El cosecretario general de la CGT Jorge Sola celebró la decisión de la Justicia laboral que suspendió provisoriamente buena parte de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que el fallo confirma los argumentos que el movimiento sindical viene planteando desde que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso.

“Es un primer paso importantísimo de lo que estamos reclamando de fondo, que es la inconstitucionalidad”, afirmó Sola al referirse a la medida cautelar dictada por el juez laboral Raúl Ojeda, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la central obrera.

Según explicó el dirigente sindical, la resolución judicial reconoce que los cuestionamientos planteados por la CGT tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia.

“La cautelar nos da una mirada sobre que lo que planteábamos era verosímil, era creíble, y que tenía fundamentos para sostener que muchos de los artículos votados eran inconstitucionales”, sostuvo en declaraciones a AM 530.

Sola señaló que el fallo también ratifica la estrategia que la CGT adoptó desde el inicio del debate parlamentario de la reforma laboral: primero intentar frenarla en el Congreso, luego expresar el rechazo en la calle y finalmente recurrir a la Justicia.

“Dialogamos con los legisladores, discutimos el proyecto, reclamamos en las calles y con un paro general que no se votara esta reforma. Cuando la ley se aprobó dijimos que íbamos a presentarnos en la Justicia, y eso es lo que estamos haciendo”, explicó.

El dirigente destacó además que el impacto de la medida cautelar trasciende a la propia central sindical. Según indicó, el fallo beneficia a todos los trabajadores alcanzados por la legislación laboral y se suma a otras presentaciones judiciales que distintos sindicatos están impulsando en todo el país.

“Esto implica a todos los trabajadores y a todas las instituciones gremiales que los representan. Hay muchos gremios que también están haciendo presentaciones vinculadas a aspectos específicos de la reforma”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los tribunales están analizando la reforma laboral a la luz de los principios constitucionales que protegen el trabajo.

“La Justicia está mirando todo con el prisma de la Constitución, y por ahora la reforma no lo está pasando”, afirmó.

Consultado sobre el alcance de la cautelar, Sola explicó que la suspensión judicial alcanzó a prácticamente todos los artículos que, según la CGT, afectaban derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

“Todo lo que reclamó la CGT y que entendíamos que afectaba derechos laborales fue detenido provisoriamente hasta que se analice su constitucionalidad”, señaló.

El dirigente sostuvo que lo que quedó vigente de la ley responde más bien a decisiones de política económica del Gobierno, como los regímenes de incentivos o beneficios orientados a promover la contratación laboral.

“Quedaron en pie algunas decisiones políticas que el Gobierno considera que pueden fomentar el empleo, como ciertos incentivos o beneficios para pequeñas y medianas empresas”, explicó.

Sin embargo, Sola se mostró muy crítico respecto del sentido general de la norma y afirmó que la reforma laboral no respeta el espíritu protector del derecho del trabajo ni el principio de progresividad de los derechos laborales.

“Mi mirada particular es que la ley, en su conjunto, no representa el espíritu de protección del derecho del trabajo ni el principio de progresividad”, sostuvo.

El dirigente sindical consideró además que, incluso con los artículos que permanecen vigentes, la reforma enfrenta serias dificultades para aplicarse en la práctica.

“Creo que aun con lo que quede en pie hoy, la ley es inaplicable”, afirmó.

De todos modos, el dirigente reconoció que el proceso judicial recién comienza y podría escalar hasta la Corte Suprema. El Gobierno ya anticipó que apelará la decisión judicial.

“Sabemos que esto tiene un recorrido hacia adelante. El Gobierno va a apelar y probablemente el caso llegue a la Corte, que es la que finalmente interpreta qué es constitucional y qué no en la Argentina”, señaló.

Aun así, Sola se mostró optimista respecto del resultado final del proceso judicial y afirmó que existen fundamentos jurídicos sólidos para declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados.

Para el dirigente sindical, el fallo representa además un mensaje institucional sobre los límites del poder político frente a los derechos laborales.

“La Justicia está diciendo algo muy claro: hay violaciones a los derechos de los trabajadores que no se pueden hacer, por más que se tengan mayorías en el Congreso”, sostuvo.

Y concluyó: “La mayoría no garantiza que una ley sea constitucional. Lo que estamos defendiendo es que se respete el artículo 14 bis de la Constitución y los derechos de los trabajadores”.

JJD

La reforma laboral del gobierno de Javier Milei fue presentada como una de las grandes victorias políticas del oficialismo. Tras su aprobación, el Ejecutivo celebró la nueva ley como un cambio histórico destinado —según el discurso oficial— a modernizar el mercado de trabajo y reducir los costos laborales que, según su diagnóstico, frenan la creación de empleo. Pero a pocas semanas de su entrada en vigencia —el Presidente la promulgó el 6 de marzo—, la arquitectura de esa reforma empezó a mostrar una fragilidad inesperada. En los tribunales, ese edificio normativo que salió del Congreso comienza a verse más como un castillo de naipes: cada fallo judicial que lo cuestiona mueve una carta y lo hace tambalear.

El último golpe llegó desde el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, que resolvió suspender provisoriamente la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral a partir de una acción presentada por la CGT. La medida cautelar permanecerá vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si esos artículos son o no compatibles con la Constitución.

En términos prácticos, la decisión judicial pone en pausa buena parte del núcleo de la reforma. El planteo de la central obrera cuestiona la constitucionalidad de varios artículos por entender que afectan principios fundamentales del derecho del trabajo reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales ratificados por la Argentina: la protección laboral, la libertad sindical, la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el principio de progresividad de los derechos sociales.

El juez laboral Raúl Ojeda consideró que existen indicios suficientes de que algunos de esos cambios podrían vulnerar garantías constitucionales y generar daños difíciles de reparar si la ley comenzara a aplicarse plenamente. Por ese motivo, dispuso la suspensión preventiva de los artículos cuestionados mientras continúa el proceso judicial.

El magistrado también señaló que la implementación inmediata de la reforma podría generar efectos jurídicos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes, lo que justificó la suspensión cautelar mientras se discute el fondo del caso.

