Sólo tres empresas estatales zafaron el año pasado de la motosierra del presidente Javier Milei, pero una de ellas más que las otras dos. Fue el portal Educ.ar, que depende de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano. El portal –creado en la gestión de Fernando de la Rúa–, ofrece contenidos pedagógicos online a todos los colegios que los quieran aprovechar y conecta Internet a las escuelas públicas. Es la compañía que en octubre último contrató de forma directa a OCP Tech, la firma de Leonardo Scatturice que representa localmente a la norteamericana Cisco, para la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional por US$78,6 millones.

En 2024, Educ.ar recibió 302% más de transferencias del Estado ajustadas por inflación, es decir, cuatro veces más que en 2023, por encima del 202% de Ferrocarriles Argentinos, que absorbió a la desaparecida Trenes Argentinos Capital Humano, y del 35% de la Casa de Moneda, pese a que fue excluida de las tareas de imprimir billetes y chapas patente. Las demás 39 compañías estatales pasaron por el ajuste, según datos oficiales analizados en un reciente informe de la Fundación Pensar, del PRO.

En el reporte, que elaboró el economista Nicolás Gadano, se señala que “llaman la atención” casos como los de Educ.ar por el alza de transferencias, YPF por elevar 55% su gasto en publicidad o la agencia Télam, dado que se anunció su cierre pero siguió existiendo con el nombre de APE (Agencia de Publicidad del Estado). Agrega que, así como está explicado la razón del aumento de giros a Ferrocarriles, “el motivo que explica el incremento de las transferencias a Educ.ar es menos claro”. Allí se presenta una evolución de las transferencias ajustadas por inflación año a año.

Justo en septiembre pasado, la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell y depende de la ministra Sandra Pettovello, acordó con Educ.ar la renovación de licencias. La empresa estatal, que entonces dirigía Eduardo González pero estaba de licencia y era reemplazado por el gerente Matías Honono, recomendó mantener como proveedor a Cisco para evitar una inversión mayor en cambiar la tecnología adoptada en 2017. El único proveedor de la firma estadounidense acá es Scatturice, este contratista estatal y nuevo dueño de Flybondi que vive en el estado de Florida. Así es que se descartaron otras dos propuestas. En octubre, Honono firmó el contrato y al mes siguiente González fue reemplazado como interventor por Gastón Martín.

Las transferencias a Educ.ar crecieron porque se expandió su gasto. Datos oficiales sistematizados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) muestra que medido en pesos de junio pasado el presupuesto ejecutado cayó de $20.227 millones en 2022 a $13.088 millones en 2023 y saltó $51.509 millones en 2024, es decir, un 293%, coincidente con los mayores giro. A su vez, en el primer semestre de 2025 subió a $36.775 millones respecto de los $4.700 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un alza del 682% o una multiplicación por casi ocho.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirma el salto en su informe de las empresas públicas del primer trimestre. Los ingresos corrientes (para gastos operativos) crecieron 61% y las erogaciones corrientes, un 126%, mientras que los recursos de capital (para invertir) se dispararon de apenas $3 millones a $31.884 millones de un inicio de año para el otro y las inversiones, de $12 millones a $51.631 millones. Así es que el resultado financiero de la compañía arrojó un rojo de $2.430 millones.

“Se explica principalmente por el aumento de los gastos de capital, debido a las transferencias otorgadas por la empresa en el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Educación para el funcionamiento del equipamiento de redes locales de conectividad en establecimientos educativos de gestión pública”, expone la OPC. “Se destaca el incremento de los recursos de capital, los mismos se componen casi en su totalidad por las transferencias otorgadas por el Tesoro Nacional”, agrega esta oficina.

“Los establecimientos educativos alcanzados por el Plan Nacional de Conectividad Escolar operan desde 2017 con equipamiento de tecnología Cisco Meraki para la conectividad wifi de acceso a Internet en el aula, en 2024 vencían las licencias y OCP Tech, que es partner de Cisco para América Latina, presentó la oferta más barata para renovar esas licencias, sin las cuales todo el equipamiento queda fuera de servicio y sin conectividad”, argumentan en la empresa de Scatturice. “Otras dos compañías realizaron ofertas menos convenientes”, añaden. “OCP Tech tiene presencia en 20 países de la región, en los que brinda servicios de infraestructura e ingeniería tecnológica, a gobiernos y empresas en todo el continente”, completan.

En el año y medio que va del gobierno de Milei, Scatturice con OCP Tech y con su otra empresa Tactic ya consiguió 21 contratos del Estado, algunos de ciberseguridad, según un relevamiento que hizo el diario La Nación a partir de información oficial. El mayor de ellos es el de Educ.ar. En el último año de la gestión anterior, la de Alberto Fernández, había logrado nueve.

Consejo del asesor presidencial Santiago Caputo, el nombre de Scatturice saltó a la fama pública cuando en febrero pasado llegó un avión suyo con valijas desde EE UU y la Justicia comenzó a investigar si la Aduana las controló o no. En junio compró a una Flybondi en crisis, que busca evitar desaparecer como ocurrió con otras líneas locales como Southern Winds, ente otras.

Con aceitado acceso al gobierno de EE UU, hasta se fotografió con Donald Trump, Scatturice lógicamente es socio de la Cámara de Comercio de EE UU (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Pero también lo de es de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, que preside otro empresario del negocio de la tecnología y la seguridad, Mario Montoto.

AR/MG

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó vigilias en dependencias públicas ante la posibilidad de que se lleven a cabo 50.000 despidos dentro de secretarías y ministerios nacionales. Además, se evalúa la iniciativa “de ocupar los edificios” donde efectivamente se cumplan las cesantías.

La fecha en la que finalizan estos contratos es hoy, 31 de marzo, y desde el sindicato comandado por su secretario general, Rodolfo Aguiar, exigen la “renovación automática y anual de la totalidad de los vínculos laborales”.

“El Gobierno ha actuado, de manera permanente, al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir que existan cesantías masivas y sin una causa justificada. Montaremos vigilias en todos los ministerios y secretarías, y no descartamos ocupar aquellas dependencias que dejen trabajadores en la calle”, señaló Aguiar.

Asimismo, se adelantó y sostuvo que, desde ATE, no quieren que “nadie defina a su modalidad de protesta como ilegal” porque la llevarán adelante bajo la figura de “permanencias pacíficas”: “El crecimiento de la conflictividad es responsabilidad exclusiva de la Casa Rosada. La violencia institucional crece en el país y se genera desde el poder”, añadió.

Por otra parte, manifestó que la Administración Pública “no soporta más recortes” y que “un nuevo ajuste” afectaría la prestación de servicios esenciales y “perjudicaría de manera grave” a todos los ciudadanos.

Para finalizar, ATE informó que en distintas dependencias surgieron “amenazas de que las cesantías comenzarían a comunicarse”. Sin embargo, hasta el momento no fue notificado “ningún despido bajo ninguna figura”, a diferencia de meses anteriores donde sí se enviaron “telegramas y correos” que llegaban en los días previos.

Durante la última movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el gremio comunicó que realizará un paro de 36 horas que comenzará el próximo miércoles 9 de abril, desde las 12 del mediodía, hasta la medianoche del jueves 10; además, no se descarta anticipar medidas de fuerza si se efectúan “cesantías ilegales”.

Con información de la agencia NA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que busca desmantelar siete agencias federales, entre ellas la que supervisa la matriz del medio de comunicación financiado por el Gobierno, la Voz de América (VOA), y otros medios subvencionados por EE.UU. en todo el mundo.

Además de la Voz de América, la Agencia para los medios globales financia Radio Europa Libre/Radio Libertad y Radio libre Asia.La organización tiene un presupuesto anual aproximado de 270 millones de dólares, cuenta con más de 2.000 empleados, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada de más de 361 millones de personas, de acuerdo con el diario The New York Times.

No obstante, Trump ha sido muy crítico con esta agencia desde su primer mandato (2017-2021). Las otras agencias a las que Trump ordenó reducir son el Servicio Federal de Mediación y Conciliación, que se centra en prevenir y resolver conflictos laborales; el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson; el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas; el Consejo Interinstitucional de EE.UU. para las Personas sin Hogar; el Fondo de Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias.

En la orden ejecutiva, el mandatario ordenó a los directores de las agencias que eliminaran todas las funciones que no estén legalmente establecidas y reducir “el desempeño de sus funciones estatutarias y el personal asociado al mínimo requerido por la ley”.“Esta orden continúa la reducción de los elementos de la burocracia federal que el presidente ha determinado que son innecesarios”, anota el edicto, publicado a última hora del viernes.

El director de la VOA, Michael Abramowitz, lamentó este sábado que esté siendo “silenciada” la historia de su institución.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, festejó hoy las 200 áreas del Estado que logró cerrar en el primer año de gobierno del presidente Javier Milei.

“En esta semana donde vamos cerrando el año les dejo un listado de las más de 200 áreas del Estado que cerramos este año. Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, lanzó Sturzenegger en su cuenta de X. 

En esa línea, profundizó en agradecimiento a Milei: “Gracias sobre todo a Javier Milei por la convicción y liderazgo en la necesidad de reducir el Estado”.

Entre las áreas eliminadas que formaron parte de la efusiva “celebración” de Sturzenegger hay una presencia muy elevada de dependencias relacionadas la presencia del Estado en temas de género, diversidad y derecho humanos, como la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia institucional, el Consejo Federal de Derechos Humanos y la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación sexual integral, entre muchas otras.

El tuit del ministro cita una publicación de Maxi Fariña, el segundo en la cartera que conduce el ex presidenta del Banco Central durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. 

En su texto, Fariña dijo: “A medida que vamos revisando las estructuras de cada Ministerio nos encontramos con excesos, duplicaciones y áreas totalmente innecesarias”. 

“Durante el 2024 ya eliminamos más de 200 áreas (Direcciones Nacionales, Direcciones y coordinaciones) que tenían funciones duplicadas u obsoletas y casi 100 Secretarías y Subsecretarías”, siguió. 

Y continuó: “Nos encontramos con áreas que cumplían funciones o tareas que puede hacer el sector privado o con otras que directamente cumplían funciones que le corresponden a las provincias o municipios rompiendo el federalismo”. 

DM con información de agencia NA

La próxima semana, el Gobierno comenzará con la primera tanda de exámenes de idoneidad dirigidos a aproximadamente 40.000 empleados públicos con contratos temporales que finalizan a fin de año. Esta evaluación será un requisito obligatorio para quienes aspiren a renovar sus contratos.

El Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, será el encargado de oficializar en los próximos días las condiciones específicas de estas pruebas. Según la información disponible, el examen será presencial y tendrá diferentes niveles de complejidad, adaptados al tipo de función desempeñada: profesional, administrativa o de servicios generales. El objetivo será establecer un umbral de idoneidad equivalente al nivel de un secundario completo.

En esta etapa inicial, las evaluaciones estarán dirigidas a empleados contratados que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido al carácter presencial de las pruebas. Las oficinas del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ubicadas en el centro porteño, serán la sede principal, aunque se evalúa la posibilidad de utilizar otras locaciones, como Tecnópolis. Excepciones a esta obligatoriedad se aplicarán a empleados de planta permanente, personas con discapacidad y quienes residan fuera del AMBA.

