El intendente de Venado Tuerto y vicepresidente de la UCR santafesina, Leonel Chiarella, fue elegido este viernes como el presidente del Comité Nacional del partido, un cargo en el que sucederá a Martín Lousteau, y afirmó que buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo” del centenario partido.

Leonel Chiarella, de 36 años, sostuvo que durante su gestión buscará “representar de la mejor manera los valores y el trabajo de la UCR. La UCR gobierna 5 provincias, más de 500 intendentes y demostramos en todas nuestras gestiones la eficiencia y que, cuando no hay corrupción, los recursos alcanzan”, añadió.

“Gobernamos y lo hacemos con mucho coraje porque llevamos adelante una lucha contra el narcotráfico”, insistió el dirigente santafesino.

Qué dijo sobre la reforma laboral

Consultado sobre la reforma laboral, Chiarella que trabajará junto a los bloques legislativos de la UCR y anticipó que “hay un sistema que no funcionó, porque hay más trabajadores en la informalidad que en la formalidad”.

“Tiene que haber una modernización laboral y trabajaremos para que estén representadas las pymes, los trabajadores y los pequeños comerciantes”, afirmó.

También sostuvo que “hay cuestiones que el Gobierno plantea con las que estamos de acuerdo, que no tienen que ver con una cuestión ideológica sino con el sentido común: no es idelógico gastar menos de lo que se recauda; que los presos no puedan cometer delitos desde la cárcel y que el Estado acompañe al sector productivo”, ejemplificó.

Cómo fue la elección del joven dirigente

La elección de Leonel Chiarella no contó con el visto bueno de todos los sectores, dado que ni el experimentado Federico Storani ni ningún dirigente de Radicalismo Auténtico integrará el nuevo Comité Nacional.

Desde ese último sector acusan a la nueva conducción de buscar integrarse al armado de Provincias Unidas, que “ya resultó un fiasco electoral en la provincia de Buenos Aires”.

De ese modo, referentes como Storani, Juan José Casella y Luis Cáceres apuntan a consolidar el Radicalismo Auténtico y se mantienen fuera del Comité Nacional.

El joven dirigente radical contó con el apoyo de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Juan Pablo Valdés (Corrientes); de los exmandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy); y del propio Lousteau (líder de la corriente Evolución) y del presidente presidente del Comité bonaerense, Maximiliano Abad.

Al plenario donde Chiarella fue ungido al frente de la UCR no ingresaron los delegados de Mendoza y Chaco, disconformes con la decisión que tomó la mayoría del partido a instancias de una propuesta de Maximiliano Pullaro.

“No entramos al plenario porque no estamos conformes con llevar al partido a Provincias Unidas”, reconoció Alfredo Cornejo.

Quién es Leonel Chiarella

Chiarella es intendente de Venado Tuerto desde 2019, cuando asumió su primer mandato con apenas 30 años. En 2023 fue reelecto con el respaldo del 83% de los votos, consolidando un liderazgo local dentro de la Unión Cívica Radical basado en la gestión fiscal, la obra pública y la seguridad. 

Leonel Chiarella se convirtió este viernes en el presidente más joven en los 134 años de historia del radicalismo. Hasta ahora, el antecedente de menor edad correspondía al cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había accedido a la presidencia del partido con 45 años en 1897.

El santafesino gobierna Venado Tuerto desde hace seis años con superávit fiscal y una política enfocada en la obra pública. Su gestión incluye el desarrollo de una red de jardines para la primera infancia —entre ellos, el único jardín maternal nocturno del país—, centros de salud, políticas culturales y deportivas, y una fuerte articulación público-privada con las principales empresas radicadas en la ciudad.

Al igual que el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, a quien acompaña políticamente desde sus años de estudiante en Rosario, Leonel Chiarella ubicó a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de su gestión. En reiteradas oportunidades sostuvo que “denuncia con nombre y apellido a los responsables del narcotráfico”, problemática que considera uno de los principales desafíos políticos de la Argentina.

En ese marco, impulsó en Venado Tuerto la implementación de los denominados “Buzones de la Vida”, un sistema de denuncias anónimas vinculadas a la venta de estupefacientes y la trata de personas. Además, sus declaraciones en distintos juicios desarrollados en Rosario fueron consideradas relevantes en causas que derivaron en condenas contra organizaciones narcocriminales.

En 2025, durante un encuentro realizado en Panamá, fue seleccionado como uno de los alcaldes más innovadores de América Latina por la Red de Innovación Local, que destacó su liderazgo en innovación y el uso de tecnología aplicada a la gestión municipal.

Bajo su administración, Venado Tuerto fue certificada como Ciudad Eficiente, convirtiéndose en la primera de Santa Fe y la quinta del país en alcanzar esa distinción, en reconocimiento a políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo.

Leonel Chiarella puso fin en 2019 a más de dos décadas de gobiernos justicialistas en Venado Tuerto. Durante su primer mandato, la gestión fue reconocida por el fortalecimiento de la seguridad, la mejora de la infraestructura urbana mediante planes de pavimentación y la instalación de luminarias LED, así como por el apoyo a emprendedores, la capacitación en oficios y el impulso a la actividad cultural.

Abogado, graduado en 2014 en la Universidad Nacional de Rosario, nació el 18 de diciembre de 1988. Inició su militancia política a los 15 años en la Escuela de Educación Técnica N° 483 “El Industrial” de Venado Tuerto, donde participó en la creación del Centro de Estudiantes, que presidió en 2006. También se incorporó tempranamente a la Juventud Radical.

Radicado en Rosario para cursar la carrera de Derecho, militó en la Agrupación Estudiantil 1983, fue miembro del consejo directivo de su facultad y se desempeñó durante cuatro años como ayudante de cátedra en Derecho Constitucional I y II. En paralelo, participó en diversas organizaciones no gubernamentales.

Tras regresar a Venado Tuerto con su título de abogado, fue electo concejal en 2015, cargo que ocupó hasta 2019. Su desempeño en el Concejo Municipal se caracterizó por la cercanía con los vecinos, el énfasis en la transparencia y la lucha contra el delito. Ese recorrido político allanó el camino para su elección como intendente en 2019, convirtiéndose en el jefe comunal más joven en la historia de la ciudad y, actualmente, en el más joven de la provincia de Santa Fe.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Diputados nacionales de la UCR encabezados por el mendocino Lisandro Nieri presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en la República Argentina.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.

El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.

El proyecto contempla garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado.

También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Además, incorpora reformas al Código Penal que otorgan seguridad jurídica a los profesionales intervinientes, suprimiendo la responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la ley, al tiempo que se sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá, que regulan la muerte médicamente asistida dentro de marcos éticos y legales rigurosos.

“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, afirmó Lisandro Nieri.

“Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical.

“Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, destacó el mendocino.

Acompañan el proyecto de Lisandro Nieri los diputados nacionales de la UCR Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.

El radicalismo afrontará un fuerte debate para elegir en diciembre al reemplazante de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR, donde se perfilan como fuertes candidatos los gobernadores Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, de Corrientes y Mendoza, respectivamente, que ganaron en sus provincias.

La elección de autoridades, que vence el 15 de diciembre, se efectuará en medio de la peor debacle del radicalismo, cuyo bloque en diputados quedará reducido de 14 a 6 diputados, y en el Senado de 13 a 9 legisladores.

Según informaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas, debe haber un acuerdo para que se trabaje en forma consensuada entre la conducción de la UCR y los bloques parlamentarias.

Durante la presidencia de Martín Lousteau, en la mayoría de las ocasiones las votaciones del dirigente fueron en forma diferenciada de sus compañeros de bancada, que respondían las directivas de sus gobernadores para respaldar al Gobierno nacional.

Valdes afirmó este jueves que la conducción de Martín Lousteau al frente de la UCR “fue a contrapierna porque la mayoría del radicalismo tenía una visión diferente de la del presidente del partido”.

“Si no tenemos un proyecto nacional, va a ser difícil que nosotros podamos tener nitidez en un electorado que busca claridad. Me parece que el radicalismo tiene que trabajar mucho para recuperar su vocación de poder y recuperar sus principios como partido nacional”, dijo Valdés.

Por ese motivo serán clave las negociaciones para reemplazar a Martín Lousteau, en unas conversaciones que tendrán impacto directo en la Cámara de Diputados, donde se pretende incorporar a los radicales que integran los bloques Democracia para Siempre y la Liga del Interior.

Uno de los puntos que plantean algunos radicales es que debe haber un acuerdo para que los diputados que responden a Valdes y el gobernador jujeño Carlos Sadir vuelvan al redil del bloque radical para alcanzar una bancada de al menos 10 legisladores.

El bloque radical tendrá 6 diputados en diciembre y los radicales “con peluca” de Liga del Interior serán 3: dos jujeños que responden a Sadir y un correntino con línea directa con Valdes.

El bloque de la UCR está conformado por la bonaerense Karina Banfi; los mendocinos Lisandro Nieri y los chaqueños Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini, además del entrerriano Darío Schneider.

Los legisladores jujeños radicales son Jorge Rizzotti y Maria Ines Zigaran, y el correntino Diogenes González, mientras que los diputados de Liga del Interior con mandato vigente son Luis Picat, Mariano Campero y José Tournier.

En esa lista no se incluye a Lousteau; a la porteña Mariela Coletta, que podría ir a Provincias Unidas; ni al bonaerense Pablo Juliano, quien aún no definió qué postura asumirá.

Pero para que haya una reunificación será clave quién conduzca la bancada radical, ya que deberá contener los diferentes perfiles que convivirán en esa bancada.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La segunda es la vencida. O al menos así lo espera la oposición, que el miércoles pasado tuvo que resignarse frente al muro de silencio que impuso Guillermo Francos sobre el caso $LIBRA en la presentación de su informe de gestión al Congreso. La excusa era que la semana siguiente respondería a todas las inquisiciones sobre el criptoescándalo que sacude el corazón del gobierno libertario. Ese momento se avecina: mañana el jefe de Gabinete volverá a visitar la Cámara de Diputados para asistir a la interpelación opositora, en la que deberá explicar cuál es la relación entre Javier Milei y la presunta estafa que se disparó el 14 de febrero pasado a partir de un tuit.

En la sesión de principios de abril la Cámara de Diputados aprobó la interpelación de cuatro funcionarios por el criptogate: Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y el director de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. No fue fácil para la oposición conseguir el número para abrir la sesión y, ahora, todas las fichas están puestas en la visita de los funcionarios. 

Si bien se espera que vayan solo Francos y Cúneo Libarona, la oposición apuesta todo a este intercambio. Hace casi 30 años que no hay una interpelación a un funcionario en la Cámara de Diputados: la última fue en el 95’ a Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, quien había sido convocado para hablar de la privatización del Correo y terminó hablando durante más de 10 horas en un discurso que terminaría llegando a la Corte Suprema por haber acusado a Alfredo Yabrán de ser “el jefe de la mafia”. 

