La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la absolución del exvicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou en la causa en la que se lo investigaba por falsedad ideológica en la transferencia irregular de un automóvil en 2003.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la sentencia favorable al exfuncionario kirchnerista, ya condenado en la causa Ciccone.

El caso se originó por la inserción de datos falsos en tres formularios para transferir un Honda modelo 1992, supuestamente con la intención de ocultar el vehículo en su proceso de divorcio de Daniela Andriuolo, su entonces esposa, radicada actualmente en Italia.

En 2017, el Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó a Boudou por prescripción. Pero tras una apelación de la fiscalía, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un nuevo juicio. En 2019, el Tribunal Oral Federal 8 lo condenó a tres años de prisión por ese hecho, aunque lo absolvió en otra causa vinculada a la compra de 19 autos a la concesionaria Guido Guidi.

Posteriormente, la Sala IV de la Cámara de Casación, con votos de Carlos Mahiques y Ángela Ledesma, y disidencia de Javier Carbajo, revocó la condena por los formularios del auto y dispuso su absolución. Mahiques sostuvo que no se probaron vínculos directos entre Boudou y los gestores del trámite irregular, mientras que Ledesma cuestionó la prolongada incertidumbre a la que fue sometido el imputado.

El fiscal Raúl Pleé, con respaldo del Procurador interino Eduardo Casal, recurrió esa decisión alegando arbitrariedad. Sin embargo, la Corte rechazó el planteo por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos sin necesidad de fundamentación, y con ello dejó firme la absolución de Boudou.

Con información de NA.

IG

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) rechazó los pedidos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou para volver a cobrar las jubilaciones de privilegio que antes percibían.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Cristina Kirchner por el cual se dispuso la baja de las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio en virtud de contar con una sentencia definitiva por la comisión de un delito contra la Administración Pública”, señaló el organismo. La asignación había sido suspendida tras la ratificación de la condena por corrupción en la causa Vialidad.

La exmandataria podrá recurrir a la Justicia Federal de la Seguridad Social para pedir que le devuelvan el privilegio.

“La pensión de los expresidentes no se otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como presidentes de la Nación. El mal desempeño solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político, durante el ejercicio del mandato”, indicó en su momento Cristina Fernández en redes sociales.

El apoderado de la expresidente, Facundo Fernández Pastor, presentó en dicha ocasión un recurso administrativo de nulidad ante la Anses para recuperar la jubilación de privilegio y argumentó que la medida “viola derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional”.

En noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner y lo oficializó por medio del Boletín Oficial. En ese entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la medida “significa para los argentinos un ahorro de unos $21.827.624” y anunció la anulación de la pensión del expresidente Néstor Kirchner que también cobraba la expresidenta.

Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, señalaron que “la baja no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la Justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad política que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta”.

El caso de Amado Boudou

En relación a Boudou, el Gobierno le quitó la jubilación de privilegio días después de la situación de que lo hicieran con Fernández de Kirchner, en una medida que quedó ratificada en el Boletín Oficial.

“El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública, tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo, de modo directo o derivado, asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiaria”, detalló la Anses en el documento.

Luego de conocerse esa medida, Boudou presentó un recurso administrativo para solicitar que se dé marcha atrás y recuperar la asignación, pero desde la administración volvieron a negársela y, además, le exigieron la devolución de 280 millones de pesos que cobró de la asignación.

“Deniégase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Amado Boudou. Promuévanse las acciones correspondientes a los efectos del recupero de los fondos percibidos durante su vigencia”, precisó el organismo.

El Ministerio de Capital Humano señaló que, por medio de la administración, rechazó el recurso presentado por Boudou y confirmó que buscarán “recuperar las prestaciones percibidas indebidamente” por el exvicepresidente.

“La resolución que oportunamente revocó su asignación sostiene que este beneficio responde a un régimen excepcional y que, a diferencia de las demás prestaciones del SIPA, no tiene ningún requisito ni de edad, ni de tiempo de servicio con aportes, ni de permanencia mínima en el cargo, sino que es un privilegio que se otorga en reconocimiento al honor, al mérito y al buen desempeño de presidentes y vicepresidentes”, señaló la cartera que encabeza Pettovello.

Asimismo, añadió: “El ex vicepresidente tiene una condena firme ratificada, primero por la Cámara Federal de Casación Penal y, luego, por la Corte Suprema de Justicia, por un delito cometido en ejercicio de sus funciones como vicepresidente de la Nación”.

En ese sentido, el organismo evaluó que Boudou no cumple con el “único requisito exigido” para recibir la jubilación de privilegio: “Honorabilidad, mérito y buen desempeño”.

MM con información de la agencia NA.

El Gobierno anunció hoy el cierre definitivo de la ex Ciccone Calcográfica, tras haber iniciado un proceso de reestructuración de la Casa de Moneda. Así lo comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en sus redes sociales, en un mensaje en el que afirmó que la compañía es uno de los “grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”.

“En el día de hoy hemos cerrado definitivamente la planta ex Ciccone, uno de los grandes emblemas de la corrupción kirchnerista”, inició Adorni su mensaje en su cuenta en la red social X. “El Estado Nacional ya no fabricará más billetes: los argentinos se van a ahorrar 5.040 millones de pesos anuales. Fin”, concluyó el funcionario.

A comienzos de octubre, Adorni había anunciado la disolución de la ex Ciccone Calcográfica y la reestructuración de la Casa de Moneda. En aquel momento, el vocero presidencial había afirmado que “la mala administración anterior implicó un despilfarro de recursos, con deudas que hoy ascienden a los US$ 371 millones, un patrimonio negativo de US$ 78 millones y un resultado bruto negativo de US$ 20,5 millones”.

La ex Ciccone fue adquirida por el ex vicepresidente Amado Boudou, destinada a imprimir papel moneda y otra documentación oficial del Estado nacional. Incluso, por esta tarea el exfuncionario fue condenado a 5 años y 10 meses en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

DM

El exvicepresidente Amado Boudou será trasladado desde Neuquén al Hospital Italiano de Buenos Aires en un avión sanitario por pedido de su familia, luego de la descompensación que sufrió anoche mientras brindaba una charla en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, confirmó al diario LM Neuquén que el traslado de Boudou está previsto para esta tarde, e informó que se encuentra “bien y estable y pasó bien la noche”.

Fuentes allegadas al economista indicaron que “sufrió un accidente isquémico transitorio (AIT) que se pudo revertir cuando lo estaban atendiendo”

Un AIT se produce cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve período de tiempo.

Boudou participaba anoche del seminario “40 años de democracia en Argentina: 1983 - 2023. Lo logrado, lo pendiente y los desafíos a futuro”, organizado por Casa Patria Neuquén y la Secretaría de Extensión de la UNCo.

Mientras ofrecía una charla, el exvicepresidente debió interrumpir su disertación porque comenzó a sentirse mal y tuvo que ser trasladado al centro asistencial, al que ingresó por sus propios medios.

“El amigo y compañero Amado Boudou está recuperándose bien luego de una descompensación que tuvo mientras daba una charla en Neuquén. Sólo un susto!! Le mandamos la fuerza y el cariño de la militancia que recibimos en tránsito a nuestro querido Amado”, publicó esta mañana en su cuenta de Twitter la organización Soberanxs, el espacio político al que pertenece el dirigente.

CRM con información de la agencia Télam

La posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quede imposibilitada de ser candidata en 2023 por decisión del Poder Judicial es, en el escenario actual, una posibilidad lejana, de acuerdo a las normas vigentes y las fuentes judiciales con acceso a sus expedientes consultadas por elDiarioAR. 

Fernández de Kirchner tiene una sola condena, por el caso Vialidad: seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional en la adjudicación de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. 

Para que la pena impuesta en el juicio oral y público sea ejecutada aún resta que el caso sea revisado por dos tribunales superiores, lo que incluye un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso le agrega al expediente un plazo considerable, y aunque no es estrictamente predecible, las fuentes consultadas creen que 2023 terminará sin una sentencia firme en contra de la vicepresidenta. 

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, aseguró la expresidenta tras escuchar la sentencia en su contra el 6 de diciembre último.

La sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre último podrá ser revisada a partir del 9 de marzo próximo, cuando los jueces presenten los fundamentos de su veredicto. A partir de los fundamentos, las partes del juicio (defensas y fiscalía) podrán solicitar a un tribunal superior que revise las condenas y absoluciones. Para ello, cuentan con 10 días hábiles, aunque pueden solicitar una prórroga.

El fiscal Diego Luciani ya anunció que recurrirá (apelará) la absolución dictada por el tribunal a favor de Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita.

El tribunal que quedará a cargo de revisar la sentencia del caso Vialidad es la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. 

No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa

Cristina Fernández de Kirchner — 6 de diciembre de 2022.

Tribunal de revisión 

La Casación Federal está dividida en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces. Cada sala funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de ciertos fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

La Sala a cargo del caso Vialidad es la número I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

Incluso si la Casación fallara sobre el caso, e hipotéticamente confirmara antes del cierre de las elecciones 2023 la condena a la vicepresidenta, Fernández de Kirchner podría ser igualmente candidata. 

La condena no será ejecutable hasta que la decisión de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu quede firme, lo que implica que la sentencia sea revisada también por la Corte Suprema, lo que podría demorar años. Es lo que establecen seis artículos del nuevo Código Procesal Penal que entraron en vigencia en febrero de 2021 de manera anticipada a la totalidad de la norma y por disposición del kirchnerismo en la Comisión Bicameral. 

Los artículos establecen que las penas impuestas a los condenados sólo serán ejecutables una vez que queden firmes. Mientras las partes -sea el fiscal o la defensa- recurran a Casación o a la Corte para pedir la revisión de la sentencia, ésta no quedará firme y Fernández de Kirchner podrá ser candidata. a su vez, tampoco irá a prisión o prisión domiciliaria (cumple 70 este domingo).

Otros casos

Las revisiones de sentencias en juicios voluminosos y de perfil político, con recursos de alrededor de una decena o veintena de involucrados, plantean antecedentes muy diferentes. Además, ninguno incluye a la vicepresidenta en ejercicio y principal referente política del peronismo en la lista de condenados.

En el caso Ciccone, por ejemplo, el tribunal dictó sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en agosto de 2018 y dio a conocer los fundamentos en octubre de ese año. Casación confirmó las condenas en un período menor comparado a otros casos. Fue en julio de 2019, nueve meses después de los fundamentos. Luego la Corte dejó firme la sentencia en diciembre de 2020, un año y medio después.

El veredicto del caso conocido como la “ruta del dinero K”, que incluyó una condena por lavado de dinero agravado contra el empresario Lázaro Báez y condenas contra otros 20 imputados en el juicio, fue dictado por el tribunal oral en febrero de 2021. Los fundamentos se conocieron en abril de 2021 y las audiencias en Casación comenzaron a mediados del año siguiente, en 2022. El tribunal aún no decidió si confirma o revoca sentencias en este caso, que cumplirá dos años en Casación en mayo próximo.

