En un documento de once páginas, la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) dejó asentado que se encargó de gestionar la modificación de la ley que protegía hasta septiembre de 2022 una de las áreas naturales más valiosas de la provincia de Río Negro, el Golfo San Matías. Su objetivo es construir el oleoducto Vaca Muerta Sur, que busca transportar crudo de la cuenca neuquina hasta el océano Atlántico para su exportación al mundo a partir de 2025. 

Así surge de una presentación realizada por personal de la empresa ante diputados rionegrinos y otros actores políticos en agosto de 2022, previo a las sesiones legislativas en las que los legisladores accedieron a modificar la legislación para votar una nueva normativa hecha a medida del oleoducto, según pudo reconstruir elDiarioAR junto a Climate Tracker, en un trabajo conjunto sobre quiénes retrasan la transición energética justa en Argentina.

El Golfo San Matías estaba protegido desde 1999 por la Ley Provincial 3.308, que prohibía la explotación y el transporte de hidrocarburos en la zona. Sin embargo, la mayoría de los legisladores de Río Negro sancionó una nueva ley entre el 25 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, que derogó la norma de 1999 y anuló, así, la prohibición de transporte de crudo y gas en esta área protegida.

El documento en el que YPF admite que gestionó la caída de la ley ambiental es una presentación de Power Point —al que tuvo acceso este medio— y fue creado por un ingeniero que lideraba el equipo de planificación de Midstream de la petrolera y modificado por última vez el 23 de agosto de 2022 a las 14:03. Contiene información técnica sobre el proyecto petrolero, mapas y proyecciones para el transporte de crudo desde Vaca Muerta. No hay mención al impacto ambiental de la obra y del transporte de crudo en el área hasta entonces protegida.

“La Terminal marítima —que se emplazará en Punta Colorada, a la altura de la localidad de Sierra Grande— será el mayor puerto exportador de crudo de Argentina, con escala comparable a la de los principales exportadores de crudo de la región”, agrega la presentación de YPF. La inversión estimada en agosto de 2022 era de $us 1.260 millones, de acuerdo al documento ($us 660 millones para el oleoducto y otros $us 600 millones para la terminal portuaria).

La compañía también invitó a los diputados de Río Negro y a los legisladores y concejales electos en mayo último a conocer Vaca Muerta en un viaje que quedó registrado en medios y sitios oficiales locales.

elDiarioAR y Climate Tracker enviaron el 18 de septiembre un cuestionario a YPF para conocer su versión de los hechos, pero la petrolera nunca respondió porque su agenda está muy ocupada, dijo un vocero de la compañía. Se ofreció extender el plazo de entrega de las respuestas, pero no accedieron.

Cuestión de costos

“Temas a considerar: adecuación legislación vigente para habilitar instalaciones petroleras (Ley M NN°3308)” (sic), dice en su página 6 el documento de YPF presentado ante los legisladores, que luego defendieron el proyecto en el recinto de la legislatura.

¿Por qué YPF decidió realizar esta obra en un área protegida? “Porque Punta Colorada es la menor distancia de Vaca Muerta (al océano) y porque cuenta con mayores profundidades marinas” necesarias para que puedan amarrar los enormes buques petroleros VLCC (Very Large Crude Carrier), que pueden medir más de 300 metros de largo y 60 metros de ancho, además de cargar 2 millones de barriles de petróleo, explicó Leandro Loguzzo, en nombre de la petrolera durante la audiencia pública del 17 de agosto.

En abril último, Pablo Iuliano, CEO de YPF, fue más directo en la explicación durante un encuentro con empresarios del sector energético, IDEA Energía 2023: a pesar de otras alternativas que barajó la petrolera para la exportación del crudo de Vaca Muerta, el oleoducto se hará en un área protegida por cuestión de “costos”. “Vaca Muerta Sur es más competitivo, porque permite utilizar VLCC, barcos que pueden cargar el doble de lo que carga un Panamax o un Suez-max, y eso baja muchísimo los costos”, explicó entonces Iuliano.

El oleoducto es uno de los proyectos principales en torno a Vaca Muerta, el principal yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país y uno de los más importantes del mundo. Ambientalistas afirman que su crecimiento va en detrimento con los compromisos asumidos por Argentina para mitigar la crisis climática actual, relacionados a avanzar con procesos como la transición energética, como sostienen organizaciones ambientalistas como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que resalta, además, las falsas promesas económicas de Vaca Muerta.

Rehacer la ley

El lunes 22 de agosto de 2022, a primeras horas de la noche, los diputados de la Legislatura de Río Negro recibieron un proyecto de ley vía Whatsapp y una orden: firmarlo como autores para que ingrese al trámite legislativo cuanto antes, explicaron testigos directos consultados por este medio. El documento ya estaba redactado y contenía el texto de la futura ley 5594 de 2022. El objetivo: eliminar el artículo 1° de otra ley: la 3.308 de 1999 y así borrar la prohibición de transportar hidrocarburos en el Golfo San Matías. Esa noche, sólo dos legisladores que recibieron el mensaje no firmaron el proyecto de ley, dijo a elDiarioAR uno de ellos, Luis Ángel Noale. 

El tratamiento del proyecto fue exprés y a puertas cerradas. Tras el raid de firmas del lunes 22 de agosto por la noche, al día siguiente fue tratado y aprobado en un plenario de comisiones de apenas tres horas (pasó por Planificación, asuntos económicos y turismo; Asuntos constitucionales y legislación general; y Presupuesto y Hacienda). Dos días más tarde, se trató por primera vez en el recinto de la Legislatura y se votó en primera vuelta.

La sesión del 25 de agosto de 2022 fue a puertas cerradas y no se comunicó a los ciudadanos o medios de comunicación. Los pocos vecinos que llegaron hasta la puerta de la Legislatura de Río Negro aquella mañana se enteraron por el diputado Noale (entonces integraba el Frente de Todos). 

Noale es oriundo de San Antonio Oeste, una de las localidades del Golfo San Matías más movilizadas contra el oleoducto por los riesgos ambientales y el peligro de derrames y tránsito de buques en la zona, rodeada de cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas, Península Valdés, Chubut.

El vicegobernador Alejandro Palmieri, quien presidió la sesión legislativa, prohibió la entrada de las seis personas que intentaron ingresar al recinto para presenciar el debate, como se observa en el video de la misma. Eran vecinos, la mayoría mujeres y menores. Ellas integran las Asambleas del Curru Leufú, críticas al proyecto petrolero. Noale pidió que se dejara ingresar a las personas de su localidad, pero el vicegobernador le dijo que la sesión para votar el proyecto de ley sería a puertas cerradas. Todo quedó grabado en un video que puede verse por el sitio oficial de la legislatura. 

De los 43 diputados provinciales presentes, 42 votaron la modificación de la ley. No hubo grietas: desde Juntos Somos Río Negro hasta el Frente de Todos y Frente Renovar, entre otros, votaron por el sí.

“Con esta rapidez con la que se desarrolló todo, la verdad, nos ha costado a muchos ver qué nos dicen los vecinos. Con este proyecto no tuvimos debate, no tuvimos discusión. Con una hora y media salió con la autoría de los legisladores y dictamen a favor en la plenaria”, se quejó el diputado Noale en el recinto de la Legislatura. A pesar de sus reparos, Noale terminó votando a favor de modificar la ley por mandato de su bloque, dijo en la sesión.

Un año más tarde, el diputado dijo a elDiarioAR y Climate Tracker que la ley no fue tratada entre gallos y medianoche. “No fue exprés, el tratamiento cumplió con la normativa”, respondió. “Hay que aggiornarse (actualizarse) a los tiempos que corren”, afirmó. 

En agosto de 2023, en la audiencia pública de Sierra Grande celebrada el 17 de agosto último, el vicegobernador Palmieri dijo ante el auditorio: “Esta obra se podía hacer tranquilamente en cualquiera de las otras provincias que tienen salida al Mar Argentino (...) En esas provincias (Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) está permitido todo y acá estaba prohibido todo proyecto de hidrocarburos. Nos teníamos que sentar a analizar si nosotros estamos a contramano o el resto de las provincias. Aprobamos la flexibilización de la ley”, dijo durante su exposición.

“Si este proyecto no se hace en Río Negro se va a hacer igual”, afirmó Palmieri ante el auditorio. “No hacer nada no puede ser una opción (...) El miedo (a un desastre ambiental) no puede ser una alternativa”, aseguró el vicegobernador. “En el mundo hay 193 países, lo googleé —NdeR: en realidad la ONU da un número de 195—. No todos tienen la suerte de producir petróleo y gas, pero sí todos necesitan y usan petróleo y gas”, afirmó Palmieri.   

“Es el futuro”

El diputado Noale fue uno de los legisladores de Río Negro invitados por YPF a conocer las instalaciones de la petrolera en Loma Campana, Vaca Muerta, ese inmenso universo de campos de fracking en la provincia de Neuquén. Junto a sus colegas de la legislatura y concejales electos viajaron al yacimiento, en las semanas previas a la audiencia pública en Sierra Grande. Otros grupos de legisladores incluso viajaron los días previos.

“Antes de la recorrida por el predio, los anfitriones presentaron a los parlamentarios la iniciativa que consiste en la construcción de un oleoducto de 570 kilómetros, que conectará el yacimiento de Vaca Muerta con una terminal de exportación de crudo en Punta Colorada, cerca de Sierra Grande”, informaron medios locales.