Será una oportunidad única para que el Congreso pueda ahondar con precisión sobre los detalles de la relación de los hermanos Milei con el empresariado cripto que entró y salió de Casa Rosada casi una decena de veces previo a la disparada y derrumbe de la criptomoneda. Será una sesión distinta a los informes de gestión clásicos del Jefe de Gabinete: en esta ocasión, el objetivo de la oposición es que haya menos oradores y se sintetice en unos pocos el ida y vuelta de las preguntas y repreguntas. 

La expectativa es alta, dado que Francos y Cúneo deberán asumir la defensa oficial del Presidente atentos a que cualquier cosa que digan podrá después ser tomada en la causa judicial que está tramitando la jueza María Servini. El jefe de Gabinete dedicó el fin de semana a estudiar el caso, valiéndose de las mismas preguntas que habían enviado los diputados en ocasión de la sesión informativa (y que Francos nunca respondió bajo la excusa que lo haría en la interpelación del martes 22). 

El ministro de Justicia, mientras tanto, deberá dar cuenta del trabajo realizado por la Unidad de Investigación que creó el Presidente poco después de que se desatara el escándalo. La oposición buscará cuestionarlo, a su vez, por las declaraciones del propio Milei durante la entrevista que hizo Jonatan Viale en TN, en la que deslizó que Cúneo Libarona podría estar al frente de la causa judicial que lo investiga. Fue el famoso momento en el que Santiago Caputo interrumpe la nota para advertirle a Milei que decir eso podía perjudicarlo —ya que es ilegal que el ministro sea su abogado— y que se terminó eliminado de la transmisión oficial. 

La oposición esperaba que Silva también asistiera, dado que es quien podría dar una explicación más técnica sobre la circulación de criptoactivos en el país. Sin embargo, desde el Gobierno anticipan que, al no ser un ministro, Silva no está obligado a ir. 

Distinto es el caso de Caputo, que sí es ministro pero que desde Casa Rosada anticipan que tampoco cumplirá con la interpelación. El ministro de Economía viene esquivando ir al Congreso desde el debate por el Presupuesto 2025, que terminó empatanándose cuando Milei decidió prorrogar el de 2023. Caputo tampoco fue al Congreso a dar explicaciones por el nuevo acuerdo con el FMI y es poco probable que lo haga el martes. 

Si no va, el peronismo analiza pedirle el juicio político.

Parálisis en la comisión investigadora

La interpelación no será el único acontecimiento de la semana. El miércoles, un día después, se reunirá por primera vez la comisión investigadora del caso $LIBRA. Sin embargo, la comisión pasó de ser la atracción principal, la gran apuesta de la oposición, a una interminable fuente de frustraciones. Esto es así porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó a cabo una serie de maniobras destinadas a quitarle el control a la oposición. 

El riojano demostró que prefería modificar todo el ecosistema político de la Cámara de Diputados, rompiendo bloques aliados y armando interbloques oficialistas, antes de arriesgarse a que la oposición pudiera hacerse con una mayoría en la comisión. Fue una maniobra de gran escala y terminó afectando a todas las bancadas que componen la Cámara.

Primero, unió al PRO con el MID para conseguir dos sillas más en la comisión. Luego, convirtió a su propia bancada en un interbloque para sumar una aliada y, con ella, dos lugares más. Rompió el bloque radical de Rodrigo de Loredo, fiel aliado del Gobierno, y mandó a los radicales más mileístas, como Mariano Campero o Francisco Monti, a armar un bloque aparte y anotarse así dos lugares más para el Gobierno. 

Le negó, a su vez, un lugar a la izquierda, que estaba atravesando la rotación anual de bancas: Mónica Schlotthauer había renunciado y, antes de que Vilma Ripoll pudiera reemplazarla, Menem cerró la conformación de la comisión como si el FIT tuviera solo 4 integrantes (lo que le quitaba la posibilidad de una silla). Tuvo que salir en su ayuda Unión por la Patria, que “cedió” dos diputadas, Julia Strada y Mónica Macha, para que fueran a armar un interbloque con la izquierda y, así, garantizarles un lugar en la comisión. 

La paridad de la comisión, de momento, es absoluta: 14 de la mutlipartidaria opositora —que engloba al peronismo de UxP, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda— y 14 del oficialismo. Este último grupo engloba sectores disímiles, con La Libertad Avanza y el PRO, pero también la UCR de De Loredo, el nuevo radicalismo oficialista de “los peluca” y los provinciales. 

De no superarse el empate, la comisión quedará paralizada y no podrá ni designar sus autoridades. Mucho menos aprobar oficios, pedir pruebas o citar testigos. Para todo necesita de una mayoría. 

La oposición baraja dos estrategias para destrabarla. El pichettismo apuesta a convencer a algunos de los “oficialistas” no tan oficialistas —como los provinciales o los radicales enojados con Menem por haberles roto el bloque— de designar a un presidente de “centro” que no juegue tan abiertamente para ninguno de los dos bandos. Se proponen, así, a sí mismos: o Nicolás Massot o Oscar Agost Carreño. O, si fuera imposible, a los lilitos de la CC.

El peronismo, en cambio, pretende forzar una interpretación del reglamento de la comisión que inhabilite los toqueteos de Menem a los bloques. Para eso necesitará de una mayoría en el recinto, por lo que algunos diputados proponen aprovechar la sesión por la interpelación de los funcionarios para resolver la situación de la comisión. La apuesta, sin embargo, es difícil: no saben si tendrán la mayoría y los últimos movimientos de Menem les revelaron que, cuando creían avanzar, las negras les mostraban que también jugaban.

MC/DTC

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por amplia mayoría la suspensión de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, impulsada por el oficialismo provincial y respaldada por los principales bloques opositores, fue avalada con más de dos tercios de los votos y ahora deberá ser refrendada por la Cámara de Diputados, algo que se descuenta porque hay un consenso generalizado al respecto.

De concretarse la suspensión, los bonaerenses votarán el 7 de septiembre para cargos legislativos, provinciales y municipales, y el 26 de octubre para los comicios nacionales, en línea con la decisión del gobernador Axel Kicillof, quien había defendido esta propuesta el pasado 5 de marzo durante la Asamblea Legislativa y la ratificó la semana pasada, contra la pretensión de Cristina Fernández de Kirchner, que mandó a sus voceros a presionar al mandatario, con quien está enfrentada, a avisarle que si no hacía coincidir las fechas de ambos comicios ella podría ser candidata a legisladora provincial. Una amenaza ante cualquier movimiento que realice Kicillof en el marco de su propio proyecto político.

El respaldo opositor a la medida se sustentó en el argumento de la reducción del gasto público, al evitar los costos asociados a una jornada electoral adicional. Desde el kirchnerismo, la senadora Teresa García fue la voz que explicó la posición del sector: aunque cuestionó el desdoblamiento y defendió la idea de elecciones concurrentes, reconoció la “inteligencia política” de Fernández de Kirchner al ordenar el acompañamiento del proyecto del Ejecutivo provincial.

“El presidente Javier Milei desordenó el esquema electoral”, lanzó García durante su intervención en la sesión. En su crítica, señaló que la ruptura de la simultaneidad entre elecciones nacionales y provinciales generó incertidumbre y que, en este contexto de crisis, lo mejor habría sido “una única elección que concentrara los esfuerzos económicos y políticos”.

El argumento de Kicillof para decidir que la votación de cargos locales se haga un mes y medio antes que las nacionales es exactamente al revés: que si se votara el mismo día sería un proceso caótico, ya que los electores deberán elegir con boleta única los cargos nacionales y con la boleta partidaria (la de siempre), los provinciales y municipales. De todos modos, Teresa García aclaró que la prioridad es evitar más debates estériles frente a una ciudadanía golpeada por la situación económica.

Los libertarios también dieron su aval al proyecto y tiene lógica: en el ámbito nacional, el gobierno de Javier Milei impulsó directamente la eliminación de la PASO del Código Nacional Electoral. Al final esa pretensión de máxima no prosperó y en el Congreso la mayoría coincidió en una salida intermedia, es decir la suspensión por este año electoral.

La aprobación fue posible gracias al quórum alcanzado con la presencia de 44 legisladores en el recinto y dos conectados de manera virtual. En paralelo, Fernández de Kirchner se pronunció públicamente y confirmó el retiro de su proyecto de elecciones concurrentes, el mecanismo que buscaba combinar el ahorro económico con una elección unificada en todo el territorio nacional y provincial. En un extenso mensaje en X, la expresidenta explicó su desacuerdo con el desdoblamiento, pero instruyó a sus legisladores a acompañar la propuesta del gobernador: “No más estas discusiones cuando a la gente le están pasando otras cosas”, escribió, en el afán de marcar el cierre de una disputa interna, que en rigor de verdad continúa, aún sin señales de que ambos bandos, el kirchnerismo y el axelismo, acuerden una oferta electoral de unidad.

JJD

El Gobierno llega a su Día D con helicópteros sobrevolando el Congreso y un estado de alerta generalizado sobre lo que ocurrirá en la calle cuando el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich vuelva a chocar con la manifestación en defensa de los jubilados. Puertas adentro, sin embargo, Martín Menem no está nervioso: está confiado en que tiene los votos para aprobar la ley más importante de Javier Milei este año. Es decir, la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI. 

Apenas pasadas las 10 de este miércoles, el riojano pudo respirar tranquilo: el oficialismo consiguió el quórum para abrir la sesión la ayuda de los opositores aliados. Fueron 131 legisladores sentados en sus bancas, entre libertarios, del PRO, la UCR, Miguel Ángel Pichetto y los espacios que responden a gobernadores.

La sesión bordeó el escándalo al comienzo, con fuertes cruces entre los opositores más duros y Menem. “Quedate a laburar. ¿Quién te crees que sos?”, lo increpó el jefe de UP, Germán Martínez, cuando el riojano apuró la votación de un plan de labor corto para que se vote a las 16. “No me jodas”, le dedicó la también peronista Vanesa Siley. “No me pelotudees”, le dijo la trotskista Vanina Biasi. Otro fue el show que protagonizó el libertario Lisandro Almirón, que se paró a los gritos para pedirle disculpas a Oscar Zago por las trompadas de la semana pasada: “¿Querés que te dé un pico?”, cerró.

Menem vivió un momento por demás incómodo cuando Martínez reveló un audio que el riojano le envió al bloque de La Libertad Avanza para aconsejar a que los libertarios interrumpan la sesión con cuestiones de privilegio y llamen a votar temprano. Menem rápidamente corrió la sesión a otro lado y le cortó el micrófono al peronista.

La previa a la sesión

Ya Menem había estado incómodo tan solo 12 horas antes porque el panorama interno en las filas de LLA había sido otro. Ayer por la tarde el jefe de la Cámara baja caminaba nervioso junto al vicejefe de Gabinete José Rolandi por los pasillos del Senado, en donde se estaba debatiendo el DNU del acuerdo con el FMI en la Bicameral de Trámite Legislativo. El oficialismo había comenzado el día sin saber si tendría el número para dictaminar el DNU y el Gobierno había enviado a la caballería a convencer a un senador, el formoseño Francisco Paoltroni, de que pusiera su firma.

