La Patagonia argentina afronta desde el inicio del verano austral una de las peores temporadas de incendios en décadas, en un contexto de crecientes cambios en las condiciones climáticas y de reducción de recursos estatales para prevenir y contener el avance de las llamas, que ya destruyeron más de 45.000 hectáreas de zonas protegidas, viviendas e infraestructura.

En el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, 20.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación fueron alcanzadas por incendios atribuidos a la caída de un rayo en diciembre pasado y que bomberos y brigadistas no logran contener en su avance hacia zonas residenciales aledañas.

Unos 200 kilómetros más al sur, un incendio en un sector boscoso conocido como Puerto Patriada superó en los últimos días la cifra de 23.000 hectáreas quemadas y afectó numerosos hogares en las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo.

En la zona de El Turbio, también en Chubut, otras 3.000 hectáreas se quemaron desde comienzos de 2026.

A estos focos se suman varios más pequeños distribuidos en otros puntos de la Patagonia y cuyo impacto todavía no ha podido ser calculado.

Diferentes brigadas locales, provinciales y nacionales se desplazaron a los distintos focos para frenar el fuego con cientos de bomberos especializados, voluntarios y asistentes, a la par del despliegue de transportes terrestres, carros bomba, helicópteros y hasta aviones hidrantes de gran tamaño.

A través de la articulación de la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recursos y efectivos fluyeron desde todo el país, e incluso bomberos de Chile concurrieron a brindar apoyo.

¿Por qué ocurren los incendios?

Si bien el verano es la temporada más propicia para la propagación de incendios en el bosque andino patagónico, por las características habituales del clima, especialistas consultados por EFE explicaron que el aumento del promedio de la temperatura y la menor acumulación de nieve y precipitaciones durante el resto del año multiplican la probabilidad de que el fuego se inicie, ya sea por eventos naturales o por la acción -u omisión- humana.

En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

Si bien el Gobierno argentino apuntó contra “grupos terroristas autodenominados mapuches”, fuentes judiciales aclararon rápidamente que no manejan esa hipótesis como parte de la investigación.

En la provincia de Santa Cruz se quemaron desde finales de diciembre de 2025 unas 700 hectáreas por causa de una fogata mal apagada, y en Río Negro, otras 3.000 hectáreas fueron afectadas por una quema de pastizales que inició de manera controlada por parte de productores agropecuarios pero se extendió mucho más allá de lo esperado.

“El 95 % de los incendios son producto de los seres humanos, pero eso no implica que sean intencionales”, explicó a EFE Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización Greenpeace, en referencia a que los fuegos pueden deberse a negligencias puntuales pero también a errores en la administración de zonas con potencial de incendios.

Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que, en paralelo a las condiciones climáticas actuales, las decisiones presupuestarias y estratégicas del Gobierno del presidente Javier Milei han provocado retrasos en la lucha temprana contra el fuego.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advirtió en diálogo con EFE que el Ejecutivo gastó en el último año solo el 75 % del presupuesto destinado al manejo del fuego y que los fondos nacionales aprobados por el Congreso para prevenir y combatir incendios forestales fueron recortados en un 71 % en 2026.

“Los legisladores que representan a las provincias afectadas por los incendios aprobaron esas reducciones por un acuerdo global con el Gobierno”, subrayó Nápoli.

Los gobernadores de estas provincias, encabezados por Ignacio Torres, de Chubut, solicitaron este martes al Congreso la declaración de una Emergencia Ígnea nacional debido a los incendios, algo que los ejecutivos provinciales ya hicieron en octubre pasado ante lo que describieron como “la sequía más severa desde 1965”.

Tanto FARN como Greenpeace coinciden en que la mejor medida para controlar los incendios es la prevención, porque cuando el fuego está desatado es muy difícil contenerlo sin lluvias.

“Está perfecto que intervengan aviones hidrantes, pero es como que tu casa esté prendida fuego e intentes apagarla con un vaso de agua”, mencionó Giardini a EFE, y graficó la extensión de los incendios en Chubut al señalar que el territorio incendiado equivale al doble de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, capital del país y donde viven más de tres millones de personas.

Por Sebastián Rodríguez Mora, para la Agencia EFE.

La Sede Fiscal Descentralizada Esquel del Ministerio Público Fiscal de la Nación, a cargo del fiscal federal Santiago Roldán, comunicó que se encuentra en trámite una investigación para determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego respecto del incendio detectado el 9 de diciembre del 2025 en el brazo sur del Lago Menéndez dentro del Parque Nacional Los Alerces.

En el comunicado se destaca que desde aquel día “se reciben informes emitidos por el comando de incidentes del Parque Nacional” y se sumó una denuncia formulada un mes después por vecinos en el que se solicita “que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y diversas figuras penales y ambientales que pudieran corresponder con relación al mencionado incendio”.

Además, el portal Fiscales señala que el 22 de enero fue presentada una denuncia por parte de la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos en un marco de imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos y leyes especiales.

“La investigación se encuentra en curso cuidando a la vez de no afectar las tareas de combate del fuego que actualmente se están llevando a cabo”, expresaron.

Al momento, se solicitaron informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de manejo del Fuego y se dio intervención a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del Departamento Técnico Investigativo de la Policía Federal Argentina.

Expertos aseguran que el rayo que cayó a comienzos de diciembre del año pasado no fue controlado de manera eficaz por las autoridades, lo que provocó que los focos se extiendan hasta el día de hoy, en el que ya hay más de 40 mil hectáreas afectadas en toda la provincia.

Esta medida se conoce a días de que la Administración de Parques Nacionales haya anunciado la intervención del Parque Nacional Los Alerces, con el objetivo de “asegurar la adecuada tutela de los bienes ambientales protegidos” y apagar las llamas.

El reclamo de Torres

Días atrás, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, solicitó al Gobierno nacional que evalúe la remoción de todas las autoridades de la Administración de Parques Nacionales con responsabilidad en el Parque Nacional Los Alerces, tras cuestionamientos por la gestión de los recientes incendios.

El reclamo fue acompañado por un duro pronunciamiento de la Cámara de Turismo de Chubut, que acusó a las autoridades del Parque de “incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones” y una “deficiente conducción operativa” durante la emergencia ígnea que ya provocó daños ambientales, sociales y económicos de gran magnitud.

En un comunicado dirigido al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Martín Álvarez, la Cámara advirtió sobre “negligencia, falta de previsión, errores estratégicos y una comunicación institucional inadecuada”, al tiempo que denunció la falta de articulación con autoridades locales, la subestimación del riesgo y la demora en la solicitud de apoyo logístico y aéreo.

El documento sostiene que el incendio —originado entre el 6 y el 8 de diciembre por la caída de un rayo en el brazo sur del Lago Menéndez— fue detectado recién el 9 de diciembre y que durante semanas no se tomaron medidas contundentes para su contención, lo que derivó en una expansión descontrolada a partir de enero.

“Este escenario extremo no puede atribuirse a un hecho imprevisible, sino que es la consecuencia directa de una cadena previa de omisiones y errores de conducción”, señalaron las entidades firmantes del pedido.

Solicitaron además una auditoría independiente, la designación de nuevas autoridades con experiencia en manejo de incendios forestales y la convocatoria urgente a una mesa regional participativa.

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atraviesa una de las emergencias más graves de las últimas décadas, con impacto en biodiversidad, recursos hídricos y actividad turística, además de poner en riesgo el prestigio internacional del sitio protegido.

La emergencia por los incendios forestales en Chubut continúa en un punto crítico. Los focos activos en la cordillera patagónica —incluyendo el Parque Nacional Los Alerces, Cholila, Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada— siguen fuera de control y dificultan el accionar de los equipos de combate debido a las condiciones climáticas adversas, con vientos intensos y altas temperaturas que reavivan las llamas.

Las condiciones climáticas extremas siguen siendo el principal desafío para los brigadistas. Las ráfagas de viento, en muchos casos superiores a los 45 km/h, y la fuerte sequía en la región han reactivado al menos tres focos en el Parque Nacional Los Alerces, incluso en zonas que previamente estaban controladas. Este comportamiento dinámico del fuego dificulta la labor de medios aéreos y obliga a concentrar esfuerzos en el combate terrestre y en la creación de líneas de contención con maquinaria y personal especializado.

El alcance del desastre

Las autoridades estiman que el incendio ya afectó más de 35.000 hectáreas entre bosques nativos, matorrales y plantaciones, y el fuego continúa sin dar tregua. En sectores como Cholila, el avance de las llamas obligó al corte preventivo de la Ruta Provincial 71, para priorizar las tareas de los brigadistas y garantizar la seguridad de las comunidades cercanas.

Según el gobierno provincial, el operativo de combate al fuego ya supera los 500 brigadistas, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, que se encuentran desplegados en los frentes más críticos para intentar contener el avance de las llamas y proteger zonas pobladas y de alto valor ambiental. Esta cifra incluye la incorporación reciente de bomberos voluntarios chilenos provenientes de Futaleufú y San Carlos de Bariloche, así como 36 brigadistas adicionales llegados desde las provincias argentinas de Córdoba y Santa Cruz, quienes operan en distintos sectores del incendio.

