En el primer cuatrimestre del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla “Hospitales” del Presupuesto 2026 destinado al financiamiento de las Universidades nacionales. Se trata de una partida de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.

Esta decisión del Gobierno nacional de mantener “pisada” esta partida ponen en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

En la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Cabe destacar que esta situación es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales. La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno nacional y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario.

Este martes 5 de mayo habrá una conferencia de prensa a las 8.30 en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”- Av. Córdoba 2351, CABA. Hablarán y responderán preguntas los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA.

Mario Lugones llegó a ministro de Salud hace apenas dos meses, pero desde un comienzo del gobierno de Javier Milei dejó la presidencia de la Fundación Sanatorio Güemes para ser el asesor estrella en la materia y desde allí diseñar la desregulación de las prepagas o el proyecto nunca concretado para hacer lo propio con los servicios para personas con discapacidad.

Ahora que está a cargo de la cartera ha vuelto a la carga con sus ideas, reforzó la motosierra sobre los gastos, como transporte de personas con discapacidad a las escuelas y actividades terapéuticas como la cobertura de maestros integradores, tanto que provocó esta semana la segunda marcha de personas afectadas, sus familias y sus prestadores a la Quinta de Olivos, al tiempo que avanza con su idea de concesionar al sector privado todos los hospitales nacionales, excepto el prestigioso Garrahan, con el argumento oficial de que atiende a niños de todo el país con afecciones complejas.

La mayoría de los hospitales del país son provinciales y municipales, pero la Nación aún cuenta con 11. Cuatro son 100% de su responsabilidad y los otros siete son Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), en los que se hace cargo del 70 u 80% del presupuesto y el resto le corresponde a la jurisdicción donde están, cinco a la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad autónoma y otro en Santa Cruz. Los 100% nacionales son el de salud mental Laura Bonaparte -que estuvo en la mira de cierre hace unas semanas- en Parque Patricios, el Baldomero Sommer en General Rodríguez; el de discapacidad intelectual Ramón Carrillo (ex Comunidad Montes de Oca) en Luján y el Posadas en Morón. Los siete SAMIC son el Garrahan, en Parque Patricios; el galardonado de alta complejidad El Cruce, en Florencio Varela; el Cuenca Alta, en Cañuelas; el de El Calafate, el de Esteban Echeverría, el de agudos Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo y el Presidente Néstor Kirchner, en La Matanza.

“El Ministerio de Salud tiene el objetivo central de realizar un reordenamiento del sistema, lo que además significa un nuevo direccionamiento para la política de salud, cumpliendo con la Constitución Nacional que indica que la Argentina es un país federal con competencias determinadas tanto para la Nación como para las provincias. Y son las provincias las responsables de realizar las políticas sanitarias en sus jurisdicciones”, alegan en la cartera de Lugones. Es decir, transferirles los centros de salud a los gobiernos de Axel Kicillof, Jorge Macri y el santacruceño Claudio Vidal, pero sin los fondos para administrarlos.

“Que eliminen la publicidad pública si quieren mantener los hospitales”, dicen libertarios por lo bajo, después que así lo hiciera Milei en la Nación (aunque en la práctica la pauta continuó a través de varios vericuetos). “El objetivo de la cartera es que las jurisdicciones se hagan cargo de estos hospitales, a excepción del Garrahan, que tiene la particularidad de ser de alta complejidad y atiende casos graves de habitantes de todo el país, por ejemplo el 60% de los transplantes pediátricos se realizan ahí”, aclaran en las filas de Lugones.

Pero como ni Kicillof ni Macri ni Vidal aceptan hacerse cargo de los centros de salud sin su financiamiento, en el Ministerio de Salud de la Nación analizan ahora concesionarios al sector privado, a imagen y semejanza de Reino Unido en los 90 bajo el gobierno de John Major, sucesor de su correligionaria conservadora Margaret Thatcher.

“Ante la negativa de las jurisdicciones, desde el Ministerio de Salud se están evaluando otras alternativas, entre ellas, que haya un gerenciamiento privado de la administración de los hospitales. De todas maneras, y ante este proceso de evaluación de posibilidades, cabe destacar que el presupuesto para el funcionamiento de los hospitales en 2025 está garantizado”, aclaran en el despacho de Lugones. El modelo británico se expandió a otros países como algunos hospitales de España. La idea es que empresas privadas administren el hospital y cobren por el servicio a la prepaga o la obra social. El problema es que un tercio de los argentinos carece de esas coberturas, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido o España. Además, el mal servicio de los hospitales concesionados británico quedó en evidencia en la pandemia.

Una reciente investigación de dos expertos de la Universidad de Oxford, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, publicada en la revista científica The Lancet analizó la experiencia de este modelo en países de altos ingresos, donde la población en general cuenta con seguro médico privado o público, y concluyó: “En los últimos 40 años, muchos sistemas de atención de salud que alguna vez fueron de propiedad o financiación pública han avanzado hacia la privatización de sus servicios, principalmente mediante la subcontratación al sector privado. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de la privatización en la calidad de la atención? Un objetivo clave de esta transición es mejorar la calidad de la atención mediante una mayor competencia en el mercado junto con los beneficios de un sector privado más flexible y centrado en el paciente. Sin embargo, se ha expresado preocupación de que estas reformas puedan resultar en una peor atención, en parte porque es más fácil reducir costos que aumentar la calidad de la atención médica. Descubrimos que los hospitales que pasaban de ser propiedad pública a privada tendían a obtener mayores ganancias que los hospitales públicos que no se convertían, principalmente a través de la admisión selectiva de pacientes y reducciones en el número de personal. También encontramos que los aumentos agregados en la privatización frecuentemente se correspondían con peores resultados de salud para los pacientes”.

El médico Carlos Regazzoni, que dirigió el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) en el gobierno de Mauricio Macri, tercia en la discusión: “Es muy positivo que el gobierno de Milei haya decidido ir a fondo con los temas de salud, proponiendo la revisión de estructuras ineficientes por más de 50 años. Sin embargo, las decisiones y cambios en salud deben estar motivadas por principios médicos y de salud pública, antes que por posiciones económicas”.

“Los sistemas de salud necesitan arquetipos que promuevan el desarrollo profesional para retener y atraer nuevos talentos -agrega Regazzoni-, lo que requiere hospitales nacionales de excelencia. La atención de excelencia de alta complejidad necesita grandes hospitales nacionales que sigan el exitoso modelo del Garrahan. No es positivo desarticular los sistemas solidarios de financiamiento de la salud. No habrá sistema de financiamiento de la salud si los seguros no incluyen a salarios de altos ingresos juntos con los de bajos ingresos para que todos tengan lo mismo y por igual”.

Otro experto en política sanitaria, que prefiere el anonimato, advierte: “Hay curros en los hospitales, los gremios son jodidos, pero es verdad que pagan malos salarios, hay gente que no labura y otra que sí, pero no solucionás el problema así. En la Policía hay curros mucho mayores pero este gobierno ni se mete en eso. Pero ellos dicen que el Estado no debe meterse en la salud y que además nadie pudo con los curros de los hospitales, y entonces quieren privatizar. Y hacen como con Aerolíneas: presionan a los gremios con esa idea para que acepten ajustar”.

La presión de Lugones no es sólo sobre los sindicatos sino también sobre las autoridades de los centros de salud. Hace dos semanas, el ministro les mandó una carta para reclamarles que paguen un 35% menos por los medicamentos que compran. El funcionario sostiene que hasta ahora abonaban el precio de venta al público. Han pasado pocos días, pero está abierta la duda de si los hospitales podrán conseguir mejorar su eficiencia u obtener rebajas de los laboratorios o deberán cerrar las cuentas adquiriendo menos cantidad de remedios.

Protestas y paros

Las protestas de los gremios en el Garrahan y otros hospitales nacionales continúan. Los trabajadores del centro pediátrico cumplieron este jueves su novena jornada de paro del año dentro de su plan de funcionó reclamar por mejoras salariales y laborales. “Los trabajadores exigen un aumento salarial del 100% y un salario inicial igual a la canasta básica de $1,5 millones. También reclaman fin del impuesto al salario (por Ganancias) y aumento de las guardias. El hospital se encuentra en una situación crítica, con una fuga de personal hacia el sector privado y una falta de interés en los posibles ingresantes”, comunicó el gremio. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UP) en Tucumán, se solidarizó con ellos por la red X: “El Garrahan marchando porque el Gobierno decidió desfinanciarlo hasta cerrarlo y además privatizar el Posadas y el resto de efectores nacionales. Al parecer la reforma de los vouchers no funcionó. Desastre”.

Otra diputada de la misma comisión, Mónica Fein, del socialismo de Santa Fe, pidió un pedido de informes a Lugones sobre el estado de los hospitales y expuso en sus argumentos: “Como parte de la llamada refundación del sistema de salud, que no es otra cosa más que la absoluta desregulación y liberalización de precios, cuyo principal impacto es mayor inequidad en el acceso y desigualdad en el ejercicio del derecho a la salud, el Ministerio de Salud ha decidido, desde el inicio de la gestión del actual presidente, no seguir asumiendo responsabilidades centrales que debe ejercer en su rol rector y desmantelar políticas nacionales de salud. Las consecuencias de estas decisiones abruptas que no tienen otra razón de ser que el ajuste fiscal, son los retrasos y enorme incertidumbre en la entrega de prestaciones vitales para la salud de los ciudadanos/as, con mayor impacto en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se ha volcado esta responsabilidad en las provincias, sin el correlato económico necesario para poder llevar adelante la tarea y sin ningún tipo de planificación o articulación. El impacto de estos recortes es evidente en áreas críticas como el tratamiento de enfermedades crónicas y el manejo de epidemias. Un párrafo aparte merecen los recortes en las prestaciones de discapacidad, que se producen en el marco de una situación de crisis en el sector que no es nueva y que cada vez golpea más”.

Precisamente, las personas con discapacidad, olvidadas de los grandes medios, volvieron a marchar a Olivos. Sus prestadores, desde el transporte hasta los terapeutas o los maestros integradores en escuelas, ya venían mal pero arrancaron el gobierno de Milei en diciembre pasado con un aumento que les dio del 5% frente al 25% de inflación. Para todo 2024, la administración ya les pautó un alza del 99%, pero el índice de precios al consumidor (IPC) ya subió 107% en los primeros diez meses del año. Es decir, un fuerte ajuste real.

El experto sanitarista antes citado bajo el anonimato explica que el 80% del Fondo Solidario de Redistribución de las Obras Sociales, que en principio iba a tratamientos de cáncer y otras enfermedades graves, se va en discapacidad y a su vez en este rubro pesan sobre todo los colectivos que llevan a las personas a sus escuelas y terapias y los maestros integradores que las acompañan en las aulas. Prepagas, obras sociales y Lugones están de acuerdo con que estos gastos deberían financiarse por otro lado, quizás por educación, pero el problema es que en el medio queden niños y adultos sin cobertura.

“Están ajustando mucho en personas con discapacidad”, advierte el diputado a cargo de la comisión del asunto, Daniel Arroyo, de UP en la provincia de Buenos Aires. “En la entrega de medicamentos en prepagas, obras sociales y hospitales públicas, en los servicios de acompañamiento en salud, en el transporte para recibir el tratamiento... se les corta porque les está pagando muy poco a los transportistas. Lo mismo con las prestaciones de educación: los chicos que van a una escuela común tienen que ir acompañados por un asistente, pero cuesta mucho acceder a eso, les pagan tarde, a 90 días, y mal y por eso no lo hacen o está viendo de irse y hay mucha rotación. Además hay mucho recorte de pensiones por discapacidad. Se hizo una auditoría y está bien que se saquen los casos que no correspondían, pero en el medio mandan cartas documentos a gente que no sabe de qué manera moverse. Y con un decreto volvieron a la idea de invalidez laboral, que es hace 100 años”.

El secretario de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEsA), Eduardo Maidana, alerta que el proyecto de presupuesto 2025 prevé el pago de 177.000 pensiones menos por discapacidad. Además, “desregulan el transporte, los pases por discapacidad quedan a criterio de las empresas, fijan aranceles para las prestaciones básicas de septiembre a diciembre de 2024 con un 2,31% de aumento, una locura, hay problemas con las altas de Incluir Salud (cobertura para quienes no tienen prepaga ni obra social)”, enumera Maidana las razones por las que marcharon otra vez a la residencia presidencial. Pero Milei ha usado como ataques a sus rivales políticos la palabra “minusválido” o la imagen del niños con síndrome de down.