La resolución tiene un impacto significativo porque frena casi todos los artículos que están en el centro del debate sobre la reforma. Pero además confirma algo que ya empezaba a observarse: la norma impulsada por el Gobierno se está encontrando con un obstáculo creciente en los tribunales.

En efecto, este fallo se suma a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar artículos puntuales de la reforma laboral desde distintos tribunales del país. En Córdoba, por ejemplo, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas al considerar que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral.

En otro caso, el Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite. La sentencia sostuvo que ese cambio podía reducir significativamente el monto que cobran los trabajadores tras años de litigio.

La discusión judicial recién empieza

Distintas demandas impulsadas por sindicatos, organizaciones laborales y trabajadores individuales anticipan un recorrido largo en los tribunales, donde los diferentes artículos de la reforma serán analizados uno por uno.

La decisión del Juzgado del Trabajo Nº 63 se inscribe en ese proceso. Al tratarse de una acción colectiva presentada por la CGT, el expediente tiene un alcance potencial amplio y podría convertirse en uno de los casos clave para definir el futuro de la reforma.

El Gobierno, por su parte, ya anticipó que apelará la medida. El Ministerio de Capital Humano llevará el caso ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que deberá revisar la suspensión mientras continúa el trámite del expediente principal.

Más allá del desenlace judicial, el episodio deja al descubierto una paradoja política para el oficialismo. La reforma laboral fue concebida como una de las banderas del programa económico libertario, pero su aplicación real empieza a quedar atrapada en una red de litigios.

Ese desgaste judicial coincide, además, con otros episodios que empiezan a erosionar la credibilidad del Gobierno. Entre ellos aparece el caso de corrupción que involucra nada menos que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que atraviesa semanas de fuertes cuestionamientos y presiones políticas.

A ese frente se suma el desempeño de la inflación, el principal enemigo declarado del plan económico de Milei. Solo en el primer bimestre del año acumuló casi un 6%, y consultoras privadas anticipan que marzo podría sumar otro 3%. Todo esto ocurre en un contexto de paritarias pisadas, consumo debilitado y un escenario en el que los cierres de empresas y los despidos se repiten prácticamente a diario.

En ese clima económico y político, la reforma laboral —presentada como un punto de inflexión para el mercado de trabajo— empieza a enfrentarse con una realidad más compleja que la que expresan los funcionarios nacionales y el Presidente.

JJD

El Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo que suspendió de manera provisoria artículos clave de la reforma laboral, luego de la resolución dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en el marco de una causa impulsada por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Según el comunicado oficial, la cartera a cargo de Sandra Pettovello, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, buscará revertir la decisión judicial que frenó la aplicación de parte de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral. En ese sentido, ratificó su “firme compromiso” con la norma y adelantó que agotará “todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar su vigencia.

Desde el Gobierno defendieron la reforma al sostener que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y que constituye una herramienta central para la generación de empleo formal, la mejora de la competitividad y el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Además, cuestionaron a quienes impulsaron la demanda judicial, al señalar que responden a “intereses corporativos y sectoriales” que buscan obstaculizar los cambios.

El fallo que motivó la reacción oficial fue firmado por el juez laboral Raúl Ojeda, quien resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT y suspender provisoriamente más de 80 artículos de la ley.

En su resolución, el magistrado advirtió sobre una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores, lo que justificó la decisión de frenar la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación sindical fue impulsada por el triunvirato de la central obrera, integrado por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la constitucionalidad de distintos puntos de la reforma.

Por el momento, la suspensión tiene carácter provisorio y se mantendrá vigente hasta que la Justicia avance en el análisis de fondo sobre la validez de la ley. Mientras tanto, continúan en vigor los convenios colectivos de trabajo, uno de los ejes centrales del planteo sindical.

El conflicto judicial abre un nuevo frente en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa una disputa que podría escalar en las próximas instancias judiciales.

CRM

La Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar una parte significtiva de la Ley de Modernización Laboral (27.802) sancionada el pasado 27 de febrero. 

El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de “perjuicio inminente” para los trabajadores.

“La Confederación General del Trabajo posee legitimación activa para impugnar los artículos señalados en los vistos, tanto en lo que se refiere a derechos de la sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, como en aquellos aspectos individuales comunes y homogéneas a todo el grupo de trabajadoras y trabajadores cuya prestación se encuentra regulada por las normas de la República Argentina”, manifiesta el documento. 

Por el momento, esta suspensión es de carácter “provisorio”, mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

“Se peticiona la declaración de inconstitucionalidad de un grupo de disposiciones de la reciente ley 27.802 cuya determinación no corresponde al prieto marco de una medida cautelar. En esta etapa corresponde emitir una prudente consideración general que permita adoptar una decisión provisoria, para aguardar con paz social hasta la sentencia definitiva, luego de un debate más intenso”, concluye el texto. 

El juez federal Enrique Lavié Pico rechazó una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que buscaba frenar la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral 27.802 vinculados al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión representa un primer revés judicial para la estrategia sindical que intenta cuestionar la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, que desestimó el pedido de la central obrera para suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la norma mientras se resuelve el fondo del litigio. Esos puntos establecen el convenio de transferencia de la función judicial en materia laboral desde la Justicia Nacional del Trabajo hacia el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La CGT había presentado el 6 de marzo una acción de amparo contra el Estado nacional en la que solicitó la nulidad e invalidez constitucional de esos artículos. En paralelo, pidió una medida cautelar innovativa para que la norma no se aplicara hasta que existiera una sentencia definitiva.

El argumento de la CGT

En su presentación, la central sindical sostuvo que la implementación de la ley implicaría en los hechos la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias a la justicia porteña. Según argumentó, ese cambio podría generar consecuencias difíciles de revertir si más adelante la Justicia declarara inconstitucional la reforma.

El planteo también señaló que el traslado de competencias podría afectar a trabajadores y trabajadoras y provocar un impacto en el sistema judicial laboral. Además, la organización afirmó que el derecho invocado estaba respaldado por presuntas vulneraciones de garantías constitucionales.