Días más tarde, Noale y otros legisladores expusieron en la audiencia pública de Sierra Grande, invitados por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro para defender el oleoducto.

La modificación de la ley en 2022 fue diseñada a medida del proyecto de YPF: se mantuvo la prohibición de explotación de hidrocarburos en el golfo y se habilitó únicamente el transporte de combustibles fósiles, lo necesario para construir el oleoducto.

“Cuando salió la (ley) 3.308 no existía Vaca Muerta”, dijo Noale ante la consulta sobre por qué finalmente votó a favor de modificar la normativa, a pesar de sus críticas al proyecto y al tratamiento exprés que se le dio en la legislatura. “Es el futuro -agregó Noale-, las actividades del turismo, la pesca y el petróleo pueden convivir”, afirmó el diputado ante las críticas de los vecinos de San Antonio Oeste y Las Grutas, que se oponen al proyecto petrolero. Noale renovó su banca en las elecciones locales de este año, pero integrando otra fuerza política, Unidad Ciudadana. 

Pablo Barreno fue el único legislador de Río Negro que votó en contra de la ley que hizo posible el oleoducto. Barreno integra el Bloque Frente de Todos y pertenece al sindicato de trabajadores judiciales de la provincia. Él no renovó su banca porque no integró la lista de candidatos de su partido, Unidad Ciudadana (ex Frente de Todos).

Segunda vuelta

Por reglamento, el proyecto se sometió a una segunda vuelta de votación en la legislatura el 9 de septiembre, fecha en la que los legisladores debían haber consultado a los interesados a favor y en contra del proyecto para sumar observaciones y modificaciones a la ley. Sin embargo, no se modificó ningún punto del proyecto ni se incorporaron ninguna de las observaciones y modificaciones sugeridas por las asambleas ambientalistas y ciudadanas que habitan el golfo. 

“Eran lesivas con el espíritu principal del proyecto, que era la modificación de la ley”, justificó Noale ante la consulta.

La modificación de la ley tiene una máscara. El proyecto fue presentado como una normativa para establecer las facultades de control sobre el transporte de hidrocarburos a la provincia. Pero en el artículo 15 del texto se modifica la ley de 1999 para permitir el transporte de hidrocarburos en el Golfo San Matías.

“Nuestra provincia no está preparada para fiscalizar este oleoducto. Es una irresponsabilidad porque Río Negro no puede ni fiscalizar las cloacas de Viedma, como ha quedado demostrado en la crisis que atraviesa la ciudad en ese aspecto”, dijo el legislador Barreno a elDiarioAR y Climate Tracker.

Ese 9 de septiembre de 2022, los diputados volvieron a votar y sancionaron la ley. Nuevamente, la sesión fue a puertas cerradas y los vecinos de Las Grutas y San Antonio Oeste —quienes ya alertados se habían movilizado a la ciudad de Viedma— no pudieron ingresar a la legislatura. Nuevamente sólo el diputado Barreno votó en contra del proyecto. Esta vez, la diputada María Inés Grandoso se abstuvo; otros dos legisladores se ausentaron; y dos más se retiraron del recinto. Los 40 diputados restantes votaron a favor.  

A finales de septiembre, la nueva ley fue promulgada por el Ejecutivo provincial, entonces a cargo de Arabela Carreras. Su sucesor, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), también es un defensor del oleoducto Vaca Muerta Sur. 

Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.

Nota: se corrigió un error de tipeo detectado el 25 de octubre en el apellido Iuliano. Se corrigieron errores de tipeo el 18 de febrero de 2024.

ED/DTC

En mayo de 2022, el Congreso argentino aprobó una ley que regula la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Nueve meses después, Argentina da sus primeros pasos en la producción, comercialización y exportación de la planta de cannabis, explorando un mercado aún incipiente, pero cuyo valor podría alcanzar los 450 millones de dólares en la próxima década, según estimaciones oficiales.

Al tiempo que ya se contabilizan 45 proyectos focalizados en la investigación y el desarrollo del cannabis en el país, surge el interrogante sobre el potencial impacto ambiental de la naciente industria, tanto en la etapa de cultivo como en su posterior procesamiento. Diversos referentes consultados por Diálogo Chino aseveraron que se trata de un campo ciertamente inexplorado, aunque algunos estudios internacionales permiten ver potenciales riesgos y beneficios.

45 es la cantidad de proyectos con foco en la investigación y el desarrollo del cannabis en Argentina.

“Estamos muy en cero”, reconoció Lorena Drewes, quien participó en la redacción de la normativa y actualmente es consultora del Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo público que trabaja con las provincias para su desarrollo productivo.

El cannabis y el medioambiente

Los debates en torno al cannabis en Argentina se aceleraron en mayo del año pasado, cuando el presidente Alberto Fernández promulgó la ley 27.669, que otorgó un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena. La norma complementó otra del 2017, que impulsó la investigación científica y médica, pero limitó su producción al ámbito estatal para su distribución a través del sistema de salud.

Utilizar el término cannabis implica referirse a la especie cannabis sativa, una planta anual “compleja en su estructura”, según define un informe del Gobierno argentino, por la presencia de más de 550 compuestos. De todos, los más estudiados son los denominados cannabinoides, entre los que se encuentran el tetrahidrocannabinol o THC (responsable de su popular efecto psicoactivo) y el cannabidiol o CBD (el más explotado en el campo de la salud, utilizado para ansiedad, insomnio y autismo, entre otros).

“Las oportunidades de expansión para esta industria no se limitan a los mercados recreacionales y medicinales, ya que existen otras numerosas aplicaciones, que incluyen cosméticos, fibras textiles, ropa y calzado, biocombustibles, alimentación animal, materiales de construcción, papel, fertilizantes, partes automotrices y bioplásticos, entre otras”, explica el documento oficial.

En términos generales, existen tres tipos de instalaciones donde puede ser llevada a cabo la producción del cannabis: interior (conocida como indoor), exterior (también denominada outdoor) y luz mixta (que combina elementos de producción interior y exterior). Cada alternativa puede afectar al medio ambiente de distintas maneras.Un trabajo publicado en Nature Sustainability destaca que las emisiones asociadas con el cultivo de un kilo de cannabis producido indoor son aproximadamente las mismas que quemar hasta 2.000 litros de gasolina. Otro, publicado en New Scientist estimó que la huella de carbono que deja la producción masiva de cannabis en interiores, asciende a entre 2,2 y 5,1 toneladas de dióxido de carbono por kilo de flor seca.

Por el contrario, el cultivo a campo puede requerir hasta 140 veces menos electricidad, según señala un estudio realizado por el Grupo de Trabajo de Mejores Prácticas Ambientales de Cannabis en Oregon, Estados Unidos. Este mismo documento señala, asimismo, preocupaciones sobre el uso del agua: indica que una planta de cannabis madura puede consumir hasta 22,7 litros de agua por día en los 150 días de temporada de crecimiento, casi el doble que una planta de uva para vino.

Estudios realizados en el estado de California, Estados Unidos, remarcan otro tipo de preocupaciones. Uno publicado en Frontiers in Ecology and the Environment advierte sobre la posible deforestación y fragmentación de los bosques debido a la producción comercial de cannabis. Otro, disponible en Environmental Research Communications remarca impactos significativos en los recursos hídricos ante “el rápido aumento del cultivo de cannabis, que indican que el potencial agotamiento del flujo de agua es una preocupación actual y futura”.

De la misma forma que se remarcan riesgos, también se destacan beneficios ambientales de la planta en sí misma. El investigador de la Universidad de Cambridge Darshil Shah subrayó que esta especie puede capturar el carbono atmosférico “con el doble de eficacia que los bosques”, al tiempo que proporciona biomateriales de carbono negativo para arquitectos y diseñadores.

Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional del Cannabis de México, señaló en Forbes los beneficios del cáñamo -variedad de la planta cannabis con muy baja presencia de THC-, para paliar los efectos negativos de la agricultura en el ambiente. “Puede sustituir a varias materias primas ya que con las fibras de esta planta se pueden fabricar productos biodegradables a partir de tela, papel y plástico”, planteó. Como ejemplo, aseveró que la producción de un kilo de fibras de cáñamo requiere 20 veces menos agua que uno de algodón.

¿Qué pasa en Argentina?

En Argentina existen 45 proyectos en desarrollo vinculados al cannabis. Los mismos son de diversa escala (van desde pequeños cultivos con finalidades comunitarias hasta grandes explotaciones con mirada exportadora) y poseen diferentes grados de avance. También varían en relación al tipo de inversión -los hay públicos, privados y mixtos-, así como también en su ubicación geográfica: un mapa realizado por la agencia estatal Télam destaca que están presentes en la mitad de los distritos nacionales, de este a oeste y de norte a sur. De todos los emprendimientos, el más avanzado se ubica en la provincia de Jujuy y cuenta con un estudio de impacto ambiental favorable. Según el texto firmado por el ingeniero Pablo Eliano, a la iniciativa de la estatal Cannava -que prevé la producción de 80 toneladas de inflorescencias medicinales- “resulta difícil detectarle impactos negativos relevantes”.

Cannava prevé producir 80 toneladas de cogollos de cannabis con fines medicinales, y fue el primer proyecto cannábico autorizado por el regulador sanitario nacional. Es el único proyecto de cannabis integrado verticalmente del país, ya que contempla desde el cultivo hasta el procesamiento. Recientemente se anunció que la planta se abastecerá al 100% de un parque fotovoltaico que producirá 6 MW, uno de los ocho parques solares que se están construyendo en la provincia con una inversión privada total de 55 millones de dólares.