Fernández de Kirchner también fue sobreseída de manera anticipada en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021 por la Sala I de Casación.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó a la Corte Suprema en junio de 2021, hace 20 meses. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó su dictamen sobre el caso (solicitando que se revoquen los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los beneficiados, y se realice el juicio oral y público por Dólar Futuro) dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos. 

En este caso, la Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Tiempos de Casación

A partir de la publicidad de los fundamentos de la sentencia, los abogados defensores y la fiscalía de juicio tienen 10 días hábiles para presentar sus recursos y solicitar que la Casación revise condenas y absoluciones. 

Luego, de acuerdo con el procedimiento fijado en el Código, Casación debe fijar fecha de audiencias. También tiene un corto plazo, pero rara vez en casos voluminosos el tribunal cumple estos preceptos.

Por ejemplo, desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Ambos sobreseimientos tienen el mismo carácter de sentencia definitiva de una condena o absolución. 

Las decisiones de Casación en torno a estos casos se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después de esta semana, a partir del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

La misma sala que revisará Vialidad en Casación debe decidir si revoca esos dos sobreseimientos y ordena realizar los juicio orales y públicos por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces; o si por el contrario los confirma. En ese caso, ambos expedientes llegarán a la Corte, donde no hay plazos para intervenir.

ED

Tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el caso Vialidad llegará en 2023 a los tribunales superiores para la revisión de la sentencia, que también incluye su absolución por el delito de asociación ilícita. A las características inéditas del juicio contra una vicepresidenta en ejercicio del poder, se suma el contexto del año electoral, el renunciamiento de la candidatura de la líder del kirchnerismo que obligará al reordenamiento político y la profundización del enfrentamiento de la expresidenta con los jueces que deberán definir su sentencia firme y por ende, la ejecución de su pena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Tres jueces de la la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país- y la Corte Suprema serán los encargados de confirmar o revocar la decisión de los jueces del Tribunal Oral Federal número 2. Aunque el caso de Fernández de Kirchner tiene características únicas, estos mismos tribunales, han intervenido en condenas y absoluciones del expresidente Carlos Saúl Menem y en la condena al exvicepresidente Amado Boudou, tal vez los casos más aproximados al de Fernández de kirchner por el peso del poder político del primero y el cargo del segundo.

elDiarioAR revisó los tiempos que se tomaron estos dos tribunales para revisar la condena a Boudou en el caso Ciccone y las condenas y absoluciones a Menem en los juicios orales y públicos del contrabando de armas a Ecuador y Croacia; la encubrimiento del atentado a la AMIA; los sobresueldos; y la venta del precio de La Rural. 

El resultado fue muy disímil. Mientras que la condena a Boudou quedó firme en el lapso de dos años y medio, en los casos de Menem las dilaciones del sistema judicial encontraron el camino para incluso garantizar absoluciones en vida o extinción de la acción penal y sobreseimiento por muerte en expedientes que llevaban más de dos décadas abiertos. 

Debido a que el historial completo de los expedientes penales que llegan a la Corte no está registrado en una única base de datos pública, elDiarioAR realizó este relevamiento a través de la búsqueda de los expedientes en el sistema público de consulta del Poder Judicial de la Nación; el archivo del Centro de Información judicial (CIJ); el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) del Ministerio de Justicia de la Nación; el sitio web de consulta del Ministerio Público Fiscal; la consulta a jueces, fiscales, abogados defensores que intervinieron en las causas; y fuentes de la Corte Suprema de Justicia.

Ciccone: firme en dos años y medio

El exvicepresidente Boudou fue condenado en agosto de 2018 por los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El Tribunal Oral Federal número 4 lo sentenció por haber encabezado un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

Con los votos de dos de los tres jueces del tribunal (Pablo Bertuzzi y Néstor Guillermo Costabel), ordenaron su inmediata detención. La jueza María Gabriela López Iñiguez votó en disidencia.

El caso tuvo la particularidad de que Boudou fue detenido cuatro veces entre noviembre de 2017 y diciembre de 2020, debido a órdenes y contraordenes de los jueces de distintas instancias.

Tras la condena, la defensa recurrió a la Cámara Federal de Casación y pidió su absolución pero la Sala IV del tribunal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, confirmó las condenas en julio de 2019, once meses después de la sentencia. Estos mismos jueces de Casación deberán analizar la condena a Fernández de Kirchner en Vialidad.

La defensa de Boudou volvió a recurrir la confirmación de la condena ante la Corte. El expediente llegó al máximo tribunal en septiembre de 2019 y en menos de un año los ministros rechazaron los recursos de la defensa del exvicepresidente y del resto de los condenados y dejó firme la condena en diciembre de 2020.

Armas: el juego de los plazos

El expresidente Menem murió en febrero de 2021. Para entonces, la absolución por “plazo razonable” que le dictó la Cámara Federal de Casación en octubre de 2018 seguía circulando por el máximo tribunal, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación. 

Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi argumentaron la absolución de Menem por “la violación de la garantía del justiciable a ser juzgado en un plazo razonable que las defensas habían planteado con insistencia”, mientras que el juez Carlos Mahiques consideró que el expresidente debía ser absuelto por falta de pruebas en su contra.

La causa llegó a la Corte el 26 de diciembre de 2018, tras los recursos presentados por los acusadores contra la decisión de los jueces de Casación.

El último movimiento de este expediente en la Corte quedó registrado en septiembre de 2020, cuando el máximo tribunal recibió “los autos principales” de la causa, es decir, el expediente. El máximo tribunal no llegó a revisar la decisión final en el caso y Menem murió absuelto.

La causa armas se abrió en 1997. En 2001, Menem, ya fuera del poder, fue procesado por asociación ilícita, estuvo cinco meses en prisión domiciliaria pero la mayoría automática de la “Corte menemista” lo absolvió rápidamente. 

En 2007, luego de que la causa pasara al fuero Penal Económico, fue nuevamente procesado y enviado a juicio, un proceso que demoró otros tres años. 

En 2011, fue absuelto pero el fiscal Marcelo Agüero Vera y la AFIP apelaron y llevaron el caso a la Casación. En 2013, la Casación condenó a Menem y ordenó al tribunal oral que fije su pena de prisión: recibió más de 7 años pero nunca fue preso.

El expresidente presentó un nuevo recurso ante la Casación y este tribunal se demoró cuatro años en concederle el recurso. Lo aceptó en 2017 y como consecuencia de sus propias acciones, en 2018, dos décadas después de iniciada la causa, la Casación absolvió a Menem y al resto de los acusados por violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Menem también murió sin haber sido sometido a juicio oral y público por la explosión intencional de la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, vinculada a la supuesta operación para destruir pruebas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

La Rural: 2,9 años y sigue

Menem fue condenado en marzo de 2019 a una pena de tres años y nueve meses de prisión por un delito de peculado por la venta a precio vil del predio de La Rural durante su mandato. El Tribunal Oral Federal número 2 también condenó al exministro de Economía, Domingo Cavallo, por lo que el expediente continúa tramitando en la Corte a pesar de la muerte de Menem.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini determinaron que la venta del inmueble ocasionó pérdidas al Estado por cerca de US$100 millones. La causa se había iniciado 18 años antes, en 2001.

En diciembre de 2019, los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación revocó por mayoría las condenas y sobreseyó a  Menem y a Cavallo. Fue por decisión de los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi. Juan Carlos Gemignani planteó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y votó en disidencia con sus colegas.

Tras la apelación del Ministerio Público Fiscal, el caso llegó a la Corte en julio de 2020. Menem murió siete meses más tarde sin que el máximo tribunal llegara a tratar el caso para revisar si debía ser condenado. El expediente continúa circulando por la Corte. El último movimiento registrado es del 20 de noviembre último. Aún no hay fallo para dejar firme la absolución de Cavallo.

Sobresueldos: siete años y sigue

El expresidente y Cavallo fueron condenados a cuatro años y tres años y medio de prisión, respectivamente, en diciembre de 2015 por el delito de peculado, al igual que el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. Fueron acusados de “sustraer ilícitamente y de manera sistemática caudales públicos a través de un sistema clandestino de pago instrumentado desde la cúpula gubernamental”. La causa había sido iniciada en 2004.

Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Eduardo Riggi, confirmó las condenas de Menem y Cavallo pero absolvió a Granillo Ocampo.

En diciembre de 2018, el caso llegó a la Corte. Desde entonces, el expediente circula por la Corte. Estuvo un año en la Procuración General de la Nación a la espera del dictamen del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, quien ya remitió su posición sobre si las condenadas y la absolución deben ser ratificadas o revocadas.

El último movimiento del expediente en la Corte es de mayo de 2022.

Encubrimiento AMIA: casi 3 años y sigue

Menem fue juzgado en el juicio por el encubrimiento al atentado a la AMIA. El febrero de 2019, el Tribunal Oral Federal número 2 dictó penas de hasta seis años de prisión para algunos de los acusados pero el expresidente y otros cuatro imputados fueron absueltos. 

El riojano estaba acusado de haber intentado desviar la llamada “pista siria” y tanto la fiscalía como las querellas de DAIA y AMIA habían pedido su condena, al igual que el Ministerio de Justicia y las querellas de Memoria Activa y la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.

La causa aún está en la Cámara Federal de Casación, que celebró las últimas audiencias en noviembre último para escuchar a los acusadores, que recurrieron la absolución de Menem y otros acusados. Los jueces deberán dar su fallo pero Menem ya no será sometido a la Justicia.

ED

Eligió el 17 de octubre para volver a dar un discurso en público y reclamar un lugar para los que aparecen en los márgenes del Frente de Todos, desde el minuto cero. Con libertad condicional desde julio pasado, Amado Boudou fue uno de los oradores principales en el acto convocado por Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo. “Nuestra voz tiene que estar ahí adentro”, dijo. El marco general era el de una convocatoria que había dejado en claro las diferencias en el arco oficialista, el ida y vuelta interminable de Alberto Fernández y la falta de conducción en el FDT. Para los que no fueron a la Plaza, era la confirmación del extravío de un sector que poco tiene que ver con el peronismo y pretende ir a contramano del rumbo oficial. Para él, era el reencuentro con el kirchnerismo en la calle después de haber estado preso por la causa Ciccone y haber pasado un largo invierno hablando solo en círculos reducidos. A casi diez años de haber sido electo vicepresidente en aquella fórmula que obtuvo el excepcional 54% de los votos, está clarísimo: ni Boudou ni el kirchnerismo son los mismos. 

El ex titular de la Anses, el autor de la iniciativa para erradicar las AFJP, el ex ministro de Economía que Cristina Fernández de Kirchner eligió como compañero de fórmula hoy está lejos de la toma de decisiones pero se mantiene activo y sus movimientos pueden sorprender a los que lo piensan apartado de todo. El reemplazante de Aníbal Fernández en el programa “Caníbales” de C5N recibe invitaciones y pedidos de distintos lugares para que diserte y conceda entrevistas en los círculos identificados con el gobierno. Cerca suyo hay quienes afirman que no da abasto para responder a todos. 