Cuando la CGT presentó el recurso ante Tribunales, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el objetivo era “ejercer el derecho a peticionar” y expresó confianza en que la Justicia garantice el cumplimiento de la Constitución.

Los fundamentos del juez

Al analizar el pedido, Lavié Pico sostuvo que las medidas cautelares innovativas tienen carácter excepcional, ya que implican modificar el estado de hecho o de derecho vigente antes de que exista una sentencia sobre el fondo del conflicto.

El magistrado explicó que, en este caso, el planteo de la CGT coincidía en gran medida con el objeto principal de la demanda, por lo que resolver la cautelar implicaría adelantar el resultado del litigio.

Además, señaló que no se verificaba un “peligro en la demora” que justificara suspender de inmediato la aplicación de la ley. También destacó que la vía elegida por la central obrera —la acción de amparo regulada por la Ley 16.986— permite obtener una definición relativamente rápida sobre el fondo de la cuestión.

Por esos motivos, concluyó que no se configuraba un daño irreparable que pudiera volver ilusoria una eventual sentencia favorable para el sindicato, y resolvió rechazar la medida cautelar.

Cómo sigue la causa

El fallo no implica una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la norma. La CGT puede apelar la resolución y el proceso judicial continuará hasta que se dicte una sentencia sobre el fondo del amparo.

En paralelo, el juzgado ordenó librar oficio al Estado nacional argentino para que en un plazo de cinco días presente el informe previsto en la ley de amparo y ofrezca la prueba que considere pertinente.

Mientras tanto, los artículos cuestionados de la reforma laboral seguirán vigentes, lo que abre una nueva etapa en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical por uno de los ejes centrales del programa de reformas laborales impulsado por la administración libertaria.

El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a movilizar este lunes 9 de marzo en todo el país en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con una jornada de protesta que incluirá paro docente, movilizaciones sindicales y marchas en distintas ciudades contra “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno de Javier Milei.

La convocatoria central en la Ciudad de Buenos Aires es desde el Congreso hacia Plaza de Mayo a las 16.30.

La protesta se realiza un día después del 8 de marzo —fecha oficial de la efeméride— y reune a organizaciones feministas, gremiales y sociales que buscan expresar en las calles el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto en las condiciones de vida y trabajo.

Paro docente y adhesión sindical

La jornada tiene impacto directo en el sistema educativo, ya que varios gremios docentes decidieron adherir al paro internacional feminista y participar de la movilización.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) resolvió sumarse a la huelga, al igual que el sindicato SUTEBA en la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Las organizaciones convocaron a participar de la marcha que se realizará por la tarde hacia el Congreso y Plaza de Mayo, en el marco de la jornada internacional de protesta por el Día de la Mujer Trabajadora.

Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instó a sus sindicatos de base a realizar acciones en todo el país, con modalidades que cada provincia definirá de acuerdo con su organización local.

El paro y las movilizaciones se inscriben en una tradición del movimiento feminista internacional que vincula los reclamos por igualdad de derechos con las condiciones laborales y económicas de las mujeres y diversidades.

La CGT moviliza con su Secretaría de Género

La jornada también tendrá presencia sindical. La Secretaría de Género de la CGT, encabezada por Carla Gaudensi (FATPREN), participará de la movilización con una columna propia junto a otras centrales obreras.

La central sindical definió concentrar a las 16.30 en las inmediaciones del Congreso para marchar hacia Plaza de Mayo, en coincidencia con la convocatoria feminista.

La CGT realizó actividades preparatorias durante los días previos y anunció que presentará un documento con las demandas laborales de las trabajadoras en el contexto económico actual.

El objetivo de esa participación es visibilizar los reclamos vinculados con la situación laboral de las mujeres y las desigualdades que persisten en el mercado de trabajo, en un escenario de crisis económica y reformas laborales en debate.

Una convocatoria feminista contra el ajuste

La movilización fue convocada por Ni Una Menos, que difundió el llamado a salir a las calles a través de redes sociales y asambleas preparatorias.

En la convocatoria, la organización planteó que la jornada busca denunciar “el ajuste y la política de hambre” del Gobierno nacional y llamó a construir una respuesta colectiva frente al deterioro de las condiciones de vida.

“Este 9M volvemos a las calles en todo el país porque no aguantamos más el ajuste y su política de hambre, odio y represión”, señaló el colectivo feminista en el mensaje difundido para convocar a la movilización.

El movimiento también sostuvo que la jornada forma parte de una tradición internacional de lucha feminista que vincula la igualdad de género con la defensa de los derechos sociales, laborales y democráticos.

Marchas en otras ciudades del país

La convocatoria del 9 de marzo tendrá expresiones en distintas provincias.

En Rosario, organizaciones feministas definieron marchar desde la Plaza San Martín hacia el Parque a la Bandera, con consignas que incluyen el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización comenzará por la tarde y finalizará con la lectura de un documento que sintetizará las demandas del movimiento feminista local.

En Salta, la asamblea lesbotransfeminista resolvió convocar a concentrar a las 17 en la Plaza 9 de Julio, con participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

Entre las consignas de la convocatoria provincial también aparece el rechazo a la reforma laboral y la preocupación por el impacto de esas políticas en las condiciones de vida de mujeres y diversidades.

Asueto en Misiones y otras actividades

En la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua dispuso trasladar al lunes 9 de marzo el asueto administrativo para las mujeres que trabajan en la administración pública provincial.

La medida, establecida mediante el Decreto Nº 328, alcanza a las trabajadoras de la Administración Pública Central, entes autárquicos y organismos descentralizados y busca facilitar la participación en las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer.

Más convocatorias en la jornada

En paralelo a las movilizaciones feministas, también se realizará una concentración desde las 14.30 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Desde allí los manifestantes marcharán hacia el Congreso y luego a Plaza de Mayo en el marco de las actividades vinculadas con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La jornada del 9 de marzo reunirá así múltiples expresiones de protesta en el centro porteño, con una fuerte presencia del movimiento feminista y de organizaciones sindicales.