Dado que se destina a la salud humana, todo insumo que se utilice debe ser agroecológico

Para la consultora del CFI Lorena Drewes, el cannabis “es una alternativa para las provincias que tienen sus economías ahogadas en dos o tres cultivos”. La especialista se refiere a distritos ubicados por fuera de la pampa húmeda -donde dominan producciones tradicionales como, trigo y maíz-, entre las que se destacan la propia Jujuy, La Rioja, San Juan, Misiones o Corrientes.

“En mi provincia el agua es escasa, por lo que hay que utilizarla de manera eficiente. El cannabis, en relación a cultivos tradicionales como el olivo, cumple con ese objetivo, por una cuestión de economía de escala. Con una hectárea de cannabis se obtiene la rentabilidad de 50 de olivo”, puntualizó Benjamín Enrici, presidente de Agrogenética Riojana Enrici e ingeniero agrónomo.

Santa Fe es otro de los distritos que tiene en marcha un emprendimiento vinculado al cannabis medicinal. El proyecto, encarado 100% por el Estado provincial, se realiza en un predio de 35 hectáreas, donde se sembraron plantas que serán la materia prima para que el Laboratorio Industrial Farmacéutico produzca aceite a distribuirse en el sistema de salud local.

Eliana Eberle, funcionaria del Gobierno de Santa Fe a cargo de la iniciativa, sumó otro factor positivo respecto a la cuestión ambiental: “Dado que se destina a la salud humana, todo insumo que se utilice debe ser agroecológico, por lo que yo veo al cannabis como la puerta de la agroecología a gran escala”, señaló.

El impacto ambiental del cannabis: un debate necesario

La incipiente industria del cannabis en Argentina no cuenta aún con una producción científica relevante en materia de impacto ambiental. Ello tiene que ver, fundamentalmente, con la prohibición a la que estuvo sometida la planta durante años. “Si bien el cultivo acompañó a la humanidad desde siempre, recientemente se está volviendo a incursionar, estamos en una etapa muy temprana”, dijo la directora de la asociación civil Proyecto Cáñamo Diana Barreneche.

Tal como se pudo advertir, existen algunos estudios internacionales que pueden ser tomados como antecedentes. De todas formas, no todos coinciden en avalar sus conclusiones: “Algunas son controversiales y aún están en una zona gris”, remarcó Bruno Cravero, director de la Diplomatura en Producción y Regulación del Cannabis de la Universidad Nacional de Rosario.

La investigación en este campo, como se ha subrayado, es una “necesidad imperiosa”.

Artículo publicado en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/ 

El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó este martes en segunda vuelta la ley de salud sexual y reproductiva que contiene, entre otras cosas, una reforma del aborto que devuelve el derecho de las menores de 16 y 17 años a interrumpir voluntariamente sus embarazos sin permiso paterno y que busca garantizar esta prestación en el servicio público de salud. La norma, que es una ley orgánica por la que se modifica la 2/2010 vigente, está siendo tramitada de urgencia para que su aprobación llegue antes del final de la legislatura. Fue en mayo cuando llegó por primera vez al Consejo de Ministros y, desde entonces, recabó los informes de los órganos consultivos pertinentes. Aunque no todos llegaron, la norma va ya camino del Congreso y del Senado, donde puede sufrir cambios y donde se espera la confrontación de los partidos de derecha.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, remarcó que los derechos sexuales y reproductivos “son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país”. “El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es parte del derecho a la salud y la puerta de entrada para el ejercicio de otros muchos derechos y de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida”, dijo Montero, quien tuvo palabras de agradecimiento para los ministerios implicados en la norma, pero también para la primera ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para el Tren de la Libertad “y todas las movilizaciones que impidieron el recorte de derechos”.

De mayo a esta parte, el grueso del texto apenas sufrió cambios. Sí se incorporaron algunas modificaciones, fruto de la consulta con entidades sociales, y que están orientadas, en palabras del Gobierno, a reforzar la capacidad de decisión de las mujeres “en todas las circunstancias”. La norma regula la objeción de conciencia de los profesionales y obliga a las comunidades a crear un registro de objetores. Durante el período de consultas de estos meses se agregó una nueva disposición adicional para “extremar” las garantías en protección de datos relativa a este registro, que procede de una recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos.

Los servicios públicos tendrán que organizar sus recursos para que siempre haya profesionales suficientes para llevar a cabo el servicio. Las intervenciones deberán llevarse a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado acreditado. “Hacemos compatible el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de todas las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo si es que así lo quieren”, dijo la ministra de Igualdad. Actualmente, hasta el 85% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas.

Las menores de 16 y 17 años recuperan el derecho a abortar sin consentimiento de sus familias o tutores. La ley de plazos de 2010 les reconocía este derecho, pero el Gobierno de Rajoy lo restringió en 2015. Lo hizo después del intento fallido del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de aprobar una reforma del aborto que hubiera supuesto un recorte del derecho del aborto para todas las mujeres.

La norma elimina también el periodo de reflexión de tres días que estableció la ley de plazos: una vez tomada la decisión, las mujeres tenían que esperar tres días para poder someterse a la intervención y recibir un sobre con información de ayudas a la maternidad. Aquí, el texto actual también sufrió una modificación: elimina del Código Penal el delito de no entregar el sobre con información y de no respetar los tres días de reflexión para hacerlo coherente con la nueva ley.

Consentimiento informado

Otro de los cambios más significativos que sufrió el texto es el que tiene que ver con el consentimiento informado en los procedimientos que tienen que ver con el parto. En su primera versión hablaba de requerir el consentimiento “libre, previo e informado” en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, “excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del bebé esté en riesgo, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva”. Tras el período de consultas, el Gobierno eliminó el “excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del bebé esté en riesgo” para ser coherente, explican, “con la Ley de Autonomía del Paciente”. Durante el período de consultas, el ministerio recibió hasta 1.441 aportaciones al respecto. Así, el consentimiento informado deberá recabarse en todos los casos.

Aunque finalmente el texto no incluye el término “violencia obstétrica”, la ministra subrayó que la ley incluye la puesta en marcha de un protocolo común para que las directrices europeas y las recomendaciones sobre parto respetado “lleguen a todos los hospitales y paritorios de este país”. Se agregó también un apartado para “garantizar asistencia y acompañamiento” para la salud mental de las mujeres en caso de muerte perinatal.

Bajas menstruales

Otro de los capítulos más relevantes de la ley es el que tiene que ver con salud menstrual, que por primera vez se reconoce “como parte inherente del derecho a la salud sexual y reproductiva”. Se pondrá en marcha una incapacidad temporal por menstruación incapacitante. Es una baja médica que estará financiada desde el primer día por la Seguridad Social y para la que no será necesaria un período mínimo de cotización, como sí sucede con las enfermedades comunes. “Se acabó ir a trabajar con dolor”, remarcaba Irene Montero. Esta norma, subrayaba, contribuirá a romper el tabú de la menstruación y a normalizar hablar de ella y de salud menstrual. El Gobierno también introdujo un pequeño cambio en este sentido para que tanto esta baja como la que podrán pedir las mujeres embarazadas un mes antes del parto se extiendan a las funcionarias de las fuerzas armadas y de justicia. Ese permiso preparto podrá solicitarse desde la semana 39 de embarazo y no restará tiempo del permiso de maternidad.

Durante este período de consultas, la norma incluyó también un refuerzo de la formación en salud sexual y reproductivo en las carreras de ciencias jurídicas, de la salud, de la educación y sociales “y en los currículos de las oposiciones vinculadas a estas”. Además, eliminó el plazo de vigencia de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.

Los centros educativos deben garantizar el acceso a productos para la menstruación “cuando resulte necesario”, especifica la ley. Se repartirán gratuitamente, además, en centros de servicios sociales y cárceles. Progresivamente, todas las dependencias de organismos públicos deberán ir adoptando esta medida. Se priorizarán los productos de gestión menstrual sostenibles, orgánicos y ecológicos.

Educación sexual

“Garantizamos el derecho a la educación sexual”, dijo Irene Montero. Será obligatoria en toda las etapas educativas “para conocer nuestros cuerpos, para establecer relaciones desde el buen trato, para conocer los distintos métodos anticonceptivos, que no son solo problema de las mujeres, para prevenir las infecciones de transmisión sexual”. La falta de educación sexual, agregó está detrás del aumento de hasta el 80% en este tipo de infecciones.

Montero aportó otro dato: casi el 70% de los estudiantes de secundaria aseguran que la educación sexual recibida no les fue útil para su vida sexual, mientras que Internet supone una fuente de aprendizaje para buena parte de ellos. “El aprendizaje de la sexualidad se da con aprendizajes adecuados o sin ellos y este Gobierno quiere asegurar lo que es un derecho de las niñas, los niños, y los adolescentes, que es el acceso a una educación sexual integral”, afirmó.

La norma contempla la distribución gratuita de métodos anticonceptivos barrera en centros escolares y otros centros públicos. Amplía la financiación de métodos anticonceptivos de última generación y establece el acceso gratuito a la píldora del día después en los centros de salud. La píldora deberá estar también disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.

Este sábado 2 de julio se celebra el Día de la Agricultura para destacar la importancia de este sector estratégico en la economía argentina y el impulso tecnológico que contribuye al desarrollo nacional.