Cae la compra de medicamentos

Pero los recortes no terminan en hospitales y discapacidad. En su pedido de informes, la diputada Fein se refiere a más: “Hay que mencionar los ajustes en el sistema de prestaciones y sus consecuencias en las restricciones de servicios y apoyos y la cobertura de prestaciones y provisión de medicamentos del Programa Incluir Salud”. También elaboró otro pedido específico sobre el recorte de la cobertura de medicamentos del PAMI. Unos 44 remedios dejaron de estar 100% financiados por el plan en septiembre pasado. Este cronista consultó al PAMI, pero no obtuvo respuesta.

Mientras, la venta de medicinas en la Argentina cayó 8% en los primeros nueve meses del año, es decir, 47 millones de unidades menos. Los sin receta, 17%, pero los recetados también, 4,6%, según la Cámara Industrial de Laboratorios (CILFA). El bolsillo de los pacientes no aguanta, pese a que los precios de los remedios aumentaron 80%, menos que el 107% de inflación.

Como parte de la desregulación de la medicina privada, las cuotas aumentaron casi el doble que la inflación en 2024. “No podemos permitir que casi un millón de personas en su mayoría de edad avanzada y con enfermedades en tratamiento se vean obligados abandonar las prepagas”, opina Regazzoni. “Las prepagas son empresas a quienes hay que darles libertad para trabajar y agregar valor, pero es indispensable un seguro nacional solidario para los tratamientos de alto costo, las prestaciones para la discapacidad y la atención de la salud de los mayores”, agrega.

El Gobierno además está interviniendo obras sociales que en realidad eran sello de goma para cobrar del Estado. También están dando de baja 112 prepagas y otros prestados privados de salud que estaba en un registro: ya intimaron a 58 y sólo dos respondieron que realmente operaban. En este caso, no recibían fondos estatales. La medida obedece a un ordenamiento de la Superintendencia de Servicios de Salud para detectar a quiénes debe auditar y a quiénes no porque no existen.

AR/DTC

Química Biológica, Cálculo Avanzado, Álgebra Lineal, Epistemología de las Ciencias Sociales, Fitopatología, Tectónica andina, Historia de la Psicología, Genética Molecular, Elementos de Prehistoria, Historia Antigua de Oriente,  Sociología Rural, Antropología, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Genética, Mecánica y Termodinámica, Matemáticas y Semiología. Clases públicas de esas materias y de muchas más habrá este martes entre las 10 y las 18 en Plaza de Mayo en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno por el recorte presupuestario a las universidades públicas.

Las inmediaciones de la Casa Rosada se convertirán en un gran espacio educativo y de debate como parte del conflicto abierto que rectores, gremios y estudiantes mantienen con el presidente Javier Milei desde que se vetó la Ley de Financiamiento Universitario. Más de cien clases, charlas y paneles están confirmadas en la movida que organizan los docentes de la UBA nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA). Es la tercera vez en casi veinte años que se realiza este tipo de reclamo, lo que denota el carácter histórico de la situación actual –las otras fueron en 2028 y 2016–.

La clases abiertas coincidirán con una importante movilización que protagonizarán trabajadores del sector de la salud contra la motosierra de Milei en hospitales públicos como el Garrahan, el Posadas y el Laura Bonaparte, junto con otros gremios docentes y agrupaciones estudiantiles. La Marcha Blanca de Salud y Educación está convocada para las 14 en el Congreso y recorrerá la avenida de Mayo hasta la plaza, donde concluirá pasadas las 16. 

La jornada de manifestaciones tendrá un contundente mensaje de rechazo a la gestión libertaria. Está la expectativa sobre cuál será la reacción oficial en la calle, a partir del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. Hasta ahora el operativo policial se vio desbordado por la masividad de las concentraciones universitarias. Tampoco hubo represión en la “marcha de las velas” del miércoles pasado. Sí hubo algunos incidentes menores en clases públicas en algunas facultades de la UBA y de provincias aliadas a Milei, como Tucumán y Mendoza, donde la policía buscó levantar los pupitres de las calles. El Gobierno pareciera tomar nota que ir al choque de frente contra docentes y estudiantes no tiene el mismo impacto que reprimir a los jubilados o a los piqueteros de izquierda.

Las clases públicas

La mitad de Plaza de Mayo entre el Cabildo y la Pirámide estará repleta de sillas y pizarrones para las clases públicas. Estarán dispuestas en rondas para abarcar la agenda de las al menos 109 exposiciones en ocho horas anotadas hasta el cierre de esta nota. Muchas serán en simultáneo. La convocatoria superó las expectativas de los organizadores, que estuvieron obligados a hacer un corte para finalizar la actividad puntualmente a las 18, para no entorpecer el ingreso de la Marcha Blanca a la zona. Que el reclamo educativo sea frente a la Casa Rosada es simbólico, porque después de la huelga del 23 de abril las acciones de protesta se trasladaron al Congreso. 

“El entusiasmo de los docentes con la convocatoria nos sorprendió. Es una muestra clara de la necesidad del movimiento universitario de llevar el reclamo hasta las puertas del responsable político de este ajuste”, planteó Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA. Además de las clases públicas, se realizarán asambleas de trabajadores de la ciencia; de no docentes; una charla sobre las jubilaciones de la docencia universitaria –muy afectadas por su vinculación con el salario de los trabajadores en actividad–; un debate sobre problemática ambiental y el RIGI; una radio abierta de los estudiantes que estuvieron ocupando las facultades y una feria de ciencias.

Además habrá un teórico que será dictado por el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento y algunas clases convocadas por docentes de la Universidad Nacional de San Martín. “La convocatoria y el reclamo exceden a la UBA. Estas clases públicas en la Plaza de Mayo le dan un canal de expresión al descontento de docentes, no docentes y estudiantes”, afirmó Celotto, y agregó: “La mayoría de los docentes que están frente a clase ganan menos de 150.000 pesos, se formaron y se siguen formando, preparan las clases, las dictan, corrigen exámenes, y forman futuros profesionales, no merecen sueldos por debajo de la línea de indigencia. Por eso vamos a seguir esta pelea”.

La Marcha Blanca

El reclamo de la saluda llegará a Plaza de Mayo al caer la tarde, luego de que la columna encabezada por los trabajadores del Garrahan, Posadas y Bonaparte salga del Congreso cerca de las 14. A esa manifestación se sumarán gremios docentes y agrupaciones estudiantiles de las universidades, muchas de las cuales llevaron adelante las tomas de las semanas pasadas.

Una vez que la columna llegue a las inmediaciones de la Casa de Gobierno habrá una mega demostración de RCP. La exposición de primeros auxilios será al ritmo de una canción para llevar el pulso y tendrán como consigna “Para defender a la salud pública, que está en estado crítico, al igual que la educación pública y los salarios de las y los jubilados”. Hace dos semanas hubo una manifestación con las mismas características bajo un estricto control policial. Milei buscó la contraofensiva al salir caminando de la Rosada hacia el ministerio de Economía y sobre la calle se subió a un colectivo de la Policía Federal para fotografiarse con los efectivos.

“El ataque a los hospitales nacionales, con cierre de servicios, despidos de trabajadores y amenazas constantes de traspasos a otras jurisdicciones o incluso el cierre de instituciones demuestra la profundización de la crisis sanitaria a la cual quieren llevarnos”, cuestionaron en un comunicado los organizadores de la Marcha Blanca. “Ante un gobierno que va por todo lo público, vemos la necesidad de coordinar y unificar de forma democrática, colectiva, los sectores en lucha de la salud, la educación y convocar a más sectores agredidos por la política de Milei”, dijo Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).

En el emblemático hospital pediátrico exigen un 100% de aumento salarial contra una inflación de 240% en el último año, $1.500.000 pesos de sueldo inicial, aumento en las guardias de 24 horas, entre otros puntos. En la institución de salud mental apuntan contra la amenaza de cierre por decreto y en el Hospital Posadas reclaman por la reincorporación de más de cien despedidos.

Cómo sigue el reclamo

La confluencia de la Marcha Blanca con las clases públicas en Plaza de Mayo será una nueva escalada al conflicto que el Gobierno mantiene con el sector universitario y de la salud. El clima del reclamo pareciera ir in crescendo, porque no hay señales oficiales de buscar un acuerdo. Ayer desde la secretaría de Educación, que comanda Carlos Torrendel, negaron que haya hasta ahora una nueva oferta de aumento de salario a gremios universitarios tras la decisión unilateral de que haya una suba de apenas el 6,8%, que fue rechazada por los sindicados. 

Por eso desde ayer hay un paro docente en todas las facultades a partir de una huelga convocada por la Conadu Histórica. La medida es para toda la semana. Además hay una convocatoria para que haya clases públicas semanales frente al Congreso para concientizar en el reclamo a los diputados que discuten el Presupuesto 2025. Y para mañana se esperan también asambleas en universidades de todo el país para definir posibles nuevas tomas. 

Si el conflicto persiste, es posible que el sector universitario busque plegarse al paro general de transporte que los gremios del sector convocaron para el próximo miércoles 30. Y a su vez, la entente de rectores-gremios-estudiantes ya está en conversaciones para una posible tercera marcha federal.

MC/JJD

Las tropas israelíes irrumpieron y ordenaron la evacuación del Hospital Al Awda, en el norte de la Franja de Gaza, después de sitiarlo durante varios días, repitiendo el patrón de otros ataques contra los principales hospitales de la Franja de Gaza desde el comienzo de la guerra.

Sin embargo, algunos de los médicos del hospital se negaron a marcharse, si sus pacientes no pueden ser evacuados por ambulancias. El doctor Mohamed Salha explicó en un mensaje de audio que las fuerzas israelíes irrumpieron en el hospital y expulsaron a médicos, pacientes y sus acompañantes, pero algunos, como él, no se fueron. Otros 13 miembros del personal sanitario permanecen en Al Awda junto a más de una decena de pacientes, entre los que hay niños: “Necesitan cuidados y no voy a evacuarlos sin ambulancias. Me he quedado con ellos junto a mi equipo, somos un total de 27 personas en el hospital bajo asedio”.

Anoche, el Ministerio de Sanidad gazatí informó en un comunicado de que el Ejército israelí contactó con el centro hospitalario a las 15:00 hora local y le dio la orden de evacuación. Poco después las tropas irrumpieron en el hospital, obligando a que salieran 140 pacientes, acompañantes y personal médico. Esas mismas cifras fueron citadas por el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que denunció que el Hospital Al Awda fue “invadido”.

“La OMS llama urgentemente a la protección de los pacientes, sus acompañantes y los trabajadores sanitarios dentro del hospital, y a [ofrecerles] una salida segura para su evacuación”, dijo el director del organismo a través de la red social X.

También Médicos Sin Fronteras denunció que el hospital “ha tenido que a cerrar tras un aterrador asedio de cuatro días”, el último de una “serie de ataques sistemáticos contra la asistencia sanitaria por parte de las fuerzas israelíes”.

El pasado 19 de mayo, Israel empezó a asediar Al Awda, por segunda vez, tras haberlo cercado durante 18 días en diciembre, en los que fueron asesinados tres médicos y otros 12 resultaron heridos. En esta ocasión, tanques israelíes bombardearon los alrededores del hospital, apostándose a unos 30 metros del edificio, según la Agencia EFE. Al Awda es uno de los pocos hospitales que continúan operando en Gaza, donde 24 de los 36 centros hospitalarios están fuera de servicio, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y los que siguen ofreciendo servicios lo hacen bajo mínimos.

El Gobierno nacional confirmó hoy que no habrá recortes en el financiamiento a hospitales nacionales, luego de que se difundiera un informe en el que se presumía que se quitarían recursos para tales partidas. “Desde las carteras de Salud y Economía ratifican que se sostiene con normalidad el envío de fondos destinados a insumos, salarios del personal, obras de infraestructura, entre otros ítems incluidos en el presupuesto nacional”, aclararon los ministerios en un comunicado conjunto.

En particular, a través del parte de prensa, el Poder Ejecutivo advirtió que, en lo que respecta al presupuesto nacional destinado a salud, estarán garantizadas las transferencias para el Hospital Garrahan, el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría.

Sin embargo, explicaron que el programa económico de la administración libertaria “apunta a priorizar el balance de las cuentas públicas de la Nación” y que dicho ordenamiento financiero “pasa, en parte, por delimitar las funciones de gasto que corresponden a las jurisdicciones nacionales y las que son obligaciones de las provincias”.

