Análisis

En Colombia, el Ejército confesó que fusilaba civiles para agrandar el número de guerrilleros caídos en combate: ¿quién daba las órdenes?

Una semana atrás, militares retirados de Colombia protagonizaron en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un hecho inédito e histórico, al confesar su responsabilidad en el asesinato de unos 120 jóvenes campesinos y desocupados que presentaron luego como guerrilleros muertos en combate, frente a familiares de las víctimas y en busca de penas alternativas a la cárcel. La audiencia fue en Ocaña, en el departamento Norte de Santander, en la misma población en la que cometieron sus crímenes en la década del 2000, y representó uno de los encuentros más fuertes desde que se conocieron las primeras denuncias por "falsos positivos", como la prensa llamó a estos casos.

Un general del ejército, nueve militares y un civil  reconocieron una semana atrás haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad bajo  la llamada “seguridad democrática” impulsada por ex presidente Álvaro Uribe.

Los testimonios fueron ofrecidos durante una audiencia de dos días –el 26 y 27 de abril- del macro caso 03 conocido como ‘Falsos positivos’ ante el tribunal ad-hoc llamado Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)que comenzó su labor en el 2008 destinado a revelar los hechos de un conflicto que definió a Colombia  durante generaciones y que se convirtió en la guerra más larga de América – librada entre los grupos guerrilleros de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , los paramilitares de derecha, el ejército, los cárteles de la droga y EEUU, que suministraba y asesoraba al ejército- que finalizó  en 2016 cuando las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) firmaron un acuerdo de paz.

La audiencia se desarrolló en el escenario de un teatro en Ocaña, un pequeño municipio del departamento  Norte de Santander, en la frontera colombiana con Venezuela, uno de los más marcados por las ejecuciones extrajudiciales de Colombia , donde  militares escogieron deliberadamente a ciudadanos o los trajeron de otras partes del país para asesinarlos. Justamente, en este pequeño departamento del nororiente colombiano se recreó el horror perpetrado por el Ejército -la máquina de muerte de civiles- por casi una década.

Los magistrados que llevan el caso sostienen que estos crímenes fueron perpetrados bajo la política institucional de contar los muertos para obtener incentivos, además de la presión de los comandantes para sumar muertos en combate. Sin embargo, estas víctimas nunca han sido reconocidas como tal por las Fuerzas Militares, cuyos comandantes los justificaron en repetidas ocasiones como actos individuales y aislados, aunque ya 3,338 miembros de la fuerza pública han suscrito actas de sometimiento (confesiones) ante la JEP, incluidos 10 generales (varios de ellos activos).

Las once personas que declararon – imputadas por el Tribunal de Paz en julio de 2021-  especificaron que la mayoría de los que secuestraron y luego asesinaron eran jóvenes entre los 25 y 35 años, en su mayoría campesinos, e indicaron que se trató de una “política institucional” con el objetivo de contabilizar cadáveres para aumentar los resultados.

Según la JEP, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien hizo de la lucha contra la guerrilla de las FARC su bandera política, se contabilizaron 6.402 ejecuciones  extrajudiciales. El mandatario implementó una política de “seguridad democrática”, con la finalidad de aniquilar  el poderío de la guerrilla.

Las declaraciones de Uribe, quien  aseguró  que se trata de “casos aislados” y negó que el Ejército llevara a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato, fueron desmentidas por los declarantes.

Entre ellos, el exsargento Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien relató ante decenas de familiares de víctimas cómo había atraído a jóvenes de zonas urbanas del centro del país ofreciéndoles trabajos para entregarlos a militares que los mataron. “Eran asesinatos que se cometían con seres humanos inocentes que no tenían ninguna vinculación con ningún grupo al margen de la ley”, indicó. “Me convertí para ustedes, familias de las víctimas, en una máquina de muerte”, admitió  Contreras.

El general retirado Paulino Coronadoreconoció haber omitido crímenes de guerra en su cadena de mando. Coronado aseguró haberse enterado que bajo su liderato, “habían traído 11 jóvenes de Soacha (cerca de la capital, Bogotá)”, pero que cuando recibió la noticia ya había pasado mucho tiempo. Las investigaciones no pudieron determinar si Coronado  dio las órdenes directas.               

Muchos de los familiares de los fallecidos del caso de los 'Falsos positivos', sentados ante quienes reconocieron ser sus verdugos, vestían camisetas negras con una pregunta que llevan haciendo durante años a las autoridades: “¿Quién dio la orden?” ante el sentimiento y la certeza de que falta más para llegar a la verdad.

Una pregunta sin respuesta hasta el momento. “Le digo a los señores procesados que por favor, ellos tienen hijos, hijas, familiares, que se pongan la mano en el corazón y nos digan sinceramente la verdad y no se echen al agua solamente a ustedes sino al que dio la orden”, reclamó  Carmenza Gómez, madre de una de las víctimas.

Así con Álvaro Uribe como con su heredero Iván Duque

Simultáneamente, el mismo cuestionamiento estuvo presente en el recinto del Congreso en Bogotá, por hechos cometidos durante la actual presidencia del uribista Iván Duque. Ese día el ministro de Defensa, Diego Molano, enfrentó un debate de control político y su segunda moción de censura por la responsabilidad que tendría en la muerte de campesinos durante un operativo militar en medio de un bazar – fiesta popular-  en el departamento de Putumayo, en el sur del país, el 28 de marzo último. Primero, las denuncias de organizaciones no gubernamentales y luego los informes periodísticos de prensa confirmaron que durante el operativo murieron civiles, entre ellos dos líderes comunitarios, un gobernador, un mujer embarazada y un niño. Molano no explicó las razones de la orden de entrar disparando y en cambio defendió la acción militar. En su defensa, recurrió a la estigmatización de toda esa región y a la criminalización de los campesinos que siembran coca, para justificar los civiles muertos. “Aquí no es que una mujer embarazada haya muerto en un operativo militar, aquí no es que un menor de edad haya muerto en un operativo legal de la Fuerza Pública, aquí la pregunta es, ¿qué hacían menores de edad en un narco-bazar de los grupos guerrilleros y criminales de este país”.

Así como las  declaraciones  en Ocaña - que según funcionarios de la corte colombianos-  marcan la primera vez que los perpetradores han admitido haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad – no satisfacen los reclamos de los familiares de los ‘Falsos positivos’; los familiares de las víctimas de Putumayo, sentadas en las gradas del Congreso, reclamaron  el esclarecimiento de  la cadena de mando. 

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