El paro nacional que revolucionó Colombia

Ni las muertes ni la violencia de policías y militares, ni el haber triunfado sobre una reforma tributaria que el Congreso ya no tratará, detuvieron a una movilización social cada vez más confiada en sí misma, en un país donde antes eran consideradas subversivas y ahora terroristas.

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En la caucana Cali, en la antioqueña Medellín, en la capital Bogotá, en Barranquilla, Bucaramanga o Manizales, desde el miércoles 28 de abril decenas de miles de manifestantes respondieron al primer gran Paro Nacional convocado en Colombia desde aquel de 1977 (y el más cercano, ya con el actual gobierno, de 2019), marcharon por las calles y reclamaron al gobierno que desistiera de su reforma tributaria, lacerante para los sectores medios en tiempos de pandemia.  La violencia armada con que policías y militares reprimieron la protesta social no alcanzó para aplastarla. El domingo el presidente Iván Duque anunció que abandonaba su proyecto de subas de impuestos que hasta ese día había defendido, el que había movilizado al país en su contra, y que le daría un giro decisivo, hacia otro lado, menos conflictivo, a su política impositiva. Pero las manifestaciones, que ni cesaron con el anuncio, ni después,  voceaban más, y más ambiciosas, demandas.

Ahora el comité del paro nacional exigía la estipulación formal de las garantías para su derecho a protestar y desmilitarización de las ciudades, pedía nueva legislación sanitaria, ley de renta básica, equidad de género, control del glifosato, y es una lista abierta. Hasta el martes, según los datos de Temblores ONG y organizaciones sociales, el saldo de la represión era al menos de 31 personas asesinadas, 1220 heridas (más otras 18 más heridas específicamente en los ojos), 87 desaparecidas (este número, según los cálculos conservadores de la Defensoría del Pueblo), 9 víctimas de violencia sexual (todas mujeres), 200 agresiones de la policía, 1565 hechos violentos. Las condenas internacionales, de la ONU, de la Unión Europea, fueron señales de alerta reveladoras para un gobierno que ha cortejado a la inversión extranjera sin intermitencias del corazón.

 

Los sectores medios, atrapados sin salida por la urgencia recaudatoria

La reforma tributaria diseñada por el economista Alberto Carrasquilla, ministro de Finanzas y Crédito (cargo que ya había desempeñado con ex presidente Álvaro Uribe, mentor del actual)  y presentada por Duque al Congreso el 15 de marzo tenía una finalidad de recaudación urgente y un método que aseguraba gran velocidad y evasión cero.

El objetivo era recaudar 23 billones de pesos colombianos (6.302 millones de dólares –el peso colombiano es la moneda emergente que más se ha devaluado en el año, más que el peso argentino-) para mantener los subsidios que se habían creado con la pandemia, como el Ingreso Solidario (las familias más pobres cobran entre 22 y 100 dólares según sus integrantes), la devolución del IVA a los más vulnerables, o el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) que alcanzó a 3, 5 millones de personas, la asistencia en el pago de los sueldos de algunas empresas para evitar que quebraran. Pero también servía cubrir un hueco fiscal que había aumentado con el tiempo, y en parte debido a las reformas del propio gobierno.

El método era dirigir la recaudación hacia el grupo al que siempre es más fácil y expeditivo cobrarle: precisamente esos sectores medios urbanos que habían bajado a las calles. La fallida era la tercera reforma tributaria que emprendía Duque, que asumió en 2018. En las dos anteriores, el 70% del impuesto a las ganancias lo pagaban las personas jurídicas, y el 30% las personas físicas; esta reforma de Carrasquilla invertía la proporción. Por primera vez iban a pagar ganancias personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, (el salario mínimo es de 248). Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1000 dólares mensuales.  La base tributaria se ensancharía desde 2023, porque los salarios mensuales de 374 dólares pagarían un impuesto correspondiente al 10%.