Por ello, las obras en instituciones de salud por fuera de la órbita de la jurisdicción nacional serán atendidas bajo la misma lógica que el resto de las obras públicas: se dará prioridad a aquellas de carácter crítico y aquellas que tengan principio de ejecución y/o avances concretos.

El anuncio oficial llega luego de que se conociera un informe del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX) que afirmaba que el gobierno de La Libertad Avanza había realizado un drástico ajuste en los centros de salud nacionales. Así, por ejemplo, el documento mostraba que el Hospital Garrahan pasó de recibir $861 millones en enero de 2023 a carecer de fondos en el primer mes del 2024.

ACM con información de NA.

La venta de medicamentos se derrumbó en los últimos tres meses por los incrementos de precios de los fármacos, que superaron el 100% en medio de un fuerte ajuste del gasto público y las inversiones. La caída podría poner en jaque el sistema de salud dado que, al interrumpir algunos tratamientos crónicos por su elevado costo, suelen aumentar las urgencias en hospitales.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en diciembre, hubo una caída de las ventas minoristas del 28,5% en la cadena comercial en general. Sin embargo, en el caso de las farmacias, la cifra escaló hasta el 45%. En tanto, el Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (CEPROFAR) revelaron que hubo una caída interanual del 15% en la cantidad de unidades vendidas, una proporción levemente superior a la caída de los salarios reales que, según el RIPTE, llegó al 13%.

Según el relevamiento del CEPROFAR, los medicamentos de venta libre fueron los menos demandados, con un retroceso del 20%. Dicha caída se vio fundamentalmente en productos de dermatología, digestivos, analgésicos y antimicóticos. En el caso de los medicamentos de venta bajo receta, la disminución fue menos significativa (8%), pero activó alertas entre los empresarios del sector dado que, en algunos casos, se redujo la venta de medicamentos para tratamientos crónicos.

Así, por ejemplo, cayó la venta de fármacos vinculados a tratamientos del sistema nervioso y/o cardiovascular, o aquellos orientados a glaucoma, control del colesterol, pre-diabetes y próstata. También hubo una disminución en el nivel de compra de medicamentos para enfermedades respiratorias y antibióticos. Sin embargo, esto último ya había comenzado tras el fin de la pandemia.

En este marco, desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) informaron que las mayores caídas de dieron en medicamentos para el sistema respiratorio (14,9%), antiinfecciosos (12,84%), hormonales (8,13%) y el sistema nervioso (7,21%).

El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal atribuyó la baja en las ventas a los fuertes incrementos del último mes, que impiden que muchas personas accedan a los tratamientos correspondientes.

Si bien aún se desconocen las cifras puntuales, no es menor que, en el último tiempo, han aumentado la cantidad de eventos cardiovasculares y ACV como consecuencia de los crecientes obstáculos para acceder a atención médica continua. También se han disparado los casos de estrés por dificultades económicas.

No sólo se ha reducido la cantidad de medicamentos comprados, sino que, además, algunos individuos y familias se han visto obligados a renunciar a su prepaga por los aumentos mensuales de las cuotas. En los últimos dos meses, ya se acumuló una suba del 100% en el servicio.

En este contexto, resulta preocupante incluso que los gremios de salud hayan denunciado una disminución en la entrega de remedios al sistema público. Según advirtieron, actualmente, las guardias y centros de salud carecen de medicación crónica para hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, entre otros. “En las guardias no hay ampollas de medicación endovenosa que se utiliza a diario, como la metoclopramida, utilizada para los vómitos, o la hidrocortisona, medicación esencial para cuadros de dificultad respiratoria”, explicaron.

ACM con información de NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aseguró hoy que está trabajando en sistemas de diagnóstico y atención que priorice a los porteños en los hospitales públicos de su distrito.

Esta declaración llegó después de que se viralizara un video del Hospital Argerich en La Boca supuestamente colapsado con pacientes provenientes de la Provincia de Buenos Aires.

Macri dijo a Radio Rivadavia: “Vamos a seguir haciendo el esfuerzo de atenderlos, pero estamos armando sistemas de diagnóstico y atención para el porteño en donde lo prioricemos”.

Añadió que se podrían empezar a trasladar los costos de las consultas de los bonaerenses al gobierno de Axel Kicillof. “Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad y les dé salud en el lugar de origen”, subrayó.

“El nivel de desinversión en salud pública a nivel provincial es grave. Nosotros hacemos un esfuerzo pero tenemos un límite. No puede ser que alguien con dolor de panza se tome tres colectivos porque en su municipio no la atienden”, destacó.

“Esto que sucede es algo histórico, pero está alcanzando su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en la salud pública a nivel provincial es grave. Fijate que la mayoría de los municipios desde donde dicen que vienen no tienen salud municipal. Nuestra responsabilidad es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público”, añadió.

Macri aclaró que no cambiará nada en la atención a personas que tengan riesgo de vida o estén en una situación de emergencia, pero sostuvo que la mayoría de los casos de las personas que provienen de la provincia canalizan por la guardia situaciones que no son de atención primaria.

También destacó que a los bonaerenses que trabajan y pagan impuestos en la Ciudad se les va a garantizar la salud pública en hospitales.

Durante el fin de semana se viralizó un video grabado en el Hospital Argerich en el que se ve un diálogo entre un médico y una decena de pacientes que se quejan de la demora en la atención. El médico les pregunta de dónde vienen y ahí se revela que vienen de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, a lo que el cirujano responde: “Ninguno viene de La Boca. Yo acá atiendo y tengo una capacidad de recursos para pacientes de la Capital Federal, especialmente de La Boca. Por eso estoy sobrepasado de trabajo”.

CRM

La niña tiene 12 años. Cuando tenía tres fue sometida a la primera medida excepcional por el Estado debido a su vulnerabilidad. Separada de su madre por situaciones de violencia, vivió institucionalizada. En marzo de este año fue derivada por una ambulancia del SIES desde un centro residencial ubicado en una localidad vecina por sufrir una crisis. Desde entonces y a pesar de que se encuentra con alta definitiva sigue estando en el Hospital de niños Víctor J. Vilela.

“Desde la Secretaría de Niñez no hubo respuestas a este caso”, expresó el juez de familia sanlorencino Marcelo Scola, que hizo un fuerte descargo sobre el caso en Radio 2. Dijeron que estaban buscando un lugar donde alojar la niña, pero ello no ocurrió a pesar de la intimación que les cursó el juez bajo apercibimiento de multa.

El magistrado contó en la entrevista radial que la niña sigue viviendo en el Vilela, y que no es la única. “Cumplió 12 años hace dos días, donde el hospital organizó una pequeña fiesta, allí dentro donde vive. No hubo ninguna respuesta de ningún organismo oficial, una verdadera vergüenza”

Scola dijo que ni siquiera respondieron los organismos a los que le dio intervención en el caso. “De la Secretaría de Niñez no puedo esperar más nada. Lo dije el otro día, esto es impunidad, esto es saber que están para no hacer, que no va a pasar nada”, aseguró.

Estos niños siguen vulnerados en sus derechos y cada día es terrible para ellos. “¿Qué hace una niña de 10 o 12 años con el alta médica hace seis, siete meses?”, se preguntó.

Aseguró que hubo absoluto silencio por parte de los organismos del Estado. “No entienden que esto tiene que resolverse. No es una cuestión personal, no me lo hacen a mí, se lo están haciendo a todos y cada uno de los niños que tienen que proteger”, dijo.

Refirió que, desde marzo de este año, tiene el alta médica, y el hospital está desesperado porque esto atenta contra la calidad de vida de la niña. Quien hace el acompañamiento personalizado en el hospital —más de 70 personas en este tiempo, a tres por día—, entienden que se desvirtuó el sentido del acompañamiento porque no puede prolongarse tanto tiempo.

“Las medidas excepcionales no se toman porque no saben qué hacer con los niños. Si una nena es abusada la dejan en la casa del abusador, si es golpeada la dejan en la casa del golpeador porque no saben qué hacer y el Estado abandonó a esta niña en el hospital. El hospital hace un trabajo brillante, pero está abandonada. El propio hospital dice sáquenla de acá porque este no es el lugar, todos dicen lo mismo”, aseguró.

“Nosotros estamos en contacto con un centro residencial en Santa Fe”, explicó y agregó que el ministro de Acción Social les envió un funcionario para atender esta cuestión. “Él nos contactó con este hogar, en realidad creo que lo hacen para sacarse el problema de encima y llegar a la entrega del gobierno, esto es una opinión personal”, planteó.

El juez sostuvo que el viernes pasado “tuvimos una reunión donde estuvo el equipo interdisciplinario del hospital con este centro y esta semana van a ver cómo hacen una reunión con esta niña para ver si pueden admitirla y trasladarla a ese lugar que cuenta con una serie de comodidades totalmente distintas”, afirmó.

En cuanto a cómo vive la niña en el hospital dijo que está yendo a la escuela “porque con la gente del hospital logramos que mantenga la escolarización, lo que no ocurre con los niños que están en el hospital de zona norte”. Según explicó, “normalmente lo que sucede es que salen del hospital, van por ahí y vuelven al hospital, no hay ningún control”.

“Es una barbaridad, el juzgado donde estoy va a cumplir 13 años, y ha sido una decadencia absoluta, nunca tanto como ahora. No sé si es porque los niños no votan, no importa el signo político del gobierno”, se lamentó.

“Patricia Chialvo está puesta para decir y no hacer y está cubierta por el ministro o el gobernador, esto tiene que quedar claro porque sino, hablamos por el Estado y no mencionamos. Los que manejan niñez en Rosario son cómplices de esto”, aseguró.

No es un sólo caso

La semana pasada se conoció que cuatro niños y niñas de entre 9 y 13 años viven en el Hospital de Niños Zona Norte. Al igual que en el caso de la niña denunciada por el juez sanlorencino, se trata de chicos que fueron externados, pero que carecen de un lugar a donde ir por lo que permanecen en hospital. A ellos hay que sumarle los 3 que viven en el Vilela.

Las autoridades exigieron la intervención de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

Hace una semana, la secretaria Patricia Chialvo dijo que de los siete casos “solo dos están hace un año” en hospitales y se trata de un “niña con discapacidad profunda y el Área de Inclusión de la provincia no aconseja su externación” y “la otra chica tiene un problema de salud mental grave y no tiene el alta de salud mental para el egreso”.

De los cuatro chicos del Zona Norte, “tres son situaciones de salud mental” y describió que una “crisis subjetiva” implica que los chicos están “en centros residenciales, toman cuchillos o vidrios e intentan lastimarse a ellos o a terceros”. Por eso, según su mirada, no son casos asociados a centros de día (y por eso no se los deriva) sino a “patologías” para tratar en hospitales.

“Es muy particular lo que dijo”, sostuvo en relación a las afirmaciones del juez Scola. “En ningún momento dejamos de trabajar”, agregó. Defendió su accionar y la delegación San Lorenzo de Niñez. También mencionó que los chicos en el Vilela “están teniendo educación hospitalaria” vinculada a la escuela primaria porque “son chicos chicos; la mayor tiene 13 años”.

Esta nota fue realizada y publicada originalmente en El Ciudadano

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Christian Guiñez tiene 53 años, secundaria completa, nunca terminó los profesorados que empezó. Es empleado administrativo del hospital Durand, en Caballito, dependiente de la ciudad de Buenos Aires. Recibe a los pacientes del servicio de hematología, algunos con anemia, otros con leucemia. “Hay que ponerles el cuerpo”, cuenta. Cuerpo tiene, pero casa, no.

En 2018 perdió a su madre jubilada, con la que vivía en un departamento que alquilaba en el barrio hasta que su sueldo ya no le alcanzó. Al año siguiente lo desalojaron. Se fue a vivir con un amigo pero la convivencia no funcionó: “Me dijo que en su casa no entraban las cosas de toda mi vida, empecé a vender y a tirar todo. Pero, además, hubo desinteligencias: él era taxista de noche y yo iba a la mañana al hospital. Me tuve que conseguir otro lugar, pero entonces vi que los valores ya no estaban como antes”.

Sus compañeros de trabajo le ofrecieron quedarse a dormir en el local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el mismo Durand, hasta solucionar su situación habitacional. “Ya llevo cuatro años viviendo en el hospital donde trabajo”, se lamenta Christian, en un país donde uno de cada siete empleados en blanco vive en situación de pobreza.

Cuando se mudó al centro sanitario, ni Christian ni nadie se podía imaginar que en marzo de 2020 comenzaría una cuarentena que duraría casi ocho meses. “Cuando salimos, vino una crisis inflacionaria terrible, el mismo departamento que yo había visto a $20.000 subió a $90.000, la canasta básica no subió tan astronómicamente como los alquileres”, comenta el empleado administrativo.