El operativo está coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal sanitario y técnicos especializados para sostener la lucha frente a un escenario de alta complejidad.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó en declaraciones oficiales que “las alturas de temperatura y las ráfagas de viento registradas generaron un comportamiento dinámico del fuego, lo que hizo necesario redoblar las tareas de enfriamiento en todos los frentes del incendio”. Además, advirtió que “las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas en las próximas horas, con viento y baja visibilidad que limitan la operación aérea”.

Por su parte, Laura Mirantes, coordinadora y vocera del Comité de Operaciones de Emergencia del Parque Nacional Los Alerces, explicó que “la escasa visibilidad complicó el uso de aeronaves y obligó a reforzar el monitoreo con drones para evaluar el avance nocturno del incendio”.

Proyección y futuro del combate

Frente al pronóstico de vientos persistentes y temperaturas altas en los próximos días, las autoridades mantienen un fuerte despliegue operativo con turnos ininterrumpidos y la incorporación progresiva de más brigadistas para sostener el combate. La coordinación con equipos chilenos y de otras provincias es un factor clave en el esfuerzo conjunto para enfrentar uno de los incendios forestales más extensos y complejos que atraviesa actualmente la Patagonia.

La situación sigue siendo de una emergencia ambiental y social de gran magnitud, con un impacto considerable en los bosques nativos y un desafío operativo que enfrenta a los equipos de combate con uno de los veranos más difíciles de los últimos años en la región.

Las altas temperaturas combinadas con las fuertes ráfagas de vientos provocaron en las últimas horas el recrudecimiento de los incendios forestales en Chubut.

Esta situación agravó la situación en el sur argentino y provocó que las autoridades provinciales y los equipos de bomberos refuercen las tareas de combate en varias zonas rurales y forestales. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes sectores de Chubut, por lo que las condiciones climáticas adversas favorecen la propagación de las llamas que ya estaban activas y la iniciación de nuevos focos ígneos.

Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios trabajaban de manera coordinada para contener los frentes de incendio, mientras se evalúa la necesidad de solicitar apoyo a provincias vecinas o a la Nación para reforzar los operativos en sectores más complejos.

La reactivación de las llamas generó que se intensifiquen las medidas de prevención y las advertencias en comunidades rurales y en áreas boscosas.

En ese sentido, se recomendó a la población extremar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda generar nuevos focos, como uso de fuego al aire libre o chispas provenientes de maquinarias. 

Asimismo, se realiza un seguimiento constante de los cambios meteorológicos para ajustar los operativos de combate y prevención. 

Foco activos

En Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, el incendio que había sido controlado la semana pasada debido a las lluvias, cobró intensidad producto de temperaturas que este martes alcanzaron los 34 °C y alcanzó zonas de bosque nativo que permanecían sin quemarse.

Los fuegos allí comenzaron el 5 de enero y de acuerdo a la última cifra brindada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), consumieron ya unas 14.000 hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

En el Parque Nacional Los Alerces otro gran incendio forestal permanece activo y mantiene en alerta a los vecinos de la zona, mientras que la provincia cuenta con otros tres focos de fuego que al momento se encuentran controlados o contenidos.

El Gobierno de Chubut recibió y congeló casi 540 millones de pesos (unos 369.863 dólares) provenientes de un fondo de La Ley de Bosques, que debían aplicarse en programas de manejo, protección y recuperación de bosques nativos.

Esos fondos se suman los 600.000 dólares provenientes de los organismos internacionales Fondo Verde para el Clima y la Food and Agriculture Organization (FAO) que el gobierno provincial retiene desde marzo de 2024, de acuerdo a lo informado por el mismo medio tras acceder a las actas oficiales de las partidas.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

Con información de agencias.

Mientras el fuego vuelve a arrasar bosques y viviendas en la Patagonia, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, denunció que el Gobierno de Chubut y el Gobierno nacional recurren a la estigmatización del pueblo mapuche para eludir su responsabilidad política frente a los incendios forestales. El pronunciamiento, difundido tras los focos registrados en El Hoyo y Epuyén, reunió cerca de 10 mil firmas en menos de 24 horas.

El documento cuestiona con dureza las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades nacionales que atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la intencionalidad de los incendios a comunidades mapuche. Para las organizaciones firmantes, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón reiterado: ante cada incendio de magnitud, se construyen culpables sin evidencia, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial ni avances reales en investigaciones que respalden esas acusaciones.

Lejos de aportar claridad, advierte el texto, este tipo de señalamientos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y funciona como una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección ambiental. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, resume el pronunciamiento.

Las organizaciones subrayan, además, que determinar la intencionalidad de un incendio forestal es una de las tareas más complejas de la ciencia forense a nivel mundial, y que hacerlo de manera responsable requiere procedimientos científicos rigurosos y equipos especializados. En ese sentido, contrastan la complejidad técnica del problema con la “ligereza” de los discursos oficiales que, según denuncian, optan por el atajo del racismo antes que por asumir responsabilidades institucionales.

El documento sostiene que esta construcción de enemigos internos impide debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región: el abandono estatal en prevención y restauración, la precarización de brigadistas, la falta de inversión sostenida, la promoción del monocultivo de pinos, la concentración y extranjerización de la tierra y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. Factores conocidos, advertidos durante años y agravados por el contexto de emergencia climática.

En ese marco, las personas y organizaciones firmantes exigen investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales que contemplen prevención, combate del fuego y restauración de los territorios afectados. Señalan que los incendios no son hechos imprevisibles, sino fenómenos recurrentes cuya magnitud aumenta por decisiones políticas —o por su ausencia—.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones de amplia trayectoria como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, Innocence Project Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, ATE Capital, No a la Mina, la Confederación Mapuche de Neuquén y muchas otras. También adhieren reconocidas figuras del ámbito político, académico, científico y cultural, entre ellas Myriam Bregman, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Maitena, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Roberto Salvarezza y Moira Millán.

Organizaciones ecologistas denunciaron que los incendios forestales que desde mediados de diciembre pasado azotan a la región de la Patagonia argentina, en el sur del país, constituyen un “ecocidio” que ya arrasó miles de hectáreas por falta de recursos para prevenir y combatir el fuego.

En un comunicado, Greenpeace denunció este lunes la falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar con “seriedad” los incendios que han afectado bosques, plantaciones, pastizales y viviendas en una superficie que, solo en la provincia de Chubut, asciende a 21.000 hectáreas, un área equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires.

En un verano austral en la Patagonia argentina con altas temperaturas, escasas precipitaciones y fuertes vientos, los incendios se suceden en distintas provincias de esa región, pero la más afectada es Chubut.

El foco más grave -todavía activo- se inició en Puerto Patriada y se extendió hacia las localidades turísticas de El Hoyo y Epuyén, donde ya se quemaron 12.000 hectáreas.

El otro foco activo en Chubut está dentro del parque nacional Los Alerces (6.000 hectáreas quemadas), mientras que el foco de El Turbio (3.000 hectáreas) ya está controlado en un 90 %.

Los incendios también han afectado otras provincias de la Patagonia, como Santa Cruz, Río Negro y Neuquén.

“Lamentablemente estamos viviendo un ecocidio anunciado. Venimos de un verano (2024-2025) con los peores incendios forestales de los últimos treinta años en la Patagonia, y de un invierno donde nevó y llovió poco. La sequía, las altas temperaturas, el viento y los pinos exóticos aumentan los riesgos”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Las causas de los incendios

El origen de los incendios es múltiple.

En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.

El Gobierno argentino dijo este domingo que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches”.

Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos. Las pesquisas se encuentran recién en una etapa inicial.

“En Puerto Patriada, se sabe que fue por causas humanas, pero que fue intencional no está probado. Los incendios en Los Alerces y El Turbio arrancaron por rayos por tormentas eléctricas. Y en el parque nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz, donde se quemaron 700 hectáreas, parece que se inició por una fogata en un área no permitida”, dijo a EFE Giardini.

Otro de los grandes incendios de esta temporada se inició el 23 de diciembre por una quema de pastizales no autorizada dentro de un establecimiento agropecuario en Monte Bagual (Río Negro), donde se quemaron 3.062 hectáreas.

Menos recursos

Sea cual fuere el origen de los incendios, los ambientalistas ponen en el foco en la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático.

“Sin prevención, sin financiamiento adecuado y sin un marco legal que sancione efectivamente los delitos ambientales, el fuego deja de ser una contingencia y se transforma en una consecuencia previsible de decisiones políticas”, aseveró en un comunicado la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La organización cuestionó la subejecución en 2024 y 2025 del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF); la reducción en un 71,6 % del presupuesto del SNMF para 2026; y la disolución en 2025 del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, medidas dictadas en el marco del ajuste fiscal llevado adelante por el Ejecutivo.

Ya en el verano austral 2024-2025, el fuego arrasó 32.000 hectáreas de los bosques andino-patagónicos, los peores incendios forestales de las últimas tres décadas en la región.