Repudiado por la mayoría opositora, condenado por los medios que abonaron la aventura de Mauricio Macri en el poder y rechazado por una parte del propio Frente de Todos, al otro lado de la polarización Boudou genera todo lo contrario. Los que creen que fue una víctima emblemática del lawfare y se acercaron a él cuando le tocó perder lo quieren y lo llenan de elogios; los que compartieron la cárcel con él lo respetan y lo aprecian; algunos que añoran el cristinismo arrollador del 54% y se deprimen con el presente de impotencia lo veneran; otros que lo vieron ejercer el poder lo consultan y lo visitan. En ese microclima, donde muchos lo idolatran, no son pocos los que le piden que vuelva a ser candidato, algo que todavía depende de que la justicia anule la condena en la que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Aún para la Argentina marcada por la guerra de las minorías intensas, su caso es único: nadie llegó tan alto ni cayó tan fuerte. El juez federal Ariel Lijo pretendió humillarlo: no solo decidió su detención en la causa por lavado y asociación ilícita; además ordenó que lo fotografiaran descalzo y en pijama a las 6 de la mañana en su departamento de Puerto Madero para después propagar las imágenes como parte del show de Comodoro Py. En julio pasado, el juez Ricardo Basilico le dio la razón al planteo de sus abogados, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, y le otorgó la condicional por considerar que ya cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le había sido impuesta.

Contra lo que se supone, Boudou no sólo predica ante la feligresía de la iglesia cristinista que sobrevive en tertulias donde la veteranía se ríe por no llorar. Conoce a parte del gabinete de gobierno, fue jefe de funcionarios importantes del área económica y frecuenta a políticos de la ortodoxia peronista bonaerense que fueron y vinieron entre Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. Empresarios importantes ligados al gobierno lo fueron a ver a la casa que alquila en Avellaneda cuando salió de la cárcel de Ezeiza: había ganadores en la era de la pandemia y sobrevivientes que compran barato en la Argentina que está de remate. Por alguna razón, no siempre la misma, son muchos los que quieren estar en contacto con él y las conversaciones reservadas se repiten.

Cristina

Casado con Mónica García de la Fuente, una mujer que lo sostuvo en los momentos más difíciles, y padre de mellizos de tres años y medio, Boudou perdió en el terreno de la política tal vez lo más importante que había conseguido: la relación única que supo tener con Cristina. El fuego que lo abrasó a poco de asumir el cargo de vicepresidente provocó una ruptura y una toma de distancia. Tal vez no haya sido algo estrictamente personal. Procesada en una docena de causas durante los años del macrismo, CFK se replegó sobre su propia situación y se desligó de la suerte de los empresarios y funcionarios que después de haber trabajado junto a ella y a su marido fueron a la cárcel con Macri en la Casa Rosada. Con Boudou, era distinto porque ella lo había elegido después de la muerte de Kirchner para que la acompañara en una etapa que se sabía iba a ser difícil. Las críticas y los reproches entre ellos no trascienden y Boudou mantiene todavía una reverencia con la vicepresidenta a la que, según dicen a su alrededor, hace tiempo no ve. Pese a todo, el ex ministro mantiene el lazo con dirigentes muy cercanos a Cristina y le hace llegar sus mensajes cuando lo considera necesario. “Ella está al tanto de lo que él piensa”, le dice a elDiarioAR alguien que conoce al ex ministro de primera mano y siempre se mantuvo a su lado.

Boudou, que ya se había fogueado en lo más alto en el ejercicio del poder, atravesó su estadía en la cárcel estudiando y escribiendo. Desde ahí, donde algunos piensan que completo su formación política, vio cómo el cristinismo recuperaba el centro de la escena gracias a la crisis que envolvía a Macri. A diferencia del criterio que terminó imponiendo Cristina, él siempre rechazó la idea de armar un frente electoral con los habían conspirado contra el kirchnerismo y habían incluso militado la doctrina Irurzun a través de sus aliados en los tribunales federales. Aunque la lista de dirigentes con los que se enfrentó en su tiempo de auge es larga, hay dos que figuran entre sus máximos rivales. El primero es Florencio Randazzo, con quien chocó cuando compartieron el esquema de gobierno y de quien -algunos sostienen- aportó información en su contra en la causa Ciccone. El otro es Sergio Massa, el político que lo proyectó desde la Anses y lo llevó a la residencia de Olivos para que presentara su propuesta de estatizar las AFJP ante Néstor y Cristina. Massa y Boudou tuvieron hace una vida una amistad de lo más cercana. Por intermedio del primero, el segundo conoció al fallecido Jorge Brito, el alma mater del Banco Macro. Sin embargo, poco después la relación entre ellos se quebró y, cuando el ex intendente de Tigre rompió con CFK, la enemistad creció. Preso hasta abril de 2020, Boudou siempre sostuvo que sellar una alianza con alguien como Massa era lo mismo que dormir con el enemigo. 

Con Kirchner como ejemplo, una de sus ideas principales es que la correlación de fuerza no determina la política de un gobierno sino que se construye y se modifica a partir de la iniciativa política. Quienes lo frecuentan sostienen que sus planteos no sólo contrastan con el sendero de austeridad que transita el gobierno sino que además proponen medidas bastante más audaces. Eso se advierte en sus columnas en el programa “Siempre es Hoy”, que conduce Daniel Tognetti en AM 530 y en las que firma en “El Destape”, donde rechaza firmar un acuerdo con el Fondo Monetario y sugiere la estatización del servicio eléctrico en Argentina. 

Ni Guzmán ni Kicillof

Con una formación inicial en el ultraliberal CEMA y considerado como economista por una parte del establishment que llegó a promover sus virtudes, el nombre de Boudou remite para algunos a los años en que el cristinismo se recuperó tras la derrota electoral de 2009 y salió adelante con una serie de medidas audaces entre las que se destacó la estatización de los fondos de jubilación y pensión. La situación era otra y hoy nadie sabe de dónde pueden salir los recursos para financiar la expansión y recuperar ingresos que cayeron en 5 de los últimos 6 años. Para otros, su nombre recuerda aquella idea de la sintonía fina, la consigna que apuntaba a la reducción de subsidios y se frustró tras el desastre de Once. Todavía hoy se habla de ella. Una vez más, el contexto era otro y él también. 

Crítico al máximo de la reducción del déficit fiscal que decidió Martín Guzmán, a quien definió como un ministro de Finanzas, Boudou fue uno de los planteó desde el primer momento la necesidad de un shock distributivo y cuestionó el ajuste sobre los salarios que castigó a gran parte de los votantes del gobierno. El ex ministro es una rara avis porque tampoco coincide con los axiomas que difunde Axel Kicillof y está entre los que piensan que el ahora gobernador bonaerense se equivocó de manera sistemática en el cargo y terminó mal su gestión. Se siente más identificado con las ideas del nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que fue su viceministro de Economía entre 2009 y 2011. Boudou es el testimonio viviente de otro tipo de kirchnerismo, vertical, monolítico y sin fisuras. No termina de entender cómo Guzmán puede refutar a Cristina en público, como lo hizo en la entrevista con Víctor Hugo Morales en las que negó el ajuste. No acepta que el Presidente pueda desautorizar a Feletti apenas unas horas después de asumido, como lo hizo cuando negó la posibilidad de aplicar la ley de abastecimiento. 

En la intimidad, lejos de la batalla judicial en la que se cansó de perder, el ex vicepresidente irá tal vez más allá de los argumentos de su defensa. Aun convencido de que fue blanco de la revancha del sector financiero por haber sido la mano derecha de Cristina o haber promovido la estatización de las AFJP, Boudou sabrá mejor que nadie en qué se equivocó. Tendrá presente lo que él mismo se reprocha y solo sus amigos verdaderos saben: la omnipotencia que se siente cuando se está en lo más alto, los descuidos a la hora de ejercer el poder, la frivolidad que perdió con la inocencia, la trama de una historia que dejó los hilos en la superficie. Algo de eso o alguna otra cosa, él lo sabrá, explicará su caída, en un contexto global preciso, en un país donde la confrontación política puede ser despiadada.

DG

En medio de la crisis interna generada tras los resultados adversos para el oficialismo en las PASO 2021, la economía juega un rol clave y está en boca de todos los críticos del Gobierno que comanda Alberto Fernández. En ese contexto, reapareció en las últimas horas el exvicepresidente Amado Boudou y apuntó contra el ministro Martín Guzmán, lo que motivó que el titular de Desarrollo productivo le saliera al cruce.

Para Boudou, “entre las causas del descontento de la gente están los números socioeconómicos, que son una herencia del gobierno de Mauricio Macri y no fueron generados por Alberto Fernández”.

Para ampliar, el exministro de Economía durante parte de la gestión de Cristina Kirchner, consideró que el Frente de Todos “hizo una mala elección. Sería interesante tratar de desmenuzar con calma y tranquilidad cuáles han sido las aristas que llevaron a este resultado adverso en las urnas”.

Según Boudou, en declaraciones a AM7 50, “los números socioeconómicos con los cuales se votó fueron muy significativos para esta elección. Esto no es un tema nuevo, por lo menos para nosotros. Pero está la visión del ministro Guzmán, que fue en el sentido contrario y te diría que hasta a contrapelo de lo que fue señalando el Presidente en la campaña y hasta el último día y cuando lo escuchamos la misma noche de la elección con reflexiones importantes”.

Asimismo, el exfuncionario remarcó que en la Argentina “siempre los ministros marcan el camino a seguir por el gobierno. Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el Ministro Guzmán le ha dado a su gestión. Hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía, sino de finanzas”, destacó, en relación a los esfuerzos del titular de la cartera para conseguir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y los acreedores externos de la deuda.

Además, Boudou hizo referencia a los bajos ingresos de los ciudadanos, el aumento del desempleo y la caída de la actividad económica, al sostener que fueron “problemas heredados” del Gobierno de Juntos por el Cambio y concluyó: “Por ese camino no podés tener mercado interno ni proceso de inversión sustentable porque la economía se reduce a un modelo importador que sabemos el daño que le ha hecho a la vida de los argentinos”.

Del lado oficialista del ring, se subió el ministro Kulfas, quien le respondió al exvicepresidente. “Tenemos que tener en cuenta la situación en la que Argentina se encuentra. A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía, que había claramente una mejor situación fiscal, externa y de reservas en el Banco Central”, explicó.

Para el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, el resultado electoral contundente en contra del Frente de Todos en la PASO del domingo último “tiene varios mensajes, no uno solo. Hubo mucha gente que nos había acompañado en 2019 y en esta elección no lo hizo”, reflexionó. Y aclaró: “Tenemos claro el rumbo. Estamos en un camino de recuperación que tiene sus ritmos y sus problemas”.

