El partido Cendro Democrático (CD), al que pertenecen los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, considera que “no será fácil la oposición” con un “presidente socialista que va a gobernar con los postulados de la izquierda radical”. Así lo expresó en una rueda de prensa la senadora María Fernanda Cabal, que calificó de “conciliador, emotivo y protocolario” el discurso que pronunció Gustavo Petro al asumir su mandato. Pero advirtió que desde la oposición lo ven lleno de “claroscuros que solo se pueden interpretar en el marco de pronunciamiento de campaña”.

“Defenderemos la libertad en todas sus formas y nuestras voces no serán acalladas. Defenderemos a la fuerza pública, rechazaremos aventuras de perdón social, defenderemos la iniciativa privada, la libre empresa, así como la legítima propiedad de la tierra”, adelantó Cabal sobre la labor que liderarán en el Congreso durante los próximos cuatro años.

Junto con Cabal, una de las voces más radicales del uribismo, estuvieron en la rueda de prensa las también senadoras del Centro Democrático Paloma Valencia y Paola Holguín.

Críticas al plan de gobierno

“Respaldaremos la protección de la naturaleza, pero sin fanatismos innecesarios, rechazaremos el adoctrinamiento político en la educación. Haremos oposición sin insultos y con respeto por la democracia y nuestras instituciones”, agregó.

A continuación alertó sobre las “propuestas temerarias como el desconocimiento de los Tratados de Libre Comercio (TCL), la suspensión de la exploración petrolera, la amenazas disfrazadas a la legítima propiedad de la tierra y la reforma tributaria que afectará a la economía y el empleo”.

Cabal insistió en su discurso en una defensa de la fuerza pública colombiana, cuestionando el plan del nuevo Gobierno de que la Policía deje de depender del Ministerio de Defensa.

Un discurso que coincidió con las palabras del expresidente Álvaro Uribe, leídas por Valencia, pidiendo una reforma de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que “haya garantías de imparcialidad a los militares”. Uribe, a través de Valencia, aseguró: “Desde nuestra posición minoritaria trabajaremos con franqueza en los argumentos y respeto por el jefe de Estado”, y abordó otras cuestiones como la educación, el narcotráfico, la “interferencia electoral” o los impuestos.

Una elección impugnada

En referencia a Petro, la senadora uribista cuestionó la elección de un “exguerrillero del M-19” por “designio incomprensible de la democracia”. Será un presidente, predice Caba, “que va a gobernar con los postulados de la izquierda radical”.

“Vivimos un momento de grandes retos”, sumó Holguín, quien se manifestó muy preocupada por “los llamados a modelos que lleven a la anarquía”. “No es un momento para destruir, sino para corregir y avanzar sobre lo construido”, concluyó.

AGB

El Clan del Golfo, una temida banda criminal colombiana dedicada al narcotráfico y a la extorsión, también conocida como Clan Úsuga, Los Urabeños, o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fue fundado en el 2007 -después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha- por Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, proveniente del Bloque Centauros de las Autodefensas.

Don Mario -capturado en 2009 y extraditado a EEUU en 2018- se había declarado inocente cuando fue apresado pero en noviembre de 2021, después de varios años en prisión en EEUU, reconoció su culpabilidad  en los cargos de distribución de narcóticos y de apoyo a un grupo terrorista como parte de un imperio de cocaína valuado en U$S 1.000 millones.

Su liderazgo fue heredado por Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, hasta su captura en octubre 2021 en las montañas de Antioquia y su reciente extradición “entre lágrimas” a EEUU el miércoles 4 de mayo.

El presidente Iván Duque celebró el arresto , el  “golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país” y comparó la caída de Otoniel con la del capo de la droga-líder del cartel de Medellín- Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, durante la presidencia de César Gravidia (1990-1994) después de cuatro años de persecución incansable, que inspiró series de enorme éxito como El patrón del mal o Narcos.

La declaración de Duque resultó simples  “words, words”  cuando la organización declaró  un ‘paro armado’ – desde el jueves pasado hasta el martes - con el objetivo de amedrentar a la fuerza pública y a la población civil mediante restricciones al comercio, bloqueos al transporte y la movilidad e incluso asesinatos selectivos. 

En marzo la Fundación Paz y Reconciliación publicó el informe Plomo es lo que hay: Violencia y seguridad en tiempos de Duque - título inspirado en  la frase pronunciada por un simpatizante del gobierno en medio de la marcha de rechazo al atentado realizado por el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019: “No se va a negociar, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene” - que destaca que el Clan del Golfo, pese a la detención de 'Otoniel', continúa siendo el grupo criminal más poderoso de Colombia.  “Con la captura de 'Otoniel' el Clan del Golfo no se vio afectado de manera estructural, ya que no ha sido visible una desestabilización organizacional como consecuencia de dicho hecho”, informa el documento. Y detalla que en la actualidad, la estructura narcoparamilitar opera “a través de cuatro estructuras, 22 subestructuras y dos comisiones conformadas por aproximadamente 3.260 integrantes, entre ellos, 1.461 armados”.

El informe sostiene que tras la desmovilización de las extintas FARC, luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, el Clan del Golfo pasó a ocupar el vacío que dejó la guerrilla en algunos territorios.

De acuerdo con los reportes de otros paros llevados a cabo por diferentes grupos armados ilegales en los últimos tiempos, ninguno demostró  tal nivel de violencia y  de simultaneidad en tantas regiones.  Las autoridades registraron más de 150 daños  a la población civil y a las fuerzas de seguridad en 119 municipios de 11 departamentos del país. Entre los principales perjuicios, se registraron 12 homicidios selectivos, cinco tentativas de homicidio, bloqueos de 10 vías y cerca de 50 paros de transporte.

Las zonas más comprometidas por las acciones del Clan del Golfo se sitúan en la franja norte del país, en los departamentos de Antioquia, Magdalena, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar, Atlántico o La Guajira.

El ministro de  Defensa, Diego Molano anunció recompensas de hasta 5.000 millones de pesos colombianos para quienes avisen sobre  el paradero de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, y Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias “Siopas”, los presuntos sucesores de 'Otoniel'.

Sin embargo, hay otras urgencias.  La noche del sábado el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, vivió horas difíciles debido a un hostigamiento a una estación de Policía cercana a Nutibara. El alcalde, Jorge Hugo Elejalde hizo un llamado al Gobierno central para que no deje a los policías del pueblo solos ante los ataques criminales y pidió al presidente  Duque, que “se apersone del caso”  porque  “Es muy fácil ser bravo desde la Casa de Nariño con 300 policías y escoltas que lo protegen, es hora que se venga para las regiones donde estamos sufriendo, aguantando hambre y no hay cómo sacar a los heridos y a las personas enfermas” arguyó.

El ‘paro armado’ se produce además en medio de la campaña electoral de los comicios presidenciales que se celebrarán el próximo 29 de mayo, unas elecciones cruciales enmarcadas en el contexto pospandémico y tras los sucesivos paros nacionales que sacaron a millones de colombianos – durante los ocho días que sacudieron a Colombia- a las calles exigiendo responsabilidades a la gestión de Duque. La violencia armada con que la policía y fuerzas paramilitares reprimieron la protesta social no alcanzó aplastarla.

El sondeo de Invamer del 30 de abril comprueba que Gustavo Petro, el candidato del frente de izquierda Pacto Histórico, sigue liderando la intención de voto. Lo sitúa en el 43% de las preferencias, a 7 puntos de ganar esquivando el balotaje

Las opiniones vertidas por los especialistas sobre el tema coinciden en su mayoría que el ‘paro armado’ –también calificado como “terrorismo puro y duro”- muestra la ineficacia del gobierno de Duque de ejercer soberanía y control territorial a la vez la inacción o acción retrasada frente a la violencia y advierten la posibilidad que esta entre en una espiralización de muy difícil control.

Esteban Salazar,  coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, mencionó, que lo ocurrido con el Clan del Golfo se puede equiparar a la extradición del 'Chapo' Guzmán en México, cuando finalmente las grandes perjudicadas fueron las víctimas del capo: “Cuando cayó el 'Chapo' se llegó a plantear el fin del Cartel de Sinaloa, que es uno de los aliados del Clan del Golfo en Colombia. Lo que sucedió fue que semanas después, el Cartel paralizó varios estados cuando se intentó proceder a la detención del hijo del 'Chapo', Ovidio Guzmán. Al final todo quedó en extraditaron al 'Chapo' a Estados Unidos, sus víctimas no supieron qué pasó realmente y no obtuvieron reparación, que es lo que está pasando acá ahora”.

Sin embargo ninguna de las consideraciones -ya señaladas que coinciden que  el ‘paro armado’ visibiliza la fuerza  del Clan del Golfo-  menciona que el tema central de lo mismo radica en el poder narcotráfico armado enfrentado a las fuerzas del orden del  Estado. Un conflicto asimétrico de larga duración que en su momento tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) de ideología marxista  y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de ideología castrista y los paramilitares de extrema derecha vinculados al narcotráfico.

La respuesta del estado no puede limitarse al juicio y sanción de las conductas delictivas, sino y de manera muy distinta  prevenir esas conductas. Y antes de todo  precisar el carácter del problema o problema de fondo que continua siendo el narcotráfico.

Los grupos paramilitares - que en los últimos cuatro años se han fortalecido en algunos de los territorios históricamente más castigados por el conflicto colombiano- entre ellos el Comando del Golfo, son poderosas  máquinas de guerra gracias a su control del negocio de drogas ilícitas. Una fuerza parapolítica –nombre dado por los medios de comunicación en 2006 cuando descubrieron el Pacto de Ralito-  basado en la relación de políticos de distintos niveles con las organizaciones paramilitares nutridas con las rentas del narcotráfico. Si la detención de los líderes adquiere resonancia no asegura la desarticulación de los factores institucionales y políticos que son los que apoyan a la parapolítica y que representa uno de los desafíos más difíciles que deberá enfrentar el próximo gobierno de Colombia.  

Precisamente, ante el próximo escenario electoral el izquierdista Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico cuya vida ha corrido peligro en estos días lleva meses liderando los sondeos preelectorales. El último, publicado el 30 de abril por la empresa Invamer, lo sitúa en un 43% de intención de voto, a más de siete puntos porcentuales de la mayoría que le otorgaría la victoria esquivando el balotaje.

AGB

El Observatorio de Derechos Humanos, conflictividades y paz lleva un riguroso conteo de las masacres en Colombia. Asesinatos masivos, generalmente contra la población civil. En los primeros cuatro meses de 2022 se cuentan 37 masacres, con más de 150 personas asesinadas. No se sabe el número exacto. En la masacre de enero en Arauca no se pudo establecer la cifra de fusilados, aunque sí que fueron más de 20. El registro no suma los asesinatos selectivos de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmantes del acuerdo de paz, que redondean un total similar de muertes. Los autores de los crímenes suelen ser grupos paramilitares, pero no solo ellos: también hay ajustes de cuentas y enfrentamientos entre los diversos grupos armados. Y cada tanto, quienes masacran son las FFAA del Estado, como a finales de marzo en el departamento de Putumayo, al suroriente del país.

Cada hecho es una tragedia que sin embargo muy pocas veces sacude la rutina informativa. Juan Gabriel Vázquez cuenta que “las masacres se habían vuelto demasiado numerosas para que salieran en los periódicos”. Era la década de 1950 del siglo pasado, cuando después del Bogotazo se había multiplicado la violencia. Pero esa sentencia del escritor bogotano bien podría aplicarse a lo que sucede hoy.

La masacre del río Putumayo

Un hecho reciente, sin embargo, logró alterar la indiferencia colectiva. El 28 de marzo 11 personas murieron asesinadas en un caserío a la vera del río Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. En esa ocasión no quedaron dudas: los crímenes los había cometido una fuerza conjunta integrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. El propio presidente de la República celebró la barbarie:  Iván Duque presentó el hecho como una acción heroica contra grupos narcotraficantes, aunque las víctimas fueron en su mayoría civiles. El ataque se produjo durante una fiesta comunal. Se supo la verdad por una delegación de periodistas que viajó a la región. Los testimonios y la evidencia que señalaban la responsabilidad de la Fuerza Pública sacudieron el avispero, pero la palabra oficial, y la maquinaria mediática paraoficial machacan con la versión más conveniente para que nada sea investigado a fondo, y el hecho vuelva a ser lo que son los demás: una mala noticia que nadie quiere recordar.

A un mes de esa masacre, visitamos los corregimientos y veredas que bordean el río Putumayo.

Hace algunos años la población del Putumayo comprometió toda su energía en el apoyo al proceso de paz, ahora las expectativas están puestas en las próximas elecciones presidenciales del lugar el 29 de mayo. Las figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez –los candidatos de la izquierda a presidente y vice– se abren camino en medio del dolor, y canalizan las expectativas de cambio de un campesinado harto de ser siempre víctima, estadística fatal.

La sangre que siempre llega al río

El departamento del Putumayo se extiende a lo largo de la llanura amazónica. Toma el nombre del cauce de agua que lo surca: en quechua, “río que nace donde crecen las plantas cuyos frutos son usados como vasijas”. A los pueblos originarios, dispersos en el territorio, recién en el siglo XX se sumó la colonización a partir de la explotación del caucho. Las ciudades más longevas no tienen más de cien años. Cuando esa industria se agotó, quedó el petróleo. Y la coca.

En 2016, el Putumayo apoyó el proceso de paz. En las elecciones del 29 de mayo, las candidaturas de Gustavo Petro y Francia Márquez, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, son la expectativa de un campesinado harto de ser siempre víctima.

El Putumayo es una región estratégica para la seguridad del país porque comparte largos kilómetros de frontera con Ecuador y Perú. Como en toda zona donde el Estado está ausente o llega solo a través de sus FFAA, ante la pobreza y el abandono se hicieron fuertes las guerrillas, en particular las FARC. Tras su desmovilización en 2016, algunos guerrilleros decidieron no someterse a las negociaciones de paz y se mantuvieron alzados en armas. Esos acuerdos no brindaban garantías a los excombatientes. La traición del Estado es la crónica de muchas muertes anunciadas por la propia historia de Colombia, cuyas clases dominantes siempre honraron la tradición de incumplir la palabra dada. La cifra de 315 exintegrantes de las FARC asesinados justifica la huida de quienes no quisieron entregarse a este nuevo genocidio en cuentagotas.

En muchos casos, grupos disidentes de las guerrillas se reagruparon en torno a un objetivo que poco tiene que ver con la épica revolucionaria que en algún momento del siglo pasado supieron expresar. Volcados al control de las vías de la coca, su procesamiento y comercialización, en el Putumayo un sector de las llamadas disidencias no tardó en aliarse con paramilitares y asociarse a los carteles mexicanos que hace rato están en la región. Hoy se conoce a la fuerza armada resultante de ese enchastre como los Comandos de Frontera.

Alto Remanso es un caserío pobre a orillas del río, de casas de madera desperdigadas por trochas y caminos de tierra. Los registros de la Junta vecinal cuentan no más de 250 habitantes entre adultos, niños y niñas. Según la división política, la zona tiene como cabecera municipal a Puerto Leguízamo, pero pocos conocen ese centro administrativo que les queda a cuatro horas de lancha, muy lejos y muy caro para llegar. Tampoco les llegan noticias de las autoridades, ni de los servicios que debería brindar el Estado ni de la justicia. La avanzada militar que el 28 de marzo se cobró allí la vida de 11 personas decía tener como objetivo capturar a dos jefes de los Comandos de Frontera, alias ‘Bruno’ y ‘Managua’. Tras la masacre nunca pudieron demostrar que esas personas estuvieran allí. Cuando culminaba una fiesta vecinal, los militares atacaron: acribillaron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, de 35 años; a su compañera Ana María, de 24, embarazada; al gobernador indígena Pablo Coquinche, de 48; a otros tres vecinos, uno de ellos menor.