Las clases medias no escapan del impuesto a las ganancias, si sus empleadores son convertidos en agentes recaudadores que retienen la tasa antes de que el salario llegue al personal; tampoco hay modo de huir al IVA en los alimentos, que a partir de la ley habría que pagar también en internet y en las funerarias (un servicio en el que más, y más seguido, se hacen pagos desde el comienzo de la pandemia),  al aumento del precio de los combustibles o las tarifas de los servicios públicos.

Para quienes habían integrado las manifestaciones, la reforma que el presidente derechista había presentado al Congreso , se dejaba resumir brutalmente así:  para cubrir el déficit del presupuesto, Duque les bajaba el sueldo y les aumentaba el costo de vida.

 

Ocho días que estremecieron a Colombia

El miércoles se cumplían ocho días de protestas. Sindicatos, organizaciones estudiantiles y el Comité Nacional de Paro habían formulado convocatorias para acciones específicas en al menos siete ciudades. En Cali, la ciudad que más muertes cuenta en el inventario total de víctimas, y un número indeterminado de personas asesinadas por la policía;  en Bogotá, después de las protestas y saqueos de la noche del martes, cuando fueron atacadas más de veinte comisarías y cabinas de la policía (una incendiada con más de 10 agentes) dentro, más de 90 personas hospitalizadas por lesiones en enfrentamientos, más de 100 autobuses estropeados, en Medellín, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla. Paros sectoriales, como el gremio de camioneros, sumaban la protesta de sus propias huelgas y medidas de fuerza asociándolas expresamente al gran Paro Nacional.

Acciones separadas en el espacio, con diferentes protagonistas, de variadas escalas de propósito, resonancia, magnitud,  distintos rasgos y nociones van conformando el avance de la protesta social nacida de la reforma tributaria.  La difusión territorial del paro nacional; la diversificación y desnivel de liderazgos y demandas; las calculadas o espontáneas, colectivas o individuales, expropiaciones de bienes guardados en viviendas o expuestos en comercios minoristas y supermercados; las inutilizaciones o destrucciones, por la fuerza o por el fuego, de bienes públicos -obra de quienes la politóloga Claudia López, del joven y centrista partido Alianza Verde, y alcaldesa de Bogotá, llama “vándalos” en su Twitter -;  los perjuicios  que quienes el abogado Iván Duque, del nuevo pero no joven partido uribista (de derecha) llamado Centro Democrático, y presidente de la República, en una entrevista del martes a Radio Caracol llama “vándalos, criminales, terroristas de baja intensidad mimetizándose en la protesta social” causan a “un país de gente buena” con “bloqueos que han afectado el abastecimiento y han limitado la circulación de vacunas y de oxígeno, poniendo en riesgo la vida de muchas personas”; el libre albedrío de las Fuerzas Armadas y Seguridad para reprimir la protesta y aun parar disparar o matar a objetivos seleccionados discreta o arbitrariamente, con muertes y lesiones que dan razón a mayores movilizaciones que después dan pretexto a renovadas represiones y oportunidad para obrar sin temor a responsabilidad o consecuencias  a fuerzas policiales y militares defendidas por la superioridad de las armas y bajo el amparo de la insistencia con que el presidente Duque defendió la plena constitucionalidad de la militarización por él ordenada; las apariencias de que el control de las cadenas de mando en las fuerzas es variable y discontinuo, y de que aún el presidente que ordenó despliegues de tanques, vehículos, artillería y tropa dispone de un comando no siempre ilimitado sobre su accionar y una noción no siempre precisa acerca de qué hacen o no hacen; la difusión de noticias truculentas pero verdaderas, de denuncias infundadas pero creíbles, de interpretaciones todavía no plenamente fundadas, pero ya grávidas de porvenir; la ciberguerra relámpago del colectivo hacker Anonymous, que sin esfuerzo aparente en una sola jornada hizo caer las páginas de la Presidencia, del Senado y del Ejército, y publicó listas de correos electrónicos (con sus respectivas contraseñas) de legisladores y militares autores o cómplices de violaciones de DDHH: todo en apoyo del Paro Nacional y del derecho democrático a la libre protesta social y en reclamo de que el gobierno dé cuenta de sus actos y admita sus responsabilidades. Sin cubrir en absoluto el actual escenario colombiano, todas las dinámicas citadas actúan en él, y es poco servicial conjeturar cuáles perderán velocidad o ganarán aceleración, porque antes de eso se sumarán otras.