Hace dos semanas vio que había monoambientes cerca por $75.000 a $85.000, pero aparte debería abonar las expensas, cuando él gana $190.000. “Es más de lo que puedo pagar”, calcula. La canasta básica para no ser pobre (que incluye alimentos y gastos de salud, educación, transporte y vestimenta, pero no vivienda) está en $232.000 para una familia de dos adultos y dos niños, según el Instituto de Estadística (Indec). Pero los trabajadores de ATE en el Indec elaboran una canasta de consumos mínimos que contempla el alquiler y se eleva a $ 363.000.

“Yo colaboro acá en todo lo que se pueda porque también hay gastos: colaboro con los asados, el papel higiénico”, cuenta Christian. “Mi idea es dejar de vivir en el hospital pero las circunstancias no colaboran y los gobiernos tampoco. Me siento bien acá, útil en acompañar a la comunidad, contenido porque es importante lo psicológico. Estoy en esta situación por circunstancias de la vida, no sólo por el salario y la inflación. Pero la inflación empeoró, todos los días lo noto en la comida, y mi salario sigue estancado”, sostiene.

Para Christian, “desde que a la ciudad llegaron [Mauricio] Macri y [Horacio Rodríguez] Larreta la política para la salud y la educación es malísima”, porque, según dijo, “sacan recursos y derivan a obra publica y publicidad”. “El gobierno nacional hace un poco más, aunque no lo que debiera. El problema habitacional es un problema de los gobiernos de Macri y Alberto [Fernández], debería haber una ley seria de alquileres para el sector más humilde, gravar la vivienda ociosa. Lo inflacionario es más que nada responsabilidad del gobierno de Alberto y los salarios, del gobierno de la ciudad”, analiza.

Dice que el 13 votará en las primarias por Juan Grabois: “Me habla a mí, a los de abajo”. En las generales se resignará a elegir a Sergio Massa: “Es el mal menor frente al arco de la derecha más recalcitrante y al menos está con [Axel] Kicillof, 'Wado' [Eduardo de Pedro] y Cristina (Fernández de Kirchner)”.

Uno de cada siete trabajadores en blanco es pobre

En el “Informe sobre situación del mercado de trabajo” que elaboró en abril pasado el Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las economistas Mariana González y Cecilia Garriga advirtieron sobre el ascenso de la pobreza al 40% a fines de 2022 y que entre los empleados registrados o en blanco el 14,5% era pobre. Es decir, sin contar a cuentapropistas ni a quienes no están registrados.

Ganar menos que la canasta básica para una familia de dos adultos y dos niños no significa necesariamente ser pobre. El conjunto familiar debe ganar menos que ese nivel para serlo. Claro que esa cesta no incluye el alquiler, ni el costo de construirse una casa propia o de pagar alguno de los escasos créditos hipotecarios que existen. La pobreza afecta al 45,6% de los empleados en negro y al 44,1% de los trabajadores independientes no profesionales.

“Trabajadores registrados pobres siempre hubo, pero ahora están en un punto alto”, analiza Garriga en un 2023 con 115% de inflación, el mayor nivel en 32 años. Su colega González señala que se detectan casos como las empleadas de casas particulares, los de comercio (muchos pequeños locales pagan mitad en blanco y mitad en negro, pero también hay trabajadores pobres en grandes cadenas), los municipales u otros que tienen muchos hijos. “En el gobierno de Cristina, menos del 10% de los trabajadores registrados era pobre. Con Macri subió al 15%”, completa González.

“Compramos $30.000 en carne, nada de vaca, yo cocino con pollo”

Claudio es contratado de la municipalidad de San Isidro y cobra $107.000 por 48 horas semanales. Con el presentismo suma casi $5.000 más, un total de $112.000. Poda árboles, corta el césped o, en camión, entrega colchones y mercaderías en comedores o, cuando hay elecciones, como ahora, reparte boletas del intendente y precandidato a gobernador Gustavo Posse, compañero de dupla del larretista Diego Santilli.

Lleva 11 años en el puesto, pero no cobra antigüedad. “Nueve años cobré horas extra, pero me las sacaron cuando armamos el Sindicato de Empleados Municipales de San Isidro (SEMSI)”, cuenta Claudio. “A veces salgo a hacer remise porque mi señora no tiene trabajo y tenemos cuatro hijos, de 18, 16, 10 y 8 años”, cuenta. Por los tres menores cobra la asignación familiar de $40.000, con lo que totaliza $152.000 por mes. Viven en la villa La Cava. Su hijo mayor terminó la secundaria y es repartidor de Rappi.

“No compramos ropa cara. Cuando los chicos me piden una zapatilla o un pantalón, a uno le compro y al otro le digo que este mes no puedo, que espere al que viene”, explica Claudio. “Compramos $30.000 en carne, nada de vaca, yo cocino con pollo, gastamos otros $30.000 en mercadería. Me voy a Pablo Nougues, Gran Bourg, José C. Paz para buscar precio. Gracias a Dios nunca me faltó el plato de comida, pero compramos menos cantidad y menos calidad. Para el vacío de primera calidad no me alcanza. Lo del remise me ayuda a zafar. Me cuesta pagarle a mis hijos un curso o estudio”, relata el empleado municipal de San Isidro.

Votará a Massa y para intendente, al bullrichista Ramón Lanús, rival de Macarena Posse, la hija del actual jefe comunal y nieta de su antecesor. “A Lanús lo escuché y me gustó. Y Massa me gusta por la gestión que está haciendo, vamos a probarlo. Está sacando a flote la economía, la inflación subió, pero la está peleando día a día, como nosotros, los trabajadores. No hay que olvidar que agarraron el gobierno en pandemia”, concluye Claudio.

El secretario general del SEMSI, Horacio Reynoso, advierte que los empleados administrativos y de servicios de su municipio ganan por 35 horas semanales un básico de $103.000 más $10.000 si tienen secundario completo y $5.600 por presentismo si son de planta. “Yo tengo 30 años de antigüedad y gano $227.000”, cuenta Reynoso.

En el sector de salud cobran un básico de $142.000 por 48 horas semanales. “Ellos sí pasan los $232.000 de la canasta básica entre antigüedad, presentismo y extras por enfermero o mucamo”, describe el gremialista. “De los 6.700 empleados municipales acá, el 70% es contratado y no cobra antigüedad. En la mayoría de los municipios la realidad es la misma, no hay distinción por color político, hay mucha informalidad, hay cooperativas, personal en negro. En general los municipios del interior de la provincia pagan menos, pero también algunos del conurbano como José C. Paz. Pensá que, pese a todo, San Isidro es el sexto que mejor paga. El mejor es Bahía Blanca. Ojalá que Massa cumpla su promesa”, dice Reynoso.

Aludía a que en plena campaña el ministro de Economía advirtió: “No puede ser que tengamos empleados municipales que cobren menos que lo que se paga un plan social”. El precandidato presidencial prometió una paritaria nacional, como la que tienen los docentes, como guía para que después las provincias se alineen. Por lo pronto, los municipales, como otros empleados en blanco, pasan penurias.

AR/JJD

Efectivos policiales buscan intensamente a una beba recién nacida que fue “sustraída” de la habitación del hospital Oscar Alende de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, por una mujer que se hizo pasar por personal de salud, según informaron este miércoles fuentes policiales.

Según la denuncia, el hecho ocurrió hoy a las 9:30 cuando una “mujer simulando ser enfermera/médica” de ese centro de salud, ubicado en Claudio de Alas al 2500 de Lomas de Zamora, ingresó en la habitación 107 e informó a la madre, Nicole Sandoval, que debía llevar a la recién nacida a realizar controles.

Durante la mañana, la madre de 27 años se comunicó telefónicamente con David, su pareja y el padre de la niña, y le dijo llorando que “se habían llevado a la nena”, según señaló el hombre. Denunció en la puerta del lugar la poca seguridad que había en el hospital y se quejó: “Estamos buscando por nuestra cuenta porque nadie hace nada, ni nos da una respuesta”.

La mujer sospechosa se llevó la bebé del hospital quedando registrada por las cámaras de seguridad del lugar, las cuales la retrataron con “calzas violetas y negras, zapatillas rosas, ambo claro (beige), de 1,55 metros de estatura aproximadamente, cabello negro enrulado”.

Cerca del mediodía, un grupo de personas allegadas a la familia de la bebé se concentraron en las puertas del hospital reclamando su aparición. Mientras tanto, se le estaba tomando declaración testimonial a la madre, quien aún se encuentra dentro del hospital ya que ni ella ni la bebé tenían el alta.

La beba se llama Aylin Isabella Sandoval y nació el martes pasado. Una de sus abuelas dijo que la mujer que se la llevó le cambió la ropa y “la tiró por ahí”, a la vez que dijo que, para retirar a un bebé de un centro de salud, “tiene que tener la pulserita y el alta para irse”.

La causa por averiguación de paradero y robo de personas está siendo investigado por el fiscal Leonardo Kasewski, quien solicitó que todo aquel que tenga información sobre Aylin se comunique al 4283-0126 ó al 911, mientras que se solicita difusión y colaboración para que la menor sea encontrada en el corto tiempo.

LC con información de agencias

Trabajadores de la salud nucleados bajo la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizarán mañana martes un paro de actividades en reclamo de un “urgente aumento de salarios, con un piso de 200 mil pesos” y la “incorporación inmediata” de nuevos profesionales.

En tanto, residentes y concurrentes sumarán una nueva jornada de lucha, incluyendo a la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), para confluir en una movilización que se realizará durante la mañana hacia la sede del Ministerio de Salud porteño, ubicado en Bolívar 1 en el Microcentro de la Ciudad.

“Hoy hemos tenido una gran convocatoria junto a la prensa que nos acompañó. Haremos un paro general mañana junto a un importante número de organizaciones sindicales hermanas que representan a los trabajadores de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo a Télam Héctor Ortiz, dirigente estatal de ATE-Capital en el área salud y referente de la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Asimismo, los trabajadores y trabajadoras nucleados en la asamblea de la salud, residentes y concurrentes de los hospitales porteños continuaron hoy con el paro que mantienen por tiempo indeterminado y confirmaron la convocatoria a una movilización para mañana, que tendrá como punto de encuentro la intersección de las avenidas Callao y Corrientes a partir de las 8 de la mañana.

A ellos, se sumará también el personal de Enfermería de CABA nucleado bajo la Asociación de Licenciados en Enfermería, la cual viene reclamando el reconocimiento profesional y mejores condiciones salariales y laborales.

En paralelo, los residentes y concurrentes continuaron hoy con una campaña de recolección de firmas que ya lleva reunidas casi 80 mil firmas, en la que la denominada Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA reclama un “sueldo digno para la salud pública” al plantear que, “con un sueldo de $121.000 equivalente a $340 la hora, no se llega a fin de mes”.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en mañana del lunes, desde ATE-Capital afirmaron que la medida de fuerza de mañana será “contundente” y remarcaron que la intención es que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los “escuche”.

“Vamos al paro además en defensa de la carrera profesional en el ámbito de la salud; tenemos un fallo positivo de la jueza (Marina) López Bergara de Capital Federal, donde le ordena a Rodríguez Larreta que los licenciados de enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica tienen que pasar a la carrera profesional 6035. Esperemos que este Jefe de Gobierno no ponga trabas y cumpla con lo que resolvió la jueza”, declararon desde la dirigencia sindical.

Mañana lunes se movilizarán la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado, Sutegba, Médicos Profesionales, Federación de Profesionales, los sindicatos SITRE y ALE y las organizaciones que representan a los trabajadores residentes, entre otros sectores gremiales.

LC con información de agencia Télam

En estas últimas semanas, se realizaron repetidas marchas de residentes y concurrentes de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con reclamos que giraron en torno al aumento salarial y a la mejora de las condiciones de trabajo. “Sin residentes y concurrentes no hay hospital. Precarizadxs no vamos a trabajar”; “Basta de aprietes y extorsiones a residentes y concurrentes”, son algunas de las consignas que se leen en las redes sociales de la Asamblea de Trabajadorxs Residentes y Concurrentes de CABA. 

Estos reclamos, sin embargo, se encuentran matizados por el miedo a que estas protestas desencadenen una eliminación de estos programas de capacitación profesional: ya en la Ciudad los ingresantes a las concurrencias pasaron de ser de 448 en 2018 a ser de 143 en 2022. Sin embargo, su supresión debería tornarse improbable si tenemos en cuenta que estos programas no solo permiten formar profesionales altamente capacitados, sino también suplir las necesidades de un sistema de salud con escaso personal.

Las residencias se ofrecen en todo el territorio argentino, y son responsabilidad tanto del Estado nacional como de los gobiernos provinciales. Las concurrencias, que duran lo mismo que las residencias pero sin una remuneración a cambio, solo existen en la Ciudad de Buenos Aires. 

Las residencias se ofrecen en todo el país y son responsabilidad tanto del Estado nacional como de los gobiernos provinciales. Las concurrencias, que duran lo mismo que las residencias pero sin una remuneración a cambio, solo existen en la Ciudad

Concurrencias en la Ciudad

Los concurrentes no perciben nada a cambio de su trabajo, el cual dura entre cuatro y cinco años. Las concurrencias solo tienen lugar en la Ciudad de Buenos Aires; en el resto de las jurisdicciones, no existe ese programa como tal. Sin embargo, cada vez son menos los cupos otorgados para las concurrencias: mientras que en el año 2018, hubieron 448 ingresantes, en el 2021, se abrieron solo 177 cupos (sólo se ofrecieron concurrencias para las áreas de dermatología, oftalmología y salud mental) y en el 2022, únicamente 143 (ofreciéndose cupos solo para salud mental), de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de CABA otorgados a eldiarioAR. 

El estatus del concurrente genera muchas fricciones entre la Ciudad y los jóvenes “estudiantes”; por un lado, no obtienen ninguna paga por su trabajo pero, en contrapartida, reciben “formación” . “Las concurrencias forman parte de un sistema de capacitación profesional de postgrado y con el objetivo de formar profesionales capacitados en beneficio de la comunidad”, aseguraron, en diálogo con eldiarioAR, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad. 

“Entendemos que es una propuesta que presenta heterogeneidad, por lo cual se han evaluado diferentes alternativas para lograr mejorar la calidad formativa. Más allá del análisis de alternativas, las concurrencias se mantienen en este inicio del ciclo formativo en 2022”, sostuvieron ante la posibilidad de su eliminación definitiva. 

No todos los concurrentes adhirieron a los últimos reclamos, justamente por este motivo. Una terapeuta que coordina grupos de concurrentes asegura, en diálogo con eldiarioAR, que este no es el momento de hacer un reclamo salarial. “La Ciudad ya viene desde hace tiempo queriendo ‘volar’ las concurrencias. Cada vez hay menos vacantes”, sostiene, en línea con la reducción en los cupos confirmada desde el Ministerio de Salud de CABA. “Si siguen los reclamos, van a terminar eliminándolas”. 

Sin embargo, estas son fundamentales para el sostenimiento mismo del sistema de salud, coinciden los entrevistados, que no podría subsistir y cubrir todas las necesidades del sistema solo con los profesionales de planta. “La cara opuesta de las malas condiciones son los servicios colapsados, que terminan de sobrecargar al sistema de salud. Si el gobierno no invierte en recursos para los concurrentes y residentes, la demanda de servicios no podrá ser sostenida por la escasa oferta”, sostiene Florencia Milocco, residente de psicología del Hospital Ramos Mejía, de la Ciudad, quien participó de las últimas marchas. 

El Estado nacional destina, por cada residente de 1er año de una institución nacional, $184 mil pesos, mientras que por cada residente de 1er año que forma parte de la esfera provincial, el Estado desembolsa $58 mil pesos

Residencias

De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, hay unos 3.043 residentes actualmente en el sistema, entre los residentes de 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, los de 1° y 2° de especialidades postbásicas y las jefaturas. Los cupos otorgados para las residencias en 2022, para instituciones nacionales y provinciales que dependen del financiamiento de Nación, fueron 2166. 

El Estado nacional destina, por cada residente de 1er año de una institución nacional, $184 mil pesos, mientras que por cada residente de 1er año que forma parte de la esfera provincial, el Estado desembolsa $58 mil pesos, de acuerdo a los datos otorgados a eldiarioAR; el resto, lo debe cubrir la provincia. Eso genera muchas diferencias a lo largo del territorio argentino en las instituciones provinciales: según varios consultados, en los hospitales de la Ciudad se mantuvieron prácticamente inalterables, mientras que en la Provincia y en los hospitales nacionales (como el Garrahan) aumentaron progresivamente. Los hospitales de la UBA son, por otra parte, los que “más pagan”. 

“El colapso en los sistemas de salud pasa en todos lados, pero en CABA particularmente los salarios se han cerrado muy por debajo de la inflación”, sostiene Milocco. En CABA, un salario promedio de un residente, que hace ocho guardias de 24 horas al mes, puede estar alrededor de los $110 mil pesos; desde la Asamblea, reclamaron en estos últimos días un “salario básico inicial de $250 mil a partir de noviembre”. 

“Lo que se gana no es nada en comparación con la responsabilidad que tiene uno como residente”, asegura Cinthia, médica clínica y jefa de residentes de un hospital de Ciudad. “Desde la política, se resisten a conceder recomposiciones salariales a los residentes porque abriría el juego para que los médicos reclamen más también”, sostiene Jorge Evita, anestesiólogo y jefe de residentes del Hospital de Lanús. “Es todo parte de un mismo problema”. 

Las residencias duran, en promedio, de 3 a 4 años: sin embargo, un residente de primer año gana casi lo mismo que el de cuarto, lo cual genera falta de incentivo y desmotiva. 

Sumado a los bajos salarios, se encuentran las horas extra de guardia que en muchos casos hacen cumplir a los residentes y concurrentes, y que no son recompensadas. “Por solo nombrar un caso, si entras a neurocirugía te hacen hacer 14 guardias por mes -una guardia cada dos días-, porque el residente de primer año toda la vida hizo eso”, sostiene Jorge Evita. 

Todos los entrevistados coinciden en que ahora hay otras formas de especializarse en un área, lo que antes era impensado. “Con la llegada de la pandemia, se crearon nuevas modalidades de trabajo por teleconsulta, donde la paga es buena y uno puede trabajar desde su hogar”, sostiene Iván Schwartz, residente de oncología del hospital Angel Roffo, instituto de la UBA. 

Estas nuevas modalidades, sumado a los bajos salarios y a la alta carga horaria, hacen que sea cada vez menor la cantidad de ingresantes a las residencias a lo largo de todo el territorio. Aunque en los últimos años la caída no fue muy pronunciada (en 2018 hubo 918 ingresantes a las residencias en la Ciudad, mientras que en 2022 fueron 898), desde Obuchenie (Grupo de Estudio para el Examen de Residencia de Psicología) aseguran que la cantidad de inscriptos viene reduciéndose desde hace diez años. 

CC

“Estamos en una situación ideal: desde el 26 de agosto que no tenemos pacientes con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva y desde el 17 de septiembre que no tenemos pacientes con esa enfermedad en el hospital”, describe Pablo Cassian, director del hospital Dubarry de la ciudad de Mercedes. Se trata de uno de los 345 hospitales públicos y privados bonaerenses que no tiene personas internadas en terapia intensiva por Covid-19 hasta el día de la fecha. Un escenario que los sorprende “gratamente” ya que “pensamos que siempre íbamos a tener pacientes”, pero se da “en consonancia con un aumento en la campaña de vacunación en nuestra ciudad”.

Hoy, el centro de salud está con una ocupación elevada de camas pero por enfermedades crónicas que fueron desatendidas y a niveles del 2019 de cirugías: “Van a pasar varios meses hasta que nos pongamos al día”, indica Cassian que, luego de haber transitado meses de tensión sanitaria, finalmente “estamos viendo cómo nos volvemos a reconstruir y pensar en ese hospital que ha crecido mucho aún con pandemia de por medio”.

Con una visión retrospectiva, clasifica en tres momentos claves las vivencias de este último año y medio recorriendo los pasillos del Dubarry junto al personal de la salud: “Los primeros dos meses del año pasado, con una gestión nueva, teníamos que reordenar la atención para atender una supuesta ola de pacientes covid. Esa ola en nuestra ciudad empezó a principios de agosto; tuvimos pacientes internados pero no hubo una saturación del sistema. La máxima ocupación que tuvimos en el 2020 fue del 65 por ciento de camas en terapia intensiva”.

En diciembre y enero registraron una suba en las internaciones que luego descendió en el mes de marzo. Ese pico de fin de año “tampoco tuvo una gran cantidad de internaciones”, pero fue a partir de abril “que comenzamos con una escalada de casos muy exponencial donde llegamos a porcentajes altos de ocupación de camas, de hasta el 95 por ciento. Pero a nadie le falto cama: no tuvimos que derivar ningún paciente”.

“Al estrés a lo nuevo y desconocido, la adrenalina de preparar el hospital y pensar cómo nos cuidábamos”, se sumó meses más tarde “la atención de pacientes masiva que concurría al hospital”. Finalizando el mes de septiembre del 2021, el personal de la salud “está muy desgastado y saturado: empezamos a liberar las licencias de descansos pero aún así ha quedado un agotamiento y es colectivo. Nadie fue ajeno a las internaciones o la propia enfermedad”, reflexiona Cassian.

El 68% de los 345 centros de salud (235) no reportó nuevas internaciones por coronavirus en los últimos 30 días en ninguno de sus niveles. Así lo informó el ministro de Salud de la Provincia, Nicolas Kreplak que, en una imagen con la que acompañó un posteo de Twitter, destacó que del total “ninguno reportó nuevas internaciones Covid-19 en los últimos 7 días”.

Dentro de su centro modular, el Hospital Mariano y Luciano de La Vega de la ciudad de Moreno llegó a tener 1.400 pacientes en internación general y terapia intensiva por coronavirus. “Hace tres semanas que dejamos de tener pacientes internados en terapia ni en sala general. Estamos súper contentos con este logro”, celebra su director, Emmanuel Álvarez, en diálogo con este medio.

“Y lo hemos visto”, agrega, “fue directamente proporcional la disminución de casos graves a moderados con el avance de la vacunación tanto en pacientes de riesgo como en la población general. Vimos que con la inmunización disminuye la gravedad de la enfermedad y disminuye en la población general los contagios entre personas. Hay que seguir con el mayor porcentaje de cobertura posible de vacunación”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó esta semana que el país lleva “casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos” de coronavirus, con un nivel de internaciones por ese cuadro similar al de “junio del año pasado”, lo que resaltó como un “número bajo y muy alentador”.

Por su parte, el inmunólogo e investigador del Conicet, Jorge Geffner, analizó hoy la situación sanitaria del país en el marco de la pandemia por coronavirus y afirmó que “hay muy baja circulación viral”, al tiempo que señaló que “estamos en un momento de tranquilidad, pero hay que entender que la pandemia no pasó”.

“Hoy estamos en mil y pico, se redujo 15 veces el número de casos y ya es común el hecho de los anuncios de los grandes centros hospitalarios donde no tienen internados en terapia intensiva por Covid-19”, continuó Geffner en diálogo con Radio Nacional.

Respecto a las razones del descenso de casos, el médico aseguró que “en gran medida tiene que ver con el avance de la campaña de vacunación, las personas por arriba de 50 años ya tienen cobertura con dos dosis en un 80% o incluso en porcentajes superiores”.

También destacó que el cierre de fronteras y mantener las medidas de cuidados ayudó a que la variante Delta “esté relativamente contenida”.

“Ahora tenemos que ver cómo sigue la historia, cuando la variante Delta empieza a tomar envergadura se vuelve un problema”, advirtió y dio como ejemplo el caso de Chile que “tiene un excelente programa de vacunación y en las últimas seis semanas, sin que aumentara el número de casos, la prevalencia de la variante Delta pasó de 6 al 60%”.

AB

La primavera llegó con camas de terapia intensiva ocupadas por otras patologías y el alivio del personal de la salud por haber superado meses completos de “temor a lo desconocido”. Temor por contagiar a sus queridos y la constante incertidumbre frente a un escenario de tensión, tanto hospitalaria como física y mental. Hoy, los directivos de los centros de salud que cuentan con cero casos de coronavirus internados pronostican una situación más cercana a “la normalidad” de un hospital aunque siguen trabajando en los cuidados vinculados al virus que en el país dejó más de 114.000 fallecidos y más de 5 millones de personas recuperadas de la enfermedad.

Este lunes, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó que el país lleva “casi 17 semanas consecutivas de descenso del número de casos” de coronavirus, con un nivel de internaciones por ese cuadro similar al de “junio del año pasado”, lo que resaltó como un “número bajo y muy alentador”.