El origen de esta fecha data de 1948 cuando se sancionó la Ley de Arrendamientos y Aparcerías rurales, que posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. Los primeros beneficiados fueron 78.000 mil trabajadores del sector.

En esos años las cooperativas agrarias tenían fuerte presencia y desde entonces son un pilar del desarrollo del campo. Ese mismo año se fabricó en el país el primer tractor del cono sur llamado Pampa, lo que puso a la Argentina en la vanguardia tecnológica agraria.

Desde el primer cultivo de raíz, que se convirtió en alimento básico de una civilización en la historia, como lo fue la papa, hasta el uso de biotecnología con ciencia moderna para la aplicación de productos agrícolas, la agricultura se constituye como un motor de desarrollo económico y cultural en la mayoría de los países del mundo a lo largo del tiempo.

DL

“Si me llamás en 15 minutos es mejor, así termino de cocinar”, responde Daniel Jones por WhatsApp al pedido de entrevista. Prepara arroz salteado con verduras, ensalada de palta, rúcula, zanahoria y tomate, y milanesa a la napolitana para León, su hijo de 11 años. “Intento que todos los platos tengan proteínas, hidrato y fibra”, dice.

Daniel Jones forma parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social que integra la Campaña PATERNAR. Este sábado, en la previa del Día del Padre, harán un encuentro frente al Congreso para pedir la ampliación de licencias por paternidad, que actualmente es de dos días corridos. “Queremos dar un impulso y un apoyo público al tratamiento parlamentario del proyecto del Ejecutivo, pero de manera más amplia sensibilizar sobre la participación de los varones en las tareas del cuidado como una agenda central, en el marco de la búsqueda de una mayor igualdad de género”, le dijo a elDiarioAR. 

El 1 de mayo, el presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados. El eje principal es ampliar la cobertura para personas gestantes y no gestantes y para eso extiende la licencia por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de 2 a 90 días. Además, crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas. La iniciativa propone aumentar de manera progresiva: de los dos días corridos a partir del nacimiento que rigen actualmente a 15 días, en el primer año de vigencia de la ley. En el segundo, 30 días y de ahí pasar a 45 a los 4 años, 60  a los 6  y 90 a los 8 años.

La Campaña Ciudadana PATERNAR, que se lanzó hace un año, hará actividades recreativas y culturales en el Congreso desde las 14 horas y se replicará en otras ciudades como La Plata, Rosario, Viedma, Rafaela, Mendoza, Mar del Plata donde juntarán firmas para darle respaldo al proyecto. “Lo que buscamos es democratizar los cuidados. Uno de los obstáculos que encontramos tiene que ver con que la licencia por paternidad es un chiste. 48 horas no alcanzan para nada y menos si tu hijo nace un viernes y el lunes tenés que estar trabajando. Hace 20 años que se vienen presentando distintos proyectos y queremos que el del Ejecutivo pase porque realmente es una ley de avanzada”, afirmó Matías Criado, psicólogo diplomado en género y coordinador de la campaña, a este diario.

“Nuestro país viene muy muy atrasado con respecto a otros, incluso con América Latina. Todos han modificado esta legislación y acá aún no”, agregó.  Argentina tiene uno de los peores índices de la región. Según un relevamiento de Unicef y el Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo, en Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela los padres pueden acceder a perÍodos de 8 días y más.  Mientras que en Brasil, Chile, México y Nicaragua pueden tomarse licencias de entre 5 y 8 días. Argentina es de los países con menos de 5 días, junto a Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá y República Dominicana.

Criado explicó el impacto positivo que tiene el aumento de las licencias en países que ya lo implementaron:  “Lo que vemos en las investigaciones que se dieron en Europa, donde todos los países tienen más de un mes, es que hay muchísimos beneficios para esos bebés: mejor salud mental, rendimiento académico, mayor sensación de autoestima y están menos atados a estereotipos de género. También se incorporan más mujeres al mundo del trabajo. Y, además, beneficios en los hombres que desarman su masculinidad, pueden ser más empáticos y saludables mentalmente”. 

“Hay cambios personales y culturales para los que trabajamos, para que se traduzcan en compromisos de los varones concretos, pero también es cierto se da en un marco donde el sistema no acompaña. Estamos promoviendo esa agenda, pero impulsando también un cambio cultural y político más amplio sobre cuál es el rol de los varones en las tareas de cuidado dado que hay una fuerte sobrecarga en las mujeres, no solo en el cuidado de las infancias sino también en adultos mayores”, afirmó Jones. 

La disparidad en el reconocimiento de las tareas de cuidado refuerza las desigualdades de género: las mujeres le dedican el doble de tiempo que los hombres. Según el informe “Las Brechas de Género en la Argentina” de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género realizado en 2020, las mujeres realizan más del 75% de las tareas domésticas no remuneradas y les dedican en promedio 6,4 horas diarias. Mientras que solo el 57,9% de los varones participa en estos trabajos y le dedican un promedio de 3,4 horas diarias.

“Que los cuidados estén a cargo de las mujeres genera desigualdad laboral porque a la hora de contratar, un empleador va a elegir más a un varón que a una mujer. Porque va a tener menos licencia y probablemente se ocupe menos de sus hijos”, agregó Criado.

A nivel provincial, hay distintos períodos para empleados públicos. La Ciudad de Buenos Aires extendió las licencias a 45 días, la Provincia a 15  igual que Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro, Tucumán, Misiones y Mendoza. Chubut y San Luis otorgan 20 días, Salta da 25 y La Rioja y Santa Cruz llegan a 30. “Es algo que genera mucha curiosidad que los varones nos organicemos para demandar derechos en tanto varones, por nuestra condición de género. Históricamente quienes se organizaron así fueron las mujeres y disidencias. Algo muy positivo es que nos encontramos cada vez más con padres que quieren ejercer una paternidad súper activa y presente. Y no solamente en círculos de clase media progre porteñas”, describió Jones.

CDB/MG

Las palabras “necesitamos una ley”, buscadas en Google, aparecen 250 mil veces. Solo en la primera página de resultados nos enteramos de que “necesitamos una ley de alquileres”, “necesitamos una ley de humedales”, “necesitamos una ley de pandemias”. Los problemas públicos, parecería, son el resultado de legisladores indolentes o despreocupados. Los diputados se tienen que sentar a la-bu-rar. Si sancionamos las leyes correctas, la cosa va a empezar a andar. Si reformamos la Constitución, ni hablar.

Efectivamente, necesitamos leyes. Sociedades complejas como las nuestras necesitan reglas comunes y públicas que nos permitan coordinar nuestras expectativas y ajustar nuestras conductas. Gracias al derecho, sabemos que los autos vienen por la derecha y confiamos, razonablemente, en que intentarán no pisarnos. También necesitamos leyes para controlar el poder de los gobernantes y para regular al Estado, con sus millones de empleados y miles de funciones: en el constitucionalismo moderno, el Estado es un producto de nuestra voluntad como sociedad, y somos nosotros quienes lo autorizamos a actuar y marcamos sus límites. Finalmente, las leyes son una poderosa herramienta simbólica que permite a los pueblos expresar sus valores y tradiciones. Al igual que los actos escolares o los desfiles militares, el proceso legislativo nos sirve para reafirmar nuestra pertenencia a la comunidad y permite la disputa simbólica acerca de qué valores nos representan mejor. Ninguna de estas funciones merece ser ridiculizada. 

Sin embargo, las leyes no arreglan nuestros problemas por sí solas. Veamos dos ejemplos recientes, en un área tan tangible como simbólica. La Ley de Violencia contra la Mujer, de 2009, define lo que se considera violencia de género y crea mecanismos para combatirla. Sin embargo, pocos sostendrían que con su sanción se terminaron los delitos contra las mujeres –de hecho, la cantidad de femicidios aumentó desde la sanción de la ley–. No sabemos si sin la ley la cifra habría sido aún mayor; sí sabemos que erradicar ciertas prácticas requiere mucho más que una norma. Por su parte, la legalización del aborto abrió la puerta a que una práctica socialmente extendida saliera de la clandestinidad y así, efectivamente, cambió la vida de miles de mujeres. Pero, otra vez, muchas dificultades siguen en pie: médicos reticentes, estigmatización, falta de conocimiento. Seguramente ambas leyes sean mojones ineludibles para el objetivo de la igualdad de género. Sin embargo, está claro que no se termina con el patriarcado con una norma, como celebró el Presidente al promulgar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

En el caso anterior, la fantasía presidencial no quita los aportes de las leyes. Pero la situación se agrava cuando la confianza mágica que se deposita en la ley reemplaza al estudio de las condiciones reales que producen los problemas. Cuando esto pasa, nuestros esfuerzos son vanos y nuestras expectativas son rápidamente frustradas. A veces, el resultado parece cómico, como cuando un candidato presidencial propuso una «ley para bajar la inflación» que consistía en la creación de una «Oficina para la Reducción de la Inflación». El poder místico de la ley en su máxima expresión: considerar que un problema estructural de la economía argentina se resuelve con una norma y un organismo. Un caso más actual es el de la Ley de Alquileres. Solo un año después de la sanción de una ley que modificó la regulación anterior, inquilinos y propietarios señalan su fracaso y piden una nueva norma; los legisladores validan el pedido, admiten que “se hicieron mal las cosas la otra vez” y confían en que ahora se harán bien. Probablemente, se pueda sancionar una norma mejor. Pero lo cierto es que con una inflación del 50% anual, una brecha cambiaria del 100%, y propiedades que se venden en dólares y se alquilan en pesos, pensar que una tercera regulación en tres años en solucionará el drama de la falta de acceso a la vivienda es, en el mejor de los casos una quimera, y, en el peor, una huida hacia adelante.