Si este miércoles el Gobierno se muestra ilusionado con ratificar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados es porque, horas antes, los funcionarios del Gobierno tuvieron que transpirar para poder dejar el camino allanado en la Bicameral de DNU. No fue fácil. Paoltroni se hizo desear y recién después de varias conversaciones y reuniones de pasillo con Rolandi, Menem y Gabriel Bornoroni atinó a estampar su firma en un dictamen de rechazo. Su firma era clave porque La Libertad Avanza, sin ella, no alcanzaba a tener la mitad más uno de las firmas de la comisión bicameral: necesitaban su firma —aunque fuera de rechazo— para poder habilitar la sesión del miércoles. Sin dictamen, el oficialismo necesitaría los dos tercios del recinto para aprobar el DNU: un número imposible de conseguir. 

Finalmente, el oficialismo consiguió las nueve firmas. Colaboraron el PRO —el diputado Diego Santilli y Luis Juez—, la UCR —el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann—, el propio oficialismo —el diputado Lisandro Almirón y el senador Juan Carlos Pagotto— y el peronista “Camau” Espínola. Paltroni, al final, también colaboró, pero no fue el único exlibertario enemistado con el “entorno” de Javier Milei que terminó respaldando el acuerdo: también lo hizo Oscar Zago.

Zago fue uno de los protagonistas de la jornada. El diputado del MID pasó, en menos de unos días, de pelearse casi a las trompadas con Almirón en el recinto a ser electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo. Con el voto, incluso, del mismo Almirón. “Ante todo está la República y el presidente Javier Milei. Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó el correntino, al momento de expedir su voto. Hubo risas irónicas y aplausos en las filas del peronismo, y más de un dirigente del oficialismo admitiría que temió hasta el final por el voto de Almirón. “Ya son amigos”, sonrió, satírico, un peso pesado de LLA.

La llegada de Zago a la presidencia había sido el otro escollo que el oficialismo había tenido que resolver, torpemente y a las apuradas, en la previa de la sesión del miércoles. Como anticipó elDiarioAR, LLA había convocado la reunión de comisión sin tener resueltas las autoridades de la Bicameral: un detalle técnico que, cuando se reunió la comisión el martes, casi termina en que el acuerdo con el FMI explote por los aires. 

Fue casi un sketch cómico: bajo la incrédula imágen de los funcionarios del Gobierno que habían asistido a la Bicameral a exponer sobre el acuerdo con el FMI, Pagotto se rehusó a levantarse de la silla de la presidencia, a pesar de que el lugar le correspondía, con el cambio de año, a un diputado. Durante casi una hora y media, Carolina Gaillard y Anabel Fernández Sagasti (UxP) emprendieron una batalla campal para forzar que Pagotto se retirase y votar las nuevas autoridades. El PRO y LLA intentaron defender su lugar —Menem incluso se metió en el medio de la reunión para mediar—, pero no había número: Nicolás Massot y Paoltroni acompañaban a UxP y se daba un empate.

UxP proponía la candidatura de Massot, en línea con conversaciones que ya había tenido con el propio Zago. El diputado del MID, sin embargo, defendió el lugar de Pagotto, así que se optó por una solución salomónica: a propuesta del oficialismo, Zago sería el presidente de la Bicameral. UxP se abstuvo, atento a una negociación previa que habían tenido con Zago: saben que votará a favor del acuerdo con el FMI, pero esperan que, a futuro, haga trabajar la Bicameral para tratar el resto de los DNU de Milei que es esa comisión duermen el sueño de los justos.

Solucionados los dos cabos sueltos —Zago y Paoltroni, dos exlibertarios ofendidos con el triángulo de hierro—, el Gobierno logró allanar el camino para el miércoles. 

Los votos de Milei para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI

Anres de la sesión, en el bloque libertario se repetía una premisa, casi un lugar común: “Si sacamos dictamen el recinto está asegurado”. Esta confianza para ratificar el DNU del nuevo acuerdo parte de un pilar: el respaldo de los gobernadores. Con ellos y los aliados del PRO y la UCR, en LLA calculaban que tendrían al menos 140 votos a favor.

Pero no eran sólo los gobernadores. En los pasillos de la Cámara de Diputados predominaban las críticas a las “formas” —es decir, que el Gobierno hubiese enviado un DNU y no un proyecto de ley, tal como exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una norma que tiene plena vigencia—, pero solo como preludio para una confesión: el reconocimiento implícito de que no había espacio para voltear un acuerdo con el FMI. Los diputados señalaban el temblor de los mercados financieros, con la suba del dólar y del riesgo país, e insistían en que no había margen para hacer otra cosa que ratificar el DNU.

Lo sostenían los radicales de Rodrigo de Loredo, pero también algunos de Democracia Para Siempre. Lo señalaban los lilitos de la Coalición Cívica y una mayoría del pichettismo de Encuentro Federal. Y lo remarcaban, con más énfasis que cualquiera, los dirigentes del PRO. “Si le votamos al kirchnerismo, ¿cómo no vamos a acompañar a Milei?”, reflexionaba un peso pesado del partido amarillo.

El oficialismo se había hecho de una importante mayoría que prometía blindar el acuerdo, pero del otro lado había un último escollo: el rechazo de Unión por la Patria y la amenaza latente del peronismo de no reconocer un acuerdo con el FMI que fuera vía DNU. Tarde a la noche, el PJ Nacional, reunido de emergencia a pedido de Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado cuestionando el endeudamiento: “Los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179 le estarían confiriendo a Javier Milei las ‘facultades extraordinarias’ que son fulminados por nulidad insanable y absoluta”, advirtió. 

El PJ de CFK lanzaba, así, un último mensaje con un único receptor: el mismo FMI. UxP votará en contra del acuerdo con el FMI —aunque se espera que los catamarqueños de Raúl Jalil acompañen— y comenzará a trabajar en la judicialización apenas sea aprobado en la Cámara de Diputados.

MC/JJD/MC

Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

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Es el punto de partida para un nuevo Cambiemos. Pero también es una demostración de la fuerza de poder territorial con la que Javier Milei podría ganar la Provincia de Buenos Aires. Es la semilla de una alternativa que le haga frente, al mismo tiempo, a Axel Kicillof y a La Libertad Avanza. Pero también es el testimonio de la potencia de una alianza que podría arrebatarle, junto a LLA, el control de la Provincia al peronismo. La cumbre de más de 500 dirigentes radicales y PRO estaba prevista para este lunes, pero finalmente se pospuso para la semana próximo a partir de la tragedia en Bahía Blanca por el temporal. La reunión es muchas cosas, pero fundamentalmente es una: un mensaje teledirigido a Casa Rosada de que, si quiere, tiene casi un centenar de municipios dispuestos a hacer campaña por Milei. 

No todos tienen, sin embargo, la misma interpretación. El encuentro en La Plata, tierra de Julio Garro, es organizado por Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Abad (UCR) y Néstor Grindetti, el histórico operador de Mauricio Macri que, después de 20 años de lealtad partidaria, pegó un furioso portazo del PRO y comenzó a coquetear con las Fuerzas del Cielo. La génesis de la idea había sido de Mauricio Macri, que tiene la fantasía de reeditar Juntos por el Cambio frente a la sangría de dirigentes propios. Ritondo y el grupo de los acuerdistas del PRO, sin embargo, le secuestraron la iniciativa y le introdujeron un nuevo contenido.

“Acá hay una sola interpretación posible. Esto es una reunión de nosotros con el radicalismo acuerdista para mostrar que estamos abiertos a una alianza con La Libertad Avanza”, grafica uno de los organizadores del encuentro, como para que no queden dudas. Es el mismo mensaje que uno de los alfiles acuerdistas del PRO le dejó al triángulo de hierro: “Esto no es contra LLA, sino un encuentro de todos los que estamos por el cambio y queremos un acuerdo”.

El mensaje que le llegó a la Casa Rosada, sin embargo, no es el mismo que trabajan los radicales, que todavía quieren dejar abierta la puerta a un revival del Cambiemos que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación en 2015. “Un Cambiemos reloaded, con caras nuevas. Una nueva temporada”, ironiza una radical bonaerense del riñón de Abad. Para la UCR, una alianza con el PRO en la Provincia de Buenos Aires les permitiría presentarse como alternativa a Axel Kicillof en 2027 por fuera del gobierno libertario, que no saben cómo quedará parado dentro de un par de años. 

El objetivo, explican en el radicalismo, es demostrar que el PRO y la UCR vienen trabajando en PBA como si nunca se hubiera roto JxC. Mostrarle a la ciudadanía que hay intendentes, concejales y legisladores del radicalismo y del PRO que vienen trabajando codo a codo, más allá de las disputas nacionales, y que pueden presentarse “como una alternativa de gobierno, no solo de oposición”. Los intendentes radicales, explican, no están deseosos de pintarse de violeta, por lo que hay que analizar una salida intermedia que les permita sortear la grieta peronismo-Milei. 

El radicalismo abadista, que preside Miguel Fernández, busca, a su vez, posicionarse frente a sus dos extremos minoritarios. Los radicales con peluca, por un lado, y el radicalismo crítico de Facundo Manes y Martín Lousteau, por el otro. A “los peluca” —como ya todos nombran al grupo que integran Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi y Francisco Monti— no los pueden ni ver. Los llaman “radicales $LIBRA”: “Porque son una estafa”. Los consideran libertarios que negocian con el número de la UCR, que no les responde.

El caso de la interna con la línea Manes-Lousteau es más delicada, ya que este sector tiene presencia y número en PBA y pretende competir en las elecciones. Saben que los intendentes se reisten a un acuerdo con LLA y cuentan con su presencia territorial, que buscarán poner en juego en las legislativas de este año. No lo harán solos: el objetivo del radicalismo díscolo encabezado por Manes y Lousteau es armar una alianza con Emilio Monzó y parte del peronismo federal, así como con Margarita Stolbizer y la Coalición Cívica, para presentar una alternativa moderada de centro. 

Y si el centro está tomado por sus competidores internos, el radicalismo abadista se queda sin representación. A eso apuesta el PRO acuerdista, que sospecha que, tarde o temprano, la UCR se sumará a un acuerdo con LLA igual que ellos. “Los radicales son como los gatos, son asustadizos. Los tenes que ir llevando de a poco”, ironiza un armador del PRO bonaerense. 

Los primos Macri vs el PRO

En el PRO, sin embargo, también tiene su propia interna, en la que (des)conviven dos sectores claramente delineados. Por un lado están los primos Macri, Mauricio y Jorge, jefe de Gobierno porteño. Son una minoría dentro del PRO, pero cuentan con la presidencia y el liderazgo de Mauricio que, cuando las papas queman, desliza que está dispuesto a ir como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires. No quiere, no le gusta el Congreso, pero si las encuestas le dan bien y el acuerdo con LLA termina desinflándose, el expresidente de la Nación está dispuesto a competir para ayudar a retener el control de la Ciudad. 

A Macri lo rodean unos pocos leales, como su exsecretario (hoy legislador) Darío Nieto, Fernando de Andreis y Guillermo Dietrich. En el Congreso le quedan unas pocas figuras, como Silvia Lospennato o María Eugenia Vidal, que se sumará a la campaña de Jorge Macri en la Ciudad. El bonaerense Martín Yeza, exintendente de Pinamar, y el santiagueño Facundo Pérez Carletti son, mientras tanto, los encargados de buscar “caras nuevas” para relanzar el PRO: son quienes organizaron la cumbre sub-40 en la quinta de Jorge Triaca que terminó siendo duramente cuestionada por varios dirigentes del partido. 