Según Greenpeace, la Administración de Parques Nacionales cuenta con 400 brigadistas, cuando el mínimo debería ser de 700 para cubrir las 5 millones de hectáreas que están bajo su jurisdicción.

“La desidia gubernamental se paga con pérdida de bosques. Argentina se encuentra entre los 15 países con más deforestación del mundo y el Gobierno nacional redujo los presupuestos, lo que disminuye la capacidad de las provincias para el control de los desmontes ilegales e incendios”, afirmó Giardini.

Por Natalia Kidd, para la agencia EFE.

Los incendios en Chubut ya quemaron 12 mil hectáreas y se extinguieron 22 de los 32 focos. En ese marco, el Gobierno reforzó su falsa acusación contra “grupos mapuches” como posibles responsables de los focos ígneos. Sin embargo, las autoridades judiciales de Chubut desacreditaron esas versiones por falta total de pruebas.

A través de comunicados y posteos en X, el Ministerio de Seguridad de la Nación y Patricia Bullrich atribuyeron los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”. En su cuenta oficial, la cartera aseguró que se investigan “hechos deliberados e intencionales” y que los “indicadores preliminares” vinculaban a estos grupos con actos de “terrorismo ambiental”. Prometieron además que identificarán, detendrán y llevarán a la Justicia a los responsables.

En redes sociales también circularon declaraciones duras, como las de la exministra Patricia Bullrich en X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.”

Estas afirmaciones siguieron una línea de discurso ultra que asocia a comunidades mapuches con violencia organizada y terrorismo, una narrativa que ha sido repetida por sectores del oficialismo en distintos momentos.

La justicia provincial lo desmiente tajantemente

Contrariamente a las versiones oficiales del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Chubut, Carlos Díaz Mayer, negó cualquier vínculo entre los incendios y los pueblos mapuches, descartando esa hipótesis por completo según su investigación hasta ahora. Díaz Mayer sostuvo que no existen pruebas ni indicios que respalden la participación de grupos mapuches en el inicio de los incendios, y pidió evitar especulaciones que no se sostienen en la evidencia judicial.

“Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento”, dijo Días Mayer pero aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación: “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, dijo en declaraciones radiales. “Nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, explicó.

El fiscal explicó que la investigación aún sigue abierta y cuenta con varias líneas de pesquisa, pero remarcó que ninguna apunta a relaciones con grupos organizados, y que por el contrario las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación. Entre otros datos, confirmó la presencia de acelerantes como combustibles en el foco del incendio en Puerto Patriada, pero no identificó responsables ni redes organizadas detrás del hecho.

Además, Díaz Mayer subrayó la complejidad de reconstruir lo sucedido debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la zona al inicio del fuego, lo que obliga a descartar múltiples hipótesis sin encontrar hasta el momento pruebas concretas sobre autorías.

Los incendios han dejado más de 12.000 hectáreas afectadas y movilizado recursos federales y provinciales para combatir las llamas. Aunque el origen intencional del siniestro figura como una de las hipótesis de trabajo —respaldada por la presencia de acelerantes— no hay hasta ahora identificación de responsables ni evidencia sólida que sostenga la versión de la Casa Rosada sobre participación de grupos mapuches.

MC

“El incendio finalmente cruzó la ruta 40”, informa Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Se refiere al incansable fuego que avanza desde el 5 de enero sobre los bosques y poblados de la provincia de Chubut, en la Patagonia, donde otra vez, otro año más, los incendios forestales no dan tregua.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, aseguró en declaraciones públicas Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut. Hay al menos 3000 evacuados y se habla de más de 21 000 hectáreas de bosques, pastizales, plantaciones y viviendas afectadas, incluso Parques Nacionales. Se trata de una superficie equivalente a la de la Ciudad de Buenos Aires.

Jaramillo está en contacto con brigadistas, funcionarios y pobladores de la zona y explica por qué el escenario se repite cada verano. Cada enero parece ser peor.

“A diferencia de lo que solía pasar en otros momentos con el clima, ahora el fuego quema casi igual de noche que de día. De noche, usualmente, bajaba un poco la temperatura y la intensidad de los vientos. El fuego, podríamos decir, bajaba su violencia, su agresividad. Ahora, el fuego sigue quemando de noche, sigue habiendo viento, sigue habiendo altas temperaturas, y esto hace que sea muy difícil asegurar el control”, agrega Jaramillo en diálogo con Mongabay Latam. Hace más de un mes que no hay precipitaciones significativas en la zona, afirma. “Las temperaturas están llegando a 32 °C y estamos recién empezando enero”.

“Ese es otro tema que también me transmiten mis colegas -asegura-. Estamos en enero y ya tenemos condiciones extremas de fuego, como solíamos tener en marzo, después de que nos comimos todo el calor del verano”.

En Argentina, la Patagonia arde pero el fuego amenaza también otras regiones. “Se ha declarado un riesgo extremo de incendio en 16 provincias y las autoridades consideran que la situación debe ser considerada potencialmente explosiva o extremadamente crítica por las altas temperaturas, la baja humedad, los fuertes vientos y el déficit de lluvia”, asevera Jaramillo. Y añade: “Algunos investigadores dicen que estamos en la era del Piroceno”.

—¿Por qué?

—Hemos visto incendios emblemáticos en los últimos años y esto está muy condicionado con las variables del cambio climático, que se están manifestando cada vez más fuertemente. Tiene que ver, en primer lugar, con el cambio de las variables de temperatura y de humedad, pero también con un aumento en la carga de combustibles [la biomasa] y en la continuidad de estos combustibles. Los expertos hablan de un triángulo del fuego que es el calor, el combustible y el oxígeno. El calor es natural o puede ser aportado por el hombre, justamente cuando enciende un fuego. El oxígeno está siempre disponible, generalmente en mayor o menor medida. Cuando hay vientos, obviamente hay más oxígeno y eso hace mover el fuego.

El combustible es lo que más podemos manejar, pero es lo que no se está haciendo bien. No se está controlando la cantidad y la continuidad del combustible. Eso hace que cuando empieza un foco ígneo se desate un incendio y sea cada vez más difícil de controlar. El fuego camina, podríamos decir, siguiendo la disponibilidad de combustible y siguiendo las condiciones del oxígeno, que muchas veces está orientado por el viento. En la Patagonia argentina, también en la provincia de Córdoba, el fuego toma velocidades y condiciones que son casi explosivas. Los incendios en Argentina son la manifestación, año a año, de situaciones cada vez más críticas.

—Se repiten incluso las zonas afectadas...

—En 2021 tuvimos una tragedia en esta misma zona donde estaba ocurriendo este incendio en la provincia de Chubut, que esperamos que no tenga las mismas consecuencias. En 2021 se quemaron más de 600 casas y más de 1500 personas fueron afectadas en el incendio de Las Golondrinas, cuando se manifestó lo que son los incendios de interfase, es decir, que se desarrollan en áreas de transición entre zonas urbanas y rurales o forestales. Cuando estudié ingeniería forestal, hace ya casi 30 años, los incendios de interfase se estudiaban como algo potencialmente posible, con ejemplos de Estados Unidos y España. Hoy se están manifestando en Argentina.

—¿Qué características tienen los incendios de interfases?

—Se hace mucho más complicado porque lo que se quema tiene otras características. Es mucho más explosivo, hay mucho más riesgo de daño a personas, hay electricidad, en algunos casos y hay gas. Empieza a haber más riesgo de pérdidas de vidas humanas, de afectaciones de las personas. Entonces, los combatientes de incendios forestales que están entrenados para trabajar en una línea de fuego, generalmente en ambientes rurales aislados, tienen que tener elementos para poder ayudar en incendios de estructura. Ahí se colabora mucho con los bomberos locales, que no suelen dar abasto. Es como una multiplicidad de incendios domiciliarios, todos a la vez. Lo conversaba con algunos combatientes hace poquito.

—¿Qué ve cuando visita y habla con los rescatistas?

—Un incendio común los somete a un estrés importante, pero, por ejemplo, encontrar tantas personas dañadas, quemadas, animales dañados y quemados, es algo para lo cual los bomberos locales a veces no están preparados ni siquiera emocionalmente. Entonces, estos incendios tienen una complejidad en el abordaje que requiere mayor preparación, mayor cantidad de recursos, mayor atención también sobre los propios combatientes y los bomberos, que son los héroes en estos casos.

Hay que pensar en la seguridad de las personas, de los brigadistas. La naturaleza es importante, hay que preservarla, es la fuente para muchos elementos centrales, pero, con trabajo y esfuerzo, la naturaleza se puede recuperar, se puede restaurar. Las vidas de las personas no. Es importante que se haga todo asegurando el mayor cuidado de la vida de los habitantes, de los pobladores, de los combatientes, del personal afectado.

—Hubo recortes de recursos económicos por parte del Gobierno de Javier Milei al área de prevención de incendios. ¿En qué estado está el país para afrontar estas crisis?

—En 2013 se creó por ley el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que integra cuatro sectores: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las provincias, la Administración de Parques Nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sistema es colaborativo y lo que hace es ayudar a cada jurisdicción provincial con personal, recursos, logística, operativos y medios aéreos cuando es necesario y cuando lo solicitan.