Las características de evaluación

La aprobación del examen será indispensable tanto para los empleados que deseen renovar sus contratos como para nuevos aspirantes a cubrir vacantes, aunque no garantizará automáticamente la recontratación o el ingreso. “No queremos que sea un filtro, sino un mecanismo objetivo para evaluar la eficiencia del personal”, señaló una fuente del Gobierno al portal Infobae.

Los empleados tendrán hasta tres oportunidades al año para superar la evaluación, que consistirá en una prueba de una hora con entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple.

El examen se realizará en formato digital, utilizando tablets o computadoras en el INAP, y los resultados serán corregidos automáticamente por el sistema. Un portal en línea permitirá a los aspirantes reservar turnos y obtener un código necesario para acceder al examen. En el registro oficial solo quedará constancia de si el examen fue aprobado o no.

Según datos del Indec de octubre, actualmente, la planta total de empleados estatales asciende a 305.688 personas. Este número era de 343.353 trabajadores en noviembre de 2023, antes de que Javier Milei asumiera la presidencia. Las cifras sobre la verdadera reducción de empleados estatales fueron motivo de cruces entre el presidente y sindicalistas durante los últimos meses.

DM

“¡Es exactamente lo que voté!”, canta el militante libertario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en la misma canción en que, según su letra, le practica sexo oral a la “opinión de los kukas”. Y tiene cierta razón en cuanto a que su presidente Javier Milei, prometió terminar con la obra pública, una bandera del kirchnerismo, porque la asocia con la corrupción. En los primeros nueve meses de 2024, la inversión pública de la Nación cayó 79,5%, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) a partir de datos oficiales. La inversión total nacional —antes era el 60%—, provincial y municipal —que representaban el 40%— ya era baja, del 1,3% del PBI en 2023, frente al pico reciente del 3% de 2014 o al 6% que recomiendan organismos internacionales, pero al reducirse a un quinto estaría alrededor del 0,25%, menos que el piso último del 0,9% en 2019. “Es el nivel más bajo de la historia”, opina Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica y exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal en el gobierno de Mauricio Macri.

Para 2025, el panorama tampoco cambiará demasiado, según advierte el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Así estaba plasmado en el frustrado proyecto de presupuesto del año próximo, que envió el Gobierno y no se votó en el Congreso. “Prevemos que la obra pública se mantendrá parada porque la prioridad es bajar la inflación”, observa Weiss, mientras uno de los economistas favoritos de Milei y de los que pronosticó su actual primavera financiera, Ricardo Arriazu, sostiene que si continúa la política económica actual en diciembre de 2025 el índice de precios al consumidor (IPC) bajaría al 1% mensual.

En campaña y ya como Presidente, Milei siempre sostuvo que él apostaba a que el sector privado fuera el que financiara y ejecutara las obras de infraestructura. Weiss prevé que la empresa estatal Corredores Viales comience a concesionar rutas que controla en la actualidad, empezando por la 14, la del Mercosur, que une Ceibas, en el sur de Entre Ríos, con Paso de los Libres, frontera de Corrientes con Brasil, y más al norte también. “Si licitan, habrá algo de inversión, pero después de la licitación, la obra llegará en 2026. Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales”, describe el presidente de Camarco.

Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales

Gustavo Weiss — presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)

Ya las carreteras y el material ferroviario, desde vías hasta señales y trenes se encontraban en mal estado en el gobierno anterior, de los peronistas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y con el recorte del 79,5% se deteriora aún más y se acumulan los años de desinversión se corre el riesgo de que se traduzca en términos de accidentes y pérdidas de vidas humanas, según advierten empresarios de la construcción.

Ya 90 personas resultaron heridas este año en un accidente del ferrocarril San Martín, aunque el juez Julián Ercolini procesó a seis empleados del servicio. “Es muy raro que limiten la responsabilidad penal a los responsables directos, más habiendo prueba de sobra sobre el estado de las señales y los efectos del recorte en mantenimiento”, advierte Galileo Vidoni, editor del portal enelsubte.com.

La desinversión también impactará en lo que inviertan el campo o la industria que necesitan transportar sus mercaderías y que con rutas o vías defectuosas enfrentan mayores costos por tiempos y averías, según señala el exviceministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, director de la consultora Lambda y profesor de la Universidad de La Plata, Fernando Morra. Hasta las petroleras, que prosperan con el actual modelo económico, se quejan del estado y la insuficiencia de caminos para que circulen sus camiones por Neuquén, la provincia del yacimiento Vaca Muerta.

La motosierra de Milei sobre la obra pública podó en un 68% lo destinado a salud, en 95% a la asistencia social y a la educación, en 72% a la ciencia y la tecnología, en 83% a la vivienda social y la urbanización de barrios populares —donde viven 5 millones de argentinos—, en 81% al agua potable y alcantarillado, en 50% a la energía —el recorte fue menor porque se terminaron las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, que permitió transformar el déficit comercial energético de 2022 en superávit en 2024—, en 88% el transporte —sobre todo es vial y ferroviario— y en 68% a la ecología y el desarrollo sostenible —se frenó la finalización del sistema cloacal para sanear el Riachuelo y mejorar la vida de 4 millones de vecinos—. Son datos oficiales procesados por ASAP.

Los gobernadores reclaman que la Nación les transfiera obras que son claves para su infraestructura. El Gobierno federal lo hace sin mandarles recursos para terminarlas ni saldar las deudas que mantiene con las constructoras, lo que dificulta el traspaso. Si este asunto se soluciona, entonces las provincias dejan de lado algunos proyectos propios para financiar esos nacionales. De todos modos, pocos distritos cuentan con recursos suficientes para invertir en estas iniciativas, como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Neuquén. En otros se mantiene o profundiza el parate, según advierten en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Entre diciembre de 2023, en que asumió Milei el poder, y septiembre último, se perdieron 100.000 puestos de trabajo y con la reactivación de algunas obras por parte de las provincias en la Uocra calculan que la merma se reduce a 90.000, pero tampoco observan “muchos avances” con los proyectos privados en infraestructura.

No obstante, su líder, Gerardo Martínez, prefiere evitar el choque frontar con el Gobierno para evitar una estrategia como la que hasta hace unos meses siguieron los gremios de Aerolíneas Argentinas.

“El impacto es fuerte en empleo, no tanto en las constructoras”, explica el economista Delgado, que señala que el consumo per cápita de hierro redondo y cemento bajó al nivel de 2004, cuando la Argentina apenas salía de su colapso de 2001/2002. Es que las empresas lograron compensar en parte el parata de la obra pública con obras privadas, como la minería y la energía. La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta.

La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta

“Ningún país del mundo tiene obra sólo financiada por privados”, sostiene Delgado en alusión a la idea de MIlei, antes de analizar sector por sector en cuál el Estado puede ser reemplazado y cuáles no. “Las rutas nacionales podés concesionarias siempre que tengas mucho tráfico. Habría transferencia con exigencia de una inversión minima, dependerá del caso, pero con peajes altos, que los camiones paguen hasta seis veces más que un auto, como en las concesiones de (Carlos) Menem (1989-1999), relación que después Kirchner (2003-2007) bajó a tres y después los congeló mientras el deterioro de las rutas se empieza a ver en baches”, sostuvo Delgado.

A su vez, resaltó que “las inversiones ferroviarias en el mundo siempre las hizo el Estado, más allá de que después circulen trenes privados por esas vías”. “Sí hay puertos privados. Sí habrá inversión en conectividad digital, pero no en cloacas, lo que te impacta en la salud, ni en rutas con poco tránsito. La vivienda se puede reactivar en un segmento social con el hipotecario, pero habrá gente sin acceso al crédito. Sí habrá inversión en trenes de cargas, pero no en pasajeros si no hay subsidios”, agregó.

Completó que “cárceles privadas hay en el mundo, pero las paga el Estado”. “El Estado nacional hizo escuelas pero por fuera de sus atribuciones. Para mí está bien que de eso se hagan cargo las provincias. Hoy hay más problemas de mantenimiento que de construir nuevas escuelas. Olvidate de la urbanización de villas o del saneamiento del Riachuelo, pero el Banco Mundial —que dio el préstamo para hacerlo— va a reclamar. Olvidate de las obras contra las inundaciones. Lo que puede haber son gasoductos e infraestructura eléctrica porque habrá tarifas para pagar las obras, antes los subsidios sólo alcanzaban para el mantenimiento”, completa el socio de Analytica.

AR/JJD

El Gobierno nacional oficializó hoy un nuevo aumento del 3% para los trabajadores del Estado a través de la homologación de un acuerdo paritario alcanzado el 31 de octubre pasado, que incluye una suma fija a cobrarse en diciembre. 

El incremento fue notificado a través del decreto 1038/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, en el que detalla una suba del 3% a percibirse en dos partes: la primera regirá desde el 1° de noviembre, sobre las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas vigentes al 31 de octubre. 

El aumento cubre apenas la mitad de la inflación proyectada para ambos meses, que segun la mayor parte de las consultoras y el propio Gobierno, rondará el 3% tanto en noviembre como en diciembre.

Descontando los efectos de la inflación, los salarios de los trabajadores del Estado vienen sufriendo una potente caída desde la asunción de Javier Milei. En términos interanuales, entre agosto de 2024 e igual mes del año pasado, el sector tuvo un incremento nominal del 166,6%, mientras que en ese mismo período, el IPC avanzó 236,7%.

Tomando ese período, los empleados del sector público perdieron por 70,1 puntos contra la inflación durante esos doce meses.

El mayor impacto se produjo en diciembre y enero pasados, cuando la devaluación inicial del gobierno de Milei generó un fuerte retroceso en el poder adquisitivo de los salarios estatales, que no se recuperó en el resto del año.

Los detalles del acuerdo con los gremios

El acuerdo alcanzado por la administración con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), establece además una actualización del 1% sobre los haberes de noviembre a cobrarse en diciembre. 

Por otra parte, contempla un Premio Estímulo a la Asistencia de $ 30.600 para noviembre y de $ 30.906 para diciembre, e incluye una suma fija de $30.000 a cobrarse por única vez durante el último mes del año.

“La retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de $652.619 a partir del 1° de noviembre de 2024 y de $659.145, a partir del 1° de diciembre de 2024”, aclara la norma publicada en el Boletín Oficial. 

En el artículo 5° del decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, establece que los aumentos alcanzan a los trabajadores bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

También se actualizaron las remuneraciones de los Profesionales Residentes Nacionales de los establecimientos hospitalarios e institutos que dependen del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría de S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”. Los valores actualizados son: 

También detallan la actualización de los montos de la asignación de becas:

DM con información de agencia NA

Javier Milei había prometido hace casi un año, cuando asumió en el Gobierno, que se venía una estanflación; es decir, más inflación y más caída económica que la heredada. Ya en abril, entusiasmado con los primeras señales de un índice de precios al consumidor (IPC) en franco descenso, prometió que la actividad repuntaría “como de pedo de buzo”. Hace pocas semanas sentenció el final de la recesión, esa que comenzó con la sequía de 2023. Pero el estimador mensual de actividad económica (EMAE) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), después de marcar dos meses seguidos de crecimiento mensual —el interanual seguía abajo— en julio y agosto informó este viernes un descenso del 0,3% en septiembre. Y encendió las alertas sobre el rumbo de la economía bajo el modelo de La Libertad Avanza.