Los Macri, a contramano de lo que le reclaman en el resto del partido —un acuerdo, cualquier acuerdo, con LLA para no desaparecer políticamente— se resisten a entregarle a Karina Milei las llaves del partido. El que no quiere cerrar un acuerdo con el PRO, insiste Macri, es LLA. “No podemos esperar a que el entorno de Milei se decida, hay que prepararse para ir solos”, repite el exmandatario en las (escasas) reuniones políticas que encabeza. La última fue un asado en lo de Triaca, en donde convocó a las autoridades del PRO de todos los distritos e insistió en su frase de cabecera: “Vamos con nuestros valores o vamos solos”.

El resto del PRO, sin embargo, observa que Macri tiene solo un interés: blindar la Capital Federal de la ola libertaria. El resto del país, se quejan, no le interesa. “La Ciudad y la hidrovía, los dos negocios, es lo único que le interesa a Mauricio”, masculla, irritado, un dirigente del PRO.

Este sector mayoritario del PRO, encabezado por figuras como Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro o Alejandro Finocchiaro, es quien estará organizando el acto. Consideran que el acuerdo con LLA es inevitable, ya que la alternativa —jugar solos— es la desaparición política. A este sector no lo asusta ni la designación de jueces de la Corte por decreto ni el escándalo $LIBRA ni las operaciones de Sebastián Pareja, operador bonaerense de Karina: están convencidos de que el PRO y LLA, naturalmente terminarán confluyendo juntos. 

Están confiados de que el Gobierno los necesita tanto como ellos al Gobierno. Y que con Macri o sin Macri cerrarán una lista unificada. El objetivo, eso sí, es hacerlo con el mayor peso específico para negociar, y ahí entra el radicalismo acuerdista. Hay algunos, como Santilli, que no participarían, alegando discrepancias con participar de un frente que podría ser considerado como “anti-Milei”. Los organizadores del PRO, sin embargo, buscaron bajarle el tono. “Son viejas rencillas con Grindetti”, matizan en el armado del encuentro. 

El encuentro será, pese a las distintas interpretaciones, una muestra del número que el PRO acuerdista puede sumar a las Fuerzas del Cielo. A la mayoría no le importa el nombre o la etiqueta. “Se quejan de la marca PRO y en 2013, cuando negociamos con Massa, nos desconoció y nos pidió que ni participasemos de las actividades de campaña. Vamos, que si íbamos juntos al cabaret no nos podemos escandalizar ahora”, sintetiza un dirigente amarillo.

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Irritados, desconfiados y al borde de la ruptura: así quedó el radicalismo en el Senado luego de la voltereta legislativa protagonizada por su jefe de bloque, Eduardo Vischi, en la votación por la conformación de la comisión investigadora del caso $Libra. El rescate apurado de los gobernadores radicales a Javier Milei en la última sesión terminó de hacer mella en un partido que, acostumbrado al internismo, se rebela ante la perspectiva de la anarquía. “Acá nadie quiere hacer terrorismo, pero nadie ordena. No puede ser gratis lo que pasó”, mascullan los radicales que, enojados con el correntino, empiezan a coquetear con la idea de la ruptura.

El problema fue la exposición y la falta de coordinación. No era la primera vez que Santiago Caputo y Guillermo Francos levantaban el teléfono para presionar a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Alfredo Cornejo (Mendoza) para desactivar una avanzada opositora. El 911 a los gobernadores radicales se había convertido en la herramienta predilecta del Ejecutivo, pero esta vez quien había quedado con los dedos marcados no había sido el oficialismo, negociando a contrarreloj para disimular su minoría, sino el radicalismo, que a partir de dos llamados había torcido su postura para blindar a Milei. El proyecto era del radicalismo y era el radicalismo quien sufría el escarnio público por haber torcido su voto. 

Y el culpable de este estigma, ante los ojos de sus compañeros de bloque, era solo uno: Eduardo “Peteco” Vischi. Había sido Vischi quien no había anticipado la presión a los gobernadores y había firmado, pese a ser su representante directo en el bloque, el proyecto que luego rechazaría. Había sido Vischi quien había asegurado que no darían quórum para no generar divisiones internas y, luego, cayó a la reunión de bloque con el presidente de LLA, Ezequiel Atauche, a intentar convencerlos de acompañar la propuesta oficialista de discutir la creación de la comisión en una comisión del Senado. Es decir, la comisión de la comisión. 

“¿Pero se comprometen a presentar un proyecto después?”, le preguntó, entonces, el fueguino Pablo Blanco. Atauche amagó con que sí, con que tal vez, pero en el bloque no le creyeron. Fue así que los senadores rechazaron la propuesta -aunque no todos, algunos como el chaqueño Víctor Zimmermann venían advirtiendo que no podían en contra de los deseos del Ejecutivo- y Vischi, para cerrar, dio por finalizada la discusión. En el recinto, sin embargo, encabezó una maniobra que, luego, muchos de sus compañeros de bloque calificarían de sospechosa: votar a favor del tratamiento sobre tablas del tema y, luego, votar en contra del proyecto de creación de la comisión. Esto imposibilitaba volver a tratar cualquier iniciativa similar -incluso la propuesta del oficialismo- y muchos senadores interpretaron la maniobra como una trampa. 

“Nos mintió dos veces”, resume, irritado, un senador radical. La crítica, sin embargo, no se limitaba a la maniobra de la comisión investigadora, sino a otro hecho previo: el acompañamiento del pliego de Ariel Lijo. Pese a la decisión de la UCR de no acompañar la candidatura del juez federal, Vischi, a pedido del gobernador Valdés, había colaborado con su firma en el dictamen. A sus compañeros de bloque, sin embargo, les aseguró que no lo había hecho: una mentira que duró hasta que se oficializó el pliego y el resto de los senadores radicales pudieron ver su firma en el dictamen. La única firma radical en el pliego de Lijo.

Cuando lo acorralaron, Vischi se limitó a responder: “Pensé que no se iba a tratar el pliego”.

Un radicalismo dividido

Los cañones apuntan, ahora, contra Vischi, pero las repercusiones podrían derivar en una ruptura del bloque. La posibilidad de un quiebre dentro de un bloque que está dividido en dos grandes sectores —uno lealmente oficialista y otro (aunque minoritario) duramente opositor— es una constante en la UCR: la posibilidad siempre está ahí presente. En los últimos días, sin embargo, el runrún de la ruptura se hizo más fuerte que nunca.

Son dos alas. Una, la más mileísta, funciona como una suerte de paraoficialismo y está integrada por todos aquellos senadores que responden a los gobernadores. Son los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; el santafesino Eduardo Galaretto y, muchas veces, su coterránea Carolina Losada; son la correntina Mercedes Valenzuela y, claro, el propio Vischi. También Zimmerman y la entrerriana que responde a Rogelio Frigerio, Stella Maris Olalla. La mayoría de ellos votó en contra de la comisión investigadora.

En la vereda del frente, mientras tanto, están Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Blanco: el trío opositor más duro al Gobierno. Aunque con matices. Mientras que Lousteau tiene una mayor autonomía a la hora de diferenciarse del Gobierno -pese a ser el presidente de la UCR-, Abad debe lidiar con la posibilidad de un acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires con LLA. El pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama, en cambio, son dos senadores que van boyando entre ambos sectores.

Esta división interna, admiten muchos radicales, no tardará en explotar. La actitud de Vischi, en este sentido, no hará sino acelerar el proceso. “Vamos a evitar que se rompa, pero para eso algunas cosas tienen que cambiar”, desliza un senador radical que pone en duda, como la mayoría, de la continuidad de Vischi.

Hay una frase que se repite en el bloque: “Hay que repensar los equilibrios internos”. Un eufemismo que refiere a la salida de Vischi, el protegido del Ejecutivo, pero también a la relación de fuerzas interna del radicalismo. En Diputados, el año pasado, estas diferencias internas derivaron en la ruptura del bloque que presidía Rodrigo de Loredo. Fue el primer anticipo de la crisis que atraviesa al partido frente a las elecciones de 2025 y las alianzas que un sector de la UCR está dispuesta a sellar con LLA para no desaparecer del mapa político. El Senado, esperan sus integrantes, será distinto.

Pero una cosa es segura, y un senador peronista la resume así: “Hubo dos muertes violentas en la historia del Senado. Una fue la de Enzo Bordabehere (compañero de Lisandro de la Torre asesinado durante una sesión), la otra es la de Vischi”.

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El Gobierno transpiró hasta último momento, pero finalmente lo logró: con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, sancionó la suspensión de las PASO para 2025. Fue así que, con votos peronistas, radicales y PRO, Javier Milei logró anotarse un triunfo político en medio del criptoescándalo que derrama sobre los tres vértices del triángulo de hierro. Tuvo, incluso, una victoria doble, ya que además de sancionar sus leyes, el oficialismo logró desactivar la creación de una comisión que investigue la responsabilidad de Milei en el escándalo $Libra. Tuvo, para ello, ayuda de un sector del radicalismo.

Fue una de cal y otra de arena. Para poder conseguir quórum, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, tuvo que ceder a las presiones del bloque radical y bajar la sesión del viernes para tratar el pliego de Ariel Lijo. No fue difícil convencerlo: mientras que el proyecto de suspensión de las PASO tenía el número asegurado, el pliego de Lijo era una moneda en el aire. Cristina Fernández de Kirchner le había bajado el pulgar a su candidatura y, sin sus votos, el Gobierno difícilmente podía hacerse con los dos tercios. No valía la pena arriesgarse. 

Más difícil, en cambio, fue convencer a los propios radicales. El bloque estaba envuelto en una batalla campal interna, motorizada por el cambio de postura de un grupo de senadores radicales respecto a la comisión investigadora. Martín Lousteau y Pablo Blanco estaban furiosos con el jefe de bloque, Eduardo Vischi, que había firmado el proyecto pero había decidido, apenas se confirmó que el peronismo acompañaría, que no lo votaría en el recinto. ¿El motivo? Casa Rosada se había puesto a llamar gobernadores.

“¿Cómo vamos a impulsar un proyecto y después votarlo en contra?”, se preguntaba, furioso, un senador radical que impulsaba la iniciativa. Vischi ofrecía, a cambio, avanzar con la propuesta oficialista: discutir en una comisión sobre la posibilidad de crear una comisión que investigara a Milei. La mitad del bloque no quería saber nada, y fue por eso que se resistieron a bajar al recinto hasta segundos antes de que finalizara el tiempo límite de espera para conseguir quórum.

Abdala, que presidía la sesión en nombre de Victoria Villarruel, transpiró hasta último momento. Los senadores bajaron cuando habían pasado 29 minutos. Lenta y parsimoniosamente. El último fue Víctor Zimmerman, recién llegado tras su pedido de licencia. La cara larga de algunos senadores opositores era premonitoria: la mitad de la UCR votaría en contra y Milei tendría otro motivo para festejar. “Se dieron vuelta”, masculló una senadora, indignada.

