cargo la semana pasada fue el exsubsecretario de Justicia, Luis Silva, después de publicar en sus redes un vídeo no autorizado exculpándose y responsabilizando a su superior.

El escándalo de las rebajas de condenas llevó la popularidad de Kast a mínimos. Según las últimas encuestas, su aprobación cayó hasta el 25%, mientras que su desaprobación alcanza el 65%, las peores cifras desde que llegó al poder, en marzo.

“El Gobierno está por debajo de los 30 puntos de aprobación y traspasó una barrera simbólica. Boric, su predecesor, con un gobierno muy complicado, nunca bajó de esa cifra”, apunta Bellolio.

Entre los beneficiados también figuran tres condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, de la que Kast fue defensor; y tres ciudadanos venezolanos que decían pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua.

Abogado de profesión, Rabat defendió a Pinochet en 1998, durante su detención en Londres, y en 2004, en una causa por presunta malversación de fondos públicos durante la dictadura que fue archivada tras la muerte del general.

Flancos abiertos en seguridad y economía

La crisis por las rebajas de condenas se suma a los problemas económicos, que Kast tampoco consiguió resolver. La economía chilena sigue en retroceso, con el desempleo en su nivel más alto desde 2021, los precios de los combustibles cerca de máximos históricos y el coste de la vida al alza. El Banco Central chileno estima que la economía del país terminará 2026 con un crecimiento de entre el 0,25 % y el 0,75 %, frente al 2,5 % de 2025. La semana pasada, el propio presidente calificó la falta de empleo como “el dolor más grande” que enfrenta Chile.

También quedó en entredicho la estrategia económica del presidente, que prometió reactivar la economía mediante un ajuste fiscal y una rebaja de impuestos incluida en una reforma tributaria, aprobada en tiempo récord y en vigor desde octubre.

El aumento de los precios de los combustibles, sumado al fuerte ajuste fiscal, ha desincentivado la demanda y el gasto, y ha presionado el crecimiento económico hasta situarlo en torno al cero

Francisco Castañeda — Economista de la Universidad Central de Chile

La ciudadanía, que hoy ya está más preocupada por la situación económica que por la inseguridad, tuvo que hacer frente al llamado bencinazo, una subida histórica del precio de los combustibles provocada por la decisión de Kast de no intervenir el mercado de los carburantes y traspasar a los consumidores el encarecimiento derivado de la guerra en Oriente Medio.

“El aumento de los precios de los combustibles, sumado al fuerte ajuste fiscal, desincentivó la demanda y el gasto, y presionó el crecimiento económico hasta situarlo en torno al cero”, explica a elDiario.es el economista de la Universidad Central de Chile Francisco Castañeda. A ello se suman, según indica, la baja productividad laboral y la falta de inversión, otros dos factores que explican las dificultades económicas del país.

“Este Gobierno prometió seguridad y economía, pero todavía no fue capaz de mostrar resultados en ninguno de los dos frentes”, resume Bellolio.

Los tropiezos de Kast comenzaron prácticamente desde el inicio de su mandato. Tras la subida de los combustibles, aplicada apenas asumió el poder, llegó el primer cambio de gabinete, el más rápido desde el retorno de la democracia en 1990: el presidente llevaba entonces apenas dos meses en el cargo.

Kast destituyó a Trinidad Steinert, su principal apuesta para el Ministerio de Seguridad, después de que la ministra reconociera que no esperaba que el Congreso le exigiera un plan estructurado para su cartera. También salió del Ejecutivo la portavoz, Mara Sedini, cuestionada por su gestión.

“Se adoptaron medidas impopulares y surgieron problemas de mala gestión en algunos ministerios que perjudicaron la imagen del Gobierno y transmitieron la impresión de un Ejecutivo débil, que improvisaba con frecuencia”, señala Avendaño.

Otro revés llegó cuando Kast debió retirar del Congreso, por falta de apoyos incluso dentro de sus propias filas, su polémica reforma de seguridad, que contemplaba un nuevo estado de excepción constitucional, con fuertes restricciones a las libertades personales, y otorgaba más atribuciones al presidente.

Las rebajas de condenas, añade Avendaño, “culminan una serie de problemas y desaciertos que marcaron la trayectoria del Gobierno desde marzo”.

¿Futuro sin Rabat?

La crisis del Gobierno ultraderechista escaló a tal punto que no solo la oposición cuestiona la continuidad de Rabat en el cargo. También surgieron voces contrarias a su permanencia entre los sectores más moderados de la derecha tradicional, algunos de cuyos representantes forman parte del gabinete de Kast.

“Existe mucha disidencia y muchas discrepancias en el oficialismo”, apunta Avendaño. Según él, existe una mayoría de ministros independientes en el gabinete frente a una minoría de militantes, lo que “produce una pérdida de apoyo político de los partidos”.

En los próximos días, la oposición, que sigue debilitada, impulsará un juicio político en el Congreso que cuenta con el apoyo de varios parlamentarios de la derecha tradicional. Para ellos, la salida del abogado, que no tiene experiencia política previa, podría contribuir a desactivar la crisis. 

Si prospera el juicio político, Rabat será destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Los expertos coinciden en que será difícil reconducir la crisis mientras Rabat permanezca en el cargo. En las últimas semanas, se convocaron varias protestas para exigir su renuncia. La última, el martes, cuando varias organizaciones feministas reunieron a cientos de mujeres frente al Palacio de La Moneda para entonar el himno Un violador en tu camino, la conocida performance contra la violencia machista nacida en 2019 en Chile.

“Se hace insostenible que mantenga al ministro”, dice Claudia Heiss, de la Red de Politólogas. Los costos que está pagando el Gobierno por defenderlo “son muy altos”, según ella, que cree “probable” que finalmente tenga que ceder a la presión y pedirle la renuncia a Rabat.

Si no hay cambios, concluye Avendaño, el de Kast Podría convertirse en un “gobierno de administración”, en el que resultaría difícil avanzar en la agenda del Ejecutivo y acabaría primando “la lógica de asegurar la permanencia”.

A diferencia der Javier Milei, que hasta primera hora de eeste lunes optó por el silencio, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección en Brasil, tras su triunfo en el balotaje ante Flávio Bolsonaro en las elecciones celebradas este domingo.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que sostuvo una conversación con su par brasileño , quien obtuvo el 51,79% de las preferencias contra el 48,21% su rival.

“Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección”, escribió el jefe de Estado chileno.

En el mismo mensaje, Kast destacó las posibilidades de cooperación bilateral: “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región”.

De la Espriella también reconoció a Lula

Por su parte, este lunes a la mañana, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, si bien no felcitó a Lula por su reelección y remarcó que tienen “profundas diferencias políticas e ideológicas”, sí lo reconoció en redes sociales y destacó que su país y Brasil “se necesitan mutuamente”.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia! El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente. Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas. Tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos”, posteó en X el mandatario colombiano.

En la página 10 hay una mujer de anteojos negros y pelo revuelto por el viento, sonriendo mientras un perro le lame la cara. Es Emily Gilbert, secretaria ejecutiva de la Asociación de Empresas Rurales de las islas, y el texto cuenta que maneja “junto con su esposo Mark” una pequeña explotación ganadera en “East Falkland” y un negocio de turismo rural. La foto no parece elegida al azar. Resume el tono del cuadernillo que la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno británico ocupante de las islas, repartió entre los empresarios chilenos que participan desde este lunes del Punta Arenas Business Showroom. Todo, en medio de la creciente tensión por el inédito reclamo soberanista del gobierno de Javier Milei.

El documento se titula “Feria Empresarial Punta Arenas – Delegación Islas Falkland” y está escrito en español y colgado en la web oficial del evento. Presenta a 42 personas con el mismo formato: retrato en primer plano, logo de la empresa, correo de contacto y una biografía que casi nunca se limita a lo profesional. Como una colección de figuritas, cada página muestra a alguien con nombre, cara y una historia. El folleto no apunta a funcionarios ni a gobiernos: apunta a comerciantes, proveedores y “vecinos” de Magallanes. Los kelpers en su faceta más humana.

Lo que no aparece dice tanto como lo que sí. En 44 páginas no se nombra a la Argentina, ni a Malvinas, ni a Puerto Argentino. No hay referencias a 1982, al conflicto ni a la soberanía. Las islas son siempre “Islas Falklands” y la capital, “Stanley”, que se menciona 25 veces. La palabra “comunidad” aparece 15 veces. El único rastro de la guerra está escondido en la ficha de Cynthia Williams, subgerente de un vivero, entre cuyas tareas figura el mantenimiento de las tumbas de guerra de la Commonwealth. La tapa tiene un mapa donde se ven Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y el Banco Burdwood, con una sola leyenda política: “Falkland Islands (U.K.)”.

Lo que el folleto repite es la pertenencia. Mike Summers, director de la Cámara de Comercio, es “un isleño de sexta generación”. Dylan Stephenson, dueño de una empresa de estiba, es “un isleño de las Falklands de décima generación”. Marc Short, funcionario de Obras Públicas, pertenece “a la séptima generación de su familia en la isla” y “ha vivido allí toda su vida”. No es un detalle biográfico inocente: la genealogía está en el centro del argumento isleño de la autodeterminación, que la Argentina rechaza porque considera que se trata de una población trasladada por la potencia ocupante y porque las resoluciones de Naciones Unidas hablan de los “intereses” de los habitantes, no de sus deseos.

El otro eje es Chile. El cuadernillo remarca todos los vínculos posibles con Magallanes. La madre de Marc Short, por ejemplo, “es de Puerto Natales”. Arturo Guala, dueño de un restobar en Stanley, es “un emprendedor chileno originario de Punta Arenas” que, tras mudarse, ahora “las llama su hogar” y quiere “superar las brechas culturales y económicas” entre ambas regiones. Daniela Baigorri, oficial de Bioseguridad del gobierno isleño, es “una bióloga marina chilena que forma parte de la comunidad” desde 2016. Patricio Garcés, de una pesquera, dice que espera “volver a conectar con viejos amigos”. Ali y Marlane Marsh cuentan que muchas de sus vacas Hereford descienden de animales importados de Chile, y que dejaron de comprar en ese país cuando se cortó la antigua ruta marítima.

El resto son historias pensadas para generar empatía. Chris Barrett, gerente de flota de la Falkland Islands Company, se mudó a las islas con su familia en 2020, “justo una semana antes de que golpeara el Covid”. Shula Phillips vendió su casa de huéspedes “apenas una semana antes del nacimiento de su hija” y cumplió “su sueño” de abrir un bar de vinos en una casita de piedra de 1840. Paul Phillips arrancó como esquilador. Ellie Ferriby y Harley Marshall aprendieron solos a levantar invernaderos para que la comunidad tenga verduras frescas todo el año. Un restaurante de Stanley resume su filosofía así: “Todos merecen un sitio en la mesa”.

Entre esas biografías también aparecen piezas del Estado británico e isleño, presentadas con el mismo tono amable. Hay cuatro funcionarios del gobierno kelper, dos gerentes de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de un organismo público del Reino Unido, y ejecutivos de empresas con contratos con el Ministerio de Defensa británico. La propia FIDC aclara que es “un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno”, con un presupuesto anual de alrededor de un millón de libras. Su subdirectora, Louise Ellis, que encabeza la delegación, aparece como la artífice de una estrategia de tres años: visitas cruzadas desde 2024, una consulta sobre conexiones marítimas y un documento que “se compartió con actores clave en Chile”.

El cuadernillo funciona como una herramienta de diplomacia blanda, y llega en un momento en que el mensaje encuentra eco del otro lado de la cordillera. El domingo, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, dijo que Chile apoya el reclamo argentino pero que “hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, y pidió respetar “la voluntad e interés de las personas involucradas”. Es la misma idea que el folleto construye página por página: que en las islas vive gente con arraigo, familias y proyectos, y que Magallanes es su vecino natural.