“Estamos contentos, hoy no hay casos y desde la semana pasada que estamos sin ingresos a Terapia Intensiva. Hasta el viernes, veníamos con cinco días de cero positividad. Tenemos patologías que son de cirugías del equipo operatorio y aquellas que, por la pandemia, se venían desatendiendo. Al igual que en los pisos, la ocupación de camas en quirúrgicos se debe a cirugías que se venían programando por no ser de emergencia”, indica Cecilia Jascheck, Directora del Hospital Provincial Rodolfo Rossi, a elDiarioAR.

El Rossi de La Plata llegó a tener 31 pacientes ventilados con respirador durante varios meses en forma constante y tres pisos de sala general todos ocupados con pacientes con coronavirus. Ahora, miran hacia atrás y consideran tres momentos distintos que demarcaron los esfuerzos y dificultades del personal de la salud en pandemia: “Tuvimos diferentes situaciones de la primera a la segunda ola. En la primera no había vacunas, primaba el miedo de llevar el virus a la casa, el miedo a lo desconocido. Fue una etapa muy angustiante para el personal. En la segunda ola sí estábamos vacunados, pero era tan alta la saturación del trabajo y la cantidad de pacientes que, además de tener covid, fallecían. Fue también saturación emocional, física y psíquica. Hoy estamos en una situación bastante cercana a 'la normalidad' porque atendemos las patologías que siempre atendimos y sin el temor, riesgo ni tensión. Es otro escenario totalmente diferente aunque el trabajo sigue siendo el mismo. En volumen es diferente”, mientras que atribuye este logro a “la campaña de vacunación”.

y agregó: “Sí creo que hay algo desde el impacto emocional que los trabajadores no vamos a poder medir de acá a un año. Asimismo, hubo mucho acompañamiento desde los servicios de salud mental y desde el Ministerio de Salud. Fue muy duro”.

La mochila de agobio y angustia que médicos, enfermeros y administrativos, entre otros, cargaron durante los picos de contagios de Covid-19, hoy es un poco más liviana y dan la posibilidad de que los establecimientos en los que trabajan puedan atender con mayor dedicación otros tipos de enfermedades.

“Hay alivio con respecto al covid. La atención del hospital está centrada en atender las patologías desatendidas. Estamos con ocupaciones plenas pero con otro tipo de enfermedades. No es el coronavirus lo que predomina y cada tanto hay algún caso referenciado o síntomas muy claros. Eso genera cierto alivio y tratamos de mantener en alerta las patologias que fueron postergadas durante todo este tiempo”, dice José María Malvido, jefe de la Unidad de Infectología del Hospital Alberto Balestrini, a elDiarioAR.

Si bien se descomprimió en un gran porcentaje las UTI, el infectólogo aclara que “el ritmo no para”: “Estamos encargados de hacer los hisopados de docentes y no docentes del área programática que nos tocaba y estamos formando gente para que se encargue de los hisopados a los estudiantes como parte de cuidado de la presencialidad. Claramente, es una situación muy diferente al de la pandemia pero no hemos parado en ningún momento”.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, resaltó que “el 60 por ciento de los hospitales públicos y clínicas privadas de la provincia no tienen actualmente pacientes internados en terapia” por coronavirus.

“Estamos en la mejor situación epidemiológica desde que comenzó la primera ola” y precisó que se contabilizan un total de 15 semanas “de baja en las internaciones”.

El Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, ubicado en la localidad de El Palomar, en el partido bonaerense de Morón, estuvo en boca de los medios nacionales esta semana por las buenas noticias. Al principio de la pandemia contaba con 26 camas de terapia intensiva, que durante las primeras semanas del aislamiento social, preventivo y obligatorio se expandieron a 100 tras la compra de respiradores, monitores, otros equipos y la refuncionalización de espacios y parte del personal médico.

Desde el comienzo de la pandemia, más de tres mil pacientes adultos de Covid-19 fueron internados en ese centro de salud, de los cuales más de 500 requirieron ser alojados en Terapia Intensiva, de donde menos de la mitad pudo salir con vida. Desde la semana pasada, la terapia intensiva del Hospital Posadas no tiene pacientes con coronavirus por primera vez en los últimos 18 meses.

El 16 de julio, el hospital municipal de Berisso fue uno de los primeros en reportar que no tenía pacientes con coronavirus “ni en terapia intensiva, ni en la sala de leves y moderados” en 48 horas. Así lo había señalado el intendente Fabián Cagliardi, quien destacó que Berisso era “uno de los tres municipios de la provincia de Buenos Aires con mejores índices de vacunación”

En Cañuelas, el hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (HCANK) también confirmó “con el alta médica” de un hombre de 52 años que “ingresó el 12 de septiembre con neumonía grave por Covid 19, no quedan pacientes internados afectados por la enfermedad pandémica”.

Las provincias

En Santa Fe, fuentes del Ministerio de Salud señalaron que la baja de casos de coronavirus en la provincia permitirá centralizar en forma progresiva la atención de pacientes de la ciudad de Santa Fe y Rosario en un solo hospital, el Iturraspe de la capital santafesina y el hospital modular de Granadero Baigorria.

En Chaco, la directora del hospital de la ciudad de Charata, Emilia Parra, reveló a la prensa local que “en los últimos 15 días, no tenemos pacientes internados con Covid-19”, aunque hay “casos activos que van variando en cuanto a cantidad” en la zona.

Santiago del Estero también registraba una baja sostenida en la curva de contagios como también en la cantidad de pacientes internados que, según fuentes del Ministerio de Salud, descendió al 35 por ciento en ocupación de camas Covid-19.

El Ministerio de Salud provincial resaltó que había 21 ciudades libres de coronavirus, ya que se encuentran sin casos activos, ni pacientes internados.

Entre esas ciudades se encuentran Nueva Esperanza, Bandera, Pinto, Beltrán, Loreto, Tintina, Los Juríes, Garza, Villa La Punta, Bobadal, Laprida, Bandera Bajada, Medellín, Sumampa, Los Pirpintos, Ojo de Agua, Forres, Lavalle, San Pedro de Guasayán, Quimilí y Sacháyoj.

Una situación similar se vivía en Chubut, donde el ministro de Salud, Fabián Puratich, dijo que tenían “la ocupación de camas Covid más baja del último año, con apenas 16 camas con respirador ocupadas”.

Con información de agencia Télam

AB

En medio de la pandemia, y tras 16 días de paro, este viernes más de cincuenta médicos del Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade de San Miguel renunciaron a sus cargos. Se trata de la cúpula entera del servicio de cardiología y el servicio completo de clínica médica del hospital. El sábado se les sumó el equipo de dermatología.

“El servicio de clínica médica dejó las funciones por los aprietes y las persecuciones. Era imposible trabajar. Lo mismo le pasó al servicio del cual soy jefe, el servicio de cardiología. Ayer decidimos renunciar, por lo menos la cúpula”, dice Gabriel Jans, Jefe del Servicio de Cardiología, en diálogo con elDiarioAR.

Si bien el conflicto comenzó en enero de este año, los referentes principales del reclamo denuncian que sufren precarización laboral hace años.

“Hace 15 años no hay nombramientos, no nombran a ningún trabajador en blanco. Todo el mundo trabaja en negro con una figura que se llama ”mensualizados“. El 90% de los trabajadores están precarizados”, explica Sebastián Motrel, médico cirujano del hospital.

“También hubo un atraso con los ingresos en relación con trabajadores de otras instituciones. Ahora estamos 40% abajo del promedio de Provincia. A todo esto se suma que a fin de 2020 empezaron a hacer recortes en el municipio, dejaron de pagar presentismo y horas extra, cosas que sumaban al salario”, cuenta y añade que los trabajadores empezaron a reclamar de forma individual pero, ante la falta de respuesta, decidieron agruparse y realizar un reclamo colectivo por mejoras salariales y en las condiciones de trabajo.

“En este tiempo realizamos manifestaciones, marchas y paros. Sufrimos amedrentamientos, desplazamientos y despidos”, sostiene Jans. “Hubo una mediación de un abogado que mandó el municipio y lo único que hizo fue amenazarnos. Amenazó con encontrar fallas en historias clínicas para armar causas legales”.

Los médicos denuncian que el conflicto “está muy trabado” y que “no hay diálogo con el municipio”.

Motrel lamenta que la situación actual del hospital luego de la renuncia masiva afecta directamente a los vecinos de San Miguel, además de al hospital en tanto hospital escuela.

“Somos hospital escuela y formadores de médicos. Clínica médica es el servicio madre del hospital y se termina con esto porque los residentes se están yendo. Ante la situación catastrófica y el conflicto, los residentes decidieron irse porque no es un lugar adecuado para su formación”, afirma.

Según estimaciones de 2017, en el partido de San Miguel viven aproximadamente 300 mil personas. El Larcade es la institución principal dentro de los tres hospitales municipales del partido.

“Los que sufren son la gente que vive en San Miguel, que van a perder un montón de calidad de atención. Que en este momento no tengan cardiología y clínica médica es una cuestión gravísima que deja prácticamente inoperante al hospital. Es trágico, es como la pérdida de un familiar. Nos duele muchísimo tener que tomar estas decisiones”, concluye Motrel.

Fuentes cercanas al municipio aseguraron que los servicios del hospital están garantizados y lo explicaron como un conflicto gremial. Las fuentes oficiales consultadas no respondieron formalmente a elDiarioAR.

MC

El ministro de Economía, Martín Guzmán, había presentado en septiembre pasado un presupuesto 2021 sin gastos extra por la emergencia sanitaria y económica. Preveía que la pandemia iba a quedar atrás a fuerza de vacunas, pero entre el acaparamiento de dosis de las grandes potencias y los déficits del gobierno de Alberto Fernández para conseguirlas la segunda ola estalló. Y entonces este 10 de mayo, cuando sólo transcurrieron cuatro meses del año, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y Guzmán publicaron en el Boletín Oficial millonarios cambios presupuestarios para reforzar las partidas de hospitales, las ayudas sociales, la creación del programa Repro II para auxiliar a empresas en el pago de salarios -no estaba ni contemplado en la ley votada en 2020- y otros rubros que nada tienen que ver con el coronavirus y sus consecuencias económicas. También influye que el presupuesto se había trazado con una perspectiva de inflación mucho menor a la que está resultando.

El Gobierno amplió partidas del presupuesto en $ 70.000 millones, de los cuales 22.340 millones serán para atender los programas de Ministerio de Salud referidos a la pandemia, 18.600 millones para obras públicas, 12.000 millones para el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) y 4.468 millones para políticas alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social.

Entre los cambios presupuestarios de urgencia que aparecen en la decisión administrativa de Cafiero y Guzmán los siguientes:

* “Resulta necesario reforzar el presupuesto vigente del Ministerio de Salud, con el propósito de atender la adquisición de vacunas, test de antígenos y el financiamiento para la creación del Proyecto de Compensación en el contexto de la pandemia”.

* “Que en el ministerio mencionado se prevén créditos [léase, gastos] para atender la extensión del pago de la asignación estímulo, como así también para afrontar los servicios profesionales de los hospitales modulares de emergencia y las transferencias para los hospitales modulares de zona sur que se encuentran en funcionamiento a través del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner”.

“ Que se incrementa el presupuesto vigente del hospital Posadas”.

“ Que resulta necesario incrementar las transferencias” al PAMI “con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la pandemia”.

* Que es necesario reforzar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social con el fin de atender acciones en el marco del Plan Argentina Contra el Hambre y del Programa Potenciar Trabajo para dar cumplimiento al convenio suscripto con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y del Programa de Integración Socio Urbana. Que el aumento mencionado en el considerando precedente se financia parcialmente con la incorporación de recursos por transferencias internas y fuentes financieras“.

* “Que se incrementa el presupuesto para atender erogaciones relacionadas con las Tarjetas Alimentar”.

* “Que en función de la evolución del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), la situación económica y las adecuaciones del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), se creó el Programa REPRO II. Que resulta necesario incrementar el presupuesto del Ministerio de Trabajo con destino al programa mencionado”.

* “Que es menester adecuar el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas con el objeto de atender la construcción de la autopista del Bicentenario-Paseo del Bajo. Que se financia parcialmente con la reducción de los gastos de capital [obras] del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa)”.

* Que se incrementan los gastos corrientes [sueldos y otros operativos] en detrimento de los gastos de capital correspondientes al Instituto Nacional del Agua“.