De todos modos, el tercer trimestre acabó mejor que el segundo y necesitará encadenar un alza en el cuarto para dar por terminada la crisis, según economistas relevados por el Banco Central. Por lo pronto, el EMAE en septiembre se cayó 3,3% respecto del mismo mes de 2023 y acumula una baja del 3,1% en los primeros nueve meses del año. Se trata de una caída mucho menor a la prevista ante un ajuste fiscal como el del presidente de la Nación, pero porque está atenuada por la normalización de la cosecha tras la histórica seca pasada.

¿Qué sectores crecieron en septiembre en relación a un año antes? La explotación de minas y canteras, un 7,6%, aunque no se lo puede adjudicar todavía al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) sino a minas de litio que venían en construcción desde antes y se pusieron en marcha en 2024 por el interés mundial en este insumo para autos eléctricos, gobierne quien gobierne en este país productor.

También, la agricultura y la ganadería, un 3,1%, por la recuperación de la cosecha y por un aumento de la exportación de carne, que ya no tiene límites con Milei y que compensa el derrumbe del mercado interno. La intermediación financiera creció 2,5%, dado que la recuperación de los depósitos y el blanqueo de capitales permitieron la reactivación del crédito al consumo y a las empresas.

Pero pese a esos sectores pujantes, la economía cayó en septiembre. Y lo hizo por que decrecieron interanualmente la industria —afectada no sólo por la recesión sino por la apreciación cambiaria y la importación—, un 6,2%, la energía y el agua —impactada por la menor demanda interna—, un 4,2%; la construcción —via motosierra a la obra pública—, un 16,6%; el comercio —víctima de la pérdida del poder de compra—, un 8,3%; hotelería y gastronomía —golpeada por el mercado interno y la menor llegada de extranjeros ante el encarecimiento de la Argentina en dólares—, un 5,9%; pesca, un 25%; transporte y comunicaciones, un 1%; inmobiliarias, un 0,2%, pese al repunte de ventas y la mayor oferta de inmuebles en alquiler, mientras los precios suben mucho más que la inflación; administración pública, ajustada, un 2%, y servicios comunitarios, sociales y profesionales, un 5,3%. Es lo que hay.

Con vistas a 2025, en cambio, las proyecciones son en general positivas: el Gobierno vaticina una recuperación fuerte de la economía, del 5%; en cambio, los consultores privados que consulta regularmente el Banco Central prevén un crecimiento más moderado, del 3,6%, es decir un repunte que alcanzaría por poco a compensar la caída que se proyecta para todo 2024.

El panorama económico bajo el gobierno de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, sigue siendo incierto y preocupante. A pesar de la baja de la inflación y algunas señales de recuperación en sectores específicos, la caída general de la actividad económica en septiembre pone en duda la sostenibilidad del modelo libertario.

AR/JJD

El Gobierno utilizó la app oficial Mi Argentina y las pantallas y altoparlantes de espacios públicos como estaciones de trenes para criticar los paros de esta semana y convocar a la gente a denunciar si en algún caso fueran “obligados” a parar. Bajo el título “Los sindicalistas no te dejan trabajar”, el Ejecutivo cargó contra “Moyano y Biró” a quienes acusó de orquestar las protestas para “cuidar sus privilegios” y los responsabilizó de dejar a la ciudadanía sin transporte. Esto generó polémica y debate acerca de qué, cómo y dónde debe comunicar un gobierno.

“En este caso el uso es directamente partidario. Creo que ya naturalizamos que se puede hacer cualquier cosa con las infraestructuras públicas, pero no deberíamos naturalizarlo porque es un mensaje partidario expuesto o enviado a través de esa infraestructura pública que todos pagamos”, dijo a elDiarioAR Natalia Zuazo, experta en política tecnológica y digital.

“Claramente en cualquier conflicto, en este caso el paro, la comunicación es fundamental. Y sobre todo, la comunicación digital. En el caso del Ministerio de Transporte, al poner los distintos carteles en estaciones claramente están destinados a la comunicación digital, a sacar una foto, un video de eso y subirlo a las redes para generar esa polarización, esa discusión, el enfrentamiento porque obviamente los trabajadores que están enterados de que hay una medida de fuerza no van a acercarse tanto a los lugares, a las estaciones o a los aeropuertos. Y eso, creo que es lo que le da el sentido más de efecto que de realmente avisar al trabajador”, analizó Zuazo.

Esta no es la primera vez que se usa Mi Argentina para difundir campañas o mensajes sobre un tema específico. Se hizo con las campañas de prevención y vacunación del COVID-19; también para evitar estafas virtuales u otras cuestiones relacionadas a la salud. La diferencia ahora, según la experta, es que usó con un fin partidario.

Para ella esto no es algo nuevo aunque sí poco debatido. “También se me viene a la mente cuando durante el gobierno de Macri discutíamos el uso de los datos personales para el envío de mensajes, que se había justificado por la Jefatura de Gabinete que tenían que ser para campañas públicas o de interés público y el temor era que esos datos personales luego se utilizaran para campañas partidarias. Por eso pienso que esto no es nuevo, creo que se discute muy poco, pero que estas situaciones reviven la cuestión”, reflexionó.

La medida de fuerza, convocada por la Mesa Nacional del Transporte, incluyó la paralización de trenes, subtes, aviones y camiones. Los sindicatos sostienen que el paro es una respuesta a su desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, mientras que el mensaje oficial es que el conflicto surge de la defensa de intereses sindicales “espurios”.

MM

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, emitió la resolución 3/2024, que instruye a las entidades del Sector Público Nacional a “intimar” a sus empleados que cumplan con las condiciones legales a iniciar los trámites de jubilación en un plazo no mayor a 30 días. De esta manera, el Gobierno avanza con la motosierra profunda. 

Esta resolución se enmarca dentro de la política del Ministerio para modernizar y racionalizar el empleo público, en línea con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que busca reducir el tamaño del Estado y transparentar el gasto público.

De acuerdo a fuentes oficiales, “actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente. Es necesario asegurar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Sector Público Nacional. Por ello, se firmó la Resolución 3/24 que obliga a todas las áreas del gobierno a, en los próximos 30 días, intimar a las personas que están en condiciones de jubilarse. Para instrumentarlo, el 10 de octubre la Secretaría de Transformación del Estado y función pública suscribió un convenio de intercambio electrónico de información con la ANSES”, comunicaron las autoridades.

“Instrúyase a los titulares de las entidades comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias a intimar, en un plazo no mayor a TREINTA (30) días hábiles desde la publicación de la presente resolución, al personal que reúna las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones N° 24.241 a iniciar los trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”, dice la resolución.

El artículo 8° de la ley 24.156 apunta, según el “inciso a y c” a los empleados de la Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los Organismos Descentralizados y Entes Públicos.

La resolución “recomienda” la misma medida a las Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

La resolución completa

Con información de agencias.

IG

A más de una década del comienzo de su explotación, el yacimiento Vaca Muerta, el cuarto más importante en petróleo no convencional y el segundo en gas no convencional a nivel mundial, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó quién se queda con la renta petrolera. Las conclusiones fueron que Argentina cuenta con la menor carga fiscal para el sector petrolero en la región y por lo tanto es el Estado menos beneficiado en términos de participación de la renta petrolera.

“Argentina se erige como el único país que ha sacrificado significativamente la participación estatal al realizar reformas en su régimen fiscal”, sostiene el informe elaborado por Malena Vivanco, Natalia Segura Diez, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.

“Nos preguntamos cómo ha evolucionado la fiscalidad en el sector petrolero y nos propusimos comparar la situación local con la región. La conclusión fue que a partir de Vaca Muerta y la proyección exportadora, el Estado le ha dado beneficios al sector pero ha participado en porcentajes bajos de la renta”, explicó García Zanotti a elDiarioAR. “Entonces nos preguntamos a dónde va esta renta petrolera”, agregó.

“Ningún país de la región benefició tanto a las petroleras como Argentina y sin embargo, la participación del Estado en la renta es la más baja a nivel histórico y la más baja a nivel regional”, sostuvo el investigador.

El informe se centra en un estudio y análisis de costos del sector y de la renta petrolera, entendida como el resultado del precio del mercado menos el costo de producción. La participación del Estado se da a través de las regalías provinciales, el impuesto a las ganancias (impuesto a la renta corporativa) y las retenciones o derechos a las exportaciones. 

“Cuando analizamos cuánto cuesta producir un litro de petróleo, obtuvimos la cifra de US$0,1 mientras que el precio de mercado del litro es de US$0,5, por lo tanto arroja una renta de US$0,4. ¿Cómo participa el Estado argentino? La ecuación se repite con el kirchnerismo, Cambiemos, el Frente de Todos y LLA: cada US$100, el Estado se queda con el 20% si no descontamos los subsidios que otorga al sector o con el 15% si descontamos los subsidios”, afirmó García Zanotti.

Ese US$0,4 se divide entre distintos actores, sostienen los investigadores, entre los que se encuentran las empresas petroleras y su ganancia bruta, el Estado a través del régimen fiscal, y los consumidores/refinerías en caso que exista una diferencia positiva entre el precio internacional y el precio local.

“Las refinerías y los consumidores poseen una gran participación de la renta petrolera entre los años 2002-2014 debido a la divergencia que se produjo entre el precio internacional y el local”, dice el estudio de ACIJ. “En los años 2015-2016, existió una política sostén donde el precio local resultó ser mayor al internacional, de modo que en este escenario los beneficiados fueron las empresas petroleras”, mientras que en los años 2021-2023, el precio internacional se incrementó considerablemente mientras los precios locales, si bien se incrementaron, no acompañaron su ritmo.

A través de los impuestos, el Estado logró incrementar su participación en la renta petrolera entre 2002 y 2014. “Esto se debió tanto a que la recaudación en el impuesto a las ganancias acompañó el aumento de los ingresos gracias a la mega devaluación del año 2002; y por otro lado, las retenciones móviles permitieron incrementar la participación por parte del Estado mayormente a partir del año 2007”.

Luego, con la caída de los precios internacionales y el cambio del esquema de retenciones a las exportaciones para 2014, estos dos tributos perdieron fuerza. Desde entonces las regalías resultan ser el único recurso fiscal que mantiene constante su participación.

La ecuación se repite con el kirchnerismo, Cambiemos, el Frente de Todos y LLA

Gustavo García Zanotti — Investigador.

El informe sostiene, a contramano de las políticas de los gobiernos de los últimos diez años, que la política fiscal en el sector petrolero debería permitir al Estado capturar una porción significativa de la renta petrolera, garantizando así los recursos necesarios para el desarrollo de una política socioeconómica y productiva sostenible

El estudio resalta que recientemente se aprobó un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que pone a los sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos entre los principales beneficiarios y que pone las expectativas en un crecimiento significativo del sector petrolero impulsado por inversiones a partir del proyecto de Vaca Muerta.