La avanzada militar que el 28 de marzo se cobró en Alto Remanso la vida de 11 personas decía buscar a dos jefes de los Comandos de Frontera, alias ‘Bruno’ y ‘Managua’. Tras la masacre nunca se pudo probar que esas personas estuvieran allí.

El periodista Alfredo Molano Jimeno, uno de los primeros en llegar al lugar, reconstruyó así los hechos: “A las siete de la mañana, hora en que coinciden los borrachos amanecidos y los niños recién despiertos, sonaron los primeros disparos de fusil. El caos y el miedo se tomaron la pista de baile, la cocina y el burdel. La música se detuvo. Gritos y llantos, gente corriendo en busca de un muro de cemento para protegerse. Pedidos de auxilio y perros ladrando en medio de la balacera. El primer objetivo de los hombres armados fue la cocina, donde se encontraban ocho adultos y tres niños, uno de ellos de cuatro meses”.

Solo cinco entre los 11 fusilados resultaron tener vínculos con el grupo ilegal que el Ejército decía combatir. Una vez que los efectivos irrumpieron en el lugar, esas personas, que estaban armadas, respondieron al fuego. Entre un primer desembarco y otro de refuerzo, los militares eran  más de 50; llevaban a un francotirador que marcó como blancos a los líderes de la comunidad. Procedieron según el manual de la guerra sucia: después montaron fusiles sobre los cuerpos abatidos de los civiles, para decir que todos eran guerrilleros. Movieron los cuerpos y fraguaron la escena del crimen para que nada se pudiera investigar.

Preguntas

¿Por qué una matanza así, contra la comunidad, en un momento donde el conflicto armado no tiene la intensidad de otras épocas?

–Lo de siempre, falsos positivos. Necesitan mostrar resultados –analiza Rosa a un mes de los hechos.

La mujer atiende un pequeño restorán (una salita con tres mesas) en el corregimiento más cercano a la vereda Alto Remanso donde sucedió la masacre. Mientras prepara un bagre sudado para el almuerzo, explica:

–Dicen que se enfrentan a delincuentes, pero matan a la gente de la comunidad. Les es más fácil. Entonces les ponen armas a los muertos, en sus informes dicen que en la zona todos somos guerrilleros y narcotraficantes, que hay alto riesgo, y piden más dinero, más recursos. Para los militares la guerra sigue siendo buen negocio.

Llegamos al lugar bajando por el río Putumayo durante cerca de tres horas. En ese trayecto la Amazonía comienza a mostrarse en todo su esplendor: el verde absorbe todos los colores, como cantó el poeta. Para ese tramo de menos de 100 kilómetros, el pasaje tiene un costo por persona de 60 mil pesos colombianos, algo así como 20 dólares. La lancha puede transportar casi 30 pasajeros, y sale siempre llena. Navegar los ríos de Colombia resulta extremadamente caro, en contraste con la población empobrecida que vive bordeando los ríos y no tiene otra forma de moverse. Al igual que sucede en el Chocó, en el Pacífico –otra región de extrema pobreza y nula inversión estatal– son los olvidados de todo olvido los que tienen que afrontar costos privativos para desplazarse, sin carreteras ni caminos alternativos. De regreso volvimos por una ruta asfaltada del otro lado de la frontera, por Ecuador; pagamos 7 dólares el pasaje de un bus con asientos reclinables y baño.

Las heridas de la violencia están frescas, por eso los apoyos a la izquierda se expresan con modos suaves, sin estridencias.

Cerca de allí, en uno de los tantos caseríos que bordean el río –por pedido de sus habitantes no voy a mencionar su nombre–, el maestro de la única escuela del lugar prefiere no hablar de la masacre del Ejército. Cuenta, en cambio, la otra cara del mismo drama:

  –Aquí no puede venir cualquiera sin avisar, sin pedir permiso. Esto era así ya antes de la masacre, aquí hay mucho control. Yo no puedo tener computador ni memorias usb, porque hay desconfianza con esas cosas, nos controlan todo. Imagínese trabajar así desconectado, con los niños, sin poderles enseñar.

  –¿Quién le prohíbe eso?

  –…

El profe acompaña el silencio con una mueca parecida a una sonrisa triste. No lo menciona, pero se refiere al Comando de Frontera, el grupo armado que manda en la región.

Un lanchero que cruza varias veces al día el río entre Colombia y Ecuador completa el panorama:

  –Claro que por acá están esos grupos. Pero qué va a hacer uno. Si anda el Ejército, o las disidencias o los comandos, lo que toca es aguantar. No se trata de tomar partido, pero si esa gente dice que se le entregue un mercado, o se le colabore con un viaje, o que se les avise si anda tal o cual, eso no quiere decir que uno sea apoyo de los guerrilleros o del narcotráfico, es que ellos son la autoridad que hay.

A los pobladores no les queda más alternativa que convivir con los comandos. Sembrar coca es la única actividad mínimamente redituable y estos grupos comercializan la producción. Manejan la economía y ejercen un poder militar que no es explícito. A veces tienen que enfrentarse con alguna otra facción armada. Por lo general, además, deben atemorizar a la comunidad.

La gente, que es víctima de esa extorsión, cuando se mete el Ejército vuelve a ser víctima, esta vez del accionar criminal del Estado. Pero no se resignan a esa doble tenaza de violencia. El pueblo del Putumayo aún tiene energías para imaginar un futuro distinto, para pensarse actores de un cambio que les devuelva la paz.

Próximo puerto, esperanza

En cada charla busco el momento para preguntar por las preferencias políticas, cómo irán a votar. En Colombia suele haber temor a manifestar una inclinación hacia la izquierda –en regiones como ésta, eso podía costar la vida–. Las respuestas me sorprenden. De una veintena de testimonios tomados en las veredas y corregimientos rurales (Puerto Ospina, Buenavista, Montepa) y en centros urbanos (Mocoa, Puerto Asís, Orito), la mayoría votará por Gustavo Petro. Un par de mujeres aclararon: por Francia Márquez, su compañera de fórmula en representación del movimiento social. Otros agregaron: aunque sin mucha ilusión. Algunos prefirieron esquivar el tema, un par de muchachitos manifestaron no confiar en ningún político. Pero mi modesta encuesta arrojó una amplia ventaja en favor del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que el 29 de mayo disputará la presidencia del país.

De entre los distintos testimonios, me resultó revelador el de una chica de 27 años que iba a la cabecera municipal a estudiar:

  –Mi familia tiene un predio chico, de pocas hectáreas. Sembramos coca, pero no es como dicen, que nos llenamos de plata con eso. Quienes hacen el negocio son otros.

 Hace una pausa, y me pregunta:

 –¿Usted cree que Petro va a erradicar los cultivos?

Respondo que no sé. Repregunto sobre el plan de sustitución de cultivos ilícitos que iba a implementarse después de la firma de los acuerdos de paz.

  –Eso no funcionó. Los subsidios fueron pocos, no hubo seguimiento y además la gente nunca vio que fuera algo serio. Suponga que aquí cultiváramos plátanos, transportar eso hacia las ciudades es muy caro, las lanchas cobran la gasolina y no dejan llevar mucho peso, solo de a 10 kilos. No se hicieron vías ni obras. Estando tan lejos de las ciudades, ¿a quién le vamos a comercializar?

El balance tan negativo me hace pensar que su familia preferiría mantener las cosas como están, votar a un candidato que no fuera a proponer mayores cambios. Se lo digo.

  –No, toda mi familia va a votar por Petro. Tal vez él sí haga algo serio. No se trata de quedarse en la coca. Como le digo, nosotros no nos enriquecemos con eso. Si hay un plan de sustitución que nos permita apenas vivir bien, vamos a estar de acuerdo. Porque más allá de lo que cultivemos, este país tiene que cambiar.

En 2016, mientras el plebiscito por la paz sufría un revés a nivel nacional, en el Putumayo se impuso el apoyo a las negociaciones: el 68% de la población votó por el Sí. Durante aquella campaña se conformaron comités ciudadanos para difundir el contenido de los acuerdos de paz a lo largo de todo el departamento. Las cifras de apoyo fueron más altas donde más duro había pegado el conflicto armado: el 84% en el Valle del Guamuez, 80% en San Miguel, 70% en Puerto Guzmán. Aunque el No a los acuerdos de paz ganó por el peso de las grandes ciudades, en todas las regiones colombianas más afectadas por la guerra se dieron cifras parecidas a las del Putumayo.

La voluntad de cambio también se expresó con claridad en las elecciones presidenciales de 2018. Aunque Petro no pudo derrotar al uribismo en el escrutinio nacional –la fuerza política que responde a Álvaro Uribe, el expresidente vinculado al paramilitarismo–, el candidato de izquierda obtuvo en el Putumayo el 60% de los votos en primera vuelta y un abrumador 77% en segunda. En las elecciones del 13 de marzo de este año (dos semanas antes de la masacre de Alto Remanso) ese apoyo se confirmó: la izquierda sacó los mayores porcentajes no solo en las consultivas donde Petro y Márquez hicieron una gran cosecha, sino también en las elecciones de representantes a la Cámara y Senado, donde los candidatos del Pacto Histórico lograron el mayor porcentaje.

Dos analistas del conflicto en la región, Edinso Culma y Alejandra Ciro, explican que “los municipios petroleros y cocaleros de Putumayo votan por los candidatos más reformistas, porque allí se han gestado las expresiones más progresistas en este territorio”. Desde la década de 1970 los trabajadores petroleros estimularon la organización comunitaria, y eso facilitó que se expresaran los reclamos sociales. Después, la primacía de la coca hizo más compleja la situación, pero los actores armados no lograron desalentar a la comunidad.

Gustavo Petro suele hacer actos de masas. Pero la coalición de izquierda Pacto Histórico evita el Putumayo en la agenda de campaña. Desde 1948, los cinco candidatos presidenciales más progresistas de Colombia fueron asesinados en tiempos electorales.

Las heridas de la violencia están frescas, por eso los apoyos a la izquierda se expresan con modos suaves, sin estridencias. Petro suele hacer actos de masas y en los últimos meses Francia Márquez reforzó con su propia gira nacional esa masividad, pero no tuvieron al Putumayo en la agenda de campaña. Tampoco los candidatos locales del Pacto Histórico apuestan por la movilización.

Rosa, la mujer del restorán, explica su apoyo a Petro con argumentos claros. Con ritmo pausado, casi monocorde, y en voz baja, como se acostumbra a hablar de política por acá. Modos campesinos, después de todo.

  –Está el riesgo de que, si gana, lo maten, o no lo dejen gobernar– dice, con la naturalidad con que dice todo lo demás.

El temor de Rosa tiene memoria, y vigencia: cinco candidatos presidenciales que podían molestar a las élites económicas del país fueron asesinados en Colombia, desde Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hacia acá. Mientras esta crónica termina de escribirse, Petro acaba de anunciar la suspensión de sus actos de campaña en el Eje Cafetero por información sobre un posible atentado contra su vida.

   –Pero, aun así, habrá que intentarlo, ¿verdad?

   –Pues claro… Mire la violencia que sigue ocurriendo con las cosas como están –la referencia a la masacre de Alto Remanso no altera su voz, lo dice como al pasar –. ¿Sabe qué es lo que está cambiando? Que más allá de todo, esta vez la gente está despertando en todos lados, hasta en las ciudades. Entonces ahora, quién dice... parece que ahora sí podemos ganar –.

Por primera vez le cambia la expresión, y no dice más.

Esta vez, después de 70 años de guerra, ahora sí, cree Rosa, el pueblo colombiano puede ganar.

AGB

El 2 de mayo del 2002, en Bellavista, el casco urbano de Bojayá, en el selvático y lluvioso departamento del Chocó, el único de Colombia con costas en el Pacífico y el Atlántico, se produjo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Bloque Elmer Cárdenas de la organización paramilitar, terrorista, narcotraficante de extrema derecha  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los  guerrilleros lanzaron varios cilindros bomba. El primero destruyó una vivienda sin víctimas fatales y el segundo cayó, sin explotar, en el patio trasero del puesto de salud. Un tercer cilindro, sobre la iglesia de Bellavista, rompió el techo y detonó su carga en  la población civil allí refugiada.

“En la masacre de Bojayá (Chocó) fueron asesinadas más de un centenar de personas; 70 quedaron heridas y, tras los ataques, al menos 1.700 personas se desplazaron forzosamente de este territorio”, asegura la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Entre fines de 2001 y comienzos del 2002 se produjeron más  100 atentados en menos de un mes; y, fue el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Géchem Turbay por parte de las FARC, el 20 de febrero de 2002,  el detonante definitivo  que decidió al ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002)-quien en su campaña electoral ofreció una “Agenda de Paz”  incumplida  en los cuatro años de ilusiones y reveses de su gobierno que no detuvo la expansión territorial de las FARC y de los grupos paramilitares ni  un profundo proceso de reingeniería de las FFAA financiado por EEUU a través del Plan Colombia-  dar por terminados los diálogos de paz con las FARC. Tres días después fueron secuestradas la entonces candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, y su asesora Clara Rojas.

Pastrana por cadena televisiva comunicó la noche del  20 de febrero del 2002: “Después de los terribles sucesos del 11 de septiembre del año pasado, yo se lo dije a la guerrilla en varias ocasiones, incluso desde el mismo foro de las Naciones Unidas: a ellos les correspondía definirse con sus actos. O son un grupo de insurgencia política, o son una organización terrorista”.

Sin que su gobierno asumiera responsabilidad alguna respecto a la ausencia de medidas para  evitar el accionar de la guerrilla, Pastrana logró que la UE incluyera a las FARC entre las organizaciones terroristas.

Si las FARC contribuyeron al  triunfo de Pastrana, también influyeron  con los abusos y excesos perpetrados a lo largo de ese  cuatrienio en el triunfo en mayo de 2002 de Álvaro Uribe, quien durante su campaña por el movimiento Primero Colombia presentó un discurso de mano dura con la guerrilla  y ganó en primera vuelta con el 55 por ciento. 

De manera similar el informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH) sobre la masacre de Bojayá sostiene: “La interpretación de la masacre de Bojayá se convirtió en un empujón para que la candidatura en cuestión [la de Álvaro Uribe Vélez] alcanzase la victoria en primera vuelta”. 

Uribe, tanto en Colombia como en el extranjero, negó la existencia del conflicto armado interno, y presentó la violencia en Colombia como una instancia de la lucha contra el terrorismo global.

Bojayá ya no era simplemente el rostro descubierto del terrorismo en Colombia, sino que era lugar de “tierras tan bellas”, de “selva única” que, si bien habían sido “usurpadas, maltratadas por el terrorismo”, por fin era gobernada por la tranquilidad de la presencia de la Fuerza Pública.

Esta imagen de Bojayá como el territorio del éxito de las políticas gubernamentales logró su consolidación y amplió su alcance en la inauguración el 13 de octubre de 2007 de Nuevo Bellavista, a menos de un kilómetro del antiguo Bellavista, cinco años y medio después de la masacre, con la asistencia del presidente Uribe , acompañado el Secretario de Comercio  de EEUU, Carlos Gutiérrez y  un grupo de congresistas.

La segunda fase del Plan Colombia fue  implementado en el marco de la política de la Seguridad Democrática entre el 2002 y el 2006  enfocado en “la campaña contrainsurgente contra las FARC y el proceso de negociación con AUC” cuyos abusos fueron denunciados recientemente en las audiencias celebradas en el municipio de Ocaña del departamento Norte de Santander.