* “Que es menester adecuar el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad con el objeto de afrontar erogaciones vinculadas a la construcción de obras. Que se asignan se financian con desembolsos procedentes de los préstamos BID para la construcción del túnel de Agua Negra Argentina-Chile, de ampliación de capacidad y mejoras de seguridad en los accesos al paso Cristo Redentor y de infraestructura vial productiva y mediante la incorporación de transferencias del Fideicomiso Red de Autopistas y Rutas Seguras.

* Que con el objeto de atender necesidades de funcionamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación corresponde incrementar su crédito“.

* “Que corresponde incrementar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad con el fin de dar cobertura al subsidio extraordinario para pensionados no contributivos en función de lo estipulado por decreto del 25 de marzo”.

* “Que es menester adecuar el presupuesto del Ministerio del Interior con el objeto de afrontar gastos de las elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (PASO) y de las de legisladores nacionales, conjuntamente con las elecciones ejecutivas y legislativas provinciales así como municipales que se realicen de forma simultánea; gastos de funcionamiento de los centros de frontera y compromisos correspondientes al desarrollo del Parque Fotovoltaico Caucharí, en Jujuy”.

* “Que es menester reforzar los créditos del Ministerio de Seguridad, con el fin de atender los subsidios destinados a las diversas asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario”.

* “Que a los efectos de dar continuidad a obras vinculadas al Gasoducto Regional Centro II, al Gasoducto de la Costa y al Gasoducto Sistema Cordillerano-Patagónico, resulta necesario adecuar los presupuestos de la Secretaría de Energía y de las Obligaciones a Cargo del Tesoro”.

* “Que corresponde incrementar el presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica con el objeto de incrementar las transferencias a la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería SE en el marco del Plan de Conservación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).

* “Que es menester ajustar el presupuesto del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a los efectos de atender los haberes del personal y servicios técnicos y profesionales”.

* “Que resulta necesario adecuar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo, incorporando créditos y recursos para ser afectados a facilitar el acceso a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a los servicios profesionales de asistencia técnica y capacitación, entre otras, para llevar adelante los Planes de Desarrollo Empresarial (PDE)”.

“Que a los efectos de dar inicio a las acciones inherentes al dictado de formaciones y asesorías técnicas ligadas a distintas temáticas de la economía del conocimiento y con foco en las necesidades del sector productivo, resulta oportuno adecuar los presupuestos de Desarrollo Productivo y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)”.

“Que resulta oportuno adecuar los créditos presupuestarios a las empresas Integración Energética Argentina SA (Iesa) [a cargo de la importación de gas] y Corredores Viales SA”.

AR

A través de la Resolución 1297/2021 publicada en el Boletín Oficial se ordena la obligatoriedad de la suspensión de toda cirugía que no revista urgencia para darle prioridad a las camas de internación a pacientes con coronavirus. La medida se toma ante el crecimiento exponencial de casos positivos de Covid-19 y la demanda de camas que está llegando al límite de ocupación.

En la misma linea, se dispuso “optimizar la vigilancia epidemiológica” para tener la información en tiempo real respecto de la capacidad de respuesta del sistema sanitario. En efecto, Provincia le ordenó a hospitales públicos y privados que deberán actualizar cuatro veces al día el relevamiento del “censo de camas”.

Por otro lado, indicaron la “suspensión y reprogramación” de las cirugías no urgentes y “la absoluta prioridad a la atención e internación de pacientes con Covid-19, mientras que a criterio médico, no se ponga en peligro inminente la salud de las y los pacientes, además de sostener la atención ambulatoria y las acciones de prevención”, según detalla el Boletín Oficial.

Esta obligatoriedad está indicada para las clínicas y sanatorios, tanto públicos como privados “cuya ocupación de camas de cuidados intensivos alcance el 70% de ocupación sostenido por un período mínimo de dos días”. Esta medida será obligatoria en cuanto hasta el momento que “disminuya el porcentual indicado y se mantenga debajo del 70%”.

Con respecto a los pacientes internados, se debe realizar el relevamiento para verificar el ingreso y egreso de las camas. Es obligatorio “realizar el ingreso, seguimiento y egreso” como también “realizar traspasos o pase de camas” de manera rigurosa.

En las consideraciones de la resolución, el Ministerio tomó en cuenta que el “relevamiento” hecho por las autoridades sanitarias “ha evidenciado un diferencial de hasta un 24 % entre la ocupación de camas informadas en el mencionado sistema y las que efectivamente se hallan ocupadas o liberadas, lo que afecta seriamente toma de decisiones”.

El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, aclaró en sus redes sociales que la decisión del Gobierno no pretende ejercer el control sobre las clínicas privadas: “No hay dobles intenciones” y advirtió que “el sistema está muy tenso y todas las partes necesitamos tener la información integrada para poder optimizarlo”.

AB.

El director de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, afirmó este jueves que “la pendiente acelerada de aumentos de contagios de coronavirus” generó una ocupación de camas que “preocupa” a las autoridades.

“Este aumento de casos impactó fuerte en los hospitales, sobre todo en los del conurbano bonaerense”, planteó en declaraciones a radio El Destape Radio e indicó que “el impacto en la ocupación de camas es de enorme preocupación”.

El funcionario sostuvo que “la ocupación de camas de terapia en AMBA y de La Plata está entre el 67 y el 95%, según el lugar”, y remarcó que si bien durante el año pasado el sistema “fue reforzado y ampliado, triplicándose las camas de terapia”, no será posible “seguir extendiendo recursos si los casos siguen creciendo a este ritmo”.

Con todo, explicó que “los contagios de las últimas 48 horas aún no se reflejan en camas de terapia intensiva porque eso lleva unos días” y expuso que gran parte de la población con coronavirus “es joven y ocupa camas de cuidados mínimos o intermedios”.

Riera remarcó que la provincia aún dispone de estrategias que no debieron ser utilizadas en la primera ola, como la derivación a hospitales a más de 100 kilómetros en los distritos en los que se registren muchos casos de Covid-19.

“Hoy las derivaciones son de cercanía, en la órbita de los 50 kilómetros, pero nos preocupa que se van ocupando las camas y se nos completan grupos de hospitales por región”, dijo.

El funcionario graficó que, “en conurbano norte -San Martín, Vicente López, Escobar, Tigre y San Isidro- así como en el sur -Lanús, Avellaneda, Quilmes, La Matanza o Lomas de Zamora- hay una alta ocupación de camas de terapia intensiva” y añadió que, “en La Plata y alrededores, hubo un crecimiento muy grande de casos en estos días”.

Luego, contó que la campaña de vacunación funciona “a un buen ritmo”, detalló que ya se inoculó “a más del 50% de los mayores de 70 años que se inscribieron”, y adelantó que en las próximas tres semanas de restricciones “se avanzará fuerte” en la inmunización para “poder paliar la situación de los pacientes de riesgo”.

Reconoció posteriormente que “los trabajadores de salud están con mucho cansancio”, pero remarcó que tienen “compromiso” para abordar la situación.

Con información de agencias.

IG

Cuando faltan apenas días para que termine enero, ninguno de los 19 centros modulares sanitarios que el Gobierno anunció construir en los grandes centros turísticos a lo largo de la temporada de verano está todavía en funcionamiento. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR explicaron que el retraso se debe a la complejidad logística del plan y la necesidad de articular múltiples niveles de Gobierno, pero aseguraron que comenzarán a activarse a partir de febrero y quedarán luego como infraestructura permanente para las localidades. 

El anuncio de la construcción de las 19 unidades, que estarán repartidas en 11 provincias y demandarán una inversión superior a los $2.700 millones, fue hecho a fines de octubre por el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, y su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a cargo de la ejecución. “Las mismas se irán instalando durante la temporada y en acuerdo previo para priorizar las fechas de mayor movimiento de turistas en cada ciudad”, anunciaron entonces. 

Sin embargo, con enero aproximándose a su fin, cuando ya se movilizaron por el país alrededor de 7 millones de turistas, ninguna unidad está activa. “Algunas están ya próximas a inaugurarse y otras todavía están en proceso de armado. Nosotros queríamos que estuvieran antes, sabíamos que era una apuesta de mucho riesgo y no era fácil, pero estimamos tenerlas por lo menos para la primera quincena de febrero”, dijo a elDiarioAR el ministro Matías Lammens, que considera que esas dos primeras semanas de febrero también serán “fuertes” en términos de movimiento turístico, sobre todo porque en algunos distritos se confirmó el inicio de las clases para el 17 de febrero. 

“Para enero no llegamos. Los primeros días de febrero van a estar algunas y luego van a ir sumándose otras a lo largo del mes”, confirmaron a este medio fuentes del Ministerio de Obras Públicas. “Cuando lo anunciamos, siempre hablamos de que se pondrían en funcionamiento durante la temporada y no en una fecha puntual. Además son construcciones que van a quedar de manera definitiva, no son hospitales de campaña, sino que tienen respiradores, equipamiento, ambulancia”, argumentaron. También se espera que funcionen como centros de vacunación.

Una vez finalizadas, estas unidades se sumarán a los 12 hospitales modulares que la cartera que conduce Katopodis ya construyó en ocho localidades del Área Metropolitana de Buenos Aires y en Córdoba, Mar del Plata, Granadero Baigorria y Resistencia. Con esos hospitales, que demandaron una inversión cercana a los $1.900 millones y estuvieron listos en mayo, se sumaron 840 camas al sistema público de salud: 262 de terapia intensiva y 578 de internación general. 

Los 19 centros modulares sanitarios tienen menor complejidad y por eso no son definidos como “hospitales”. No tienen camas de terapia intensiva aunque sí un área de internación y están pensados para brindar una atención primaria y de emergencia a pacientes que presenten síntomas de Covid-19, con la posibilidad de hacer un traslado rápido a centros de mayor complejidad en caso de que fuere necesario. 

“A diferencia de los hospitales modulares, que estaban bastante concentrados en el conurbano, esto tiene un tema de logística más complejo porque las 19 unidades están repartidas de Jujuy a Tierra del Fuego y de este a oeste”, explicaron cerca de Katopodis. 

Los gobiernos provinciales y municipales estuvieron a cargo de la construcción de las plateas sobre las que se montan los módulos y, en algunos casos, hubo problemas que retrasaron las obras, como instalaciones desniveladas o dispuestas en una dirección equivocada. El Estado nacional se hace cargo de los módulos y el equipamiento médico y, una vez que es entregada la llave, cada provincia es la encargada de dotarlo de los profesionales de la salud y administrativos necesarios. 

La construcción y montaje de las unidades está a cargo de tres empresas, que participaron de una licitación hecha a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y fiscalizada por las organizaciones Cippec y Poder Ciudadano. Las empresas son Ecosan S.A, 4 Commerce S.R.L y Andariega Soluciones Habitacionales S.A. 

Según fuentes oficiales, las dos empresas que más han avanzado hasta el momento son Ecosan S.A y 4 commerce S.R.L. Así, de acuerdo a las adjudicaciones, las más retrasadas son las unidades a cargo de Andariega: Puerto Iguazú, Cafayate, Quebrada de Humahuaca y Ushuaia. 

Las tres empresas trabajan con un método propio. Algunas llevan los módulos a la plataforma y los montan desde el inicio en el lugar y otros avanzan con el armado en sus propias instalaciones y comienzan con el emplazamiento cuando ya tienen alrededor 70% de la estructura. Ese sería el caso del hospital de Río Negro, una provincia con una situación sanitaria crítica, donde los módulos llegaron recién el martes pasado. “No es que no se estaba trabajando”, argumentan en el Gobierno. 

Sobre el retraso, en las oficinas de Katopodis aseguraron que “no es fácil articular tres ministerios [por Obras Públicas, Turismo y Salud] y a su vez con las provincias y los municipios. Tampoco tomar la decisión política y luego llevarla a cabo, en el medio de una situación inédita y fluctuante”.

Destacaron que la cartera también hizo, recién iniciada la pandemia, una revisión de todas las obras sanitarias en curso y definió como prioridad sumar camas de terapia intensiva e internación lo que terminó por duplicar, en algunas localidades, el stock disponible. Además, se trabaja en la construcción de 31 hospitales en cárceles de los servicios penitenciarios bonaerenses y federales y en 11 centros sanitarios de frontera en distintas provincias.

