La trama sórdida y omnipresente que se apoderó de una parte sustancial de los tribunales federales de Comodoro Py se muerde la cola. Una dinámica que resulta funcional a muchos sectores del poder real de la Argentina llegó a una instancia en la que no puede dar un paso sin que sus protagonistas queden expuestos al ridículo —sería lo de menos— o a una situación de vulnerabilidad tal que compromete su futuro, lo que refuerza la toxicidad del engranaje.

Este funcionamiento actúa con un grado de mecanicidad y autonomía inconmovible ante los cambios de signo político en Casa Rosada. Por el contrario, esa red conformada por funcionarios judiciales, espías, políticos, empresarios y periodistas presta un servicio prêt-à-porter ideal para tentar a un proyecto ultra en ideas y débil en equipos como el de los hermanos Milei.

Una fuente con larga experiencia en Comodoro Py percibe el retorno de nombres y prácticas que nunca se habían ido del todo, pero frecuentaban menos la superficie tras la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada, en 2019.

En la mirada de este habitante del edifico de Retiro, Milei hizo pie con escasez de recursos y un probable desinterés personal para coordinar acciones con los tribunales federales. La elección de Mariano Cúneo Libarona como titular de Justicia llegó más por el lado del mundo Eurnekian que apadrinó la salida de Milei a la vida pública, que por un plan de aterrizaje en Comodoro Py. La presencia del ministro, con más redes en el statu quo de vieja data que en las lógicas recientes, puso en guardia a la trama más coordinada y aguerrida que se enseñoreó en los años de Cambiemos en el Ejecutivo.

Comodoro Py marca la cancha

La desconfianza entre el ministro y una parte de los tribunales federales es mutua, algo que se espeja en el hecho de que la ofensiva persecutoria desatada durante el Ejecutivo de Juntos por el Cambio encontró al Estudio Cúneo Libarona a cargo de algunas defensas de los apuntados.

Lijo se convirtió en el anatema de un sector del poder económico y político que aparece poseído por un repentino frenesí republicano

La reacción de Comodoro Py se dio a través de decisiones judiciales que marcaron la cancha, sobre todo de las cámaras de segunda instancia y Casación. Con las idas y vueltas en torno a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la profusa burocracia de espías y lobistas que abasteció a la mesa judicial del macrismo encontró espacio para volver a decir presente. Las versiones son contradictorias sobre el grado real de influencia del abogado Santiago Viola, hombre para todo servicio que orbitó en operaciones ilegales en 2016 y fue designado apoderado de La Libertad Avanza en 2023.

En ese contexto, la postulación de un lugarteniente de Comodoro Py a la Corte Suprema, como es Ariel Lijo, es demostrativa de las continuidades subyacentes, pero también saca a la luz como pocas veces a las facciones en pugna en el fuero federal. El debate sobre la propuesta de Lijo y el conservador Manuel García Mansilla para el máximo tribunal cobrará vuelo en las próximas semanas, y todo indica que al menos el primero cosechará apoyos transversales en las bancadas del Senado.

El anatema Lijo

Lijo se convirtió en el anatema de un sector del poder económico y político que aparece poseído por un repentino frenesí republicano, que empieza y termina en el rechazo a la figura del titular del juzgado criminal y correccional federal número cuatro.

Colegas del edificio de Retiro o futuros compañeros en el máximo tribunal –si el candidato pasa la prueba del Senado– pasibles de cuestionamientos tan o más graves que los que atañen a Lijo no sólo son exceptuados de un cúmulo inusitado y repetitivo de notas en el diario La Nación, solicitadas en el mismo medio firmadas por sus accionistas, indignación del bloque de la Coalición Cívica, intrusiones de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense y alertas desgarradoras del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sino que son celebrados como juristas.

No es que falten motivos para objetar la candidatura de Lijo para la Corte Suprema y su permanencia como magistrado de primera instancia. De hecho, sobran: desde el llamativo enriquecimiento de su hermano, Alfredo, el sospechoso cajoneo de causas como presunta prenda de negociación y un sinfín de relaciones impropias de un magistrado.

Pero las razones para apuntarle a Lijo no encuentran un eco similar que afecte al juez supremo que toleró un desfalco monumental en la obra social del Poder Judicial, su colega, presidente de la Corte, cuya mano derecha arreglaba estrategias con el entorno de Horacio Rodríguez Larreta, los magistrados de Casación que visitaban a Mauricio Macri en Olivos y Casa Rosada antes de emitir fallos, el fiscal que se tentó con plantarle droga al ex de su actual pareja y un etcétera infinito.

El propio García Mansilla, doctorado en la facultad de la Universidad Austral de la que es decano, ofrece flancos para una crítica con mínimos principios republicanos, como su defensa a aquella histórica designación por decreto de Macri de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte Suprema en 2015, pero la centralidad de Lijo lo saca del radar.

La voz citada evalúa que la principal fortaleza de Lijo es, a la vez, su debilidad. “Arregla con todos, pero no termina de arreglar con nadie. Por eso lo banca parte del peronismo, la UCR, (Daniel) Angelici. Es muy del estilo de (Ricardo) Lorenzetti, quizás hasta más pillo. El problema de sus enemigos es que le pidieron todo, no se los dio y le sacaron tarjeta roja”.

Nuevos desmanes en la causa Cuadernos

Esta semana, una sala de Cámara del fuero criminal y correccional federal expuso con nitidez el círculo vicioso. Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron la falta de mérito del expolicía Jorge Bacigalupo, procesado en diciembre pasado por la presunta introducción de enmiendas en los denominados “cuadernos de la corrupción”, el caso destapado en agosto de 2018 por el diario La Nación que daría cuenta de sobornos sistemáticos de empresarios a funcionarios encargados de la obra pública durante los Gobiernos de los Kirchner.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron la falta de mérito del expolicía Jorge Bacigalupo

Uno de los apuntados en la causa, Armando Loson, accionista del grupo de generación eléctrica Albanesi-GEMSA, cuestionó la prueba principal del caso, los cuadernos aportados por Oscar Centeno, chofer del ex subsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.

Loson puso el foco en los cuadernos que primero fueron entregados a un periodista de La Nación, luego incendiados en una parrilla, más tarde transformados en fotocopias y, finalmente, reaparecidos parcialmente desde las cenizas. La defensa del empresario impulsó peritajes oficiales sobre la caligrafía que confirmaron tachaduras y enmiendas con liquid paper, y un estilo de escritura que no correspondió al modo fragmentario que debería haber sido utilizado por Centeno en el momento de anotar las presuntas coimas.

El chofer arrepentido —exagente del Ejército— tenía un amigo al que le dio los cuadernos a resguardo, Bacigalupo, quien, atacado por una voluntad de redención republicana —según narró La Nación— decidió hacer pública esa bitácora explosiva. En las pruebas periciales, este expolicía resultó ser autor de algunas de las enmiendas.

Vale todo

Como la instrucción de la causa Cuadernos corrió a cargo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se habilitó un vale todo propio del currículum de ambos magistrados: reparto de “sortijas” para arrepentidos, arrestos por largos períodos como castigo y sumisión acrítica de argumentos inverosímiles en otros.

La causa por la presunta falsificación de los cuadernos quedó a cargo de otro juez de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, quien esta vez decidió actuar y decretó el procesamiento de Bacigalupo en diciembre pasado.

Sus superiores de la Cámara Federal Bruglia, Bertuzzi y Llorens revirtieron esa decisión esta semana con argumentos que van desde que los peritajes se hicieron sobre fotocopias y fotografías, y, dado que reaparecieron algunos originales, hubiera sido más asertivo hacer los estudios sobre ellos; algún margen de duda sobre las conclusiones de los peritos y la necesidad de que la validez de la prueba sea tratada en el marco del juicio a ser llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal número 7 (TOF 7).

El dato evidente para cualquier ser humano es que una megacausa originada en ocho cuadernos manuscritos, lo primero que debe dejar en claro es la validez de la prueba: que quien dice ser el autor de la bitácora que anotó durante años, día por día, montos exactos de las coimas pagadas por empresarios en un sinfín de oficinas de Buenos Aires, efectivamente lo sea, y que los textos hayan sido escritos en tiempo real y no producto de una reconstrucción. Seis años después de la revelación de La Nación, dudas tan elementales permanecen en un limbo.

Ante esa debilidad, Stornelli y Bonadio argumentaron que los cuadernos perdieron centralidad ante las confesiones de los arrepentidos. Sería debatible si esos arrepentimientos no fueran objetivo de denuncias verosímiles de ilegalidades, si el fiscal Stornelli no hubiera coordinado acciones con el extorsionador-cazador de arrepentidos y habitué del programa de Alejandro Fantino Marcelo D’Alessio, y si las diferentes instancias de Comodoro Py no hubieran sido tan crédulas como para dar por válidas las explicaciones de Angelo Calcaterra —primo de Macri— y Paolo Rocca. El primero —uno de los principales contratistas del Estado durante los Gobiernos de los Kirchner— adujo que no pagó coimas, sino que hizo aportes de campaña, mientras que el principal accionista del Grupo Techint argumentó que sobornó para proteger a ejecutivos de una filial en Venezuela, Sidor, que había sido estatizada por Hugo Chávez.

Debilidad premeditada

Los tironeos sobre la validez de la prueba y los arrepentidos podrían ser tomados como ardides previsibles de las defensas, y correspondería a diferentes instancias de los tribunales examinar las garantías del proceso.