Con respecto a los rumores que indican un posible cambio en el Gabinete de Alberto Fernández, Kulfas expresó que su lugar en el Gobierno “depende del Presidente. Yo no estoy aferrado a ninguna silla. Los ministros somos colaboradores del Presidente con funciones específicas y él toma las decisiones respecto a cuándo designarnos y cuándo hacer cambios”, concluyó en una entrevista en Am 750. 

IG

El juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 Ricardo Basílico concedió hoy la libertad condicional al exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, tras considerar que ya cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le había sido impuesta en el marco de la causa Ciccone, informaron fuentes judiciales.

Boudou deberá cumplir con las medidas de rigor: residir en el lugar que determine el auto de soltura –sin poder mudar su domicilio previa autorización por escrito de este Tribunal-; no cometer nuevos delitos y someterse al control de la DECAEP, dependencia que hasta el momento realiza la supervisión del arresto domiciliario que se le otorgara al nombrado.

Además, el juez reiteró la prohibición de salida del país y que el “Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica” retire el dispositivo electrónico con el que cuenta.

El juez resaltó que se basaba en la opinión del Ministerio Público Fiscal que informó que Boudou tuvo buena conducta durante su paso por la cárcel y que “ha cumplido satisfactoriamente con la totalidad de las reglas de conducta impuestas en lo referente al arresto domiciliario”

La decisión del magistrado se dio luego de que la Cámara Federal de Casación Penal avalara días atrás la reducción de la pena por los cursos que realizó durante su detención. Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas.

El fiscal Marcelo Colombo había dictaminado el pasado viernes a favor de concederle la libertad condicional al ex funcionario nacional, condenado a cinco años y diez meses de prisión, y ahora esa postura fue avalada por Basílico.

Noticia en desarrollo

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso hoy una nueva reducción de la condena al exvicepresidente Amado Boudou por la causa Ciccone, por lo que el exfuncionario se acerca más a la posibilidad de obtener la libertad condicional, informaron fuentes judiciales.

La medida dispuesta por la Sala IV Casación consiste en una rebaja de un mes adicional a los 10 ya concedidos por un juez de ejecución penal en el marco del artículo 140 de la ley 26.695/2011, que introdujo reformas a la ley 24.660/1996, que concede ese beneficio a quienes cursen y completen estudios en prisión.

A principios de este año el juez Daniel Obligado rebajó en 10 meses la condena a prisión de Boudou -quien cumple prisión domiciliaria- en la causa por la venta de la exCiccone Calcográfica, al aplicar el llamado “estímulo educativo” por cursos y talleres de formación realizados por el exvicepresidente durante su detención.

Con esa decisión el plazo de la condena se redujo de 5 años y 10 meses a 5 años.

Fuentes judiciales dejaron trascender que en los próximos días se cumplirían los dos tercios del cumplimiento de la condena de Boudou en prisión, por lo cual estaría en condiciones de acceder a la libertad condicional.

El exvicepresidente está cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de Avellaneda.

Obligado había hecho lugar a un pedido de los abogados defensores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes además solicitaron un mes adicional por otros estudios, pero esto fue rechazado por otro magistrado, Ricardo Basílico.

Entonces los abogados apelaron y su postura fue apoyada por la fiscalía. Así llegaron a Casación, el máximo tribunal penal del país, que no halló “controversia” entre aquellas posiciones y ahora resolvió en favor de Boudou.

Los jueces Ángela Ledesma y Mariano Borinsky dispusieron “reducir en un (1) mes el plazo de progresividad del régimen penitenciario, por aplicación del sistema de estímulo educativo previsto en artículo 140 de la ley 24.660, remitiendo las presentes actuaciones al tribunal de origen para que efectúe el cómputo pertinente”.

La jueza Ledesma dijo que “existió un exceso por parte del magistrado” Basílico “al resolver apartarse del acuerdo existente entre las partes para reducir en un (1) mes el plazo para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del régimen, lo que implicó la afectación del modelo constitucional (...), lesionando la garantía de imparcialidad”.

En tanto, el juez Javier Carbajo dijo que “la resolución recurrida carece de fundamentación suficiente y se encuentra por tanto inmersa en una causal de arbitrariedad” por lo que ordenó “reenviar la causa al tribunal de procedencia para que dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho”.

Y Borisnky dispuso adherir a los fundamentos esgrimidos por su colega Ledesma.

DA

El exvicepresidente Amado Boudou denunció este viernes al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de sus derechos y garantías durante el desarrollo de la causa Ciccone Calcográfica, según el escrito al que accedió elDiarioAR. El organismo internacional deberá analizar si da trámite al caso y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfuncionario presentó una denuncia de más de 20 páginas ante la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, con el patrocinio de uno de sus abogados, Alejandro Rúa. En el documento, Boudou relató los roles que habrían cumplido distintos actores en una supuesta maniobra del lawfare o “guerra judicial” en su contra. “El Estado argentino es responsable por la violación” de nueve artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

“He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”, expresó Boudou en su denuncia.

El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) fue condenado en 2018 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, junto a varios cómplices y a cambio de garantizar el salvataje de la compañía, que se encontraba al borde de la quiebra, según el fallo del Tribunal Oral Federal número 4.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, y quien falleció en 2019. 

Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de la compra, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020. Boudou explicó a la CIDH que su caso fue enviado a juicio antes de que se avanzara contra Brito y Moneta, lo que entendió que fue parte de la maniobra denunciada.

He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado.

Las pruebas en su contra fueron consideradas contundentes por 17 jueces de distintas instancias y cinco fiscales. Sin embargo, Boudou sostiene que se cometieron irregularidades durante sus reiteradas y publicitadas detenciones (tres en los últimos tres años y medio), y también a lo largo del juicio oral en su contra y la revisión de su caso en los tribunales de apelaciones, incluso en la Corte Suprema. 

“Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte”, aseguró. El máximo tribunal consideró en diciembre que los planteos de la defensa debían ser rechazados.

Boudou enumeró la presunta violación de nueve artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) y supuestos cómplices externos. En el escrito apuntó al gobierno de Mauricio Macri; a exmiembros del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a jueces de distintas instancias y a medios de comunicación. Detalló cómo habrían articulado acciones en su contra.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, afirmó. “El objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”, aseguró citando a la Comisión Bicameral de inteligencia y al comparar el supuesto accionar denunciado con las prácticas de la última dictadura militar. También adjudicó la presunta maniobra a una campaña a favor del macrismo, con fines electorales.

Boudou criticó el desempeño de todos los jueces que intervinieron en el caso Ciccone: desde el juez de primera instancia, Ariel Lijo (que comenzó a instruir la causa en 2012 y lo procesó en 2014) hasta el máximo tribunal, que confirmó su sentencia en apenas un párrafo en diciembre último. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles” y “sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria ante la gravedad de los reclamos”, sostuvo ante la CIDH.

Los servicios y el arrepentido

La denuncia de Boudou ante el organismo internacional también incluyó un pormenorizado relato del supuesto espionaje ilegal de la AFI a sus abogados y al propio exfuncionario mientras estuvo alojado en la cárcel federal de Ezeiza, hecho que es objeto de una investigación penal en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de inteligencia de la gestión macrista, y exautoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otros. Todos han negado los cargos. Boudou contó que existen pruebas de que se instalaron en el penal dispositivos para escuchar sus conversaciones con sus abogados, algo prohibido por la ley.

A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias.

“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas” para el lawfare, dijo citando nuevamente a la Comisión Bicameral de inteligencia en el Congreso.

La causa Ciccone fue objeto de interés de los servicios de inteligencia desde su inicio. Los primeros abogados de Boudou en la causa fueron Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con supuestas instrucciones del exjefe de los espías Jaime Stiuso y del auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial” del kirchnerismo, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas y Boudou dio un giro de 180 grados para elegir a sus nuevos defensores: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE en la Justicia.

En su denuncia contra el Estado argentino, el exfuncionario también hizo hincapié en la negociación atribuida a la exministra Patricia Bullrich con Alejandro Vandenbroele -testaferro de Boudou, para la Justicia-, con el fin de que declarara como arrepentido en su contra; ahondó en el pago de $1.500.000 al arrepentido, dispuesto por el Ministerio de Justicia macrista (Boudou presentó actas oficiales que lo prueban); y supuestas irregularidades durante el desarrollo del juicio, como la imposibilidad de presentar prueba a su favor durante el proceso.

“A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del Gobierno” de turno, afirmó. Comparó el hecho con otro caso que analizó la CIDH: el pago de US$400.000 a Carlos Telleldín en el caso AMIA, antecedente que analizó en detalle.

“Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele a Infobae. “El Ministerio de Justicia también ha autorizado fondos muy elevados para reubicar a otros testigos protegidos”, dijo una fuente macrista de esa cartera a elDiarioAR ante una consulta en enero.

Afuera de la política

Otro de los puntos por los que demandó al Estado es la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que recibió en 2018. La definió como contraria a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos, al encuadrarla dentro de las categorías de penas “degradantes”, “arbitrarias” y/o “crueles”.

Boudou cumple un arresto domiciliario que se encuentra en revisión ante la posibilidad de ser trasladado por cuarta vez a una cárcel federal para cumplir el resto de la pena. Para mediados de año, estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, ya que habrá cumplido los dos tercios de su pena, confirmaron fuentes de su defensa y una fuente judicial del caso.

En su escrito, definió como arbitrarias sus detenciones preventivas, previas a la condena, y contó que el tribunal que lo juzgó lo obligó con una resolución a presentarse a todas las audiencias del juicio para “obtener la máxima espectacularidad político-mediática”. También recordó la publicidad de sus traslados “esposado y disfrazado con casco y chaleco antibalas ante el tribunal”. 

En su denuncia ante la CIDH, Boudou adjuntó presentaciones judiciales ante distintas instancias (apelación, documentos de los expedientes, recursos ante tribunales de apelación), el informe de la Bicameral de Inteligencia, copia de otros expedientes (La Mesa Judicial del macrismo) y notas periodísticas, entre otras pruebas de su denuncia. 

En trámite

La CIDH es un organismo independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su objetivo es proteger los derechos humanos en el Continente, según su estatuto. Está integrada por siete miembros “independientes”.

Tras la presentación de Boudou, el caso ingresará a la Comisión para su evaluación y posible remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal internacional que juzgará si el Estado argentino violó la Convención Americana.

Argentina es uno de los veinte Estados que han reconocido la competencia de esta corte interamericana, pero una sentencia contra el país no necesariamente modificaría la situación procesal de Boudou en Argentina. 

En 2017, la Corte Suprema de la Nación estableció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Hay otros antecedentes que van en sentido contrario. Por lo tanto, si existiera un fallo a su favor a nivel internacional, Boudou podría reclamar en Argentina que se revise y revoque su condena.