Lo que es peor: consagrar derechos en normas jurídicas desatendiendo la práctica en la que se insertarán suele generar efectos opuestos a los deseados. Tomemos un caso vecino, estudiado por el académico Octavio Ferraz. En Brasil, la Constitución garantiza el derecho a la salud, definido como el derecho a la satisfacción de las necesidades de la salud de acuerdo con los tratamientos médicos existentes, sin importar sus costos. Esto fue considerado un logro del «movimiento sanitarista“, que luchó por la incorporación de este derecho en la Constitución de 1988. Los resultados no fueron los esperados. Los ricos, desde ya, no necesitaron ninguna ley para conseguir los tratamientos. Los pobres no contaban con abogados que motorizaran sus reclamos en los tribunales. La ley, finalmente, benefició a la clase media que gozaba de recursos económicos y sociales que le permitían acceder a tribunales a solicitar y obtener tratamientos caros. Dado que el presupuesto es uno solo, estos tratamientos fueron costeados con fondos destinados a atender cuestiones sanitarias que sí afectaban a los sectores de menores recursos. Despejado su aspecto simbólico, entonces, una comprensión maximalista del derecho a la salud pasó a redistribuir recursos de la clase baja a la clase media, lo contrario a lo que sus proponentes habrán soñado.

En otros casos, los derechos no son siquiera aprovechados por las clases medias, sino por las élites. Un estudio comparado mostró como la inclusión de una larga lista de derechos humanos en los textos constitucionales de Nueva Zelanda, Canadá, Sudáfrica e Israel, bajo el discurso de que  protegerían a los más desfavorecidos, se convirtieron en la llave para que los sectores privilegiados amplíen su poder. Es que los derechos no alteran realidades por sí solos: el reclamo por su cumplimiento se hace ante el Poder Judicial. Esta rama del Estado ha sido, tradicionalmente, la más abierta a los pedidos de las clases altas y la más cerrada a las demandas populares (tanto por su ethos aristocrático como por los costos que tiene acceder a la justicia). La ampliación de derechos, entonces, en contra de lo esperado, culminó en un proceso en que las élites pudieron judicializar cada vez más situaciones, en nombre de los nuevos derechos, y así ampliar su brecha con el resto de la sociedad. Entre otras cosas, contra lo proclamado, estas reformas constitucionales debilitaron la posición de los trabajadores ante los empresarios. Las élites utilizaron las cláusulas constitucionales que prevén la libertad de asociación, ocupación y expresión para sostener ante los tribunales que estos derechos no apuntan a posibilitar la sindicalización o las protestas laborales, sino a proteger la asociación, la negociación y las formas de contratación empresarial de la intervención del Estado. En Nueva Zelanda, Israel y Canadá los jueces receptaron estos planteos y, desde entonces, las condiciones laborales se han flexibilizado significativamente.

Más cerca de estos lares, en el actual proceso constituyente chileno, el miembro de la Convención y destacado jurista de izquierda Fernando Atria se refirió a este problema mientras se discutía la inclusión del principio «pro persona“ en la Constitución (es decir, el principio de que las normas deben interpretarse siempre de modo tal que tiendan a «garantizar mejor los derechos»). Una mirada ingenua, dijo Atria, podría permitir pensar que esto sería beneficioso para los individuos en general y, en particular, para los más desfavorecidos. Pero el derecho no opera en abstracto: otra vez, quienes interpretan las normas son los jueces y, en la práctica realmente existente, el principio había sido utilizado por empresas para evitar la regulación estatal o por individuos de altos ingresos para eludir subas de impuestos.

No siempre necesitamos una ley. A veces las leyes resuelven totalmente nuestros problemas, a veces contribuyen parcialmente a hacerlo y a veces nos reconfortan simbólicamente. Otras veces, nos hacen perder el tiempo en discusiones estériles, dilapidan el presupuesto público en remedios ineficaces, crean incentivos perversos y redistribuyen los beneficios sociales en favor de quienes pueden pagar mejores abogados. El derecho puede ser la mejor herramienta de nuestra democracia, pero para entender cuándo y cómo utilizarla debemos comprender sus potenciales y, fundamentalmente, sus limitaciones. En esta serie de notas para elDiarioAR continuaremos explorándolos.  

MA/SG

El presidente Alberto Fernández suspendería a través de un decreto la ley de alquileres con el objetivo de impulsar un nuevo proyecto en el Congreso, que apuntaría a que cada provincia del país la adecue luego a la realidad de sus distritos.

Así lo informó la periodista Maru Duffard en TN. La suspensión de la ley de alquileres había sido anticipada la semana pasada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y también por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Según agrega una fuente de NA, se buscaría reformar la ley de alquileres “con un primer artículo que suspenda la ley por 180 días y ponga en vigencia la anterior”.

El Gobierno propone que, mientras dure la suspensión de la ley, se convoque a una comisión especial en el Congreso, de la que participen también representantes de los inquilinos y el sector inmobiliario, para avanzar en una reforma, dice TN.

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco, consideró que “la Ley de Alquileres perjudicó a todos” y afirmó que la iniciativa que busca reformarla es “muy positiva”.

Sacco sostuvo que desde el sector siempre señalaron que la legislación vigente estaba “destinada al fracaso” y pidió “discutir” una nueva norma que “dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino”.

“Desde antes de que se promulgara la ley, decíamos que cualquier cosa que se regule iba a escasear; perjudicó a todos por igual y creó una gran incertidumbre a las dos partes”, aseguró.

El directivo también indicó que el incremento del valor de los alquileres fue de 49%, pero “a la gente no le aumentó el sueldo en ese porcentaje”.

La propuesta del sector, precisó Sacco, es “derogar los artículos que indican el plazo de locación y la forma de indexación, o sea, volver a los 24 meses de contrato y libre acuerdo en el ajuste semestral”.

“En un país en que no haya inflación, se puede hacer un contrato a largo plazo, pero un contrato a tres años, también, perjudica a los inquilinos”, señaló en referencia a los altos índices inflacionarios de Argentina.

El vicepresidente del Colegio de Martilleros se mostró crítico frente a la posibilidad de suspender la legislación vigente por 180 días.

“Ocasionaría un gran problema ya que no queda claro que hacer con los contratos vigentes, con las propiedades en oferta para alquilar, ni con los contratos que tenemos para cerrar en lo inmediato”.

La semana pasada, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, Massa consideró necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, reseñó Massa, en referencia a la norma impulsada durante el macrismo.

La ley de alquileres fue sancionada por el Senado en junio de 2020. Había recibido el aval de la Cámara de Diputados en noviembre del año anterior, en el final de la administración de Mauricio Macri. Recibió cuestionamientos de todos los sectores porque sus resultados no fueron los esperados.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, sumó su voz al debate y coincidió hoy con el titular de la Cámara de Diputados al considerar que la Ley de Alquileres fue un “fracaso” pero planteó que no es necesario “derogarla sino mejorarla”.

“Es como lo plantea Sergio (Massa); una ley que fracasó del PRO merece que se vuelva a debatir, pero partiendo de una ley existente, por lo que no es derogarla sino mejorarla”, dijo Ferraresi en diálogo con la radio online FutuRöck.

Para Ferraresi, la ley de alquileres es “uno de los tantos fracasos del PRO, al igual que los créditos UVA” y sostuvo que “tener una ley nacional de alquileres no es una herramienta viable, sino que cada jurisdicción debería tener su regulación”.

 El barrio donde más aumentaron los alquileres en un año

Según informe que publica mensualmente ZonaProp, un departamento de dos ambientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene un valor promedio de $43.350 por mes, un 3,3% más que el mes anterior. En concreto, los alquileres acumulan una suba del 47,8% en 2021, levemente por encima de la inflación.

Del ranking de precios se desprende que Puerto Madero es el barrio más caro para vivir en la Ciudad, con un valor de $95,706 por mes. Le siguen Núñez ($51.797) y Palermo ($51.782).

En la zona media de precios se encuentran Villa Devoto ($47.322), Caballito ($45.174), Villa Luro ($43.972), Monte Castro ($42.742) y San Telmo ($40.579). En tanto, los lugares más económicos son Barracas ($37.931), La Boca ($36.626) y Lugano ($30.737).

De acuerdo al flamante informe, Lugano se mantiene como el más barato de la ciudad para alquilar; pero también es el barrio que registra la mayor suba interanual de precio (72,5%).

AB

El objetivo es evitar discriminaciones y sesgos de las empresas a la hora de contratar empleados. Desde ahora, no se podrá incluir información personal que permita encontrar a los candidatos en redes sociales. 

La normativa dice que la ley apunta a “promover la igualdad de oportunidades en la identificación del talento, reclutamiento y el acceso laboral en condiciones de equidad y no discriminación”. Es una iniciativa de los diputados Roy Cortina (Partido Socialista), Diego García Vilas, Gastón Blanchetiere y María Sol Méndez (Juntos por el Cambio), entre otros.