JJD

Reglamentada la ley de reforma laboral, la CGT presentó un amparo para frenarla. La medida de la central obrera se concretó este viernes, horas después de que la norma sea publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.

La demanda fue firmada por el triunvirato cegetista y quedó radicada ante el Juzgado Contencioso N° 7, a cargo de Enrique Lavie Pico. Es el mismo magistrado que frenó el capítulo laboral del DNU de desregulación económico 70/23, que firmó Milei apenas asumió su gestión.

La central obrera había anticipado la judicialización de la ley de flexibilización el lunes pasado en una movilización que realizó a la sede de la Corte Suprema de Justicia, frente a Plaza Lavalle. Para la CGT la ley es “anticonstitucional” por violar, entre otros el artículo 14 bis que consagra derechos laborales básicos.

El oficialismo logró aprobar con una mayoría circunstancial aportada por gobernadores aliados y el PRO y la UCR la ley que tiene en el corazón la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para pagar las indemnizaciones, pero también recorta las horas extras, ajusta las vacaciones, restringe el derecho a huelga y de asambleas de trabajadores, y permite los convenios por empresas.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, había asegurado Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT, al hablar el lunes en la puerta del Palacio de Justicia.

LA CGT sostiene que la nueva normativa vulnera el principio de progresividad o no regresión, que establece que el Estado no puede adoptar medidas injustificadas que impliquen un retroceso en derechos laborales previamente conquistados.

Además, advierte que también se afecta el principio protectorio, basado en la desigualdad estructural que existe entre empleadores y trabajadores y que busca equilibrar esa relación para evitar abusos sobre la parte más débil.

En su presentación, la central sindical afirma que la reforma impacta sobre garantías previstas en el artículo 14 bis de la Constitución, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical, la libre agremiación y la seguridad social.

La CGT también cuestionó disposiciones puntuales del proyecto. Según su interpretación, el nuevo esquema habilitaría jornadas laborales de hasta 12 horas, eliminaría el pago de horas extras y, en consecuencia, podría derivar en una reducción de los salarios.

Por otro lado, criticó que se eliminen sanciones para empleadores que no hayan realizado aportes o que hayan incumplido la legislación laboral. Asimismo, objetó la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas y a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Con información de agencia NA

MC

Todo lo que el Gobierno y las patronales con la complicidad de diputados y senadores pretenden echar por tierra con la ley que aprobaron la semana pasada, costó mucha lucha. Nadie nos regaló nada. Cada derecho que tenemos lo conseguimos reclamando: con diálogo, pero sobre todo con movilizaciones y huelgas. La regresiva reforma laboral viene a destruir todo eso. 

Hace cien años, los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos lograron la jornada laboral de ocho horas, mayores salarios, el fin del trabajo a destajo y mejores condiciones laborales. Sólo pudieron conquistar esos derechos después de una huelga y una toma de planta, que hicieron después de agotar todas las instancias de negociación. Pero la huelga no le gustó ni a la patronal ni al gobierno y el conflicto pasó a la historia como la Semana Trágica aunque en realidad no fue una tragedia, fue una masacre.

Después de un mes de protestas y de la solidaridad obrera creciente, los dueños de Vasena se propusieron romper la huelga y contrataron matones armados que tuvieron el apoyo de la policía para desalojar la planta y lanzar una cacería que terminó con cuatro trabajadores asesinados, tres a balazos y uno por los sablazos de la policía montada. 

Dos días después, el 9 de enero de 1919, una manifestación acompañó el cortejo fúnebre para enterrar en el cementerio de Chacarita a los asesinados por la represión. Esa movilización también fue reprimida y la policía dejó casi 100 obreros muertos y más de 400 heridos. La respuesta del conjunto de los sindicatos fue una huelga general por tiempo indeterminado. 

Finalmente, una semana después, el gobierno aceptó los reclamos obreros: redujo la jornada laboral, concedió el aumento de salarios y liberó a los trabajadores detenidos. También Vasena reincorporó a todos los despedidos durante el conflicto.

Esa huelga y el reclamo colectivo fue un gran paso para que las y los trabajadores de este país tengamos derecho a la jornada de 8 horas. Los dueños de la empresa Pedro Vasena e hijos apenas redujeron un poco sus ganancias. 

Nunca nadie nos regaló nada. Nosotros aprendimos de esos obreros y sus familias, por eso las y los aceiteros usamos la huelga como principal herramienta. Muchos dicen: “Ustedes cobran bien y encima hacen huelga”. La formulación es equivocada: ganamos bien porque hacemos huelga. Antes de hacer huelga éramos pobres trabajando en empresas multimillonarias y teníamos condiciones laborales deplorables.

Esa experiencia de las aceiteras la llevamos a las desmotadoras de algodón, que son empresas más chicas, sin puerto, metidas en el campo profundo, empresas pequeñas que son el primer eslabón de la industria textil. Una industria con mucha menos rentabilidad que las gigantescas cerealeras. Allí también logramos duplicar el salario de las y los trabajadores. Las empresas desmotadoras pasaron a pagar el doble de salario y ninguna se fundió.

La semana pasada, un grupo de políticos, que en su mayoría nunca han trabajado bajo patrón o son patrones o responden directamente a los patrones que los pusieron ahí, votaron para terminar, entre otras cosas, con la jornada de 8 horas y con el derecho a huelga. Tiraron por el inodoro del Congreso la lucha y nuestro esfuerzo para tener derecho a una vida digna a cambio de nuestro trabajo. 

No logramos frenar en el Congreso esa ley nefasta, pero vamos a seguir luchando hasta que volvamos a conquistar nuevamente los derechos que necesitamos para vivir dignamente de nuestro trabajo. Nadie nos regaló nada, ahora tampoco. Tengamos memoria para recordar nuestra historia y también para recordar a los que votaron y votaran en contra de la clase trabajadora.

*El autor es secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), presentaron su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. 

En diálogo con el periodismo en la puerta de Tribunales sobre la calle Talcahuano, Sola explicó que con esta presentación la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

La presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

A su turno Jerónimo dijo que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”,

“Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera”, recalcó.