Comodoro Py alberga a unos cuantos millonarios, jugadores de paddle en Olivos y fútbol en los Abrojos, acomodadores de toda su familia en el organigrama estatal, etcétera, pero pocos jueces se encuentran en un grado de debilidad tal como Bruglia y Bertuzzi, que junto a Llorens echaron por tierra el intento de dilucidar la validez de los cuadernos antes del inicio del juicio oral.

De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema, Bruglia y Bertuzzi no deberían ocupar las sillas de jueces de la Cámara Federal, porque fueron trasladados a ese puesto sin concurso por el Gobierno de Macri. Pero el máximo tribunal, especializado en decisiones que aportan confusión, determinó que podrían seguir siendo camaristas por fuera de las vías establecidas en la Constitución hasta que sean designados sus reemplazantes por el método legal. En la Argentina del empate paralizante en el Consejo de la Magistratura, esa designación podría ocurrir luego de que esos jueces se jubilen.

El tercer integrante de la sala de Cámara que salvó a Bacigalupo, Llorens, fue nombrado en 2018 con acuerdo de las facciones de la mesa judicial del Macri y el impulso particular de Daniel Angelici y la ex AFI Silvia Majdalani.

“La independencia es algo que se construye todos los días. De ninguna manera este apoyo me va acondicionar”, prometió al asumir.

Llorens seguramente no se habrá sentido condicionado, al igual que sus colegas Bruglia y Bertuzzi, por lo que habrá que entender que sus decisiones, infaliblemente en línea con los deseos de aquella mesa judicial, con grado cero de error, fueron producto de la convicción.

Un hilo de decisiones extrañas

El 8 de enero de 2018, Bacigalupo, presa de la indignación ética, entregó los ocho cuadernos que le había confiado Centeno a un periodista de La Nación. El expolicía, remisero como su amigo, se vio motorizado ante el temor de que “los K van a volver si no se los para”.

Ese material sustancioso pudo haber sido barajado minuciosamente, como una entrega por capítulos, con el horizonte de pisar sobre seguro y sin quedar atrapado en maniobras de funcionarios judiciales tan polémicos como Stornelli y Bonadio. Un par de relatos de entregas de coimas de empresarios a Julio de Vido y su gente, investigados a fondo, habrían alcanzado una repercusión periodística de alto impacto y abierto el camino para avanzar con el resto. Eso sí: había que dilucidar en simultáneo quiénes eran y qué buscaban Bacigalupo y Centeno.

La Nación eligió otro camino. El periodista Diego Cabot contactó al fiscal Stornelli y juntos coordinaron con Bacigalupo la fecha de la declaración judicial, coordinada con la detención de Centeno. Fue el 31 de julio de 2018.

Al día siguiente, el diario de los Saguier disparó una primicia que, como describió Daniel Hadad, fue “un hallazgo periodístico de esos que se dan cada veinte años”. Con una salvedad. El medio que obtuvo los cuadernos se privó durante varios días de informar que Héctor Zavaleta, un ejecutivo de Techint, había recibido nueve veces a Baratta en el edificio de Della Paolera 200, en Retiro, para presuntamente entregarle bolsos con coimas. Según anotó Centeno, desde allí, las sumas fueron trasladadas a Uruguay 1306, dirección de los Kirchner en la Capital Federal, donde serían recibidas por el secretario personal Daniel Muñoz, fallecido en 2016 en condición de millonario.

Un detalle que La Nación perdió entre las 477 carillas de las fotocopias de los cuadernos.

En esa instancia, la entrega de los originales era crucial para la causa. Centeno ya había declarado como arrepentido a cambio de beneficios como la libertad y generosos medios de vida, pero la prueba no aparecía. Stornelli se volcó a un raid de allanamientos por domicilios del exsargento en Olivos y Bella Vista, y recién entonces, cuando el fiscal apareció frente a las cámaras con las manos vacías en su día de mayor fulgor, el chofer confesó que los había incendiado en una parrilla.

Para la ley argentina, el arrepentimiento es inválido si hay voluntad de engaño o entrega parcial de la información. Fue lo que ocurrió. Que seis de los ocho cuadernos hayan reaparecido justo antes de las elecciones presidenciales de 2019 es un detalle menor que no merece mayor atención de los tribunales de Comodoro Py.    

Con todos los vicios a cuestas, la causa Cuadernos, que podría iluminar un sistema de corrupción masivo, debería llegar al juicio oral, habilitada por el fallecido Bonadio en 2019.

Que seis de los ocho cuadernos hayan reaparecido justo antes de las elecciones presidenciales de 2019, es un detalle menor que no merece mayor atención de los tribunales de Comodoro Py

Uno de los tres jueces del TOF 7 que llevará a cabo el juicio es Germán Castelli, cuya situación en el puesto es similar a la de Bruglia y Bertuzzi: fue trasladado a dedo por el Gobierno de Macri desde un tribunal oral de San Martín a la jurisdicción de Capital Federal.

Las esperanzas de apuntalar un proceso limpio podrían estar depositadas en la fiscal de la instancia oral, Fabiana León.

Ocurre que la funcionaria, defensora de la tesis de que “a Nisman lo mataron”, se opuso de todas las formas posibles a la realización de peritajes sobre la multiautoría de los cuadernos.

Su pasado en redes sociales la muestra como una activista poco prudente, afecta a expresar su posición política con desmesura.

Regrese al punto de partida. 

SL/DTC

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, ordenó la reapertura de la causa por crímenes de lesa humanidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, considerando que corresponde la “jurisdicción universal y la competencia extraterritorial” frente a las “graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”.

El fallo señala que el presidente de Venezuela así como el diputado y expresidente de la Asamblea Nacional de ese país, Diosdado Cabello, y otros cabecillas del régimen venezolano, están investigados como responsables de esos delitos.

En 2003, el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia y la Fundación de George Clooney presentaron denuncias en la Justicia de nuestro país por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. El fiscal Carlos Stornelli promovió la investigación y el caso llegó al juez Sebastián Ramos quien, sin embargo, archivó el expediente y lo envió a la Corte Penal Internacional.

La decisión del juez Ramos fue rechazada por el Foro Argentino para la Democracia, que le pidió a inicios de este año que mantuviera su competencia, tanto en este caso como en otro similar, sobre Cuba, por la comisión de delitos de la misma índole y tenor por parte del gobierno de Miguel Díaz-Canel, el sucesor de los hermanos Castro.

Bruglia, Bertuzzi y Llorens Ahora dispusieron la reapertura de la causa después de haber recibido la apelación de algunas víctimas de dichos delitos en Venezuela. Los jueves remacaron que es necesario retomar la investigación sin “delación ni demora” ya que se trata de delitos de “extrema gravedad”.

JJD

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como la “ruta del dinero”.

Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG y ahora el juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La Vicepresidenta fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició esa decisión al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someter a Cristina Kirchner a un proceso oral, pero sí recurrió al Tribunal una ONG, la Asociación Civil Bases Repúblicanas. 

Por ello, por decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, excepto la disidencia de Eduardo Farah se decidió que vuelva a primera instancia y siga investigándosela.

En el caso que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas, entre ellas el empresario Lázaro Báez, a 12 años de prisión; su hijo Martín, a seis años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña, a tres años y medio. Este último es el único de ellos que está preso, pero por ser descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividades irregulares en el barrio porteño de Belgrano. 

Lo cierto es que más allá de las condenas, la Vicepresidenta estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo condenados funcionarios públicos y este caso se vincula al de la obra pública, por las obras que CFK le otorgó a Báez y donde la Vicepresidenta sí fue condenada ya a 6 años de prisión. 

La exmandataria incluso llego a ser interrogada por esta causa tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la “falta de mérito”, intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa se pensaba había tenido un punto final al no apelar el sobreseimiento Marijuan, es que la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando. 

El fallo judicial determina ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como Vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero. 

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal porteña le encomendó a la jueza María Eugenia Capuchetti ampliar la declaración indagatoria de Nicolás Carrizo, uno de los procesados por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego que se hallaran en su celular mensajes que podrían demostrar un mayor involucramiento del imputado con el ataque fallido.

El tribunal de apelaciones lo resolvió con los votos a favor de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia ante un planteo de la querella de la propia vicepresidenta, que había sido rechazado en primera instancia por la jueza Capuchetti, en una decisión que fue apelada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Mariano Llorens votó en contrario.

En un fallo de 6 páginas, los jueces resolvieron “encomendar a la jueza de grado proceder conforme los lineamientos trazados en los considerandos precedentes”, refiriéndose a la necesidad de exhibirle a Carrizo la nueva prueba incorporada al expediente, lo que podría derivar en que se amplíen también las indagatorias de los principales imputados: Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los coautores del ataque.

“Nos encontramos aquí frente a elementos de prueba novedosos, que fueron incorporados -como tales- con posterioridad a la recepción de la declaración indagatoria de los imputados, pues el informe elaborado por la DATIP (Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal) donde se identifica específicamente a los mensajes en cuestión fue aportado al legajo con fecha 26 de octubre del corriente”, sostuvieron.

“Y si bien es cierto que el ordenamiento procesal vigente no exige que la intimación cursada a los imputados sea ampliada cada vez que se agrega un nuevo elemento de prueba al sumario, las características que exhibe el caso en concreto aconsejan que deba imponerse de dichos elementos a Nicolás Gabriel Carrizo, garantizando así del modo más amplio posible el adecuado ejercicio de su derecho de defensa en juicio”, agregaron los jueces.