Los medios aéreos los administra el Sistema Federal de Manejo del Fuego, por eso la Nación es la que suele precontratarlos, y en gran medida se alquilan porque el Estado no puede mantener un avión. Lo que hace el Servicio Nacional es precontratar las horas de vuelo. Si vos no tenés una buena contratación, la cual pagues bien y en término, las empresas le alquilan los aviones a Brasil, a Paraguay, a Chile y perdés justamente la posibilidad de tener buen material disponible.

Luego, hay una Ley de Manejo del Fuego de 2012, que es para prevenir y combatir los incendios forestales y otorga la responsabilidad a las autoridades nacionales sobre el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, que está a cargo ahora de la Subsecretaría de Ambiente y la Administración de Parques Nacionales.

La ley obliga a realizar los planes de manejo del fuego para prevenir y suprimir incendios a nivel provincial, regional y nacional, y otorga fondos del presupuesto nacional para su cumplimiento. Lamentablemente, en este año, en particular, el presupuesto que tenemos es solo el 0.014 % del total del presupuesto del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y eso refleja que las condiciones que hay para planificar estos eventos no son las mejores. Es importante mencionar que esto es recurrente, nunca ha sido muy alto en ningún gobierno.

A pesar de eso, en los últimos 30 años podríamos decir que todo lo que es el Sistema Nacional de Manejo de Fuego se ha fortalecido, hay muchos más combatientes, están en mejor condición en muchas provincias, ya son personal de planta y tienen tareas de prevención o de control de combustible cuando es temporada baja de incendios. Lo que ocurre es que, cuando no hay un incendio, debería haber igual o más cantidad de recursos para trabajar en la prevención.

—¿Cómo se debería prevenir?

—En términos muy generales: reducir la carga de combustible [biomasa] y preparar estructuras de respuesta para cuando hay una emergencia. Y acá hay un tema: se pueden prevenir los incendios con quemas controladas. Son esenciales para reducir la continuidad y la carga de combustible, quizás no tanto en los ecosistemas boscosos, donde al quemar desechos de podas se pueden quemar pastizales que generan continuidad, pero mucho más en los ecosistemas de pastizales, como en la provincia de Corrientes, donde tuvimos graves incendios en 2022, 2023 y sucesivamente. Se deben realizar quemas en condiciones controladas cuando el clima lo permite, con personal capacitado, con los elementos necesarios para controlar cualquier escape de esas quemas.

Esto es central para que no haya tanto combustible disponible y tanta continuidad. Es importantísimo entonces promover el fortalecimiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

—La Fundación Vida Silvestre dialoga permanentemente con las autoridades nacionales y provincias de Argentina. ¿Qué respuestas reciben cuando plantean estos problemas en torno al manejo del fuego y a los incendios?

—Desde que inició la Ley de Manejo del Fuego, en 2012, la Fundación ha tenido diferentes vínculos con diferentes gobiernos. Generalmente, a nivel político, el fuego empieza a ser un tema de conversación cuando ya hay un incendio declarado y cuando ha tomado una envergadura tal que se ha transformado en un tema público. A nivel técnico, dentro de las estructuras de gobierno, hay mucha preparación, mucha preocupación para poder mejorar las coordinaciones, tanto técnicas como políticas.

En algunos casos también se ha dado que lamentablemente la falta de comunicación entre algunas provincias y Nación, en diferentes periodos de gobierno, ha favorecido o ha demorado el accionar del Servicio Nacional. A veces intentamos articular, como cuando hubo desencuentros entre las autoridades durante los incendios en Corrientes de hace unos años. Tardaron bastante en ponerse de acuerdo. Es lamentable.

Hace varios años se habló de unos 82 millones de dólares que llegaban del Fondo Verde del Clima para el pago por resultados, por deforestación evitada. Se asignaron a las 24 provincias para diferentes actividades. Una de ellas era justamente el desarrollo de estos planes de manejo del fuego que tienen que hacerse a nivel provincial. Lamentablemente esos fondos no se han asignado y los que se han asignado no se han ejecutado correctamente, según trascendió en publicaciones periodísticas.

—¿Qué le contaron los brigadistas y contactos sobre los incendios en Chubut?

—Estuve en la zona ahora afectada en octubre, en Puerto Patriada, justo donde empezó el incendio a principios de enero. La Fundación Vida Silvestre está colaborando con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con Fundación Avina y con otras instituciones en un plan de restauración de los incendios que ocurrieron entre 2011 y 2014. En las reuniones en la zona, lo que uno escucha es lo de siempre: hay una continuidad de combustible muy grande.

Hay un tema específico: los pinos. En las décadas de 1960 y 1970 existió una política fomentada por el Estado nacional de desmontar, de quitar el bosque nativo e implantar diferentes especies de pinos, de piceas, de abetos, de cupressus y coníferas exóticas para promover la industria maderera. Lo mismo que estaban haciendo en Chile, donde transformaron el bosque nativo en pino.

En Argentina eso no funcionó, en parte porque las condiciones climáticas en la zona son distintas. Afortunadamente no funcionó porque si no tendríamos hoy mucho menos bosque nativo y muchas más plantaciones de pinos exóticos, como en Chile. El problema que quedó es enorme porque esas plantaciones se abandonaron y al abandonarse no tuvieron raleos, no tuvieron podas. Al no haber podas, los pinos mantienen las ramas durante mucho tiempo, que son como escaleras para el fuego. Entonces, cada vez que llega el fuego, rápidamente alcanza las copas, como se ve en los incendios bien altos.

Los pinos exóticos son muy resinosos y están adaptados a lugares donde los fuegos naturales son recurrentes [no a la Patagonia]. Usan el fuego como dispersión. Las piñas explotan, vuelan prendidas fuego, con lo cual inician nuevos focos de incendio. A su vez, la semilla es tan resistente que luego del incendio lo que vos tenés es un semillero de pinos. Se transforma en una enorme oferta de combustible que vuelve a quemarse frecuentemente.

—Las estadísticas oficiales sostienen que el 95 % de los incendios forestales en Argentina son causados por la acción humana, según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. ¿Cuáles pueden ser las razones?

—Pueden ser por diferentes motivos. Se inician por descuidos, por intencionalidad, porque uno se peleó con el vecino, porque se quiere quedar con la tierra. Hay muchas razones por las cuales la gente inicia fuegos. En algunos casos porque quieren que las áreas queden quemadas y limpias para actividad productiva. Mientras estamos hablando la provincia de Chubut tiene unos ocho focos de incendios forestales. Si no se trabaja mucho en la prevención y en la reducción de la carga de combustible, esto casi que no tiene solución.

También están apareciendo muchísimos incendios por rayos. Hace 30 años no pasaba o, si pasaba, no estaba del todo registrado. El clima está cambiando, hay cada vez más tormentas eléctricas en la Patagonia, algo que antes no era nada común. Caen los rayos y generalmente no llueve, cuando antes sí llovía. Entonces, hoy te cae un rayo y te desprende un fuego en un lugar recóndito y perdido en la Cordillera [de los Andes]. Y no llueve. Es imposible la llegada con personal. Ahí sí, los medios aéreos son importantes.

—¿Los aviones son esenciales?

—Son importantes, pero ningún incendio forestal se va a apagar solo con medios aéreos. Hay que trabajar en terreno, frenando la carga con la continuidad e intentando generar espacios de sacrificio, quemas seguras. Además, en Argentina, por diferentes regulaciones, y por costos también, no se está usando mucho el retardante que se lanza desde los aviones.

Nota: la cifra de hectáreas afectadas se actualizó el lunes 12 de enero a las 11:51.

ED/MF

Una vez más, el fuego afecta a la Patagonia argentina. El lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en El Hoyo, Chubut, que arrasó varias viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Entre 2019 y 2024, en esta provincia se quemaron 148 mil hectáreas, lo que la ubica en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres señaló en una conferencia de prensa que a raíz del incendio en Puerto Patriada, en El Hoyo, “ya fueron afectadas 1.800 hectáreas”, lo que obligó a evacuar a más de 30 mil turistas de manera preventiva.

Actualmente, existen 5 focos activos de incendio en la Patagonia, según la Agencia Federal de Emergencias. Se destacan: Puerto Patriada en El Hoyo (Chubut), Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut) y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz).

Son 178 los focos de incendios detectados en los primeros 6 días del año y 100 solo en 48 horas esta semana, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Las provincias con más hectáreas quemadas en los últimos 6 años

En los últimos 6 años, Córdoba fue la provincia que tuvo más hectáreas afectadas. Se quemaron aproximadamente 521 mil hectáreas entre 2019 y 2024, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) analizados por Chequeado.

En el ranking, le siguen San Luis, con aproximadamente 477 mil hectáreas incendiadas y La Pampa con 344 mil hectáreas.

En el otro extremo, aparecen la Ciudad de Buenos Aires (49 hectáreas), San Juan (7280 hectáreas) y Tierra del Fuego (8484 hectáreas).