Pero el gobierno de Javier Milei no es una excepción en el enfoque. Los investigadores sostienen que el Estado, a través de su política fiscal, debería asegurar que las condiciones socioeconómicas de la población no se vean deterioradas tras el agotamiento progresivo de los recursos no renovables. “Los reservorios de hidrocarburos debieran ser aprovechados para desarrollar encadenamientos productivos, así como transformado mediante la política fiscal en infraestructura, ciencia y educación de calidad”, agregaron.

ED/DTC

Cada 27 de junio, Argentina celebra el Día del Trabajador del Estado, una jornada dedicada a reconocer y valorar la labor de los empleados de la administración pública.

El origen de esta conmemoración se remonta a 1978, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 151 y la Recomendación 159. Estos instrumentos internacionales están vinculados al derecho a la negociación colectiva y a las relaciones de los trabajadores del Estado.

Según la resolución de la OIT, el Convenio 151 “pretendía llenar un vacío pidiendo a los Estados Miembros que fomentasen el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”.

En Argentina, el Convenio 151 fue ratificado en 1987 mediante la sanción de la Ley 24.185, la cual reguló las negociaciones colectivas entre la Administración Pública y sus empleados. Este paso fue fundamental para asegurar que los trabajadores del Estado tuvieran voz y voto en la determinación de sus condiciones laborales.

Fue en 2013 cuando, por iniciativa de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Congreso Nacional instauró el 27 de junio como el Día del Trabajador del Estado.

La celebración de este día establece una jornada de descanso para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Desde 2014, esta celebración también se conmemora el 27 de junio en Colombia, como parte del Día Nacional del Servidor Público, lo que demuestra el impacto y la relevancia de esta fecha a nivel regional.

Para quiénes es feriado el 27 de junio

El jueves 27 de junio no tendrán que presentarse a trabajar los empleados públicos. La medida no sólo regirá para aquellos que trabajen en dependencias nacionales, sino también en provinciales y municipales.

“Las provincias y municipios de toda la República a instaurar el 27 de junio como día de descanso en las respectivas administraciones públicas, con los efectos dispuestos en el artículo 2º de la presente”, establece el artículo 3 de la Ley 26.876.

Qué organismos públicos no trabajan este jueves 27 de junio

Desde la Anses informaron que sus oficinas permanecerán cerradas durante el jueves 27 de junio, y sus delegaciones no prestarán atención al público con motivo del Día del Trabajador del Estado. La atención se reanudará con normalidad el viernes 28.

Sin embargo, el calendario de pagos se mantiene sin modificaciones y las prestaciones previstas para este día se acreditarán en la cuenta de sus titulares.

Lo mismo ocurrirá con los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, y otras tantas actividades vinculadas a la administración pública nacional.

Los empleados estatales de la administración central, los descentralizados, los trabajadores de la salud, de la seguridad, del Poder Judicial y trabajadores universitarios que dependen del Estado suspenden su actividad y la retomarán el viernes 28 de junio.

En tanto, la AFIP, como suele ocurrir en esta fecha, no contará con atención presencial al público, aunque sí mantendrá sus canales on line activos. Según informaron a este medio, el sector de Aduanas estará operativo con una guardia, tal como sucede durante los fines de semana.

¿Hay bancos por el Día del Trabajador del Estado?

Vale aclarar que las entidades bancarias, aunque dependan del estado nacional, funcionarán con normalidad este jueves 27 con sus horarios habituales, dado que sus empleados se rigen por el gremio de los bancarios.

NB

Ya hubo experimentos libertarios fallidos en el mundo. En un pueblo de EE UU, Grafton, duró entre 2004 y 2014 y terminó colapsando por el retiro del Estado de servicios esenciales. Y en Reino Unido, en los 45 días que duró Liz Truss como primera ministra –la máxima autoridad de un país donde no gobierna el rey– se vino abajo por el desfinanciamiento del Estado al recortar los impuestos a los más ricos.

Javier Milei se autoproclama como el “primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”, una frase que puede ser cierta porque Truss no tenía ese cargo exacto, aunque era tan jefa de gobierno como él. Al igual que la británica pretende bajarle los tributos a los más tienen: de eso se trata el alivio a Bienes Personales, el blanqueo y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) que se tratarán este miércoles en el Senado, al mismo tiempo que se sube el monotributo a las categorías más bajas. Y en su primer medio año aplicó la motosierra a casi todo el gasto público –no todo, porque los pagos de deuda, los ejercicios militares y la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, quedaron a salvo–, desde algunos pocos de la “casta política” hasta varios de servicios esenciales para la vida en sociedad... y no es que apareció todavía la “mano invisible” del mercado para suplirlos. 

“Voy a bajar más el gasto público hasta que le duela a la política”, prometió el jefe de Estado la semana pasada, tras el aumento jubilatorio votado por la Cámara de Diputados, pero por ahora a los que más les duele es a determinados ciudadanos. Miremos los datos oficiales de los primeros cinco meses de 2024 ajustados por inflación (para ver su impacto real) relevados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP):

– Uno de los primeros recortes más polémicos del Gobierno fue aplicado en enero pasado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, después de denunciar uno de los supuestos curros que detectó: la entrega de medicamentos a pacientes de enfermedades graves como cáncer, que estaba en manos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). La Dadse después pasó a manos del ministro de Salud, Mario Russo, pero aún continúa con déficits en el reparto, según constató esta semana el diario Clarín. No es casualidad: el gasto en el programa Cobertura Sanitaria Compensatoria redujo su ejecución en los primeros cinco meses del año en un 93,7%. Hay una causa judicial contra la ministra por el presunto abandono de pacientes graves.

– Cuando comenzaron las clases en marzo, los alumnos de escuelas públicas no recibieron los libros gratuitos que cada año se entregaban por el plan Libros para Aprender. Se trata de otra poda de Pettovello y, en este caso, su secretario de Educación, Carlos Torrendell: el programa Mejoramiento de la Calidad Educativa se ajustó en cinco meses un 99,6% en términos reales. Es decir, quedó reducido a casi nada. Mejor suerte tuvieron quienes zafaron de la motosierra en Educación: los 300 contratados allí sin restricciones presupuestarios a través del mecanismo investigado ahora por la Justicia de pagarles el sueldo a través la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

– Desde que comenzó el gobierno libertario, Pettovello y su ahora exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, dejaron de entregar alimento a los comedores con el argumento de eliminar intermediarios políticos, es decir, las organizaciones sociales, y se firmaron convenios para enviar dinero a los merenderos de iglesias evangélicas, Cáritas o la fundación Conin. Más allá de los casos investigados por la Justicia de desvíos en los movimientos sociales, o del impacto negativo de la organización comunitaria en barrios asolados por el narco, la poda real de la política de comedores y merenderos comunitarios fue del 46%, o sea, casi a la mitad. Pese al aumento de la pobreza por el nuevo salto inflacionario, Pettovello y Torrendell tampoco compensaron dando más comida a los comedores escolares, que redujeron su presupuesto ejecutado en un 87,5%. 

– Uno podría pensar que la ministra y el despedido De la Torre iban a contrarrestar el ajuste a comedores con la Tarjeta Alimentar, cuyo fuerte aumento anunció con bombos y platillos el ministro de Economía, Luis Caputo. Es cierto que ya en el anterior gobierno, en los primeros cinco meses de 2023, por cada peso destinado a merenderos comunitarios iban $32 a la tarjeta, que además fue creada por esa administración. En lo que va de 2024, esa proporción se elevó a $54 a $1. Pero eso no implicó un aumento real del gasto en la prestación Alimentar sino su reducción, pese a la inflación y la pobreza: disminuyó 10% en términos reales. Por eso, en el conjunto de políticas alimentarias, que incluye la Alimentar y los comedores, las erogaciones disminuyeron 17%. No por nada hay más gente que come menos veces al día, como refleja la encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA), mientras se multiplican los casos de inseguridad en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

– Los 90 heridos del accidente de tren del pasado en el ferrocarril San Martín también podrían sumarse a la lista de víctimas del ajuste si la Justicia termina de comprobar que el choque ocurrió porque se robaron cables de los semáforos y no se repusieron a tiempo. Los números de la desinversión ferroviaria son elocuentes en comparación con un gobierno anterior que tampoco se destacó en la materia: las transferencias del Tesoro a las empresas de ferrocarriles para inversiones se podó 90,1%. No es casualidad el accidente ni que haya trenes que se queden en el camino o deban reducir su frecuencia porque tienen que andar más lento por vías sin mantenimiento o porque salen de funcionamiento locomotoras y vagones que no se reparan. Los millones de viajeros que demoran más a diario para ir del conurbano a la capital para trabajar o estudiar son los perjudicados. Si antes demoraban dos horas entre tomarse colectivo, tren y otro bondi o un subte, ahora quizás agregan media hora más, según reconocen algunos usuarios. Se les van cinco, en lugar de cuatro, viajando de las 24 que tiene el día.

– El desfinanciamiento a las universidades han sido motivo de la marcha más multitudinaria contra un ajuste de Milei. Tanto fue así que después el Gobierno, con Torrendell a la cabeza, debió negociar enviar más partidas. Sin embargo, el recorte llega al 25,2%, lo que explica por qué, pese a que la luz y el gas están asegurados en las casas de estudios, todas las semanas hay paros de los docentes malpagos.

– Por último, los taxistas o las industrias que sufrieron el 29 del mes pasado la interrupción del suministro de gas (el natural comprimido, GNC, se cortó en estaciones de servicio) también pueden sumarse a las víctimas de la motosierra. Por suerte fue un solo día. Se podría haber evitado si se terminaban las dos plantas compresoras que duplicarían la capacidad de transporte del gasoducto Néstor Kirchner, que demoró el gobierno anterior y también el presente. También se podría haber evitado si se hubieran encargado más barcos con gas natural licuado (GNL) importado para mayo. Pero pasó el ajuste y no hubo gas. Con un junio cálido como hasta ahora, se evitaría otro corte. Al buen tiempo, mejor cara.

AR/MG

El gobierno de Javier Milei despidió esta semana a alrededor de 15.000 empleados y empleadas estatales dependientes tanto de organismos centralizados como descentralizados. Si bien se registraron desvinculaciones en las sedes que están en la Ciudad de Buenos Aires, el mayor número fue en las provincias donde, en algunos casos, directamente se cerraron delegaciones.

La semana pasada el Presidente anticipó que en total echarán a 70.000 trabajadores y trabajadores públicos, una promesa que, de cumplirse, eliminaría por completo algunas funciones del Estado. En total, en el Sector Público Nacional trabajan 200.000 empleados civiles; despedir a 70.000 implicaría una reducción de la planta del 35%, una medida que vaciará ministerios u obligará a cerrar alguno de los 76 organismos descentralizados que tiene el Estado Nacional en todo el país.

“No hay manera de que funcionen los ministerios si echan a 70.000 trabajadores porque el grueso de ese total están en la administración centralizada. Solamente podes llegar a ese número cerrando organismos, no hay manera que puedas sacar 70.000 y garantizar el funcionamiento de todo lo que está. Si eso pasa el Estado va a dejar de funcionar tal cual lo conocemos, va a haber un montón de prestaciones que no se van a poder brindar”, le dijo Ana Castellani, exsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, a elDiarioAR. 