Pero el problema va más allá de la imagen. La rueda de negocios le da carga a la ruta directa Punta Arenas–Stanley (Puerto Argentino) que la naviera chilena Easter Island planea inaugurar a mediados de noviembre, mientras la Armada trasandina impulsa un puerto multipropósito sobre el Estrecho. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. En la versión que la FIDC eligió mostrar en Punta Arenas no hay puerto ni geopolítica: solo vecinos que quieren comprar verduras, cemento y repuestos más cerca de casa.

MC

Una comitiva de 42 empresarios y funcionarios británicos de Malvinas empezó este lunes en Punta Arenas, sur de Chile, una ronda de negocios para abastecer las islas de más provisiones. El encuentro, llamado Punta Arenas Business Showroom, se hace en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos y termina el martes al mediodía. Lo organizan la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno ocupante, la Municipalidad de Punta Arenas y la naviera chilena Easter Island. Según la prensa trasandina, es la delegación comercial más numerosa que las islas mandaron al continente.

La apertura estuvo a cargo del alcalde Claudio Radonich, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco Mancilla, y la subdirectora general de la FIDC, Louise Ellis, que encabeza la comitiva. El programa oficial prevé tres rondas de reuniones bilaterales entre empresas de ambos lados, una cena de recepción auspiciada por la naviera y la agencia isleña, y un cierre con los mismos oradores. “Vamos a hacer como el gran supermercado, el gran home center de la isla para los habitantes de la isla”, resumió Radonich en la previa, según consignó el diario Clarín.

El objetivo es darle carga a la ruta marítima directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino (Stanley para los británicos) que Easter Island, con sede en Valparaíso, planea inaugurar a mediados de noviembre. De acuerdo con la prensa chilena, el buque llevará bandera chilena y transportará entre 400 y 600 toneladas por viaje en contenedores secos, refrigerados y tanques de gas. La conexión reduciría a la mitad la distancia que hoy separa a las islas de Montevideo, su principal puerto de abastecimiento en el continente. Una ruta entre Punta Arenas y las islas ya funcionó durante décadas y se interrumpió a principios de los 2000, cuando dejó de ser rentable.

El cuadernillo que la FIDC repartió entre los participantes detalla qué busca cada integrante de la delegación. Supermercados, ferreterías y restaurantes de Stanley quieren proveedores de alimentos frescos, productos de limpieza y bebidas. Constructoras e importadores buscan cemento, madera, herramientas y materiales eléctricos. La firma de ingeniería RSK dice que le interesa desarrollar rutas alternativas que puedan “reducir la dependencia de las compras en el Reino Unido” y acortar los plazos de entrega. La pesquera Consolidated Fisheries, que captura merluza negra, busca carnada, aparejos y embalajes. La asociación que agrupa a las 13 pesqueras de las islas quiere evaluar “una segunda ruta marítima” para exportar productos congelados a Corea del Sur y Taiwán.

La comitiva no es solo privada. Viajaron cuatro funcionarios del gobierno británico en las islas, de las áreas de Agricultura, Bioseguridad, Obras Públicas y Desarrollo Comercial, y dos responsables de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de Londres. También participan la Falkland Islands Company, la empresa más antigua del archipiélago, fundada en 1851, de la que Eduardo Elsztain es accionista; Stanley Services, una sociedad entre el gobierno isleño y un grupo privado que abastece de combustible a la flota pesquera; y 60 South, una empresa de cruceros antárticos que usa Punta Arenas como base de verano. Varios de los empresarios son chilenos radicados en las islas.

La ronda de negocios empezó un día después de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, avalara públicamente el intercambio y lanzara una polémica frase sobre la soberanía. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, dijo el domingo en Radio Polar de Magallanes. Defendió el “derecho de ejercer el comercio” y cuestionó el Decreto 256 de 2010, que exige autorización argentina a los buques que van a las islas por aguas nacionales. Radonich, por su parte, sostiene que el encuentro “no rompe en modo alguno” el apoyo chileno al reclamo argentino.

El evento llega en plena escalada del Gobierno sobre Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió a principios de mes que “las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí o vienen a la Argentina”. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, que el Ejecutivo envió a Diputados, amplía las sanciones de la Ley 26.659 a la actividad petrolera y la pesca no autorizada y a los proveedores de esas actividades. Si se aprueba en esos términos, varias de las firmas que están en Punta Arenas podrían quedar alcanzadas.

En la Casa Rosada, la preocupación va más allá del comercio. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. El sábado, la Armada chilena volvió a impulsar un proyecto de puerto multipropósito en Bahía Catalina, en Punta Arenas, que su comandante en la zona definió como la base para un “nodo logístico naval, científico e industrial en el extremo austral”.

MC

Entre enero y junio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) aprobó 23 proyectos mineros por 3275 millones de dólares, un número alto considerando las 13 iniciativas aprobadas durante el mismo período del año anterior. El reporte estadístico del SEA a junio de 2026 registra, además, 34 proyectos mineros ingresados al sistema durante ese semestre, con inversiones declaradas por más de 18 000 millones de dólares.

El aumento de la producción minera en Chile, concentrada principalmente en las zonas desérticas del norte del país, plantea rápidamente una pregunta clave: ¿de dónde saldrá el agua para abastecer la industria? La respuesta apunta cada vez más hacia el mar.

Según la última proyección de demanda de agua de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), una mayor producción de ese mineral, ya sea por la expansión de operaciones existentes como por la entrada de nuevos proyectos, requerirá mayores cantidades de agua. De hecho, proyecta que el consumo hídrico de la minería del cobre aumentará de 18.5 metros cúbicos por segundo en 2024 a 20.6 en 2034. A simple vista parece poco, pero este incremento representa la cantidad de agua que permite llenar una piscina olímpica cada 20 minutos.

El cambio más profundo para alcanzar ese escenario está en el origen del recurso: el agua de mar pasará de representar un 40.7 % del abastecimiento de la minería a un 67.6 %.

En concordancia con esa tendencia, en mayo de 2026, y tras siete años de discusión en el Congreso, Chile promulgó una ley de desalinización. La norma crea por primera vez un régimen jurídico específico para eliminar la sal del agua marina de tal manera que esta pueda ser destinada a diferentes usos, desde el consumo humano hasta la producción minera.

Sin embargo, su entrada en vigor no será inmediata. La propia ley estableció un período máximo de 18 meses para dictar los reglamentos necesarios para cumplir con la nueva legislación y, en el mismo plazo, definir cómo será el procedimiento para elaborar una Estrategia Nacional de Desalinización. Este instrumento de planificación a largo plazo, creado por la ley, busca orientar el desarrollo de la industria y coordinarla con la planificación hídrica, ambiental y territorial del país.

Entre los objetivos destaca contribuir a la seguridad hídrica y a la adaptación al cambio climático, dado que los efectos del calentamiento global están impactando mayormente al país con sequías cada vez más intensas y prolongadas.

Sin embargo, científicos y especialistas advierten que importantes asuntos ambientales quedaron pendientes en la ley de desalinización. ¿Cuáles son y qué riesgos conllevan?

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La ley no establece estándares específicos para las descargas de salmuera, el agua con una alta concentración de sal disuelta, que resulta del proceso de desalinización. La salmuera suele ser vertida al mar, aunque existe evidencia sobre sus potenciales efectos en ecosistemas marinos. Todavía existen importantes vacíos sobre cómo se manifiestan estos impactos en las distintas condiciones que presenta la costa de Chile.

La ley tampoco obliga a dictar una norma que las regule, ni fija criterios concretos sobre la captación de organismos marinos que pueden ser absorbidos junto con el agua de mar. Tampoco incorpora reglas propias para evaluar los impactos acumulativos de varias plantas desalinizadoras sobre un mismo ecosistema costero.

Parte de esas definiciones dependerán de los reglamentos, normas ambientales y herramientas técnicas que todavía están en proceso de elaboración. Para los expertos, el riesgo principal es que la expansión de la desalinización avance más rápido que las normas destinadas a medir y limitar sus impactos.

Rivera advierte, sin embargo, que varios elementos ambientales quedaron para una etapa posterior. Entre ellos están los límites específicos para las descargas de salmuera en el mar y los protocolos de monitoreo. También, los criterios para evaluar impactos. Incluso las definiciones de qué se entenderá por una planta de “dimensiones industriales” o una extracción “intensiva” deberán ser precisadas.

Uno de los puntos más relevantes es la salmuera, el residuo líquido del proceso de desalinización, que presenta una concentración de sal mayor que la del agua de mar. En las plantas que utilizan una metodología llamada ósmosis inversa, el agua captada desde el mar atraviesa membranas que separan gran parte de las sales. Desde aquí, una parte se convierte en agua desalinizada y otra, más concentrada, la salmuera, es generalmente devuelta al océano mediante emisarios.

La nueva ley establece que el Ministerio del Medio Ambiente podrá desarrollar una norma de emisión específica para estas descargas y otros productos del proceso, pero no obliga a dictarla.

“Contar con esa norma es crítico”, dice Rivera. Actualmente, explica, la regulación no fija un límite de salinidad específico para las descargas de las plantas desalinizadoras ni una lista específica de contaminantes aplicable para las descargas de salmuera.

En paralelo, la Subsecretaría de Pesca mantiene en ejecución un proyecto que busca desarrollar una metodología específica para evaluar ambientalmente las descargas de salmuera en ecosistemas marinos costeros e incorporarla a los procesos de evaluación ambiental. Esta metodología establecerá criterios para estudiar sus potenciales impactos, pero no fijará límites obligatorios de emisión, como podría hacerlo una norma específica.

Para Rivera, la nueva ley avanzó más en ordenar procedimientos, concesiones y herramientas de planificación que en fijar estándares ambientales concretos para la desalinización.

Laura Farías, oceanógrafa y profesora titular de la Universidad de Concepción, resume esa tensión de otra manera: la normativa “tiene muy buenas perspectivas para el cambio climático, pero no tiene una mirada desde el mar”.

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El impacto comienza antes de la descarga

La atención suele concentrarse en la descarga de salmuera, pero Farías advierte que el primer impacto potencial ocurre antes, cuando se absorbe el agua. La captación funciona como “una gran bomba que succiona todo”. Junto con el agua, pueden ingresar fitoplancton, zooplancton, huevos y larvas de distintas especies, afectando los ecosistemas marinos.

María José Díaz Aguirre, bióloga marina y académica de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coincide en que la captación es una de las áreas donde todavía falta evidencia en Chile. A su juicio, la nueva normativa aborda principalmente la infraestructura, pero desarrolla poco las consecuencias ecológicas de extraer agua que contiene nutrientes y organismos. “La nueva normativa queda muy en deuda con el tema ambiental”, sostiene.

Díaz ha estudiado desaladoras del norte del país y explica que tampoco existe una única respuesta frente a la salmuera. Su dispersión depende del volumen producido, del diseño de los emisarios y difusores, del oleaje, las corrientes y la ubicación. Una descarga en costa abierta puede diluirse con mayor rapidez que otra dentro de una bahía protegida.

En estudios realizados en Caldera, ciudad costera de la Región de Atacama donde operan al menos tres grandes plantas desalinizadoras, la investigadora observó modificaciones principalmente cerca de los emisarios: algunos organismos sésiles —aquellos que viven adheridos al fondo marino, como algunas algas o moluscos— disminuyen; especies móviles pueden desplazarse y otras más tolerantes comienzan a ocupar esos espacios. El impacto, por lo tanto, no necesariamente aparece como una mortalidad evidente e inmediata, sino también como un cambio en la composición de la biodiversidad marina.

“La solución no es: tenemos difusores, la salmuera se diluye rápido y no hay impacto”, explica Díaz. “El impacto siempre va a estar. Lo que se puede concluir es que posiblemente sea más acotado según el tipo de proceso”. También existen interrogantes sobre antiincrustantes y otros productos químicos utilizados durante el proceso y sus efectos sobre organismos, sedimentos y microorganismos.

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¿Cuánto puede soportar una bahía?