El 95% de los incendios son intencionales

Torres aseguró que el incendio en El Hoyo fue intencional y que la Fiscalía provincial investiga quiénes son los responsables.

Según datos del SNMF, en el 95% de los casos los incendios son provocados por la acción humana, y entre las primeras causas se encuentra el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

Los especialistas advierten que, además, existen algunos factores naturales que contribuyen a esta situación, a pesar de que no son la causa principal de lo que está ocurriendo, como el cambio climático, ya que factores como sequías prolongadas, déficit de precipitaciones, vientos intensos y temperaturas extremas han aumentado en frecuencia e intensidad en los últimos años, generando condiciones de mayor inflamabilidad del paisaje.

“El cambio climático que atravesamos hace más severos y extremos los procesos de inundaciones o sequías, y eso aumenta el riesgo de los incendios y lo voraces que pueden ser”, explicó en esta nota Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Y agregó: “A esto se suma la insuficiente aplicación de las normativas ambientales, la falta de ordenamiento territorial y de control territorial efectivo.

Por su parte, Greenpeace Argentina recomendó una serie de medidas para evitar incendios forestales. Entre las principales indicaciones, aparecen no encender fuego en lugares no habilitados, apagar bien las fogatas con mucha agua y tierra, no tirar colillas de cigarrillos al piso y avisar de inmediato a las autoridades si se detecta humo o fuego.

*Esta nota se publicó originalmente en Chequeado, aquí.

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Gobierno volvió a poner en marcha la segunda etapa de su agenda legislativa. Con el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal ya aprobados, el objetivo es claro y tiene fecha: reunir los apoyos necesarios para sancionar la reforma laboral, cuyo debate está previsto para febrero. En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó esta semana una gira por las provincias que tendrá al menos diez paradas durante enero y que arrancó este miércoles en Chubut, con una reunión con el gobernador Ignacio Torres.

La visita tuvo un doble objetivo. Por un lado, avanzar en la reconstrucción de consensos políticos con los mandatarios provinciales para allanar el camino legislativo de la reforma. Por otro, mostrar gestión en territorio: Santilli y Torres recorrieron El Hoyo, uno de los puntos más críticos por los incendios forestales, para observar los dispositivos conjuntos que Nación y provincia están implementando frente a la emergencia.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el gobernador Torres, Santilli puso el foco en la crisis ambiental que atraviesa la región cordillerana y respaldó de manera explícita el accionar provincial frente a los incendios intencionales. “Estamos frente a hechos de una gravedad absoluta”, afirmó el ministro, al advertir que ya se perdieron más de 2.000 hectáreas de bosque nativo, con impacto directo sobre los ecosistemas, la propiedad privada y la actividad turística.

En Chubut, Santilli sostuvo que “no se puede tolerar la destrucción deliberada del patrimonio de familias enteras” y reclamó “tolerancia cero” para quienes utilizan el fuego como herramienta criminal. En ese marco, pidió que la Justicia “vaya a fondo contra los criminales que destruyen el medio ambiente”, en un mensaje que buscó combinar respaldo político y presencia territorial.

Diez provincias

El cronograma todavía está en diseño fino, pero desde el Ministerio del Interior confirmaron que la idea es concretar al menos diez reuniones con gobernadores durante enero. En carpeta aparecen Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco como primeras paradas, en función de la disponibilidad de los mandatarios y del equilibrio político que busca construir el Ejecutivo. “Santilli está llevando a cabo una gestión extraordinaria, al igual que todo el ala política”, lo elogió el presidente Javier Milei este martes en una entrevista con Neura.

El caso chubutense no es menor. Aunque Torres comparte espacio partidario con el ministro, su vínculo con la Casa Rosada fue zigzagueante. Durante el debate del Presupuesto 2026 en el Senado, el gobernador insistió con el reclamo por una deuda superior a los 51.000 millones de pesos que ANSES mantiene con la provincia y anticipó que podría judicializar el conflicto ante la Corte Suprema. Aun así, en Balcarce 50 interpretan que el diálogo sigue abierto y que Chubut puede ser una pieza clave en el esquema de apoyos.

Ese despliegue territorial de Santilli también es leído en la Casa Rosada en clave interna: la negociación con los gobernadores se volvió un terreno sensible en la disputa de poder puertas adentro. La última sesión exitosa en el Senado dejó, junto al triunfo legislativo, un mensaje silencioso pero filoso del entorno de Karina Milei, que se ocupó de remarcar que Santiago Caputo no había sido parte de las tratativas con los mandatarios provinciales.

El señalamiento buscó fijar autorías y límites en un gobierno atravesado por tensiones, reforzando la centralidad de la arquitectura política que responde a la hermana del Presidente y al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Desde el círculo del asesor presidencial, en cambio, leyeron ese reordenamiento como un movimiento pragmático: dejar las conversaciones en manos de Santilli y de la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich para bajar tensiones internas y aceitar el vínculo con gobernadores de cara a la reforma laboral.

Reforma laboral

En el oficialismo reconocen que, pese al receso estival, el tiempo apremia. El proyecto de reforma laboral todavía presenta diferencias sensibles, especialmente con algunos gobernadores aliados y con el sindicalismo, que mira con recelo varios artículos del texto impulsado por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Por eso, Santilli buscará reactivar el diálogo no solo con los mandatarios de mejor vínculo, sino también con aquellos que quedaron afuera de la primera ronda de contactos que desplegó tras asumir en noviembre. En ese esquema aparece incluso el puntano Claudio Poggi, pese a que no cuenta con legisladores propios en el Congreso.

En paralelo, la Casa Rosada evalúa llamar a sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero, aunque también circula la posibilidad de adelantarlo al 19 de enero para ordenar asistencias y permitir que las comisiones comiencen a trabajar desde el inicio de febrero. La definición dependerá del pulso político que logre marcar Interior en las próximas semanas.

Mientras tanto, según pudo saber elDiarioAR, Patricia Bullrich y Martín Menem activaron reuniones con los bloques aliados para el cierre de la semana, con el objetivo de acercar posiciones y evitar que la reforma laboral vuelva a empantanarse como ocurrió en Diputados durante otros debates sensibles. En el oficialismo aseguran que existe margen para negociar algunos puntos del capítulo tributario y hasta “mejorar la redacción” de ciertos artículos para contener a los gremios.

No todos, sin embargo, comparten esa flexibilidad. En la mesa chica presidencial hay quienes sostienen que el proyecto ya contempla modificaciones suficientes y que no hay margen para reabrir la discusión. “No hay más nada que hablar. Está bastante consensuada”, lanzó una voz con acceso directo al despacho presidencial.

Con la expectativa de que el equipo legislativo que logró aprobar la llamada “ley de leyes” en diciembre repita el desempeño en el Senado, el Gobierno se prepara para un febrero sin tregua, en medio del avance opositor que pretende voltear el DNU de la SIDE. Sin tiempo para el descanso y con una meta más compleja por delante, la gira de Santilli aparece como la primera jugada de una negociación que recién empieza y que será decisiva tanto para el rumbo legislativo como para el delicado equilibrio interno del oficialismo.

PL/MC

La Fiscalía provincial confirmó que el incendio forestal que se registró en la zona de Puerto Patriada, en la localidad chubutense de El Hoyo, fue intencional, según informó el gobernador Ignacio Torres, quien le apuntó a los responsables y dijo que “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, que no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional y en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, señaló Torres.

Torres dijo que se avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y manifestó: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, el gobernador dijo que “la prioridad ahora es controlar el fuego”, a la vez que de detalló el estado de los distintos focos activos y controlados en diversas localidades cordilleranas de la provincia.

“Tenemos actualmente cinco incendios: el de Cholila, que fue el primero, está controlado y se constató que fue intencional, ya que se encontró material combustible y acelerante. El segundo incendio, que es en El Turbio, está contenido en un 90%. Por otro lado, se encuentra activo el del Parque Nacional Los Alerces y ya está controlado el de Lago Engaño”, indicó.

Asimismo, Torres dijo: “El incendio que nos ocupa en este momento y sobre el cual queremos llevar tranquilidad y concientizar es el de Puerto Patriada, en El Hoyo, donde ya fueron afectadas 1.800 hectáreas. El lunes evacuamos a más de 3.000 turistas que se encontraban en el lugar”.

“Lo más importante es llevar tranquilidad a toda la ciudadanía, porque estamos actuando en tiempo real y ante cualquier necesidad de evacuación para las familias, en este caso de Epuyén, donde está llegando una parte del incendio, garantizando por sobre todo la seguridad de las personas”, expresó.

En relación al operativo, el Gobernador precisó que trabajan más de 180 combatientes, más de 100 personas en tareas logísticas, cinco aviones hidrantes y un helicóptero, a la vez que resaltó el apoyo de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, provincia que aportó un avión hidrante de mayor porte, además del acompañamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Los incendios forestales que se originaron en Lago Puelo, al noroeste de la provincia de Chubut, ya consumieron alrededor de 3.000 hectáreas de bosque nativo, según confirmaron este jueves las autoridades.