La medida obtuvo 47 votos a favor, con tres abstenciones, en la Legislatura de CABA. Todavía está pendiente su reglamentación y la designación de la autoridad de aplicación. Afectará a todos los empleadores del sector público y privado, consultoras de selección de personal, plataformas de búsqueda laboral y cualquier otro intermediario; se estima que la ley entrará en vigencia en 2022.

Se establece que las ofertas de empleo “no podrán contener restricciones por motivos tales como edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena y cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece”.

Asimismo, los responsables de Recursos Humanos de una empresa no podrán solicitar datos personales, imágenes ni videos de los postulantes. En caso de incumplir la normativa, habrá sanciones que incluyen capacitaciones obligatorias en temáticas de género e inclusión.

MGF

Legisladores porteños debatirán este jueves, en la sesión ordinaria, un proyecto de ley para que no se requiera la inclusión de datos como el nombre y apellido, así como fotos y videos, en el Currículum Vitae de las personas que buscan trabajo, tanto en el sector público como en el privado, a fin de impedir “todo sesgo discriminatorio que imposibilite la igualdad de trato y oportunidades” por parte de los empleadores.

La iniciativa será parte del temario de la sesión, cuyo inicio fue establecido a las 12, y reúne el consenso de los legisladores del oficialismo y de la oposición a instancias de un proyecto del diputado Diego García Vilas.

La propuesta apunta a “promover la igualdad de oportunidades en la identificación del talento, reclutamiento y el acceso laboral en condiciones de equidad y no discriminación”.

Para ello, plantea “con carácter obligatorio la Búsqueda Laboral equitativa para todos/as los/las empleadores/as del sector público y privado, consultoras de selección de personal, plataformas o portales de búsqueda y cualquier otro intermediario a través de los cuales se ofrezcan y demanden puestos de trabajo y se permita la carga y envío de currículums, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por motivos tales como edad, raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, estado civil, posición económica, condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia, responsabilidades familiares o antecedentes penales de quienes hayan cumplido la totalidad de su condena y cualquier otro dato que no fuera imprescindible para el trabajo que se ofrece”, dispone.

Y agrega que “en las ofertas de empleo tampoco se podrá requerir de manera obligatoria y excluyente la remisión de videos, fotografías, imágenes, audios, nombre y apellido completo o cualquier otro dato que permita su identificación en redes sociales”.

“La búsqueda laboral equitativa minimiza la probabilidad de discriminación, al menos durante las primeras fases del proceso de selección de personal, de esta forma los aspirantes pueden competir en igualdad de trato y oportunidades”, indicó García Vilas.

Con información de agencia Télam.

AB

Después de la derrota electoral, el Gobierno ha comenzado a dar un giro para reconciliarse con el campo y todo lo que ello representa en términos simbólicos. Primero, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció este martes la liberalización de casi todas las exportaciones de carne vacuna. Esta tarde, él invitó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Casa Rosada para el acto en el que el presidente Alberto Fernández anunciará, después de una semana de silencio, un proyecto de ley que viene trabajando el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde hace más de un año y que consiste en el fomento impositivo de toda la cadena agroindustrial.

En un borrador que circula entre los despachos oficiales y del sector privado, se indica que la ley favorecerá nuevas inversiones de 24 subsectores agropecuarios y agroindustriales de todo el país, tanto a pymes como a grandes empresas. Se supone que lo hará cuidando el medio ambiente, aunque beneficiará a actividades cuestionadas por su contaminación y no sólo a la agroecología. Apunta a mejorar las exportaciones, pero con el declamado objetivo de “proteger el mercado interno” con “precios justos”.

En concreto, la iniciativa otorgará los siguientes beneficios impositivos a largo plazo, entre enero próximo y diciembre de 2030:

* Amortización acelerada del impuesto a las ganancias en tres años, en lugar de diez años o más, de acuerdo con el tipo de inversión de cada sector del agro. Por ejemplo, para la olivicultura es 40 años.

* Devolución del IVA inversiones en un año, cuando hasta ahora ocurre en cuatro años promedio. Esto favorece a frigoríficos, acopios, usinas lácteas, plantas de balanceado y de tratamiento de frutas, entre otros establecimientos.

* Para actividades agroindustriales que tengan IVA diferentes, podrán computarse los débitos fiscales generados por tales operaciones. Esto beneficia a la producción de carne porcina, entre otras.

* Beneficios para la ganadería al mejorar la valuación de hacienda vacuna en Ganancias: los ganaderos podrán optar por valuar sus existencias al momento de la venta y no durante el tiempo de engorde, siempre y cuando el peso promedio sea igual o superior a los 400 kilos del animal vivo o con ejemplares con un rendimiento en playa de faena de 225 kilos de res con hueso en gancho. Dejarán de pagar Ganancias durante los años de engorde y lo harán cuando vendan los novillos. El Gobierno prevé que así se incrementaría la cantidad de carne para consumo en más de 60.000 toneladas anuales. Los beneficios promocionales alcanzarán a los ganaderos que obtengan respecto del promedio de los tres últimos ejercicios fiscales aumentos en los porcentajes de destetes de terneros o alzas del peso promedio de los animales enviados a faena. La Argentina está detenida desde hace 20 años en sus porcentajes de destetes, lo que afecta la cantidad de carne en el mercado.

* Se incentivará el uso de semilla fiscalizada de especies “autógamas” (modo de reproducción a partir de la misma planta) de producción nacional y se estimulará la producción “sustentable” con fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. Se otorgará un certificado de crédito fiscal intransferible de hasta el 50% de los gastos y erogaciones deducibles de Ganancias por adquisiciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos, insumos y fertilizantes e insumos biológicos, semillas autógamas, forrajeras y hortícolas, debidamente identificadas y fiscalizadas.

Para acogerse al plan, se habilitará una Ventanilla Única Digital. El Estado controlará que se cumplan algunas de las siguientes obligaciones para acceder a las ventajas impositivas: aumentos de ventas, de producción física, de exportaciones en términos físicos, de personal ocupado y de inversiones realizadas.

El Gobierno aspira a que en los próximos cinco años la amortización acelerada incentive proyectos inversores por US$ 4.300 millones, que la promoción de insumos eleve las exportaciones en US$ 6.140 millones y el empleo en 167.000 puestos de trabajo (en especial, en cadenas como las de la soja, el trigo, el maíz y el girasol), que las economías regionales incrementen sus ventas externas en US$ 1.145 millones (sobre todo en limones, arroz, legumbres, actividad forestal, algodón, arándanos, cítricos dulces, huevos, peras y manzanas) y contraten a 89.000 personas más (con hincapié en arándanos, limón, yerba, dulces críticos, nutrición animal, algodón, huevos y olivos) y que los alicientes a la invernada (engorde del ganado) alcancen los US$ 1.000 millones. Habrá que ver qué de todo esto se concreta.

Por lo pronto, el proyecto comenzó por iniciativa del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una entidad que nació en 2020 con el objetivo de tender puentes con el Gobierno y que agrupa a decenas de cámaras del sector, incluida las cuatro de la Mesa de Enlace. Detrás de la CAA hay referentes de peso como el dueño de Aceitera General Deheza y ex senador cordobés, Roberto Urquía, y negociadores como Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), y José Martins, de la Bolsa de Cereales. La CAA tuvo el buen tino de arrancar su estrategia el año pasado visitando nada menos que a Cristina Kirchner, que les dio su beneplácito. A partir de entonces negociaron con diferentes actores del Gobierno y consiguieron el apoyo de Guzmán, pero no fue hasta que el peronismo perdió en casi todo el interior que Juan Manzur llegó a la Jefatura de Gabinete y Domínguez a Agricultura para que en tándem terminaran de consolidar la iniciativa. Ahora será el Congreso el que deba aprobarla.

AR

Un mes después de que el Senado diera media sanción al proyecto para regular la producción de cannabis medicinal y del cáñamo industrial, una encuesta reveló que más del 60% de los argentinos está a favor de la legalización de su consumo en adultos.

De acuerdo con el sondeo, realizado por la Cámara Argentina de Cannabis, el 65% respondió que estaría de acuerdo con la despenalización del consumo de marihuana si se hace de forma regulada y controlada, como con el alcohol, mientras que el 26% se manifestó en contra y un 10% dijo que no sabe.

A su vez, el 56% de los consultados consideró positivo el uso medicinal del cannabis, un 22% expresó una postura neutra, mientras que sólo un 4% dijo estar en contra y un 8% que los desconocía.

En la encuesta realizada por CIO Investigación, 6 de cada 10 argentinos dijeron conocer a alguien que está usando cannabis con fines medicinales, mientras que el 60% admite haberlo utilizado o está dispuesto a hacerlo en el futuro.

En tanto, entre el 70% y el 80% está de acuerdo con que en Argentina se desarrolle el cultivo de cannabis como materia prima para elaborar diferentes tipos de productos.

El proyecto de ley que estableció un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis fue aprobado el 15 de julio en el Senado, con 56 votos a favor, 5 en contra y sólo una abstención.

Este proyecto fue mencionado por primera vez por el presidente Alberto Fernández en su discurso durante el inicio de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. “La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años”, señaló el mandatario en ese momento.

El texto votado en el Congreso alcanza a la producción de todos los derivados de la planta, con foco principal en el uso medicinal -que ya tiene varios emprendimientos en marcha en las provincias- y también sobre el desarrollo del cáñamo. Este nuevo mercado, según datos oficiales, podría generar unos 10.000 puestos de trabajo en el corto plazo.  