Simultáneamente, se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Colombia el 22 de noviembre del 2006 que fue objeto de largo debate entre demócratas y republicanos por la oposición de un grupo de congresistas demócratas que planteaba serios reparos al gobierno colombiano en materia de derechos humanos.

En este contexto, los hechos violentos y las víctimas de Bojayá se posicionaron en el escenario político internacional como un 'caso a mostrar' que  se consolidó en el segundo mandato de Uribe (2006-2010): el mejor argumento para convencer a Colombia y a la comunidad internacional (particularmente, EEUU) de seguir apoyando la política de seguridad democrática, una política que no solo pretendió mostrar avances en cuanto a la presencia estatal en todo el territorio colombiano y en la lucha antinarcóticos, sino que también acciones concretas  en cuanto a reparación a las víctimas del terrorismo.

En agosto de 2010, Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia. En su discurso de posesión de mando  se presentó como la persona que conduciría a la nación  hacia la “Prosperidad Democrática” y dejó explícitamente abierta la puerta para entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales.  Enfatizó  el reconocimiento y la defensa de las víctimas en el marco de un “conflicto armado interno” y la necesidad de que la sociedad, en su conjunto, reconociera su responsabilidad en el conflicto. Oficialmente, en noviembre de 2012, se iniciaron  las negociaciones de paz que se llevarían a cabo en La Habana, Cuba. En el nuevo marco a las negociaciones de paz con las FARC, Bojayá, volvió a estar presente como escenario de perdón para impulsar los diálogos en su recta final.

Bojayá dejó de ser  el emblema de la lucha antiterrorista ni el “ejemplo a mostrar” en la recuperación militar del territorio y pasó representar la reconciliación entre los colombianos, que era precisamente lo que se buscaba con el proceso de paz con las FARC.  Consecuentemente, las FARC pidieron perdón en Bojayá en diciembre de 2015.

Bojayá, no aparece entonces en referencia a un municipio específico del territorio colombiano, sino una suerte de paradigma universal e inobjetable del horror de la guerra que se buscaba terminar y jamás repetir.

Bojayá se consolidó como emblema de la reconciliación en Colombia, el 26 de septiembre del 2016, en Cartagena de Indias. Ese día, Santos y el último comandante de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri -alias Timochenko- firmaron el Acuerdo de Paz que se creyó definitivo. En presencia de varios jefes de Estado y de diversas personalidades de la política nacional y de la comunidad internacional, tras un minuto de silencio por las víctimas del conflicto, la maestra de ceremonias introdujo a un grupo de mujeres de Bojayá que entonarían un alabao: “Le damos la bienvenida a las alabaoras de Bojayá. Un grupo de mujeres que se vestían de negro, de luto, para cantarle al dolor de la guerra y que ahora le cantan a la esperanza de la paz”.

Ante la perspectiva del plebiscito del 2 de octubre del 2016, con el cual el gobierno buscó refrendar los acuerdos por parte de la ciudadanía colombiana, Bojayá se presentó ante Colombia y el mundo como el mejor argumento para votar “Sí”: esas mujeres fueron presentadas como ejemplo de perdón ante la violencia que habían sufrido en carne propia.

Los resultados del plebiscito, en los que el “No” se impuso por poco menos de 55.000 votos, conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. La votación  en el departamento del Chocó el “SI” se impuso con el 79,76% y, particularmente, en el municipio de Bojayá con el 95,78%- según datos de la Registraduría Nacional.

Cinco días después del plebiscito, el 7 de octubre del 2016, el presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 y el 9 de octubre viajó a Bojayá para “compartir” con sus habitantes el premio, y prometerles que se alcanzaría la paz a la vez que anunció que los ocho millones de coronas suecas del Nobel serían destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Bojayá y Chocó conmemoran dos décadas entre la guerra y el olvido

Veinte años después, una procesión en Bojayá  conmemoró la masacre en Bellavista Nuevo para honrar la memoria de sus familiares muertos y alertar sobre los riesgos de la violencia que nunca desapareció de la región.  El Cristo mutilado que descansaba sobre el altar de la iglesia de Bojayá -uno de los símbolos de la resistencia de la comunidad que fue asolada- fue  llevado en andas por los sobrevivientes y familiares de las víctimas vestidos de blanco al antiguo pueblo para asistir a una misa en la que numerosas mujeres cantaron los tradicionales “alabaos” del Pacífico colombiano.  

Actualmente, la subregión del Medio Atrato está atravesada por los intereses expansivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El actual presidente Iván Duque calificó las muertes resultado de estos enfrentamientos de “homicidios colectivos”  y las atribuyó al narcotráfico. La simplificadora definición del primer mandatario contrastó con la preocupación del  Equipo Humanitario País de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, sobre los hechos violentos que están sucediendo en el territorio nacional, más concretamente en las zonas de Colombia priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz. 

En la conmemoración por los 20 años participaron representantes del Comité por los Derechos de las Víctimas, autoridades étnico-territoriales, el Sistema Integral para la Paz, la DDHH de la ONU,  miembros de la Iglesia, comunidad internacional y representantes de la sociedad civil. El partido de los Comunes, surgido de la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, se disculpó con la comunidad y con todo el país. Lo mismo hizo  Rodrigo Londoño, “Sobre estos atroces hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro pueblo”.

Sin embargo, los actos y palabras de disculpas y reparación no resultan suficientes: la JEP pidió la protección de la vida de los habitantes de la zona a través de un comunicado. Al mismo tiempo en que enfatizó algunas de las demandas pendientes como “la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; la búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado” y “el desmantelamiento de los grupos armados no estatales”. La reparación de los afectados es una cuestión urgente que hasta ahora no fue atendida. El número de víctimas registradas  llega a  38.024, según un reporte entregado por la Unidad para las Víctimas.

AGB

Un general del ejército, nueve militares y un civil  reconocieron una semana atrás haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad bajo  la llamada “seguridad democrática” impulsada por ex presidente Álvaro Uribe.

Los testimonios fueron ofrecidos durante una audiencia de dos días –el 26 y 27 de abril- del macro caso 03 conocido como ‘Falsos positivos’ ante el tribunal ad-hoc llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)que comenzó su labor en el 2008 destinado a revelar los hechos de un conflicto que definió a Colombia  durante generaciones y que se convirtió en la guerra más larga de América – librada entre los grupos guerrilleros de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , los paramilitares de derecha, el ejército, los cárteles de la droga y EEUU, que suministraba y asesoraba al ejército- que finalizó  en 2016 cuando las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) firmaron un acuerdo de paz.

La audiencia se desarrolló en el escenario de un teatro en Ocaña, un pequeño municipio del departamento  Norte de Santander, en la frontera colombiana con Venezuela, uno de los más marcados por las ejecuciones extrajudiciales de Colombia , donde  militares escogieron deliberadamente a ciudadanos o los trajeron de otras partes del país para asesinarlos. Justamente, en este pequeño departamento del nororiente colombiano se recreó el horror perpetrado por el Ejército -la máquina de muerte de civiles- por casi una década.

Los magistrados que llevan el caso sostienen que estos crímenes fueron perpetrados bajo la política institucional de contar los muertos para obtener incentivos, además de la presión de los comandantes para sumar muertos en combate. Sin embargo, estas víctimas nunca han sido reconocidas como tal por las Fuerzas Militares, cuyos comandantes los justificaron en repetidas ocasiones como actos individuales y aislados, aunque ya 3,338 miembros de la fuerza pública han suscrito actas de sometimiento (confesiones) ante la JEP, incluidos 10 generales (varios de ellos activos).

Las once personas que declararon – imputadas por el Tribunal de Paz en julio de 2021-  especificaron que la mayoría de los que secuestraron y luego asesinaron eran jóvenes entre los 25 y 35 años, en su mayoría campesinos, e indicaron que se trató de una “política institucional” con el objetivo de contabilizar cadáveres para aumentar los resultados.

Según la JEP, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien hizo de la lucha contra la guerrilla de las FARC su bandera política, se contabilizaron 6.402 ejecuciones  extrajudiciales. El mandatario implementó una política de “seguridad democrática”, con la finalidad de aniquilar  el poderío de la guerrilla.

Las declaraciones de Uribe, quien  aseguró  que se trata de “casos aislados” y negó que el Ejército llevara a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato, fueron desmentidas por los declarantes.

Entre ellos, el exsargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien relató ante decenas de familiares de víctimas cómo había atraído a jóvenes de zonas urbanas del centro del país ofreciéndoles trabajos para entregarlos a militares que los mataron. “Eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley”, indicó. “Me convertí para ustedes, familias de las víctimas, en una máquina de muerte”, admitió  Contreras.

El general retirado Paulino Coronado, reconoció haber omitido crímenes de guerra en su cadena de mando. Coronado aseguró haberse enterado que bajo su liderato, “habían traído 11 jóvenes de Soacha (cerca de la capital, Bogotá)”, pero que cuando recibió la noticia ya había pasado mucho tiempo. Las investigaciones no pudieron determinar si Coronado  dio las órdenes directas.               

Muchos de los familiares de los fallecidos del caso de los 'Falsos positivos', sentados ante quienes reconocieron ser sus verdugos, vestían camisetas negras con una pregunta que llevan haciendo durante años a las autoridades: “¿Quién dio la orden?” ante el sentimiento y la certeza de que falta más para llegar a la verdad.

Una pregunta sin respuesta hasta el momento. “Le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden”, reclamó  Carmenza Gómez, madre de una de las víctimas.

Así con Álvaro Uribe como con su heredero Iván Duque

Simultáneamente, el mismo cuestionamiento estuvo presente en el recinto del Congreso en Bogotá, por hechos cometidos durante la actual presidencia del uribista Iván Duque. Ese día el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó un debate de control político y su segunda moción de censura por la responsabilidad que tendría en la muerte de campesinos durante un operativo militar en medio de un bazar – fiesta popular-  en el departamento de Putumayo, en el sur del país, el 28 de marzo último. Primero, las denuncias de organizaciones no gubernamentales y luego los informes periodísticos de prensa confirmaron que durante el operativo murieron civiles, entre ellos dos líderes comunitarios, un gobernador, un mujer embarazada y un niño. Molano no explicó las razones de la orden de entrar disparando y en cambio defendió la acción militar. En su defensa, recurrió a la estigmatización de toda esa región y a la criminalización de los campesinos que siembran coca, para justificar los civiles muertos. “Aquí no es que una mujer embarazada haya muerto en un operativo militar, aquí no es que un menor de edad haya muerto en un operativo legal de la Fuerza Pública, aquí la pregunta es, ¿qué hacían menores de edad en un narco-bazar de los grupos guerrilleros y criminales de este país”.

Así como las  declaraciones  en Ocaña - que según funcionarios de la corte colombianos-  marcan la primera vez que los perpetradores han admitido haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad – no satisfacen los reclamos de los familiares de los ‘Falsos positivos’; los familiares de las víctimas de Putumayo, sentadas en las gradas del Congreso, reclamaron  el esclarecimiento de  la cadena de mando. 

AGB

En la República de Colombia que atraviesa  una aguda crisis económica y pandémica no solucionada, con el descontento social bullendo bajo la superficie, con las manifestaciones del 2019 y 2021 de fondo, a las que el gobierno del presidente derechista Iván Duque no dio solución,  el  13 de marzo cerca de 39 millones de electores podrán votar -en los 12.500 centros distribuidos en todo el país -por la renovación del Congreso -un órgano colegiado compuesto de la Cámara de Representantes y el Senado- cuya composición final será clave en el nuevo gobierno que del 7 de agosto de 2022. 

Y el mismo día, por las consultas interpartidistas que reducirán el número de precandidatos presidenciales. Más tarde, el 29 de mayo, los votantes irán a las urnas para la primera vuelta presidencial e incluso tengan que volver el 19 de junio, en caso de una segunda vuelta que defina al presidente número 118 de la historia de Colombia. 

Para estas elecciones  se inscribieron para el Senado de la República: 997 candidatos que conforman 25 listas, en su detalle: por la circunscripción nacional se inscribieron 16 listas conformadas por 974 candidatos, y por la circunscripción indígena, 9 listas integradas por 23 aspirantes.

Para la Cámara de Representantes se inscribieron 1562 candidatos en 333 listas, distribuidos de la siguiente manera: circunscripción territorial -cada departamento elige sus candidatos-   268 listas integradas por 1396 candidatos; circunscripción indígena, 7 listas constituidas por 12 candidatos; circunscripción afrodescendiente, 48 listas conformadas por 131 candidatos y circunscripción internacional -para los colombianos en el exterior- , 10 listas formadas por 23 candidatos.

Para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que tendrán curules en la Cámara de Representantes se inscribieron 407 candidatos en 204 listas.

Las 16 circunscripciones creadas y aprobadas en el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016 que debían entrar en vigencia en las elecciones de 2018 pero por demoras burocráticas apenas la Corte Constitucional lo aprobó el 21 de mayo para dos períodos de cuatro años, el que inicia este 2022 y en 2026. En al menos 10 de 16 de estas circunscripciones se denunció que no están sirviendo para “dar voz” a las víctimas del conflicto.  

A diferencia de la elecciones pasadas donde los actores predominantes en la dinámica política país pertenecían a los partidos Liberal y Partido Conservador, cada vez es más usual la conformación de alianzas por afinidades del espectro político para elegir candidatos presidenciales. 

El establecimiento de coaliciones políticas permitió el fortalecimiento de la participación de partidos minoritarios, quienes de competir solo  no tendrían posibilidades de ganar la presidencia.  

En 2018, Iván Duque de corta carrera política se convirtió en presidente de Colombia. El actual mandatario fue seleccionado por el Centro Democrático (CD), el partido de derecha del ex presidente Uribe- por medio de encuestas. Sin embargo, Duque se inscribió en la coalición de la derecha y ofreció la vicepresidencia de su potencial gobierno a quien llegara en segundo puesto. El 11 de marzo de ese año, venció en las internas a Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador (PC), y tras esa consulta la convirtió en candidata a la vicepresidencia. Con la unión de ambos partidos logró un holgado triunfo, con más de 10 millones de votos. 

Actualmente en Colombia el conservatismo, el Partido de la U, el liberalismo y Cambio Radical están atomizados. Incluso el partido de gobierno, el Centro Democrático, que tiene candidato presidencial propio (Óscar Iván Zuluaga), no ha logrado mantenerse unido. En gran parte por el estruendoso fracaso de la gestión de gobierno de Duque  que cuenta con el  70% de desaprobación, de acuerdo con la última encuesta Invamer. 

En esta oportunidad electoral, se presentan tres coaliciones, que cubren todo el espectro, desde la derecha hasta la izquierda más progresista. 

A la derecha, Equipo por Colombia con cinco precandidatos, entre numerosos escándalos de corrupción y la sombra del expresidente Álvaro Uribe, mencionado siempre como el inspirador de muchas de las ideas que los aspirantes sostienen, entre ellas, no desarrollar los compromisos derivados del Pacto de Paz con las FARC, no negociar con organizaciones ilegales y mantener los privilegios tributarios para los grandes capitales.

En esta coalición cuenta con candidatos del Partido Conservador, del Partido Mira (un partido cristiano), así como tres jugadores importantes: el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por el Partido de la U; liderado por el exalcalde de Medellín, Federico Guitérrez, que es un aliado del uribismo, y el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, quien tiene gran popularidad en su ciudad natal, pero en esta campaña se ha rehusado a participar en debates presidenciales caso por las  acusaciones  institucionales y privadas que recibió de parte de la ex congresista prófuga de la justicia Aida Merlano. 