Según el último informe oficial, de septiembre de 2023, en Argentina hay 3.389.900 trabajadores públicos en todo el país, un 20% pertenecen al Estado Nacional, el 60% a los provinciales y un 20% a los municipales. Si se pone foco en el plano nacional, que es donde el presidente Milei pasó la motosierra, se ve que en hay 711.000 en total, eso incluye la Administración Pública Nacional (APN), las Fuerzas Armadas, de Seguridad, el personal de universidades, de empresas públicas, el Poder Legislativo, etc. De ese total, 400.000 integran la APN y de esos, solo 203.000 son civiles por lo que el recorte se da en un universo pequeño. “Si se despiden 70.000 personas el Estado prácticamente desaparecería. Ya despidieron una primera tanda de 15.000 y el Estado ya es diferente a como lo conocíamos”, le explicó a este diario el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. 

La cifra de los despidos de esta semana fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa y fuentes de los gremios coinciden en los números, aunque no tienen cifras exactas por que  las notificaciones siguen llegando. Según un monitoreo de  ATE actualizado al 4 de abril, el organismo con más despidos fue ANSES con 1.200 personas en todo el país, seguido por Agricultura Familiar donde echaron a 900 de 1.080 trabajadores. También la Secretaría de Trabajo en la que desvincularon a 560, Producción a 360 y Educación a 300. Son las cifras más grandes de una larga lista. 

Además del impacto económico y familiar que implica para una persona perder su trabajo, estas medidas tendrán un impacto en la vida cotidiana de la sociedad en general. Se trata de sectores que empeorarán su capacidad o que directamente no podrán brindar el servicio. “Ahora, este país no puede prevenir las grandes catástrofes porque el recorte llegó al Servicio Meteorológico Nacional, hay delegaciones de ANSES que cerraron porque los echaron a todos, ya no vamos a poder atacar los incendios de nuestros bosques porque despidieron a brigadistas de Parques Nacionales y del Plan Nacional del manejo del fuego. No vamos a tener seguridad alimentaria porque atacan también al SENASA. Cada despido es una tragedia para ese trabajador, pero cuando uno analiza la masividad de las cesantías se da cuenta que esa tragedia individual se transformó en una tragedia social, colectiva. Detrás de cada puesto, hay una política pública que se desmantela”, agregó Aguiar. 

Los despidos no parecen tener una lógica: echaron personas que con mucha antigüedad, otras con poca, algunas cerca de jubilarse, incluso recortaron en sectores con planta deficitaria. “Evidentemente no hay ningún análisis serio de lo que hay que hacer con el Estado. Sacaron gente de organismos que tienen la dotación excedida, pero también de otros con la dotación para abajo. El CONICET tenía su dotación administrativa por debajo de la dotación óptima y despidieron. Casualmente en la AFIP, que siempre da arriba de la dotación óptima con 4000 personas, no hubo despidos. Si echas a mansalva, sin criterio ni revisión hay funciones, servicios, prestaciones que van a ser difíciles de cumplir”, explica Castellani, que también es investigadora del CONICET. 

Dentro de ese desorden, hay un denominador común que tiene que ver con la territorialidad y el desprecio por el federalismo. Gran parte de los despidos se dieron en el interior del país, en las delegaciones de los organismos centrales. “No hay un criterio de despido, el único criterio es la calculadora. Lo que sí vemos es una decisión clara del gobierno de retirar la presencia del Estado Nacional de las provincias. Cerraron los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social, cerraron 106 unidades territoriales de Agricultura Familiar (despidieron 1000 y 80 solo están en Capital, el resto en las provincias), cerraron las delegaciones de las provincias del ENACOM. Este ajuste se empieza a sentir más en las provincias y en los municipios”, explicó Aguiar. 

Las formas de notificación durante el fin de semana largo son una mezcla de lo desprolijo y lo cruel. Se viralizaron las imágenes de trabajadores del CONICET haciendo fila bajo la lluvia para saber si podían entrar a trabajar. En algunos lugares el aviso fue por WhatsApp durante la madrugada, en otros se enteraron al no poder ingresar la huella digital o al no poder entrar al mail institucional. En Rosario, por ejemplo, fue un efectivo de la Policía Federal el que leyó las listas de los despedidos.

Distintos tipos de contrataciones

Los análisis sobre los tipos de contratación en el Estado indican que hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el artículo 9). Esta ley no contempla la indemnización porque o bien la persona ingresó a través del artículo 8 (concursó y no puede ser despedido), o a través del artículo 9, que es una contratación transitoria por un año para algún proyecto especial. En la práctica, las personas con artículo 9 siguen trabajando a lo largo de los años con contratos que se renuevan automáticamente. Durante el gobierno de Alberto Fernández se hicieron alrededor de 15.000 concursos para que quienes estaban bajo el artículo 9 pasen el 8, pero quedaron cerca de 30.000 sin realizar.

El otro tipo de contratación tiene que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, bajo la que están alrededor de 80.000 personas con modalidades de contratación a plazo fijo o plazo determinado. En estos casos sí se contempla la indemnización, con la misma lógica que en los empleos privados. Además de los despidos, el Gobierno Nacional prorrogó los contratos hasta junio de este año cuando históricamente se extienden hasta diciembre, es decir, por un año. Esto hace prever una nueva oleada de despidos para mitad de año.

“Quedaron 55.000 a los que decidieron renovar el contrato por 90 días con una oración que dice ‘como máximo’. Esto nunca pasó, es una renovación diaria, quiere decir que te puedo despedir mañana también. Enfrentamos el fraude laboral más grande que se haya conocido en Argentina. Esta renovación diaria me hace pensar que el gobierno está decidido a ir por la cabeza de los 70.000 estatales por eso es que tenemos que profundizar nuestro plan de lucha”, afirmó Aguiar.

Los despidos incluyen áreas estratégicas para el desarrollo y la soberanía del país. En el ex Ministerio de Educación se redujo un 20% la plantilla durante marzo. Así se lo confirmó la delegada de Junta interna de ATE, Yamila Jaral, a este diario: “Sacaron a personas con perfiles profesionales, algunos con 20 años de antigüedad, y siguen llegando las notificaciones. Incluye a casi todas las áreas: formación docente, ESI, becas Progresar y Manuel Belgrano, Conectar Igualdad, plan FINES, modalidad adultos, infraestructura y muchas otras”. 

En el CONICET despidieron a 140 personas y a otras les renovaron solo por tres meses. “Vienen a destruir la soberanía científico tecnológica. Despedir a los trabajadores que sostienen el organismo con tareas administrativas científico técnicas implica la parálisis del CONICET y el gobierno no tiene pudor de destruir líneas de trabajo que impactan en el bienestar de nuestra sociedad”, señaló la delegada Nuria Giniger. 

También hubo despidos en el Ministerio de Justicia, en los equipos que trabajan en los barrios más vulnerables. Echaron a 120 personas que integraban Centros de Acceso a la Justicia de todo el país, algunos con más de 15 años de antigüedad. En la Ciudad de Buenos Aires, sacaron a 20 personas que trabajan en las villas 15; 31; 1-11-14; 21-24, entre otros barrios.

CDB/DTC

Por estas horas, cientos de trabajadores estatales esperan definiciones sobre su futuro laboral. Lo cierto es que el 31 de marzo, la fecha límite establecida por Javier Milei para pasar la motosierra en la Administración Pública Nacional (APN) está próxima y, por ende, el futuro de varios empleados está en juego.

Fuentes de Gobierno revelaron ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas que no se renovarán “entre el 15 y el 20%” de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados, aunque evitaron convertirlo en un número concreto al argumentar que se conocerá durante el mes de abril, con las liquidaciones.

“No es el despido, es la no renovación, no es lo mismo”, intentan aclarar por los pasillos de Balcarce 50. Sin indicación específica, cada área le da su impronta a la hora de no comunicar a sus empleados las cesantías para cumplir con el recorte ordenado por el mandatario.

Las bajas responden al decreto 84/2023 publicado en el Boletín Oficial el pasado 23 de diciembre, a través del cual el Poder Ejecutivo estableció renovaciones por un período de tres meses a los trabajadores contratados, mientras, en paralelo, llevó adelante auditorias para relevar cada área y establecer el estado de situación de cada cartera.

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario general ATE Nacional planteó que si la administración libertaria no renueva el porcentaje que promete implicará el despido de “entre 14.000 y 21.000” trabajadores. Además, detalló que de los 71.000 empleados estatales en observación, 65.000 corresponden a vínculos laborales de los denominados Artículo 9 de la APN, y otros 6.000 de los conocidos como 1.109.

El titular de ATE prometió “profundizar el plan de lucha” y alertó sobre el creciente escenario de conflictividad social que calificó de “inevitable”. “El Gobierno ha instalado una campaña de desprestigio con verdadero éxito. (El ministro de Economía, Luis) Caputo justifica los despidos diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicio estén por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios… no vaya a ser cosa que el echado por la movilización popular sea él”, completó el dirigente sindical.

“Nadie debe dudar acerca de que vamos a resistir cualquier posibilidad de que el Estado aparezca como garante del saqueo de todos nuestros recursos naturales, como pretende el Gobierno”, anticipó Aguiar, y reveló que la CTA Autónoma, central de la que forma parte, pelea por un nuevo paro general.

Por último, afirmó que “son tiempos de resistir pero también de tener propuestas”, por lo que prometió “seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en el Estado”.

CRM con información de la agencia NA

El gabinete de Javier Milei es un gran abanico de posibles conflictos de intereses. Desde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la cúpula del equipo económico que lidera Luis “Toto” Caputo, hasta subsecretarios de Estado integran la lista de funcionarios provenientes del sector privado que deberán ir con pie de plomo a la hora de tomar decisiones que involucren a sus ex empleadores, socios y clientes. 

Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, los nuevos roles de los hombres y mujeres que integran el nuevo gobierno implican cargos sumamente sensibles para el Estado porque se trata de quienes deben velar por los intereses de todos los argentinos por sobre empresas, empresarios y particulares, como el caso del procurador del Tesoro de la Nación, que encabezará el abogado Rodolfo Barra.

elDiarioAR elaboró una lista de los focos de posibles conflictos de intereses más sobresaliente, pero habrá decenas, como mínimo: secretarios y subsecretarios de Estado y directores son también cargos clave a la hora de tomar decisiones administrativas que involucran a los privados. La concesionaria de los aeropuertos, Corporación América, de Eduardo Eurnekian, es un exempleador recurrente en el gabinete -incluido el Presidente- pero también hay consultoras y estudios jurídicos y de asesoría a través de los cuales prestaron servicios a bancos, empresas de energía, alimentos, exportadores e inmobiliarios, entre otros rubros. 

Un caso sensible fuera del gabinete también será el del nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, hasta ahora exdirector de Explotación y Producción de Tecpetrol. Tecpetrol pertenece al grupo Techint, de los Rocca, y es una de las empresas competidoras de YPF en el rubro del gas y petróleo. Milei quiere privatizar la compañía. Techint fue uno de los aportantes a la campaña de Milei.