ED

La Justicia Federal revocó este miércoles el beneficio de la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou, pero determinó que solo volverá a prisión una vez que quede firme esta decisión adoptada en el marco de la condena a cinco años y diez meses de prisión en la causa por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por el juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 a cargo de la ejecución de la condena, Ricardo Basílico, a través de un fallo de 20 páginas al que tuvo acceso Télam a través de fuentes judiciales.

“He de revocar el arresto domiciliario oportunamente dispuesto por el Juez que me precediera en la función respecto del condenado Amado Boudou de las demás condiciones personales obrantes en autos, debiendo, una vez que se encuentre firme esta resolución, hacerse efectiva la constitución en detención del mencionado, en la Unidad Penitenciaria que se determine por el Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el magistrado.

“Corresponde rechazar la solicitud de mantener el arresto domiciliario efectuado por la defensa de Amado Boudou por no advertirse, en el caso, la afectación al alegado ‘interés superior del niño’, toda vez que los niños se hallan contenidos material, moral y afectivamente”, sostuvo el juez en otro tramo del fallo.

La defensa de Boudou había reclamado en una audiencia celebrada el 14 de marzo que se extendiera la prisión domiciliaria al también exministro de Economía porque lo único que se modificó desde que obtuvo ese beneficio es que su condena quedó firme, algo que, según se expuso, no alcanza para modificar la modalidad de encierro.

De aquella audiencia participaron, además del fiscal de juicio Marcelo Colombo, que reclamó por el regreso de Boudou a prisión, un defensor de menores y una psicóloga que centraron sus exposiciones en el interés superior del niño, dado que el exfuncionario es padre de mellizos de poco más de dos años.

La audiencia había sido convocada después de que la Cámara Federal de Casación anulara por “vicios procesales” el fallo que revocó la prisión domiciliaria de Boudou y ordenara al Tribunal que lo condenó en el caso Ciccone realizar una audiencia oral entre todas las partes, antes de volver a tomar una decisión.

El fallo de Casación había sido alcanzado de forma unánime por los camaristas de la sala IV, Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

La camarista Ledesma advirtió allí que el 30 de diciembre último el entonces juez de ejecución del TOF4 Daniel Obligado resolvió revocar la prisión domiciliaria concedida a Boudou en abril de 2020, sin escuchar los argumentos de sus abogados defensores.

IG

La Cámara Federal de Casación anuló este martes por “vicios procesales” el fallo que revocó la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou y ordenó dictar una nueva resolución sobre si le corresponde o no mantener ese beneficio, mientras cumple su condena en el caso Ciccone.

La decisión fue de la sala IV del máximo tribunal penal del país que hizo lugar a una apelación de la defensa de Boudou, condenado a cinco años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la exCiccone Calcográfica, según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los camaristas Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma ordenaron que se revea el fallo dictado en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal 4, por lo cual Boudou seguirá por ahora con arresto domiciliario. El 30 de diciembre pasado, el juez de ejecución del caso, Daniel Obligado, había ordenado revocar el arresto domiciliario de Boudou para que termine de cumplir su condena en una cárcel común.

Casación dispuso “reenviar las actuaciones a su origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas, se dicte un nuevo pronunciamiento” sin “emitir opinión en cuanto al fondo de la cuestión”

En el fallo los camaristas sostuvieron que hubo “vicios procesales” cuando se revocó la prisión domiciliaria el 30 de diciembre pasado y ordenó dictar un nuevo fallo.

Según la jueza Angela Ledesma, “se configuró una afectación al derecho de defensa de Boudou por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado el 29 de diciembre de 2020. Dicha circunstancia, impidió a los defensores desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición. El juez no garantizó un ejercicio adecuado de la contradicción entre las partes. Considero que este tipo de decisiones deben ser abordadas en el marco de una audiencia oral y pública con la presencia ininterrumpida de todas las partes”. sostuvo Ledesma.

Por su parte, el camarista Mariano Borinsky remarcó que Boudou “se encontraría próximo a alcanzar el requisito temporal de la libertad anticipada”, es decir, que debido al tiempo que ya ha estado detenido en la cárcel federal de Ezeiza y en sus domicilios, el exvicepresidente está cerca de poder solicitar la libertad condicional. Una situación que lo acerca más al beneficio del arresto domiciliario.

Boudou está condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.

Con información de agencias.

IG

El exvicepresidente Amado Boudou quedó más cerca de acceder a salidas transitorias y, dentro de seis meses, a la libertad condicional, según confirmaron fuentes con acceso directo al expediente. Igualmente, la decisión dependerá de la Cámara Federal de Casación, que aún no revisó las decisiones tomadas por instancias inferiores. 

En diciembre, la Corte Suprema confirmó la condena de cinco años y diez meses que recibió el ex vicepresidente por el caso Ciccone. Tras ese fallo del máximo tribunal, el juez Daniel Obligado decidió a finales de diciembre que Boudou debía regresar a una cárcel federal para completar la pena que cumplía de manera preventiva con arresto domiciliario. Sin embargo, en la práctica, esta nueva decisión judicial del magistrado de acortar los tiempos procesales, tomada casi un mes más tarde, cambió el panorama para Boudou: quedó más cerca de las salidas transitorias y de la libertad condicional, explicó una fuente con acceso directo al caso.

Según un escrito judicial del 29 de enero último, el juez Obligado, quien intervenía como juez de ejecución de la pena, aceptó que a Boudou se le redujeran en diez meses los plazos para solicitar la libertad condicional. Antes de este fallo, al exvice le restaban 16 meses para poder solicitar la libertad condicional, explicó una fuente directa del caso. Ahora, los tiempos se acortan y podrá pedirlo dentro de seis meses, confirmó la misma fuente con acceso al expediente. Además, en el corto plazo, podrá incluso solicitar salidas transitorias, agregó la voz. El Ministerio Público Fiscal había accedido a reducir el plazo a sólo seis meses, no diez.

Como consecuencia, este escenario disminuye sus posibilidades de regresar a una cárcel federal cuando Casación analice su situación en los próximos días o semanas.

Se adelantan los tiempos del progreso penitenciario por estímulo educativo.

El juez Obligado se basó en que el funcionario realizó cursos de capacitación en la cárcel, de tipo técnico, pero también currículas académicas que cursa durante su encierro domiciliario. El sistema de estímulo educativo para personas privadas de su libertad consiste justamente en fomentar la educación y capacitación a cambio de beneficios procesales, como en este caso. 

El premio obtenido por Boudou “no es una reducción de pena”, explicó uno de sus abogados a elDiarioAR, Alejandro Rúa. “Se adelantan los tiempos del progreso penitenciario por estímulo educativo”, informó ante la consulta. 

La reducción del plazo procesal había sido planteada por la defensa, que presentó información sobre una serie de cursos realizados por el exvice. El Ministerio Público Fiscal había opinado que la Justicia sólo debería restarle seis meses y no diez, debido a que sólo le computó a su favor los cursos finalizados dentro de la cárcel de Ezeiza como programador de sistema de base de datos de computadoras personales, montador electricista, electricista instalador, práctico en organización de eventos y un taller de filosofía, sostuvo el fallo.

Se encuentra estudiando y continuando su formación profesional.

El exvice se encuentra cursando un Doctorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Ciencias Sociales; una Diplomatura Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); y la Licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNA), según consta en el fallo. El juez Obligado lo tuvo en cuenta porque “se encuentra estudiando y continuando su formación profesional” en el arresto domiciliario. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que esos cursos no son en el marco de programas penitenciarios.

Trámite

Boudou tiene una condena confirmada por la Corte Suprema de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone. Fue sentenciado en 2018 por el Tribunal Oral Federal número 4 por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70 por ciento de las acciones de la imprenta de billetes a cambio de garantizar a sus dueños el salvataje de la compañía casi quebrada. El exfuncionario siempre negó los cargos, al igual que el resto de los condenados.

A partir de febrero, el nuevo juez de ejecución de pena que asumirá el caso, Ricardo Basílico, deberá darle continuidad al trámite que quedó pendiente por la feria de enero: decidir si permite a la defensa apelar la decisión de que Boudou regrese a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Si el magistrado hace lugar al recurso presentado por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort a mediados de enero, la defensa de Boudou podrá recurrir a la Casación para que revisen la decisión y ordene si el exvice puede seguir cumpliendo la pena en su domicilio, como solicita la defensa, o debe hacerlo en un penal.

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que superó a principios de enero las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, según explicó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso. Tiene alrededor de seis meses para hacer el planteo desde la confirmación de la Corte.

ED

Tras el final de la feria de judicial de verano, la Justicia federal deberá tomar dos decisiones centrales de las que dependen las libertades del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Planificación, Julio De Vido, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con intervención directa en los casos y las defensas de ambos exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Las resoluciones estarán a cargo de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país.

Para Boudou, el desenlace de su caso podría implicar que pierda el beneficio del arresto domiciliario para regresar a una cárcel federal por el caso Ciccone, mientras que De Vido apelará la confirmación de su sentencia en el juicio por la Tragedia de Once y la Casación analizará si ordena su detención o le permite recurrir ante la Corte Suprema en libertad. Ambos exfuncionarios niegan los cargos en su contra. Sus casos están entre los que dispararon cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción.

De Vido está en libertad desde hace casi un año -fue excarcelado en marzo de 2020- y su caso volverá a plantear el debate sobre el cumplimiento efectivo de las penas. La discusión entre las defensas y los tribunales es si la confirmación de la condena por parte de Casación deja firme la pena de la sentencia (como plantean algunos jueces del máximo tribunal federal penal) o si, en cambio, la Justicia debe aguardar el fallo final de la Corte para ordenar la detención del condenado en un juicio. 

Se abrirá un margen para la discusión de si debe primar el estado de inocencia o una detención anticipada.

La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de 5 años y 8 meses de prisión a De Vido por la Tragedia de Once, según el fallo consultado. El exfuncionario había sido sentenciado en octubre de 2018 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 

“En febrero, vamos a presentar el recurso extraordinario ante la Casación contra la confirmación de la condena y la determinación de la pena”, confirmó una fuente de la defensa de De Vido. “Él va a seguir conservando su estado de inocencia, como cualquier ciudadano, hasta que la Corte defina sobre su caso”, agregó el defensor. Sobre la posibilidad de que Casación ordene su detención, la defensa de De Vido afirmó: “Una vez que presentemos el recurso y Casación decida si lo admite, se abrirá un margen para la discusión de si debe primar el estado de inocencia o una detención anticipada, de forma preventiva, mientras dure el trámite de la queja ante la Corte”.

Las situaciones procesales de ambos exfuncionarios se cruzan en Casación. Boudou es uno de los antecedentes más próximos sobre lo que puede suceder con la libertad de De Vido. El exvice regresó por tercera vez a la cárcel luego de que esa Cámara confirmó la sentencia de Ciccone, como consta en los registros del caso. Desde entonces sigue detenido, primero en Ezeiza y desde abril último en su domicilio.

“En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse”, adelantó una fuente del tribunal que interviene en el caso de De Vido. “El tribunal analizará la presentación de la defensa de De Vido”, agregó la fuente. Si Casación rechaza el recurso extraordinario, los abogados podrán ir en queja a la Corte. Mientras tanto, el tribunal podría pedir su detención o dejarla en suspenso, explicó la misma fuente. “En caso de un arresto, se analizarán en qué condiciones”, añadió. El exministro es mayor de 70 años y podría acceder a la prisión domiciliaria. 

Otro escenario para Boudou

A finales de diciembre, el juez federal Daniel Obligado ordenó que Boudou regrese a un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Fue luego de que la Corte dejó firme la condena por el caso Ciccone a cinco años y diez meses. Boudou ya no tiene instancias de apelación sobre la sentencia pero sí sobre las condiciones de detención. Su regreso a la cárcel quedó en suspenso ante la posibilidad de recurrir a Casación para solicitar cumplir en su domicilio el resto de la pena efectiva. 

A mediados de enero, los abogados de Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelaron la medida ordenada por el juez Obligado, como adelantó elDiarioAR. El 20 de enero, el juez Obligado volvió a resolver sobre el caso y decidió no tratar el pedido de la defensa por el momento, ya que los abogados de Boudou no solicitaron habilitar la feria judicial. Obligado dispuso que el caso se tramite a partir de febrero, cuando los tribunales retomen la nueva normalidad, según el escrito consultado. 

En el caso Ciccone, Obligado ya no intervendrá como juez de ejecución de pena en 2021, ya que termina su turno. El caso de Boudou estará a cargo de su colega Ricardo Basílico, también integrante de los tribunales orales federales, confirmó una fuente de la defensa.

En el caso de Boudou, este tribunal ya dijo que la jurisprudencia de la Corte plantea que una vez confirmada la sentencia en Casación, la pena queda efectiva y debe ejecutarse.

Basílico deberá decidir si Boudou puede acudir a Casación y apelar su regreso a la cárcel. Los defensores plantearon que el exvicepresidente se encuentra con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico desde el 6 de abril de 2020 y que debería completar la pena efectiva bajo las mismas condiciones. El argumento central de la defensa de Boudou es que su arresto domiciliario tiene como principal objetivo garantizar “los derechos de sus hijos”, mellizos de tres años. 

Los juicios

De Vido fue condenado en un segundo juicio por la tragedia ferroviaria de Once, que le costó la vida a 51 personas, una persona por nacer y dejó 789 heridos. En diciembre, Casación confirmó su condena en el juicio oral y público. Los jueces entendieron que la tragedia ferroviaria “aconteció en un contexto de un manifiesto y grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional”, según un comunicado judicial. “De Vido decidió sostener aquél mecanismo dispuesto sustancialmente para beneficiar económicamente a las empresas vinculadas al grupo de empresarios concesionarios del Ferrocarril Sarmiento”, sostuvieron los magistrados.

En agosto de 2018, otro tribunal condenó a Boudou por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haber obtenido el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone junto a un grupo de cómplices. 

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que superó a principios de enero las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, según explicó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso. Tiene alrededor de seis meses para hacer el planteo desde la confirmación de la Corte.

ED

La defensa de Amado Boudou apeló en las últimas horas la orden de que el exvicepresidente regrese a una cárcel federal para cumplir la pena efectiva por el caso Ciccone, según el escrito al que accedió elDiarioAR. La medida quedó en suspenso ante la posibilidad de recurrir a la Cámara Federal de Casación. 

Los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort presentaron un escrito de 45 páginas ante el juez de Ejecución de pena, Daniel Obligado, para recurrir su decisión ante el tribunal de revisión. Por procedimiento, indicaron fuentes judiciales, todo indica que el magistrado hará lugar y permitirá elevar el recurso para que la Casación analice si Boudou debe regresar a un penal por cuarta vez o puede continuar cumpliendo la pena firme en su domicilio, junto a su familia.

Sus defensores plantearon que se encuentra con prisión domiciliaria y monitoreo electrónico desde el 6 de abril de 2020 y que debería completar la pena efectiva bajo las mismas condiciones. Para fundamentar su posición, Rúa y Peñafort hicieron hincapié en los argumentos que el propio juez Obligado enumeró en un escrito en el que le concedió la morigeración de sus condiciones de detención y que permitieron en abril último que Boudou dejará el penal de Ezeiza por tercera vez.

Los informes citados permitirían demostrar la imposibilidad acreditada (para los dos menores y su pareja) de contar con otra contención familiar.

El argumento central de la defensa de Boudou es que su arresto domiciliario tiene como principal objetivo garantizar “los derechos de sus hijos”, mellizos de tres años. Peñafort y Rúa citan en su escrito dos dictámenes de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores y una serie de informes de un Equipo Interdisciplinario que visitó y entrevistó a Boudou y su pareja en los dos domicilios donde cumplió y cumple el arresto (primero en un departamento en Barracas y ahora en una casa en la localidad de Avellaneda).

Según sus abogados, los informes citados permitirían demostrar “la imposibilidad acreditada (para los dos menores y su pareja) de contar con otra contención familiar” que no sea el padre. También se basan en “el interés del Estado mexicano por los derechos de esos niños”, quienes tienen doble nacionalidad y cuya madre es mexicana. 

La presencia de Amado Boudou en su hogar, resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor.

En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal número 4 condenó a Boudou a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, acusado de haberse hecho con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes junto a un grupo de cómplices, cuyas condenas también quedaron firmes tras el fallo de la Corte Suprema, el 3 de diciembre. El exfuncionario siempre negó los cargos. Boudou y el resto de los sentenciados ya no tienen instancias de apelación dentro del poder Judicial de la Nación para plantear la revisión del caso.

El entorno de Boudou organizó una campaña de firmas que ya superan las 13.000 adhesiones para solicitar su libertad, dijo a este medio el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la solicitada. Peñafort también confirmó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Argumentos de la defensa

Uno de los informes oficiales sostiene “que la presencia de Amado Boudou en su hogar,  resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”. Los niños “impresionan tener una relación de apego con su progenitor y contar con el cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento”, dijo uno de los veedores oficiales.  

Además, a pedido de su pareja, la cónsul de México en Argentina hizo saber a la Justicia que “que es del mayor interés del Estado mexicano preservar la integridad y los derechos de todos los mexicanos en el exterior”, dice el escrito, y en especial de los hijos del exfuncionario. La defensa citó los pactos, tratados y declaraciones de los derechos del niño, tanto en el ámbito nacional como internacional. 

Según los informes periódicos de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Poder Judicial de la Nación que citaron los defensores, Boudou “dijo colaborar activamente en el cuidado de sus hijos, habiendo establecido una franja horaria para sus entrevistas laborales y demás actividades educativas”; y que “su esposa continúa trabajando como asesora en la Cámara de Diputados, lo hace en los horarios en los que los niños descansan”.

Es del mayor interés del Estado mexicano preservar la integridad y los derechos de todos los mexicanos en el exterior.

Boudou continúa realizando actividad física en la vivienda y “dedica su tiempo a estudiar y a mantenerse activamente en relación con grupos políticos de manera virtual”, dice uno de los informes. En agosto, contó a los evaluadores que estaba “cursando de manera virtual el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, una Diplomatura en Desigualdad y Políticas Públicas en FLACSO y la Licenciatura en Historia en la Universidad de Avellaneda”.

La posición del juez

El 6 de abril último, el juez Obligado aceptó morigerar las condiciones de detención del exfuncionario porque la condena, si bien había sido confirmada por la Casación -instancia anterior a la Corte-, no estaba firme y aún restaba el fallo del máximo tribunal. 

Ahora, los abogados plantearon que entonces Obligado también se basó en la “vulnerabilidad” de los hijos menores de Boudou y “el contexto de emergencia sanitaria mundial por la Pandemia del Covid-19”, que, resaltan, no cambió. 

En abril, la fiscal de Ejecución Guillermina García Padín acompañó el criterio y sostuvo que en una detención domiciliaria “la pena privativa de libertad permanece incólume y sólo resulta modificada su forma de cumplimiento”, citó la defensa de Boudou en este nuevo escrito.

Boudou dijo colaborar activamente en el cuidado de sus hijos, habiendo establecido una franja horaria para sus entrevistas laborales y demás actividades educativas.

Tras el fallo de la Corte, la posición del juez Obligado y de los fiscales del caso cambió. El fiscal del juicio Ciccone, Marcelo Colombo, y García Padín presentaron un escrito sosteniendo que Boudou debía regresar a prisión para cumplir el resto de la pena efectiva.

Obligado resolvió que la principal razón que sustentó su decisión de abril ya había caducado: la condena está firme por el fallo de la Corte, dijo en un escrito al que accedió este medio, y Boudou, por tanto, ya no sostiene un “estado de inocencia”. 

La situación de “vulnerabilidad” de la familia también cambió, según el juez. “Desde el punto de vista económico, el grupo familiar cuenta con ingresos provenientes del alquiler de un departamento de encartado; del alquiler de un departamento de la señora García de la Fuente en México; del sueldo de esta última como asesora en la Cámara de Senadores; de la pensión que recibe Boudou como vicepresidente de la Nación; ahorros; y apoyo económico de familiares y compañeros de la política”, argumentó el juez. 

“A fines del mes de septiembre se mudaron a una vivienda que goza de cuatro plantas, jardín, pileta, quincho, cinco dormitorios y ascensor propio”, resaltó Obligado en su fallo. “Los niños comenzaron escuela maternal” y “todos los miembros de la familia goza de buen estado de salud y tiene cobertura” médica, sostuvo. 

ED

El 3 de noviembre de 2017, antes de ingresar al pabellón para presos por causas de supuesta corrupción en la cárcel de Ezeiza, el ex vicepresidente Amado Boudou permaneció en el hospital penitenciario para la revisión de rutina. Era su primera vez detenido. Cuando ingresó al baño, encontró una foto del entonces presidente Mauricio Macri junto a su esposa, Juliana Awada, especialmente colocada para darle la bienvenida, recordó uno de los primeros amigos que lo visitó en la cárcel. 

Aquella y otras acechanzas “denigratorias”, sumadas al análisis de abogados, son algunas de las razones que citan sus amigos para fundamentar por qué firmaron la solicitada en apoyo al exfuncionario. Reclaman su libertad, a pesar de que el exvice de Cristina Fernández de Kirchner está condenado (con sentencia de cinco años y 10 meses confirmada por la Corte Suprema) por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por el caso Ciccone, que ya pasó por todas las instancias judiciales. Este viernes, la campaña rondaba las 13.000 firmas e incluye desde expresidentes latinoamericanos como Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales, hasta artistas, intelectuales y políticos. 

elDiarioAR consultó a quienes lo investigaron y juzgaron, a quienes lo defienden ante los tribunales y a miembros de su entorno para tratar de entender por qué un exfuncionario condenado con amplias pruebas, según establecieron 17 jueces de distintas instancias y varios fiscales independientes entre sí, se convirtió en un “símbolo” de la “injusticia”; qué representa Amado Boudou para quienes lo apoyan con pasión dentro del peronismo, a pesar de sus orígenes en el partido de derecha Unión del Centro Democrático (UCEDE). 

Así como existe el caso Dreyfus, nosotros tenemos el caso Amado Boudou.

Quienes lo investigaron y juzgaron tienen una visión muy diferente de su caso, según pudo reconstruir este medio, porque resaltan la prueba en su contra por el caso Ciccone. Estos mismos investigadores reconocen que el Gobierno de Macri “cruzó límites” que alimentaron, junto a otros factores, los apoyos a Boudou. 

Tanto en la etapa de instrucción como en el juicio oral y público, los acusadores coincidieron en que Boudou encabezó un “grupo” que se quedó con el 70% de las acciones de “la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, a través de The Old Fund (TOF) y de Alejandro Vandenbroele, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”, según la acusación. 

El fiscal del juicio, Marcelo Colombo, quien defendió la prueba, no está vinculado al macrismo y es reconocido como un magistrado independiente. El fiscal que lo acompañó en representación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Santiago Eyherabide, actualmente acusa a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos por presunto espionaje ilegal. 

Amigos y compañeros acaban de publicar una solicitada en su defensa. “Ante la posibilidad de que lo vuelvan a meter en la cárcel, decidimos hacer una movida”, contó el politólogo Edgardo Mocca, uno de los gestores de la campaña organizada por el Movimiento 18 de Mayo Corriente de Opinión, que también integra Boudou. “Horacio González redactó el primer borrador del texto de la solicitada, yo hice la segunda versión. Horacio también nos dijo: ‘Así como existe el caso Dreyfus (un caso icónico de antisemitismo en la sociedad francesa a fines del siglo XIX y principios del XX), nosotros tenemos el caso Amado Boudou’”, contó Mocca. Siguen llegando adhesiones, explicó. “Queremos sumar gobernadores e intendentes”, agregó.

“Lo persiguieron”, “lo humillaron”, “lo espiaron”, “es un preso político”, “compraron un testigo” (por la declaración de Vandenbroele como colaborador protegido), dijeron los consultados, a lo que se suma una característica también inédita de su caso: durante el Gobierno de Macri, Boudou fue encarcelado tres veces en el lapso de 15 meses y está al borde de un cuarto encierro carcelario (permanece con prisión domiciliaria). Por eso, sus amigos y aliados también responsabilizan a parte del Poder Judicial y a algunos medios de comunicación por su supuesta “complicidad” con Cambiemos. “Boudou creía que iban por él como paso previo para llegar a Fernández de Kirchner”, contó una amiga.

“Cristina nos ha dicho que el operativo contra Boudou es contra la continuidad del proyecto”, agregó uno de los hombres más cercanos al exvice. “Es su lealtad lo que ha generado todo esto”, dijo aquel amigo que contó la anécdota de la foto en Ezeiza. Esa palabra se repite en todas las conversaciones. “Lealtad”. La “lealtad” y “entereza” de bancarse la cárcel y el avance judicial en su contra sin quejarse hacia arriba ni a los costados; la “lealtad” de callar, sin jamás apuntar a Cristina y Néstor Kirchner (y subrayan “Néstor Kirchner”, según dos de los consultados, por la supuesta intención del expresidente de recuperar u obtener Ciccone antes de su muerte).

Es su lealtad lo que ha generado todo esto.

Los apoyos a Boudou tienen al menos tres componentes que se repiten en las conversaciones: sentimental (por el gran cariño que admiten tenerle los consultados); político (porque consideran que es artífice o pieza central de políticas clave del kirchnerismo, como la estatización de las AFJP, caso al que recurren sus aliados y el propio Boudou para afirmar que haber tocado dichos intereses corporativos y económicos fue lo que lo convirtió en blanco de la Justicia); y el judicial (porque es un “caso testigo” de lo que el kirchnerismo denomina lawfare).

Juliana Di Tullio, ex diputada del Frente de Todos y directora del Banco de la Provincia de Buenos Aires, es amiga de Boudou y firmó la solicitada. Lo visitaba cada 15 días en la cárcel, donde Boudou potenció su red de apoyos. “Es un distinto”, dijo Di Tullio, y “lo que más me impacta es que no pudieron doblegarlo ni disciplinarlo”.

Su abogada Graciana Peñafort, Di Tullio, Mocca y otros que prefirieron el off the record repiten las mismas impresiones sobre Boudou: que es “lúcido, con una cabeza extraordinaria para leer la política, para explicar la economía”; “a pesar de su situación, nunca le falla a los amigos que lo necesitan”; “un cuadro político, no sólo económico”; “con códigos”; que no les pasa facturas a quienes se excusan por no apoyarlo públicamente; que estuvo “siempre atento en la cárcel a los otros presos”; “siempre entero”. Era el “heredero” del poder de Fernández de Kirchner, asegura Mocca.

Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas.

“Desde el personal del Senado -de su época como vice- hasta los penitenciarios lo recuerdan por el buen trato”, dijo Peñafort. “Los guardiacárceles le decían: ‘Gracias a vos, mi vieja se pudo jubilar’”, recordó Di Tullio. 

La campaña no termina con la solicitada por su libertad. “Una segunda y tercera fase es construir un sistema de protección para Amado, por ahora será con publicidad y junta de firmas”, aseguró Mocca.

Sin embargo, en los tribunales, recuerdan otras facetas de Boudou. 

El caso Ciccone

Durante el juicio por el caso Ciccone, los fiscales sostuvieron que su acusación se basó en numerosas pruebas, entre ellas las siguientes:

El Tribunal Oral Federal número 4, entonces presidido por el juez Pablo Bertuzzi, lo sentenció en agosto de 2018 y ordenó su inmediata detención (había sido excarcelado a principios de ese año). El fiscal de juicio había solicitado la pena máxima en su contra, pero no había pedido que fuera a prisión porque la condena no estaba firme. 

Los jueces actuaron por un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces a cargo del macrismo. La defensa conecta esa decisión “inédita” del tribunal con el posterior traslado del juez Bertuzzi ordenado por el Ejecutivo a la poderosa Cámara Federal porteña, semanas después del fallo, según consta en el boletín oficial. El juez siempre ha negado cualquier conexión entre los hechos.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta de billetes; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, falleció en 2019. Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de The Old Fund, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020.

Boudou también negó haber participado de reuniones con Nicolás Ciccone y lo acusó de elaborar una mentira; apuntó a la AFIP de Ricardo Echegaray; y enumeró sus medidas político-económicas que lo mantuvieron, dijo, lo suficientemente concentrado como para andar ocupándose de la imprenta de billetes.

Boudou dijo desconocer que Vandenbroele vivió en un departamento de su propiedad. Resaltó que durante la instrucción se le negaron medidas de prueba clave para su defensa. 

Algunos de los principales puntos que los defensores de Boudou citan para sostener que no habría existido el derecho a la defensa giran en torno a:

Este es el primer caso de lawfare.

“Este es el primer caso de lawfare”, aseguró Di Tullio en referencia a cómo se desarrolló el juicio. “Se lo indagó y proceso cuando era vicepresidente. ¿Hubo lawfare durante el gobierno de Cristina?”, ironizó uno de los magistrados del caso, y agregó: “¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?”, quien presentó su renuncia tras una conferencia de prensa de Boudou en la que señaló al entonces jefe de los fiscales por el avance de la causa.

“¿Sabrán Lula, Dilma y otros tantos que firmaron esa solicitada quiénes fueron algunos de sus abogados cuando la causa estaba en instrucción?”, se preguntó un exfuncionario de Cambiemos.

Se refiere a Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, quienes también defendían a otros funcionarios. Un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con “los servicios de los servicios” de la era de Jaime Stiuso y el auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial”, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas. El perfil de los defensores de Boudou dio un giro de 180 grados. Alejandro Rúa y Peñafort son, desde hace años, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE macrista en la Justicia.

Luego de que la Corte Suprema dejó firme su condena en menos de una carilla, sin analizar explícitamente la prueba, el juez Daniel Obligado ordenó que el exvice regresara a prisión por cuarta vez. Sus abogados recurrirán a la Cámara Federal de Casación para solicitar que Boudou continúe cumpliendo su condena firme en su domicilio, junto a su esposa e hijos menores.

¿Lawfare cuando se llevó puesto al Procurador (General de la Nación Esteban) Righi?

Peñafort también confirmó a este medio que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que la Corte de dicho organismo analice la sentencia del caso Ciccone. Plantearán la supuesta violación al debido proceso.

Boudou tendrá otras novedades judiciales tras la feria. En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, por la que fue detenido por primera vez, en 2017, el juez Lijo decidirá su situación procesal luego de la feria de verano, afirmó una fuente judicial con acceso directo al caso. El exfuncionario niega haberse enriquecido ilícitamente.

Espionaje y “ensañamiento”

Aquel 3 de noviembre de 2017, las fotos oficiales de su detención lo mostraban posando a cámara (denunció que lo obligaron), vestido con remera negra, jeans y chaleco antibalas, junto a los prefectos que debían detenerlo.

Más tarde, el registro audiovisual del acto original de detención fue filtrado a medios de comunicación: recién levantado, despeinado, descalzo y en pijamas. “Esa humillación quedó registrada en las pupilas de mucha gente, no sólo de la política. Dejó clara la persecución”, afirma Peñafort.

Por esa filtración, los prefectos serán citados a indagatoria tras la feria judicial, explicó una fuente judicial. Deberán explicar quién les dio la orden de tomar esas imágenes y si recibieron la orden de filtrarlas. 

En los últimos meses, Boudou volvió a ver a uno de sus acusadores, pero esta vez en carácter de testigo, en la causa por presunto espionaje ilegal. Los fiscales Cecilia Incardona y Eyherabide (exfiscal de la PIA en el juicio de Ciccone) lo citaron porque Boudou habría sido uno de los blancos centrales del seguimiento del Servicio Penitenciario Federal durante el Gobierno de Macri, según el expediente de Lomas de Zamora. 

“El primer reingreso de Boudou a Ezeiza (2018) coincide con la intervención de los teléfonos públicos de dos pabellones donde estaban los presos por corrupción; tras ser excarcelado fue seguido y fotografiado; su ficha penitenciaria era de las consultadas por el grupo de espías de la AFI; sus abogados eran vigilados y son sobre los que más anotaciones se hacían”, explicó una fuente judicial con acceso directo a la investigación.

Para Boudou, Patricia Bullrich y Macri habrían estado detrás tanto de la filtración de las imágenes de su detención como de la declaración de Vandenbroele, dijeron tres personas cercanas al exvice y una fuente judicial. elDiarioAR se comunicó con Bullrich pero la exministra de Seguridad no respondió la consulta. Un exfuncionario de Macri dijo: “Patricia es muy expansiva y siempre cuenta lo que hace, pero nunca dijo que había hecho un arreglo con Vandenbroele”. Descartó que Macri hubiera solicitado la filtración de las imágenes o dicha declaración. 

Aún hoy, a casi 9 años del inicio del caso Ciccone y a más de 4 años de la expropiación de la imprenta de billetes votada en el Congreso, nadie se ha presentado a reclamar o adjudicarse la propiedad del 70% de las acciones de la compañía, confirmaron fuentes judiciales.

ED

Empecé a escribir esta nota el 30 de diciembre de 2020 mientras terminaba de preparar el vitel toné para la noche de año nuevo. La cocción había empezado una noche antes mientras escuchaba los discursos de los senadores en el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Como abogada, sé que la sanción de la ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo ya produce efectos concretos. Por ejemplo, los miles de casos de mujeres sometidas a procesos penales por haberse practicado abortos clandestinos y que a partir de la promulgación de ley, podrán solicitar su sobreseimiento. Mas allá de las intentonas que sin duda presentaran judicialmente quienes se oponen a nueva ley, los efectos concretos de la norma ya son operativos.  

El debate en el Senado de la Nación nos hizo reflexionar a muchos sobre la potencia del debate democrático y sobre la importancia de la política como herramienta de transformación. La política se desplegó en toda su potencia, como una gran ola que nos mueve a lugares diferentes a aquellos donde estábamos al principio. 

Fue Alejandro Rúa quien escribió en redes sociales la noche del debate en el Senado “Viendo esta noche los poderes públicos, qué lástima que no se pudo democratizar el judicial.” Y me hizo reflexionar al respecto. 

Las imágenes eran impactantes. Dos de los tres poderes del Estado se mostraban en su mejor faceta la noche del 29 de diciembre. Ambas Cámaras – Diputados y Senadores- debatían con intensidad, pero pacíficamente. La pandemia implicó que se adoptaran mecanismos de sesiones virtuales o parcialmente virtuales que funcionaban a pleno. En los balcones de la Cámara de Senadores se veían a funcionarios del Poder Ejecutivo apoyando la iniciativa que se discutía en el recito. Y la plaza estaban a quienes apoyaban y a quienes rechazaban la iniciativa. Cada uno de su lado y sin enfrentamientos violentos. Una sociedad debatiendo a corazón abierto. Y a plena luz del día, aunque la que iluminaba la marea verde era una luna llena que rodeaba la ciudad que no dormía.

Pasaron menos de 24 horas cuando el tercer poder de Estado mostró una cara bien diferente e infinitamente más horrible. El miércoles 30 de diciembre a las 13. 30 hs. comenzó la feria judicial del mes de enero.  Ese día y siendo las 22.23 hs., esto ya en feria, el poder judicial comunicó que retiraba a Amado Boudou del sistema de prisión domiciliaria y ordenaba su regreso a un complejo penitenciario. 

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación está condenado por la presunta apropiación de la empresa Ciccone Calcográfica. Dicha condena fue dictada en marco de un juicio escandaloso. El principal testigo, Alejandro Vandenbroele recibió por parte del Ministerio de Justicia, entoces conducido por German Garavano, un pago de un millón y medio de pesos por su testimonio contra Boudou. Es pertinente señalar que Vandenbroele no era un testigo arrepentido en la causa “Ciccone”, sino un imputado más y que resultó también condenado. 

Los abogados de Boudou cuestionamos desde el principio la intervención de Vandenbroele en el juicio. Durante todo el proceso recursivo mantuvimos el cuestionamiento sobre dicho testimonio. En particular, cuestionamos que el Poder Judicial no nos permitió acceder a los antecedentes de la gestión del testimonio de Vandenbroele, gestión que llevaron adelante tanto el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich como el Ministerio de Justicia de Garavano. 

Ya con la sentencia condenatoria confirmada por Casación, tomó estado público la verdadera razón por la cual el Poder Judicial nunca permitió que los abogados accediéramos a dichos antecedentes, cuando se hizo público el pago a Alejandro Vandenbroele por su testimonio.

La documentación publicada daba cuenta del pago realizado al testigo. Un funcionario del Ministerio de Justicia dice expresamente “Cabe destacar que el 7 de agosto pasado fueron condenado a prisión con cumplimiento efectivo por más de 5 años el ex Vicepresidente de la República Argentina, el Sr. Amado Boudou…Confirmada la prisión de los nombrados por ante la Cámara de Casación Penal, Sala IV, en el día de ayer”. Dicho en buen criollo, debía pagársele a Alejandro Vandenbroele, entre otras cosas porque Boudou ya estaba en prisión. 

Esta publicación implicó que el juez que había ordenado la primera detención de Amado, aquella de la foto en pijama, extrajese testimonio y formulase una denuncia, que actualmente se está investigando. De análisis de los antecedentes de la carpeta de Vandenbroele a la fecha ha resultado que Alejandro Vandenbroele recibió mas de 4 millones de pesos en total por su testimonio. 

Esto se puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por esos días tenía el tratamiento de recurso del ex vicepresidente.

Varios meses después, en una causa donde se investigan las maniobras de inteligencia ilegal llevadas adelante por funcionarios del gobierno que encabezaba Mauricio Macri surgió nueva información. En dicha investigación está acreditado judicialmente que a Amado Boudou lo espiaban de modo ilegal, incluyendo sus comunicaciones telefónicas mientras estaba detenido y mientras estuvo en libertad. Y lo que es más, nos espiaban a nosotros, sus abogados, precisamente por serlo. 

Todos hechos que se pusieron en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. 

Sin engañarnos ni engañarlos a ustedes, es claro que tanto Comodoro Py como la propia Corte tenían y tienen problemas para tratar la cuestión planteada.  Básicamente diré que los usuarios de la información resultante de las maniobras de inteligencia ilegal parecen haber sido funcionarios del Poder Judicial y del entonces Poder Ejecutivo. Y la Corte Suprema, en particular sus presidentes – Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkratz- durante el periodo han sido señalados recientemente como responsables de las filtraciones de las escuchas telefónicas ilegales, ya que de ellos dependía, en cuanto presidentes de la Corte Suprema, la DaJudeco, que no es otra cosa que la oficina de interceptación de llamadas telefónicas de este país. 

Como los pasillos de Talcahuano 550 son pródigos en información, ya todos sabemos exactamente qué juez de la Corte se ocupo de colectar las firmas de los demás para evitar tratar el tema y cerrarlo sin explicar lo que no podía explicar sin incriminarse. Un poco que esa información resuelve el misterio acerca de quién es la persona dentro de la Corte Suprema a quien las maniobras denunciadas incriminaban directa o indirectamente. 

El resto de la historia la conocemos todos. De modo insólito, la Corte Suprema evitó tratar el recurso presentado por Amado Boudou a través de denegarlo sin expresión de causa mediante la utilización del articulo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Que, a esas alturas, resultaba, para algún juez de la Corte Suprema, la única escapatoria posible para no terminar incriminado en las maniobras de espionaje. Era la única forma de no analizar ni las maniobras de espionaje ilegal de las que Boudou había sido víctima ni el pago espurio a un testigo. 

Explico este caso para contrastar el funcionamiento público y de cara a la sociedad del poder Ejecutivo y Legislativo en los últimos tiempos, frente al oscurantismo con el que funciona el Poder Judicial. Allí hay secretos, complicidades e intereses imposibles de ocultar a estas alturas. Por eso el Poder Judicial necesita que las iniciativas de los otros dos poderes no prosperen o lo hagan con enormes dificultades. 

Es por eso que resultó tan evidente, que fue grosero cuando un juez ordenó un 30 de diciembre, ya con la feria judicial vigente, que Amado Boudou debía regresar a prisión. Para hacer eso, resolvió sin esperar siquiera la respuesta a los informes que el propio juez había solicitado. Había que generar una noticia que ocupara los titulares de los diarios, para evitar que los mismos hablasen de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el comienzo de la vacunación contra el Covid-19.

A veces parece que un nombre es un destino, y que el juez estaba- literal y metafóricamente-, obligado por las necesidades de este poder judicial y por las de poderes que no están contemplados en la Constitución, pero sí que existen y que, como las negras, también juegan.

A mejor y mayor funcionamiento virtuoso de los poderes del Estado, más derechos y garantías para los ciudadanos. Es claro que hay un conflicto entre los poderes del Estado y en particular con el Poder Judicial. Y por ello cada vez mas resulta imperioso democratizarlo. Para que cumpla su misión constitucional de resolver conflictos en una sociedad y no generarlos. 

Hay un conflicto entre los poderes del Estado y en particular con el Poder Judicial y por ello cada vez mas resulta imperioso democratizarlo

Pensaba esto un 30 de diciembre, porque también se cumple otro aniversario de la muerte de Héctor Timerman. Ejemplo doloroso de hasta que punto el funcionamiento anómalo del Poder Judicial puede costar vidas humanas. 

En la infame acusación de la que fue víctima Timerman, también aparecen los servicios de inteligencia, los poderes no contemplados por la Constitución y los intereses de quienes judicializan la política ante su impotencia para poder controlarla. O lo que es aún peor si se puede, la vocación de direccionar la política a través de la manipulación. Judicial.  Y también el protagonismo de sectores del Poder Judicial que se pliegan a estas maniobras espurias.

Quiero ser clara en esto: los sectores del Poder Judicial que se pliegan a estas maniobras lo hacen también por la casi nula posibilidad de recibir sanciones por ello. En gratis y sin consecuencias para los funcionarios judiciales, que a lo largo del tiempo han consolidado un régimen de impunidad específico para ellos mismos. Un poder del Estado que actúa por fuera de las reglas del Estado y por fuera de sus leyes. 

Estoy firmemente convencida que es necesaria una reforma del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura más profunda e integral que las reformas parciales que venimos analizando en el ámbito del Poder Legislativo. Me permito desconfiar de las reformas, que aún con las mejores intenciones, pretenden resolver con más jueces el problema con los jueces existentes. Los que saben mucho de estas cosas consideran que es una opción posible. 

Puede ser, al menos al principio… pero me permito preguntar: ¿Cuánto tiempo durará esa solución? Porque finalmente la permanencia de los jueces en sus cargos en forma vitalicia no hace más que ayudar a conformar, ya no un poder del Estado sino una corporación, de naturaleza perenne. Donde sus miembros con el transcurrir de los años, adoptan las lógicas que permiten y facilitan la impunidad, la defensa de privilegios y de la propia corporación. 

Mientras tanto, la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos, que, si debiera ser permanente y sólida, queda librada a los vaivenes anímicos de un Poder Judicial que a estas alturas tiene más de poder que de Justicia. Y más de corporación que humanidad. 

GP