La ubicación de los proyectos se vuelve especialmente importante porque las desalinizadoras no operan sobre ecosistemas vírgenes. En muchas bahías conviven puertos, descargas sanitarias, acuicultura, pesca artesanal y otras actividades industriales.

“Finalmente hay una sinergia entre todas las actividades y cuánto puede recibir o cuál es la capacidad de carga que tiene una bahía es un estudio mayor”, señala Farías.

Díaz plantea una preocupación similar. Una desaladora puede compartir un ecosistema con descargas de aguas residuales u otras industrias, pero las evaluaciones pueden terminar abordándolas desde proyectos distintos.

Pamela Poo, politóloga y directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, quien siguió la discusión legislativa, apunta precisamente al problema de analizar los proyectos “caso a caso” y sostiene que esa lógica dificulta observar de forma integral los impactos sinérgicos.

“¿Cuántas desalinizadoras realmente soporta el borde costero? Esa es la pregunta que realmente tenemos que hacernos”.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) cuenta actualmente con instrumentos para abordar parte de ese problema. Desde febrero de 2025, está vigente un criterio técnico para incorporar impactos acumulativos y sinérgicos en la evaluación ambiental. Además, la segunda edición de la guía del SEA para plantas desalinizadoras, publicada en 2026, establece que cuando existan o se proyecten otras captaciones o descargas cercanas debe evaluarse su efecto acumulativo o sinérgico.

Para las científicas consultadas, sin embargo, el desafío va más allá de identificar cómo interactúan distintos proyectos. Plantean que también es necesario conocer la condición previa del ecosistema y determinar cuánto puede soportar una bahía completa antes de deteriorarse.

Una regulación en construcción

Rivera identifica además otra brecha: el vínculo entre agua y energía. Desalinizar requiere electricidad para separar las sales del agua, pero en la minería se suma otro consumo importante: bombear el agua desalinizada desde la costa hasta las faenas mineras que, muchas veces, se encuentran a cientos de kilómetros y/o a gran altura sobre el nivel del mar.

Cochilco proyecta que el consumo eléctrico asociado al uso de agua de mar en la minería del cobre alcanzará 5.4 teravatios-hora (TWh) en 2034, equivalente al consumo anual promedio de alrededor de dos millones de hogares chilenos. Casi el 80 % de la energía proyectada por Cochilco se destinaría únicamente a impulsar el agua desde la costa.

La eficiencia hídrica y energética deberá formar parte de la futura Estrategia Nacional de Desalinización. Sin embargo, la nueva ley no fija estándares mínimos de desempeño energético ni condiciona las concesiones al uso de fuentes renovables. “Una política pública en esta materia no puede tratar ambos recursos de manera disociada”, sostiene la abogada.

Las científicas entrevistadas no plantean abandonar la desalinización. Díaz aclara que no considera esta actividad entre las industrias más destructivas de los ecosistemas costeros y destaca que existen tecnologías y decisiones de localización que pueden reducir significativamente sus efectos. El desafío, dice, es contar con mejores líneas de base, monitoreos específicos y exigencias adaptadas a cada lugar.

Buena parte de esas respuestas deberán definirse antes de que la ley entre plenamente en vigor en 2027.

La desalinización ya comenzó a transformar la forma en que Chile obtiene agua. La pregunta pendiente es si la regulación, la ciencia y la planificación ambiental avanzarán con suficiente rapidez para evitar que la respuesta a una crisis en tierra genere nuevas presiones sobre el océano.

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El artículo original fue publicado por Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La visita relámpago de Javier Milei a Chile dejó una imagen que en otro momento podría haber pasado casi inadvertida, pero que este jueves adquirió un significado particular. Horas antes de grabar una cadena nacional dedicada exclusivamente a Malvinas y después de los últimos guiños de Donald Trump al reclamo argentino, el Presidente mantuvo en Santiago un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos y una de las funcionarias de la administración republicana que participó del V Encuentro Regional de Foro Madrid.

Rogers había seguido desde la primera fila la exposición de Milei en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. No estaba ubicada en cualquier lugar: se sentó junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, los dos integrantes de la reducida comitiva que acompañó al Presidente en su viaje exprés a Santiago. Después del discurso hubo una reunión entre Milei y la enviada estadounidense, en una jornada en la que la cuestión Malvinas sobrevoló buena parte de la agenda argentina.

La foto llegó en un momento especialmente sensible de la relación con Washington. La Casa Rosada viene siguiendo con atención las señales que surgieron en los últimos días desde la administración Trump alrededor de Malvinas, después de décadas en las que Estados Unidos sostuvo una posición de neutralidad frente a la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El Gobierno interpretó esos movimientos como una oportunidad diplomática y decidió colocar rápidamente el tema en el centro de la agenda presidencial: después de regresar desde Santiago tiene previsto grabar a las 16 el mensaje que será emitido a las 21 por cadena nacional y que, según anticipó el Gobierno, estará dedicado exclusivamente a Malvinas.

No trascendió que Malvinas haya formado parte de la conversación entre Milei y Rogers, y la funcionaria tampoco es quien conduce la política estadounidense sobre la disputa del Atlántico Sur. Pero el encuentro se produjo mientras el Gobierno argentino intenta convertir las señales de Trump en algo más que una declaración amistosa.

Quién es Sarah Rogers

Rogers no ocupa un lugar central en el diseño de la política exterior estadounidense hacia el Atlántico Sur, pero tampoco es una figura menor dentro del universo trumpista. Abogada egresada de Dartmouth College y de la Facultad de Derecho de Columbia, asumió como subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública en octubre de 2025. Antes había desarrollado una carrera como litigante en Nueva York y representado, entre otros clientes, a la National Rifle Association (NRA).

Su caso más conocido fue precisamente una disputa de la NRA que llegó hasta la Corte Suprema estadounidense. Rogers intervino en el litigio contra las presiones regulatorias para que entidades financieras dejaran de prestar servicios a determinadas organizaciones por razones políticas, una práctica conocida como debanking. Ya incorporada a la administración republicana, convirtió la pelea contra lo que define como “censura digital” en uno de los ejes de su discurso público.

Ese perfil la acercó también a algunos de los espacios internacionales en los que se mueve la ultra-derecha. En febrero participó de un encuentro en Budapest organizado por un think tank cercano al primer ministro húngaro Viktor Orbán, donde cuestionó duramente las políticas digitales de la Unión Europea y denunció la existencia de un “aparato de censura”. Trump la nominó además en marzo para conducir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), que tiene bajo su órbita a Voice of America, aunque esa designación todavía debe atravesar el Senado.

“Golpe de Estado”

La presencia de Rogers en el Foro de Madrid encajó así con el tono que dominó la intervención de Milei. El Presidente volvió a presentar la política internacional como una confrontación prácticamente existencial entre dos campos irreconciliables y aseguró que existe una “batalla a nivel global entre el Bien y el Mal”. Del primer lado ubicó a quienes defienden “la vida, la libertad y la propiedad”; del segundo, a “la izquierda radical y el terrorismo”.

Milei fue incluso más lejos cuando trasladó esa lectura a la política argentina. Ante dirigentes de la derecha dura de distintos países sostuvo que durante 2025 su Gobierno sufrió un intento de “golpe de Estado”. Según su interpretación, el Congreso buscó quebrar el equilibrio fiscal mediante la aprobación de leyes que aumentaban el gasto, mientras distintos sectores promovieron juicios políticos y las protestas callejeras completaron la ofensiva contra su administración.

“Sin ir más lejos, en 2025 en Argentina intentaron un golpe de Estado”, afirmó. El Presidente aseguró además que el año pasado fueron deportadas más de 10.000 personas y que en lo que va de 2026 la cifra ya alcanza las 14.000.

El discurso incluyó otro gesto especialmente significativo para la política chilena. Milei reivindicó el quiebre institucional de 1973 que terminó con el gobierno de Salvador Allende, al afirmar que después de su derrocamiento Chile ingresó en “un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”. Lo hizo antes de trasladarse a La Moneda para mantener una bilateral con José Antonio Kast, con quien construyó una relación política que antecede a la llegada de ambos a la Presidencia.

Kast es, además, otro actor importante en la estrategia argentina alrededor de Malvinas. Durante su visita a Buenos Aires de abril, el mandatario chileno reiteró el respaldo histórico de Chile al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, una posición que Milei agradeció públicamente. La afinidad ideológica entre ambos convive así con una tradición diplomática chilena que la Casa Rosada considera especialmente valiosa en momentos en que intenta acumular apoyos internacionales.

La relación bilateral tiene, de todos modos, intereses mucho más concretos. Argentina se convirtió en un proveedor energético decisivo para Chile y durante 2025 exportó alrededor de US$2.754 millones en productos del sector. Actualmente abastece cerca del 60% del gas y el 40% del petróleo que consume el país vecino. Los dos gobiernos analizan además ampliar la infraestructura de transporte hacia el norte chileno y avanzar en una integración mayor de sus cadenas energéticas y productivas.

Esa cooperación no eliminó las fricciones. En las últimas semanas, declaraciones de un funcionario argentino sobre la soberanía chilena en parte del Estrecho de Magallanes provocaron un reclamo diplomático de Santiago. Ya en 2024 se había producido otro episodio alrededor de paneles solares argentinos instalados cerca del límite internacional en Tierra del Fuego. Hasta ahora, la relación personal entre Milei y Kast funcionó como amortiguador de esos desencuentros.

PL/CRM

Javier Milei inauguró este jueves el V Encuentro Regional de Foro Madrid en Santiago de Chile con un discurso muy alejado de las sutilezas diplomáticas. El Presidente usó el estrado de la alianza conservadora para victimizarse y agitó una vez más el fantasma del complot, asegurando que su administración sobrevivió a un intento de “golpe de Estado”. El mandatario arribó en un vuelo exprés que despegó a primera hora desde Buenos Aires acompañado por una comitiva reducida integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Ante un auditorio de líderes de la derecha dura, Milei recurrió a un guion de tintes apocalípticos: “Aún en aquellos territorios que creíamos haber conquistado, está el socialismo esperando que nos descuidemos para volver al poder”. Acto seguido, y sin presentar pruebas judiciales concretas, asimiló el debate legislativo con una conspiración armada: “Sin ir más lejos, en 2025 en Argentina intentaron un golpe de Estado, utilizaron el Congreso para tratar de aprobar decenas de leyes que apuntaban a romper el equilibrio económico, romper el equilibrio fiscal, sumado a ello con siete intentos de juicios políticos. Además, también lo intentaron hacer desde las calles”. Para justificar la conflictividad social bajo su gestión, el libertario apeló además a una impactante puesta en escena numérica en materia migratoria: “El año pasado tuvimos que deportar a más de 10.000 personas, y en lo que va del año 14.000”.

A lo largo de su exposición, Milei redujo la compleja realidad geopolítica a una batalla moral. “Estamos en una batalla que nos excede a cada uno de nosotros y a nuestras naciones. Es una batalla a nivel global entre el Bien y el Mal”, sentenció. Según su propia vara, el “Bien” está encarnado por su propio sector —quienes comparten “el respeto por la vida, la libertad y la propiedad, por lo Bueno y lo Bello”— mientras que el “Mal” es un difuso monstruo de mil cabezas encabezado por “la izquierda radical y el terrorismo”.

En ese sentido, y en un claro intento de polarizar y anular cualquier disidencia, lanzó una amenaza directa a los moderados: “La historia juzgará qué lado elegimos y aquel que prefiera quedarse a un costado indiferente sepa que eso es exactamente lo que busca el Bando del Mal. Por mi parte, yo tengo claro por qué peleo. Por las ideas de la libertad donde sea y contra quien sea”.

La visita relámpago de Milei a Santiago estuvo atravesada por un fuerte tono político. Antes de su encuentro con José Antonio Kast, el Presidente reivindicó el golpe de Estado de 1973 encabezado por Augusto Pinochet al sostener que, “tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”. El plato fuerte de la jornada, sin embargo, fue la bilateral en el Palacio de La Moneda con su par chileno, en medio de la polémica que rodea al consultor Fernando Cerimedo.

Hacia el final de su intervención de este jueves, Milei abandonó por un momento el tono de confrontación para pasar a la arenga y llamar a los presentes a perseverar en una batalla que presentó como larga, pero posible de ganar. “No nos dejemos desmotivar bajo la idea de que podemos hacer poco, porque la diferencia entre hacer poco y no hacer nada es abismal”, sostuvo. El cierre recuperó enseguida la lógica binaria que atravesó todo su discurso: de un lado, quienes comparten sus “creencias” y buscan sacar a sus países de la “decadencia”; del otro, el “estatismo y el comunismo” como fuerzas capaces de hacerlos “descarrilar”.

Sin tiempo que perder, Milei emprenderá un regreso inmediato a la Argentina. A las 16 grabará el mensaje que se emitirá cinco horas más tarde por cadena nacional. El libreto estará dedicado exclusivamente a Malvinas, una causa que la Casa Rosada se apuró a poner en el centro de la escena después de detectar una oportunidad inesperada en Washington: Donald Trump deslizó que está dispuesto a revisar la histórica posición de neutralidad de Estados Unidos y el Gobierno decidió exprimir políticamente esa señal antes de que pierda temperatura.

PL

El Gobierno argentino ratificó este lunes que su posición respecto del Estrecho de Magallanes “es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, en respuesta a la polémica generada con Chile por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.

A través de un comunicado oficial titulado “La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida”, la Cancillería señaló que ambos instrumentos “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.

La declaración se conoció luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por las expresiones de Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes entre las zonas ligadas a la soberanía de la Argentina.

En el comunicado, la Cancillería argentina destacó que “la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado” y sostuvo que el país la mantiene públicamente “y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida”.

Esos espacios, remarcó, tienen una “creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”.

Al mismo tiempo, el Gobierno argentino buscó poner en valor la relación bilateral y remarcó “el valor estratégico de la cooperación con Chile”.

“Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, sostuvo la Cancillería.

En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.

La reacción argentina se produjo después de que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmara que la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes “es indiscutible” y se encuentra fundada en los tratados de 1881 y 1984 suscriptos por ambos países.

El ministro de Exteriores de Chile había realizado además “un severo llamado” a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y había remarcado: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.

Las declaraciones de Valverde habían generado críticas de parlamentarios chilenos y motivaron al Gobierno de ese país a anticipar el envío de una nota formal de protesta.

En tanto, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también había cuestionado los dichos del jefe militar argentino y sostuvo que “el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.

La Cancillería argentina, sin embargo, evitó profundizar la controversia y centró su respuesta en ratificar el marco jurídico bilateral vigente y destacar los ámbitos de cooperación entre ambos países en el extremo sur del continente.

Dos décadas después de que Chile suspendiera la pesca de arrastre de fondo en los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández, los ecosistemas todavía no muestran señales de recuperación. Las zonas arrastradas tienen marcas visibles de los masivos instrumentos de pesca, una pobre cobertura de corales milenarios formadores de hábitat y menor riqueza y diversidad de especies.

Estas son las principales conclusiones del artículo científico Impactos de la pesca de arrastre de fondo en la cordillera de Juan Fernández, publicado en la revista Deep-Sea Research Part I, en junio de 2026. Ignacio Petit lideró el estudio. Es científico de Oceana Chile e investigador asociado al Centro de Ecología y Manejo Sustentable de las Islas Oceánicas (ESMOI, por sus siglas en inglés) de la Universidad Católica del Norte.

“Este estudio nos da evidencia científica robusta de que el impacto es real, a largo plazo y que los ecosistemas destruidos no se recuperan fácilmente”, dice Felipe Paredes, director de políticas marinas de Oceana Chile sobre el trabajo de sus colegas.

La expedición Seamounts of Southeast Pacific, realizada en 2024, permitió recabar 56 horas de video de tres montes de Juan Fernández y compararlos con Solito, un monte submarino donde no existen registros de intervención. Para eso, se usó el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian, del buque de investigación R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute.

“Fue bien contrastante no ver corales del tamaño que veíamos en Solito y ver un sistema más simple en cuanto a su estructura por carecer de las especies formadoras de hábitat”, describe Javier Sellanes, investigador del ESMOI, líder de la expedición científica y coautor del estudio.

En Juan Fernández se analizaron los montes JF1, JF2 y JF6, con datos de ubicación de arrastres históricos proporcionados por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) de Chile.

“Hay que reconocer el liderazgo de los científicos chilenos porque no es fácil sacar un estudio de alta complejidad académica donde intervienen actores institucionales, científicos, ONG, etc”, dice Renato Gozzer Wuest, ingeniero pesquero peruano.

Ecosistemas poco resilientes

Los montes submarinos son ecosistemas profundos, dominados por corales de aguas frías de lento crecimiento y “extremadamente frágiles”, detalla Petit. Se considera que están entre los organismos más antiguos del planeta. De acuerdo con el artículo, los corales negros del género Leiopathes y las esponjas de vidrio pueden vivir hasta por 2800 años y tomar siglos en recuperarse.

En medio del hábitat que conforman, viven estrellas quebradizas, langostinos endémicos y decenas de otras especies. Además de su gran biodiversidad, los montes submarinos se caracterizan por su endemismo, es decir, por tener especies únicas en el mundo. Las elevaciones también favorecen la conectividad en el océano. Especies altamente migratorias, como tiburones y ballenas, desarollan aquí diferentes actividades de su ciclo de vida, como reproducción y alimentación.

Por estas características, estos ecosistemas “son muy poco resilientes ante perturbaciones externas como las que causa la pesca de arrastre”, señala Sellanes.

La pesca de arrastre de fondo estaba dirigida a las pesquerías de orange roughy, también llamado reloj anaranjado, (Hoplostethus atlanticus) y alfonsino (Beryx splendens). Se inició en 1999 y operó durante cinco años, de acuerdo con los autores. Las pesquerías cerraron en 2006 debido a las bajas tasas de captura, luego de más de 500 kilómetros arrastrados en el área.

“Fue tal el nivel de sobreexplotación que cuando volvieron, ya no lo encontraron”, dice Paredes con respecto al orange roughy. La especie es muy demandada y de alto valor, pero se destinó principalmente a mercados internacionales. “Esta pesquería no iba a solucionar los problemas alimentarios de Chile”, resalta.

En 2012, el Congreso chileno prohibió la pesca de arrastre de fondo en 117 montes submarinos conocidos dentro de la Zona Económica Exclusiva. Solito no estaba en ese grupo porque no se conocía formalmente de su existencia. De hecho, su nombre no es oficial. Por eso, los autores recomiendan que se lo incorpore en algún esquema de protección.

Cicatrices en el fondo del mar

Las redes de arrastre son artefactos de fierro que pueden alcanzar varias decenas de metros de longitud, con largas cadenas que permiten llegar al fondo marino. “Esas cadenas, esos fierros, son los que destruyen. Es como un arado en el mar que rompe todo a su paso”, describe Paredes.

De los 277 cuadrantes analizados para el estudio, 47 mostraron evidencia del arrastre. “Las redes raspan la roca y queda con cicatrices”, dice Petit sobre lo que vio en los videos del ROV SuBastian. La profundidad promedio de los cuadrantes arrastrados fue de 544 metros, con registros de hasta 718 metros.

JF2 fue el monte más intensamente arrastrado, con 30 cuadrantes que mostraban afectaciones. Le siguió JF1, con 12 cuadrantes visiblemente afectados y una cobertura de sedimento blando superior al 50 %, bastante mayor que el resto de los sitios.

En Solito, donde no hubo intervención, la cobertura de sedimento blando fue más baja. Además, hubo más coral vivo formador de hábitat y una acumulación considerable de “esqueletos” del coral Madrepora oculata, lo que refleja la mortalidad natural ante la ausencia de daño mecánico.

Contrastes en la biodiversidad

Jan Maximiliano Tapia, coautor y especialista en taxonomía y ecología de la fauna del fondo marino, relata que al estudiar las zonas más profundas de Juan Fernández y del monte Solito observaron hábitats complejos. “Encontramos hábitat rocoso bastante heterogéneo, compuesto por paredes verticales, zonas de grandes corales, esponjas de cristal y todo lo que conlleva especies formadoras de hábitat, bastante críticas en este tipo de ambiente”, describe.

Después evaluaron las cimas de los montes submarinos, donde vieron diferencias importantes porque hasta allí, entre 500 y 700 metros de profundidad, llegaron las redes de pesca de arrastre a Juan Fernández.

En las zonas someras de Solito observaron alta cobertura de coral vivo, mayor complejidad de hábitat y una fauna abundante de corales, esponjas y crustáceos. Además, vieron mayor biomasa de invertebrados, incluyendo crustáceos de interés comercial como el cangrejo dorado (Chaceon chilensis) y la langosta de Juan Fernández (Projasus bahamondei). “Conservar los montes submarinos también contribuye a sostener las pesquerías artesanales de la zona”, asegura Sellanes.

En total, el equipo científico identificó 74 organismos distintos. La abundancia de estos grupos varió entre sitios. Los Cnidarios, que incluyen a los corales de aguas profundas, alcanzaron su mayor densidad en Solito y la más baja en JF1 y JF2.

Los artrópodos y las esponjas también fueron más abundantes en el monte no arrastrado. Donde hubo pesca de arrastre, los artrópodos fueron menos abundantes y las esponjas (Porífera) estuvieron casi ausentes.

Impacto Adverso Significativo

Los equinodermos –filo que agrupa estrellas, pepinos y erizos– mostraron el patrón inverso, con mayor abundancia en JF1 y JF2 y menor abundancia en Solito. Se identificó, principalmente, alta densidad del erizo Dermechinus horridus.

Los investigadores documentaron ejemplares juveniles de D. horridus aparentemente alimentándose de corales bambú (Keratoisididae) cerca de una zona arrastrada en JF2. Por eso, plantean la hipótesis de que la proliferación de este erizo en sustratos alterados podría estar retrasando aún más la recuperación de las colonias coralinas.

“Además de que estos corales son de tasas de crecimiento muy lenta, estos animales podrían estar provocando que la recuperación sea muchísimo más lenta que lo normal y podría darse a una escala temporal humana no visible”, explica Petit.

“[Los hallazgos son reveladores porque] muchas veces se piensa que basta dejar descansar los hábitats de fondo para que regresen las comunidades que vivían antes de la actividad antrópica. Todo lo contrario, un hábitat que está sentido puede ser aprovechado por otra especie”, dice el ingeniero Gozzer Wuest.

Los autores señalan que especies milenarias como los corales negros y las esponjas de vidrio se reproducen cada cinco o 10 años y pueden tardar entre 20 y 40 años en recuperarse. Estas características limitan aún más su capacidad de repoblar zonas degeneradas.

El estudio concluye que los montes de Juan Fernández han sufrido un Impacto Adverso Significativo. Es un criterio establecido en las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas de la FAO (2008) que se aplica cuando existen daños que superan un tiempo de recuperación de 20 años.

Montes y cordilleras por proteger

Mientras los montes de Juan Fernández están dentro de áreas marinas protegidas, Solito no cuenta con ningún estatus de protección. La elevación está ubicada a unos 600 kilómetros al norte del archipiélago, en la ecorregión Desventuradas.

“Todavía hay montes prístinos alrededor del área, que sigue siendo inexplorada, nos motiva a seguir explorando”, dice Tapia. “Si no hay manejo adecuado en las pesquerías, esto puede repercutir por años, como ocurrió en Juan Fernández”, agrega.

Los autores recomiendan implementar medidas de manejo espacial para proteger a Solito de futuros impactos antropogénicos, incluyendo su eventual incorporación a instrumentos de conservación existentes.

En el caso de los montes de Juan Fernández, recomiendan establecer un programa de monitoreo de largo plazo para evaluar la recuperación y sucesión de especies. “Debemos volver en 15 o 20 años más para ver si hubo recuperación”, sugiere Tapia. Solito podría servir como sitio de referencia para comparar la recuperación de los montes afectados.

Petit resalta que los impactos vistos en los montes submarinos son similares a los que sufren otros ecosistemas chilenos en donde se realiza pesca de arrastre. Por eso, Oceana buscó en el pasado prohibir este tipo de pesca, pero no fue posible. No obstante, ahora buscan que no se expanda a otras zonas.

Además, buscan que se protejan montes submarinos fuera de Chile. “Usamos este ejemplo como proxy para conversar sobre los riesgos de la pesca de arrastre en lugares como las cordilleras submarinas Salas, Gómez y Nazca [en altamar]”, dice el líder de la investigación. Detalla que flotas internacionales pescan en esa zona altamente vulnerable.

Para conseguirlo, Oceana está trabajando junto a la comisión científica de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés) en el levantamiento de información sobre las dorsales para prohibir la pesca de arrastre en el fondo y en la columna de agua de las dorsales, dice Paredes. Además, en el futuro se apunta a declararlas área marina protegida, bajo el Tratado de Altamar.

REFERENCIA

Petit, I., Tapia-Guerra, J. M., Gaymer, C. F., Sellanes, J., Castro-Contreras, M., Gallardo, M.-A., Easton, E. E., Watling, L., & Payá, I. (2026). Impacts of bottom trawl fishing in the Juan Fernández ridge, Chile. Deep-Sea Research Part I, 230, Artículo 104723. https://doi.org/10.1016/j.dsr.2026.104723

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las autoridades chilenas detuvieron este sábado al exoficial del Ejército Nelson Haase Mazzei, el último condenado que permanecía prófugo por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara tras el golpe de Estado de 1973.

Haase Mazzei fue condenado a un total de 25 años y dos días de cárcel por el crimen de Jara y también por el secuestro, tortura y homicidio del entonces director general de Prisiones, Littré Quiroga Carvajal, informó el Poder Judicial.

Según la prensa local, el exmilitar se encontraba escondido en una localidad rural de la región de Los Lagos, 850 kilómetros al sur de Santiago de Chile.

La Corte Suprema chilena confirmó en 2023 la sentencia contra Haase Mazzei y otros seis exmilitares por uno de los crímenes más simbólicos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Tras conocerse el fallo definitivo, Haase Mazzei fue uno de los condenados que no se presentó voluntariamente para cumplir la pena.

Otro de ellos, Hernán Chacón Soto, se quitó la vida cuando agentes policiales acudieron a notificarle la sentencia, mientras que el autor del disparo final que terminó con la vida de Jara, Pedro Barrientos, fue deportado en 2023 desde Estados Unidos, donde estuvo años oculto.

Referente de la “Nueva canción chilena” y autor de clásicos como “Te recuerdo, Amanda” y “El derecho de vivir en paz”, Jara fue detenido en la ex Universidad Técnica del Estado el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado que derrocó al Gobierno socialista y democrático de Salvador Allende.

Militante del Partido Comunista, el artista y activista fue trasladado y torturado en el entonces Estadio Chile -hoy rebautizado como Estadio Víctor Jara-, donde encerraron a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado el 16 de septiembre cerca del Cementerio Metropolitano, en la periferia capitalina.

Jara fue hallado y reconocido por vecinos de la zona, que entregaron el cuerpo a su viuda, Joan Jara, quien de forma clandestina logró que fuera enterrado.

En diciembre de 2009, la Justicia chilena ordenó la exhumación de sus restos que, 36 años después de su muerte, fueron enterrados en un homenaje oficial y masivo en el que participó la entonces presidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

El régimen de Pinochet duró diecisiete años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, y más de 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, según cifras oficiales.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, decisión que sustenta en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Esta medida, que entró en vigor este viernes, a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington y profundiza la guerra comercial desatada con varios países como Brasil.

Brasil acusa a EE.UU. de utilizar el trabajo forzoso como excusa

Uno de los primeros gobiernos extranjeros en reaccionar a esta nueva medida fue Brasil, que acusó a Washington de utilizar la lucha contra el trabajo forzoso como excusa para justificar su política comercial proteccionista.

A través de un duro comunicado, la Administración de Luiz Inácio Lula da Silva dijo que “ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista”, Estados Unidos “optó por manipular un tema tan importante” para imponer un nuevo impuesto.

Esta decisión representa el segundo golpe arancelario aplicado por Estados Unidos contra el país sudamericano en la última semana tras al gravamen del 25% que entró en vigor este miércoles por supuestas prácticas “desleales”.

Según un análisis de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil), los nuevos aranceles elevarán hasta el 37,5% la carga acumulada sobre las exportaciones del país sudamericano,

Gobierno de México asegura que esquiva los nuevos aranceles

Por su parte, el Gobierno de México aseguró que evitó la aplicación de los nuevos aranceles que impuso Estados Unidos al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó este jueves la Secretaría de Economía.

Pese a que México está incluido en la lista, la Secretaría detalló que alrededor de un 85% de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10% de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

“Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

Chile dice que negociará con EE.UU.

El Gobierno de Chile señaló que el país sudamericano “cuenta con una sólida institucionalidad laboral” y que “negociará” con Estados Unidos para ser excluido de la lista de las 60 economías a las que la Administración de Donald Trump impuso nuevos aranceles por supuestamente no combatir el trabajo infantil.

En ese contexto, la Cancillería chilena agregó que “el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Antonio Walker, se declaró preocupado por la medida al afectar “la competitividad” de las exportaciones nacionales y generar “incertidumbre para miles de productores y trabajadores”.

Nunca antes, en los convulsos primeros cuatro meses del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast en Chile, la llamada batalla cultural había irrumpido con tanta fuerza en la agenda pública. No ha sido prioridad de su Ejecutivo, enfocado casi con obsesión en reflotar la economía; ni tampoco lo fue durante la campaña, en la que lo evitó, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Sin embargo, un proyecto para obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar, presentado en el Parlamento por diputados del Partido Republicano —la formación fundada por Kast— y del Partido Nacional Libertario, situado aún más a la derecha, volvió a colocar los derechos sexuales y reproductivos en el centro del debate público.

Kast, ultracatólico, padre de nueve hijos y reconocido antiabortista, se verá obligado a posicionarse –ahora como presidente– sobre un frente que prometió no abrir durante su mandato y que ha evitado desde la campaña.

“Llama la atención la poca estrategia del Partido Republicano en un proyecto de esta naturaleza, considerando que el Gobierno evitó avanzar en una agenda 'valórica', entre otras cosas por la polémica que puede abrir un proyecto de este tipo”, dice Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Según el texto, que tiene un único artículo, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejar constancia por escrito en su ficha clínica.

Una iniciativa “contra la humanidad”

La propuesta levantó duras críticas de la oposición, del movimiento feminista, de expertas e incluso de sectores más moderados del oficialismo. El Colegio Médico defendió el consentimiento informado sin coerción y “sin revictimizar a las mujeres”. La exministra Antonia Orellana, al frente de la cartera de la Mujer y Equidad de Género en el Gobierno del progresista Gabriel Boric, publicó una carta en la que señala que más que en contra del aborto, la iniciativa “está en contra de la más mínima humanidad”.

Chile aprobó en 2017 la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos básicos (inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación), tras años de pulso del movimiento feminista contra los sectores conservadores, que incluso llevaron la ley al Tribunal Constitucional. La Administración de Boric presentó un proyecto para despenalizar el aborto hasta la semana 14, pero su tramitación está estancada en el Congreso y sin posibilidades de prosperar en esta legislatura.

La nueva iniciativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, no es inédita. Se basa en una medida del Gobierno húngaro del ex primer ministro Víctor Orbán, uno de los aliados europeos de Kast. En 2023, Vox también imitó ese protocolo para Castilla y León, pero en este caso acabó como una recomendación que las mujeres no están obligadas a seguir.

Según los expertos, es muy difícil que el proyecto prospere en el Congreso porque, además de la oposición, algunos sectores liberales y moderados de la derecha se manifestarán en contra. De avanzar, supondría “un retroceso respecto del proyecto de las tres causales y en los de derechos reproductivos de las mujeres”, apunta Avendaño.

El proyecto irrumpió, además, en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Cuatro meses después de asumir el poder, Kast atraviesa un periodo de fuerte desgaste de su mandato y con una agenda económica que aún no logra mostrar resultados.

“El gobierno de emergencia, en el olvido”

Las expectativas sobre Kast –que llegó al poder presentándose como el salvador de la peor crisis de Chile– se desinflaron con el paso de los meses. Varias polémicas, torpezas y errores empañaron su debut, que afrontó el primer cambio de gabinete apenas dos meses después de asumir el cargo, el más rápido desde el retorno a la democracia, en 1990.

La mala racha de Kast empezó con el anuncio de una alza histórica de los precios de los combustibles provocada por la guerra en Irán y que golpeó con fuerza al bolsillo de los consumidores. Luego llegó la salida de las exministras Trinidad Steiner, al frente de Seguridad, pero sin un plan concreto para mejorar el orden público; y la portavoz Mara Sedini, que protagonizó varias declaraciones polémicas.

También pincharon las esperanzas en la mejora de la gestión migratoria, otra de las urgencias del llamado “gobierno de emergencia” levantado por Kast. El presidente justificó su incapacidad alegando que la advertencia tan repetida durante la campaña de expulsar a las personas migrantes en situación irregular fue “una metáfora” y que si alguien cree que “en un día se podrán expulsar a 300.000” es que “entendió mal”.

La idea del 'gobierno de emergencia' quedó prácticamente en el olvido

Héctor Ríos — Investigador de la Universidad Central de Chile

“Ni la delincuencia ni la inmigración han sido prioridad en los primeros meses para el Ejecutivo, por lo tanto, la idea del gobierno de emergencia quedó prácticamente en el olvido”, opina el académico de la Universidad Central de Chile Héctor Ríos. Para él, el principal desafío del actual Ejecutivo pasa por “resolver los coletazos financieros” que han dejado “las decisiones del primer mes de su gestión”.

La popularidad del ultraderechista fue cada vez más a la baja hasta el punto de atravesar su peor momento en las últimas semanas, cuando los indicadores de creación de empleo y crecimiento económico apuntaron a los pronósticos más desalentadores, por debajo del 2% para 2026. La última encuesta sitúa su aprobación en el 32%, la cifra más baja desde el inicio de su administración.

De vuelta la “neoliberalismo a ultranza”

Kast arrancó su mandato con la ambiciosa propuesta de una megarreforma económica y tributaria para reducir el impuesto a las empresas (del 27% al 23 %), garantizar la invariabilidad tributaria a las grandes inversiones y flexibilizar los permisos para acelerar inversiones, entre otros.

Para el Ejecutivo, su aprobación, que se enfrenta a los últimos trámites en el Congreso, es clave para reactivar la economía, elevar el crecimiento y reducir la tasa de desempleo. Pero la oposición, que no logró actuar unida contra la propuesta, critica que la futura ley solo beneficiará a los ricos y ya avanzó que la elevará al Tribunal Constitucional.

Además de esa medida, el presidente promovió una reducción “abrupta” de la inversión y el gasto social y “una agenda de austeridad”, señala Ríos, que quedó de manifiesto con la rebaja del 3% de los presupuestos de todos los ministerios. “El destino de Kast estará determinado por el desempeño de la economía”, dice el investigador Benjamin Gedan, del Wilson Center, en EEUU.

En este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, un economista ultraliberal y señalado hace años en una causa de colusión de precios en el sector avícola, se convirtió en el hombre fuerte del Gobierno.

“Hay un sesgo ideológico, un neoliberalismo a ultranza de Quiroz que lo lleva a defender la implementación de políticas de choque que no se conocían desde la época de la dictadura, cuando se implementó el modelo”, dice Avendaño.

Para Ríos, la gestión de Kast apunta a una “nueva versión de la batalla cultural” que apuesta por “retomar el camino del progreso y del orden a través de la defensa del legado de la dictadura y del éxito económico de los 90, cuando el país logró construir consensos bajo una agenda conservadora”.

La politóloga Javiera Arce, de la Universidad de Valparaíso, dice que “esta ola de autocratización” se cuece en un proceso lento de “deterioro y erosión de la democracia” del que la sociedad “no se da cuenta”. “Es una batalla cultural –cierra– sofocada por los aspectos económicos, pero que tiene un anclaje muy fuerte en el neoliberalismo”, concluye.

Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan “oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que generó controversia en las últimas horas.

La iniciativa legislativa, bautizada como “Escucha tu corazón”, fue presentada por parlamentarios del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast, y del Partido Nacional Libertario, entre otros.

El proyecto busca modificar el Código Sanitario para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan “la oportunidad de escucharla”.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 solo en tres causales: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo” y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

“No puede haber algo menos ideológico que un latido de un bebé y una ley que permita que su latido se escuche antes de su muerte”, argumentan los parlamentarios de extrema derecha en el proyecto de ley.

Un proyecto “cruel”

Desde las organizaciones feministas, calificaron el proyecto de “cruel” y lo definieron como “una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas”.

“En los últimos años hemos visto cómo sectores de la derecha chilena han ido adoptando estrategias y discursos impulsados por movimientos ultraconservadores internacionales”, indicó a medios la directora de la Corporación Miles, Javiera Canales.

La iniciativa, de hecho, no es pionera y ya fue adoptada en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, o en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición de los partidos Vox y PP.

El proyecto legislativo también lo criticó Antonia Orellana, exministra de la Mujer del Gobierno progresista de Gabriel Boric, quien se preguntó en una carta publicada en sus redes si “realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá”.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió en campaña no dar la “batalla cultural” y centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos: la delincuencia y la economía.

La actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se pronunció sobre la polémica medida, pero desde el Ejecutivo indican que es una iniciativa parlamentaria y no gubernamental.

Con información de la agencia EFE

El Gobierno del presidente chileno José Antonio Kast abrirá esta semana una nueva disputa sobre el mercado laboral. Después de impulsar una reforma económica basada en la reducción de impuestos a las empresas y en incentivos para atraer inversiones, el oficialismo presentará ahora un proyecto para modificar la forma en que se calcula la jornada laboral de 40 horas semanales, una de las principales leyes aprobadas durante la gestión de Gabriel Boric.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Trabajo, Tomás Rau, quien aclaró que el Ejecutivo no pretende eliminar el límite de 40 horas semanales, sino ampliar el período utilizado para promediar esa jornada. El cambio permitiría que trabajadores de actividades estacionales, como la agricultura o el turismo, puedan cumplir semanas de hasta 52 horas durante los momentos de mayor demanda y compensarlas posteriormente con jornadas más reducidas.

Actualmente, la legislación chilena permite promediar las 40 horas en ciclos de apenas cuatro semanas. El Gobierno considera que ese plazo es excesivamente rígido y propone extenderlo a un promedio anual, siguiendo modelos aplicados en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Ejecutivo, el objetivo es ofrecer mayor flexibilidad a empresas y trabajadores sin modificar el límite anual de horas trabajadas y, al mismo tiempo, contribuir a reducir la informalidad laboral.

La propuesta, sin embargo, provocó un inmediato rechazo de dirigentes del anterior gobierno de Boric. La exministra de Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara advirtió que el cambio permitiría semanas laborales de hasta 52 horas y vaciaría de contenido la reforma aprobada en 2023, que redujo gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales. La exvocera Camila Vallejo planteó una objeción similar y cuestionó que una persona pueda mantener una buena calidad de vida trabajando más de diez horas diarias durante varios días consecutivos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también alertó sobre el riesgo de precarización del empleo.

La ley de 40 horas fue presentada por Boric como una reforma “histórica” destinada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y fue aprobada con el respaldo de la mayoría del Congreso chileno. El Partido Republicano, fundado por Kast, fue una de las pocas fuerzas políticas que votó en contra durante su tratamiento parlamentario.

Un nuevo capítulo de la agenda proempresa

La discusión sobre la jornada laboral no aparece aislada. Forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Kast desde su llegada a la Presidencia, orientada a mejorar las condiciones para la inversión privada y flexibilizar distintos aspectos del mercado de trabajo.

Hace apenas unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó la mayor parte del Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, que contempla una reducción gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficios tributarios para grandes inversiones, incentivos para la repatriación de capitales y otras medidas destinadas a estimular la actividad económica. El proyecto continúa ahora su trámite en el Senado.

Aquella iniciativa ya incluía varios puntos vinculados al mercado laboral, entre ellos contratos por hora, modificaciones en las modalidades de contratación y mayores márgenes de flexibilidad para las empresas. La propuesta conocida esta semana sobre la jornada laboral aparece, así, como una continuidad de esa agenda de reformas.

El antecedente argentino

El debate chileno encuentra un espejo cercano en la Argentina. Tanto Kast como Javier Milei sostienen que reducir costos para las empresas, flexibilizar regulaciones e incentivar la inversión privada puede traducirse en una mayor creación de empleo formal.

En la Argentina, el Congreso aprobó este año la Ley de Modernización Laboral impulsada por Milei, que amplió el alcance de la reforma iniciada con la Ley Bases. La norma introdujo cambios en el régimen de indemnizaciones, la organización de la jornada de trabajo, las modalidades de contratación, la negociación colectiva y las relaciones sindicales, con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad, facilitar la contratación y promover la formalización del empleo. Posteriormente, el Gobierno reglamentó varios de sus aspectos mediante decretos, completando buena parte del programa de flexibilización laboral que había anunciado al asumir. Sin embargo, los datos disponibles hasta el momento no muestran una recuperación del empleo registrado que permita confirmar esa hipótesis. Según el Indec, la desocupación aumentó durante 2025, mientras distintos estudios registraron una caída del empleo asalariado privado y un crecimiento del monotributo como forma de inserción laboral.

Ese antecedente atraviesa ahora la discusión chilena. Mientras el Gobierno de Kast sostiene que una mayor flexibilidad permitirá adaptarse mejor a las necesidades productivas y generar empleo, la oposición replica que reducir derechos laborales o ampliar los márgenes de organización del tiempo de trabajo no garantiza, por sí solo, una mayor contratación si la economía no crea nuevos puestos de trabajo.

El proyecto comenzará su discusión legislativa en los próximos días, en un Congreso donde el oficialismo deberá volver a buscar acuerdos para sacar adelante una de las reformas laborales más sensibles desde la aprobación de la ley de 40 horas.

JJD

El libro Calle Londres 38 del escritor y abogado británico Philippe Sands, que bascula entre la trastienda del juicio histórico a Augusto Pinochet en Londres y el azaroso descubrimiento de la relación del oficial nazi Walther Rauff con el dictador chileno, presenta en la primera parte del ensayo, casi al pasar, al actual presidente chileno José Antonio Kast.

Sands cuenta que se interna en el barrio de Lo Curro de Santiago movido por los personajes de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño, trasuntos de personas reales, para ver el lugar donde la DINA, la policía del régimen, quitó la vida al editor español Carmelo Soria. Narra Sands que un policía detuvo su paseo y el de sus dos acompañantes para que se identificaran. Después de negarse mantuvieron una conversación que incluyó una bisagra: “¿Son comunistas?”, preguntó el agente. “No”, respondió Sands y a partir de allí, el que acabó confesando fue el policía: dijo ser de izquierdas y que no pensaba votar a José Kast. Sands hace, entonces, una referencia de dos líneas para orientar al lector distraído: “Kast es el candidato presidencial de derechas, defensor de Pinochet, cuyo padre alemán se había afiliado al partido nazi”. 

José Antonio Kast es el benjamín de los diez hijos que tuvo el matrimonio de emigrados alemanes formado por Michel Kast y Olga Rist. Su padre fue soldado de las Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi creadas por Hitler, y estuvo afiliado al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

No tenemos por qué hacer silogismos y deducir sin más que de tal palo tal astilla, pero a los 22 años, Kast era partidario del régimen pinochetista (vinculado con las raíces del régimen nazi tal y como la investigación de Sands revela) y lo expresa en la campaña de apoyo a un plebiscito que promovía en 1988 la permanencia de Pinochet en el poder, un referéndum que la dictadura perdió. 

Un joven Kast ocupa la pantalla de un video oficial con sus ojos azules, el pelo rubio sin la ceniza que luce hoy y una cabeza sostenida por un cuello fino, pidiendo con sinceridad a sus pares, los jóvenes, que voten con responsabilidad. Le falta lírica, es verdad, pero si la tuviera nos remitiría al joven oficial nazi, de su misma edad y un singular parecido físico, que en Cabaret de Bob Fosse canta Tomorrow belongs to me. Ahora el presente chileno pertenece a Kast. 

Así como el chico de Cabaret es de modales suaves bajo la luz del romanticismo alemán, Kast también es cuidadoso en las formas, al extremo de parecer un planeta extraviado del universo libertario. Es posible que exaspere a sus pares y saque de quicio con su parsimonia y educación a Donald Trump o a Javier Milei del mismo modo que consiguió romper la efigie de Mario Vargas Llosa en la campaña presidencial de 2021.

Kast, entonces, desde Santiago saludó al Nobel que estaba en Madrid con tal respeto, admiración y gratitud por recibir su apoyo, que Vargas Llosa perdió la paciencia y en lugar de responder al saludo, rompió a gritar: “¡Hay que ganar las elecciones, hay que ganar, ¿eh?!”. Kast no perdió el paso, insistió, y poco le faltó para emular a José Luis López Vázquez en Atraco a las tres: “aquí un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo...”

La conexión de aquel encuentro era promocionada por la Fundación Internacional para la Libertad que presidía entonces el peruano y que ya había matizado su condición liberal para apoyar a expresiones más radicales. En diciembre de 2018, en un encuentro en Madrid, la fundación recibió al recién designado ministro de Justicia brasileño Sergio Moro del Gobierno de Bolsonaro con una gran bienvenida por parte de Vargas Llosa. Hay que recordar que Moro llega a ese puesto por haber sido el juez del proceso que llevó a la cárcel al presidente Lula y que después devino en un caso de lawfare.

La fundación de Vargas Llosa junto con la estadounidense Heritage que apoya a Donald Trump, formaban parte de un grupo de organizaciones que promovieron la VI Cumbre Transatlántica “Por la libertad y la cultura de la vida” que se realizó en el Senado español coincidiendo con el anuncio del Gobierno de España de incorporar el aborto a la Constitución. El evento lo organizó otra fundación que las nuclea a todas: Political Network for Values, una suerte de internacional libertaria presidida entonces por José Antonio Kast. 

“Hay algo en el aire”, dijo Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage en Santiago de Chile el día que asumió Kast: “Es muy emocionante”.

Así como Javier Milei en Argentina, después de más de cuatro décadas de democracia, es un retorno ideológico brutal a la dictadura de 1976, Kast es un regreso deliberado a los años de Pinochet y, si bien su narrativa es sosegada, no omite su ideario al considerar aquel periodo como la época más pacífica y estable de Chile. Es más, se considera el heredero de Augusto Pinochet. Es por esta razón que lo defiende y niega todas las atrocidades perpetradas en veintisiete años de dictadura.

Kast no ha denunciado ni mencionado jamás los mil doscientos campos de concentración y centros de tortura conocidos oficialmente en todo el país, las más de doscientos mil personas obligadas a un exilio forzado ni los treinta mil casos de violaciones de los derechos humanos. 

Miguel Krassnoff, un brigadier chileno sobre el que pesan más de ochenta condenas por crímenes, incluidos dos asesinatos durante la dictadura de los que jamás se arrepintió, y penas por más mil años, recibió la visita de Kast en la cárcel de Punta Peuco donde está arrestado, quien, después de la visita pidió su indulto. ¿Recibirá esa gracia ahora?

La investigación de Philippe Sands revela que Pinochet conoció, posiblemente, en Ecuador a Walther Rauff, oficial de las SS alemanas y diseñador de las cámaras de gas móviles, quien se instaló en la Patagonia donde dirigió varias empresas pesqueras y colaboró activamente en la represión de los años de plomo chilenos. Con todas estas sombras y alguna que otra luz cegadora, la pregunta que cobra forma es cómo puede José Antonio Kast haber conseguido en las elecciones chilenas unos resultados tan altos y singulares en su composición.

El apoyo a Kast fue transversal y sin bien el 58% de los votos emitidos pertenece a los sectores acomodados, en las mesas electorales de las franjas sociales más bajas consiguió el 69% de los sufragios, fenómeno similar al de las elecciones que ganó Milei en Argentina. 

Mark Fisher también se preguntaba en 2016, cuando Donald Trump alcanzó la presidencia por primera vez, cómo pudo un magnate inmobiliario ser un ventrílocuo de las preocupaciones y angustias, de la subjetividad de la clase trabajadora. Ese precariado, término que acuñó Bauman, que ha ido en aumento en las últimas dos décadas, se ha vuelto refractario a las narrativas progresistas que no resuelven sus problemas económicos y sociales. No es la corrupción aquello que mueve conciencias, es la exclusión y en esa fisura la precariedad neoliberal es capaz de encender luces que guían hacia un camino de emprendimiento y progreso individual. El descontento cambia de divisa y el nuevo destino es ser jefe aunque solo sea de uno mismo y creerse rico sin tener dinero. Así lo expresa un taxista o el dueño de un pequeño bar, pero también un becario o un rider que reparte comida 24 horas: hoy no hay respuestas para ninguno de ellos. ¿Mañana? Será otro día. Eso sí, más largo. 

Kast puede ser amable, pero el diablo está en los detalles. Durante la dictadura se hizo popular en Chile el tema musical Candombe para José, también conocido como Negro José, de un autor argentino que lo compuso en homenaje a un uruguayo (el candombe es un ritmo de raíz negra originario de Uruguay) y se convirtió en Chile en un canto de resistencia contra Pinochet. El azar quiso que tres países bajo un régimen militar expresaran su resistencia en una canción. En el cierre de campaña de Kast sonó Candombe para José con toda su fuerza. Muchos bailaban; otros estaban atónitos. ¿Alguien se imagina a Paco Ibañez cantando A galopar en un acto de Vox? 

Kevin Roberts de la Fundación Heritage no solo mostró optimismo por el cambio de aire en Chile. Recordó, sin mencionarlo, cuando Estados Unidos desplegó algunos buques de su armada frente a Valparaíso durante el golpe contra el gobierno de Salvador Allende. “Hay entusiasmo porque Estados Unidos está de nuevo en su patio trasero [´...in its backyard again’]”, dijo, “Anticipo que estaremos mucho por aquí”.

Los trabajadores chilenos entran en una discusión que en la Argentina ya tiene recorrido: la promesa de crear empleo formal mediante menos impuestos, más incentivos a la inversión y mayor margen de acción para las empresas. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la mayor parte de la megarreforma impulsada por el presidente José Antonio Kast y envió el proyecto al Senado. El corazón de la iniciativa es una baja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, presentada por el nuevo gobierno chileno —asumido hace poco más de dos meses— como una herramienta para reactivar el crecimiento económico y generar puestos de trabajo formales.

La propuesta se llama Proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social y reúne unas 40 medidas económicas, tributarias, laborales, ambientales y de reconstrucción de viviendas para damnificados por incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. La Cámara aprobó primero la discusión general por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Después votó artículo por artículo y dio luz verde a la mayoría de las medidas. El oficialismo chileno logró pasar el primer filtro legislativo, pero la discusión por el impacto laboral de la reforma recién empieza.

El paquete económico de Kast avanza con una lógica parecida a la que Javier Milei desplegó en la Argentina: reducir costos tributarios, ofrecer estabilidad a grandes inversiones, aliviar cargas patronales y presentar al sector privado como motor casi excluyente de la creación de empleo.

En Chile, esa apuesta aparece en la rebaja del impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para grandes inversiones, la exención transitoria de IVA a la venta de viviendas nuevas y una ventana de 12 meses para repatriar capitales desde el exterior con el pago de un impuesto.

El vocero y ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, celebró la votación y dijo que el Gobierno fue capaz de “escuchar”, “recibir propuestas” y “generar mayorías”. El proyecto contó con votos oficialistas y con el apoyo del Partido de la Gente, una fuerza de perfil populista que funciona como bisagra en un Parlamento donde Kast no tiene mayoría propia. El Senado será más difícil: allí las fuerzas están más equilibradas y el PDG tiene menos incidencia.

La oposición de izquierda bautizó la iniciativa como “la reforma para los superricos”. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sostuvo que la aprobación representa “un tremendo retroceso para Chile”. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que el paquete beneficia a “los dueños de las grandes empresas”. El socialista Daniel Manouchehri aseguró que el proyecto “no genera empleo, ni crecimiento, ni desarrollo” y advirtió que puede profundizar el déficit fiscal, empujar la deuda pública y derivar en recortes sociales.

La comparación con la Argentina aparece porque Milei también presentó el alivio fiscal al capital como una vía para formalizar el empleo. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado dentro de la Ley Bases, otorga estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años a proyectos adheridos y establece una alícuota especial de Ganancias del 25% para los vehículos de proyecto. También contempla amortización acelerada y beneficios para el pago de IVA mediante certificados de crédito fiscal.

El Gobierno argentino también anunció una Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, pensada como complemento del RIGI. Según la comunicación oficial, la iniciativa buscaba formalizar empleo, impulsar inversiones productivas, beneficiar exportaciones industriales y reducir contribuciones patronales sobre empleos incrementales. Además, ARCA extendió hasta el 31 de diciembre de 2026 la reducción de contribuciones patronales para empleadores privados que incorporen participantes de programas sociales, educativos y de empleo a través del esquema Puente al Empleo.

El resultado argentino, al menos hasta ahora, no muestra una expansión del empleo formal. El Indec informó que la desocupación llegó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, 1,1 punto por encima del mismo período del año anterior. La tasa de empleo se ubicó en 45% y la subocupación en 11,3%. La promesa de que bajar costos empresarios abriría una etapa de contratación formal choca con un mercado laboral que terminó 2025 con más desocupación.

El deterioro aparece con más fuerza entre los jóvenes. Según el análisis de CEPA sobre los datos del cuarto trimestre de 2025, la desocupación entre mujeres de 14 a 29 años pasó del 13,8% al 16,8% en un año, mientras que entre varones jóvenes subió del 12,5% al 16,2%. El mismo informe calculó, con datos de la Secretaría de Trabajo, que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 200.941 empleos privados registrados y se sumaron 159.501 altas en el monotributo. La lectura del centro de estudios es que parte del empleo asalariado perdido fue reemplazado por actividades más desprotegidas.

Ese espejo argentino pesa sobre la discusión chilena. Kast promete empleo formal con menos impuestos a las empresas, pero la experiencia de Milei muestra que la baja de costos no alcanza por sí sola para crear trabajo registrado si la economía no absorbe trabajadores, si el consumo sigue débil o si las empresas usan el alivio fiscal para recomponer márgenes antes que para contratar. El punto central para los trabajadores no es sólo si habrá más empleo, sino qué tipo de empleo se creará y con qué derechos.

Las críticas laborales al proyecto de Kast van en esa dirección. El programa laboral del presidente chileno parece apuntar a abaratar el despido, ampliar formas de flexibilidad y reducir la capacidad fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Según esa lectura, medidas como la indemnización a todo evento, los contratos por hora, las jornadas más flexibles y el trabajo remoto con menor regulación trasladan poder desde el trabajador hacia el empleador.

En la Argentina, Milei ya avanzó por un camino similar. La Ley de Modernización Laboral quedó plenamente vigente después de que la Justicia dejó sin efecto la cautelar que había suspendido 82 de sus 218 artículos. La reforma modificó el piso legal sobre el que se discuten jornadas, indemnizaciones, créditos laborales, derechos sindicales y condiciones de contratación. Para el Gobierno, esa flexibilización también forma parte de la receta para bajar costos y generar empleo formal.

En la Argentina, aunque aún la nueva ley laboral es muy reciente, no se muestra todavía esa mejora. La reforma laboral proempresa volvió a regir sobre contratos, despidos y derechos sindicales, pero el mercado laboral siguió mostrando más desocupación, pérdida de puestos asalariados registrados y crecimiento de formas más precarias de inserción laboral. La promesa de empleo formal con menos cargas para las empresas quedó, hasta ahora, más cerca del argumento oficial que de los datos disponibles.

La estructura del empleo chileno vuelve más sensible esa discusión. Según La Izquierda Diario, el 47,6% del empleo formal en Chile está concentrado en empresas de más de 200 trabajadores, cerca de 2,4 millones de personas. Las firmas de más de mil empleados reúnen el 27% de los asalariados, mientras las micro y pequeñas empresas son el 88,8% del total de compañías, pero emplean sólo al 30% de los trabajadores. Si casi la mitad del empleo formal depende de grandes empresas, una reforma que baja costos empresarios puede reforzar el poder de los actores que ya dominan el mercado laboral.

El Gobierno chileno defiende el paquete como una vía para recuperar crecimiento, atraer inversiones y ordenar incentivos para la contratación. La oposición responde que esos beneficios se concentran arriba y pueden deteriorar derechos laborales sin garantizar nuevos puestos. La misma discusión atravesó a la Argentina: Milei prometió que la desregulación, el RIGI, la baja de cargas y la reforma laboral mejorarían el empleo formal, pero los datos disponibles muestran más desempleo, pérdida de puestos registrados privados y crecimiento del monotributo como salida laboral de menor protección. La megarreforma de Kast llega ahora al Senado con ese antecedente del otro lado de la Cordillera.

JJD

El exguerrillero chileno refugiado en Argentina Galvarino Apablaza pidió este lunes al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga para frenar su detención con fines de extradición, a petición del presidente de Chile, el ultradrechista José Antonio Kast, informó su abogado Rodolfo Yanzón.

El letrado considera que de concretarse la detención de Apablaza, acusado en Chile de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, “configuraría un daño irreparable” para su cliente, quien vive desde 1993 en Argentina y recibió el estatus de refugiado en 2010.

Apablaza solicitó amparo a la ONU en coincidencia con la visita a Argentina de Kast, quien pidió a su homólogo Javier Milei la extradición del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización nacida del Partido Comunista de Chile y que tomó las armas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En respuesta a la petición de Kast, el Gobierno argentino emitió la semana pasada una orden de detención y el propio presidente chileno reconoció que este caso es prioritario en su encuentro con Milei este lunes.

Según el letrado Yanzón, su cliente es víctima de una criminalización y el pedido de extradicción “responde a cuestiones políticas”, por lo que considera que “cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.

Considera que si es detenido y extraditado, el que fuera uno de los líderes de la resistencia contra la dictadura de Pinochet asume el riesgo de sufrir “un daño irreparable” por “las condiciones a las que sería sometido por la expectativa de prisión de por vida y por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud”.

Por eso, solicitan a las Naciones Unidas que, “de manera cautelar, se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles”, dice el comunicado.

Asimismo, reclama detener el proceso hasta que “se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen, conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura”.

Según el abogado, Apablaza, de 75 años, está acusado, “sin pruebas”, del secuestro y asesinato de Jaime Guzmán, quien fundó la ultraderechista Unión Democrática Independiente (UDI), el partido que sostuvo la dictadura de Pinochet, y fue ideólogo y artífice de la Constitución de 1980, instaurada durante la dictadura.

La extradición de Apablaza es una de las promesas de Kast, ya que su familia tuvo una estrecha relación política y familiar con Jaime Guzmán, asesinado tras el regreso de la democracia.

Kast viajó a Argentina acompañado de varios ministros y del secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, con el objetivo de acelerar la detención y extradición de Apablaza, quien está en paradero desconocido desde que fue emitida la orden de detención.