Finalmente, la oposición no logró aprobar la comisión por solo un voto. Santiago Caputo había logrado desactivar exitosamente la creación de la comisión investigadora. No lograría, sin embargo, borrar el tema de la sesión: pese a la derrota, el criptogate sería uno de los ejes de toda la sesión. 

“Este es un gobierno de estafadores. Me extraña que se haya abierto este recinto con colaboración de todos los bloques que se dicen opositores dialoguistas, que deberían llamarse oficialistas de este Poder Ejecutivo estafador. Son cómplices, le abrieron la puerta”, los cruzó, al principio, la cristinista Juliana de Tullio, que acusó a los radicales por sentarse a dar quórum junto al PRO y las fuerzas provinciales. 

“Esta es una sesión de distracción”, sumó el jefe de interbloque peronista, José Mayans, que pidió convocar a Karina Milei para que diera explicaciones. “Solo le pido que no le demos a ”Camau“ (Espínola) la presidencia de la comisión investigadora”, ironizó, luego de acusar al correntino de ser el “jefe” de Edgardo Kueider, investigado por haber intentado pasar 200 mil dólares no declarados por la frontera paraguaya.

Suspensión de las PASO

Javier Milei cumplió con el sueño de todos los oficialismos de turno: la suspensión de las PASO para centralizar el armado de listas -en su caso, en las manos de su hermana Karina- y para dispersar a la oposición, que son quienes más uso hacen de las internas. La votación, que estuvo motorizada por las lógicas electorales locales de cada uno de los senadores, estuvo dividida: ningún bloque votó de manera unánime, sino que todas las bancadas -peronistas, radicales e, incluso, libertarias- tuvieron votos a favor y en contra.

Casi la mitad de UxP, por ejemplo, votó a favor: 11 de sus 34 senadores acompañaron la iniciativa del Ejecutivo. “Hemos alejado a la gente, la confundimos más, no le damos transparencia. No solo se expone a la multiplicidad sino que, en algunas provincias, hay ley de Lemas, en otras hay piso electoral y en otras se elige cada cuatro años. No es que vamos a asustar a la gente, la gente nos dice que hasta acá llegó”, argumentó la peronista jujeña Carolina Moisés. La mayoría de los senadores del Norte votaron a favor, mientras que fueron los cristinistas -como Di Tullio o Wado de Pedro- quienes votaron en contra. 

El PRO sería el único bloque que votaría unánimemente a favor de la suspensión. Incluso Guadalupe Tagliaferri, que dio un discurso en favor de las PASO. “Yo creo en las PASO. Las PASO democratizan el acceso a los cargos de decisión, las PASO transparentan deseos ciudadanía y permiten que nuevos dirigentes den batalla en sus estructuras partidarias”, advirtió y aclaró que, sin embargo, acompañaría la suspensión por esa vez. 

Entre quienes se manifestaron en contra de eliminar las PASO -hubo solo 20 votos negativos- se repitió un mismo argumento: que suspenderlas era un mecanismo de la “casta política”.  “La consecuencia de suspenderlas es volver a algo opaco, que en lugar de que los ciudadanos elijan a los mejores candidatos de cada frente se vuelva a seleccionar a dedo en la opacidad de los partidos políticos. Quien tiene la lapicera decide quién es el candidato. Eso es que la peor casta decida quiénes son los candidatos”, argumentó, por ejemplo, Lousteau. 

Pero no sería el único. El libertario Francisco Paoltroni, que fue expulsado del bloque luego de enemistarse con Santiago Caputo, utilizaría este argumento para arremeter contra el proyecto de su Ejecutivo. “Nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO. Esto es lo más casta de la casta. El presidente tiene que taparse los oídos con cera porque está escuchando cantos de sirena, que es el canto de la casta que la está llevando por el peor de los caminos. Por el camino de Lijo, por el camino de la criptomoneda”, lanzó el formoseño, que votó a favor de la comisión investigadora.

El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, tuvo que contradecirlo poco después. “Es una encuesta cara financiada por todos los argentinos para que los partidos que no pueden definir sus internas tengan que utilizar este elemento que le cuesta a los argentinos muchísimo dinero para definir sus problemas internos”, afirmó, sin mucho entusiasmo, poco antes de que comenzara la votación. No hubo aplausos: solo la media sonrisa de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Milei, desde uno de los palcos.

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este martes en Casa Rosada con Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Oscar Zago (MID), los jefes de bloque de dos de las principales fuerzas de la oposición más “amigables”. El encuentro marcó el inicio formal de las negociaciones para asegurar respaldo a la agenda de sesiones extraordinarias que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, una jugada que pone en el centro del debate temas sensibles como la eliminación de las PASO y la ley de Ficha Limpia.

Una vez finalizada la reunión, fueron los propios diputados quienes anunciaron las fechas del tratamiento legislativo de esos proyectos: mientras la eliminación las PASO se trataría el jueves 6 de febrero, Ficha Limpia sería debatida en el recinto de la Cámara baja la semana subsiguiente. Sin embargo, Ritondo señaló que aún no hay una posición definida dentro de su bloque en relación a la reforma electoral.“Hay una parte que está con la suspensión de las primarias y hay otra con eliminarlas”, indicó, al tiempo que se dedicó a aclarar que el PRO “no va a especular sobre lo que le conviene solamente políticamente”. “Vamos a pensar lo que es lo mejor para el país”, dijo.

Una posición distinta sostiene la UCR, que propone una modificación de la ley para hacerlas “menos onerosas y más sencillas”. “Hay una plata que tiene que disponer el Estado para el financiamiento de las PASO que se puede disminuir, algo que ya sucedió con la boleta única”, explicó De Loredo ante elDiarioAR. En ese sentido, consultado por si el Gobierno tiene hoy los votos para lograr su cometido de eliminar las PASO, el dirigente radical respondió: “Entiendo que el Gobierno está conversando con el peronismo y no conozco yo cuál es la postura del peronismo al respecto”.

Respecto al proyecto Ficha Limpia, que busca limitar el acceso a cargos públicos para personas condenadas en segunda instancia, el jefe de bloque radical celebró las modificaciones que le hizo el oficialismo. “Las vemos aceptables y vamos a acompañar en buena hora ese proyecto que había quedado trunco a fin del año que pasó. Le hace falta a la Argentina que tengamos una legislación de esas características”, indicó De Loredo.

También fue contundente el respaldo de Ritondo. “Silvia Lospennato se ha encargado del tema, lo ha visto, se ha reunido en diciembre, recibió el borrador y nos ha informado al bloque que está bien”, indicó acerca de Ficha Limpia. Además, destacó que el proyecto incluye dos nuevas disposiciones: una relacionada con años electorales y otra que amplía su aplicación no solo a cargos legislativos, sino también al Ejecutivo.

El punto que todavía sigue generando debates es el presupuesto, que el Gobierno prorrogó por segundo año consecutivo. “Es importante el presupuesto, eso lo hemos marcado”, afirmó Ritondo, sin mayores definiciones. Hace pocas semanas, el PRO publicó un comunicado en el que advirtió que no habilitar la discusión presupuestaria “refuerza una visión autoritaria”.

Quien sí se mostró más decidido en la crítica al Gobierno por no incluir el presupuesto en el temario fue De Loredo. “Uno de los planteos que fundamentalmente vinimos a hacer, siendo que es una reunión que hemos sido convocados y vinimos a escuchar básicamente cuál es la idea del gobierno, es insistir con la necesidad de que la Argentina tenga un presupuesto por ley”, añadió.

Para avanzar en esta dirección, De Loredo propuso incluso una postura de extrema apertura. “Insistimos con una propuesta que es nuestra predisposición incluso a aprobar a libro cerrado el presupuesto del gobierno”, aseguró, aunque enfatizó que existen diferencias significativas en temas clave como educación, salud, previsión social y el trato hacia los gobernadores radicales. Según especificó, un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo generaría un margen de discrecionalidad del 30%, equivalente a 25 billones de pesos para el Ejecutivo.

Sin embargo, De Loredo también rechazó la alternativa de aprobar un presupuesto “Papá Noel”, como asegura que pretenden otros sectores de la oposicipon, tildándolo de “absolutamente irresponsable” dado que probablemente sería vetado. En su análisis, el control fiscal y la atracción de inversiones de calidad dependen de la aprobación de un presupuesto por ley.

Quien en un principio estaba invitado a la reunión, pero rechazó el convite fue Miguel Ángel Pichetto, el líder del bloque Encuentro Federal. Marcó distancia al reafirmar su posición de que las discusiones deben darse en el ámbito del Congreso y no en Balcarce 50. El dirigente, acompañado por figuras como Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño, ya mantuvo contactos con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, para subrayar que no avalará una foto que pueda interpretarse como un apoyo al oficialismo.

Temario en juego

El temario de las sesiones, que arrancaron formalmente este lunes, busca posicionar al oficialismo como el principal actor político en pleno receso de verano. Pero el panorama no parece sencillo para La Libertad Avanza: las diferencias internas en las bancadas opositoras, sumadas al rechazo de sectores peronistas y radicales, anticipan un escenario legislativo fragmentado. En este contexto, Francos intentará hoy afianzar una alianza estratégica con los amarillos y los radicales, una relación que atraviesa tensiones crecientes.

El desafío principal del jefe de Gabinete será conseguir el consenso necesario para avanzar con los proyectos más controvertidos, como la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Aunque el oficialismo evalúa la posibilidad de una suspensión en lugar de su eliminación definitiva, cualquier reforma electoral requiere mayorías agravadas en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Hasta ahora, las cuentas del oficialismo no cierran.

Pero el tema que más ruido genera incluso entre los aliados del Gobierno es la exclusión del Presupuesto 2025 del temario. Tanto desde Unión por la Patria como desde sectores del PRO cuestionaron la decisión de prorrogar nuevamente el presupuesto por decreto. El jefe de bloque del kirchnerismo, Germán Martínez, calificó la agenda como “temario de la casta” y advirtió que no se avanzará en acuerdos sin incluir la “ley de leyes” en el debate legislativo.

El presidente también enfrenta resistencias en el Senado por la inclusión de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a la Corte Suprema. Mientras el kirchnerismo estaría dispuesto a apoyar a Lijo, es García-Mansilla, de perfil académico conservador, quien despierta rechazos entre los senadores peronistas. En la Cámara alta, donde el oficialismo necesita dos tercios de los votos para aprobar los pliegos, Milei evalúa una propuesta de ampliación del máximo tribunal para conseguir respaldo.

En paralelo, los gobernadores vuelven a posicionarse como actores clave en este nuevo capítulo legislativo. Las provincias, golpeadas por la caída en la coparticipación y el ajuste en los ATNs, exigen garantías presupuestarias antes de comprometer votos en el Congreso. Aunque algunos mandatarios, como Claudio Poggi en San Luis, apoyan abiertamente la eliminación de las PASO, otros abogan por suspenderlas temporalmente. La incertidumbre se suma a la ya compleja dinámica entre los bloques opositores, con sectores radicales y del PRO divididos entre el apoyo a las iniciativas del Gobierno y la preservación de sus propios liderazgos.