Por su parte Argüello sostuvo que la afirmación de anoche del Presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

Para el dirigente del gremio de Camioneros la exposición de anoche de Milei ante la Asamblea Legislativa “fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió y agregó que en la Argentina“ ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

La CGT se movilizó previamente al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. La central obrera se concentró en Plaza Lavalle desde las 11. Además, emitió un comunicado en el que expresa que la reforma laboral “es inconstitucional”. Según la central obrera, “es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales”.

El texto completo

LA REFORMA LABORAL ES INCONSTITUCIONAL

Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales. Sabemos bien que no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso. Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina, no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales.

La Confederación General del Trabajo llevará adelante una presentación judicial porque esta ley de reforma, mal llamada de “modernización”, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales. Sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales (como el Pacto de San José de Costa Rica):

• Principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.

• Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador.

Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems.

Esta reforma admite:

• Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario.

• Eliminar sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley.

• Disponer que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares.

• No reconocer las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen.

• Reducir los aportes a las Obras Sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud.

• Afectar el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones.

• Habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria.

• Recortes a la libertad sindical coartando asambleas y recortar la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo.

• Limitar el derecho a la protesta, restringiendo el derecho de huelga.

• Aparta del acceso al servicio de justicia laboral, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales, a través del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente.

La decisión de judicializar

La decisión de judicializar fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada el pasado miércoles, dos días ante sde la sanción definitiva que dio el Senado, en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical y desplazar el eje de la disputa al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola días atrás al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.

La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este miércoles avanzar con una presentación judicial contra la reforma laboral en caso de que el Senado apruebe definitivamente el proyecto en la sesión prevista para el viernes. Como señal política, la central obrera convocó además a una movilización el próximo lunes hacia Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para acompañar la impugnación.

La decisión fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical frente a un escenario legislativo que el propio sindicalismo considera adverso. Con el oficialismo confiado en reunir los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa, la CGT decidió desplazar el eje de la disputa del Congreso al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

La CGT llegó a la definición de este miércoles después del paro general realizado el pasado 19 de febrero y en medio de un clima de creciente tensión con el Gobierno. En la conducción sindical admiten que el margen para frenar la ley en el Senado es hoy limitado, por lo que el foco empieza a correrse hacia la presión política sobre los legisladores, especialmente aquellos de extracción peronista, y la disputa judicial posterior. “Vamos a hacerles pagar el costo político”, deslizaron desde la central, en referencia a los senadores que acompañen el proyecto oficialista.

En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) convocó a una movilización frente al Congreso para el viernes a las 12, en simultáneo con el tratamiento en el recinto. A esa protesta se sumará un paro nacional de ATE, que integra el propio FreSU junto con gremios como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y ambas CTA. La jornada anticipa un escenario de alta tensión, con el sindicalismo movilizado mientras el Senado debate una de las leyes centrales del programa de “modernización” impulsado por el Gobierno.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.

PL/CRM

La inminente sanción de la reforma laboral anticipa un viernes de alta tensión entre el palacio y la calle. Mientras el Gobierno buscará asestar el golpe final en el Senado –en la antesala del discurso que Javier Milei dará el domingo en la Asamblea Legislativa–, en las últimas horas se aceleraron los movimientos políticos, gremiales y sociales para intentar frenar la avanzada libertaria.

Solo este martes se sucedieron declaraciones de alto voltaje y movilizaciones vinculadas a distintos aspectos de la flexibilización impulsada por la Casa Rosada. El triunvirato de la CGT encabezó una protesta frente a los Tribunales para rechazar el traspaso de la Justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el peronismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue más allá y lanzó una advertencia sin matices: “Este gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, afirmó en Radio 10. “Estamos teniendo un genocidio social enorme”, agregó, y sostuvo que el peronismo debe asumir su “responsabilidad histórica”.

Para este miércoles, la central obrera convocó a su mesa directiva. Pese a la presión de sus bases, quedó descartada la posibilidad de un nuevo paro general en lo inmediato. La estrategia de la CGT apunta ahora a judicializar la reforma y “inundar” los tribunales con presentaciones por inconstitucionalidad. Esa postura más cautelosa contrasta con la del Frente Sindicatos Unidos (FreSU) –que nuclea a la UOM, ATE, aceiteros, aeronáuticos y más de un centenar de gremios, con el respaldo de Pablo Moyano y las dos CTA–, que empuja una respuesta más contundente.

El FreSU había planteado inicialmente un paro y movilización de 36 horas entre jueves y viernes, pero finalmente acotó la medida a una jornada de protesta el viernes. La concentración comenzará a las 10 en la intersección de Avenida de Mayo y Salta y culminará frente al Congreso, donde se espera el debate decisivo.

“La expectativa es hacer una movilización importante para que todos los trabajadores sientan que tienen a sus representantes en la lucha”, señaló Daniel Yofra, titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, en diálogo con elDiarioAR. Denunciado días atrás por el Gobierno tras llamar a “prender fuego el país”, el dirigente advirtió que la eventual sanción de la reforma multiplicará la conflictividad. “No hay otra manera de evitar el conflicto porque el entramado productivo se está cayendo a pedazos. Los patrones van a despedir a lo loco. Si antes hacíamos huelgas y movilizaciones sin la reforma laboral, con la reforma se va a multiplicar por diez toda la conflictividad”, sostuvo.

En la misma línea, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cargó contra el oficialismo: “Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. No le podemos regalar la calle al Gobierno. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado”.

También la UTEP movilizará el viernes. “Hablan de modernización pero nos llevan al medioevo laboral. Hablan de formalización pero son un fabrica ininterrumpida de pobreza y desocupación! No habrá paz social mientras no haya Justicia Social en Argentina!”, señalaron desde el gremio de la economía popular.

La izquierda y los gremios combativos también confirmaron su presencia en la calle, en un clima enrarecido por el conflicto en FATE. La resistencia del SUTNA sumó en los últimos días respaldos transversales del mundo sindical. Camioneros envió alimentos a los trabajadores de la fábrica de neumáticos y empleados del Fuero Laboral reclamaron la reincorporación de los 920 despedidos, en un gesto que amplificó el conflicto más allá del sector.