Los focos comenzaron a principios de este mes, como consecuencia de una fuerte tormenta eléctrica, en la zona de El Turbio, cerca del límite con Chile, un sector de difícil acceso, que dificulta la tarea de los brigadistas. Además, los medios aéreos tampoco puedieron acercarse por el humo y la escasa visibilidad.

De todas maneras, los informes oficiales del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) de las últimas horas describieron un panorama más favorable.

De hecho, el parte técnico confirmó que el fuego, detectado el 1° de diciembre, sigue activo pero las tareas realizadas durante esta jornada arrojó resultados positivos en alguna áreas puntuales. Según ese informe, las condiciones del tiempo facilitaron la operación de un helicóptero utilizado para el traslado de brigadistas, equipamiento y lanzamientos de agua, una combinación que reforzó las tareas en los puntos de mayor actividad.

El trabajo planificado de los brigadistas continuará este viernes con nuevas acciones destinadas a sostener lo logrado y avanzar sobre las áreas menos accesibles, aunque un alerta amarillo por fuertes vientos -desde el oeste- puede interferir esas tareas.

Más de 200 hectáreas ya fueron afectadas por el incendio forestal que se originó en la localidad de Epuyén, ubicada al noroeste de la provincia de Chubut, en medio de un terreno complicado y con vientos cambiantes, lo que dificulta la tarea de los brigadistas. En las últimas horas, la lluvia trajo alivio y aplacó las llamas, por lo que los especialsitas son optimistas con el control del fuego.

El incendio se inició este lunes en El Pedregoso, por la supuesta negligencia de una turista, y se expandió rápidamente por las condiciones climáticas, afectando matorral, pastizal, bosque implantado y bosque nativo.

Por lo tanto, la fiscalía local inició una investigación para determinar la responsabilidad de la mujer, quien habría admitido que arrojó cenizas calientes sobre el césped. Y en caso de probarse su culpabilidad podría recibir una pena que oscila entre los tres y diez años de prisión por delito ambiental.

El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, indicó que continúan las tareas desplegadas, que el fuego sigue latente, pero el pronóstico del tiempo, con lluvias mediante, era alentador.

“Con los años que tengo de experiencia, no recuerdo incendios de esta característica en noviembre. Sabíamos que la temporada se iba a adelantar por el invierno seco y estas condiciones que ya veníamos previendo”, destacó Pérez en una entrevista realizada en Radio 3.

En el lugar trabajaban entre 140 y 180 brigadistas, además de apoyo logístico, debido a que la zona donde se desató el incendio es de difícil acceso.

“Es un incendio activo en un lugar muy empinado, con rocas sueltas y riesgos de derrumbe. Es una zona peligrosa para los brigadistas y se trabaja con mucho cuidado”, indicó.

Al ser consultado por la hipótesis principal en torno al origen del siniestro, Pérez subrayó que “Indudablemente tiene que estar la mano del ser humano porque no hubo tormenta eléctrica ni energía en la zona. Esto tiene que ver con una negligencia o con intencionalidad”.

El Gobierno nacional firmó este martes un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para avanzar en la eliminación de las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional, en el marco de una estrategia para dar previsibilidad al sector, incentivar inversiones en cuencas maduras y preservar el empleo.

El acuerdo fue rubricado en una reunión realizada en el Palacio de Hacienda, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. También participaron el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El entendimiento establece un esquema de esfuerzos compartidos: el Estado nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación con foco en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia de Chubut acompañará con una revisión de regalías y cánones; y las empresas deberán sostener la producción y los planes de inversión para garantizar la continuidad de la actividad.

Las medidas buscan incentivar proyectos que reactiven equipos y pozos en zonas maduras, incrementen la producción de hidrocarburos convencionales, mejoren la eficiencia operativa y mantengan el nivel de empleo directo e indirecto vinculado a la industria energética.vuU4FQ

Desde el Gobierno señalaron que esta política se irá extendiendo de forma progresiva al resto de las provincias productoras del país, en línea con la decisión de reducir la carga impositiva sobre la producción y exportación de energía.

El Ejecutivo remarcó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles.

Con información de la agencia NA

El martes 16 de septiembre, en San Antonio Este, Río Negro, tuvo lugar la audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental que busca habilitar la instalación de un nuevo buque de licuefacción en el Golfo San Matías. Este buque para producir GNL lleva el nombre MKII y se suma al buque licuefactor aprobado a inicios de 2025, el Hilli Episeyo. Además, se encuentran en carpeta proyectos para instalar en un futuro cercano cuatro nuevos buques.

Al igual de lo que sucedió en la audiencia pública del buque Hilli Episeyo, el 4 de diciembre de 2024 en el Puerto del Este, y en la audiencia pública por el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, en agosto de 2023 en Sierra Grande, la participación social estuvo restringida a personas con domicilio en Río Negro. Semejante limitación impidió que las voces de vecinas y vecinos de Chubut, provincia vecina de Rio Negro que podría sufrir las consecuencias de estos proyectos, fueran oídas.

En efecto, dada la conectividad oceanográfica entre los golfos norpatagónicos, los potenciales derrames de los proyectos de petróleo y gas podrían llegar hasta la Península Valdés, patrimonio natural y cultural de la humanidad, ubicado en Chubut.

Sin embargo, las y los chubutenses sí tuvieron oportunidad de expresarse en la audiencia popular que tuvo lugar en San Antonio Oeste el sábado 13 de septiembre, organizada por habitantes de la zona. En esa audiencia, todas las voces fueron escuchadas, porque el ambiente y los ecosistemas no reconocen fronteras.

Las autoridades tienen mucho que aprender de la comunidad local y modificar la inconstitucional Ley 3284 rionegrina para adaptarla a una participación social amplia e integral, tal como lo exige el Acuerdo de Escazú: un tratado regional ratificado por Argentina en 2020, con jerarquía superior a las leyes, que obliga a eliminar cualquier obstáculo a la participación ciudadana.

En la audiencia pública del martes pasado, Adrián Casadei, intendente de San Antonio Oeste; las secretarias de Ambiente y Energía de Río Negro; la consultora de impactos ambientales de Serman & Asociados; y el gerente de proyectos de Southern Energy se refirieron a esta inversión como una oportunidad para generar fuentes de trabajo, relativizando los impactos socioambientales del proyecto de GNL. El Estudio de Impacto Ambiental realizado considera que los riesgos ambientales no son significativos. Pero eso no es correcto.

Durante su discurso como oradora, Suyhay Quilapan, habitante de Las Grutas, balneario ubicado en Río Negro, señaló que no fueron analizados los impactos acumulativos del buque licuefactor MKII. Así, puso de relieve una de las falencias que dan cuenta de la ilegalidad de este proyecto. Solo analiza los impactos acumulativos y sinérgicos con el buque Hilli Episeyo, eludiendo el análisis de los impactos acumulados con la ampliación de la planta de gas compresora de San Antonio Oeste, los buques metaneros que transportarán el GNL producido por el buque, la terminal portuaria y monoboyas de Vaca Muerta Oil Sur y los buques que vendrán en las siguientes etapas. El Estudio de impacto ambiental en cuestión nos muestra el tráiler, pero no la película entera.

Liz Assef, oradora en representación de la Fundación Inalafquen, explicó que este proyecto viola el Acuerdo de París, que busca combatir el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el Convenio Marco de Cambio Climático y el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, con medidas de mitigación y adaptación presentadas en Viedma el pasado 30 de julio por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

Assef dio en la tecla porque el Estudio de Impacto Ambiental omite analizar en serio las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las cuales se encuentran el dióxido de carbono, el metano (80 veces más potente que el dióxido de carbono) y compuestos orgánicos volátiles como el benceno, que resulta cancerígeno. Asimismo, desde la Fundación Inalafquen, subrayaron que, a nivel local, se infringe la Ley Provincial 2472, la cual prohíbe de manera taxativa el volcado directo o indirecto de efluentes industriales al medio marino, sin importar el grado de tratamiento previo.

Por su parte, Aylen Tapia, una de las primeras oradoras de la audiencia, aseguró que este proyecto no se trata de soberanía y planteó el interrogante acerca de cuántas fuentes de trabajo realmente genera. En este sentido, Laura Sabesinsky, vecina de Viedma, afirmó que las ganancias para la provincia son insignificantes y que se generan escasos y precarios empleos. Además, recordó que la actividad extractiva ha convertido al mar del norte en un cementerio.

En definitiva, la audiencia pública no tuvo un consenso mayoritario como pretenden instalar las autoridades y empresas. De hecho, hubo muchas voces críticas desde el territorio y muchas más que no pudieron ser oídas por la miopía ecosistémica de las autoridades rionegrinas, que les impiden ver que los daños ambientales que genera la combinación de proyectos de GNL superarán las fronteras territoriales de Río Negro.

El 15 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Democracia. Un día más tarde, la democracia ambiental se vio recortada en una simulación de audiencia pública dependiendo del domicilio que figure en el documento nacional de identidad. Todos los habitantes de Argentina tienen derecho a defender el Golfo San Matías y a exigir una sensibilidad distinta de funcionarios públicos que no pueden ver más allá de sus narices y que, por conveniencias coyunturales, son indiferentes al daño climático y ecosistémico que están a punto de provocar si aprueban estos proyectos. Pero existen muchas personas para quienes las convicciones superan a las conveniencias. Y seguirán peleando por un golfo azul para siempre.  