A la izquierda, el Pacto Histórico liderado por  el excandidato presidencial Gustavo Petro, quien quedó segundo en las elecciones presidenciales de 2018 por una diferencia del 12%  frente a Duque.

Petro competirá con cuatro precandidatos:  la activista afrocolombiana por el medio ambiente, la justicia racial y los derechos de las mujeres,  Francia Márquez ; el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, del Partido Verde, Arelis Uriana y Alfredo Saade, un líder cristiano de la Costa Caribe que apoya a Gustavo Petro.  

Sin embargo, Petro  desde más de dos años encabeza las encuestas y llena las plazas.  “Podemos reformar el sistema de salud en cuatro años (...) y lanzar una política monetaria que incentive la equidad social”, afirmó Petro en uno de los debates presidenciales  desmintiendo a quienes dentro de su propia coalición lo acusaron de “virar al centro”.

Pacto Histórico  que comenzó agrupando a los cuatro partidos de la izquierda: Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) ha ganado importantes adeptos, entre ellos dirigentes liberales, cristianos y, hace cuatro días, la sorpresiva adhesión de 500 oficiales y soldados retirados, agrupados en una de las dos organizaciones de militares jubilados, Veteranos por Colombia. No dejó de sorprender porque Petro exguerrillero del M-19, tenía una franca distancia con el estamento militar que combatió a esa organización revolucionaria durante sus 16 años de existencia. 

Petro representa la opción con más intención de voto  para un gran sector del país, sobre todo para la izquierda, según las más reciente encuestas de Yanhass de febrero de 2022: allí lidera con un 27% por delante de todos los precandidatos, seguido del voto en blanco (19%) y de Rodolfo Hernández, un candidato independiente originario de Santander, en el nororiente del país. 

En la coalición de centro, las luchas intestinas son el pan de cada día y probablemente perjudiquen  sus resultados del próximo domingo. Los precandidatos sobrevivieron al estrepitoso retiro de la excongresista Ingrid Betancourt —recordada por el largo secuestro que sufrió entre 2002 y 2008 en manos de las FARC – y han logrado recientes alianzas. Entre ellas, la acordada con el exministro Alejandro Gaviria, hasta hace poco rector de la Universidad de Los Andes, ha aumentado la fragilidad de este grupo, que hoy se percibe más como una agrupación de “egos personalistas”, más que un movimiento con ideas sólidas y novedosas para mejorar las condiciones en las que quedará sumida Colombia al final del gobierno de Duque. En esta coalición Centro Esperanza, que ofrece  una política más moderada  con objetivos como asegurar  una renta básica y luchar contra la corrupción, compiten cinco candidatos -que dicen que no son ni están con Álvaro Uribe ni con Gustavo Petro, los extremos en el espectro ideológico-. Entre ellos:  Juan Manuel Galán, exsenador liberal e hijo del caudillo liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por las mafias del narcotráfico en 1989; el excandidato presidencial Sergio Fajardo, de la Alianza Social Independiente (ASI), quien estuvo a muy cerca poco de pasar a la segunda vuelta frente a Duque; el senador Jorge Enrique Robledo, una prominente figura de izquierda, y Carlos Amaya, exgobernador del departamento de Boyacá y gamonal político de la región que empezó su carrera política como líder estudiantil en 2008.   

Se suman a la contienda por el cargo presidencial tres aspirantes cuya candidatura no depende de las consultas:  el uribista Óscar Iván Zuluaga, Ingrid Betancourt por Verde Oxígeno y el independiente Rodolfo Hernández, empresario y exalcalde de la ciudad de Bucaramanga. 

Con esta suerte de prólogo, el próximo 13 de marzo, las ciudadanas y ciudadanos de Colombia cuentan con la llave para seleccionar a candidatos, sin la imposición de los jefes de los partidos políticos, con la opción de que uno de ellos pueda convertirse en presidente de la República.

Sin embargo esta  primera cita para ejercer el derecho al voto está marcada por el pesimismo entre los colombianos, de acuerdo a  las encuestas.  A pesar del crecimiento económico del país desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la pandemia aún causa estragos en la economía nacional y ha dejado datos preocupantes: más de 21 millones de personas están en situación de pobreza y se estima que el 2022 cierre con un desempleo del 11,8 %. El país cerró el 2021 con una inflación del 5,62 %, la más alta en cinco años. Los hogares han perdido poder adquisitivo y alimentos tan básicos como la papa han aumentado sustancialmente su precio. La disminución en la calidad de vida de los colombianos, entre otros motivos, alentó la convocatoria de un paro nacional para el 3 de marzo, ahora cancelada.

AGB con información de diarios, agencias y fuentes

El presidente de Colombia, Iván Duque, rechazó este martes la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en el país latinoamericano, subrayando su preocupación porque la decisión “facilite que el aborto se convierte en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.

En una entrevista con La FM, Duque se declaró “una persona provida” e insitió en que “la vida comienza desde la concepción”. “Pero este fallo no solamente altera este principio, sino que me parece delicado que, en el alcance que se está poniendo en la mesa, estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”, remarcó.

Duque puso el foco en que la despenalización del aborto es “preocupante” en una sociedad como la colombiana, aludiendo al machismo y a los altos índices de embarazos no deseados.

“Se está permitiendo que se pueda interrumpir sin ningún argumento hasta los casi seis meses de embarazo”, sostuvo, antes de expresar que, en su lugar, una sociedad como la colombiana tiene que luchar contra los embarazos no deseados o los adolescentes. “Me preocupa que esta práctica de aborto, que es contraria a la vida, se convierta en una práctica cotidiana y, en un país machista, que se pueda recurrir a este mecanismo, que se vuelva para muchos método anticonceptivo para no usar el condón”, reiteró.

De forma paralela, cuestionó que una decisión de este calibre haya sido tomada por cinco personas, refiriéndose a los magistrados que votaron a favor de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “Creo que la discusión es que si este tipo de decisiones para la sociedad pueden ser tomadas sólo por cinco personas”, dijo.

El Tribunal Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta las 24 semanas el lunes, en una votación histórica con un resultado muy ajustado -cinco votos a favor y cuatro en contra-.

Desde el año 2006, en Colombia solo se permitía el aborto bajo tres premisas: en casos de abuso sexual, cuando estuviera en riesgo la salud física o mental, o cuando existía malformación del feto.

Con información de Europa Press.

IG

La campaña para las elecciones presidenciales de Colombia arrancó oficialmente este sábado, a cuatro meses de la primera vuelta electoral, convocada para el 29 de mayo, para las que hasta el momento hay 25 precandidatos, entre los que destaca al tope de los sondeos de intención de voto el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, en la coalición que agrupa a las principales fuerzas de izquierda.

De todos modos, aunque es el lanzamiento formal de las campañas, los aspirantes a llegar al gubernamental Palacio Nariño vienen desde hace largos meses moviéndose por todo el país, con actos y recorridas.

Petro sigue siendo el punto de referencia de todos, rivales y ciudadanos. Lidera las encuestas, muchas con una amplia ventaja frente al segundo. Sin embargo, algunos analistas consideran que ya estaría tocando techo y que su ascenso se detuvo, señala el diario El Espectador.

En la más reciente encuesta realizada por YanHaas para la alianza de medios, revelada esta semana, el precandidato del Pacto Histórico registra un 25% en la intención de voto y llama la atención que el segundo lugar lo ocupa el voto en blanco (18%), que también puede leerse como la franja de los indecisos.

Pero Petro debe ir primero a la consulta dentro de su alianza de izquierda, el 13 de marzo, en la que compite con Francia Márquez, Camilo Romero, Alfredo Saade, Arelis Uriana y Luis Fernando Velasco. Una contienda en la que su triunfo se da por asegurado.

En la Coalición Centro Esperanza, que en un mes y medio tendrá su consulta interna para definir quién será el candidato, hay más turbulencias que definiciones. Los siete candidatos del sector eran Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Íngrid Betancourt, Juan Fernando Cristo, Jorge Robledo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya.

Gaviria sumó esta semana a su causa a Germán Varón Cotrino, senador de Cambio Radical y considerado ficha del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y al exministro Rafael Pardo. Para Betancourt, del partido Verde Oxígeno, eso implica politiquería de la vieja.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, le dijo la precandidata que fuera rehén de las FARC en el debate del lunes pasado realizado por El Tiempo y Semana.

Por eso, Ingrid Betancourt anunció este sábado que dejará la Coalición Centro Esperanza y disputará las elecciones de mayo como abanderada de Verde Oxígeno, porque en esa alianza no hay una posición clara frente a los apoyos de políticos supuestamente vinculados con casos de corrupción.

Betancourt había dado el pasado jueves un ultimátum a la Coalición para que se distanciara de políticos ligados a la corrupción o a maquinarias electorales, o de lo contrario abandonaría esa alianza.

“Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada de apoyos de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria”, expresó Betancourt en un video.

Según Betancourt, esa falta de posición clara la obliga “a asumir el liderazgo de una batalla” que se tiene “que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos” que están “secuestrados por la corrupción”.

“En estas condiciones nos vemos obligados a dar un paso al costado de la Coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno. Un partido que no hace concesiones en la lucha frente a la maquinaria porque aquí no puede haber zonas grises”, dijo.

Ante esta situación, los otros cinco precandidatos presidenciales de la Coalición aseguraron este sábado que “la aceptación de uno de sus integrantes de apoyos por parte de dirigentes que han acompañado la agenda de Gobierno del presidente (Iván Duque)” es “una equivocación” que no comparten y lamentan.

No obstante, manifestaron que se debía cerrar este episodio “y salir a las calles a presentar propuestas que esperan los colombianos para unir y transformar” el país, que el próximo 13 de marzo, día de las elecciones legislativas, escogerá también en consultas abiertas a los candidatos de la Centro Esperanza y otras dos coaliciones de izquierda y derecha.

“Es decisión de Ingrid y Alejandro acompañarnos o no”, añadieron los demás miembros de la Coalición Centro Esperanza, a la que Betancourt se había sumado hace solo 11 días, el pasado 18 de enero.

Al respecto, Gaviria valoró que sus compañeros de la Coalición recogieron sus “criterios y observaciones” y dijo que mantendrá su candidatura por ese movimiento. “No voy a renunciar bajo ninguna circunstancia a los apoyos recibidos”, añadió el exministro de Salud.

De esta forma, Betancourt, de 60 años, seis de los cuales estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC, no participará en la consulta de la Coalición de Centro Esperanza sino que irá directamente como candidata del partido Verde Oxígeno en las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

En la otra orilla, Equipo por Colombia, la coalición de derecha en la que confluyen los exalcaldes Alejandro Char (Barranquilla), Enrique Peñalosa (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín), y los senadores David Barguil (Partido Conservador) y Aydeé Lizarazo (Partido MIRA), siguen con su “nadadito de perro”, como se dice coloquialmente, haciendo la tarea, en gira por el país, cimentados en las maquinarias políticas que representan el Partido de la U.

Por fuera de estas coaliciones se mueven otras fuerzas. Por ahora, la más relevante es la del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que marcha segundo en algunas encuestas.

Parado en su decisión de no hacer alianzas con nadie e ir solo a la primera vuelta, Hernández centra su estrategia en el uso intensivo de redes sociales, en donde habla de temas que constituyen lugares comunes, como la lucha contra la corrupción o el respaldo a los emprendedores, pero ese mensaje parece llegar a una parte atendible del electorado.

Además, en voz baja de rumora de la posibilidad de un acercamiento al uribismo, que con su candidato, Óscar Iván Zuluaga, no consigue despegar en las sondeos de intención de voto.

CRM con información de las agencias Télam y EFE

Las autoridades de colombianas capturaron en el departamento de Norte de Santander a un jefe de las disidencias de las FARC acusado del atentado terrorista contra el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano, Iván Duque, ocurrido en Cúcuta en junio pasado, informaron este sábado fuentes oficiales.

El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo en una declaración divulgada en redes sociales que alias “Aurelio”, del que no dio su nombre de pila, fue capturado en el caserío San Martín, del municipio de El Tarra.

El jefe de la cartera de Defensa recordó que el detenido, además de ser el supuesto responsable del atentado contra el presidente Duque y su comitiva, también está involucrado en el ataque contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, ambos hechos ocurridos en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Molano aseguró que las operaciones en Norte de Santander contra las disidencias de las FARC continúan constantemente “para recuperar la tranquilidad”.

El 25 de junio pasado seis disparos impactaron el helicóptero presidencial -en el que viajaban Duque, dos de sus ministros y varios funcionarios regionales, que salieron ilesos- cuando se aproximaba a Cúcuta.

Diez días antes un carro bomba explotó en la sede de la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en la que había personal militar de Estados Unidos, y resultaron heridas 36 personas.

La Fiscalía informó en su momento sobre la detención de 10 disidentes del Frente 33 de las FARC y también del exmilitar Andrés Fernando Medina Rodríguez, alias “El Capi”, que presuntamente había ejecutado y diseñado el “plan criminal” tanto del ataque contra el helicóptero donde viajaba Duque como del atentado con carro bomba contra una brigada del Ejército.

Medina, un militar con alta formación y piloto de helicópteros, fue retirado del servicio por una enfermedad en 2016 tras 12 años de servicio.

CRM con información de la agencia EFE

En el momento en que los representantes del Gobierno de Colombia firmaron el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a finales de 2016, Enith Moreno salió a la luz. Había estado un tercio de su vida en la clandestinidad. “En aquel momento el movimiento guerrillero estaba en auge, todo el mundo quería ser guerrillero, era la oportunidad de cambiar las cosas”, cuenta a elDiario.es desde su casa de Medellín.

Enith es una de los muchos de los combatientes que se alistaron siendo adolescentes mientras otros tantos fueron reclutados por la guerrilla.

En ese momento, la familia de origen campesino de Enith vivía en la región antioqueña de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Junto a ella, dos de sus hermanos participaron en la organización guerrillera. Según cuenta Enith, con cinco años ya observaba cómo su padre llevaba comida a los combatientes de las FARC en el monte y presenciaba reuniones en casa a altas horas de la noche. Pero no fue hasta 1984 cuando dio el paso y entró a formar parte de la organización. 

Por más de 15 años, Enith vivió “internada en el monte”, alimentándose a base de cuchuco, una sopa de maíz molido y una colada de harina de trigo con sal. La rutina diaria de una combatiente como ella se basaba en “hacer guardia de día y de noche”, control del territorio y del campamento, aportar leña y “estudiar” el reglamento de la organización y las noticias del día. 

En el año 2000, abandonó las FARC por problemas de salud. A partir de ahí ella, sus dos hijos y su pareja “se inventaron la vida” trabajando de lo que podían, sobre todo labores del campo. “Fue una etapa muy difícil. No teníamos ni ropa, ni casa, ni dinero”, cuenta.

Se desplazaron por el territorio colombiano escondiéndose del paramilitarismo y huyendo de la violencia. “Tampoco podíamos volver al lugar donde nacimos, porque allí todos sabían el camino que habíamos cogido y eso suponía una sentencia de muerte. Así que fuimos moviéndonos por Colombia. Nos manteníamos silenciosos, trabajando en el campo con algunas familias que nos acogían y nos daban trabajo, intentando pasar desapercibidos”.

Aun con todas las precauciones no evitó que se cumpliera el peor de sus temores, “un día, en una de las fincas, los paramilitares mataron al padre de mis hijos”, dice.