El proyecto llegó al pleno de la Cámara luego de un debate en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde expuso una larga lista de científicos, médicos, ingenieros, científicos, abogados y activistas cannábicos. Muchos de ellos plantearon su apoyo al proyecto de ley y también pedidos para que cambiara la ley de drogas y así terminar con las detenciones a consumidores y cultivadores

La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero a una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

El control de toda esta actividad lo hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

En este momento hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

CB

La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.

El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.

A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas. 

Sin quórum

El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos. 

“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio. 

Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.

Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.

Juan Manuel López — Diputados (Coalición Cívica).

“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.

“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López. 

El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.

La otra reforma

El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos). 

Las causas que importan

Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.

El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.

Juan Manuel López. — Diputado (Coalición Cívica).

Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.

En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia. 

Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.

Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.

Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.

ED

“Hagan algo por la ley de salud mental porque la adicción es una enfermedad, está lleno de madres que están golpeando puertas y nadie las escucha”, manifestaba ante a prensa Marina Charpentier, madre de “Chano”, visiblemente conmocionada, en la puerta del Sanatorio Otamendi. Alude a la Ley de Salud Mental (n°26.657) sancionada en el año 2010 en el que incluye a las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental. “Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, describe el artículo 4.

Desde 2015, el músico comenzó a ser protagonista de accidentes de tránsito, episodios de violencia y fue denunciado en 2018 por “violación, violencia física y psicológica” por una de sus parejas, la cantante Militta Bora.

En aquel momento, Chano reconoció púbicamente que padecía problemas de adicciones a estupefacientes: “Soy un adicto, tengo una enfermedad crónica, que hay que atenderla día a día” sentenció en un reportaje televisivo con Jorge Lanata en donde afirmó que “desde los 24 años” que está “en tratamiento”.

El duro episodio protagonizado por el cantante de “Tan Biónica” y un efectivo de la policía bonaerense, no es aislado en lo que va del 2021. En marzo de este año se hizo público el momento en que Felipe Pettinato, hijo del conductor televisivo y músico Roberto Pettinato, debió ser internado en un sanatorio porteño luego de sufrir un brote psicótico que derivó en una agresión a su hermana y a su madre. 

Según el último Estudio Epidemiológico de Salud Mental publicado en la revista científica Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, en la Argentina 3 de cada 10 personas mayores de 18 años sufren o sufrieron algún trastorno mental en su vida. Esta tasa se encuentra en el 29,1%, mientras que el riesgo proyectado de vida hasta los 75 años de edad es del 37,1%. En tanto, al enfocarse solo en la prevalencia en los últimos 12 meses de cualquier trastorno mental, el estudio de referencia desprende una tasa del 14,8% mientras que un cuarto de esos trastornos son severos.

Del total de personas con trastornos mentales, solo el 11,6% recibió tratamiento en los 12 meses anteriores. En tanto, la tasa se ubica en el 30,2% en los casos de individuos con trastornos severos. El informe revela que al menos 7 de cada 10 personas que padecen trastornos mentales severos en en el país no reciben tratamiento en tiempo y forma.

Uno de los datos que no debe pasar desapercibido es que de los principales factores vinculados a la salud mental se encuentra el consumo de sustancias. La mayor tasa de prevalencia, luego del Trastorno Depresivo Mayor, se registró con los Trastornos por Abuso de Alcohol. En tanto, en la clasificación agrupada, el consumo de sustancias se ubica como el tercer grupo de mayor prevalencia (10,4%) luego de los Trastornos de Ansiedad (16,4%), y los Trastornos del Estado de Animo (12,3%).

Desde la promulgación de la ley de salud mental se manifestaron diversas voces, principalmente por parte de profesionales psiquiatras, cuestionando ciertos puntos de la misma. Entre ellos, la prevalencia de la voluntad del mismo paciente para tener la potestad acerca del tratamiento al que quiera someterse y la disposición de la internación en los centros médicos.

La misma es abordada en su artículo 14 en donde se menciona que la misma constituye: “…un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social.” Asimismo, el artículo 15 establece que las mismas deben ser “lo más breve posibles”.

Las internaciones voluntarias requieren del consentimiento informado de la persona o de su representante legal, previo diagnostico por un equipo interdisciplinario (artículo 16) La ley dice que “Sólo se considera válido el consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se tratase de una internación involuntaria.”

El artículo 18 establece que “la persona internada bajo su consentimiento podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación.” Y que en aquellas internaciones superiores a 60 días se deberá informar al Órgano de Revisión creado en el ámbito del Ministerio Publico de la Defensa. (creado por artículo 38 de la ley) Pero la reglamentación de este artículo establece que: Solamente podrá limitarse el egreso de la persona por su propia voluntad si existiese una situación de riesgo cierto e inminente, en cuyo caso deberá procederse de conformidad con el artículo 20 y subsiguientes de la Ley Nº 26.657.  

“Es conocido que los mejores resultados obtenidos en las internaciones en los casos graves de consumo problemático y adicción se manifiesta cuando la persona por propia voluntad tiene ese momento de lucidez para ver y reconocer que solo ya no puede con su problema y que necesita ayuda. En estos casos se obtienen los mejores resultados. Pero qué pasa con la persona que nunca alcanza este momento de lucidez para pedir ayuda y que continua en el plano inclinado de la adicción sumergiéndose cada vez más, al punto incluso de realizar actividades delictivas para continuar consumiendo”, reflexiona el Defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, a elDiarioAR.

Y agrega: “Quienes hemos escuchado las súplicas de las madres de las personas adictas no podemos permanecer indiferentes y creemos que este esquema requiere una revisión, la cual no puede ni debe implicar un retroceso en el esquema de derechos de la persona con padecimientos mentales o con casos graves de adicción, ni en el esquema de razonabilidad, proporcionalidad y control judicial de las medidas adoptadas tendientes a asegurar la salud y la vida de las personas”.

Por su parte, el psicólogo Diego Quindimil, apunta en diálogo con este medio que, con respecto al cuestionamiento en las dificultades de la internación voluntaria, el problema no está en la ley -ya que lo contempla- sino en “la capacitación”. “Muchas veces hay falta de conocimiento de los artículos de la ley por parte de los profesionales intervinientes. No es que no se pueda internar a alguien involuntariamente sino que conlleva mayores pasos a lo que se hacía antes. Se debería capacitar a los distintos agentes intervinientes para agilizar los procesos y que sea algo mucho mas rápido”.

Cuando hay una situación de consumo problemático “lo mejor es el trabajo multidisciplinario y la inclusión del círculo cercano. Ni el aislamiento ni separación de los familiares”, dice Quindimil mientras que en el tratamiento del tema en la esfera pública apunta que no se debe “estigmatizar ni lanzar al aire diagnósticos apresurados sobre personas. Una vez que a alguien se le pone un cartel en la frente es muy difícil luego sacarlo y lo lleva a cuestas. Por eso el tratamiento público debería ser favorecedor a la prevención como también educar con debates maduros”.

Recursos insuficientes

La Ley Nacional de Salud Mental dispuso la sustitución del sistema manicomial, basado en el encierro y aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial, por uno de salud mental comunitaria, que les garantice una atención de calidad y humanizada, y promueva su inclusión social, indica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACJI). Para el logro de este objetivo, el artículo 32 de la ley estableció que el Estado Nacional, en un plazo no mayor a 3 años, debía destinar el 10% del presupuesto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaran el mismo criterio. 

Un estudio de la ACIJ revela que desde el año 2015 a la fecha el monto de presupuesto asignado a la salud mental incumplió lo normado por el artículo 32 mencionado, siendo el monto asignado en el año 2015 de 2,04% manifestándose una tendencia a la baja hasta el monto del año 2021 de 1,47%.

El informe indica que los recursos destinados a esta actividad se mantuvieron relativamente constantes en el período 2012-2014, y a partir del año 2015 registraron una disminución alarmante. En la siguiente tabla, se puede observar la variación del presupuesto original, vigente y devengado y 6 los porcentajes de ejecución desde 2012 hasta diciembre de 2020, así como el presupuesto aprobado para el año 2021. 

“El análisis de los recursos que el Estado Nacional destina a salud mental y la forma en que estos se distribuyen evidencian que a 10 años de la ley 26.657 la sustitución definitiva del sistema manicomial es una deuda pendiente. En estos años, el Estado no ha cumplido con la obligación legal de destinar el 10% del gasto total en salud a salud mental, y continúa invirtiendo una gran cantidad de fondos en instituciones monovalentes que, según nuestra normativa, deberían haberse cerrado”, concluye el estudio.

Políticas de salud para el acceso a los tratamientos

Los resultados obtenidos del último Estudio Epidemiológico de Salud Mental sugieren por parte de los especialistas un tratamiento insuficiente generalizado de los Trastornos psiquiátricos y particularmente de los Trastornos por abuso de sustancias, “con una pronunciada necesidad no atendida de individuos jóvenes, sin educación y de bajos recursos”. En un punteo, recomiendan:

AB

Por amplia mayoría, el proyecto de regulación de la industria del cannabis en la Argentina fue aprobado en el Senado y ahora deberá ser debatido en Diputados. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno parece cerrar la grieta con algunos sectores de la oposición y no debería tener mayores problemas para convertirse en ley. En la Cámara Alta, recibió 56 votos a favor, 5 en contra y hubo solo una abstención.