La protesta en los Tribunales de la calle Talcahuano, sede de la Corte Suprema, funcionó como anticipo de la pulseada que se verá el viernes. Los triunviros de la CGT se mostraron junto a los judiciales que rechazan el traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito porteño, una medida que –advierten– pone en riesgo 1.700 puestos de trabajo. “Es la liquidación del fuero del trabajo, algo totalmente inconstitucional; es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional y transformar un país federal en uno unitario”, denunció Julio Piumato. Según el dirigente, el movimiento podría extenderse luego al fuero comercial y alterar el equilibrio del sistema judicial.

Con el oficialismo decidido a avanzar y una oposición sindical fragmentada entre la cautela institucional y la confrontación directa, el desenlace legislativo se proyecta como un nuevo capítulo de una disputa más profunda. El Senado tendrá la última palabra, pero la calle buscará hacerse oír antes de que el Presidente hable ante la Asamblea Legislativa.

MC

La mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles a las 15 para tomar posición ante el tratamiento de la reforma laboral del viernes próximo y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa norma.

Según fuentes sindicales, el encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello a las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, donde al anfitrión Andrés Rodríguez, jefe de los estatales, suele hacer de árbitro entre las diferentes posturas.

Mientras tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un nuevo nucleamiento con gremios de posición más dura, convocó en las últimas horas a una movilización para el viernes desde las 12, cuando el Senado trate la reforma laboral, a la que se sumará además un paro nacional de ATE.

ATE integra el FreSu junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y las dos fracciones de la CTA, entre otras organizaciones.

Ante la presión de este sector y de las propias bases, los dirigentes cegetistas no descartan definir este miércoles nuevas medidas de fuerza después del paro general que concretaron el jueves 19 de febrero último, el cuarto en la era de Javier Milei.

En la CGT tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, se buscará hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor, sobre todo a los que provengan del peronismo.

También se preparan otras alternativas como “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que la CGT considera inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga, entre otros.

Con información de la agencia NA

La protesta de los trabajadores judiciales contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña sumó este martes un respaldo político y sindical de peso: la adhesión formal de la Confederación General del Trabajo. La central obrera acompañó la movilización convocada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al Palacio de Tribunales y se pronunció en defensa de la competencia nacional del fuero laboral.

La medida se desarrolló en el marco de un paro total de actividades en todo el fuero del trabajo y la ocupación del edificio ubicado en Diagonal Roque Sáenz Peña 760, decidida en asamblea como acción de “emergencia” frente a lo que el gremio define como un intento de “desmantelamiento”.

“La justicia laboral es una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores. No puede fragmentarse ni debilitarse”, sostuvo la CGT en un comunicado difundido este martes. Además, remarcó que “defender la competencia nacional es defender la protección del trabajo y el equilibrio en las relaciones laborales”.

El respaldo no es menor: la central obrera se involucra de lleno en un conflicto que, hasta ahora, aparecía circunscripto al ámbito judicial. Con esta adhesión, la disputa por el artículo 91 del proyecto de reforma laboral -que habilita la transferencia progresiva de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo de 180 días- adquiere una dimensión política más amplia.

El titular de la UEJN, Julio Piumato, calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y sostuvo que se trata de una medida “totalmente inconstitucional”. Para el dirigente, el traspaso es “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional” y advirtió que apunta a transformar al país en “uno absolutamente unitario”.

Desde el gremio estiman que la transferencia podría poner en riesgo más de 1.700 puestos de trabajo en el fuero laboral, sin garantías claras de continuidad. También sostienen que la reforma vulnera principios establecidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, en particular en materia de tutela efectiva de derechos laborales.

La CGT, por su parte, anticipó que si la norma es aprobada en el Senado impulsará su judicialización por considerar que afecta derechos consagrados, como los previstos en el artículo 14 bis, y el principio de no regresividad en materia social.

El conflicto escaló el lunes, cuando cientos de trabajadores ocuparon el edificio central del fuero laboral y decretaron un paro de 48 horas. La medida impactó en el funcionamiento habitual de los juzgados y tensó aún más el clima en el microcentro porteño.

Para los judiciales, la Justicia del Trabajo cumple un rol histórico como herramienta para equilibrar la relación entre capital y trabajo. “Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, advirtió Piumato, quien además es secretario de Derechos Humanos de la CGT.

El Gobierno, en tanto, impulsa el traspaso como parte de la reforma laboral en debate, que contempla la progresiva disolución del fuero nacional una vez formalizado el acuerdo de transferencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la CGT ya involucrada y una movilización que mostró capacidad de convocatoria, el conflicto promete seguir escalando. Lo que comenzó como una disputa técnica sobre competencias judiciales se convirtió en un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el movimiento sindical, que ahora advierte que está en juego no solo la estructura del fuero laboral, sino la protección misma de los derechos de los trabajadores.

CRM

Mientras la CGT ya se focaliza en la judicialización de la reforma laboral que el Senado se apresta a convertir en ley el próximo viernes, los sectores “duros”, con la UOM a la cabeza, definirán un paro de 24 horas para ese día más 12 horas de movilización y le pedirán formalmente a la conducción de la central que se sume.

“El martes a la tarde se realizará una reunión del Frente de Sindicatos Unidos (FreSu) y vamos a confirmar la decisión de un paro y movilización. 24 horas de paro con 12 de movilización. El martes decidimos los detalles de la modalidad y lo vamos a proponer a la CGT”, le dijo una fuente del espacio a la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata del mismo modus operandi con el que se viene manejando este grupo de sindicatos, que ejercen presión a los sectores “dialoguistas” que manejan la entidad de la calle Azopardo.

En ese marco, la UOM, Aceiteros y Pilotos, junto a gremios de las dos CTA como ATE, desafiaron a la cúpula de la CGT al sumar al paro general una marcha la semana pasada sin movilización, que había convocado la central, además de haber realizado previamente concentraciones contra la reforma laboral en Córdoba y Rosario.