Las conversaciones entre las FARC y el Gobierno significaron un cambio drástico para ella y otros compañeros que vivían en la clandestinidad o que aún seguían en la organización guerrillera. Entre ellos están quienes siguen extrañando aspectos de la vida antigua y otros, como Enith, que a veces se preguntan si fue una buena decisión entregar “sus mejores años de vida” a la causa. “Las decisiones que se toman cuando una es tan joven a veces no son las mejores”, reflexiona.

La paz y el camino de la reincorporación

Uno de los grandes temas que se discutieron en La Habana, donde tuvieron lugar las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), fue cómo garantizar que los excombatientes pudieran sostenerse económicamente. Este era uno de los puntos fundamentales para que los desmovilizados se mantuvieran en la legalidad.

Para ello, el Acuerdo dispuso una renta básica por dos años, un pago único de dos millones de pesos y la puesta en marcha del componente educativo, salud, vinculación social e institucional y proyectos productivos colectivos e individuales. 

Una vez firmado el acuerdo, parte de las FARC acudió a las “Zonas Veredales”, unos espacios de transición donde se inició el proceso de abandono de las armas. Después, el primer paso, fue la acreditación de pertenencia por parte de la organización. Con una lista de unos 13.997 excombatientes comenzó el camino de la reincorporación de los exguerrilleros y se inició el proceso hacia la legalidad.

Sin embargo, la organización no acreditó la identidad de algunos exguerrilleros debido a conflictos internos. Son personas que, al no estar acreditados, ni recibir el aval por parte de las FARC, no tienen acceso a ayudas por parte del Estado.

Según Andrés Steppar, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el 91% de los excombatientes, unas 13.200 personas, están en proceso de reincorporación. El resto se encuentra en paradero desconocido. De esa población, la mayoría recibe una asignación mensual que supone el 90% del salario mínimo vigente, unos 195 euros. 

De las armas a los proyectos productivos

María Páez alias Maricela, de 36 años, vive en el Espacio Territorial Antonio Nariño, a 134 kilómetros de Bogotá, junto con otras 200 personas entre excombatientes, amigos y familiares. Es uno de los 24 espacios donde viven alrededor de 2.500 exguerrilleros, que se encuentran asentados en las zonas donde antes operaba la organización. Actualmente, en estos lugares se produce café, cerveza artesanal, pescados, carnes, verduras y frutas. 

Ella pertenece a la cooperativa Tejiendo Paz donde víctimas y excombatientes confeccionan ropa. Hace poco lanzaron su propia marca: Avanza. “Cuando llegué aquí no sabía coser. Nos dieron formación y nos donaron una Singer [nombre de la marca de una máquina de coser], así es como empezamos a hacer las primeras prendas”, dice Maricela, que al igual que Enith se unió a las FARC con 14 años.

Cuando se firmó el Acuerdo, Maricela seguía en las FARC. De un día para otro su vida cambió. Si bien aclara que ahora está centrada en su hijo Julien y en sacar adelante el proyecto de ropa, a veces echa de menos “el sentido de unión y colectividad que había en la organización”.

La participación política y la promoción de la vida comunitaria fueron algunos de los objetivos de la guerrilla en La Habana. En el marco del Acuerdo fue creada la red de Economías Sociales del Común (Ecomún), con el objetivo es construir economías solidarias en Colombia. 

Hasta mediados de año, la agencia para la reincorporación había aprobado más de 3.000 proyectos productivos que benefician a la mitad de los excombatientes. Pero, según la información obtenida, muchos aún no son sostenibles y no cubren las necesidades vitales de los excombatientes.

“Nos encontramos con muchas trabas burocráticas para que se pudiera aprobar nuestro proyecto, además, el Estado aún no ha desembolsado la parte que le corresponde. Tenemos contratos cortos, la producción aún es muy limitada”, cuenta Maricela. 

Este es uno de los puntos que la Fundación Ideas para la Paz señaló como preocupante. “La disonancia entre los tiempos del Acuerdo y los tiempos de la realidad”. La falta de definición presupuestaria, la dilatación de los procesos o la falta de seguridad de los excombatientes son aspectos que muestran una gestión deficitaria.

Para varios de ellos, vivir en un antiguo espacio de reincorporación es más seguro que hacerlo en resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes o zonas rurales donde habitan cientos de excombatientes. Éstas son áreas, aún hoy, marcadas por la presencia de grupos armados, redes de narcotráfico y una fuerte militarización.

Desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, 285 excombatientes han sido asesinados, en un contexto de aumento de la violencia que tuvo como resultado 1.229 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, según Indepaz.

Para el senador Iván Cepeda, experto en negociaciones de paz y en derechos de las víctimas, la gestión de Duque está más próxima a soterrar el Acuerdo que a su cumplimiento. “Lo que hay es una retórica de preocupación pero no acciones concretas que apunten a una implementación de forma integral y satisfactoria”, sostiene en diálogo con elDiario.es

La segunda vida de Enith

Enith tuvo que esperar 16 años hasta la firma del Acuerdo para empezar de nuevo. En el 2017 se mudó a Medellín para iniciar el proceso de reincorporación. Al principio lo vivió con alegría, “muchos de los que habíamos estado en la zozobra de una guerra que parecía no tener fin, empezamos a encontrarnos”, cuenta.

Fundó el Mercado de Mujeres Construyendo Paz donde venden, gracias al apoyo de la ONU, productos como café, cerveza y otros alimentos que producen otros exguerrilleros. Sobrevive con la asignación mensual para excombatientes, que apenas le alcanza para vivir. “Si ese mes pago los servicios y el alquiler, la canasta se me queda muy ajustada”, dice.

Su sueño es poder ser trabajadora comunitaria y aportar cada día a la sociedad colombiana. De momento, está sacando un emprendimiento con otras mujeres ex integrantes: Mujeres Origen.

La historia de Enith, como la de muchos, está marcada por la guerra. Enith es parte y víctima del conflicto armado que mató a la mitad de su familia. Pero también, es una historia de resiliencia y de entrega.

“En una finquita en Urabá donde nacimos 11 hermanos a la antigua, surgió esta mujer, con una historia llena de encrucijadas dolorosas, alegrías y aprendizajes, que acompañaron estos largos 50 años. A pesar de las dificultades y los asesinatos de nuestros compañeros, seguimos apostándole a la paz y a la reconciliación en Colombia”, sintetiza.

Al menos tres agentes de la policía resultaron heridos y aún se desconoce si hubo civiles afectados en las protestas organizadas este fin de semana en distintos puntos de Bogotá, con el fin de conmemorar el día que se inició el Paro Nacional, que tuvo en vilo a Colombia por casi dos meses, y reiterar las demandas al Gobierno del presidente Iván Duque.

De los agentes heridos en el Portal de Las Américas, en el suroccidente de la capital colombiana, uno recibió un “golpe con elemento contundente” y el otro terminó “afectado por bombas molotov”, detalló el brigadier general Eliécer Camacho, comandante de Policía de Bogotá, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Al tercer policía, que había sido herido la localidad sureña Usme, “lo trataron en el mismo sitio. Le hicieron una limpieza con algunas medicinas y logramos que no fuera una afectación mayor”, relató Camacho.

Durante el sábado 28, manifestantes se reunieron en distintos puntos de Bogotá, donde llevaron a cabo eventos culturales y ollas comunitarias, pero al caer la noche varios encapuchados opacaron las protestas pacíficas y se generaron fuertes enfrentamientos con agentes del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), según informó el diario El Espectador.

Los intereses de las movilizaciones están relacionados con la importancia de defender la agenda legislativa de la ciudad y el país y puntos clave como la renta básica con la cual 7 millones de familias serían beneficiadas, la propuesta del desmonte del Esmad, la no violencia de género y el proyecto de reactivación económica, había explicado días atrás Alirio Uribe, miembro del Comité Nacional del Paro, citado por el diario El Tiempo.

En otro de los puntos de manifestaciones, Suba, en el noroccidente de Bogotá, hubo denuncias de abuso policial, reconoció Camacho, quien agregó: “Tenemos denuncias de personas en el Portal Suba que manifiestan haber salido lesionados con algunas armas menos letales del Esmad”.

Algunas comisiones de derechos humanos denunciaron, por su parte, agresiones y detenciones contra sus integrantes y personal de prensa, y una mujer denunció que fue golpeada en su rostro mientras intervenía ante el arresto de un reportero que, según ella, fue capturado por grabar un procedimiento policial.

Hasta el momento, ni la Policía ni la Personería tienen registro de civiles afectados, aunque ambos manifestaron que verificarán los procedimientos de los agentes que intervinieron en los disturbios.

Tanto el Portal de las Américas como Usme y Suba fueron escenarios de protestas y represiones desde el pasado Paro Nacional, que inició el 28 de abril pasado y finalizó el 15 de junio.

CRM con información de la agencia Télam

Con unas superficie de 1.141. 748 km2, la República de Colombia es la única nación de América del Sur que bordea el Océano Pacífico y accede al Atlántico por medio del Mar Caribe. Pero sus fronteras políticas son sus límites terrestres: Venezuela y Brasil al oriente, Perú y Ecuador al sur, y Panamá al occidente. El mismo día que el país celebró las efemérides de la Batalla de Boyacá, también conocida como la batalla del Puente de Boyacá, la más importante de la Guerra de la Independencia que garantizó el buen éxito final de la campaña liberadora del entonces virreinato de Nueva Granada y la emancipación de la Corona española, se cumplieron tres años del gobierno del presidente Iván Duque del Partido Centro Democrático (PCD).  En el  Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en el municipio de Nilo, Cundinamarca, creado en 1961 como epicentro de las operaciones militares de la época, el sábado 7 de agosto Duque asistió a la doble celebración que recuerda la gesta independentista y el Día Nacional del Ejército de Colombia, y expresó “Hace tres años (...) juré como presidente de la República trayendo en el corazón el mensaje de una nueva generación que llegaba al poder para ejercerlo sin vanidades y con unos principios claros: los de la legalidad, los del emprendimiento y los de la equidad”. En posición segura, fuera del alcance de las masas y aun de la población civil, el discurso del presidente, el segundo más joven en la historia del país, ofreció un balance matizadamente favorable y encariñado con los tres años de su mandato. Una administración que empezó su gestión un año después de que se firmó el Acuerdo de Paz entre el ex presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, cuyo plebiscito el PCD había llamado a votar en contra.

Entre los aspectos más ponderados por Duque en ese balance del que él mismo hizo las sumas y las restas, estuvo la gestión ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Su gobierno ha invertido alrededor de U$S10.229 millones para mitigar los efectos del virus y parte de ese dinero se invirtió en aumentar el número de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El país pasó de tener 5.346 antes de la pandemia a 13.200. Impulsó cinco programas de transferencias monetarias para las personas más vulnerables, que han beneficiado a aproximadamente nueve millones de familias. Aseguró haber protegido el empleo de 4,1 millones de personas a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal. A la vez, una política de emprendimiento para apoyar a las empresas durante la recuperación de la economía, permitió el crecimiento del país en 1,1 % en el primer trimestre de este año y naturalmente espera que sea mayor en el segundo semestre sea mayor. Otro logro alcanzado fue la creación del Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos con el propósito de disminuir la migración irregular y la regularización de 1,8 millones de migrantes venezolanos.

Tantos datos promisorios contrastan sin embargo con los números de otras organizaciones, incluso oficiales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó para 2020 un aumento del 6% de la pobreza respecto al año anterior. Más 21 millones de colombianos viven con cerca de U$S90 dólares al mes, mientras que el 15,1% sobrevive en la pobreza extrema. En cuanto a la pandemia, Colombia ha sido uno de los países más golpeados por el Covid-19 en la región, con 4,82 millones de personas contagiadas y más de 122.000 muertos. Respecto a este urgente tema, Duque prometió que, para finales de 2021, cumpliría la meta de 35 millones de colombianos vacunados, lo que representa cerca del 70% de la población. Hasta ahora, hay más de 30 millones de dosis aplicadas, pero solo 13 millones de personas tienen su esquema de vacunación completo.

La vorágine en las calles

No sólo por la situación sanitaria el presidente cuenta con la más baja aprobación presidencial en toda la historia de Colombia. No es cuestión de sondeos entre los 51 millones de habitantes del país. Ratifican una desaprobación tan alta y tan continuada las masivas protestas sociales y la oleada de violencia que multiplicó las cifras de muertes y masacres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una visita oficial al país, informó que al menos 51 personas murieron durante las protestas. Tres ONG locales -Indepaz, Temblores y Paiis– denunciaron ante la CIDH que cerca de 20 personas perdieron la vida a causa de disparos directos de la Policía.

Con respecto al Acuerdo de Paz, del que Duque se ufana haber respetado, porque ya era ley nacional cuando asumió, con su política de “Paz en la legalidad”, desde noviembre de 2020 solo se habían implementado un 28% de las disposiciones firmadas en La Habana. Esta situación condujo, según resultaba previsible, a la falta de garantías de seguridad para quienes fueran integrantes de las guerrillas de las FARC y hubieran abandonado y entregado las armas cumpliendo con su parte estipulada en los acuerdos. Desde que se firmó el documento, más de  280 ex insurgentes sufrieron asesinatos y muertes violentas. Intervino la Misión de Verificación de la ONU, encargada de comprobar la reincorporación política, económica y social y vigilar la efectiva vigencia de las garantías de seguridad pactadas para ex integrantes de las FARC, sus familias y las comunidades donde viven. Todavía espera la Misión que el gobierno atienda sus pedidos de acciones concretas, más rápidas y eficaces, para lograr el cumplimiento del Acuerdo.  

Duque responsabilizó al narcotráfico el aumento de la violencia. Pero enumeró como sus logros las cifras más bajas de secuestro, las mayores incautaciones de cocaína, los números más altos de destrucción de laboratorios ilegales y la erradicación manual de más de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 

El malestar social por el aumento de la pobreza y la desigualdad durante la pandemia, y la estela de violencia que no ha cesado después del Acuerdo de Paz volvió incrementarse en las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 28 de abril de 2021. El desencadenante fue la propuesta de reforma tributaria que el Gobierno había presentado al Congreso. Un aumento del 19% en impuestos los servicios públicos y a productos básicos de la canasta familiar. La respuesta militarizada y la represión policial de extrema violencia contra las personas que reclamaban en las calles de decenas de ciudades del país fue denunciada por Amnistía Internacional. Después de dos meses de persistentes movilizaciones, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla renunció con lo cual quedó establecida una pacificación que, sin embargo, no presenta condiciones de permanencia.

En el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales, la situación con Venezuela es negativa. El 23 de febrero de 2019, el presidente Nicolás Maduro rompió los canales de diálogo con Colombia tras el fallido intento del líder opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconoció como “presidente encargado”, de entrar a su país al frente de una caravana humanitaria que partió de la ciudad colombiana de Cúcuta. Y las tensiones no han dejado de aumentar. Dos presidentes, uno y otro proclives al auto-elogio, se acusan entre sí de haber convertido a sus países en santuario de grupos armados irregulares que desde el otro lado de la frontera son causantes de males que, si no, ellos ya habrían arrancado de raíz.

 AGB/WC

El Presidente Alberto Fernández viajó este miércoles rumbo a Perú para asistir a la ceremonia de transmisión de mando del presidente electo, José Pedro Castillo Terrones. El vuelo partió a las 17.50 y el mandatario está acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez, además de Felipe Solá, Elizabeth Gómez Alcorta y Gustavo Béliz, entre otros funcionarios, y será recibido junto a la comitiva oficial en la ciudad de Lima por el embajador ante Perú, Enrique Vaca Narvaja.

