Por amplia mayoría, el proyecto oficial de cannabis industrial fue aprobado en el Senado y ahora va a Diputados

Con apoyo del oficialismo y de varios senadores opositores se votó en el Senado la ley de cannabis industrial.

Por amplia mayoría, el proyecto de regulación de la industria del cannabis en la Argentina fue aprobado en el Senado y ahora deberá ser debatido en Diputados. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno parece cerrar la grieta con algunos sectores de la oposición y no debería tener mayores problemas para convertirse en ley. En la Cámara Alta, recibió 56 votos a favor, 5 en contra y hubo solo una abstención.

El texto votado alcanza a la producción de todos los derivados de la planta, con foco principal en el uso medicinal -que ya tiene varios emprendimientos en marcha en las provincias- y también sobre el desarrollo del cáñamo. Este nuevo mercado, según datos oficiales, podría generar unos 10 mil puestos de trabajo en el corto plazo.  

El debate lo inició el senador Adolfo  Rodríguez Saá, quien como titular de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca dirigió las últimas semanas los intercambios que se dieron en las comisiones a las que el proyecto fue girado. “Este proyecto complementa la ley 27.350, que permitía la producción del cannabis medicinal a fines experimentales pero no productivos. Con esta ley vamos a permitir que las experiencias que hay en varias provincias argentinas, como Jujuy, San Juan, La Rioja y San Luis, puedan producir y exportar los productos terapéuticos”, sostuvo y luego se refirió a la otra pata del proyecto, que es la producción de cáñamo. “El cáñamo era legal en la Argentina hasta que la noche negra de la dictadura militar lo prohibió. Es una actividad que en todo el mundo está aceptada. Esta ley está tratando de reparar eso. El cáñamo sirve para fabricar papel, sustitutivos del plástico, biomasa, textiles, cosméticos y alimentos nutritivos”. 

La senadora por San Juan del Frente de Todos, Cristina López Valverde, contó su experiencia con el aceite de cannabis para mitigar la fibromialgia y planteó la necesidad de avanzar con la reglamentación de los derivados del cannabis. “Es un paso más a la reglamentación del 2020 que permitió que muchas madres dejaran de producir en la clandestinidad, para mejorar la vida de sus hijos. Esta ley busca que no vendamos la materia prima, que hagamos todo el proceso, dar valor agregado a la industria del cannabis. Busca innovar, dar puestos de trabajo y potenciar el mercado interno”, sostuvo la senadora sanjuanina. 

Dentro del arco opositor unos pocos que votaron en contra del proyecto. La primera que lo manifestó fue la cordobesa del PRO, Laura Rodríguez Machado, que planteó sus diferencias: “Necesitamos prioridades para el campo y la producción agraria. Nos prohíben la exportación de carne, nos liquidan la producción de biocombustible, nos meten retenciones y venimos acá a sancionar una ley sobre el cultivo de cannabis, que va a controlar el mismo Ejecutivo que nos prohíbe todas las otras cosas”. A ella se sumó también la mendocina de la UCR, Pamela Verasay, quien planteó que la autoridad de aplicación de la ley deberían ser las provincias. “Con esta ley vamos a estar delegando al Poder Ejecutivo algo que le corresponde a las provincias. Las provincias vamos a tener que pedir autorización para entregar licencias”, sostuvo Verasay. No sucedió lo mismo con los senadores radicales de la Ciudad y de Jujuy, que apoyaron el proyecto. Cabe recordar que en la provincia del norte hay un desarrollo anterior sobre cannabis medicinal, dirigido por Gastón Morales, hijo del gobernador.    

El proyecto llegó al pleno de la Cámara luego de un debate en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, la de Presupuesto y Hacienda y la de Seguridad Interior y Narcotráfico, donde expuso una larga lista de científicos, médicos, ingenieros, científicos, abogados y activistas cannábicos. Muchos de ellos plantearon su apoyo al proyecto de ley y también pedidos para que cambiara la ley de drogas y así  terminar con las detenciones a consumidores y cultivadores.

La nueva norma busca establecer un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico del cannabis, pero a una escala menor. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar sus subproductos, por el momento prohibidos por una ley de la última dictadura. 

El control de toda esta actividad la hará una agencia interministerial, la ARICCAME, y que regulará, fiscalizará, otorgará las autorizaciones para producción, para comercialización internas y para exportación. Estará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, pero en el directorio también estarán los Ministerios de Seguridad, de Agricultura, de Ciencia y Técnica y de Salud. 

Durante su exposición ante las comisiones, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, impulsor del proyecto, explicó que el mercado del cannabis industrial generará derecho a la salud, empleo para cerca de 10.000 personas en el lapso de cuatro años, exportaciones e investigación y desarrollo en todo el país. “Los cálculos conservadores indican que de aquí a 2025 se crearán diez mil nuevos empleos. En un escenario cercano plantea 500 millones de dólares por ventas al mercado interno y 50 millones por exportaciones”.  

En este momento hay 22 iniciativas provinciales y 80 municipales, que implicaron leyes y ordenanzas, vincularon a empresas públicas provinciales, laboratorios públicos, convenios con privados y proyectos de investigación. Para esta última tarea se desarrolló un entramado y tecnológico productivo, que integran la Red de Cannabis y sus usos medicinales (RACME) del CONICET, las Universidades Nacionales, el INTA, el INTI, los diferentes Ministerios y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los proyectos que ya existen se destaca Cannava, la pionera empresa estatal jujeña. Después están Biofábrica, que es un emprendimiento similar en Misiones, el de INTA Castelar, INTA Patagonia Norte y dos en La Rioja y San Juan. Hay emprendimientos mixtos (públicos y privados) como el de la Municipalidad de San Pedro y también privados como Pampa Hemp. A partir de la regulación, es muy probable que el sector privado intervenga de manera más fuerte. 

Congreso en La Rioja para discutir la producción local y el uso de semillas locales

La segunda edición del Congreso Argentino de Cannabis y Salud, un encuentro científico-académico para debatir el uso medicinal de la planta, se realizará en septiembre en La Rioja, con la presentación de grupos de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y México, entre otros países de Latinoamérica.

El espíritu del congreso se centrará en “las utilidades sociales del cannabis y el impulso al desarrollo local”. También se tratará la presentación de variedades locales de cannabis, en el marco de una propuesta para generar protocolos propios de Argentina para reconocer y avalar las cepas autóctonas. “Hasta ahora, para poder tener un cultivo es necesario utilizar una semilla cuya genética pertenezca o esté patentada por alguna empresa internacional, pero los grupos de cultivadores y ahora los equipos de investigación venimos experimentando desde hace años, y consideramos que es momento de empezar a certificar nuestras semillas”, le explicó a Télam el investigador del Conicet y organizador, Darío Andrinolo.

En línea con el fortalecimiento del costado académico del estudio de los usos terapéuticos del cannabis, meses atrás la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de La Plata para el dictado de cursos de capacitación a los profesionales en el marco de la Cátedra Libre “Cannabis y Salud”, de la Facultad de Ciencias Exactas.

AM

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