*Coordinador del área de Legales de FARN.

ED

Hay un grito federal que necesita voces en el Congreso. Con esa frase como estandarte, cinco gobernadores del interior del país presentaron este martes un frente conjunto para competir “mancomunadamente” en las elecciones legislativas de octubre. Se trata de Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes difundieron un documento titulado Un grito federal.

El texto expresa la voluntad de estos mandatarios de representar “la Argentina del trabajo” y sumar “una mirada” auténticamente federal al Parlamento. En una clara señal de posicionamiento político hacia las próximas elecciones, los cinco mandatarios resaltaron que tienen “la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina”.

El lanzamiento de esta futura alianza legislativa es, además de un frente electoral concreto que competirá contra La Libertad Avanza, una señal política al Gobierno nacional. Los cinco gobernadores, con perfiles diversos y trayectorias propias, comparten una misma preocupación: la falta de representación efectiva del interior en la toma de decisiones a nivel nacional. En un contexto de centralismo persistente, buscan disputar poder territorial y simbólico en un Congreso que suele girar en torno a los grandes centros urbanos.

Además, el mensaje sobre el equilibrio fiscal no puede leerse sin considerar el actual clima económico y político. Al reivindicar el orden de las cuentas públicas pero exigir obras de infraestructura, los mandatarios se diferencian tanto del ajuste sin contemplaciones como del gasto sin plan. Se proponen como una opción pragmática: austeridad con desarrollo, equilibrio con inversión, gobernabilidad sin sometimiento.

Por caso, uno de los ejes centrales del comunicado es la reivindicación del equilibrio fiscal. “Celebramos el esfuerzo de todos los argentinos por alcanzar el equilibrio fiscal tanto en Nación como en las provincias y lo consideramos imprescindible”, expresaron. Pero agregaron que este equilibrio debe contemplar la inclusión de las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del interior, lo que consideran como el “único camino para desarrollar el país”.

El documento también alude a una concepción igualitaria del crecimiento. “Es nuestro deber cuidar a nuestra gente y ser capaces de crecer en armonía y con igualdad de oportunidades para cada uno de los 47 millones de argentinos”, sostuvieron los gobernadores, en un mensaje que apunta tanto a lo simbólico como a lo programático.

La decisión de actuar en bloque en las elecciones legislativas representa una jugada política clave: los mandatarios quieren instalarse como una tercera vía, capaz de disputar espacio entre el oficialismo y la oposición nacional. En sus palabras, la propuesta tiene “una mirada puesta en el futuro, con la decisión de hacernos cargo del presente y de dejar atrás, definitivamente, el pasado que nos dividió y frenó nuestro desarrollo”.

El documento cierra con un tono esperanzador: “Nuestra vocación es clara: construir, todos los días, la Argentina de los sueños de todos”. Así, los cinco gobernadores apuestan a consolidar una identidad común desde el interior productivo, con un mapa político que presenta una alta fragmentación, como pocas veces se vio en la democracia.

JJD, con información de NA.

La provincia de Chubut anticipó este lunes que se presentará ante la Corte de Apelaciones de Nueva York en contra de un fallo que obliga a Argentina a traspasar el 51 % de las acciones de la petrolera YPF a fondos de inversión que hicieron la demanda.

“Vamos a plantarnos y defender hasta las últimas consecuencias lo que es patrimonio de nuestra provincia”, sostuvo en un comunicado el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El pasado 30 de junio la jueza superior de Distrito de los Estados Unidos Loretta Preska ordenó a Argentina entregar su 51 % de las acciones de YPF para cumplir con un fallo adverso en un millonario litigio.

Este lunes, la magistrada rechazó una solicitud de Argentina para suspender la orden de entregar las acciones en la mayor productora de hidrocarburos del país.

Preska sólo accedió a dar tres días más a Argentina, hasta el 17 de julio, para cumplir con su orden de entrega de acciones a los fondos Burford Capitol y Eton Park, que demandaron a Argentina por 16.100 millones de dólares por la nacionalización de YPF en 2012.

Del 51 % de las acciones de YPF involucradas en el fallo, una parte (51 %) es propiedad del Estado nacional argentino y otra (49 %) está bajo la titularidad de las diez provincias argentinas productoras de hidrocarburos, entre ellas, Chubut.

Torres dijo que su provincia pedirá a la Corte de Apelaciones de Nueva York “que levanten el embargo de las acciones de Chubut”.

Afirmó que el fallo de Preska constituye un “atropello” pues, “por ignorancia, no contempla que las provincias petroleras son accionistas de YPF”.

“En el juicio que se tramita en Nueva York el demandado es el Estado argentino y se puede embargar lo que es propiedad del demandado, pero no más. El resto de las acciones son de las provincias petroleras, entre ellas Chubut”, sostuvo el mandatario provincial.

El Gobierno de Javier Milei aun no infrmó qué estrategia judicial seguirá tras la decisión de la magistrada de Nueva York de este lunes.

Pese al revés judicial para Argentina, las acciones de YPF subieron un 2,5 % este lunes en la Bolsa de Buenos Aires.

EFE.

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“Un pueblo con conocimiento puede elegir su destino”, dijo la directora del documental “La hija del No”, Silvina Hermosa, en su presentación en el Cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, el pasado miércoles 7 de mayo. Silvina es la hija de la docente y química Marta Sahores, una de las “madres” del rotundo “No” que se expresó en marzo de 2003 en la ciudad chubutense de Esquel, contra el avance de la megaminería con uso de cianuro. 

Así lo señalan las y los realizadores: “Este film se propone narrar la historia de las docentes de la universidad pública argentina que se dieron el trabajo de investigar y denunciar el impacto ambiental, de desarmar el discurso extractivista mentiroso y generar la movilización por el voto popular en el plebiscito del año 2003 que determinó que la ciudadanía de Esquel expresara un rotundo ‘No a la Minería a cielo abierto’. La asamblea de vecinos de Esquel y su experiencia de resistencia se conoce en todo el mundo y es un ejemplo a seguir en diversos ámbitos”. 

Con un enfoque intimista, la hija de una de las protagonistas recorre esta historia recuperando la mirada de los principales protagonistas de la historia. “Esta película requiere documentar la experiencia, contribuir a generar un ejercicio de memoria y volver a considerar que ‘Lo personal es político’”, señalan los realizadores.

Muchos de los testimonios que recoge el documental, que también incluye valioso material audiovisual de archivo, fueron filmados durante el 20° aniversario del plebiscito del 23 de marzo de 2003, es decir en marzo de 2023. Y entre las participantes de ese aniversario, que contó con decenas de charlas y paneles, estuvo Nora Cortiñas, emblema de las Madres de Plaza de Mayo. La centralidad de “Norita” en “La hija del No” no busca simplemente rendir culto y homenaje (inevitable tras su reciente muerte en 2024), sino que funciona como una intersección entre las profundas diagonales políticas y biográficas sobre las cuales trabaja el documental.

Sahores y su familia tuvieron que exiliarse en Ecuador durante la última dictadura cívico-militar. La cátedra en la que Marta daba clases en la Universidad de Buenos Aires había sido censurada “por marxista”. El retorno a la Argentina, tras la Guerra de Malvinas, fue a Esquel, porque la universidad pública necesitaba profesionales. “Es Quito en miniatura”, le dijo Marta a sus hijos en 1983.

El documental también pone el foco en los vínculos familiares, especialmente la relación madre-hija, cuando son atravesados por la política y por el activismo, en este caso socio-ambiental. Cómo afecta a una familia la persecución durante tiempos de dictadura pero también la persecución y las amenazas en democracia, durante las primeras denuncias junto a la también académica Silvia González, contra el uso de cianuro en los proyectos mineros que se tenían pensados para Esquel en los 2000. Continuidades en los métodos del poder económico para hacer valer sus intereses. La potencia del vínculo materno, atravesado por la política, aparece en la Madre de Plaza de Mayo y en la madre e hija del No a la megaminería. Por eso “lo personal es político”. Y como un plus, la directora no rehúye a la complejidad personal de dicho vínculo. “Tomé mucho y también tuve que desmarcarme”, dice su voz en off durante el documental.

Por último, en un fragmento del documental donde Nora Cortiñas y Marta Sahores están juntas frente a cámara, se invoca la palabra “feminismo”. “Nosotras, las Madres de Plaza de Mayo, éramos feministas sin saberlo”, dice Norita. De hecho, el protagonismo de las mujeres en la lucha política es otro rasgo distintivo que refleja la “La hija del No”. Es Pablo Lada, referente del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), quien subraya con su testimonio este rasgo distintivo del heterogéneo movimiento del “No a la Mina” en Chubut. “Las mujeres siempre se han puesto al frente en esta lucha, quizá es porque sienten más el territorio”.