Además de participar en los actos oficiales, Fernández mantendrá reuniones con los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque. También tiene previsto en su agenda encuentros con los responsables de Relaciones Exteriores de Uruguay y México.

La agenda completa de Alberto Fernández en Perú

Como parte de la delegación oficial argentina viajarán también los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, y Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando Navarro y el diputado nacional, Eduardo Valdés, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara baja.

Con información de Presidencia.

IG

El Bloque Magdalena Medio de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC se adjudicó este domingo el atentado contra el presidente de Colombia, Iván Duque, ocurrido el 25 de junio pasado, cuando su helicóptero se aproximaba a aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta, en el noreste del país.

Asimismo, el grupo también reivindicó su autoría de un atentado perpetrado diez días antes contra la Brigada 30 del Ejército, en la misma ciudad.

“Hoy queremos informarle al país y asumimos con responsabilidad las acciones realizadas contra la Fuerza Pública tales como la acción contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y sede militar de los Estados Unidos, y la acción contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez”, afirmó en un video el Bloque Magdalena Medio, según la agencia de noticias Sputnik.

Dicho grupo advirtió, además, que los ataques continuarán y se adjudicó cuatro acciones más, entre las que se encuentran hostigamientos a bases militares en el departamento de Norte de Santander, en el nordeste del país, y a infraestructuras de empresas de minería.

El video, de cinco minutos de duración, habría sido grabado en Venezuela, según indicó el propio Duque, quien advirtió que las Fuerzas Militares continuarán el combate contra los grupos delincuenciales.

“Los terroristas que graban videos tartarinescos desde Venezuela para mimetizar su cobardía ya saben de los golpes que les hemos asestado y les seguiremos asestando. No nos intimidan ni nos amedrentan. Seguirán cayendo ante la contundencia de la Fuerza Pública”, tuiteó el mandatario.

El sábado, el ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó en Cúcuta que las disidencias del Frente 33 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) planeaban cometer otro atentado contra Duque en la entrada de Bogotá, pero que “afortunadamente” no hubo “ninguna operación al respecto”.

El 25 de junio, el helicóptero de Duque fue impactado con seis balas de fusil cuando se aproximaba al aeropuerto de Cúcuta en compañía del propio Molano, del ministro del Interior, Daniel Palacios, y de autoridades locales, todos los cuales resultaron ilesos.

Diez días antes, el 15 de junio, en la Brigada 30 fue ingresada una camioneta cargada con explosivos que dejó una treintena de personas heridas, entre ellas, de manera leve, algunos militares de Estados Unidos que brindan apoyo al Ejército de Colombia en ese cantón militar.

Con información de la agencia Télam

CRM

“¿Hay peligro de que el país entre en anarquía?” “¡Ya estamos ahí desde hace semanas!” La pregunta desde París recibió varias veces pareja respuesta en vivo desde Puerto Príncipe el mediodía del miércoles por Radio France Internationale, después de conocerse la noticia del asesinato nocturno del presidente de Haití por un grupo de desconocidos armados que hablaban español. Si el magnicidio fue en realidad ante todo un homicidio, un ajuste de cuentas mafioso entre bandas armadas que se disputan entre sí territorios del interior del país en los que ya son única fuerza y única ley, según una conjetura probable, y no un crimen político, podría iniciarse el diálogo hasta ahora imposible entre la oposición electoral que impugnaba el mandato del asesinado Jovenel Moïse y quienes ocupen interinamente el poder. Siempre y cuando el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más pobres del mundo, donde todavía no se ha aplicado ni una sola dosis de vacuna anti-Covid, cuente con auxilio internacional que aporte recursos económicos y humanos para la reconstrucción y la pacificación. Aunque los recuerdos de una situación análoga tampoco son halagüeños. El de Moïse es el primer asesinato de un jefe de Estado en Haití desde 1915, cuando el magnicidio fue causa alegada e insatisfactoria excusa de la ocupación militar de la isla por EEUU.

En un comunicado oficial que reproduce la red alternativa haitiana de información AlterPresse, el primer ministro saliente Claude Joseph informaba que a la 1.00 de la mañana “un grupo de individuos no identificados de los cuales algunos hablaban español habían atacado la residencia privada del Presidente de la República y así herido mortalmente al Jefe de Estado”. Otro medio alternativo, Haiti Press Network, había dado la noticia antes de la confirmación oficial, y lo había hecho en términos más brutales: el Jefe de Estado, el presidente Jovenel Moïse “había sido asesinado después de medianoche”. Y añadía el dato fundamental, sobreentendido en el mensaje del gobierno, de que los desconocidos estaban fuertemente armados. Bocchit Edmond, embajador haitiano en Washington, informa que por imágenes de video con las que cuenta su gobierno piensan que son mercenarios. Profesionales muy bien entrenados que se hicieron pasar, con buen éxito, por agentes de la DEA norteamericana. Que por tanto hablaban inglés además de español. Y que dos varones locales que venían con ellos les sirvieron de intérpretes. Hablaban creole (criollo), lengua nacional junto con el francés de la ex potencia colonial contra la cual luchó una población isleña esclavizada, de origen africano, hasta emanciparse y proclamar la independencia en 1804: la de Haití fue la primera revolución latinoamericana contra los imperios europeos. La Primera Dama, herida de bala por los falsos agentes antinarcóticos, en estado crítico, ya el miércoles estaba siendo atendida en el Baptist Hospital de Ford Lauderdale, Florida, EEUU.  A la noche, Léon Charles, el jefe de la Policía, de quien se dice que es ideológicamente leal a EEUU, comunicó oficialmente que cuatro “mercenarios” del grupo comando asesino habían sido muertos por efectivos policiales que los habían perseguido, que tres agentes que los mercenarios habían tomado como rehenes habían sido liberados, que otros dos presuntos mercenarios habían sido arrestados, pero no informó nada sobre la identidad de los muertos y arrestados, añadió que la investigación continuaba. ,

Durante el mismo miércoles, Joseph hizo un segundo anuncio, publicado en Le Moniteur, el Boletín Oficial haitiano, en coordinación con las Fuerzas de Seguridad. Declaró el Estado de Sitio por 15 días, una decisión que por su formulación y sus implicaciones equivale a hacer coincidir dos semanas de duelo nacional con una quincena de aplicación de ley marcial. Amélie Baron, corresponsal de la agencia de noticias AFP en Haiti, informa en la televisión pública francesa que las calles de la capital Puerto Príncipe están desiertas, vacías de vehículos, pero también de peatones: para qué salir, cuando “reina la incertidumbre” se pregunta y se responde.  

Descabezamiento de un Poder Ejecutivo precarizado

Claude Joseph es el sexto jefe de Gobierno de la presidencia Moïse. Es premier interino por dos motivos. Por la muerte del jefe de Estado, pero además por una razón previa: era ya el premier saliente. Porque el 5 de julio el presidente asesinado había designado quién sería su séptimo jefe de Gobierno. Había nombrado un sucesor que sustituiría a Joseph pero que no llegó a asumir, el doctor Ariel Henry. Este médico septuagenario, sanitarista, experto que buscaba asesorar al Ejecutivo en la gestión de la pandemia, había ganado prestigio cuando estuvo a la cabeza de la campaña de salud pública que enfrentó una epidemia anterior y local, de cólera. “La población debe restar calma, evitar las manifestaciones y todo acto de violencia, que no haría más que empeorar la situación », pide públicamente la Dirección Política de la Oposición Democrática (Dirpod), enterada, según asegura, ”con consternación“, de la noticia del que llama ”presidente de facto“ Jovenel Moïse.

Las opiniones sobre las causas del asesinato sólo varían en cuántas zonas insisten en dejar todavía abiertas a la duda y a la espera de que una investigación llegue a sus primeros resultados concretos. Jean-Josué Pierre niega que el magnicidio haya sido cometido por las gangs que dominan en el interior de la isla territorios donde la autoridad del Estado no se hace sentir o carece de facultades para hacer cumplir la ley nacional. Son profesionales, declara. Pero también pueden ser mercenarios, admite el embajador de Haití en Francia. Pagado por algún jefe territorial con influencias en el extranjero. Un ajuste de cuentas por interpósita persona, resume Bruno Daroux, periodista de Internationales de France24.

El historiador Christophe Wargny, uno de los mayores estudiosos de Haití, descree de “que sea un ataque contra la democracia: el presidente había sido mal elegido, había gobernado mal –lo que es un eufemismo- y ha terminado mal. De su asesinato se ha dicho que es una ‘tragedia horrible’ y un ‘crimen espantoso’. Él es en buena medida responsable de esta horrible tragedia, y el autor de no pocos espantosos crímenes”. Según la argumentación de este especialista, que confluye con el coro mayoritario de las voces de analistas y observadores que fueron convocadas y oídas por los medios francófonos y anglófonos americanos y europeos en las 24 horas que siguieron a tragedia y crimen, el presidente muerto enfrentó en vida dos tipos de adversarios. Rivales políticos, que lo atacaban por prolongar indebidamente su mandato y por haberse olvidado –otro eufemismo- de convocar elecciones legislativas. Y enemigos mafiosos, en el interior de las pandillas o gangs. Porque adentro de la isla hay un archipiélago de bandas armadas que controlan o se disputan el territorio y los territorios por cuyo dominio y explotación compiten entre ellas.

Para contener la protesta política, pero también social, el presidente había debilitado y desfuncionalizado a las Fuerzas de Seguridad estatales. En la línea de la ética de su anterior formación y profesional –había sido un empresario, y su éxito crematístico había capitalizado como recurso de campaña para ganar elecciones-, había buscado proteger la paz ciudadana acudiendo al servicio pago de una suerte de empresas de ´seguridad privada“. Que encontró en estas pandillas o gangs. Y los gangsters fueron eficaces, violentos y crueles en las tareas remuneradas de su función de ‘seguridad democrática’ (un término que acuñó para Colombia el ex presidente Álvaro Uribe). Aprendieron a ser policías, y a imponer el orden en nombre del presidente y según los intereses del Ejecutivo, y después lo hicieron en interés propio, cortados los lazos de vasallaje y compitiendo contra los nuevos vasallos que buscó pagar o juramentar Moïse. Acaso quienes fueron contratados o contactados por el poder como ejército privado hayan aprendido de su propio éxito a contratar tropas de élite o grupos comando bien entrenados.

El orden democrático, horizonte y casus belli

Jovenel Moïse ejercía el poder por haber ganado las elecciones de noviembre de 2016. Era un empresario sin carrera política, del partido centro-derechista Tèt Kale fundado por su mentor el popular Michel Martelly. Se impuso en primera vuelta con el 54% de los votos. Asumió la presidencia el 7 de febrero de 2017. El gobierno de Moïse estuvo marcado por la inestabilidad política y acusaciones de corrupción agravadas por el escándalo de Petrocaribe y por una larga disputa sobre el término de su período en el cargo. La oposición afirma que debería haber dimitido el 7 de febrero como corresponde a los cinco años de las elecciones de 2015 -canceladas por acusaciones de fraude-y realizadas en 2016. Tampoco se celebraron las legislativas en 2019, como reza la Constitución de 1987. A principios de este año, Moïse argumentando que un complot organizaba un golpe de Estado que planeaba “asesinarlo” y reprimiendo nuevas protestas políticas, ordenó el arresto de 23 personas, incluido un juez de la Corte Suprema y un alto cargo de la Policía.

Según la oposición, las postergaciones electorales que retrasaron la celebración de las presidenciales de 2016 no importan para determinar dónde empieza y dónde termina el período presidencial del sucesor de Martelly. El período presidencial se cuenta desde el 7 de febrero de 2016, dicen, y por lo tanto el mandato expiró. Según el oficialismo, los cinco años se cuentan a partir del día de la asunción del presidente, se tienen que contar cinco años efectivos de ejercicio del poder, y por lo tanto el mandato expira el 7 de febrero de 2022. La ONU, la OEA, y el Departamento de Estado de EEUU aprueban el método Moïse para calcular las fechas de inicio y fin del lustro presidencial haitiano. El presidente colombiano Iván Duque, sucesor del derechista Álvaro Uribe, rechazó el “vil asesinato” del presidente haitiano, “acto cobarde y lleno de barbarie”, y solicitó “una misión urgente” de la OEA “para proteger el orden democrático”. El mismo orden que invocó el presidente norteamericano Woodrow Wilson, un antecesor demócrata de Joe Biden en la Casa Blanca, cuando en 1915 tropas de marines estadounidenses ocuparon Haití y pusieron fin a las dos semanas de caos que siguieron al asesinato de  Jean Vilbrun Guillaume Sam. Este presidente haitiano, en un mandato que su muerte dejó trunco a los cuatro meses de iniciado, había hecho encarcelar y fusilar a casi dos centenares de líderes opositores. La ocupación duró hasta 1934. Por ahora, el Departamento de Estado insiste en que se mantengan las elecciones presidenciales y legislativas planificadas para el 26 de septiembre.

AGB

El cuadro de situación en Nicaragua durante, al menos, los últimos tres años está descripto por informes concluyentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) y diversas entidades internacionales: asesinato de decenas de manifestantes por parte de fuerzas estatales o paraestatales, represión indiscriminada contra la protesta social, arrestos masivos (incluidos adolescentes), miles de heridos y detención de opositores al régimen de Daniel Ortega.

Ante una nueva oleada de arrestos de cara a la elección presidencial de noviembre, el Gobierno argentino eludió sumarse a la condena en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) y prefirió emitir pronunciamientos en sintonía con su par de México que, si bien incluyeron críticas, mostraron una retórica contenida. La postura de la Cancillería que dirige Felipe Solá despertó la reacción de la derecha, pero también de referentes progresistas que consideran inadmisible quedarse a mitad de camino ante la gravedad de los crímenes de lesa humanidad atribuidos al Ejecutivo de Nicaragua.

El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división América de Human Rights Watch y una de las voces más influyentes en cuanto a derechos humanos en el continente, confrontó pública y reiteradamente sobre Nicaragua con el Gobierno Argentino y con Solá en particular. La posición de HRW es relevante porque, en contraste con otras ONG, muestra menor sesgo a la hora de cuestionar políticas públicas según la orientación política del gobernante en cuestión.

En una entrevista respondida por escrito, Vivanco profundizó sus críticas al Ejecutivo de Alberto Fernández, contestó sobre la evidente parcialidad del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y explicó su aval a un proyecto para sancionar a Ortega que enarbolan halcones del Senado estadounidense.

El Gobierno argentino alega que, al haber objetado por escrito el arresto de opositores y el “deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua, y al haber convocado a su embajador en Managua, mantiene una postura coherente en la materia. ¿Por qué entiende lo contrario?

Me parece que la posición de Argentina ha sido zigzagueante. En el Consejo de Derechos de la ONU, en Ginebra, la posición del Gobierno argentino ha sido siempre la de condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, y eso lo valoro mucho. En cambio, en la OEA, la posición ha sido la contraria. Argentina se abstuvo de apoyar una resolución sobre Nicaragua que fue aprobada por una mayoría abrumadora de 26 votos a favor, 5 abstenciones y 3 votos en contra. Para colmo, el Gobierno sacó un comunicado junto con México invocando el principio de no intervención y sugiriendo que en Nicaragua aun existen instituciones y procesos democráticos. Esta es una posición muy lamentable. El principio de no intervención no se aplica para cuestiones de derechos humanos; el propósito mismo del derecho internacional de los derechos humanos es consagrar la idea de que hay derechos fundamentales que conciernen a todos y no sólo al país en cuestión. Y así lo han entendido de forma prácticamente ininterrumpida todos los Gobiernos argentinos desde la vuelta de la democracia. Me parece muy bien que el Gobierno argentino le haya enviado, al parecer, una carta al régimen de Nicaragua criticando las violaciones de derechos humanos. Pero, ¿si aquí estuviera en juego el principio de no intervención entonces cómo justifican esa carta? La postura ante la OEA es imposible de comprender e incoherente con la valiosa posición de defensa de los derechos humanos que el gobierno argentino ha adoptado en otros ámbitos, en especial en la ONU.