“Recordá esta fecha”, “Esta hdp (sic) ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto”, “Generar miedo”, “Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo”, son solo algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, el jefe del grupo de supuesto vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los agresores de la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

Hasta el momento, Sabag Montiel y Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido de todos modos. Al pedir ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que, además de intentar matar a la exmandataria, buscaban desestabilizar al gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces Bruglia y Bertuzzi respondieron: “Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (...) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa”.

LC con información de agencia Télam

El Presidente Alberto Fernández, funcionarios del Gobierno, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) cuestionaron en las últimas horas el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los integrantes de Revolución Federal en la causa que se sigue por el presunto delito de incitación a la violencia colectiva, y coincidieron en reclamar que la investigación avance sobre los “vínculos políticos” de ese espacio.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dictó este martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, los cuatro miembros de Revolución Federal.

En contra de la medida adoptada por la Justicia porteña, Fernández manifestó este miércoles en Twitter que “una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”.

De acuerdo al Presidente, “pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”.

Además, Fernández sostuvo que los jueces “Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad”.

Para cerrar su hilo de tweets, el mandatario pidió a la Corte Suprema que intervenga “para hacer cumplir su propio fallo. Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura”, concluyó.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es querellante en esta causa, que investiga las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales contra su persona por miembros del espacio Revolución Federal tiempo antes de que se produjera el atentado en su contra.

De hecho, se pidió la unificación de este expediente con el que investiga el intento de magnicidio, pero la jueza y la Cámara rechazaron ese planteo.

Quejas del oficialismo

“Son operadores al servicio de lo peor de la política y están impidiendo que la sociedad argentina conozca la verdad sobre uno de los hechos más graves de la democracia”, sostuvo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en declaraciones a la radio AM 990.

Además, el funcionario insistió en que estos camaristas son parte de “un plan sistemático de impunidad para los autores tanto materiales como intelectuales” del intento de magnicidio perpetrado contra la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, opinó que “hay muchas cosas que siguen dando vuelta y que deberían ser revisadas”.

“No están dadas las condiciones para llevar a un juicio oral y público. Nadie sabe exactamente qué pasó y eso requiere un poco más de análisis, seguimiento e investigación. La Justicia tiene que cumplir con el Código Procesal. Tiene que responder con contundencia a las definiciones que hay en el expediente”, sentenció el titular de la cartera de Seguridad en declaraciones a la emisora online FutuRock.

Por su parte, el senador neuquino y presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, repudió la excarcelación de los cuatro integrantes del grupo Revolución Federal y remarcó que “hay que investigar el grado de conexión entre Brenda Uliarte -detenida por el intento de magnicidio-, Revolución Federal, -el diputado de JxC- Gerardo Milman y -la presidenta del PRO- Patricia Bullrich”.

En ese sentido, el senador por el FdT resaltó que “hay elementos que se deben investigar” ya que está “convencido de que existe una relación” entre Bullrich, Milman y la agrupación que organizó “las marchas más violentas contra el Gobierno”.

“La jueza María Eugenia Capuchetti y la Cámara Federal, con estos dos jueces especiales como Bruglia y Bertuzzi y el arquero de Macri, Llorens, no quieren que se investigue. Quieren que quede como un grupito de locos”, fustigó Parrilli.

En tanto, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, calificó como “un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político” negar la influencia de los discursos de odio en la creación de grupos como Revolución Federal y sostuvo el fallo de la Cámara Federal porteña “es apresurado”.

“La decisión de la Cámara parece a todas luces apresurada. Ni siquiera esperó que el juez (Marcelo Martínez De Giorgi) defina la situación procesal. Esto no significa que no pueda seguir investigando, sino que los dejan en libertad mientras se sigue llevando adelante la investigación”, evaluó Rossi.

Asimismo, señaló que “negar que los discursos de odio, las agresiones, las difamaciones y las violencias generaron o tienen alguna influencia directa en la creación de los grupos violentos extremistas de derecha como Revolución Federal es un error gravísimo desde el punto de vista jurídico y político”.

También, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que el fallo judicial constituye “una señal netamente encubridora para que no se investigue el atentado y eso es inadmisible”.

Mena relacionó este fallo de la Sala I sobre Revolución Federal con la resolución que el mismo tribunal emitió esta semana en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti por el intento de asesinato a la exmandataria.

En esa resolución, los jueces Llorens, Bertuzzi y Bruglia, le ordenaron a la magistrada elevar la investigación sobre las personas que están detenidas y profundizar otras hipótesis, algo que para el funcionario es “verdaderamente preocupante y gravísimo y no registra ningún tipo de antecedente”.

“Esos dos fallos evidentemente demuestran que Cristina no tiene derechos ni siquiera como víctima. Es lo mismo que pasó a lo largo de las persecuciones política a la que la sometieron en los últimos seis años. Es salvaje y criminal lo que le están haciendo y es porque existe en compromiso con sus mandantes políticos”, enfatizó.

Por su parte, la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, afirmó que se está ante una agrupación como Revolución Federal que “actuó como una verdadera asociación terrorista, con un líder que afirmó que el objetivo era que los kirchneristas sintiéramos miedo”.

“Es un fallo que está garantizando impunidad. Quienes promueven el odio en la Argentina quedaron libres. Acá se intentó asesinar a la vicepresidenta de la república”, subrayó.

En ese contexto, opinó que “el Poder Judicial debe ser ejemplar, no debe ser parcial y debe actuar con todo el peso de la ley. No se pueden naturalizar hechos de violencia como los que vivimos en los últimos tiempos” y añadió: “Queremos vivir en paz”.

Posteriormente, la Vicepresidenta primera del PJ nacional refirió que “no puede ser que para Cristina no haya justicia en la Argentina”, señaló que “lo que ocurrió ayer es gravísimo” e indicó que “los que atentaron contra Cristina deben pagar con todo el peso de la ley”.

En tanto, diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos emitieron un comunicado en el que advirtieron que “la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi llama profundamente la atención” en el marco del “avance de la investigación de la causa donde se constaron transferencias por más de 13 millones de pesos que recibió el líder del grupo Revolución Federal por parte del fideicomiso de la firma Caputo Hermanos SA”.

En otro tramo del comunicado expresaron que “este grupo ultraderechista había organizado hechos violentos en la Casa Rosada, que incluyeron intentos de incendio, antorchas y bombas molotov” y recordaron que “de esta actividad había participado Brenda Uliarte, una de las protagonistas del intento de magnicidio”.

“Lamentablemente los magistrados lejos de profundizar la investigación, analizar el financiamiento o buscar vínculos con el atentado del 1 de septiembre, decidieron recortar la investigación y liberar a los cuatro integrantes considerando que no hay riesgo que se fuguen o alteren la causa”, manifestaron los legisladores bonaerenses del FdT.

Asimismo, señalaron que “los camaristas fueron nombrados sin concurso por el expresidente Mauricio Macri, además de ser el tribunal que sobreseyó a Macri en la causa de espionaje a los familiares del Ara San Juan”.

“Le solicitamos a la Justicia que actúe en forma rápida y certera para que nunca más un grupo de extremistas organizados ponga en riesgo la vida, nuestras instituciones y nuestra convivencia democrática”, pidieron los legisladores bonaerenses del FdT en el comunicado.

Este martes, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, fustigó el fallo de la Cámara Federal porteña que ordenó la excarcelación de los miembros de Revolución Federal y lo consideró una medida “fascista” que busca “empoderar a los violentos”.

“Esto empodera a los violentos y es un fallo fascista. Autoriza, da piedra libre a todos estos bárbaros que dan vueltas y amenazan a la sociedad. Volverán los palos encendidos, volverán las bolsas mortuorias, y aparecerá otro (Fernando) Sabag Montiel”, quien atentó contra la Vicepresidenta, sostuvo Ubeira en diálogo con El Destape Radio.

Tras su excarcelación, el referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, aseguró que “jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo”.

“Lo que estaría a mi alcance es acercarme a Cristina y decirle que la estoy pasando mal, que no me gusta para nada su gobierno. Jamás le haría daño a nadie ni cometería ningún acto delictivo. Es imposible que me acerque siquiera a la Vicepresidenta”, afirmó Morel en referencia a los mensajes difundidos en la plataforma Twitter Space, en los cuales en los cuales amenazaba de muerte a la exmandataria.

Con información de agencias.

IG

En una escalada que vuelve a profundizar la tensión entre el kirchnerismo y el poder Judicial, la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado -malversación de fondos- mientras el presidente del tribunal, Mariano Llorens, a quien la expresidenta criticó hace cuatro semanas por su participación en los partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri, planteó la “necesidad” iniciar el juicio político contra la funcionario y detenerla para salvaguardar la investigación.

La causa, que había sido instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene dos capítulos: una investigación por la utilización de la flota presidencial para trasladar muebles y otros elementos a los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate; y el transporte de diarios y partes de prensa a través de los mismos aviones a Río Gallegos y El Calafate. 

Por este caso, Fernández de Kirchner enfrenta una posible pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los camaristas de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron parcialmente el procesamiento de Fernández de Kirchner, ya que revocaron la medida en su contra por el uso de la flota presidencial para el traslado de diarios y reportes de prensa a Santa Cruz entre 2007 y 2015, al entender que estar informada era parte de sus funciones como mandataria. 

Los jueces también dictaron la falta de mérito del senador Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, por considerar que no hay pruebas suficientes para mantenerlo procesado como partícipe necesario del delito.