 

Retirada tardía, reacción extrema, recambio de figuras por otras similares en un gobierno débil que se debilitó

Nada insinúa que el proceso iniciado por la urgencia recaudatoria de un fisco que halló el paliativo para su ansiedad en la violencia de cobrarle pronto al grupo contribuyente más débil, vaya a detenerse sin violencias mucho mayores y prolongadas que aquellas cuyo despliegue el Estado consideraba persuasión bastante para ser obedecido. Fue en un mensaje en vivo por televisión, rodeado por un gabinete de nueve integrantes (una sola mujer), el presidente Duque anunció el domingo desde el Palacio de Nariño, sede del gobierno, que retiraba el proyecto de ley para reemplazarlo por otro diferente (porque suprimir la desafortunada propuesta no aliviaba el problema, sólo era una prueba de que se iba a demorar aún más su solución), y daba con eso por concluida la protesta social. Entre quienes lo acompañaban faltaba la cartera ministerial más importante, la de Finanzas y Crédito, autora del proyecto retirado. 

El ministro Alberto Carrasquilla renunció el lunes, con sus viceministros y el director de Planeación Nacional. Fue reemplazado por José Manuel Restrepo, que era el ministro de Comercio, Industria y Turismo, y de quien se sabía que iba a abandonar el gobierno, pero de este modo se lo retuvo, acaso para sacar provecho, a la hora de buscar consensos incoloros, de que se trata de un académico que fue rector de la bogotana Universidad del Rosario, que funciona desde el siglo XVII. Incólume, el escepticismo de un líder tradicional de la izquierda colombiana, el filósofo Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, no se conmovió por el superior prestigio del economista reemplazante, que se graduó en Londres y se doctoró en Bath, y tuiteó su temor de que la nueva redacción de la reforma tributaria variara sólo en redacción de la anterior.  

La superioridad universitaria de las élites bogotanas ha sido vista antes como signo de desconexión con la vida popular cotidiana que como prenda de excelencia en el desempeño. La anécdota más viralizada de Carrasquilla, que también había sido el ministro de Álvaro Uribe, era que no había sabido qué responder cundo le preguntaron el precio de media docena de huevos, un alimento de la canasta básica cuyo IVA había sido generosamente incrementado -para el fisco- en proyecto ahora descartado. Descartado en todo, porque si se verifica el spoiler de Duque, la nueva legislación incluirá un recargo en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas, una prórroga que mantendrá el impuesto al patrimonio, un incremento en el impuesto a los dividendos, y el recargo en el impuesto a las ganancias de las personas más ricas. Es decir, exactamente lo que no hacía el proyecto anterior, cuya presa favorita no eran los sectores altos o muy altos, sino los medios. La elección de Carrasquilla había estado determinada por la ansiedad y la premura, porque a los ricos, paradójicamente, es más difícil cobrarles todo, y cobrarles pronto. Saben defenderse legalmente, tienen quienes los defiendan, que les consiguen moratorias y exenciones, todas legales; con legalidad atenuada, pueden apartar bienes o dineros de la mirada de los agentes fiscales, pueden presentar contabilidades impenetrables o ambiguas.

Avanza el general Invierno

Todo conduce a descreer que el proceso vea un fin cercano. Superando una a una sus renuencias, y actuando cada superación como una iniciativa que le parece innecesaria, una concesión excesiva, el presidente Duque ha anunciado públicamente que dirigió invitaciones para un diálogo nacional  en busca de consensos políticos amplios, a partidos, sindicatos, movimientos sociales, y aun a  los organizadores del paro nacional (aunque según el diario El Espectador a varios titulares de la oposición la convocatoria aparentemente se demoraba  en el camino). Llamar a una mesa de diálogo es lo que hizo en noviembre de 2019, cuando las protestas eran más pacíficas y puntuales y la situación del país menos grave, y no estaban tan cerca las elecciones presidenciales, que son dentro de un año exacto. Anunció que investigará y castigará los excesos en el uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas y de Seguridad (y a la vez subrayó la legitimidad de la violencia para defender el orden y recordó que la militarización de las ciudades está recomendada por la Constitución como instrumento para que los presidentes defiendan vida y propiedad de los ciudadanos).