Por su parte, la conducción de la CGT ya cedió a los pedidos de los “combativos” de llamar al paro general la semana pasada cuando convocó a la medida de fuerza que concretó el jueves último y no dio pistas sobre cómo seguira la estrategia de resistencia a la reforma, más allá de las presentaciones judiciales para que se declare “inconstitucional”.

Al respecto, el cotitular de la central obrera Jorge Sola se limitó a deslizar que estaba abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque aclaró que todavía no está resuelta la modalidad. El propio miembro del triunvirato fue uno de los que le recriminó en privado al jefe de la UOM, Abel Furlán, de estar “corriendo por izquierda” a la conducción.

De esta forma, la plana mayor de la CGT deberá resolver cómo continuar su estrategia en medio de la tensa convivencia interna con los sectores críticos y cercanos políticamente al kirchnerismo, haciendo equilibrio en su relación con el Gobierno, sin ánimos aún de detonar por completo el vínculo.

La CGT insistió con que intentará frenar la reforma laboral

Octavio Argüello, uno de los tres líderes de la central CGT, advirtió que intentarán “hasta el último minuto” bloquear la reforma laboral que impulsa el Gobierno, que el oficialismo quiere convertir en ley el próximo viernes en el Senado. El dirigente de Camioneros además redobló la presión contra los gobernadores y el peronismo, en su estrategia para tratar de frenar la iniciativa en el Congreso.

Poco después del paro general del jueves pasado en un fuerte rechazo al proyecto de modernización laboral, el sindicalista planteó: “Vamos a seguir peleándola en todos los ámbitos, que son tres, legislativo, judicial y en la calle, a seguir haciendo manifestaciones, movilizándonos. El ultimo paro fue importante, como hace tiempo que no se daba, el anterior no había sido tan efectivo, este fue mucho más profundo”.

El gremialista reconoció: “La instancia, que es difícil, es que (el viernes, en la Cámara Alta) no se acepten las correcciones que se hicieron en Diputados y se caiga la ley. Hasta último minuto vamos a intentar que sea así, pero no tenemos muy seguro que podamos lograrlo”.

Argüello aclaró: “Hicimos cuatro paros generales en dos años, y 13 marchas. Consideramos que no podemos parar todo el tiempo, está demostrado que por más que uno pare el problema no es gremial, es político. Nos falta una fuerza, la política, que está en crisis, tanto en el oficialismo como la oposición”.

El dirigente de Camioneros criticó: “Nos fuimos del Consejo de Mayo, que no era una mesa de diálogo, era de imposiciones. El Gobierno imponía su posición, como lo hace en este momento, y no había forma de diálogo, no teníamos con quién dialogar. Tratamos de tener diálogo, pero no fuimos escuchados en ningún momento, aunque llevamos propuestas”.

NB con información de NA.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA

La Casa Rosada amaneció este jueves semivacía. El paro general de la CGT se hizo sentir desde temprano en los pasillos y en las oficinas, mientras funcionarios y empleados llegaban de manera escalonada a Balcarce 50. La escena reflejaba el clima político de la jornada: una huelga de alto acatamiento, el oficialismo jugando una sesión decisiva en Diputados por la reforma laboral y Javier Milei en Washington, siguiendo a distancia el pulso de una disputa que atraviesa de lleno al frente interno.

En el Gobierno buscaron relativizar el impacto de la medida. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a cuestionar a la conducción sindical y atribuyó el alcance del paro a la paralización del transporte público. “El paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de trabajar, no podés hacerlo”, sostuvo, y definió la medida como “parte del pasado”. También advirtió sobre el costo económico de la jornada: “Hoy probablemente tengamos una pérdida de 600 millones de dólares”. En los despachos oficiales, sin embargo, reconocían que la adhesión de los gremios del transporte había condicionado la dinámica del día y amplificado el efecto político de la protesta.

El oficialismo monitoreó el comportamiento sindical en un clima de creciente tensión debido al conflicto abierto tras el cierre de Fate. Las presiones previas no surtieron efecto: las intimaciones a la UTA y a La Fraternidad, acompañadas de advertencias sobre posibles sanciones, no modificaron el nivel de adhesión a la medida de fuerza. En la Casa Rosada reconocían que la parálisis del transporte amplificó el impacto político de la jornada en un momento especialmente sensible para el Ejecutivo.

Con el paro en desarrollo, el foco oficial estaba puesto en el Congreso. Desde las 14, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma laboral, cuya votación se espera para la madrugada. En el oficialismo sostienen que cuentan con los votos necesarios, aunque admiten que el poroteo sigue ajustado. El ministro del Interior, Diego Santilli, sigue de cerca el debate, coordinando con Martín Menem y Gabriel Bornoroni el armado de la mayoría simple para la votación de un proyecto cuyo objetivo, según el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), es impulsar el empleo privado formal y reducir la informalidad.

Antes de partir hacia Estados Unidos, Milei fijó una línea política clara: no habrá nuevas concesiones en el articulado. Con el punto sobre licencias médicas ya hecho a un lado, el Ejecutivo considera que el margen de negociación está agotado y que los cambios sustanciales ya fueron realizados tras el paso del proyecto por el Senado.

Mientras tanto, la agenda internacional del Presidente se superpone con ese escenario. En Washington, durante la sesión inaugural de la Junta de Paz impulsado por Donald Trump, Milei anunció que Argentina pondrá a disposición a los Cascos Blancos para colaborar en la reconstrucción de Gaza. “Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz”, indicó el Presidente. Y sostuvo que “la Argentina participa de este Consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo”.

Por su parte, Trump dedicó palabras especialmente elogiosas a Milei ante los líderes presentes. El mandatario estadounidense recordó el respaldo que le brindó durante la campaña de 2025 y destacó su victoria electoral. “¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta”, afirmó Trump, antes de subrayar que el líder libertario “iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”. El gesto fue leído en la comitiva argentina como una señal política de alineamiento y respaldo internacional en medio de una jornada compleja en el frente interno.