Antes de comenzar la proyección del documental en el Cine Gaumont, Silvina cedió la palabra a Marta Sahores, su madre: “Gracias por seguir este tema que es tan importante, como miembro de la universidad pública y gratuita de este país, me sentí obligada hace 22 años a investigar mucho sobre el tema de la minería y su contaminación. Para difundir, porque me parece importantísimo que la gente conozca. El conocimiento nos hace libres. No fui yo sola, fuimos muchos y seguimos siendo muchos los que estamos defendiendo el ambiente. Hoy el tema es el uranio; en Chubut vienen por el uranio, vienen por todo y tenemos que seguir luchando”.

Luego habló la directora, junto a casi una decena de integrantes del equipo de realización del documental: “Esta historia sale a la luz por una política pública que ahora quieren vapulear, denostar, y también censurar. Me refiero al fomento de la industria audiovisual. Quiero agradecer también a los trabajadores y trabajadoras del Incaa. Hay algunos que todavía están pero hay más de cuatrocientos que ya no trabajan en la institución. Hace un año y medio no se otorga ningún subsidio a ninguna película de cine nacional. Las películas documentales tenían una semana de exhibición en el cine, hoy tenemos una única función”.

Y siguió: “Quiero agradecer también a la universidad pública que cobijó a muchos de nosotros y hoy tenemos que seguirla defendiendo. Hoy hace más de doscientos años fue promulgada la ley de minería en nuestro país, proclamando 'el progreso y el desarrollo'. Nada de eso se ha visto por acá, sino preguntémosle a Jachal, a los vecinos y vecinas de La Alumbrera en Catamarca o a los de Veladero en San Juan. Ya creo que es suficiente, no podemos permitir que nos consideren zona de sacrificio, ahora para una transición energética de unos pocos. A pocos kilómetros de Esquel, en Trevelin, las comunidades originarias no tienen electricidad, ¿de qué transición energética están hablando?”.

“La hija del No” funciona como una prueba ácida para comprender por qué determinados actores del poder político y económico (la megaminería presenta abundantes ejemplos de cómo suelen operar en tándem), tienen como objetivo estratégico el desfinanciamiento y la privatización tanto de la universidad pública como del cine y la industria audiovisual. Justamente, para evitar que vean la luz documentales como éste, que son una conquista, porque uno de los principales rasgos del discurso pro-megaminería es el de presentar a quienes dicen No como fanáticos sin argumentos, sin ciencia, sin anclaje en las comunidades. “Ambientalistas” en abstracto.

Pero como decía el escritor David Viñas, “decir No es empezar a pensar”, y al historizar la lucha y cifrarla en clave de una de las tantas miles de biografías que la componen, el discurso verdaderamente negador de las mineras se diluye. Este documental es un aporte en tiempos donde se profundiza el avance del extractivismo y el saqueo ambiental tras la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) en el Congreso Nacional (con el apoyo de la mayoría de los bloques opositores) y en numerosas provincias, incluída Chubut. Allí Milei, casi como un mantra, cifra la expectativa de la generación de “dólares genuinos” en minería y energía. Y las visitas a Argentina de funcionarios norteamericanos como Scott Bessent y Alvin Holsey, tienen como tópico estratégico la extracción de recursos naturales y bienes comunes en el Cono Sur.

Finalmente, la directora dedicó la proyección en el Cine Gaumont a Lautaro Martínez, un joven de poco más de veinte años nacido Rawson, Chubut. “Lautaro se quitó la vida porque no pudo soportar el hostigamiento judicial y mediático del cual fue objeto, así operan los poderosos”, dijo. 

Este hecho sucedió el pasado 22 de abril, a pocas horas de conocerse la condena en una causa que las asambleas denuncian como completamente diseñada a medida del poder económico y político de turno en Chubut, conocida como “los vecinos del Chubutazo”. La causa se refiere al daño de edificios públicos en la ciudad de Rawson, durante la pueblada de diciembre de 2021, tras la aprobación en la legislatura provincial de una ley de “zonificación minera” que impulsaba el gobernador Mariano Arcioni, lo cual implicaba en los hechos la entrada de la megaminería a Chubut de la mano del “Proyecto Navidad”, ubicado en los departamentos de Telsen y Gastre, a explotar por la minera canadiense Panamerican Silver, interesada en la extracción de plata, plomo y cobre.

Un proyecto históricamente resistido en la meseta chubutense, con las comunidades mapuche-tehuelche a la cabeza. Inéditamente, y solo equiparable a lo sucedido en Mendoza en 2019, también en relación a la megaminería, una semana después la ley de “zonificación” tuvo que ser derogada por los mismos legisladores que la habían votado, por la enorme presión de las movilizaciones en las principales ciudades y de un incipiente estado de huelga general en la provincia, conocido como “Chubutazo” o “Chubutaguazo”. Lautaro, a quien se acusaba de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado”, finalmente fue absuelto.

MU/MC

La provincia de Chubut aumenta las expectativas tras firmar la concesión no convencional para Cerro Dragón, un área histórica en la producción convencional. La empresa Pan American Energy (PAE) llevó adelante la exploración y obtuvo resultados alentadores. Ahora, extraerá shale gas de la formación D-129, la roca madre de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut, destacó que “es un hito histórico que abre la puerta a una nueva etapa en la provincia. Tenemos una cuenca con pozos maduros que exigen una mayor productividad y eficiencia para su desarrollo. La verificación de PAE sobre la existencia de shale gas abre una nueva oportunidad productiva para todos los chubutenses y se suma a otras fuentes de energía que vamos a desarrollar. La reconversión del área es una señal clara y previsible para que lleguen nuevas inversiones. Somos optimistas en que podremos tener buenas noticias sobre el potencial no convencional luego de la ejecución del plan piloto comprometido”.

La provincia del Chubut percibirá ingresos de alrededor de 90 millones de dólares durante los próximos 5 años por la reconversión de la concesión. El desarrollo del área sumará mayores ingresos a la provincia por las regalías asociadas a la nueva producción no convencional y por la mayor actividad en la cuenca. 

Torres anunció también que “el gobierno ha decidido bajar 3 puntos la regalías, de 12% al 9%. Esto nos pone como la provincia más competitiva para el desarrollo hidrocarburífero de la Patagonia”.

Pan American Energy reconvirtió el área de Cerro Dragón en una concesión no convencional de hidrocarburos tras verificar la existencia de shale gas dentro de la formación D-129. La compañía comprobó que estos recursos se encuentran accesibles con la tecnología actualmente disponible en el área de Cerro Dragón. PAE continuará con la actividad convencional que desarrolla desde hace casi 70 años en la provincia del Chubut.

PAE comprobó la existencia de shale gas mediante la interpretación de sísmica 3D, el análisis de los datos de pozos preexistentes y la perforación de un pozo, que en conjunto verificaron la presencia de intervalos de entre 70 y 150 metros de espesor en áreas ubicadas a menos de 3.500 metros de profundidad dentro de la formación D-129. Adicionalmente, el pozo perforado confirmó el pronóstico del tipo de hidrocarburo esperado (gas húmedo) y que el intervalo objetivo se encuentra en un nivel de sobrepresión favorable para la productividad en yacimientos no convencionales.

En base al resultado de los estudios geológicos obtenidos, PAE ejerció el derecho otorgado por la Ley Federal de Hidrocarburos 17.319 y el Decreto Nacional N° 1057/24 (artículos 27 bis y 30 respectivamente) y solicitó a la provincia del Chubut la reconversión de la concesión de Cerro Dragón en una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, la cual fue autorizada por decreto provincial por un plazo de 35 años. Dado el largo plazo requerido para el desarrollo no convencional y por aplicación del artículo 35 de la Ley 17.319, en orden a la magnitud de la inversión, se adicionan 10 años al plazo indicado.

PAE fundamentó la solicitud de reconversión en la ejecución de un plan piloto con objetivo no convencional que incluye la perforación de 5 pozos de hasta 3.500 metros de profundidad en su eje vertical y de hasta 3.000 metros en su eje horizontal. El primero de ellos ya fue perforado con 1.500 metros de rama lateral y 25 etapas de fractura espaciadas cada 60 metros comprobándose la viabilidad operativa y la existencia de shale gas. Adicionalmente, PAE implementará técnicas de recuperación terciaria en más de 50 pozos, comprometiendo una inversión cercana a los 250 millones de dólares.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó que “desde hace 70 años invertimos en forma sostenida en el Golfo San Jorge y nuestro trabajo permitió convertir a Cerro Dragón en la mayor área productora de hidrocarburos convencionales del país. Hoy somos los primeros en explorar la cuenca con objetivo shale y estamos confiados en poder desarrollarlo. Quiero agradecer al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por su predisposición para trabajar junto a los equipos técnicos en la reconversión del área, que nos permitirá contrarrestar su declino y abrir un nuevo horizonte de inversión en el Golfo San Jorge”.

Durante el período de vigencia de la concesión no convencional, PAE desarrollará un programa de becas para la formación de ingenieros en petróleo, geofísicos y geólogos; priorizará la contratación de proveedores locales; y sostendrá un programa de garantías de préstamos para emprendimientos de pymes en la provincia del Chubut.

NB