El principio de no intervención no se aplica para cuestiones de derechos humanos

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostiene una retórica muy agresiva hacia Gobiernos y oposiciones de determinados países, y muy amistosa hacia otros. La actuación de la OEA fue muy cuestionable en Bolivia en 2019. ¿Una conducción tan parcial no aleja la posibilidad de alcanzar consensos?

Este es un punto importante. Creo que efectivamente el secretario general de la OEA ha demostrado un doble estándar en cuestiones de derechos humanos. Ha sido muy firme, y está muy bien que lo sea, con Venezuela, Cuba y con Nicaragua. Pero ha adoptado posiciones débiles y ambiguas con otros Gobiernos, por ejemplo, con Nayib Bukele en El Salvador. En Bolivia, por ejemplo, Almagro criticó las detenciones de Añez y sus ministros con cargos de “terrorismo”. Eso está muy bien porque se trata, como nosotros lo hemos denunciado, de detenciones arbitrarias basadas en un tipo penal abierto que se presta para abusos. Sin embargo, Almagro no dijo nada cuando se aplicó el mismo tipo penal para perseguir, sin ninguna prueba, a Evo Morales. Como nosotros demostramos en su momento, el proceso penal contra Morales fue violatorio de estándares básicos de derechos humanos. Ahora, el propio canciller Felipe Solá ha dicho que el motivo por el cual Argentina se abstuvo de apoyar la resolución sobre Nicaragua no tenía que ver con Almagro, sino con razones de “tipo jurídico”. Me alegra que así sea porque creo que sería un error que Argentina desaproveche el ámbito de la OEA, que es el más importante a nivel regional, por sus desacuerdos, muchos de ellos legítimos, con el secretario general Almagro. 

¿Cuál es hoy la herramienta más efectiva para frenar los abusos de Ortega sin someter a su población a más penurias?

Lo que estamos presenciando en Nicaragua es una crisis de la mayor gravedad. Es una de las situaciones más difíciles que yo haya visto en más de 30 años siguiendo la situación de derechos humanos en toda la región. Jamás había visto que un Gobierno se permitiera detener a 5 candidatos a presidente de la oposición en unas pocas semanas, y los sometiera a procesos penales arbitrarios y abusivos. Esta es una crisis que, además, tendrá repercusiones a nivel regional en Centroamérica. Frenar esta arremetida de Ortega y lograr una transición a la democracia no va a ser nada fácil y requiere de un esfuerzo realizado de forma multilateral y concertada por parte de gobiernos de América Latina, la Unión Europea y EEUU. 

Almagro no dijo nada cuando se aplicó el mismo tipo penal para perseguir, sin ninguna prueba, a Evo Morales

Aquí de lo que se trata no es de someter a la población a más penurias. Esa es una fórmula que en otros países, por ejemplo en Cuba, no ha funcionado y que puede traer un enorme sufrimiento al pueblo. Por ello, nosotros llevamos años abogando por levantamiento del embargo a Cuba. En Nicaragua, lo que hay que hacer es aumentar la presión internacional contra el régimen de Ortega, no contra el país. Para ello, nosotros hemos propuesto distintas medidas que, en conjunto, pueden ayudar a frenar los abusos. En primer lugar, creemos que es crucial que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, invoque el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas para llevar la situación en Nicaragua a la atención del Consejo de Seguridad. La crisis que se vive en Nicaragua es de tal magnitud que nosotros creemos que debe ser discutida en ese ámbito, al igual que en Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En segundo lugar, proponemos que los Gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos presionen al gobierno de Ortega, de forma concertada, para que permita la presencia de observadores internacionales de la Comisión Interamericana de DDHH y de la ONU, así como que establezcan sanciones individuales y específicas; es decir, cancelación de visas y congelamientos de cuentas bancarias en el exterior; para los funcionarios que estén involucrados en graves abusos. Estas no son sanciones a Nicaragua, sino medidas puntuales para los violadores de derechos humanos. En tercer lugar, creemos que a nivel global los países deben iniciar investigaciones penales, sobre la base del principio de jurisdicción universal, para procesar a los responsables de hechos de tortura ocurridos en Nicaragua. En definitiva, no hay una única medida que pueda ayudar a solucionar esta crisis. De lo que se trata es de desplegar una batería de medidas que aumenten el costo a los jerarcas del régimen si siguen en el camino de cometer violaciones de derechos humanos y transformar a Nicaragua en una dictadura pura y dura. 

Halcones en acción

El agravamiento de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua encendió los motores de los halcones estadounidenses. Días atrás, el senador Robert Menéndez (demócrata, New Jersey) y Marco Rubio (republicano, Florida) impulsaron la aprobación en el comité de Relaciones Exteriores de la denominada ley Renacer, que supone una serie de sanciones políticas, financieras y legales contra Ortega y sus funcionarios. Su primer punto pone la lupa en “los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y reafirma la exención legal existente para proyectos humanitarios”. Además de que llevan la voz cantante contra todo lo que merezca la etiqueta de “chavismo” en América Latina y de haber avalado el golpe de Estado perpetrado en Bolivia en 2019, Menéndez y Rubio tienen en común el haber sido los principales receptores de financiamiento por parte de Paul Singer. Sus objetivos son inequívocos.

Usted apoya el plan enarbolado por los senadores Rubio y Menéndez. ¿No resulta contraproducente embarcarse en un proyecto que parece asociado a los halcones de la política estadounidense?

A mí me parece que lo importante no es quién presenta un proyecto de ley, sino cuál es el contenido del mismo. El proyecto de ley Renacer, que impulsan varios senadores de los dos partidos de EEUU, presenta un plan de acción acertado para intentar frenar los abusos de Daniel Ortega. El proyecto de ninguna manera supone la interrupción de ayudas humanitarias. Por el contrario, el proyecto reafirma explícitamente que se deben adoptar todas las medidas posibles para evitar que se afecten negativamente las necesidades básicas del pueblo nicaragüense. Lo que busca el proyecto es fiscalizar y aplicar sanciones individuales, como cancelación de visas y congelamiento de cuentas bancarias, contra funcionarios involucrados en hechos de corrupción y violaciones de DDHH en Nicaragua. Y lo que busca el proyecto es que esas iniciativas no se hagan de forma unilateral, sino de manera coordinada con la Unión Europea, Canadá y América Latina. Además, lo que persigue el proyecto es aumentar los controles no para frenar el financiamiento del FMI y el Banco Mundial a Nicaragua, sino para garantizar que los fondos que prestan al país se utilicen para los propósitos que han sido acordados con estos organismos. Como sabes, esa es una exigencia de los organismos multilaterales en cualquier país del mundo, y me parece acertado y hasta de sentido común, que se aumenten los controles en un país donde no existen entidades nacionales independientes, ya sea jueces, fiscales o contralores, que puedan frenar la corrupción de la familia presidencial. 

La situación de los DDHH y de respeto a la institucionalidad democrática es muy grave en Nicaragua, pero también lo es en Honduras. Se habla mucho sobre la ausencia de libertades y la represión en Venezuela, que son reales, y bastante menos de las matanzas colectivas en Colombia a manos de paramilitares o de bandas con algún amparo estatal, de lo que hay registros judiciales. La represión reciente de las protestas en Colombia evidenció abusos graves, como denunció HRW. ¿Las organizaciones de la sociedad civil y el sistema interamericano juzgan con la misma vara las situaciones en los distintos países?

Ya te di mi opinión sobre el secretario general de la OEA. Por otra parte, creo que en la Comisión Interamericana de DDHH se hacen grandes esfuerzos por mantener una posición siempre profesional y objetiva. De hecho, tú mencionas a Colombia y es importante mencionar que la CIDH envió recientemente una delegación al país para documentar los gravísimos abusos de la Policía Nacional en contra de manifestantes. Muy pronto van a dar a conocer sus hallazgos que probablemente incluyan denuncias muy serias de brutalidad policial, tal y como lo hemos denunciado en Human Rights Watch. La Comisión también ha seguido muy de cerca las masacres y los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, que constituye un hecho gravísimo. Colombia probablemente es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años, cuestión que nosotros también hemos denunciado. La Comisión también ha criticado, y con mucha razón, la situación en Honduras, donde el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien está siendo investigado en EEUU por narcotráfico, ataca constantemente el estado de derecho y ha logrado apoderarse de la Corte Suprema y del Congreso.

Colombia probablemente es el país del mundo con más asesinatos de defensores de derechos humanos en los últimos años

En cuanto a lo que llamas “organizaciones de la sociedad civil”, no se trata de un ente único, monolítico. Hay organizaciones de todo tipo y, como en todo ámbito, hay grupos más serios que otros. Y algunos pueden tener sesgos ideológicos de derecha, como sugieres, y otros podrán tenerlos de izquierda. A mí no me corresponde juzgar su trabajo. Sólo puedo decir que hay un gran número de organizaciones de derechos humanos que hacen un trabajo muy profesional y fundamental para la vigencia de los derechos fundamentales en la región. Yo siempre he creído que en materia de derechos humanos el énfasis debe estar en evitar el doble estándar y evaluar a los Gobiernos sus prácticas y políticas de forma objetiva, sin sesgo ideológico, con una misma vara y sin prejuicios de ningún tipo.

SL

Con el diálogo estancado en Colombia y a horas de la llegada de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la determinación del Gobierno de Iván Duque de levantar por la fuerza los bloqueos y de miles de manifestantes de mantenerlos hasta que las autoridades accedan a sus reclamos, desató nuevas escenas de violencia con dos nuevos muertos y casi 30 heridos.

Una misión de brigadistas médicos informó a la prensa colombiana que la noche del viernes, por segunda noche consecutiva, la Policía y la temida fuerza antidisturbios Esmad se desplegaron en las calles de Cali -uno de los epicentros de las protestas que movilizan al país hace más de un mes- para levantar los bloqueos, como reclama diariamente el presidente Duque.

Y por segunda noche consecutiva, contaron vecinos al diario El Nuevo Siglo, la avanzada policial terminó en represión y choques con los manifestantes, en su mayoría jóvenes, que se niegan a abandonar los piquetes, a los que consideran como una de sus principales herramientas de presión frente al Gobierno.

Mientras la brigada de médicos informó de dos jóvenes muertos y al menos 28 heridos, algunos de ellos por armas de fuego; el comandante de la policía de Cali, general Juan León, solo se refirió este sábado a un policía herido de bala y dos personas fallecidas.

“Resulta un policía herido (de bala) en una pierna (...) se procede a repeler este ataque y en la madrugada nos confirman la muerte de dos ciudadanos allí”, informó, según la agencia de noticias AFP, sin identificar a las víctimas fatales.

Según denunció, fueron los civiles los que atacaron con disparos a los policías. Ese mismo relato hizo en Twitter el ministro de Defensa, Diego Molano, uno de los miembros del gabinete de Duque más cuestionados por la oposición y los manifestantes.

Rechazó “la violencia que dejó cuatro policías heridos, uno de ellos con arma de fuego” y divulgó un video en el que parece verse a civiles disparando desde las barricadas contra los uniformados.

Además de la represión denunciada por vecinos, la empresa de transporte público de la ciudad Metrocali informó en las últimas horas que uno de sus colectivos quedó fuera de servicio luego que un grupo de manifestantes lo prendiera fuego, sin provocar ninguna víctima.

La cadena de noticias Caracol publicó, asimismo, que este tipo de escenas de represión y enfrentamientos entre manifestantes y policías se replicó en varias partes de la ciudad donde aún hay bloqueos de calles y autopistas.

Con este contexto de violencia de fondo y con nuevas movilizaciones convocadas para la próxima semana en varias ciudades del país, el Comité Nacional del Paro -la plataforma de organizaciones y sindicatos que convocó las protestas originalmente- y el Gobierno deben volver a sentarse a dialogar este domingo.

El diálogo se mantiene, intermitentemente hace semanas, pero nunca llegó siquiera a alcanzar el preacuerdo que reclama el Comité y los manifestantes, para garantizar el derecho a movilizarse en las calles sin los niveles de represión que se vieron en las últimas cinco semanas y que, según una misión de observadores argentinos, provocó no solo muertes y heridos, sino desapariciones y todo tipo de violaciones a los derechos humanos.

El viernes, las negociaciones se empantanaron nuevamente y la reunión terminó sin la firma del preacuerdo que reclamaba el comité y que, según afirmó este último, ya habían acordado a finales de mayo.

Por eso y por la renovada violencia de las últimas horas en Calí, el Comité está analizando si mañana se sienta a la mesa de diálogo con el Gobierno. “Aún lo estamos debatiendo”, explicó a Télam Percy Oyola, representante de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Comité.

“El Gobierno simplemente presentó una propuesta diferente a la acordada el 24 (de mayo). Al parecer su rechazo al preacuerdo viene del Centro Democrático”, agregó el dirigente sindical, en referencia al partido oficialista de Duque y del expresidente Álvaro Uribe.

Lo que sí decidió el Comité es que este domingo llamarán a crear un “corredor humano” con carteles que digan “Duque pare la masacre bienvenida la CIDH” desde el aeropuerto de Bogotá hasta el hotel donde se hospedará la misión humanitaria, que aterrizará temprano a la mañana.

Horas antes, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro del Comité, Francisco Maltés, había adelantado que si el Gobierno no firma el preacuerdo con las garantías para las protestas, este documento será entregado a la delegación de la CIDH como evidencia de la posición gubernamental.

La llegada de la CIDH es reclamada desde varios sectores, que insisten en denunciar abusos y excesos de la Policía, sobre todo del Esmad. Esas organizaciones cifran en más de 60 los muertos por la represión a las movilizaciones y los cortes, y advierten que existen miles de heridos y más de 100 personas desaparecidas.

Pero desde el Gobierno siguen insistiendo en que el estancamiento del diálogo es responsabilidad del Comité y de las protestas.

“Para sorpresa nuestra en lugar de continuar con la metodología que habíamos acordado, hicieron (el Comité) una solicitud para que el documento borrador del 24 de mayo se suscribiera tal como estaba”, puntualizó el consejero presidencial para la Estabilización y líder del equipo negociador del Gobierno, Emilio Archila, en referencia al preacuerdo.

“Los bloqueos no son una forma legítima de la protesta, es absolutamente indispensable (levantarlos)”, aseveró en declaraciones reproducidas por la agencia Europa Press y agregó: “Nosotros no estamos pidiéndole al Comité nada que no esté a su alcance”.

Desde el Comité defienden los piquetes como una forma legítima de protesta, pero frente al Gobierno aclaran que como ellos no instalaron los bloqueos, no pueden levantarlos todos dando simplemente una orden.

CRM con información de la agencia Télam

El presidente de Colombia, Iván Duque, insistió este sábado en defender la decisión de enviar más militares a las ciudades que registran mayores índices de violencia desde el inicio de las protestas callejeras, a fines de abril, y reiteró que existen “grupos armados, organizados, de las disidencias” que no se plegaron al acuerdo de paz con las exFARC detrás de algunos disturbios.

Duque visitó la tarde de este sábado la ciudad de Popayán, en el departamento Cauca, donde encabezó una reunión del Consejo de Seguridad y dio después una breve alocución con algunos anuncios, junto al gobernador, Elías Larraondo, y al alcalde Juan Carlos López Castrillón.