En la Casa Rosada confían en que la virtual aprobación de la reforma laboral marcará un hito histórico de cara al inicio de sesiones ordinarias, el próximo 1° de marzo. Si el proyecto obtiene luz verde, el oficialismo buscará exhibir control. Milei emprenderá esta noche el regreso desde la Base Andrews y mañana por la mañana estará nuevamente en Buenos Aires, con el saldo político de la jornada ya definido.

PL/MG

Mientras en el Congreso se debatía el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, la Confederación General del Trabajo (CGT) realizó una conferencia de prensa para evaluar el alcance del paro nacional y afirmó que la medida registró un “enorme acatamiento”, con más del 90% de la actividad paralizada en distintos sectores del país.

El cosecretario general de la central obrera, Jorge Sola, sostuvo que la huelga se cumplió este jueves con “más del 90% de la actividad detenida” y remarcó que la conducción sindical fue “consecuente y responsable en mantener la paz social”. En ese marco, calificó la iniciativa oficial como un proyecto que “retrocede 100 años” en materia de derechos laborales.

La medida de fuerza fue la cuarta convocada por la CGT desde el inicio de la gestión de Milei y tuvo como eje el rechazo a los cambios en la normativa laboral que ya cuentan con media sanción del Senado y que eran debatidos por Diputados.

Transporte, industria y administración pública

El impacto del paro se sintió con fuerza en el transporte público. La circulación de colectivos, trenes y subtes fue mínima, ya que sólo prestaron servicio las líneas pertenecientes al grupo DOTA, cuyos choferes no están afiliados a la UTA. Ante ese escenario, muchos usuarios recurrieron a aplicaciones de transporte y combis para trasladarse.

También se paralizó el funcionamiento de la mayoría de las fábricas en distintos rubros industriales y se vio afectada la atención al público en dependencias estatales, bancos y otras entidades. En contraste, el acatamiento fue menor en los comercios de cercanía y locales a la calle, que en buena proporción abrieron sus puertas y funcionaron con normalidad, según relevamientos periodísticos.

Sola aseguró que el respaldo al paro fue “importantísimo” y destacó que la adhesión comenzó incluso antes del inicio formal de la medida. “Ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó en declaraciones radiales.

Respecto de la participación de la UTA y el efecto que tuvo la adhesión del gremio en la circulación del transporte, el dirigente señaló que los choferes “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

“Destrucción del tejido productivo”

En su balance, Sola vinculó la medida de fuerza con un “enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo” que, según sostuvo, se viene profundizando en los últimos dos años. Como ejemplo mencionó el cierre de la empresa de neumáticos FATE, anunciado el miércoles, y aseguró que se trata de “la punta del iceberg de 300.000 puestos de trabajo formales que se han caído” desde la llegada de Milei al Gobierno.

“La CGT en toda su amplitud está convencida de que el Gobierno debe representar los intereses de los trabajadores. Esto no tiene que ver con ideologías, porque muchos de los que nosotros representamos votaron al Gobierno y otros a la oposición”, añadió el titular del sindicato del Seguro.

En paralelo al paro, sectores internos de la CGT críticos de la conducción, junto a sindicatos de las dos CTA, impulsaron una movilización frente al Congreso mientras se debatía la reforma. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.

Miles de manifestantes se concentraron este jueves en las puertas del Congreso para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en simultáneo con un paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Cuando ya la marcha estaba finalizando y las distintas organizaciones se retiraron, el enorme operativo de seguridad desplegado comenzó a actuar activando los camiones hidrantes y lanzando gases lacrimógenos contra los manifestantes que quedaban en cumplimiento del protocolo antipiquetes. Según diversos medios, hay varios heridos y detenidos. El Ministerio de Seguridad confirmó cuatro detenciones.

La sede parlamentaria estaba totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad. Los integrantes de las organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y de diversos sindicatos exhibieron banderas y carteles y lanzaron consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en la Cámara de Diputados y con la celebración de un paro general, el cuarto convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia a fines de 2023.

El cese de actividades por 24 horas fue convocado por la CGT y las dos CTAs, pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí fue parte de la protesta ante el Congreso. La convocatoria fue encabezada por el Frente de Sindicatos Unidos, que integran la UOM, Aceiteros, Pilotos, Aeronáuticos y ATE, entre otros gremios.

Los sindicatos alegan que la reforma implica una eliminación de derechos para los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un “importantísimo” nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de acatamiento a la huelga entre sus afiliados es del 98 %. 

Con información de la agencia EFE

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, el grupo DOTA informó que durante la jornada del paro general circularán 65 líneas de colectivo, con el objetivo de garantizar frecuencias en los corredores de mayor demanda. Según precisó la empresa, los servicios funcionan con cronogramas habituales de día hábil, tanto en trayectos urbanos como interurbanos.

El director del grupo, Marcelo Pasciuto, aseguró que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido”, debido a una mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, DOTA informó que circularán las siguientes líneas: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115 y 117, para garantizar frecuencias en los corredores más demandados.

Además, completan la nómina las líneas 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 435, 503, 514, 520, 523 y 570, que cubrirán trayectos urbanos e interurbanos durante la jornada, según precisó la empresa.

Qué líneas funcionan hoy

En la Ciudad de Buenos Aires y corredores nacionales hoy operan las líneas: 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 159, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277, 283, 299.

Líneas provinciales y municipales: 300, 370, 372, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562, 584, 603 y 619.

La UTA difundió un comunicado en el que sostiene: “Ratificamos nuestro compromiso histórico con la defensa del salario, el empleo y los derechos laborales, y convocamos a los trabajadores a acompañar esta medida de fuerza en todo el territorio nacional, para corta, media, larga distancia, combi y subterráneo, con responsabilidad, unidad y conciencia, en resguardo del presente y del futuro de la actividad”.

La adhesión de los principales gremios del transporte generó la detención casi total de los trenes, subtes, colectivos, taxis y servicios marítimos y aéreos. El impacto de la medida se refleja en la suspensión de vuelos comerciales y en el corte de la circulación de mercadería y servicios de navegación.