La Fiscalía de Colombia ha asegurado este martes que tras investigaciones bien encaminadas, han logrado determinar que “los desórdenes y hechos vandálicos” que se han registrado en Cali están relacionados “con estructuras del narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. El fiscal Francisco Barbosa, en un video compartido en redes sociales, explicó que el terrorismo es la explicación de todos los procederes de otro modo inexplicables, particularmente en el Valle de Cauca.En concreto, están investigando en Cali siete homicidios ligados a los desórdenes y otros están en verificación para determinar si tienen relación con la protesta, mientras que hay 185 indagaciones en curso por terrorismo urbano. Diego Molano, ministro de Defensa, también dice que son “terroristas”. El gobierno no entiende que la protesta social pueda continuar, si consiguió su objetivo, que se retirara la ley del Congreso; quienes convocaron al Paro Nacional no pueden entender que el Gobierno haya pensado que la legislación que presentaba podía seguir un curso viable hasta volverse imperativa. Según la periodista colombiana Juanita León, directora de La Silla Vacía, sería una situación peligrosísima “pensar que toda la gente que salió a protestar está movida por los grupos armados, porque sería entender que la guerrilla está a punto de tomar el poder. No hay un reconocimiento de que hay una brutalidad policial, sobretodo porque están en un modo de pánico y de represión en este momento porque sienten que se les sale de las manos el manejo de la protesta. Ni siquiera han entrado a evaluar si existe brutalidad policial o en qué sentido, sino que ellos parten de la lógica que los que en este momento están protestando después de haber retirado la reforma son básicamente vándalos”, dijo en una entrevista de Caretas.

Si hay algo que enfriará el conflicto, son las condiciones que le sirvieron de encuadre y lo crearon. Fue un paro que se cumplió en lugares donde nunca antes se protestaba. Porque hasta ellos llegó la recesión en este país que supera los 50 millones de habitantes, donde el 42,2%, 21 millones de personas, son pobres: aquellas en cuyo nombre se había impulsado la reforma tributaria. La economía latinoamericana con menos recesiones en el siglo XX, la que no conoció hiperinflación, la que durante 80 años honró los compromisos de su deuda, hoy ve que sus bonos son clasificados como basura, tiene la moneda más depreciada de Latinoamérica -perdió más del 10% de su valor en el año-, y no faltan economistas que piensen que el default está volando en círculos

Y así como llegó la pobreza a cada rincón, también la pandemia. Cada día hay 500 muertes por Covid-19 y 15.000 o más nuevos contagios por coronavirus. Al Estado le falta con qué financiar la sobrevida de los pobres y con qué financiar la salvaguarda de la vida asediada por la pandemia. Tras la protesta ha quedado en claro que no será con gravámenes impuestos a los sectores medios. No será a expensas de los estratos 4 y 5: así Bogotá clasifica y asigna formalmente, de menor a mayor, de 1 a 6, a cada persona a una clase. Pero la alianza obrera, campesina, indígena, estudiantil fue armónica, acaso más equilibrada que la propia dirección del paro nacional, súbitamente empoderada en un país donde las movilizaciones sociales, mientras las guerrillas estuvieron activas, eran escarnecidas.

Entre todos, la enfermedad y la muerte son los problemas más urgentes. Antes de que ‘los vándalos’ se convirtieran en el trending topic del Twitter de la alcaldesa bogotana, los tuits anteriores comunicaban una y otra vez una catástrofe, que el sistema de salud estaba desbordado. 

WC

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