El texto votado alcanza a la producción de todos los derivados de la planta, con foco principal en el uso medicinal -que ya tiene varios emprendimientos en marcha en las provincias- y también sobre el desarrollo del cáñamo. Este nuevo mercado, según datos oficiales, podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo.  

El debate lo inició el senador Adolfo  Rodríguez Saá, quien como titular de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca dirigió las últimas semanas los intercambios que se dieron en las comisiones a las que el proyecto fue girado. “Este proyecto complementa la ley 27.350, que permitía la producción del cannabis medicinal a fines experimentales pero no productivos. Con esta ley vamos a permitir que las experiencias que hay en varias provincias argentinas, como Jujuy, San Juan, La Rioja y San Luis, puedan producir y exportar los productos terapéuticos”, sostuvo y luego se refirió a la otra pata del proyecto, que es la producción de cáñamo. “El cáñamo era legal en la Argentina hasta que la noche negra de la dictadura militar lo prohibió. Es una actividad que en todo el mundo está aceptada. Esta ley está tratando de reparar eso. El cáñamo sirve para fabricar papel, sustitutivos del plástico, biomasa, textiles, cosméticos y alimentos nutritivos”. 

La senadora por San Juan del Frente de Todos, Cristina López Valverde, contó su experiencia con el aceite de cannabis para mitigar la fibromialgia y planteó la necesidad de avanzar con la reglamentación de los derivados del cannabis. “Es un paso más a la reglamentación del 2020 que permitió que muchas madres dejaran de producir en la clandestinidad, para mejorar la vida de sus hijos. Esta ley busca que no vendamos la materia prima, que hagamos todo el proceso, dar valor agregado a la industria del cannabis. Busca innovar, dar puestos de trabajo y potenciar el mercado interno”, sostuvo la senadora sanjuanina. 

Dentro del arco opositor unos pocos que votaron en contra del proyecto. La primera que lo manifestó fue la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, que planteó sus diferencias: “Necesitamos prioridades para el campo y la producción agraria. Nos prohíben la exportación de carne, nos liquidan la producción de biocombustible, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley sobre el cultivo de cannabis, que va a controlar el mismo Ejecutivo que nos prohíbe todas las otras cosas”. A ella se sumó también la mendocina de la UCR, Pamela Verasay, quien planteó que la autoridad de aplicación de la ley deberían ser las provincias. “Con esta ley vamos a estar delegando al Poder Ejecutivo algo que le corresponde a las provincias. Las provincias vamos a tener que pedir autorización para entregar licencias”, sostuvo Verasay. No sucedió lo mismo con los senadores radicales de la Ciudad y de Jujuy, que apoyaron el proyecto. Cabe recordar que en la provincia del norte hay un desarrollo anterior sobre cannabis medicinal, dirigido por Gastón Morales, hijo del gobernador.    

El proyecto llegó al pleno de la Cámara luego de un debate en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde expuso una larga lista de científicos, médicos, ingenieros, científicos, abogados y activistas cannábicos. Muchos de ellos plantearon su apoyo al proyecto de ley y también pedidos para que cambiara la ley de drogas y así  terminar con las detenciones a consumidores y cultivadores.

La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero a una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

El control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

Durante su exposición ante las comisiones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, impulsor del proyecto, explicó que el mercado del cannabis industrial generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones”.  

En este momento hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

Congreso en La Rioja para discutir la producción local y el uso de semillas locales

La segunda edición del Congreso Argentino de Cannabis y Salud, un encuentro científico-académico para debatir el uso medicinal de la planta, se realizará en septiembre en La Rioja, con la presentación de grupos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, entre otros países de Latinoamérica.

El espíritu del congreso se centrará en “las utilidades sociales del cannabis y el impulso al desarrollo local”. También se tratará la presentación de variedades locales de cannabis, en el marco de una propuesta para generar protocolos propios de Argentina para reconocer y avalar las cepas autóctonas. “Hasta ahora, para poder tener un cultivo es necesario utilizar una semilla cuya genética pertenezca o esté patentada por alguna empresa internacional, pero los grupos de cultivadores y ahora los equipos de investigación venimos experimentando desde hace años, y consideramos que es momento de empezar a certificar nuestras semillas”, le explicó a Télam el investigador del Conicet y organizador, Darío Andrinolo.

En línea con el fortalecimiento del costado académico del estudio de los usos terapéuticos del cannabis, meses atrás la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de La Plata para el dictado de cursos de capacitación a los profesionales en el marco de la Cátedra Libre “Cannabis y Salud”, de la Facultad de Ciencias Exactas.

AM

El Gobierno recordó este domingo que la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) implica, entre otras cosas, que “los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga” deben incorporar “la cobertura integral y gratuita de esta práctica”.

En un hilo de posteos en Twitter sobre los alcances de la norma que entra en vigencia este domingo, la Casa Rosada también informó en su cuenta @CasaRosada que cualquier “problema, negativa u obstáculo para acceder a la IVE” puede ser reportado al número gratuito 0800-222-3444 de lunes a viernes de 9 a 21 y los fines de semana y feriados de 9 a 18.

Los flyers publicados también reafirman que a partir de ahora la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina y que la ley no requiere “adhesiones provinciales ni reglamentación para entrar en vigencia”.

El posteo también resume los derechos consagrados por la ley para las mujeres y personas con capacidad de gestar: a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 del proceso gestacional, no habiendo límite de tiempo en el caso de que el embarazo sea producto de una violación o si estuviera en peligro la vida de la persona gestante.

El hilo recuerda que el único requisito para el acceso a la práctica es la firma de un “consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito”.

“La ley establece un plazo máximo de 10 días corridos desde el requerimiento para acceder a la práctica en los sistemas del servicio de salud o con su asistencia”, agregó.

La Casa Rosada resaltó también que la norma incluye otras prestaciones, tales como “información sobre procedimientos y cuidados posteriores, atención de la salud durante todo el proceso, información y provisión de todos los métodos anticonceptivos disponibles”.

La legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ya tiene número: es la ley 27.610. Es que el Senado, que dio la última media sanción este miércoles, informó oficialmente al Poder Ejecutivo sobre ese trámite y así se estableció el número de la normativa.

El próximo paso es que Presidencia de la Nación promulgue la ley: para eso hay diez días hábiles desde la sanción de la ley. Esa promulgación, que prepara la Secretaría Legal y Técnica a cargo de Vilma Ibarra y firmará Alberto Fernández, contendrá un veto parcial al texto que se aprobó tanto en Diputados como en Senadores: la medida fue un compromiso de Presidencia y parte de la negociación que se llevó a cabo para conseguir los votos suficientes de cara a la legalización.

Se borrará la palabra “integral” del artículo de la ley que describe las causales por las que el aborto es legal sin límites en la semanas de gestación, algo legislado desde 1921. En el proyecto que fue aprobado dice que ese aborto es legal en caso de que el embarazo sea producto de una violación o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. El veto parcial eliminará esa palabra y el texto quedará tal como figura en el Código Penal desde hace casi un siglo. El pedido de veto parcial había sido encabezado por el senador Alberto Weretilneck, quien finalmente votó a favor tras el compromiso del oficialismo a ocuparse del cambio.

Según explicó al canal A24 la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, entre las consecuencias inmediatas desde el momento de la promulgación se cuenta la despenalización automática de cualquier mujer o persona gestante que decida abortar hasta la semana 14 de gestación, y la caída de las causas penales que ahora mismo están vigentes contra personas que abortaron o que ayudaron a que otras abortaran.

“Esas causas se tienen que extinguir por el principio de aplicación de la ley penal más benigna, que es retroactivo”, dijo Gómez Alcorta. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre 2012 y 2020 se iniciaron causas penales por abortos en 17 provincias argentinas. En total, 1.532 personas tienen causas abiertas. Esos son los procedimientos que se extinguirían con la promulgación de la ley, según explicó la ministra.

Tras la promulgación, un equipo compuesto por integrantes de la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Salud de la Nación, y el de Mujeres, Géneros y Diversidad trabajará en el texto que reglamente la ley. Esa reglamentación deberá establecer la incorporación de la práctica al Programa Médico Obligatorio (PMO) para que el sistema público de salud, las prepagas y las obras sociales garanticen el procedimiento y su gratuidad.

Además, será esa reglamentación la que determine cómo se instrumentará la derivación de una persona cuando acuda a un centro de salud en el que todos sean objetores de conciencia, de cara a que el aborto no se dilate y se cumpla con el plazo máximo de 10 días para garantizar el derecho.

Los plazos para que se publique la reglamentación aún no están definidos, pero Ibarra señaló en declaraciones a TN que trabajaran “con rapidez, cuidado y diálogo”.

BJ

El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, fue convertido en ley esta madrugada por el Senado de la Nación por unanimidad.

La iniciativa fue debatida al finalizar la discusión por el proyecto de ley del aborto que también fue sancionado de manera definitiva, tras más de doce horas de discusión.

El Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.

Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.

Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.

El proyecto busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.

También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad, manifestó que la iniciativa es “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños” y pidió “que no quede en buenos propósitos porque este proyecto está expresado en tiempo futuro sin plazos ni especificaciones”.

“Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece”, destacó Fiad.

El oficialista santiagueño, José Neder, dijo que “en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho”, al iniciar la defensa del proyecto de ley.

“Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo”, indicó.

Neder agregó que “es una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean”.

“Este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo”, destacó.

DA