DT

Los números hablan: en virtud de los recursos que absorbe, medidos tanto como porcentaje del gasto estatal global como en función del PBI, el sistema sanitario argentino logra resultados por debajo de su potencial. Problemas endémicos que arrastran décadas, falta de controles y una fragmentación socioeconómica que multiplica ineficiencias hacen que parte de los fondos se licuen en duplicaciones, cruces y cortocircuitos. Así, coexisten sectores de la población con acceso a una amplia gama de estudios complejos y hotelería cinco estrellas en caso de internación —lo que no necesariamente es sinónimo de eficiencia ni de calidad—, con otros que sólo cuentan con el sistema público de acceso gratuito y prácticamente libre, pero que con frecuencia expone carencias y obstáculos en la atención.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, esbozó esas falencias cuando durante un acto en La Plata antes de Navidad junto a Alberto Fernández, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, identificó como “el primer desafío por venir” la reforma del sistema de salud, al cabo de un año en el que la atención médica ocupó el centro de la escena. 

La crítica de la vicepresidenta reactivó el espectro de una disputa que subyace en la relación del cristinismo con el peronismo en sus diferente vertientes. Uno de los pilares del sistema de salud argentino, las obras sociales sindicales, son un sinónimo del movimiento creado por Juan Domingo Perón. No por nada el 12 de enero, luego de una reunión de la cúpula de la CGT, el metalúrgico Antonio Caló, de relación cambiante con el kirchnerismo, intentó marcarle el terreno a la vicepresidenta. “Yo estoy de acuerdo con el Presidente, las opiniones son distintas. El que manda, el que tiene el bastón de mando es el Presidente y yo lo avalo; la señora vicepresidenta, por la que tengo el mayor de los respetos, tendrá que hacer la función legislativa”, señaló el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica, de cercana relación con los hermanos Olmos, empresarios prestadores de salud y dueños del grupo de medios Crónica.

“La Argentina tiene uno de los gastos en salud per cápita más altos de la región y en términos del PBI destina alrededor del 9,5%, lo que es muy alto incluso para los estándares europeos. El problema de la salud argentino no es, en primera instancia, un problema de dinero”, dijo a elDiarioAR Daniel Maceira, director del área de Salud de la Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar) e investigador del Conicet y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES). 

Según el informe Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020, elaborado conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, el gasto total en salud en los países de Latinoamérica y el Caribe es de 6,6% del PIB, inferior al 8,8% del promedio de los países de la OCDE. La Argentina se ubica por encima de ambos promedios, con un gasto sobre el PBI del 9,2%, sólo por detrás de Cuba (11,7%), Uruguay (9,3%) y Brasil (9,2%) e inmediatamente por encima de Chile (8,9%). El cómputo global no distingue entre erogaciones estatales (casi la totalidad en Cuba) y privadas (preponderantes en Chile).

Por otro lado, la Argentina tienen un gasto total en salud per cápita de US$1.907 y está quinta en el ranking de los países de Latinoamérica y el Caribe, sólo superado por Cuba (que destina US$2.484 descontada la disparidad cambiaria), Trinidad y Tobago (US$2.206), Chile (US$2.182) y Uruguay (US$2.102). El promedio de la región es de US$1.026, mientras que en los países de la OCDE escala a US$3.994. Por otro lado, el país también supera los estándares de médicos y camas de hospital por habitante de la región e incluso de los países desarrollados. 

El gasto en función del PBI indica que la Argentina debería estar a la cabeza de América Latina en cuanto a parámetros sanitarios, pero no siempre es así. Más allá de las disparidades estadísticas y la multiplicidad de factores, una comparación básica sobre la expectativa de vida brinda una pauta del déficit sanitario local. Hacia 2014, los argentinos vivían en promedio hasta los 75,9 años, algo por debajo de los colombianos (76,3), más de un año menos que los uruguayos (77,2), 2,6 años por debajo de los cubanos (78,5) y 3,6 años menos que los chilenos (79,5). El resto de América Latina se ubicaba por debajo y el promedio mundial era 71,4, según el registro de la organización Our World in Data, liderada por investigadores asociados a la Universidad de Oxford.

Tres subsistemas

La complejidad del sistema de salud argentino es que está compuesto por tres subsistemas de cobertura, que a su vez cuentan con fuentes diversas de financiamiento y cuya interacción no está exenta de cortocircuitos. En casos extremos como una pandemia, la falta de una integración para maximizar los recursos disponibles queda especialmente expuesta. Por un lado está el subsistema público, que se financia a través de recursos de los Estados nacional, provinciales y municipales. Por otro, las obras sociales, que son alrededor de 300 y se sostienen con aportes y contribuciones salariales y, en tercer lugar, el subsistema privado, que se nutre de los gastos de bolsillo de las familias. 

Según las últimas estimaciones oficiales disponibles, publicadas en noviembre de 2019 por el Ministerio de Salud, del gasto total que se hace en salud en el país, la gran mayoría va al sistema de la seguridad social, que incluye a la multitudinaria PAMI y atrapa el 41,8% de los recursos. Atrás viene el sistema privado, que mueve el 29,5% de ese gasto y en tercer lugar el sistema público, que explica el 28,7%.

A la fragmentación general, que se traduce en los hechos en una segregación socioeconómica administrada por el mercado, se suma la división interna de cada subsistema. La salud pública, por ejemplo, se encuentra en gran parte descentralizada en las 24 provincias, que son las encargadas —según detalló Maceira— de generar y administrar $8 de cada $10 utilizados por el régimen netamente estatal, contra los $2 que aporta Nación. 

A diferencia de lo que sucede con la educación, que también está descentralizada, no existe una ley marco que organice y defina la responsabilidad de cada actor y los sistemas de salud provinciales terminan por replicar las desigualdades de los territorios en que se ofrecen, generando brechas en el gasto por persona entre provincias ricas y provincias pobres. 

El Ministerio de Salud calcula que 15,3 millones de personas (34,8% del total) no tienen cobertura de obra social o privada y se atienden exclusivamente en el sistema público. Sin embargo, se estima que el 30% de las prestaciones que proveen los servicios públicos son recibidas por personas que tienen algún tipo de cobertura de seguros de salud. 

Se estima que el 30% de las prestaciones que proveen los servicios públicos son recibidas por personas que tienen algún tipo de cobertura de seguros de salud

De esta manera el sistema público “subsidia”, por ejemplo, a obras sociales que ofrecen una cobertura insuficiente o incluso a usuarios de prepagas que se encuentran fuera de su área de cobertura o que por algún motivo recurren al sistema público. “Vienen personas con OSDE 310 a hacerse el hisopado para viajar a Dubai”, ejemplificó una médica del Hospital Rivadavia. Si bien existen mecanismos para recuperar esos servicios prestados, son muy ineficientes y los valores reintegrados rondan el 15% o 20% de lo que se gasta, según fuentes del sector. 

Ese mismo subsistema estatal es el que brinda una atención interdisciplinaria en casos graves y complejos que derivan las obras sociales o “abandonan” las prepagas, acusadas en ocasiones de volcar más atención a la hotelería que a los servicios médicos. En el medio, puede ocurrir que un paciente de bajos recursos con una dolencia regular padezca meses o años de dificultades y desaliento para obtener una atención eficiente en un hospital público.

Otra modalidad de “subsidio cruzado” es la que llegó junto con el fenómeno de “descreme” de las obras sociales iniciado en la década de 1990, cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Ello se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia, opción limitada para los trabajadores de sueldos más bajos, porque el porcentaje sobre su salario los obligaría a abonar un extra mucho mayor. Según el diputado de extracción sindical Facundo Moyano, quien presentó un proyecto para intentar limitar los recursos transferidos de un sector al otro, los trabajadores de sueldos altos van a las prepagas y en las obras sociales les quedan los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.

También se desperdician recursos en los casos de personas con doble cobertura. “Cada vez que se concreta cualquiera de estas tres situaciones se está disolviendo la responsabilidad por la salud del ciudadano y se afecta el desempeño al interior de cada subsistema”, sintetizó Sofía Olaviaga, exdirectora de Articulación de Coberturas Públicas Jurisdiccionales en el Ministerio de Salud de la Nación y actual coordinadora de Salud en la Fundación para el Desarrollo Argentino (Fundar). 

El universo de las obras sociales —que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población— también tiene sus propias desinteligencias internas. Son 300 pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y las brechas de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1. “Algunas tienen 10.000 afiliados y no pueden afrontar ni un tratamiento de conducto”, señaló una fuente del sector.  Ocurre que la virtual comercialización de los pases entre obras sociales hace que los trabajadores de gremios con menores ingresos se queden agrupados en entidades que reciben aportes bajos. 

Para equilibrar los desajustes existe un Fondo Solidario de Redistribución (FSR) al que va el 15% de los aportes que todas recaudan. Ese fondo fue el eje de un largo conflicto con OSDE, que aunque nació como una obra social de empleados jerárquicos, se desentendió durante décadas de ese fondo. El Estado demandó a OSDE y a otras obras sociales por los aportes no hechos desde la década de 1990 y, tras 20 años de juicio, finalmente en septiembre de 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, se acordó deponer las acciones judiciales a cambio de que la prepaga le pagara al Estado $8.000 millones en 120 cuotas.

Es muy posible que una reforma sanitaria apunte a reorganizar el sistema de obras sociales, lo que toca una fibra sensible, fuente de permanente tensión entre los sindicatos y el Gobierno y pone en juego una caja de alrededor de $800.000 millones anuales, según fuentes sindicales. 

En la CGT no consideran que “en lo que concierne al sistema de obras sociales hubiera que hacer modificaciones de fondo”

En diálogo con elDiarioAR, Jorge Sola, secretario gremial del Sindicato del Seguro y vocero de la CGT,  dijo que no considera que “en lo que concierne al sistema de obras sociales hubiera que hacer modificaciones de fondo”. “Creemos que todas las deficiencias que pudiera tener encuentran soluciones dentro del mismo sistema, de la misma ley, de la misma estructura. Y para cada problema tenemos una solución que ya hemos expresado con todos los gobiernos desde hace casi 15 años”, apuntó.   

La gran mayoría de las obras sociales no tienen instalaciones propias de atención y contratan clínicas, centros de diagnóstico y otras instituciones privadas, que en la Argentina representan alrededor del 60% de las prestaciones de salud. “Cuando pensamos en el subsistema privado no es sólo Claudio Belocopitt [presidente de Swiss Medical Group y de la Unión Argentina de Entidades de Salud, y socio del grupo de medios América] presentando la mirada de las prepagas; son también clínicas y sanatorios de las provincias”, apuntó Maceira. 

“Vienen personas con OSDE 310 a hacerse el hisopado para viajar a Dubai”

Médica del Hospital Rivadavia de la Capital Federal

Dentro de este universo hay algunos jugadores emblemáticos que avanzaron en un modelo de integración vertical, como Olmos, los dueños de Crónica TV, los diarios Crónica y Buenos Aires Económico y otros medios, que a través de Grupo Basa administra 18 sanatorios, 10 policonsultorios, 9 centros de atención y tratamiento, tiene una prepaga y también laboratorio, droguería y lavandería, según consta en su web oficial. O la propia firma de Belocopitt, que además de una prepaga multitudinaria tiene 8 clínicas propias y 13 centros de atención en todo el país. 

Los intentos de reforma vienen desde Aldo Neri en el gobierno de Alfonsín y fracasan porque hay muchos poderes en juego, con mucho poder de veto

Según datos del Ministerio de Salud, el total de afiliados de empresas de medicina prepaga es de alrededor de 6 millones (13,6% del total de la población), incluyendo a aquellas personas que realizaron la derivación y complementación de sus aportes. Si bien existen alrededor de 700 prepagas y mutuales, la gran mayoría de los clientes están concentrados en unas pocas, fundamentalmente en OSDE, Swiss Medical Group, Galeno, Omint y Medicus.  

“La reforma implicaría algún mecanismo de coordinación más eficiente entre los tres subsistemas. Sin embargo, los intentos de reforma vienen desde Aldo Neri en el gobierno de Alfonsín y fracasan porque hay muchos poderes en juego, con mucho poder de veto”, opinó Olaviaga. “Es algo que necesita mucho tiempo de discusión y no se puede sacar en dos meses, más allá de que dudo que encuentres alguien que diga que el sistema así como está, funciona perfecto”.

Por otro lado, la especialista señaló que entre “el cuco de la estatización” o la generación de “un sistema único de salud” y la situación actual existe un margen amplísimo de reformas posibles que contribuirían a hacer al sistema más eficiente. Por ejemplo, mejorar el sistema de repago, generar algún mecanismo de compra conjunta de medicamentos importados para abaratar costos o establecer un fondo nacional para cubrir las enfermedades de alto costo. 

DT