Mientras tanto, Francos y su equipo apuestan a consolidar acuerdos en el corto plazo para evitar que las sesiones extraordinarias se conviertan en un fiasco. El jefe de Gabinete liderará otras reuniones clave en las próximas semanas, con la mira puesta en los mandatarios provinciales y senadores que pueden inclinar la balanza. En caso de que los proyectos no prosperen, el oficialismo tiene un as bajo la manga, algo desgastado: reflotar el artilugio del “principio de revelación” e insistir en su narrativa de confrontación con la oposición. La jugada es arriesgada, pero Milei parece dispuesto a llevarla hasta las últimas consecuencias.

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En un gesto que refleja la astucia política que caracteriza al Gobierno, un grupo de 13 diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) visitó este mediodía al presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Entre ellos, sobresalieron los legisladores Mariano Campero, Martín Arjol y Luis Picat, recientemente suspendidos de sus afiliaciones partidarias y con un pedido de expulsión en curso, quienes llegaron para discutir nada menos que la agenda legislativa del próximo año, que podría incluir el proyecto de Ficha Limpia.

La lista de participantes de la extensa reunión de más de dos horas, que se desarrolló en el Salón de los Científicos del primer piso de Balcarce 50, se completa con Julio Cobos, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, Atilio Benedetti, Pamela Verasay, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Federico Tournier y Francisco Monti, además Rodrigo de Loredo, jefe de la bancada radical en Diputados, quien a través de X anunció que asistiría y descató la necesidad de “escuchar al presidente” y contribuir con propuestas que promuevan el “crecimiento del país”. Aunque De Loredo buscó mantener un tono institucional en sus declaraciones, la visita fue un guiño político que no pasó desapercibido, especialmente para los sectores más opositores de la UCR.  

Es que, lejos de retroceder, los “peluca” decidieron dar un paso adelante y reunirse nuevamente con Milei, en lo que ellos consideran una señal de respaldo al proyecto de cambio que impulsa el mandatario. La movida no fue improvisada. Horas antes, los radicales disidentes se reunieron con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habría sido el nexo para concretar este cónclave presidencial. Antes de ingresar a la reunión, los diputados radicales posaron para una foto junto a ella y Martín Menem, el presidente de la Cámara baja.

Una vez finalizado el encuentro, De Lodero informó que Milei se comprometió a enviar el proyecto de ley de Ficha Limpia al Congreso, aunque aclaró que no se puso fecha. Además, señaló que no se tocaron temas electorales. Sin embargo, al ser consultado por la eliminación de las PASO, señaló que es una posición que el radicalismo tiene que “tomar en común”. “Yo hace tiempo que creo que son muy onerosas, que pueden ser mucho más simples, pero creo que son herramientas válidas”, opinó el jefe de bloque radical, quien aclaró que es una discusión que todavía la UCR no se dio.

El tucumano Campero, por su parte, sostuvo que “el electorado de Juntos por el Cambio está pidiendo que le vaya bien a Javier Milei y eso es una realidad de la que no podemos ser ajenos”. En diálogo con Radio 10, el diputado añadió que durante su primer año de gestión el libertario “cubrió muchas de sus expectaticas del plan económico” y destacó como “muy positiva” la presencia de De Loredo ya que “deja a las claras que hay muchos radicales en nuestro país que quiere que le vaya bien a Javier Milei”.

El cónclave se produjo en medio de un escándalo interno en el radicalismo, que acusa a los diputados Campero, Arjol y Picat de haber traicionado los principios del partido al blindar con sus votos el veto presidencial sobre dos leyes clave: la de movilidad jubilatoria y la de financiamiento universitario. Pero el mensaje es directo: estos radicales no solo están distanciados de su partido, sino que también están dispuestos a seguir colaborando con el oficialismo.

El misionero Arjol lo dejó bien en claro antes de ingresar a reunirse con Milei. “El radicalismo, de manera errada, nos expulsó a quienes tomamos decisiones acertadas. Bullrich nos avisó que Milei quería juntarse con nosotros, y acá estamos para charlar sobre lo que viene”,  le dijo a la prensa. Según el diputado, el objetivo es claro: profundizar la relación con el Gobierno y discutir las posibilidades de conformar un interbloque o brindar un apoyo más decidido desde el Congreso.  

“Esto tiene que ser hacia adelante donde la velocidad del cambio sea mucho más. Espero que la reunión sea productiva para discutir la agenda legislativa del año próximo”, sumó el legislador. Y deslizó los temas que abordarían: “Parte del bloque cree que hay que acompañar al Gobierno. Es una voluntad de cambio que lo sentimos en nuestras provincias. Se discutirá lo que se hará hacia adelante, ya sea la conformación de un interbloque o hacer un apoyo más contundente”.

Mientras tanto, el tribunal de ética del radicalismo continúa avanzando en el proceso para expulsar definitivamente a Campero, Arjol y Picat del partido, acusándolos de “inconductas graves” y de violar la carta orgánica partidaria. El tribunal dejó fuera de las sanciones al diputado Pablo Cervi, pero la decisión final quedará en manos de la Convención Nacional de la UCR, que aún no fijó una fecha para resolver el caso. 

“La foto de la vergüenza. Las medias de Javier y Karina empapadas de tanta succión. Nadie se hace oficialista GRATIS”, escribió en X el diputado Fernando Carbajal, uno de los radicales que conforman el bloque Democracia para Siempre, integrado en su mayoría por legisladores que no responden a gobernadores, con un mayor margen para ser críticos del Gobierno y rechazar su agenda legislativa.

PL/MG

Este domingo, el gobernador Gustavo Valdés logró un contundente triunfo en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical (UCR) en Corrientes, consolidándose como el principal referente del radicalismo provincial y proyectándose como el gran elector de cara al 2025.

La elección validó la lista “Vamos Corrientes”, encabezada por Valdés, que aparecía como lista única a nivel provincial, ya que el espacio “Radicales en Acción”, liderado por la ex presidenta del Comité Capital de la UCR, Alejandra Seward -respaldada por el anterior gobernador Ricardo Colombi-, retiró su lista el día viernes pasado al no prosperar sus recursos legales para frenar el proceso electoral.

A pesar de esto igualmente se llevaron a cabo los comicios tanto en el ámbito provincial como municipal habiendo disputas locales en algunos de ellos.

Tras los comicios, Valdés agradeció a todos los que participaron de la elección. “Con 40 años de militancia me siento honrado de presidir este partido al que, como en Corrientes, vamos a poner de pie a lo largo de la República Argentina”.

En declaraciones tras la elección, desde la lista ganadora destacaron: “La movilización registrada a lo largo de toda la provincia deja saldadas las discusiones en el ámbito partidario con el anterior gobernador Ricardo Colombi. Vamos a abrir los comités, trabajar por la modernización de la UCR, convocar a todos los aliados en Vamos Corrientes y seguir fortaleciendo el proceso de transformación que llevamos adelante en la provincia”.

Asimismo, desde el espacio de Valdés reafirmaron el compromiso con los valores y principios del partido: “En Corrientes, durante todo nuestro gobierno, hemos defendido el equilibrio fiscal, pero además llevamos adelante una gestión que tuvo clara la necesidad de incluir a los sectores sociales más postergados, la defensa de la educación pública y la modernización social. Sobre eso pensamos seguir trabajando desde el partido y en el gobierno junto a nuestros aliados, en los próximos años”.

“Hoy los radicales demostramos que tenemos un liderazgo indiscutido”, concluyó el senador Sergio Flinta.

DM

Disciplinamiento de las mujeres, retorno a la cultura del silencio, intimidación a víctimas, testigos, investigadores y peritos. El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género apunta a profundizar obstáculos para el acceso a la Justicia, repone prejuicios que naturalizaron la violencia y preanuncia nuevos ataques contra las mujeres y las diversidades, según analizan las especialistas convocadas por elDiarioAR.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

“El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género. La abogada agrega que “el proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan”.

El proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan

Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género

“Lo que falta es disciplinar y aleccionar a las mujeres. Como si ahora nos dijeran: no les vamos a creer y si no lo prueban vamos a pensar que fue mentira. Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás”, destaca a su vez Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, subraya Arduino: “Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo. Eso sin considerar la particular inutilidad de las reformas al Código Penal para resolver los conflictos. Puede haber casos, por supuesto, pero la ley tiene instrumentos para resolverlos: la falsa denuncia es delito desde que la Argentina tiene Código Penal”.

Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás

Natalia Gherardi — directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El Senado fue escenario el 20 de noviembre de una jornada sobre las falsas denuncias donde el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito en apoyo del proyecto de ley. La senadora Losada citó una estadística sobre femicidios e invocó “al verdadero feminismo”, que diferenció del “hembrismo” y luego en declaraciones radiales del “hembrismo kirchnerista”.

Según el razonamiento de la legisladora radical por Santa Fe, las falsas denuncias serían aquello que afecta la credibilidad de las mujeres y el proyecto también contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el testigo, el perito y el intérprete “que negare o callare la verdad en todo o en parte”.

“Una falsa denuncia no tiene nada que ver con la imposibilidad de probar un hecho –señala Ileana Arduino—. Tampoco, con que un proceso se cierre sin una condena, lo que suele pasar cuando se agota el tiempo para investigar o porque las propias víctimas desertan, agobiadas por el proceso de victimización o por las prácticas del propio sistema de justicia. Lo que hay, en muchos casos, es que la intervención judicial no pone fin al conflicto y no esclarece lo que sucedió”.

Para Gherardi, “el ministro de Justicia asume que la violencia de género no existe pero defiende un proyecto que específicamente habla de la violencia de género. ”¿En qué quedamos?“, se pregunta.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y Andrea Guacci, presentada como referente del “frente de mujeres contra las falsas denuncias”, expusieron en la jornada en el Senado. También participó Fernanda Deluca, esposa del docente santafesino Juan Trigatti, recientemente absuelto en un juicio donde se lo acusó por abusos sexuales contra cinco niñas de una escuela que depende del Arzobispado de Santa Fe. Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien dice especializarse en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.

Otra barrera en la Justicia

“Una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios –afirma Ileana Arduino—. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida enunciar. Es posible que encuentren operadores del Poder Judicial cómplices, como ocurre cuando ante la denuncia de un hecho el proceso penal se vuelve en contra de las personas que denunciaron”.

Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”, publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip. El documento denuncia la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género: “No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas”.

Gherardi sostiene que la “intencionalidad de disciplinamiento” puede concretarse al margen del proyecto: “Para que una mujer denuncie un hecho de violencia tiene que convencerse de que hay alguien para escucharla y tomar en serio su preocupación, su situación específica. Si el mensaje oficial es que las mujeres mienten y que se agravarán las penas, ante la duda o la falta de confianza en el sistema, el efecto disuasorio puede existir ahora sin que cambie ninguna ley”.

“La credibilidad de las mujeres está siempre a prueba –sigue Arduino—, pero cala profundo el discurso de que las condenas son automáticas y de que la Justicia está dada vuelta en perjuicio de los hombres. Ese planteo supone que el feminismo generó un desequilibrio en una sociedad organizada donde las violencias no ocurrían. En realidad lo que hubo fue una visibilización mayor de lo que hasta hace nada estaba asquerosamente tapado en el ámbito familiar, vecinal, de las organizaciones políticas y culturales”.

También, gremiales, como expone una reciente condena contra el Sindicato de la Sanidad, liderado por el cosecretario general de central obrera peronista, la CGT, Héctor Daer, por hechos de abuso sexual denunciados por una empleada.

Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el activismo antifeminista es de práctica en recusaciones de jueces y juezas. El documento “Herramientas para el acceso a la Justicia con igualdad” señala el cuestionamiento creciente a la perspectiva de género en resoluciones judiciales: el activismo en temas de violencia de género, la asistencia a reuniones o participación en paneles sobre la problemática y hasta los recordatorios de víctimas en los juzgados son tachados como “tendencias ideológicas” que afectarían a la defensa en juicio y al debido proceso.

“Lo que están cuestionando es que jueces y juezas cumplan con el mandato de la Constitución y de los tratados internacionales. Juzgar con perspectiva de género quiere decir considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres. La perspectiva de género trata de garantizar la imparcialidad judicial, no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”, dice Gherardi.

El eventual avance de este proyecto no solo pone en jaque el acceso a la Justicia sino que también profundiza la deslegitimación de las mujeres como sujetas de derecho. Al atacar la credibilidad de las denuncias, se reabre una brecha de silencio y miedo que ya había costado demasiado cerrar. La verdadera amenaza no es la denuncia falsa sino el silenciamiento sistemático de quienes se atreven a denunciar la violencia enfrentando un sistema que parece no querer escucharlas.

OA/JJD

La Unión Cívica Radical denunció un segundo ataque a las oficinas donde funciona Comité Nacional del partido que tuvo lugar durante la madrugada del sábado 23 de noviembre, y cuestionó la “nula colaboración” del gobierno que encabeza Javier Milei. 

A través de un comunicado, detallaron que las cámaras registraron a dos personas descender de un auto marca Citroen para robar los fusibles, previo a cortar la luz del edificio ubicado en Alsina 1786, episodio que fue denunciado apenas se tuvo conocimiento. 

“A la 1.41 del sábado pasado, un automóvil de un modelo nuevo de la marca Citroën estaciona unos metros delante de la puerta de ingreso al Comité Nacional. Bajan dos personas jóvenes que primero recorren la zona, uno de ellos saca un teléfono y aparenta enviar un mensaje de audio mientras el otro se sienta frente al tablero eléctrico del edificio. Luego lo fuerzan y dejan sin luz al edificio”, puntualizaron.

Se trata de segundo ataque que sufre el Comité, el primero de ellos data del 2 de noviembre, cuando un grupo de personas vulneró la seguridad e ingresó a las oficinas para ocasionar destrozos. “Este es el segundo ataque que sufre la casa del radicalismo. En esa ocasión el presidente Javier Milei habló ridícula e irresponsablemente de un ‘autoatentado’”, destacaron los conducidos por el senador Martin Lousteau.

En el documento difundido a la prensa, desde el espacio atribuyeron los episodios de vandalismo a una potencial represalia por los cuestionamientos del titular del espacio al Plan de Inteligencia Nacional del Gobierno. “Es sugestivo que dos días antes del primer ataque el titular del partido y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimientos de los Organismos de Inteligencia, Martín Lousteau, en una reunión en la SIDE había cuestionado elementos del Plan de Inteligencia Nacional que resultan preocupantes, exigiendo más información sobre los mismos, algo que generó tensión en el encuentro”, subrayaron.

“En su momento decidimos mantenerlo en reserva, ante esta nueva agresión, hacemos público ese episodio”, agregaron.

Desde la fuerza que atraviesa un importante proceso de debate interno, aseguraron que pese a lo que calificaron como “agraviantes palabras del presidente”, aseguraron que además “hubo escasa y nula comunicación y colaboración de parte de las autoridades nacionales”. 

“Fue la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Fiscal Federico Tropea, junto con la Auxiliar Fiscal Malena Mercuriali la que encontró y detuvo a los responsables”, expresaron, y sumaron: “Ni aquél ni éste son delitos comunes, como los que lamentablemente padecemos a diario los argentinos y argentinas”.

Asimismo, completaron: “Se trata de la sede de un partido político nacional y los ataques no tuvieron ningún fin económico. En el primer episodio, quienes ingresaron hicieron destrozos, pero no robaron ni las computadoras. En el más reciente, la vandalización de los fusibles conlleva riesgos de vida y ningún beneficio pecuniario”.

“Repudiamos este nuevo ataque contra la casa de todos los radicales y, como demócratas, nos preocupa la dinámica política a la que estamos asistiendo como sociedad”, afirmaron a modo de conclusión, y finalizaron: “Vamos a estar parados siempre en contra de la violencia y sosteniendo la Constitución Nacional frente a aquellos que atenten contra la convivencia interna en nuestra querida Argentina”.

El comunicado completo de la UCR

El Comité Nacional de la UCR informa que en la madrugada del sábado 23 de noviembre sufrió un nuevo ataque cuando dos personas bajaron de un auto y robaron los fusibles, cortando la luz del edificio ubicado en Alsina 1786. El nuevo episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad y fue denunciado apenas se conoció.

 A la 1.41 del sábado pasado, un automóvil de un modelo nuevo de la marca Citroen estaciona unos metros delante de la puerta de ingreso al Comité Nacional. Bajan dos personas jóvenes que primero recorren la zona, uno de ellos saca un teléfono y aparenta enviar un mensaje de audio mientras el otro se sienta frente al tablero eléctrico del edificio. Luego lo fuerzan y dejan sin luz al edificio.

Este es el segundo ataque que sufre la casa del radicalismo. La primera fue en la madrugada del 2 de este mes. En esa ocasión el presidente Javier Milei habló ridícula e irresponsablemente de un “autoatentado”.

Es sugestivo que dos días antes del primer ataque el titular del partido y presidente de la Comisión Bicameral de Seguimientos de los Organismos de Inteligencia, Martín Lousteau, en una reunion en la SIDE había cuestionado elementos del Plan de Inteligencia Nacional que resultan preocupantes, exigiendo más información sobre los mismos, algo que generó tensión en el encuentro. En su momento decidimos mantenerlo en reserva, ante esta nueva agresión, hacemos público ese episodio.

Además de las agraviantes palabras del presidente, que en su momento elegimos no responder, hubo escasa y nula comunicación y colaboración de parte de las autoridades nacionales. Fue la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del Fiscal Federico Tropea, junto con la Auxiliar Fiscal Malena Mercuriali la que encontró y detuvo a los responsables.

Ni aquél ni éste son delitos comunes, como los que lamentablemente padecemos a diario los argentinos y argentinas. Se trata de la sede de un partido político nacional y los ataques no tuvieron ningún fin económico. En el primer episodio, quienes ingresaron hicieron destrozos pero no robaron ni las computadoras. En el más reciente, la vandalización de los fusibles conlleva riesgos de vida y ningún beneficio pecuniario.

Repudiamos este nuevo ataque contra la casa de todos los radicales y, como demócratas, nos preocupa la dinámica política a la que estamos asistiendo como sociedad. Vamos a estar parados siempre en contra de la violencia y sosteniendo la Constitución Nacional frente a aquellos que atenten contra la convivencia interna en nuestra querida Argentina.

Con información de agencias.

IG

En el marco del debate por el Presupuesto 2025, Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los gobernadores radicales. La reunión, que se extendió por más de dos horas, contó con la presencia de Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes calificaron el cónclave como “muy positivo”. Según pudo saber elDiarioAR, la conversación giró en torno a cuestiones económicas, pero el temario no incluyó el financiamiento de las casas de altos estudios.

Tampoco fue un tema de conversación las declaraciones previas de Milei contra la UCR. “Nadie vino acá a pedir unas disculpas”, aclaró Pullaro, en referencia a los recientes dichos del Presidente que tildó de “golpista” a Raúl Alfonsín por la caída de Fernando de la Rúa en 2001 y acusó a Martín Lousteau de auto-provocar el ataque que sufrió la sede partidaria en la calle Alsina. “Venimos a pensar el futuro, no a hablar del pasado”, lanzó, por su parte, el correntino Valdés.

“El Gobierno está de acuerdo en sentarse en una mesa y empezar a resolver los problemas”, apuntó Pullaro en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde los radicales hicieron hincapié en las demandas provinciales como la finalización de proyectos de infraestructura o la recomposición de las partidas de Nación destinadas a sus distritos. “Se habló del esfuerzo que hacemos los gobernadores por mantener el equilibrio fiscal”, añadió el santafesino, quien negó que se haya hablado de “la cuestión política” o de temas vinculados a lo electoral, como la eliminación de las PASO.

Los gobernadores expresaron además su apoyo al cumplimiento del programa económico de Milei, aunque marcaron ciertos límites. “Hablamos de cómo colaborar para que la Argentina comience a mover su economía, a tener infraestructura, a tener caminos. Hablamos de hidrovía, de caminos, de rutas, de ferrocarriles, hablamos de Aerolíneas Argentinas”, señaló Valdés, quien junto a Pullaro y Zdero forma parte de la flamante Región Litoral, que también incluye a los gobernadores de Formosa, Misiones y Entre Ríos.

Se trata de una alianza que se conformó para reclamarle al Gobierno por una tarifa energética específica para las zonas de altas temperaturas y por una mayor participación de las provincias en la administración de la hidrovía Paraguay-Paraná. En relación con este último punto, Pullaro comentó que las seis provincias litoraleñas se sumarán “al debate de la licitación de la hidrovía para poder incidir y dejar nuestra mirada”. Y añadió que “la hidrovía debe ser un proyecto de desarrollo de infraestructura productiva”.

Sin embargo, durante el extenso encuentro con Milei, el tema que brilló por su ausencia fue el relacionado con el financiamiento de las casas de altos estudios. Los gobernadores mantienen al respecto una postura cautelosa: desean proteger los fondos provinciales dentro del presupuesto, especialmente ante la intención del Gobierno de reasignar fondos de otras áreas, principalmente aquellas que benefician a sus jurisdicciones, para ser destinados a las universidades, instituciones donde el radicalismo tiene una influencia histórica.

El de este martes no fue el primer encuentro que protagonizó Milei con gobernadores. Hace dos semanas, el Presidente recibió también en Balcarce 50 a los mandatarios provinciales referenciados en el PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Pocos días antes, había sido el turno de los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), que cenaron con Milei en la Quinta de Olivos. Las invitaciones no fueron casuales: los diputados que les responden habían ayudado al oficialismo a mantener el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

PL/MG

Una semana después de haber involucrado a Raúl Alfonsín en la caída de Fernando de la Rúa en 2001 y de haber acusado a Martín Lousteau de auto-provocar el ataque que sufrió la sede de la UCR en la calle Alsina, Javier Milei tendrá la cintura política para recibir este martes a los gobernadores radicales en la Casa Rosada. La misma elasticidad mostrarán los mandatarios provinciales para sentarse a dialogar con el Presidente.