“Popayán vio acciones graves, de vandalismo, pillaje y terrorismo urbano de baja intensidad, de agresiones a la infraestructura pública”, lamentó Duque, para quien “detrás de muchos de estos hechos están grupos armados, organizados, como La Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, grupos de las disidencias” de las exFARC, que no entregaron las armas cuando se firmó la paz en 2016.

La Dagoberto Ramos y La Jaime Martínez son los nombres con los que se conocen a columnas de las exFARC que se mantienen en la ilegalidad después de la firma de los acuerdos de paz que transformaron a la guerrilla en un partido político.

El mandatario denunció en un mensaje trasmitido por su Twitter que detectaron “movimiento de dinero de esas organizaciones para que se mantengan esos actos con pagos que oscilan entre los 70 mil (18 dólares) y 100 mil pesos (26 dólares) a quienes cometan esas acciones” y definió en un 25% el aumento de militares en la ciudad, “siempre en estricto apego a la ley y a la protección de los derechos humanos”.

No es la primera vez que Duque vincula la violencia y las muertes alrededor de las protestas a grupos guerrilleros; sin embargo, aún no presentó ninguna prueba.

A diferencia de su discurso de la noche del viernes en la convulsionada Cali, Duque esta vez repasó algunas iniciativas “históricas” de inversión social en el departamento Cauca, entre las que enumeró el Plan Social, la construcción de nuevo aeropuerto en Popayán “que ya tiene avances”, proyectos de infraestructura social y planes de educación y desarrollo agropecuario.

“Colombia unida rechaza esa violación flagrante a los derechos de los ciudadanos y Colombia unida debe salir adelante haciendo de la seguridad un valor democrático, sin violencia y sin que tengan que ser negociados nuestros valores y principios”, afirmó el presidente.

Duque visitó el viernes Cali y este sábado Popayán como gestos de reafirmación de las políticas de su Gobierno en materia de seguridad porque fueron dos de las ciudades en las que se registraron las peores acciones de violencia.

Y en Cali mismo anunció “el máximo despliegue de asistencia militar” a la Policía Nacional para esa ciudad, aunque después, por decreto, extendió esa medida a 8 de los 32 departamentos del país y otras 12 ciudades.

La decisión siguió a la jornada de movilizaciones declarada por el primer mes del paro inicial que sacudió al país entero, que terminó con escenas de violencia en varias ciudades con ataques a alcaldías, sedes bancarias y comercios, represión policial a algunas columnas e incendios a cabinas de peaje y colectivos de transporte urbano, y tiroteos entre civiles.

En medio del rebrote de violencia, aún no está claro si fallecieron 6 personas o 10, como informó el Gobierno de Cali, pero sin precisar cómo sucedieron todas las muertes y su vínculo con los ataques, represión e incidentes.

Pero de todas maneras, este escenario y la militarización decretada por Duque marcarán el diálogo que este domingo deben retomar el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP).

En principio, ambas partes estaban cerca de destrabar las garantías para las protestas pacificas, lo que permitiría después, sí, debatir el pliego de demandas concretas que tiene el Comité, pero las decisiones y las muertes de las últimas horas permiten especular con un retroceso en las gestiones.

Pese que el Comité exigía la desmilitarización de las calles, Duque firmó el decreto 575 que dispone la “asistencia militar” para los departamentos de Valle del Cauca –donde se encuentra Cali-, Nariño, Cauca, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, y par a estas 13 ciudades: Cali, Buenaventura, Buga, Yumbo y Palmira (Valle del Cauca); Pasto e Ipiales (Nariño); Popayán (Cauca); Bucaramanga (Santander); Pereira (Risaralda); Madrid y Facatativá (Cundinamarca) y Neiva (Huila).

La “asistencia militar” es, según la ley, “el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar”.

El mismo Duque explicó que la decisión implica triplicar el número de uniformados en cada región y el decreto ordena “superar los hechos que den lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia”, autoriza el levantamiento de los bloqueos y cortes, y deja a los jefes de Gobierno locales el eventual dictado de toques de queda.

Las víctimas

Mientras en Cali se registraron este viernes 6 muertes vinculadas a las protestas –un funcionario habló de 10, pero hay 4 en investigación-, en Popayán fue incendiada parte de la alcaldía.

Con este trasfondo, Duque no solo anunció la militarización, sino que además prometió que se acelerarán “todas las órdenes de captura por estos hechos” e insistió en que procurará “la protección de los corredores y el desbloqueo como principio, como medida de protección de los derechos de todos los ciudadanos”.

En una clara respuesta a esta decisión, el CNP emitió un comunicado en el que reiteró su defensa de los bloqueos y los cortes de calles, rutas y autopistas como “parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas”.

“Hemos declarado y promovido que se realicen corredores humanitarios de abastecimiento con libre circulación de bienes y servicios de alimentos de canasta básica, salud y salubridad pública, insumos agropecuarios y combustibles. El Comité defiende el derecho a la protesta pacífica, derecho que incluye la libertad de elegir el tiempo, lugar y modo pacífico de hacerla”, señaló un documento de la plataforma multisectorial.

Con todo, el CNP también condenó “todos los hechos de violencia que afectan la vida, la integridad y la libertad de las personas ocurridos en el marco de las protestas, tanto los que realiza la fuerza pública, como los que realizan los particulares” y rechazó especialmente “la violencia generada por actores infiltrados ajenos a la protesta social”.

El Gobierno suele decir que existen “actos vandálicos organizados por grupos” que en algún caso vinculó a la guerrilla, aunque nunca presentó pruebas ni brindó precisiones.

Además, ahora decidió responder a los cuestionamientos internacionales por la represión policial, con una defensa extra: envió una carta a ocho organizaciones para reclamar que se analicen también las violaciones a los derechos humanos que sufren las fuerzas de seguridad.

En una carta firmada por el ministro de Defensa, Diego Molano, se pidió “un llamado a la valoración y a su expresa solidaridad por estos hechos lamentables, así como a la reivindicación de los derechos humanos que también tienen los miembros de la fuerza pública”.

El texto fue dirigido a las representantes de la ONU y la OEA sobre DDHH, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, a la CIDH, la Cruz Roja, a Human Rights Watch (HRW) y a Amnistía Internacional, entre otras.

Sin embargo, el titular de HRW, José Miguel Vivanco, cuestionó el decreto de Duque porque, consideró, tiene un “un peligroso vacío” ya que las órdenes “no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los derechos humanos”, lo que “puede tener consecuencias irreparables”.

Mientras tanto, siguen creciendo los pedidos para que se autorice una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Esta vez fue la Defensoría del Pueblo y la ONG Temblores –clave en la recopilación de denuncias- las que lo reclamaron. Esta última la consideró como una forma de “desescalar la violencia y a esclarecer la situación de violaciones a derechos humanos”.

CRM con información de la agencia Télam

La ciudad colombiana de Popayán se convirtió en las últimas horas en el nuevo epicentro de las protestas antigubernamentales, con un nuevo muerto por la represión de las fuerzas de seguridad, unos 20 heridos y una comisaría y una morgue incendiadas.

Los manifestantes salieron a las calles luego de la muerte de una joven de 17 años en esa localidad ubicada al sur de Cali, en lo que se investiga como un suicidio después de haber sido arrestada y abusada sexualmente por la policía, de acuerdo a la denuncia de organismos de derechos humanos que ya analiza la Procuraduría General de la Nación.

El presidente Iván Duque dio el viernes la orden al ministro de Defensa, Diego Molano Aponte; y al ministro del Interior, Daniel Palacios; para que se trasladen a Popayán para resolver la crisis que se suma al resto de las manifestaciones que sacuden al país y cuya fuerte represión ya dejó más de 40 muertos.

El nuevo fallecido fue identificado como Sebastián Quintero Múnera, un estudiante de 22 años que perdió la vida por el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por miembros del Escuadrón Antidisturbios, según el balance recogido por Caracol Radio.

Además, una tanqueta de la policía arrolló a un grupo de manifestantes y algunos de ellos resultaron heridos de gravedad, de acuerdo al mismo medio, que cifró en unos 20 el total de lesionados.

Previamente hubo un ataque a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde, según la denuncia de defensores de derechos humanos, habría sido violada la joven, informó el diario El Tiempo.

Además, incendiaron el departamento de Medicina Legal donde se está investigando el suicidio y los abusos.

En un video que se hizo viral con la denuncia, se ve a la joven gritando mientras la inmovilizan de pies y manos y la llevan hacia la pequeña comisaría, ahora incendiada, al grito de “soltame que me estás desnudando, imbécil”.

Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, un frente de organizaciones que acompaña las protestas que desde hace dos semanas acorralan al Gobierno, la menor manifestó que “la habían golpeado” y tenía “laceraciones en las manos”.

Defensores de derechos humanos que encabezaron la protesta en Popayán contaron que cuatro menores fueron detenidos la noche del miércoles pasado, entre ellas dos adolescentes mujeres, la que falleció y otra joven que presentó hoy una denuncia formal por abuso sexual contra cuatro policías.

A la zona llegaron hoy dos fiscales, una de ellas experta en problemáticas de género, según el Diario del Cauca.

Por su parte, el comandante de la Región Cuatro de Policía, general Ricardo Alarcón, confirmó que los uniformados que trasladaron a la joven fueron identificados y separados de la fuerza mientras se realice la investigación, indicó la agencia de noticias Europa Press.

Uno de los agentes, que habló con medios locales bajo condición de anonimato, negó las acusaciones.

Intervención de organismos de DDHH

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer su solicitud para realizar una visita de trabajo a Colombia para observar en terreno la situación de los derechos humanos alrededor de las protestas sociales.

La Comisión señala que recibió información de varios delitos como la existencia de personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a indígenas, entre otros.

Mientras, el titular de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, escribió en su cuenta de Twitter que su organización ha “corroborado” que el Escuadrón Antidisturbios (Esmad) utilizó el miércoles en Popayán “el lanzador de proyectiles múltiples VENOM desde el suelo y de forma horizontal. Esta es un arma indiscriminada y es peligrosa usarla de esta forma”. Y acompañó la publicación con un video en el que un experto, “enviado por la Policía de Colombia”, “dice claramente que el Venom es peligroso si se usa en tierra”.

Estas denuncias se enmarcan en la ola de manifestaciones que se desarrolla en el país desde el 28 de abril, primero en rechazo a un reforma fiscal impulsada por Duque, ya retirada, y que se mantuvieron luego en contra de la militarización del país y la feroz represión desatada durante las protestas que dejaron 42 muertes hasta la fecha.

Dos mesas de diálogo entre el Gobierno y la Comité Nacional de Paro fracasaron en la última semana y el domingo habrá un nuevo intento de negociación.

CB con información de agencias

Organizaciones de derechos humanos y colectivos artísticos se movilizaron pacíficamente este domingo en distintas zonas de Colombia por duodécimo día consecutivo, mientras el presidente Iván Duque se reunía con líderes religiosos.

Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Iván Duque, que luego retiró la iniciativa del Congreso.

“Si bien somos un país laico, somos un país de una cultura interreligiosa, que está representada en las iglesias y en sus líderes, y están reunidos hoy para aportar a nuestro país”, expresó Duque en una conferencia de prensa conjunta con líderes religiosos, difundida por redes sociales.

Desde el Museo Nacional de Bogotá, el mandatario reconoció formas de violencia de la fuerza pública y también reivindicó su trabajo diario. “Hay unos mensajes que han sido transmitidos con claridad. El mensaje del rechazo categórico a cualquier forma de violencia, a cualquier conducta, individualidad de la fuerza pública que vaya en contra de los ciudadanos, pero también el reconocimiento que se ha hecho de la labor que ellos mismos hacen todos los días por nuestro país”, manifestó.

Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Elkin Álvarez, respaldó el llamado al diálogo y exhortó al Gobierno a “mantener y fortalecer los programas sociales para las personas en condiciones de vulnerabilidad”.

Asimismo, los líderes religiosos exhortaron a “levantar los bloqueos que afectan a millones de familias colombianas, rechazamos cualquier abuso de parte de algunos miembros de la fuerza pública así como animamos y agradecemos que la misma ha hecho para garantizar las protestas pacíficas y la seguridad de todos los colombianos”.

Esta reunión que se realizó bajo los llamados de organizaciones de derechos humanos contra la violencia y líderes internacionales a favor de la democracia, tuvo lugar un día después de que Duque se reuniera con gobernadores y definieran el establecimiento a partir de mañana de espacios de diálogo regionales que serán lideradas por los mandatarios departamentales, con el fin de escuchar y atender a los diferentes grupos poblacionales en territorio.

En la declaración conjunta también se estableció que la “institucionalidad reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica y rechaza toda forma de violencia hacia los ciudadanos y la fuerza pública”, según informó el portal Colombia.

En paralelo, en Bogotá, desde temprano varias organizaciones artísticas y de derechos humanos comenzaron a llegar al parque Nacional para realizar “plantón” artístico, mientras que en el coliseo El Salitre los convocados se vestían del tricolor y zapatos blancos, y en Plaza Bolívar la Filarmónica se unía al Paro Nacional con un concierto contra la violencia y la protesta pacífica.

Además, la cabecera del subte Portal Suba fue una vez más el punto de partida de la marcha pacífica de Madres y Comadres, en su lucha contra los asesinatos extrajudiciales y las personas que murieron desde finales del mes pasado.

En tanto, en el departamento Valle del Cauca, donde se encuentra Cali, que se convirtió en epicentro de la represión y los disturbios en los últimos días, la gobernadora Clara Luz Roldán declaró la urgencia manifiesta con el fin de “atender la situación excepcional causada por la alteración del orden público”, según recogió el diario El Espectador.

En Cali, la misión médica y humanitaria de los Scouts de Colombia, que atiende a la población en esta crisis social y de orden público anunció que se retira porque sus vidas están riesgo por disparos y ataques a la población civil de parte de hombres armados de las últimas noches. “La misión médica se ve afectada en su totalidad y nuestros voluntarios se ven en grave riesgo de perder la vida”, afirmó el director de la Fundación Equipo Scouts Walter Triviño, citado por el diario El Tiempo.

En tanto, en el municipio de Calima El Darién, el alcalde Martín Mejía denunció uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad cuando ya se había acordado con los manifestantes y la comunidad internacional un corredor humanitario para traslado de alimentos, oxígeno y medicinas, por lo que resultaron heridos dos indígenas emberas chamí y a un campesino de la población.

“Hago un llamado a respetar la vida. Estos muchachos no están armados y no tienen cómo defenderse. Esta no es la forma de hacer la paz”, dijo Mejía, el mismo llamado de los alcaldes en el Valle, entre ellos, el de Cali, Jorge Iván Ospina, según replicó el periódico El Tiempo.

Hasta el sábado, un total de 548 personas habían sido denunciadas ante la Defensoría del Pueblo de Colombia y la Fiscalía como desaparecidas en medio de las protestas que se siguen multiplicando en todo el país desde hace 11 días en rechazo a las políticas del Gobierno, aunque 189 ya fueron localizadas.

El informe también señaló que 27 personas fueron asesinadas durante las movilizaciones y que 11 están “ligadas directamente a los hechos”, mientras que siete homicidios “están en verificación”.

No obstante, según Omar Moreno, director de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores, hasta el 6 de abril pasado se habían reportado 37 asesinatos, de los cuales 28 tuvieron lugar en Cali, además de más de 1780 casos de violencia, 1180 detenciones arbitrarias, 31 personas con mutilaciones oculares, 15 agresiones sexuales de mujeres por parte de las fuerzas públicas.

Con información de la agencia Télam

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