EFE

El presidente Javier Milei recibió este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que es el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

La reunión busca consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Además, tienen el “caso Apablaza” en agenda. El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza está acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y evadió un operativo policial para ser extraditado a Chile. Tiene status de “refugiado político” desde 2010, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Kast llegó a Casa Rosada a las 10.15, escoltado por los ministros Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), Trinidad Steinert (Seguridad), Martín Arrau (Obras Públicas) y a subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, quienes también participan de la reunión. 

Javier Milei está escoltado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo (Economía); Alejandra Monteoliva (Seguridad), y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores). También por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los secretarios Carlos Frugoni (Infraestructura), Fernando Brun (Relaciones Económicas Internacionales) y el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro.

Luego de mostrarse ante las cámaras en el Salón Blanco de Casa Rosada, los mandatarios se retiraron al despacho ubicado en el primer piso. 

La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegó a la Argentina este domingo por la noche junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Galvarino Apablaza: el guerrillero que desafía a Milei y Kast

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, evadió un operativo policial para ser extraditado a Chile.

Apablaza, de 75 años, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), es requerido por la justicia chilena como responsable mediato del crimen de Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en Santiago, y del secuestro del empresario Cristián Edwards.

El presidente chileno, José Antonio Kast, visita la Argentina por 24 horas. Llega al país el domingo y tendrá actividades oficiales el lunes. El presidente Javier Milei y Kast tienen en la agenda, entre otros puntos, el “caso Apablaza”.

El exdirigente del FPMR se formó militarmente en Cuba y fue parte de la conducción que planificó acciones armadas en la transición chilena; tras los hechos de 1991, salió de Chile, pasó por La Habana y a comienzos de los años noventa se radicó en Argentina bajo identidad falsa en el partido bonaerense de Moreno, donde formó familia y tuvo tres hijos argentinos.

En 2004 fue detenido en Argentina por pedido de captura internacional de Chile y el juez federal Claudio Bonadío hizo lugar a la extradición, pero el proceso quedó supeditado a la definición sobre su estatus de refugiado.

En 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó la condición de refugiado político, lo que bloqueó la extradición; años más tarde, bajo la gestión de Mauricio Macri, se intentó revertir ese estatus, aunque la discusión judicial se prolongó con recursos de la defensa.

En febrero de 2026, una cámara federal argentina confirmó la revocación del refugio político de Apablaza, dejando allanado el camino para reactivar el viejo fallo de la Corte Suprema que habilitaba su entrega a Chile, aunque la defensa sostiene que aún resta resolución de recursos extraordinarios.

La jueza federal María Servini ordenó la detención de Apablaza con fines de extradición y efectivos de la Policía Federal se presentaron ayer en su domicilio de Moreno, pero no lo encontraron, por lo que el operativo fue considerado fallido y el dirigente pasó a ser buscado como prófugo.

Según informaron autoridades chilenas, el plan coordinado preveía que Apablaza fuera trasladado por la Policía de Investigaciones de Chile en un vuelo no comercial hacia Santiago, para su ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad mientras se sustancia el proceso penal por el crimen de Guzmán y otros hechos.

Tras el operativo frustrado, el Ministerio del Interior de Chile confirmó que el exguerrillero no fue hallado en su domicilio argentino y solicitó formalmente información adicional a Buenos Aires, mientras que el gobierno argentino aseguró que las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda y mantienen el intercambio con las autoridades trasandinas.

Desde la defensa de Apablaza se cuestionó la legalidad de la detención ordenada en Argentina, con el argumento de que la revocación del estatus de refugiado no estaría firme y que, en consecuencia, regirían todavía las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Con información de NA.

Chile comenzó este miércoles la etapa política más conservadora desde el regreso a la democracia. El ultraderechista José Antonio Kast asumió la presidencia del país hasta 2030 y se convirtió en el primer mandatario de extrema derecha desde el fin de la dictadura, y también el primero desde entonces que respaldó a Augusto Pinochet y la continuidad de su régimen.

Kast, de 60 años, tomó el relevo del progresista Gabriel Boric tras recibir la banda presidencial y jurar el cargo en una solemne ceremonia en el Congreso de Valparaíso, a unos 120 kilómetros al noroeste de la capital, acompañado de jefes de Estado y de Gobierno de Europa y América Latina.

En su primer discurso como presidente, desde el balcón de La Moneda, apuntó al Gobierno que lo antecedió y dijo que recibió un país “en peores condiciones” de lo que podía “imaginar”.

“Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, insistió el nuevo mandatario ante cientos de seguidores que se congregaron frente al palacio de Gobierno para vitorearlo.

Acompañado de Pía Adriasola, la primera dama —un rol que ha recuperado tras ser haber sido suprimido en el Gobierno anterior— Kast señaló que ha instruido a su gabinete que audite todos los ministerios porque, según indicó, “la ciudadanía tiene el derecho a saber qué se hizo y qué se dejó sin hacer”.

“Gobierno de emergencia”

Entre gritos de “Pueblo unido, Chile protegido”, Celia Álvarez, de 70 años, una de sus simptizantes, dijo a elDiario.es que espera que, en los próximos cuatro años, Chile “mejore como país después de lo que pasó, que la delincuencia se desató”. Cadir Cruz, cubano de 37 años que lleva 11 en Chile, pidió a Kast “mejorar la economía, la seguridad y las libertades” y “recuperar el tiempo perdido con Boric”.

Padre de nueve hijos y ultracatólico, el nuevo mandatario ha prometido instalar un “gobierno de emergencia” para revertir la situación en materia económica y de orden público que, según él, ha legado al país el Ejecutivo de Boric, aunque las cifras de llegadas de personas extranjeras en situación irregular y homicidios en el país latinoamericano disminuyeron en este mandato.

“Un gobierno de emergencia no es un eslogan. Es orden donde hay caos. Es alivio donde hay dolor. Es mano firme donde hay impunidad”, dijo el dirigente desde el palacio de gobierno, que a partir de hoy se convierte en su casa, a pesar de que desde 1958 había dejado de ser residencia presidencial.

“La autoridad tiene que ser fuerte porque nuestro país, en esta hora, así lo demanda, no para someter, sino para proteger”, dijo Kast en su alocución.

Antes de su comparecencia y en un gesto inusual en la tradición chilena, firmó varios decretos en materia de seguridad, hacienda, obras públicas y defensa, como el llamado Plan Escudo Fronterizo para “desincentivar la inmigración irregular” y “construir barreras físicas”.

100 días de “luna de miel”

Kast, que ganó las elecciones al tercer intento, ha formado una coalición de gobierno con miembros del Partido Republicano, en el que militó hasta horas antes de jurar el cargo, junto con la derecha tradicional y algunos partidos pequeños de centro.

La mayoría de sus ministros –13 hombres y 11 mujeres–, que también asumieron este miércoles sus cargos, provienen del sector privado y académico y tienen un perfil poco político. Dos de los nombres más polémicos son los que encabezarán las carteras de Justicia y Derechos Humanos y Defensa, donde ha designado a dos antiguos abogados que defendieron al dictador Augusto Pinochet y a su familia en distintas causas.

“Hay una experiencia acumulada de dos gobiernos de la derecha tradicional, pero la duda recae en cómo será la conducción de esos cuadros”, dice a elDiario.es Octavio Avendaño, politólogo de la Universidad de Chile.

A partir de ahora, Kast pone en marcha su llamado “Plan desafío 90”, una hoja de ruta para los primeros tres meses de Gobierno que incluye medidas administrativas, cambios reglamentarios y proyectos de ley para despachar en el Congreso y aplicar mano dura contra la migración y la delincuencia.

“La seguridad podría ser un problema recurrente, si no hay medidas concretas o el manejo comunicacional no es adecuado en los primeros 90 días”, precisa Avendaño.

Para la politóloga Federica Sánchez Staniak, de la Universidad Alberto Hurtado, Kast “contratará con un período de luna de miel de 100 días, en los que debería encaminar sus proyectos más importantes”, pero, según ella, por la composición del Parlamento, “no es difícil que –en eso– tenga perspectivas de éxito”.

Aunque deberá lidiar con un Parlamento dividido y sin mayoría de su sector, que dependerá de los apoyos del populista Partido de la Gente (que no les asegura el voto) las presidencias de ambas Cámaras pasaron este miércoles a manos de la derecha tradicional, lo que allana el camino del nuevo presidente para la primera etapa de su mandato.

Cuatro años después de que el ultraderechista José Antonio Kast agradeciera a “Dios, las familias y a la Patria” su pase a la segunda vuelta de las presidenciales que perdió frente al progresista Gabriel Boric, esa misma fe, a la que sumó una campaña efectista sobre delincuencia, lo convertirá este miércoles en el primer pinochetista en portar la banda presidencial.

Entonces presentó un extenso programa en el que proponía eliminar el Ministerio de la Mujer o prohibir el aborto y se mostró contrario a la libre disposición de la pastilla del día después, pero ahora la gran promesa de Kast, ultraliberal en lo económico, es aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

“Tengo las mismas convicciones (…), pero hoy día los chilenos tienen otras urgencias”, admitió en campaña el líder del Partido Republicano, que él mismo fundó, tras ser preguntado por un discurso radical que no pareció cuajar en las dos presidenciales a las que concurrió en sus 16 años como diputado.

Legado pinochetista

Kast abrirá un nuevo capítulo en la historia chilena al ser el primer defensor de la dictadura de Pinochet (1973-1990) que se hace con la banda presidencial y buscará sostener el relato de la decadencia de Chile, que se entiende más por el sentimiento que por los datos, al tener el país uno de los mejores registros de la región tanto económicamente como en materia de seguridad.

Abogado ultracatólico, miembro del movimiento apostólico Schoenstatt, recorrió el país con la promesa de frenar la inmigración irregular, mejorar las cárceles y recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses -sin detallar como lo hará-, y subido a la idea de que Chile necesitaba un cambio drástico para frenar “el comunismo”.

Superó al resto de derechas, aún cuando no partía como favorito, como la exministra Evelyn Matthei, líder de la derecha tradicional, o el también ultraderechista y vociferante líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Káiser, gracias a su estrategia de bajo perfil, con un discurso tranquilo y una imagen de persona templada y familiar, pero implacable con el delito.

Así, logró convertirse en el presidente electo con mayor número de votos en la historia de la democracia chilena -gracias a ser la primera elección presidencial con voto obligatorio- y comenzó una transición inédita, con injerencias en el Parlamento, giras internacionales y críticas a la Administración saliente, que le llevó a una ruptura jamás vista en la historia de la República.

Visitó a líderes ideológicamente cercanos a él, como el ultralibertario líder de Argentina, Javier Milei, que fue la primera parada internacional de Kast como presidente electo y al que lisonjeó e, incluso, se fotografió con una motosierra, símbolo de los recortes económicos del gobierno ultraliberal argentino.

Al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió ayuda para “mejorar el sistema penitenciario”, aunque también se reunió con el progresista presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Familia nazi

Hijo de una próspera pareja de migrantes alemanes -su padre estuvo afiliado al partido nazi y participó en la II Guerra Mundial- y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, Kast fue diputado 16 años por el partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), creado por la dictadura, que abandonó para postularse como independiente a las elecciones de 2017, en las que apenas obtuvo el 8% de los votos.

En 1989 defendió el sí en el referéndum sobre la continuidad en el poder del dictador Augusto Pinochet, con el que su familia siempre tuvo estrechos lazos: es hermano de Miguel Kast, el ministro y economista que fundó, junto a otros, el sistema ultraliberal en Chile, en base a los postulados de los 'Chicago Boys'.

En varias ocasiones, ha realizado declaraciones en favor de la dictadura, criticadas con dureza por las asociaciones de víctimas, e incluso dejó entrever que es favorable a liberar a los miembros del antiguo régimen que se encuentran en cárceles del Estado condenados por torturas, asesinatos, desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Por Víctor Castelló, para la agencia EFE