Los funcionarios públicos -incluido el Presidente- no pueden dirigir, asesorar, representar ni administrar a personas o empresas que sean concesionarios o proveedores del Estado. Sería incompatible, como establece la Ley de Ética de la Función Pública. Tampoco pueden realizar actividades reguladas por el Estado cuando el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa con la actividad; ni pueden ser proveedores por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

Además, y aquí surge uno de los focos centrales para el nuevo gabinete, aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado. Es decir, no pueden privatizar una compañía del Estado y participar de su control por tres años.

Pero el foco clave para varios de los funcionarios de Milei es que deberán abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años.

Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la ley.

El primer paso para estos funcionarios es realizar una declaración jurada de sus vínculos con el sector privado cuando presenten su primera declaración jurada patrimonial integral. Tienen un plazo de 30 días hábiles desde la asunción de sus cargos para hacerlo. En dicha declaración deberán informar a la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y empleadores durante los últimos tres años, hasta su asunción como funcionarios públicos.

Esas listas no son públicas pero quedan a resguardo de una dirección de la OA que se encarga de monitorear esos conflictos de intereses potenciales. Será el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el encargado de elegir al funcionario o funcionaria a cargo de la OA y del control último del gabinete.

Caputo y equipo

Tras su nombramiento como ministro de Economía, Caputo anunció a principios de diciembre que cerraría su consultora financiera, Anker Latinoamérica SA, que dirigía junto a Santiago Bausili, ahora presidente del Banco Central. Anker también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.

Anker cerró sus puertas este mes pero desde 2020 asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo, y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan. 

A través de Anker, Caputo y Bausili organizaron el fideicomiso para financiar el Espacio Gigena, una megaobra en el ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, como reveló elDiarioAR en agosto último. El gobierno porteño invertirá $3.000 millones para terminar obras de infraestructura del proyecto, publicó La Política Online.

Tanto Caputo como Bausili conocen de conflictos de intereses que terminaron en causas judiciales, en las que finalmente fueron favorecidos.

En 2017, el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que Caputo formaba parte como ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operatoria fue a través del fondo Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Bausili estuvo procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “megacanje II”. Bausili estaba acusado de haber favorecido a la entidad bancaria Deutsche Bank, que era su empleadora hasta que ingresó en la función pública. Fue favorecido pocos días antes de asumir como presidente del Banco Central por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que le dictó por segunda vez una falta de mérito y lo dejó al borde del sobreseimiento.

Caputo y Bausili siempre negaron haber intentado favorecer a Axis o al Deutsche Bank desde sus cargos en el gobierno de Mauricio Macri y el abogado de ambos, Matías Cuneo Libarona, apeló los fallos en contra de sus clientes hasta lograr desestimaciones, archivos o faltas de mérito. 

Cuneo Libarona y Justicia

El penalista Mariano Cuneo Libarona renunció al estudio jurídico que integraba con sus hermanos. Matías Cuneo Libarona, el menor del clan, absorberá la cartera de clientes del ministro, confió una fuente del bufete legal.  

Matías Cuneo Libarona ya representaba en los tribunales a Caputo y Bausili en las causas que se les iniciaron a ambos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, además de los clientes de Mariano, suma al propio ministro de Justicia a su lista de defendidos en caso de que su hermano así lo requiera, contaron en el estudio. 

Los Cuneo Libarona conocen los tribunales penales de la A a la Z. En una entrevista con revista Noticias, de 2018, los hermanos se jactaron de que podrían ingresar a las dependencias judiciales con los ojos cerrados “y recorrer sus pasillos de noche y a oscuras”. Los conocen desde niños, escribió la periodista Nora Fernández.

El ministro de Justicia deberá abstenerse de intervenir en licitaciones y contrataciones a sus clientes, por ejemplo. Además debería abstenerse de participar en los concursos en los que participen algunos de los jueces a los que representó como abogado en los últimos tres años. 

La cartera de clientes de Mariano Cuneo Libarona es larga y variada. Desde el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma hasta Guillermo Coppola, el excomisario Juan José Ribelli, el empresario Víctor Stinfale -quien fue acusado en la tragedia de Time Warp-, pero también de empresarios con aceitados contactos con el Estado. En la causa de los cuadernos, defendió a la familia Eurnekian y a Sergio Taselli. También representaba hasta su asunción como funcionario público al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en el caso por presunta violación a su sobrina y colaboradora. 

En su CV también se destacan clubes del fútbol argentino y varios futbolistas: Claudio Caniggia, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, entre otros. También a Alan Schlenker, exbarra brava de River Plate.

Bajo la órbita del ministerio de Justicia, otros funcionarios de menor rango tendrán a su cargo organismos sensibles a los conflictos de intereses: la propia OA, la Unidad de Información Financiera (UIF) -que debe controlar y denunciar sospechas de lavado de dinero y terrorismo- y la Inspección General de Justicia (IGJ), que controla a las sociedades comerciales, fundaciones y entidades. 

La OA cuenta con un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), que tiene como objetivo cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional. Será clave el rol que le dará el Ministro a esta herramienta.

Posse y Corporación América

El jefe de Gabinete Posse era hasta julio último el gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América), la empresa de Eurnekian que posee la concesión de los aeropuertos de todo el país. Posse fue el encargado de los aeropuertos de la Patagonia hasta que decidió sumarse al equipo de Milei, a quien conoció cuando el economista trabajaba para Eurnekian. Deberá abstenerse de intervenir de cualquier contratación o resolución que involucre al grupo empresario.

Barra, el Estado y las empresas

El procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de los abogados del Estado, que debe litigar en nombre de la Administración pública contra empresas por demandas iniciadas por el propio Estado o contra el mismo. 

Barra es experto en Derecho Administrativo y tenía su propio estudio jurídico en el que representaba a los privados en las causas contra el Estado hasta antes de asumir en la función pública. También deberá declarar ante la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y abstenerse de resolver cualquier demanda que los involucre durante los primeros tres años de su mandato como funcionario público.

Tras excusarse, otros funcionarios que dependen de él deberán ocupar su lugar, lo que también plantea un escenario sensible. Quiénes serán los subprocuradores del Tesoro será clave también en esta etapa.

La jefa de la AFIP

Otro de los casos que abre un frente de posibles conflictos de intereses es la flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, experta en impuestos, aduanas y agronegocios. Fue socia del estudio Lisicki Litvin entre julio y su asunción como funcionaria. 

Este bufete representa a algunos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco en su contra, como en el caso de Susana Giménez por presunta evasión impositiva. Es, además, el estudio número uno en auditoría del país y uno de los que encabezó las demandas contra el impuesto a la riqueza impulsado por el kirchnerismo durante la pandemia. 

Misrahi también asesoró hasta julio último en materia de impuestos a Cargill, la agroexportadora de capitales estadounidenses que estuvo varias veces en la mira de la AFIP. 

La funcionaria deberá informar sus antecedentes laborales y los clientes a los que asesoró y representó desde diciembre de 2020 y abstenerse de intervenir en cualquier decisión que los involucre por el lapso de tres años. Lo mismo deberán hacer sus colaboradores y funcionarios de estratos inferiores en el organismo en caso de provenir del sector privado. 

Ferraro y KPMG

Guillermo Ferraro, el economista que asumió como ministro de Infraestructura, era directivo de KPMG Argentina, la consultora internacional que asesora en materia de impuestos, finanzas, negocios y auditorías.

Entre 2010 y abril de 2023, fue director de Infraestructura y Gobierno en dicha multinacional. Allí, lideró la evaluación y estructuración financiera del Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y los modelos de Participación Público Privada para los corredores viales, de acuerdo a su perfil en LinkedIn.

Estos proyectos fueron liderados por Corporación América. Ferraro también trabajó como consultor independiente en los últimos entre abril y septiembre último, según su CV. Deberá informar la nómina de sus clientes en ambos trabajos y abstenerse por tres años de intervenir en asuntos entre estos y el Estado.

Energía y Rodríguez Chirillo

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, lideraba hasta hace poco ERC Consultores, una consultora en materia de energía (electricidad, renovables, gas y petróleo) con negocios en Argentina, México y España. También podría estar alcanzado por conflictos de intereses en su nuevo rol en el Estado y debería declarar la lista de sus clientes de los últimos tres años.

Subsecretaria de Ambiente 

Ana Lamas asumió como subsecretaria de Ambiente, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano. Se trata de una de las áreas más sensibles para el ámbito privado. La ahora funcionaria, que ejerció en la cartera durante la gestión de María Julia Alsogaray y a nivel provincial y municipal, fue hasta su regreso a la función pública asesora legal ambiental empresaria.

Entre sus servicios a bancos y empresas se dedicó a la gestión de permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental.

Desde 2018, asesoró a los bancos BBVA y Santander Río, al Hospital Italiano y a Telecom/Cablevisión. También a Bureau Veritas Argentina S.A. desde 2004 y a la compañía francesa SOGREAH, entre otras.

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El discurso inaugural de la presidencia de Javier Milei ratificó lo que se preveía, pero en los mercados consideran que faltan precisiones de cómo se ejecutará el ajuste y si lo podrá aplicar sin marchas atrás por eventuales rechazos en el Congreso, en las calles o en la Justicia. También advirtieron sobre exageraciones en su diagnóstico, sobre hiperinflación o endeudamiento, para justificar recortes que afectarán sobre todo a los trabajadores, no tanto al Estado en sí.

Santiago Manoukian, jefe de investigación de la consultora Ecolatina, opina que “frente a los mercados, el discurso no tuvo ninguna novedad”. “Puso en el centro de la escena las restricciones de la economía, partiendo de un escenario delicado. Se plantea la necesidad de un shock fiscal y monetario. Esto es reducir rápido el déficit fiscal y terminar con la maquinita del Banco Central para asistir al Tesoro. Son condiciones básicas necesarias para anclar expectativas y terminar con la inflación en el mediano plazo. En el corto, Milei admite que subirá por la necesaria corrección de precios relativos (dólar, tarifas, combustible, alimentos, entre otros).

Pero el mercado va a estar más atento a lo que diga Luis Caputo, el ministro de Economía. Las preguntas ahora vienen por las medidas, los detalles, por la gobernabilidad para llevarlas adelante, sabiendo que ningún presidente en la historia llevó adelante un ajuste de tal magnitud en sólo un año. Y la gobernabilidad no sólo es el apoyo político en el Congreso, que es relevante, sino también cómo va a gestionar la conflictividad social, sus vínculos con sindicatos, movimientos sociales. Por su discurso parece que va a ser avasallante, pero el mercado tiene dudas de si habrá trabas. “Hay que ver si la Justicia frena alguna medida”, evaluó Manoukian, de la consultora fundada por Roberto Lavagna.

Uno de los economistas que más aciertan en sus pronósticos observó que Milei exageró el diagnóstico de la crisis, “si bien es muy compleja”. “Exageró como forma de justificar lo que se va a venir, dio datos raros, poco rigurosos. Va a ser un ajuste muy fuerte que va a recaer no sobre el Estado, porque no hay mucha capacidad de ajustarlo, sino sobre la gente, la clase trabajadora”, agregó el especialista, que optó por el anonimato. Entre las exageraciones figura su alerta de una hiperinflación del 15.000% anual, tres veces más que con Raúl Alfonsín en 1989 y mucho más que el 160% actual, o cuando incluyó dentro de la deuda del Estado la de una empresa rentable como YPF.

El economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, opinó que “el presidente más débil de la historia reciente, sin gobernadores propios, sin poder parlamentario y con sólo seis intendentes, pretende implementar el recorte del gasto más profundo” de este periodo. “El primer discurso del nuevo presidente no agregó demasiado a lo que ya había trascendido y no tuvo tampoco precisiones que, en principio, comenzarían a darse el día de mañana. No obstante, se ratificaron algunas cuestiones que son relevantes:

“En conclusión, Milei propone resolver los problemas generados por el ajuste inflacionario que impulsara el gobierno de (Alberto) Fernández-(Sergio) Massa-FMI, con un shock de mayor ajuste y más inflación”, advierte Lozano. “Y además propone procesarlo política e institucionalmente de dos maneras: a) convenciéndonos que lo que ocurra en los próximos dos años (más inflación, más recesión) será culpa del gobierno que se va y no de las políticas que él propone; b) confrontando y reprimiendo a su propia base electoral y desafiando al sistema institucional en el que es absoluta minoría.”

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En la campaña electoral, Javier Milei prometió terminar con la casta, dolarizar y aplicar la motosierra sobre el gasto de los políticos. Pero terminó pactando con parte de la casta política y empresarial, dejó atrás las ideas de eliminar el peso y el Banco Central y en el discurso inaugural de sus cuatro años de presidencia prometió que esta vez, a diferencia del pasado, el ajuste recaerá sobre el Estado y no sobre el sector privado. Pero esto no significa que la población no lo sufra porque mucho del gasto estatal que se podará la beneficia y porque la liberación de precios antes controlados (en tarifas de servicios públicos, dólar oficial, Precios Justos de los supermercados, combustibles o medicina privada) también impactará. Por supuesto que buena porción de esta receta es consecuencia del desastre que dejó el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, pero esta realidad no implica que sea el Estado y no el sector privado el que padezca. Cuando Milei promete “un ajuste ordenado y que caiga con toda su fuerza sobre el Estado y no sobre el sector privado”, lo que está diciendo es que cortará las erogaciones, pero no subirá impuestos.

En el diario Clarín, el periodista Marcelo Bonelli adelantó algunos de los recortes que aplicará el nuevo jefe de Estado y su ministro de Economía, Luis Caputo. Las tarifas de gas, luz y agua subirán de forma gradual, pero rápido, entre enero y abril. De hecho, el presidente electo dijo en su discurso que estos precios están tan atrasados como cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Mauricio Macri en 2015. Es decir, viene un tarifazo para las clases media y baja. Mucha responsabilidad tiene el gobierno anterior por atrasar su actualización. Lo discutible es la poca gradualidad. El presidente lo justifica: “No hay lugar para el dilema shock o gradualismo. Todos los planes de shock fueron exitosos, salvo el de 1959”, recordó el de Arturo Frondizi y su ministro de Economía, el liberal Álvaro Alsogaray, que pedía “hay que pasar el invierno”.

Ahora hay que pasar el verano y más también porque el economista libertario promete bajar la inflación en 18 a 24 meses y culpa de ello a la emisión monetaria del 20% del PBI de la administración de los Fernández. “Los empresarios no van a invertir hasta ver el ajuste fiscal”, sostuvo ante la mirada de Eduardo Elsztain, el que lo alojó en su hotel los últimos 50 días, entre otros. “Para hacer gradualismo es necesario financiamiento, pero lamentablemente tengo que decírselos: no hay plata”, alegó.

Clarín también anticipó que se cortará la obra pública, salvo la que cuente con financiamiento externo. Eso significa que cientos de miles de obreros quedarán en la calle. Se publicó que subirá el impuesto PAÍS a las importaciones. Esto y la devaluación del peso en el mercado oficial aumentará la inflación que azota a la ciudadanía. Bonelli también habló de congelar -pese a la suba de precios del 160% actual y en vías de aumento- los giros a las provincias, que en general los usan en educación, salud y seguridad; los beneficios tributarios a empresas privadas: las transferencias a las universidades públicas, por ahora gratuitas; y los salarios de empleados estatales. Todo ese ajuste sobre el Estado pegará sobre la gente, por más que la responsabilidad sea de la herencia y que ésta a su vez mezcle causales que tienen que ver con gobiernos anteriores, la pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía agravada por el cambio climático negado y la desacertada política económica de los Fernández.

Milei dijo que “los argentinos de manera contundente expresaron una voluntad de cambio que ya no tiene retorno”, que “no hay vuelta atrás”. Repasó la historia para elogiar al liberalismo de la Constitución de 1853, volvió al mito de la Argentina potencia a principios del siglo XX, cuando había riqueza pero muy concentrada en pocas manos, y echó la culpa de la decadencia a las “ideas del colectivismo”. “Ven el Estado como botín de guerra de reparto entre los amigos”, sostuvo en una frase que sí describe una realidad que indigna a gran parte de la población. “Ese modelo ha fracasado”, tachó y comparó su victoria electoral con la caída del Muro de Berlín que terminó con el comunismo en 1989. “Estas elecciones han marcado un punto de quiebre en nuestra historia.”

“En estos días mucho se ha hablado de la herencia. Ningún gobierno recibió una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”, sostuvo sin recordar la calamitosa hiperinflación que Raúl Alfonsín le dejó a Carlos Menem en 1989 ni la depresión económica que Fernando de la Rúa le encajó a Eduardo Duhalde en 2001. “El kirchnerismo en sus inicios se jactaba de los superávits gemelos, hoy tenemos déficits gemelos por 17 puntos del PBI”, volvió a retomar la sinceridad el presidente. Apuntó contra 5% del PBI del Tesoro, 10% del Banco Central y 2% de la balanza comercial. Entonces habló de ajustar el Estado y “limpiar los pasivos remunerados del Banco Central.

“A su vez, el cepo cambiario es una pesadilla social y productiva, hoy el sobrante dinero es doble a la previa del Rodrigazo”, recordó la primera hiperinflación de la Argentina, en 1975, cuando gobernaba Isabel Perón y su ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Ahí volvió a descarrilar hablando de que ahora hay un riesgo de una hiperinflación del 15.000% anual. El récord de 1989 fue de 3.079%. Pero Milei insistió con el 15.000%: “Este número que parece un disparate implica una inflación del 52% mensual. Hoy ya oscila 20% a 40% de diciembre a febrero”, anticipó lo que vendrá. “El gobierno saliente nos ha plantado ante una híper que llevaría la pobreza al 90% y la indigencia, al 50%. En consecuencia, no hay solución sin ajuste. Hay un desorden de tarifas como en 2015, una brecha cambiaria del 200% como en el Rodrigazo. Con los mercados financieros cerrados y el acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional) caído, esto es desafiante aun para un mítico cíclope.”

“El empleo formal está estancado en 6 millones de personas desde 2012 y es superado en un 33% por el empleo informal”, planteó otra verdad. “Por eso no debe sorprender a nadie que el salario real se destruyó a US$300, seis veces inferiores a la convertibilidad. Hoy debería ser de US$3500. Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer 10 veces el salario”, volvió a arrojar números antojadizos e incomprobables, que olvidan que la caja de conversión de $1 a US$1 duró de 1991 a 2001 pero entonces estalló por su inconsistencia. “No nos debe sorprender que haya 45% pobres y 10% de indigentes”, se basó en datos provisores de la Universidad Católica Argentina (UCA), que usa una metodología distinta al Instituto de Estadística (Indec), que seguirá dirigiendo Marco Lavagna y que marcó 40% en el primer semestre de 2023. Habrá que esperar los datos de la segunda mitad, pero seguro que empeorarán por la inflación.

“Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los último 10 años, cuando cayo el 15% PBI per cápita”, planteó Milei. “Este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción argentina”, prometió y la muchedumbre reaccionó cantando: “¡Milei querido, el pueblo está contigo!”. “Tras el reordenamiento macro, bajará el riesgo país. Habrá contención del Ministerio de Capital Humano y luz al final del camino”, auguró antes de amenazar con quitarle el plan social a quien corte una calle. ¿Acaso se podrá marchar para protestar, y sólo se prohibirá el piquete? “La otra opción es la Venezuela de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro. Sabemos que será duro”, reconoció antes de citar al ex presidente Julio Argentino Roca y al liberal Alberto Benegas Lynch defendiendo la propiedad privada y el libre mercado y advertir a los políticos que interfieran los planes que votó el 55%.

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“No hay plata”. Con esa frase el presidente electo, Javier Milei, ratificó su promesa de campaña de sustituir por completo la obra pública y dejar los proyectos de infraestructura en manos de empresas privadas. Esto remite a los proyectos de Participación Público Privada (PPP) que se plantearon durante la presidencia de Macri. Se buscaba impulsar que la infraestructura fuera construida por privados, bajo un marco regulatorio que les garantizara rentabilidad. Pero casi no se avanzó y casi todos los proyectos licitados terminaron rescindidos por incumplimientos. Lo que hubo en la presidencia de Macri fue un retroceso de la obra pública nacional: su inversión real directa, como porcentaje del PBI, pasó de 1,2% en 2015, a 0,9% en 2019. 

Desde ya, el gobierno nacional no puede decidir la extinción de la obra pública dado que en su mayor parte es ejecutada por provincias y municipios. La financian en parte con fondos que transfiere el Estado Nacional de su presupuesto y, en otra parte, con fondos propios, incluyendo la coparticipación de impuestos nacionales. La primera fuente podría menguar considerablemente, la segunda dependerá de la recaudación tributaria. Es que la obra pública depende en gran medida de las disponibilidades de fondos. Cuando hay estrechez fiscal la obra pública es lo primero que se recorta. Es uno de los gastos más flexibles; basta con no empezar nuevas obras para que en pocos meses empiece a disminuir.

Priorizar la reversión del déficit fiscal tiene lógica macroeconómica, en un contexto de alta inflación como el actual. La forma eficiente de hacerlo, sin aumentar impuestos, es analizar cada partida de gasto público, identificar ineficiencias y programar y ejecutar su reducción, recortando gastos cuya utilidad social no supera su costo. El mismo análisis podría servir para identificar programas que requerirían refuerzos para ser más eficientes; por ejemplo, si no se logran los objetivos por falta de un insumo crítico. 

Pero para que ese análisis sea efectivo implica tiempo y requiere capacidades, decisión y autoridad política que no siempre están disponibles. En el corto plazo, la disminución del déficit sin cambios normativos complejos (por ejemplo, sin modificar la ley de movilidad previsional) podría llevar a reducir en términos reales las partidas para obras públicas, transferencias a provincias, remuneraciones de empleados públicos y subsidios tarifarios (lo que requeriría subas de tarifas de gas, electricidad y transporte público).

Así, en el corto plazo la reducción de la obra pública parece una “fija”. La duda principal es si se interrumpirán las obras en marcha, con compromisos ya asumidos, dado que muchas veces pararlas termina siendo más costoso que su continuidad. Y, en segundo lugar, si la suspensión incluirá a las obras que resulten urgentes, al ser necesarias para evitar altos costos sociales. 