Cada juez del tribunal de apelaciones escribió su fallo. El de Llorens sobresalió por el tono extremadamente crítico hacia Fernández de Kirchner y porque instó al juez de primera instancia, Sebastián Casanello -quien quedó a cargo del expediente-, a notificar al Senado sobre el fallo de la Cámara para que se analice un juicio político contra la vicepresidenta y que considere su prisión preventiva. 

La vicepresidenta y el presidente cuentan con fueros por los que sólo pueden ser detenidos si se encuentra cometiendo un delito (in fraganti) o tras su destitución por juicio político. 

Al mismo tiempo, revocó otro procesamiento por el traslado de diarios en la flota 

Dardos cruzados

A principios de agosto, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaban con el alegato de acusación en el juicio oral y público del caso Vialidad, Fernández de Kirchner recusó a Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 que lleva adelante el proceso.

“Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, luego de que Página/12 publicara fotos en las que se veía a ambos magistrados integrando el equipo de fútbol “La Liverpool” en un torneo en la propiedad de la familia Macri. En una de las imágenes se veía también a Llorens, quien fue nombrado por Macri en la Cámara Federal porteña luego de un concurso.

“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, escribió entonces la vicepresidenta.

Llorens, quien ya había firmado fallos duros contra la exmandataria, escribió en el fallo de este jueves que “tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, en referencia a la utilización de la flota presidencial para trasladar mobiliario a los hoteles de El Calafate.

Estos hechos, dijo el juez, “evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

Llorens sostuvo: “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes, pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Por este motivo, dijo, “habré de encomendar un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-, permitan corroborar comportamientos jurídico-penalmente relevantes que tengan alguna clase de gravitación y vinculación con las conductas analizadas en el presente expediente”.

Estas circunstancias “imponen la obligación de examinar” los posibles “riesgos procesales” para considerar si Fernández de Kirchner debe conservar los fueros que le da su función, afirmó Llorens. Consideró que los hechos investigados forman parte de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada” y por ese motivo encomendó al juez Casanello “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“Corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados”, en referencia también al senador Parrilli.

Tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional.

Mariano Llorens — Presidente de la Cámara Federal porteña.

Mobiliario

Llorens citó a los testigos que declararon durante la investigación. Resaltó que el Tango 01 “se utilizó para trasladar muebles para equipar el hotel que la familia presidencial había construido en la localidad de El Calafate”.

Uno de los citados fue José Alberto Luna, mecánico del avión presidencial Tango 01, quien declaró recordar “un solo vuelo en el que llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos, y equipamientos varios, todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la Presidenta”. 

Gabriel Omar Falaschi,  otro mecánico del Tango 01, sostuvo que “en una oportunidad solo llevamos cosas de mueblería, mesas de vidrio y muebles, que creo que fue para El Calafate”. 

Ángel Alejandro Heitt, comisario a bordo de la misma aeronave oficial, declaró cómo era el procedimiento de carga y descarga del equipaje, refiriendo que “a veces era equipaje y a veces eran muebles, por ejemplo, hacia El Calafate, que estimo que eran para un hotel por la cantidad”.

Otros testigos dijeron haber visto el traslados de “aparatos para gimnasios, como cintas o bicicletas fijas”. 

Nota: este artículo se corrigió a las 20:51 del 20 de septiembre. El juez que está actualmente a cargo del expediente en primera instancia es Sebastián Casanello y no Julián Ercolini, como se había consignado.

ED

La Cámara Federal porteña declaró este jueves la nulidad del rechazo a reabrir la investigación por el atentado de la organización Montoneros al comedor de Coordinación Federal de la Policía Federal, ocurrido en los primeros meses de la última dictadura cívico militar, cuando la detonación de un explosivo causó la muerte de 24 personas y dejó heridas a más de 60.

La decisión fue tomada por la sala I del Tribunal de Apelaciones con los votos de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes ordenaron a la jueza del caso, María Servini, dictar una nueva resolución contemplando aspectos que dejó de lado al rechazar un planteo para reabrir la pesquisa el año pasado, según el fallo.

El 2 de julio de 1976 a las 13.20 un “poderoso artefacto explosivo” detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal (también conocida como Coordinación Federal), ubicada en la calle Moreno 1431 de la ciudad de Buenos Aires, donde -en algunos de los pisos del edificio- funcionó uno de los centros clandestinos de detención montados en el marco del ejercicio del terrorismo de Estado.

Servini rechazó “in limine” un planteo de reapertura de la investigación del atentado, al darlo por prescripto en virtud de que el delito no se consideró de lesa humanidad.

Por estos mismos hechos, el 10 de julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por “inadmisible” un recurso extraordinario contra un fallo que sobreseyó por prescripción a siete acusados.

Ese fallo que ratificó una decisión previa de Servini fue firmado por los camaristas que integraban la sala en ese entonces, Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah. Su decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación y luego la Corte la dejó firme al rechazar el recurso extraordinario por “inadmisible”

El año pasado, los denunciantes concretaron un pedido de reapertura que fue rechazado por Servini y ahora la Cámara declaró la “nulidad” de su decisión porque según se argumentó hubo “omisión de valorar circunstancias y elementos conducentes para la solución del caso, que podrían vincularse estrechamente con lo que ha sido materia de decisión”

Por eso, el tribunal consideró que se trató de una decisión tomada con “arbitrariedad” en base a doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La magistrada instructora no ha ponderado todas las aristas que se desprenden de la impugnación formulada y que pueden estar relacionadas con la pesquisa”, agregaron los jueces en la resolución.

En ese sentido, se agregó que “fundamentalmente, no se ha considerado el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, se advirtió en este fallo.

“Tampoco (la magistrada) pudo evaluar lo requerido por la parte conforme las aristas que el caso proyecta. Esto, en cuanto a la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, con los nuevos elementos propuestos; o un posible caso de grave violación a los derechos humanos”, analizaron además los camaristas.

“En conclusión, la resolución (de Servini) es inválida porque prescindió considerar cuestiones previas y expresamente introducidas en derredor de la maniobra denunciada, las cuales necesariamente había que merituar para dar una respuesta suficiente”, se concluyó

Ante ello, y “ a efectos de que se agoten todas las hipótesis posibles que permitan afrontar un hecho como el contenido en esta causa, corresponde declarar la nulidad del decisorio y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se proceda conforme lo indicado”.

Servini declaró prescripto el caso y esa decisión fue apelada por los pretensos querellantes, ante el rechazo “in limine” de un planteo de reapertura de la investigación y juzgamiento de los hechos denunciados.

Los denunciantes en esta causa son la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, Eduardo Emilio Kalinec (un ex comisario de la PFA condenado por delitos de lesa humanidad) y Alicia de León, quienes pidieron además ser considerados como querellantes en su condición de “víctimas directas”.

En tanto, Bertuzzi y Bruglia son los magistrados que, en 2016, fueron traslados desde el Tribunal Oral 4 a la Sala I de la Cámara Federal a través de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri, una decisión tomada sin que se hiciera un concurso ni tampoco requerir el acuerdo del Senado, como marca la Constitución.

Esa medida derivó en una causa judicial en la que la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Consejo de la Magistratura convocar a un concurso para cubrir de manera definitiva ambos cargos, un trámite que actualmente se encuentra en curso en ese cuerpo, a la espera de la aprobación de las ternas conformadas para los dos lugares.

El comunicado del CELS

“La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió mantener abierta la causa que investiga un atentado cometido por la organización Montoneros en julio de 1976. La excusa es la falta de fundamento de la decisión de la jueza de primera instancia María Servini; aunque su decisión en verdad había sido fundada con precisión: los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme.

En tanto los jueces ignoran este argumento, lo que hacen es reinstalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad. Aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión y producen lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo.

La acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos.

Los jueces recogen argumentos relacionados con el derecho a la verdad, derecho que efectivamente es una obligación internacional del Estado asociada a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad cuando hay un obstáculo para la imposición de una sanción. En este caso, no hubo inconvenientes de ese tipo: la causa penal está prescrita y los peticionantes pueden pedir información al Estado sobre los hechos. Probablemente, enfrentarán numerosos obstáculos porque la dictadura se encargó de ocultar y destruir mucha información“.

Con información de agencias.

IG

El fallo de la Cámara Federal porteña, que confirmó este viernes que la causa por el Paseo del Bajo no se reabrirá y que todos los investigados están sobreseídos, expuso que jueces y fiscales tienen una postura completamente adversa sobre un caso que atraviesa a hombres clave del macrismo: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. 

El Paseo del Bajo, una de las obras públicas más promocionadas por los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, era el eje de uno de los principales frentes judiciales de Cambiemos en los tribunales de Comodoro Py, pero en marzo ya se avecinaba un nuevo revés para la investigación, como adelantó entonces elDiarioAR. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, según estableció la fiscal Alejandra Manfano. Los funcionarios están sospechados de haber supuestamente direccionado un tramo de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por Nación que provenían de un préstamo internacional y con un 43% que aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Cuatro jueces y tres fiscales

La batalla de argumentos entre jueces y fiscales por este caso gira en torno al cierre de la causa y quedó plasmada en los últimos dictámenes fiscales y en el fallo de la Sala I de este viernes. 

En el caso han intervenido, hasta el momento, cuatro jueces: Claudio Bonadio, quien instruyó el expediente entre finales de 2018 y diciembre de 2019; Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, quienes este viernes confirmaron los sobreseimientos dictados por el magistrado, ya fallecido. Los cuatro jueces coincidieron en que Dietrich, Larreta y otros tres investigados debían ser sobreseídos.

Tres fiscales también tuvieron roles clave: la fiscal Mangano, el fiscal general Sergio Rodríguez (que dirige la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) y el fiscal general interino José Agüero Iturbe, quien interviene ante la Cámara Federal porteña de manera interina (el cargo está vacante) y por decisión del procurador general Eduardo Casal. Los tres presentaron la misma postura: la investigación fue insuficiente y el cierre de la causa, prematuro, según los dictámenes analizados por elDiarioAR.

Los jueces, en cambio, consideran que las pruebas producidas son suficientes, que no se requiere profundizar. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los camaristas de la Sala I- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo de este viernes.

Los tiempos del caso

La causa del Paseo del Bajo tiene dos años y medio de vida, pero más de la mitad de ese tiempo estuvo cerrada. Por esa razón, los tiempos del expediente también hicieron elevar la tensión entre los camaristas y el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal se tomó casi un año y medio para decidir sobre el destino del caso contra Rodríguez Larreta y Dietrich. 

Al año de la apelación, en febrero último, el fiscal Agüero Iturbe llegó incluso a solicitar “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. 

La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

“No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca. Queda así un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”, agregó Agüero Iturbe. “No importa quién, no podemos quedarnos a medias en una investigación de esta naturaleza”, pidió el fiscal general a los camaristas.

Ese escrito alteró los ánimos en la Cámara, según sostuvieron dos fuentes del tribunal. Los jueces lo leyeron como un reto, en medio de una pelea política de alto voltaje entre miembros del tribunal de apelaciones y el gobierno de Alberto Fernández. 

El juez Llorens se había pronunciado a favor de los sobreseimientos durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición, según fuentes de la Cámara, se demoró debido a los traslados de dos de sus integrantes, Bruglia y Bertuzzi, repuestos en sus cargos en noviembre. 

Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades (...) pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”, les recordó Agüero Iturbe a los camaristas. 

El fiscal también resaltó ante la Cámara que el tribunal confirmó el procesamiento de Calcaterra en la “vulgarmente llamada causa de los cuadernos, fotocopias o cartelización de la obra pública según el gusto de quien la invoca”. Calcaterra declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y admitió pagos ilegales a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública. Pero tanto el primo de Macri como Iecsa niegan las acusaciones del caso Odebrecht. El empresario no está imputado en el expediente del Paseo del Bajo.

Tras la decisión de los miembros de la Sala I de mantener cerrado el expediente, el Ministerio Público Fiscal analizará la posibilidad de una nueva apelación y entonces, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país, tendrá en sus manos el futuro de la causa, según explicaron dos fuentes directas del expediente. Sería la segunda vez que los fiscales del caso deben apelar para oponerse a la decisión de los jueces de cerrar el caso.

No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar Justicia queda trunca.

José Agüero Iturbe — Fiscal general interino.

Antecedentes

La investigación se inició en diciembre de 2018, luego de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que analizó la denuncia de la entonces presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos). Ambos organismos sostuvieron que la licitación se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro del Paseo del Bajo.

El juez Bonadio cerró el expediente el 27 de diciembre de 2019, justo antes de tomarse licencia por enfermedad. Los funcionarios y exfuncionarios investigados nunca fueron citados a declarar. Tras un año de testimoniales y recopilación y análisis de documentos públicos, el juez cerró el caso. Bonadio murió 39 días más tarde. 

La fecha del fallo no le dio tiempo a los fiscales Mangano y Rodríguez para apelar durante 2019. Debieron aguardar hasta después de la feria de verano para presentarse ante la Cámara Federal porteña y solicitar la reapertura de la causa, dos meses más tarde, en febrero de 2020. 

Los fiscales insistieron en que el juez Bonadio no había realizado todas las medidas solicitadas por ellos y nunca se concentró en el rol del Ministerio de Transporte, entonces a cargo de Dietrich, según plantearon en su escrito de apelación.

Sobres y sospechas

El caso tiene varias complejidades. Un punto central de la investigación es si durante la licitación, las autoridades alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas para terminar favoreciendo a Iecsa. 

Si una empresa ganaba uno de los tramos, no podía competir por otro. El tramo más costoso (el C) debía adjudicarse en primer lugar para que los costos de la obra fueran siempre los más baratos, pero una serie de circulares alteró el orden predeterminado de la apertura de sobres: se comenzó por el tramo A, el más económico. Como consecuencia de ese cambio, Iecsa terminó ganando el tramo C con una oferta de $3.183 millones.

El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa pública a cargo de la licitación, explicó al juez Bonadio en un descargo que la alteración de los sobres se debió a que debían cerrar el contrato de al menos uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento internacional que aportaba el gobierno de Macri; y que como el tramo A era el más simple, se decidió alterar el orden de apertura y firma del contrato del tramo A primero.  

Los fiscales Mangano y Rodríguez plantearon en su apelación que mientras el contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara el año: el 30 de diciembre de 2016. Además, el contrato con el banco internacional que financiaba parte de la obra fue suscrito recién el 30 de enero de 2017, meses después de la alteración del orden de los sobres, sostuvieron ante la Cámara.

Sin embargo, los jueces de la Sala I dieron por válido el argumento de Bonadio: “La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas este viernes.

Jueces y fiscales también se enfrentaron por el presunto perjuicio al Estado. Los fiscales lo calcularon en unos $75 millones. Bonadio y los camaristas dijeron que no sólo no existió perjuicio, sino que, a pesar del posible perjuicio inicial, en los hechos la obra terminó costando menos tras modificaciones posteriores en el proyecto. 

Sobreseídos y apuntados

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR en marzo que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich afirmaron que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra ya han manifestado que resultaba “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED

El oficialismo busca llegar a diciembre con los candidatos para ocupar al menos cuatro vacantes clave en los tribunales federales de Comodoro Py, principal foco de tensión entre el gobierno de Alberto Fernández y el Poder Judicial.

Los concursos para seleccionar jueces están a cargo del Consejo de la Magistratura, el organismo que también controla y sanciona a los magistrados federales y nacionales. El programa para este año es resolver entre junio y julio las ternas de al menos dos juzgados de primera instancia y dos vacantes en la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los magistrados que investigan causas de presunta corrupción. Así, el oficialismo apuesta a que los candidatos de Fernández tengan sus pliegos en el Senado para diciembre próximo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales en el Consejo de la Magistratura. 

Se trata de los juzgados federales de primera instancia número 11 y 6, que dejaron vacantes Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (quien se jubiló a mediados de 2020). Son dos de los tres juzgados de Retiro vacantes (el tercero es el número 12, que dejó Sergio Torres para asumir en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires).

Jura Boico 

Este miércoles, Roberto Boico jura como juez en la Cámara Federal porteña. El exabogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el segundo camarista nombrado por el Presidente en el tribunal de apelaciones, pero el primero que atravesó un concurso durante la gestión de Fernández. En febrero, el juez Eduardo Farah fue reasignado a su antigua vocalía en la Sala II de la Cámara, tras la resolución del Consejo y la aprobación final del Presidente.

Pero además, el oficialismo apuesta a que Fernández envíe al Senado alrededor de diciembre a sus candidatos para ocupar las vocalías que actualmente están a cargo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Eso le permitiría a Fernández nombrar a cuatro de los seis miembros del tribunal, si logra el acuerdo del Senado.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde otros tribunales a la Cámara Federal porteña en 2018 (durante el gobierno de Mauricio Macri), pero deberán dejar esos cargos por impulso del oficialismo y un fallo de la Corte Suprema que los confirmó de manera transitoria hasta que finalicen los concursos pendientes para esas vacantes. 

Las funciones de los camaristas son centrales para el poder político: son quienes deben confirmar o revocar los procesamientos, sobreseimientos, prisiones y libertades de los investigados por presunta corrupción, entre otras atribuciones, como indicar medidas de prueba a los jueces de primera instancia.

Cuatro de seis

El 13 de abril, se vence el plazo para que el diputado Pablo Tonelli (uno de los representantes de la oposición en el Consejo) presente la orden de mérito del concurso para las dos vacantes que deberán dejar Bruglia y Bertuzzi, informó una fuente del Consejo. Luego, el organismo debe analizar los exámenes escritos, tratar las posibles impugnaciones y realizar las entrevistas a los concursantes para la elaboración de la terna. “Los tiempos dan para comenzar a elaborar las ternas a mediados de año”, aseguró una fuente de la oposición ante la consulta de los planes del oficialismo.

Luego será el turno de los juzgados federales 6 (Canicoba Corral) y 11 (Bonadio). En los próximos días también comenzará el concurso para cubrir dos vocalías en la Cámara Federal de La Plata, otro tribunal que el poder político observa con interés.

El representante del Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, es quien busca lograr los votos de los aliados circunstanciales del oficialismo para elaborar las ternas de candidatos a ocupar los juzgados. El oficialismo requiere 9 de los 13 votos del organismo para aprobar las ternas de jueces que envía al Presidente. Fernández luego debe seleccionar a uno de los tres candidatos para enviar su pliego al Senado y lograr su aprobación. 

“En esas alianzas, los representantes de los jueces en el Consejo son clave, aunque no siempre votan o votarán con el oficialismo”, aseguró una fuente de la oposición en el organismo. “La negociación es día a día y dependen mucho de las ternas. Todo va a ser parte de arreglos. Los jueces también quieren nombrar a sus propios candidatos para las vacantes en juzgados y tribunales”, agregó la fuente consultada.

El Consejo de la Magistratura está integrado por trece miembros: tres legisladores del oficialismo y otros tres de la oposición; tres representantes de los jueces; dos en representación de los abogados; el representante del Ejecutivo; y el actual presidente del Consejo, Diego Molea, por los académicos, alineado con el Gobierno. 

ED

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED

El 3 de noviembre de 2017, antes de ingresar al pabellón para presos por causas de supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el ex vicepresidente Amado Boudou permaneció en el hospital penitenciario para la revisión de rutina. Era su primera vez detenido. Cuando ingresó al baño, encontró una foto del entonces presidente Mauricio Macri junto a su esposa, Juliana Awada, especialmente colocada para darle la bienvenida, recordó uno de los primeros amigos que lo visitó en la cárcel. 

Aquella y otras acechanzas “denigratorias”, sumadas al análisis de abogados, son algunas de las razones que citan sus amigos para fundamentar por qué firmaron la solicitada en apoyo al exfuncionario. Reclaman su libertad, a pesar de que el exvice de Cristina Fernández de Kirchner está condenado (con sentencia de cinco años y 10 meses confirmada por la Corte Suprema) por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone, que ya pasó por todas las instancias judiciales. Este viernes, la campaña rondaba las 13.000 firmas e incluye desde expresidentes latinoamericanos como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales, hasta artistas, intelectuales y políticos. 

elDiarioAR consultó a quienes lo investigaron y juzgaron, a quienes lo defienden ante los tribunales y a miembros de su entorno para tratar de entender por qué un exfuncionario condenado con amplias pruebas, según establecieron 17 jueces de distintas instancias y varios fiscales independientes entre sí, se convirtió en un “símbolo” de la “injusticia”; qué representa Amado Boudou para quienes lo apoyan con pasión dentro del peronismo, a pesar de sus orígenes en el partido de derecha Unión del Centro Democrático (UCEDE). 

Así como existe el caso Dreyfus, nosotros tenemos el caso Amado Boudou.

Quienes lo investigaron y juzgaron tienen una visión muy diferente de su caso, según pudo reconstruir este medio, porque resaltan la prueba en su contra por el caso Ciccone. Estos mismos investigadores reconocen que el Gobierno de Macri “cruzó límites” que alimentaron, junto a otros factores, los apoyos a Boudou. 

Tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral y público, los acusadores coincidieron en que Boudou encabezó un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, quien defendió la prueba, no está vinculado al macrismo y es reconocido como un magistrado independiente. El fiscal que lo acompañó en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, actualmente acusa a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos por presunto espionaje ilegal. 

Amigos y compañeros acaban de publicar una solicitada en su defensa. “Ante la posibilidad de que lo vuelvan a meter en la cárcel, decidimos hacer una movida”, contó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la campaña organizada por el Movimiento 18 de Mayo Corriente de Opinión, que también integra Boudou. “Horacio González redactó el primer borrador del texto de la solicitada, yo hice la segunda versión. Horacio también nos dijo: ‘Así como existe el caso Dreyfus (un caso icónico de antisemitismo en la sociedad francesa a fines del siglo XIX y principios del XX), nosotros tenemos el caso Amado Boudou’”, contó Mocca. Siguen llegando adhesiones, explicó. “Queremos sumar gobernadores e intendentes”, agregó.

“Lo persiguieron”, “lo humillaron”, “lo espiaron”, “es un preso político”, “compraron un testigo” (por la declaración de Vandenbroele como colaborador protegido), dijeron los consultados, a lo que se suma una característica también inédita de su caso: durante el Gobierno de Macri, Boudou fue encarcelado tres veces en el lapso de 15 meses y está al borde de un cuarto encierro carcelario (permanece con prisión domiciliaria). Por eso, sus amigos y aliados también responsabilizan a parte del Poder Judicial y a algunos medios de comunicación por su supuesta “complicidad” con Cambiemos. “Boudou creía que iban por él como paso previo para llegar a Fernández de Kirchner”, contó una amiga.

“Cristina nos ha dicho que el operativo contra Boudou es contra la continuidad del proyecto”, agregó uno de los hombres más cercanos al exvice. “Es su lealtad lo que ha generado todo esto”, dijo aquel amigo que contó la anécdota de la foto en Ezeiza. Esa palabra se repite en todas las conversaciones. “Lealtad”. La “lealtad” y “entereza” de bancarse la cárcel y el avance judicial en su contra sin quejarse hacia arriba ni a los costados; la “lealtad” de callar, sin jamás apuntar a Cristina y Néstor Kirchner (y subrayan “Néstor Kirchner”, según dos de los consultados, por la supuesta intención del expresidente de recuperar u obtener Ciccone antes de su muerte).

Es su lealtad lo que ha generado todo esto.

Los apoyos a Boudou tienen al menos tres componentes que se repiten en las conversaciones: sentimental (por el gran cariño que admiten tenerle los consultados); político (porque consideran que es artífice o pieza central de políticas clave del kirchnerismo, como la estatización de las AFJP, caso al que recurren sus aliados y el propio Boudou para afirmar que haber tocado dichos intereses corporativos y económicos fue lo que lo convirtió en blanco de la Justicia); y el judicial (porque es un “caso testigo” de lo que el kirchnerismo denomina lawfare).

Juliana Di Tullio, ex diputada del Frente de Todos y directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es amiga de Boudou y firmó la solicitada. Lo visitaba cada 15 días en la cárcel, donde Boudou potenció su red de apoyos. “Es un distinto”, dijo Di Tullio, y “lo que más me impacta es que no pudieron doblegarlo ni disciplinarlo”.

Su abogada Graciana Peñafort, Di Tullio, Mocca y otros que prefirieron el off the record repiten las mismas impresiones sobre Boudou: que es “lúcido, con una cabeza extraordinaria para leer la política, para explicar la economía”; “a pesar de su situación, nunca le falla a los amigos que lo necesitan”; “un cuadro político, no sólo económico”; “con códigos”; que no les pasa facturas a quienes se excusan por no apoyarlo públicamente; que estuvo “siempre atento en la cárcel a los otros presos”; “siempre entero”. Era el “heredero” del poder de Fernández de Kirchner, asegura Mocca.

Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas.

“Desde el personal del Senado -de su época como vice- hasta los penitenciarios lo recuerdan por el buen trato”, dijo Peñafort. “Los guardiacárceles le decían: ‘Gracias a vos, mi vieja se pudo jubilar’”, recordó Di Tullio. 

La campaña no termina con la solicitada por su libertad. “Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas”, aseguró Mocca.

Sin embargo, en los tribunales, recuerdan otras facetas de Boudou. 

El caso Ciccone

Durante el juicio por el caso Ciccone, los fiscales sostuvieron que su acusación se basó en numerosas pruebas, entre ellas las siguientes:

El Tribunal Oral Federal número 4, entonces presidido por el juez Pablo Bertuzzi, lo sentenció en agosto de 2018 y ordenó su inmediata detención (había sido excarcelado a principios de ese año). El fiscal de juicio había solicitado la pena máxima en su contra, pero no había pedido que fuera a prisión porque la condena no estaba firme. 

Los jueces actuaron por un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces a cargo del macrismo. La defensa conecta esa decisión “inédita” del tribunal con el posterior traslado del juez Bertuzzi ordenado por el Ejecutivo a la poderosa Cámara Federal porteña, semanas después del fallo, según consta en el boletín oficial. El juez siempre ha negado cualquier conexión entre los hechos.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta de billetes; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, falleció en 2019. Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de The Old Fund, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020.

Boudou también negó haber participado de reuniones con Nicolás Ciccone y lo acusó de elaborar una mentira; apuntó a la AFIP de Ricardo Echegaray; y enumeró sus medidas político-económicas que lo mantuvieron, dijo, lo suficientemente concentrado como para andar ocupándose de la imprenta de billetes.

Boudou dijo desconocer que Vandenbroele vivió en un departamento de su propiedad. Resaltó que durante la instrucción se le negaron medidas de prueba clave para su defensa. 

Algunos de los principales puntos que los defensores de Boudou citan para sostener que no habría existido el derecho a la defensa giran en torno a:

Este es el primer caso de lawfare.

“Este es el primer caso de lawfare”, aseguró Di Tullio en referencia a cómo se desarrolló el juicio. “Se lo indagó y proceso cuando era vicepresidente. ¿Hubo lawfare durante el gobierno de Cristina?”, ironizó uno de los magistrados del caso, y agregó: “¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?”, quien presentó su renuncia tras una conferencia de prensa de Boudou en la que señaló al entonces jefe de los fiscales por el avance de la causa.

“¿Sabrán Lula, Dilma y otros tantos que firmaron esa solicitada quiénes fueron algunos de sus abogados cuando la causa estaba en instrucción?”, se preguntó un exfuncionario de Cambiemos.

Se refiere a Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, quienes también defendían a otros funcionarios. Un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con “los servicios de los servicios” de la era de Jaime Stiuso y el auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial”, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas. El perfil de los defensores de Boudou dio un giro de 180 grados. Alejandro Rúa y Peñafort son, desde hace años, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE macrista en la Justicia.

Luego de que la Corte Suprema dejó firme su condena en menos de una carilla, sin analizar explícitamente la prueba, el juez Daniel Obligado ordenó que el exvice regresara a prisión por cuarta vez. Sus abogados recurrirán a la Cámara Federal de Casación para solicitar que Boudou continúe cumpliendo su condena firme en su domicilio, junto a su esposa e hijos menores.

¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?

Peñafort también confirmó a este medio que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Boudou tendrá otras novedades judiciales tras la feria. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que fue detenido por primera vez, en 2017, el juez Lijo decidirá su situación procesal luego de la feria de verano, afirmó una fuente judicial con acceso directo al caso. El exfuncionario niega haberse enriquecido ilícitamente.

Espionaje y “ensañamiento”

Aquel 3 de noviembre de 2017, las fotos oficiales de su detención lo mostraban posando a cámara (denunció que lo obligaron), vestido con remera negra, jeans y chaleco antibalas, junto a los prefectos que debían detenerlo.

Más tarde, el registro audiovisual del acto original de detención fue filtrado a medios de comunicación: recién levantado, despeinado, descalzo y en pijamas. “Esa humillación quedó registrada en las pupilas de mucha gente, no sólo de la política. Dejó clara la persecución”, afirma Peñafort.

Por esa filtración, los prefectos serán citados a indagatoria tras la feria judicial, explicó una fuente judicial. Deberán explicar quién les dio la orden de tomar esas imágenes y si recibieron la orden de filtrarlas. 

En los últimos meses, Boudou volvió a ver a uno de sus acusadores, pero esta vez en carácter de testigo, en la causa por presunto espionaje ilegal. Los fiscales Cecilia Incardona y Eyherabide (exfiscal de la PIA en el juicio de Ciccone) lo citaron porque Boudou habría sido uno de los blancos centrales del seguimiento del Servicio Penitenciario Federal durante el Gobierno de Macri, según el expediente de Lomas de Zamora. 

“El primer reingreso de Boudou a Ezeiza (2018) coincide con la intervención de los teléfonos públicos de dos pabellones donde estaban los presos por corrupción; tras ser excarcelado fue seguido y fotografiado; su ficha penitenciaria era de las consultadas por el grupo de espías de la AFI; sus abogados eran vigilados y son sobre los que más anotaciones se hacían”, explicó una fuente judicial con acceso directo a la investigación.

Para Boudou, Patricia Bullrich y Macri habrían estado detrás tanto de la filtración de las imágenes de su detención como de la declaración de Vandenbroele, dijeron tres personas cercanas al exvice y una fuente judicial. elDiarioAR se comunicó con Bullrich pero la exministra de Seguridad no respondió la consulta. Un exfuncionario de Macri dijo: “Patricia es muy expansiva y siempre cuenta lo que hace, pero nunca dijo que había hecho un arreglo con Vandenbroele”. Descartó que Macri hubiera solicitado la filtración de las imágenes o dicha declaración. 

Aún hoy, a casi 9 años del inicio del caso Ciccone y a más de 4 años de la expropiación de la imprenta de billetes votada en el Congreso, nadie se ha presentado a reclamar o adjudicarse la propiedad del 70% de las acciones de la compañía, confirmaron fuentes judiciales.

ED

Aunque existen decenas de tribunales de apelaciones en la Justicia, para el sistema político, “la Cámara” es una sola: funciona en el segundo piso de Comodoro Py 2002 y se ocupa de confirmar o rechazar las decisiones de los jueces en lo criminal y correccional federal de primera instancia, que tienen a su cargo las causas de presunta corrupción de los funcionarios del poder central. 

El gobierno de Alberto Fernández apuesta a nombrar a tres de los seis jueces de esta instancia y puede convalidar el regreso de un cuarto, lo que le permitiría rediseñar la mayoría del tribunal. Dos sillas de la Sala II están vacantes y otras dos de la Sala I están ocupadas por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, jueces trasladados sin intervención del Senado durante el macrismo que deben regresar a sus tribunales de origen una vez que la cámara alta concluya sus reemplazos definitivos, según dispuso la Corte Suprema hace dos meses.

Durante la última semana, elDiarioAR consultó a camaristas, excamaristas, candidatos a camaristas, asesores del Consejo de la Magistratura, jueces y fiscales de primera instancia, abogados, especialistas y exfuncionarios del tribunal de alzada porteño. Sin excepción, coinciden en que se trata del tribunal “más político” o “el más sensible a la política”, después de la Corte Suprema, sobre la que, en los últimos meses, se posaron las críticas del oficialismo. Detrás de la tensión del kirchnerismo con el máximo tribunal, estaba, en parte, la conformación de la Cámara y la salida o permanencia de Bruglia y Bertuzzi. 

Los consultados también concuerdan en que los sucesivos oficialismos y opositores han preferido la demora programada de los concursos para completar las vacantes y la intromisión o intentos constantes de influencia de los servicios de inteligencia y los operadores judiciales en el segundo piso del edificio de Retiro.

El poder de los camaristas reviste en sus facultades para revisar procesamientos; avalar o revocar prisiones preventivas; disponer sobreseimientos de funcionarios o exfuncionarios procesados; o, por el contrario, dejar esas decisiones de primera instancia sin efecto. Ordenan a los jueces medidas de prueba, como peritajes y testimoniales, que pueden ayudar a profundizar una investigación, pero también a dilatar el desarrollo del caso, según las versiones contrapuestas entre camaristas y algunos de los jueces de instrucción consultados. También deciden sobre la disputas de competencia entre jueces y el cierre de causas.

Desde 2008, el poder político evitó completar el tribunal mediante concursos, según los registros oficiales, y evitaron así el acuerdo del Senado para nombrar a los jueces. En su lugar, dejó las vocalías vacantes y nombró a jueces interinos. 

Un tribunal “regulador”

Sus fallos más resonantes de los últimos años incluyen la nulidad de las escuchas del caso Skanska (que dejó en suspenso durante años al primer gran caso de presunta corrupción durante el kirchnerismo); la inconstitucionalidad del pacto con Irán; la denominada “doctrina Irurzun”, que ordenó avanzar con las prisiones preventivas de los exfuncionarios kirchneristas por su supuesta influencia “residual” en el Estado; la falta de mérito del entonces procesado presidente de Techint, Paolo Rocca, en el caso Cuadernos; la primera excarcelación del empresario Cristóbal López en 2018; y el archivo y el desarchivo de la denuncia de Alberto Nisman; y la consideración de que el fiscal fue asesinado. 

También, la confirmación de varios de los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner; el aval de las declaraciones de los arrepentidos del caso Cuadernos; y la declinación de competencia para investigar los supuestos aportes truchos de la campaña de Cambiemos; entre otros.

“La Cámara Federal se ha vuelto poderosa, en parte, porque ha avanzado en darles órdenes a los jueces federales de primera instancia y eso la ha convertido en un actor influyente y un centro de vínculos con los operadores judiciales”, afirmó Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en diálogo con elDiarioAR.

Binder, quien asesoró a más de diez países de América latina en sus reformas judiciales -incluida la Argentina-, sostuvo que la Cámara “es, también, una reguladora del manejo de la intensidad de los casos” que involucran a funcionarios y exfuncionarios, empresarios y en algunos casos, a los propios jueces y fiscales federales.

Vacantes

La Cámara debería estar compuesta por seis jueces, pero desde 2008, siempre hay vacantes. Cada juez debe ocupar una vocalía. Tres sillas son de la Sala I y otras tres, de la II. Cada sala maneja sus casos, los cuales se les asignan por sorteo una vez que las partes apelan la decisión de un juez de primera instancia. 

Las jubilaciones, renuncias y eyecciones de algunos camaristas, sumadas al nombramiento de jueces interinos y dilaciones de los concursos, lograron que, actualmente, sólo dos de los 6 cargos en el “tribunal más político” estén ocupados por titulares, que sólo pueden ser removidos por juicio político. 

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

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El tribunal es presidido desde hace once años por Martín Irurzun, integrante de la Sala II. Su padre era asesor de un abogado de Raúl Alfonsín, pero fue Carlos Menem quien lo ascendió de primera instancia a camarista en 1994, con acuerdo del Senado. Desde entonces, es el único miembro de la Cámara que permanece. “Maneja la relación con los jueces de primera instancia”, explica una fuente del tribunal y confirman magistrados de instrucción. 

Durante el macrismo, Irurzun también quedó al mando de la oficina de escuchas telefónicas de la Corte y jugó un rol central en la fluida relación entre Comodoro Py y el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, según los jueces consultados. La oficina de escuchas recibió críticas de dirigentes kirchneristas por los audios con conversaciones privadas de Cristina Fernández y otros opositores de Macri que llegaron a manos de medios de comunicación.

El único titular de la Sala I es Mariano Llorens, nombrado por el gobierno de Macri en 2018, tras haber sido uno de los siete finalistas de un concurso que se demoró 10 años.

Los otros dos miembros de la Cámara son Bruglia y Bertuzzi, quienes fueron trasladados desde otros tribunales, también a instancias del macrismo, pero tienen fecha de caducidad en el cuerpo tras la decisión de a Corte. 

El regreso

En el corto plazo, el Presidente debe convalidar el regreso del juez Eduardo Farah, quien llegó a la Sala II por concurso en 2008, pero solicitó su traslado en 2018, luego de haber ordenado junto a Jorge “Pati” Ballestero la excarcelación del empresario Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. 

Las “presiones políticas y mediáticas” llevaron a Farah a pedir su traslado a otro tribunal, según argumentó. Ambos camaristas fueron denunciados por voces macristas de haber recibido supuestos sobornos, acusación que no levantó vuelo. El juez federal Luis Rodríguez dictaría sus sobreseimientos en diciembre de 2019. 

El 10 de noviembre último, Farah solicitó regresar a su cargo en la Cámara, según el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura.  

Durante los dos gobiernos de Fernández de Kirchner, Farah ocupó la vocalía de la Sala II que ganó por concurso y subrogó una vacante en la Sala I durante ocho años (2008-2016). Al estar en ambas salas, intervenía en todos los casos que llegaban al tribunal de revisión. 

Javier Fernández negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo (Farah) es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”.

A pesar de ser considerado por sus colegas como un juez formado, su poder se le atribuyó en parte a su amistad con el auditor general de la Nación Javier Fernández, sindicado por los off the record como el “operador judicial” de la entonces Secretaría de Inteligencia. Fernández, que representa al peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), siempre negó ese rol. Farah desmiente que el auditor tenga influencia sobre sus decisiones, según explicó un allegado al magistrado.

“Toque de suerte”  

Javier Fernández asegura que sólo se dedica a la AGN. En diálogo con elDiarioAR, negó haber intervenido en el regreso de Farah a la Cámara. “Eduardo es mi mejor amigo, fuimos compañeros desde el jardín hasta la secundaria. Es brillante. Yo vi lo que sufrió, pero yo no garantizo nada”, afirmó. “Son decisiones de la política”, agregó Fernández.

El auditor también negó haber sido “el puente” entre quienes aspiran a la Justicia federal y la ex-SIDE. Asegura que no ve ni habla con Jaime Stiuso, exjefe de los espías, desde hace años. Sostiene que tampoco habla desde hace seis con su hermano Sergio Fernández, presidente de otro poderoso tribunal de apelaciones: la Cámara Contencioso Administrativa, donde se dirimen los casos contra el Estado nacional y se juegan intereses millonarios. 

Fernández reitera una frase que le dijo a La Nación hace unos días: “Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner”. “Soy peronista y el peronismo es vertical, se encolumna debajo de su líder”, proclamó.

En septiembre de 2018, Fernández fue procesado por presunta asociación ilícita en el caso Cuadernos, porque en las anotaciones del chofer Oscar Centeno se señalaban visitas a su casa para llevar dinero. También por las declaraciones del exjuez Norberto Oyarbide, quien acusó a Fernández de haberlo amenazado para acelerar un sobreseimiento al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. 

La Sala II de la Cámara revocó el procesamiento. Luego, el influyente Fernández fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi. 

“Apoyos”, “impulsos”, “ayuda”, “toque de suerte” son algunos de los términos que utilizan los jueces y candidatos a jueces para definir el ingrediente central de la receta para llegar. “Podés salir primero en el concurso, en los exámenes, en la evaluación de antecedentes, pero si no te elige la política, no llegás”, explica un magistrado.

Mencionan haber tenido que “tomar café” con los radicales Darío Richarte y “Coti” Nosiglia, entre otros. Durante el macrismo, con Daniel “Tano” Angelici, quien al cierre de esta edición no había respondido la consulta de este medio. Se encontraba de viaje, dijo un allegado.

“En cada café te queda un jirón de independencia”, dijo un magistrado que concursó en vano para llegar a la Cámara.

“El Coti siempre que pudo dar una mano, lo hizo, a quien consideraba que se lo merecía, pero desde su rol en la política, no relacionado a los servicios de inteligencia que le atribuyen”, respondió una persona cercana al histórico dirigente radical.

“Su influencia viene por su rol en la Facultad de Derecho”, afirmaron cerca de Richarte, quien se desempeñó como número dos de la disuelta Secretaría de Inteligencia durante el gobierno de Fernando de la Rúa; encabeza el estudio jurídico que defendió a Amado Boudou en la causa Ciccone; y fue vicerrector de la UBA.

El Consejo de la Magistratura, que elige y controla a los jueces, tomó este jueves dos decisiones centrales en torno a la Cámara: además de disponer el retorno de Farah, aprobó las ternas de candidatos para una vacante en la Sala I del tribunal. El debate en el plenario puede verse en video en este link. 

En el primer lugar de la terna se encuentra Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico número 5; seguido por Roberto José Boico, uno de los abogados de la vicepresidenta Fernández de Kirchner; y en tercer lugar, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. 

Operadores y servicios

Durante los últimos gobiernos, ningún ministro de Justicia logró hacer pie en los tribunales federales de Comodoro Py. La influencia o intentos de influir sobre los jueces y fiscales quedaron en manos de “operadores informales” o “mesas judiciales”, reconocen magistrados, abogados y exmiembros de la Cámara consultados.

Binder dice que “el método tradicional de manipulación de la Justicia se está desarmando y están tratando de construir uno nuevo”. Pero duda que puedan hacerlo. “El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera”. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está intervenida y ya no presta servicios como auxiliar de la Justicia.

A eso, agregó Binder, se sumó la pandemia. “No hay charlas en los bares ni en los despachos”.

“No es tan así. Todos tenemos carrera judicial que precede a las relaciones que nos adjudican” con la política“, sostuvo un magistrado. ”No voy a negar esas relaciones y amistades. No voy a negar que algunos de nosotros conocemos a (Jaime) Stiuso, pero a nosotros no nos llaman para darnos órdenes“, afirmó.

El fiscal federal Federico Delgado, autor de República de la Impunidad, sostiene que “la Justicia está privatizada y la Cámara Federal representa muy bien eso. El problema no son sólo los jueces, es el dispositivo institucional lo que está agotado”, agregó. 

La Justicia también intenta influir en la Justicia, dice Binder. “Están las llamadas de teléfono entre miembros de la Corte, miembros de la Cámara, jueces de primera instancia y un mundo que funciona como una gran caja de favores”, afirmó. “Sacando a algunos jueces, la mayoría son parte de ese sistema, no víctimas que reciben presiones de seres poderosos que los doblegan. Es un juego de poder donde participan permanentemente”, sostuvo. 

Los camaristas, a su vez, tienen sus propias alianzas internas con otros miembros del tribunal y con miembros de la Corte, que nunca son estancas, según explican. Varían con los tiempos políticos y con la temperatura de las relaciones personales y las pujas por la resolución de un caso donde las posturas están encontradas. 

Eyecciones y traslados

Dos crisis profundas atravesaron al tribunal de apelaciones en los últimos dos años. La primera ocurrió entre 2016 y 2018. Eduardo “Chiche” Freiler llegó a la Cámara por concurso a finales de 2004 e integraba la Sala I, sindicada más tarde por un sector de los medios como “la sala K”, por sus fallos “favorables” al gobierno de turno.

La Sala I avaló el procesamiento de Macri en la causa de las “escuchas ilegales”. Años más tarde, ya electo presidente, el fundador del PRO fue sobreseído en el caso. Freiler siempre sostuvo haber actuado conforme a sus convicciones.

Tras la asunción de Macri, en 2017, el oficialismo promovió el juicio político de Freiler por “mal desempeño por el crecimiento injustificado de su patrimonio”, según la acusación en el Consejo de la Magistratura. El juez se rehusó a renunciar y fue destituido en noviembre de ese año, escándalo mediante por el procedimiento en el Consejo, cuando el entonces oficialismo aprovechó una efímera vacante mientras un legislador del kirchnerismo aguardaba que Lorenzetti le tomara juramento. Actualmente, Freiler se dedica a la abogacía.

En 2018, su compañero de sala, Ballestero, terminó jubilandose de manera anticipada a sus planes, tras votar junto con Farah la excarcelación de Cristóbal López.

“El vínculo con los servicios de inteligencia no ha desaparecido por completo, pero con las medidas tomadas (por Alberto Fernández) ha mermado considerablemente porque la AFI ya no juega de esta manera” (Binder)

A Ballestero, intentar conservar su cargo le costó tener que vender su casa en el Mayling Club para refugiarse de los escraches de vecinos. Le pusieron siete stents coronarios en un lapso de seis meses. Pero, a diferencia de Freiler, logró irse con una jubilación de privilegio, que ronda el medio millón de pesos mensuales, confirmaron cerca del exjuez.

Actualmente, se dedica a la profesión y asesora a un consejero de la Magistratura que trabajó activamente por la salida de los camaristas Bruglia y Bertuzzi; que tuvo una injerencia clave en el regreso de Farah; y que intervendrá en los concursos.   

B y B

Entre 2016 y 2018, el gobierno de Macri promovió los traslados de dos jueces para ocupar las vacantes en la Sala I. El primero en llegar fue Bruglia, en 2016. Estaba en el Tribunal Oral Federal 4 de los tribunales de Comodoro Py. Dos años después, fue trasladado Bertuzzi, desde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Los traslados fueron solicitados por los jueces, aprobados por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo y la Corte. Dos años después, tras la asunción de Fernández, los mismos poderes avanzaron sobre sus propias decisiones. 

En 2020, el Consejo activó la revisión de los traslados, que consideró “inconstitucionales”; el Senado los revisó; Bruglia y Bertuzzi se negaron a rendir cuentas ante la cámara alta y el oficialismo votó por correrlos de sus cargos; el Presidente ordenó en septiembre que sean apartados.

Bruglia y Bertuzzi defienden sus traslados, basándose en la aprobación que realizó en su momento la propia Corte. En noviembre, el máximo tribunal sostuvo que un traslado sin ano es definitivo y que los que han terminado siéndolo obedecen a “costumbres inconstitucionales”.

“El poder de la Cámara tiene plazo fijo”, dijo un camarista. “Con el nuevo Código Procesal, pasará a ser un tribunal que decida si una causa va o no a juicio”. Sin embargo, los casos ya abiertos seguirán funcionando con las reglas actuales, explicó. 

ED