Las agresiones del jefe de Estado al partido centenario podrán ser tema de discusión, pero el eje central en la mesa será el Presupuesto 2025, con los ítems sobresalientes de las partidas de la Nación a las provincias y el financiamiento de las universidades. Son dos elementos interconectados, porque desde el Gobierno ya enviaron como señal de que el aumento universitario solo podría derivar de una reasignación de otras partidas, principalmente las destinadas a las jurisdicciones. 

En ese tono iba el “importante anuncio” –según había trascendido desde el despacho de Martín Menem– que el oficialismo en la Cámara de Diputados preparó para el miércoles pasado, y que finalmente se suspendió a último momento. Hubo enojo en el PRO por no estar al tanto y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también intervino anticipándose a un posible rechazo de las provincias.

La cumbre este martes de Milei con los radicales ocurre después de otras similares que tuvo, semanas atrás, con los peronistas no-kirchneristas y con los amarillos. A la reunión programada para las 13 en Balcarce 50 fueron invitados Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy). Es un grupo de radicales heterogéneo, porque cada gobernador tiene su propia relación e interdependencia con la Casa Rosada.

“La agenda es abierta”, indicaron a elDiarioAR fuentes gubernamentales, que rechazaron que las polémicas declaraciones de Milei sobre Alfonsín y Lousteau impacten en la reunión. “No pasa nada con eso”, dijo un vocero, que entiende que la propia interna radical ayuda al juego ambivalente del Presidente. 

Por caso, el actual titular de la UCR, muy enfrentado con Milei, tiene una fuerte disputa con Cornejo, que está muy alineado al proyecto libertario. Lousteau, junto con Facundo Manes, forjó la ruptura del bloque radical en Diputados. A su vez acaba de abrirse otro legislador: Mario Barletta, guiado por Pullaro, dejó el espacio que preside el cordobés Rodrigo De Loredo y armó un monobloque.

El fin de semana Milei acusó –sin pruebas– a Lousteau por la vandalización de la sede de la UCR en la calle Alsina y lo ligó al rechazo de la UBA a ser auditada por la Nación. Días atrás había dicho que Alfonsín colaboró en un golpe de Estado contra De la Rúa. Toda la UCR salió a cruzarlo, incluso los propios gobernadores que este martes se sentarán con él.

Pero ahora los mandatarios provinciales juegan a separar la polémica política de la necesidad económica. Saben que al final el Gobierno necesitará su apoyo para aprobar el Presupuesto en el Congreso. Y también son conscientes de que aún Milei tiene un importante respaldo en sus electorados locales. 

“Estamos trabajando en materia presupuestaria con el gobierno nacional para ver cómo cerramos los números”, adelantó sin más precisiones el correntino Valdés este lunes en declaraciones en su provincia. “Hay bajas expectativas”, definieron a este medio cerca de Cornejo.

Los gobernadores quieren cuidar sus quintas en el Presupuesto 2025. Según el texto del proyecto, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias alcanzarían en 2025 unos $57 billones, en tanto las no automáticas serían del orden de los $3,6 billones. De esas tortas el Gobierno quería sacar fondos para aumentarle a las universidades, instituciones donde los radicales tienen ascendencia histórica, por lo que no son anejas a la coyuntura de los gobernadores de la UCR. Para las casas de altos estudios el estimado es de $3,8 billones, pero los rectores –en su mayoría radicales– quieren acercarlo lo más posible a $7,2 billones.

También será parte de la discusión con Milei la situación de las deudas provinciales. Días atrás desde el Gobierno se anunció la creación del Plan de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un programa para saldar deudas con las provincias por medio de un trueque por obras públicas. Y siempre está en debate la deuda de la Nación con una docena de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias, entre ellas Chaco, Corrientes y Santa Fe, hoy gobernadas por el radicalismo.

MC/MG

Durante esta madrugada tuvo lugar un ataque en la oficina del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), situada en Alsina 1786, a escasos metros del Congreso Nacional. Según los informes policiales, cinco personas irrumpieron en las instalaciones, destrozando muebles, computadoras y revolviendo documentos, sin llevarse ningún objeto de valor significativo. El ataque, que se inició alrededor de la 1:30 a.m., culminó aproximadamente una hora después, dejando un saldo considerable de daños materiales, que incluían obras de arte y equipos tecnológicos.

Durante la jornada de hoy diversos medios difundieron imágenes de las cámaras de seguridad, revelando detalles sobre la dinámica del ataque. Se observó a uno de los atacantes en la acera, posiblemente vigilando, mientras sus cómplices llevaban a cabo el vandalismo, incluyendo la oficina del presidente del partido, Martín Lousteau. Este hecho ha suscitado numerosas especulaciones sobre las motivaciones detrás del ataque, especialmente debido a la rápida ejecución de la acción y la ausencia de robo.

En respuesta a este ataque, la UCR emitió un comunicado en el que repudió enérgicamente el acto. La denuncia judicial ya fue presentada, y el partido exigió una investigación rápida y exhaustiva para identificar y juzgar a los responsables. “La UCR repudia este ataque inédito a su principal sede partidaria y exige un rápido esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables”, expresó el centenario partido en su comunicado.

Las imágenes de las cámas de seguridad, que ya se incorporaron a la investigación, muestran el movimiento de varios individuos alrededor del edificio. Se observa a dos personas afuera del lugar del ataque, una de las cuales estaba hablando por teléfono, lo que sugiere una posible coordinación con uno de los atacantes dentro del edificio, que también utilizaba un dispositivo móvil.

A medida que transcurrieron los minutos, las cámaras registraron cómo estos dos individuos intentaron ingresar al edificio contiguo, aunque sin éxito. Posteriormente, las grabaciones muestran su salida, lo que refuerza la idea de que había una coordinación entre ambos grupos.

DM

Legisladores radicales repudiaron hoy las declaraciones del presidente Javier Milei, quien acusó a Raúl Alfonsín de haber promovido el golpe contra Fernando de la Rúa, al cumplirse hoy el 41 aniversario del triunfo de la UCR.  

A través de la red social X, Rodrigo De Loredo publicó: “Repudio la afirmación que acaba de realizar el presidente @JMilei sobre Raúl Alfonsín en la Fundación Mediterránea. Más aún en una fecha tan cara a todos los argentinos. Absolutamente disparatado”.

El titular de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, también respondió a Milei a través de la red X y en ese sentido expresó: “usted no tiene estatura para hablar de Alfonsín, menos para inventar desde un atril que impulsó un golpe de Estado, su compromiso con la democracia fue absoluto. Algo que usted no puede mostrar ni un solo minuto”

Milei aseguró que el radical “huyó del poder seis meses antes”, y aseguró que su gestión recibió indicadores sociales “peores que los que había en diciembre de 2001″.   

“Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y (Raúl) Alfonsín que, paradójicamente, a Alfonsín lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado”, consideró.

Milei formuló estos conceptos al hablar hoy en la Fundación Mediterránea, al cumplir hoy el 41 aniversario del triunfo de la UCR, en la primera elección realizada luego de la cruenta dictadura militar de 1976-1983.   

Por su parte, el senador Pablo Blanco afirmó que Milei “pretende desvirtuar la historia al acusar a Alfonsín de haber impulsado un golpe de Estado”.  

“Raúl Alfonsín fue un pilar de la democracia y un defensor de los derechos humanos. No permitamos que la mentira opaque su legado. ¡La verdad siempre prevalecerá!”, escribió en la red social X.   

La diputada de “Democracia para Siempre”, Mariela Coletta, se preguntó “¿Qué podemos esperar de alguien que dice no creer en la democracia?, al referirse a los ataques de Milei a Alfonsín.  

 “Alfonsín aseguró la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y el respeto entre ideologías políticas. Mucho más que lo que está haciendo este Gobierno, que despreciando el diálogo quiere imponer sus ideas y no acepta ninguna mirada distinta”, añadió en una publicación en X.  

 Por su parte, la legisladora mendocina Pamela Verasay, dijo que Milei se equivoca “al agredir a Raúl Alfonsín. La historia ha demostrado que fue el mejor presidente desde el retorno de la democracia”.   

Subrayó: “Ojalá nuestro país, de una vez por todas, recupere en sus líderes la capacidad de diálogo, consensos y fortalecimiento de las instituciones como lo hizo Alfonsín”.  

La ex diputada de la UCR, Brenda Austin, acusó a Milei de ser “un provocador sesgado. El transcurrir del tiempo sólo pone a Alfonsín en el enorme y justo lugar que tiene para la historia democrática de Argentina. Nadie tiene la estatura para quitárselo.  Menos Milei”.

DM con información de agencia NA

El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Rodrigo de Loredo, destacó hoy el apoyo de los integrantes de su bancada al dictamen para declarar privatizable a Aerolíneas Argentinas.

“Aerolíneas Argentinas es muy cara e ineficiente. Por eso, desde @diputadosucr impulsamos que la Comisión de Transporte -que preside nuestra diputada Pamela Verasay- apruebe el dictamen para declararla privatizable, lo que fue posible hoy con los votos del radicalismo”, ponderó. 

A través de una publicación en la red social X mientras se desarrollaba el plenario de las comisiones de Transporte y Presupuesto, el cordobés recordó que “el próximo paso será la discusión en el recinto”, situación que encontrará al llamado “radicalismo con peluca” codo a codo con el oficialismo defendiendo la privatización de la compañía de bandera. 

Según dijo De Loredo, el proyecto de ley sobre la reconversión de Aerolíneas Argentinas “es otra herramienta que le damos al gobierno para alcanzar el necesario equilibrio fiscal, y para que con un proceso privatizador transparente -que será su tarea ejecutarlo-, los argentinos cuenten con un buen servicio de transporte aéreo”. 

“Defendemos una política de cielos abiertos. Con la competencia de aerolíneas low-cost y la desregulación, se incrementará la conectividad a más destinos, con mejores precios para los usuarios”, aseguró. 

El referente del radicalismo puso foco en el déficit fiscal que arroja la compañía aérea. “Aerolíneas costó 1,27 millones de dólares por día en subsidios durante el año pasado. Fueron 466 millones que podrían haberse invertido en otras urgencias”, indicó. 

A su entender, “el populismo destruyó la empresa y los contribuyentes, incluso los menos favorecidos, no pueden seguir pagando con sus impuestos para que viajen solo los que tienen mayores recursos”. 

A su vez, de Loredo afirmó que la empresa “también es cara para los usuarios” y puso como ejemplo que “el precio de los pasajes aéreos domésticos (en dólares por milla) es de 0,177, superior a los de Avianca (Colombia) 0,159; Latam (Chile) 0,086; y Gol (Brasil) 0,072”. 

“Los principales países de la región, como Brasil y Chile, y otros como Uruguay o Perú no tienen aerolíneas de propiedad del Estado. Tampoco otros países que son potencias mundiales, como Estados Unidos, Alemania o Japón”, comparó. 

Por último, señaló que “Aerolíneas Argentinas tiene 151 empleados por avión, comparado con empresas como Latam, que tienen alrededor de 80 empleados por avión”.

DM con información de agencia NA