Las opciones de financiamiento de obras

En el mediano y largo plazo, las políticas de los gobiernos deciden qué proporción del gasto se asigna a la obra pública. Hay obras que pueden ser pagadas por sus beneficiarios; por ejemplo, la extensión de la red de gas natural en un barrio de clase media para reemplazar el uso del gas en garrafas. Un gobierno puede decidir que este tipo de obra sea provista por la administración pública (que generalmente contrata empresas privadas para la construcción), financiándola con rentas generales o con “contribuciones por mejoras”, cobradas a los beneficiarios. O también puede establecer que una empresa privada se encargue de la provisión (construcción y cobro a sus beneficiarios). 

Una motivación central para elegir el primer método (financiamiento con impuestos cobrados a toda la población) sería redistribuir ingresos desde los contribuyentes en general a los beneficiarios de la obra. Con el segundo método (tributo a pagar por los beneficiarios) no habría esta redistribución. El tercer método no requeriría la intervención del gobierno más que en lo regulatorio y el otorgamiento de permisos; pero podría hacer menos probable la ejecución de la obra si una parte de los potenciales beneficiarios elige no pagarla (por ejemplo, propietarios de terrenos baldíos). 

En otros casos, es posible identificar a los beneficiarios, pero pueden no tener capacidad de pago. Por ejemplo, si se trata de la ampliación de un hospital público. Los beneficiarios principales son las familias que acuden al hospital público al no tener medios para pagar atención privada (ni atención arancelada, que recupere todos los costos, de un hospital público). Este tipo de obra sólo se haría si el Estado la financia.

También hay obras cuyos beneficios se extienden más allá de lo que reciben los beneficiarios directos, las llamadas “externalidades”. Por ejemplo, una red cloacal beneficiaría a las viviendas que se conectarían a esa red pero hay otros beneficios como la descontaminación del suelo, que se extenderían a una región más extensa. En esos casos, es probable que la obra sea conveniente socialmente aun cuando no pueda solventarse si la tuvieran que pagar exclusivamente sus beneficiarios principales.

Y también hay casos en los cuales no es posible identificar a los beneficiarios; por ejemplo, la construcción o mejora de un edificio para la Prefectura Naval. Allí la solución de mercado no es posible, ya que son “bienes públicos”: una vez provistos, no es factible ni conveniente cobrar un precio a los beneficiarios; por ejemplo, defensa nacional, legislación, seguridad interior, etc. 

Lo que se ha planteado es que estas obras las construyan y mantengan empresas privadas, a partir de contratos de “leasing” a largo plazo, que implicaría que el Estado se comprometa a pagos periódicos en concepto de “alquiler” de la obra. Pero eso es equivalente a obras públicas construidas con financiamiento y, teniendo en cuenta la situación actual, sería un financiamiento muy caro. En teoría, la empresa privada tendría una garantía, que sería la propiedad de la obra, pero en general dicha obra (por ejemplo, una cárcel) no puede utilizarse para otra cosa que para el fin para el cual fue diseñada, no es algo que tenga un precio de mercado. Y, en la medida en que sean obras necesarias, no deberían dejar de hacerse. 

Si la intervención estatal se justificara solo por razones de redistribución de ingresos alguien que afirma, como Milei, que la justicia social es un robo podría decir: si los beneficiarios quieren una obra y tienen dinero para pagarla, que la provea el sistema de mercado; y, si no, que no se haga. Es una posición ideológica, que expresó en la campaña electoral. 

Por otra parte, Milei dijo que una empresa debería poder contaminar un río todo lo que quiera, total el agua sobra; por lo cual, es posible que no considere que una externalidad sea justificación para que el Estado intervenga en materia de obra pública.

El esquema de facilitar que el sector privado lleve a cabo obras de infraestructura y cobre por ellas es razonable cuando no hay de por medio externalidades negativas y hay capacidad y voluntad de pago por ellas. Pero es necesario advertir que, cuando el recupero es de largo plazo, quienes las financien deberán tener seguridad de que van a recuperar su inversión; de lo contrario, el financiamiento privado puede ser muy caro o inexistente. Y, en ese caso, si las obras son socialmente convenientes, puede que lo más eficiente sea que el Estado esté a cargo del financiamiento.

Milei y su proyecto de túnel ferroviario para cruzar la cordillera de los Andes 

Conocí a Javier Milei cuando presentó, en representación de Corporación América (Eurnekian), un proyecto de un túnel ferroviario por debajo de la cordillera de Los Andes, a la altura del Cristo Redentor, que transportaría camiones, estaría operativo todo el año, y ayudaría a descongestionar el paso entre Argentina y Chile. Sin realizar el análisis económico, me pareció un proyecto interesante. Pero se requerían garantías estatales de Argentina y Chile, que incluían el valor de la tarifa a cobrar; en un contexto de alto riesgo país, el proyecto no prosperó. Es ejemplo de obras que podría hacer el sector privado, pero sólo en un marco que brinde certezas. Mientras tanto, las empresas privadas no invertirán en el país cuando su cobro dependa de decisiones del gobierno; y, si lo hacen, facturarán muy caro el riesgo que asuman. 

Las experiencias internacionales de crecimiento alto y estable suelen contar con la presencia de un Estado comprometido con el crecimiento, aportando como mínimo un decidido sostén a la investigación básica (clave para el desarrollo tecnológico), al sistema educativo (para fortalecer el capital humano) e infraestructura básica, necesaria para que la producción privada sea competitiva. Y, por supuesto, una condición necesaria, presente en todos los casos: la estabilidad macroeconómica. 

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Bajo el influjo de las pesadas y regresivas transformaciones estructurales asociadas al proyecto refundacional de la última dictadura cívico-militar, en los últimos 40 años se produjeron modificaciones relevantes en el rol del Estado en la economía argentina.

Esto se manifestó de muchas maneras. Por un lado, en una marcada transferencia de recursos públicos hacia distintos sectores del poder económico (acreedores de la deuda, empresas extranjeras con asiento en el país y un puñado de grupos económicos nacionales), lo que redefinió el perfil (el “carácter social”) de la ecuación fiscal y dio origen a un proceso de largo alcance de captura estatal por parte de los sectores dominantes. Por otro lado, en una retirada del Estado, la mal llamada desregulación que resultó funcional al capital concentrado interno en tanto le posibilitó captar excedentes de modo diferencial y, como tal, se constituyó en uno de los principales factores explicativos de la aceleración de los procesos de concentración y centralización del capital.

Existe una tercera vía que se vincula con la importante modificación acaecida en los alcances del Estado empresario. Un repaso por el ciclo inaugurado con la recuperación de la democracia permite identificar al menos tres grandes hitos de ese derrotero.

El primero se corresponde con el gobierno de Alfonsín, en el que el rasgo distintivo pasó por el fortalecimiento de una tendencia que se había desenvuelto fuertemente bajo la dictadura: la utilización de las empresas públicas para sostener abultadas traslaciones de fondos al poder económico. Ello, a través de diferentes mecanismos, entre los que se resaltan el pago de sobreprecios a proveedores y contratistas, la emisión de deuda y el manejo discrecional de las tarifas en favor de grandes firmas.

Pero también se trató un período en el que, ante los problemas existentes en materia fiscal y del sector externo (explicados en gran medida por la señalada captura estatal), se empezó a plantear la necesidad de privatizar. Haciéndose eco de las “recomendaciones” de los acreedores externos y los organismos internacionales de crédito a partir del Plan Baker y de lo que se daría en llamar el “Consenso de Washington”, el gobierno intentó sin éxito enajenar dos de las firmas estatales por entonces más encumbradas, la telefónica ENTel y Aerolíneas Argentinas. Esto último a instancias de un esquema que se revelaría minimalista si se lo coteja con el desguace del Estado que se perpetraría en tiempos del peronismo menemista.

El fracaso del intento privatizador del radicalismo no debería hacer perder de vista el aporte invalorable de esta gestión gubernamental a apuntalar el humor social respecto de la supuesta ineficiencia del Estado y, en consecuencia, de lo imperioso de avanzar en su “achicamiento”.

El segundo hito en la trayectoria del Estado empresario luego de la reconquista de la democracia se dio en la década de 1990 en el marco de la hegemonía del neoliberalismo. Con la implementación del “decálogo menemista de la reforma del Estado” (“nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”), se transfirió al sector privado la casi totalidad de empresas públicas existentes bajo la modalidad de venta o de entrega en concesión, por lo general por plazos prolongadísimos. Entre los principales aspectos a considerar de las privatizaciones, cabe enumerar los siguientes:

El tercer hito en la evolución del Estado empresario se manifestó bajo el ciclo de gobiernos el kirchnerismo. Allí, el Estado nacional retomó el control de algunas empresas privatizadas durante los 1990, entre las cuales sobresalen YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa (ex Aguas Argentinas), Correo Argentino y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Esas estatizaciones no formaron parte de un plan diseñado para incrementar estratégicamente la presencia del sector público en la economía, como sí aconteció en otros países de la región, sino que más bien fueron respuestas tácticas que se ensayaron en determinadas coyunturas críticas. 

En una parte de los casos, sobre todo en los primeros años, se trató de intervenciones que buscaron rescatar a empresas privadas que se encontraban en una situación financiera y operativa por demás compleja. Las estatizaciones más importantes de los años siguientes se debieron a razones distintas, vinculadas sobre todo a la emergencia de serios problemas energéticos (YPF). Y a la necesidad de obtener fuentes de financiamiento alternativas ante la erosión del superávit fiscal y la imposibilidad de establecer retenciones móviles a las exportaciones de algunos cereales tras la disputa del gobierno con las patronales del agro (sistema previsional). 

Si bien en este “regreso del Estado” no parece haber primado una visión estratégica y sí una táctica de “correr por detrás” de la coyuntura económica y/o política, es innegable que, en algunos casos, los efectos de la intervención estatal podrían ser estructurales en lo referido a la dinámica del modelo de acumulación en la Argentina. Por caso, vale remarcar todo lo que representa YPF dentro del sector hidrocarburífero, con sus múltiples (posibles) irradiaciones hacia la industria y los servicios. Asimismo, merced a la reestatización del sistema de previsión social, el Estado nacional pasó a ser accionista y ocupar puestos en el directorio de firmas de gran envergadura (Banco Macro, Edenor, Telecom, Pampa Energía, Molinos Río de la Plata, Aluar, Clarín, Cresud, Ledesma, Ternium, etc.).

Pero todo ese potencial fue arrasado a partir del triunfo electoral de la coalición de ultraderecha que encabeza Javier Milei. En lo que hace al tema que aquí nos convoca, basta recuperar los señalamientos del presidente electo tan solo un día después de haber sido ungido: “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”. En el marco de este renovado “decálogo privatizador” se ha planteado la necesidad de avanzar en la enajenación de la TV Pública, Radio Nacional, Télam y, sobre todo, de YPF (cuya conducción estará en manos de un ex cuadro gerencial del grupo Techint).

El autor es sociólogo,  investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín.