El tema de la semana es la acusación de que la Argentina es un país racista debido a la supuesta “campaña anti-Argentina”. Da escalofríos usar el término “campaña anti-Argentina”, porque la última vez que lo escuchamos fue por parte de la dictadura para defender al país frente a las denuncias sobre lo que efectivamente estaba ocurriendo en su interior durante el Mundial de 1978.

Claro que este escenario está muy lejos de aquel. La debilidad de origen del dedo acusatorio: países que no sólo propagaron el racismo durante siglos, sino que todavía hoy conviven con formas de racismo estructural mucho más profundas que las nuestras, aplicadas incluso en sus políticas diarias.

Sin embargo, si hay una consecuencia positiva de todo esto es que, durante estos días se le dio lugar en los principales medios a muchas personas de identidad marrón o afrodescendiente que militan contra el racismo todos los días. Contaron el racismo que viven cotidianamente, describieron las singularidades del racismo criollo –que no puede ni debe medirse con las categorías del norte– al mismo tiempo que afirmaron que la Argentina no es más o tan racista como sostiene parte de la discusión internacional. Que, paradójicamente, el fútbol en Argentina es de los pocos lugares donde los “negros” sí tienen chances. Pero también trajeron la pregunta: ¿cuántas veces aparecen personas de tez marrón hablando y opinando de cualquiera de los otros temas que tratan esos medios?

Trabajando y viajando por América Latina escuchamos muchas veces la idea de que “todos los latinoamericanos odian a los argentinos”. Pero casi siempre esa explicación aparecía asociada a una idea: que somos arrogantes. Y esa percepción de arrogancia tiene un origen también en una subvaloración propia. Un inglés o un francés, cuando viaja por el mundo, no anda explicando todo el tiempo qué es lo bueno de su país. No necesita hacerlo. Da por sentado que en su país la calidad de vida es mejor que donde visita, ya está implícito en cualquier conversación que entabla. Los argentinos, en cambio, vivimos escuchando —incluso de boca de nuestro propio presidente— que la Argentina es un “país de mierda”. Entonces, cuando viajamos y descubrimos que muchas de las cosas que funcionan en nuestro país son valoradas afuera, sentimos la necesidad de decirlo. De reivindicarlas. Y muchas veces esa reivindicación termina siendo leída como arrogancia.

Claro está que las acusaciones que hoy recibe la Argentina no terminan ahí. También tienen que ver con intereses más profundos, con un mundo atravesado por guerras, con posiciones internacionales vergonzosas por parte del gobierno argentino y, según algunos, también con el enorme peso que adquirieron las casas de apuestas durante este Mundial.

Pero más que preguntarnos quién tiene razón, nos interesa preguntarnos para qué podemos usar esta discusión. Ninguno de los escenarios debería dejarnos en un lugar cómodo o defensivo. Deberíamos construir un futuro mejor para esta agenda. No alcanza con reivindicar aquello que la Argentina hizo bien por ejemplo, la politica de Memoria, Verdad y Justica, las Madres y las Abuelas, la legalizacion del aborto. También hace falta trabajar sobre aquello que todavía está mal.

Si reivindicamos que en la Argentina la gente se mezcló, deberíamos trabajar por sostener los espacios donde esa mezcla ocurrió. ¿Dónde creen que tienen más chances de mezclarse la gente? ¿En la escuela pública o en la privada? ¿En la plaza o en el country? ¿En el tren o en el auto? ¿En el shopping o en un club de barrio? Porque las sociedades no se mezclan por casualidad. Se mezclan cuando existen comunidades, instituciones y espacios compartidos que hacen posible ese encuentro. ¿Qué está pasando hoy con esas políticas públicas?

Si cuando nos critican, respondemos desde nuestro enorme y verdadero sentido de comunidad, desde todo lo comunitario que se activa en el suelo argentino… en qué acciones concretas podemos conducir ese sentido hoy, contra los discursos de odio -que no vienen sólo de afuera- y como un proyecto político contra la soledad colectiva.

Y esa discusión también alcanza a nuestra política migratoria. Nuestra Constitución Nacional dice ya en su preámbulo que nuestro país es de quienes quieren vivir acá. En distintos momentos de su historia, la Argentina impulsó políticas e instituciones que facilitaron la integración de personas de distintos orígenes. Millones de personas se convirtieron también en argentinos.

Hoy esa tradición también está siendo cuestionada. El gobierno ya manifestó su intención de modificar aspectos centrales de la política migratoria y, al mismo tiempo, le habla a un sector de la sociedad que quisiera abandonar ese modelo. Si creemos que esa experiencia histórica tiene algo valioso para enseñarnos, entonces esa discusión también forma parte de pensar el país que queremos construir.

También deberíamos trabajar sobre aquello que sigue estando mal. Porque quizás sintamos que no vivimos en un país tan racista como otros, pero escuchamos todos los días comentarios de personas lamentándose porque en el médico los atendió un “hermano latinoamericano” y no un médico argentino; de quienes describen un lugar diciendo que era “una sopa de negros”; de quienes idealizan la inmigración de fines del siglo XIX como si hubiera venido con más ganas de trabajar que quienes migran hoy (sin ningún dato que sostenga esa afirmación). Pero, sobre todo, el discurso racista y clasista que más escuchamos diariamente es el de nuestro propio presidente, Javier Milei. El mismo que eliminó el instituto nacional contra la discriminación.

Entonces, ¿cómo no hablar de la existencia de racismo en un país que tuvo un proyecto político como el peronismo que acertadamente decidió hablarles directamente a los “cabecitas negras”, a esos que las clases altas despreciaban? ¿Cómo no recuperar/actualizar esa categoría si el peronismo quiere volver a pensar herramientas para transformar la sociedad? La nueva política, la que quiera disputarle el sentido común a Milei, no debería esquivar esta discusión. Debería incorporarla. Y también hacer algo todavía más importante: lograr que todas esas personas que aparecieron por primera vez en los medios esta semana puedan estar ahí todos los días.

El fútbol siempre es político. ¿Cómo no van a ocupar estos temas el centro de un espectáculo que mira el mundo entero? Si el fútbol moviliza recursos, emociones y audiencias como ninguna otra experiencia global, sería un desperdicio que no pudiera también abrir discusiones sobre la guerra, el racismo, la soberanía o el tipo de sociedad que queremos construir. Porque, al final, la discusión nunca fue solamente sobre un canto, una polémica o un Mundial. Fue sobre la Argentina. Y ojalá podamos aprovecharla no sólo para defender quiénes fuimos, sino para discutir, entre todos, quiénes queremos ser.

Las autoras son integrantes de Futuros Mejores y de La Cocina de los Cuidados

“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”. El diputado libertario bonaerense Agustín Romo no hizo más generar atractivo mediático en medio de la supuesta ola de críticas a estudiantes extranjeros que se burlaron de la Selección argentina en redes sociales tras la derrota en la final del Mundial 2026. Pero su proyecto de ley para arancelar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades estatales de la provincia a los extranjeros no está oficializada en la Legislatura y se basa en datos falsos o erróneos.

La iniciativa, que Romo mostró en sus redes, lleva la firma de 18 de los 20 diputados libertarios y del jefe del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, y consiguió un retuit de Patricia Bullrich. Sin embargo, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados bonaerense el último proyecto de ley cargado a nombre de Romo data del 13 de julio y se refiere a una reforma del Estatuto del Docente.

El texto, según la copia que el legislador colgó en su cuenta de X, establece dos regímenes separados. El Título I dispone que los extranjeros sin residencia permanente deberán costear las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales mediante seguro de salud, un tercero obligado o pago directo, aunque garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida; el cobro se tramitará recién después de estabilizar al paciente. Quedan exceptuadas las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles, por razones de salud pública. Los fondos recaudados irán al Fondo Provincial de Salud, administrado por el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). El Título II, por su parte, obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar una retribución para los estudios de grado de extranjeros sin residencia permanente, dejando en manos de cada institución los montos y las modalidades de cobro.

Para convertirse en ley, el proyecto debería primero ingresar formalmente al circuito parlamentario y luego sortear el pase por comisión y el recinto. Pero los libertarios bonaerenses no cuentan con mayoría propia y necesitarían el acompañamiento de otros bloques. “No hay chance que pase de ninguna manera porque no tienen número”, aseguró a elDiarioAR una fuente que conoce el día a día en la Legislatura provincial. Además, tanto la comisión de Salud como la de Educación están presididas por diputados de Unión por la Patria, quienes son los que manejan la lapicera y los tiempos.

Los datos engañosos sobre universitarios extranjeros

Romo justificó la iniciativa con una serie de posteos en los que afirmó que “el 51% de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros” y que en la UBA la proporción llega al 39%. “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros”, declaró el legislador, en un planteo que vinculó explícitamente el proyecto con el enojo viralizado tras el Mundial.

Esas cifras, no obstante, ya habían sido desmentidas. En mayo pasado, durante la marcha federal universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había usado casi los mismos números –40% en la UBA y 51% en la UNLP– para cuestionar el financiamiento universitario, y el sitio Chequeado los contrastó con los datos oficiales de ambas casas de estudio: la Facultad de Medicina de la UBA reportó 13.403 estudiantes extranjeros en 2024, el 28% de su matrícula, y la de Ciencias Médicas de la UNLP registró un 23% en el mismo período. Romo repitió, dos meses después y en un contexto distinto, una estadística que la propia gestión de la que forma parte ya había difundido de manera inexacta.

A esa inconsistencia se suma otra que surge de la letra del propio proyecto: la UBA y la UNLP son universidades nacionales, financiadas por la Nación y no por la provincia. El Título II del texto de Romo, en cambio, solo alcanza a las “universidades provinciales de gestión estatal”, una categoría distinta y mucho más acotada –compuesta por instituciones como la Universidad Provincial de Ezeiza o la Universidad Provincial del Sudoeste– que no incluye a ninguna de las dos casas de estudio que el legislador citó para fundamentar la medida. Es decir, los ejemplos que motivaron públicamente el proyecto no serían alcanzados por la ley que ese mismo proyecto busca crear.

El impacto presupuestario de la medida, además, aparece como marginal si se lo mide contra el conjunto del sistema. Según el último informe oficial de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,1% de la matrícula de pregrado y grado en universidades públicas de todo el país, una proporción menor a la que los inmigrantes tienen en la población total (entre el 5% y el 6%, según estimaciones citadas por especialistas en migraciones).

Un repaso por el informe de autoevaluación institucional que la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) presentó ante la CONEAU en 2025 refuerza esa desproporción en la única categoría de universidad que el proyecto de Romo efectivamente alcanza. El documento, de 415 páginas, dedica un capítulo completo a analizar la “procedencia estudiantil” de sus 7.510 alumnos regulares (dato de 2024, frente a los 2.947 de 2018), pero esa procedencia se mide exclusivamente por distrito bonaerense de origen –Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, San Vicente, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Cañuelas–, sin que la nacionalidad o el país de origen figuren como variable en ningún tramo del análisis.

Las únicas menciones a “extranjeros” en todo el informe remiten a convenios de cooperación con universidades de otros países, a un requisito administrativo para “aspirantes extranjeros” en el reglamento de ingreso, a estudiantes de intercambio virtual sin cuantificar recibidos a través de un programa del Consejo Interuniversitario Nacional, y a los asistentes extranjeros de un congreso académico sobre Smart Cities. En ningún pasaje la UPE reporta una cifra de estudiantes de grado extranjeros matriculados, lo que sugiere que, en la universidad provincial que el propio texto legislativo regula, el fenómeno que motiva el proyecto no alcanza siquiera la escala necesaria para ser un dato relevante en su propia autoevaluación institucional.

Menos del 1% de extrajeros en los hospitales

En salud, el propio ministro de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, informó en 2024 que en la provincia “solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”, la jurisdicción exacta que el proyecto de Romo busca regular.

“El proyecto de ley presentado por el legislador Agustín Romo se alinea con una corriente de intolerancia global para vulnerar, una vez más, el derecho esencial de acceso a la salud”, apuntó a elDiarioAR Pablo Maciel, secretario general de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), quien precisó al igual que Kreplak que la población de extranjeros que se atienden en el sistema sanitario público no llega al 1%. “Sin sustento empírico y con premisas falsas, se sostiene que arancelar la atención a extranjeros no residentes resolvería el déficit del sistema público. No obstante, esta población representa menos del 1% de las prestaciones totales, por lo que su impacto presupuestario es insignificante. El verdadero propósito de estas iniciativas es moldear la opinión pública y debilitar el precepto constitucional que garantiza el acceso a la salud a toda persona que habite el territorio argentino”.

La población de extranjeros en el sistema público representa menos del 1% de las prestaciones totales, por lo que su impacto presupuestario es insignificante

Pablo Maciel — Médico Clínico. Secretario General de FESINTRAS

El antecedente inmediato de la iniciativa de Romo son las leyes de Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que desde 2024 cobran la atención médica a extranjeros no residentes, casi siempre invocando la presión migratoria de zonas de frontera. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y ANDHES cuestionaron esos regímenes por considerarlos contrarios a la Ley de Migraciones, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, tratados con jerarquía constitucional en la Argentina.

El caso bonaerense presenta, sin embargo, una diferencia de fondo. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy son provincias de frontera y pudieron justificar el cobro invocando la saturación de sus hospitales por el tránsito de personas que cruzan desde países vecinos para atenderse; Buenos Aires no tiene esa frontera ni ese argumento disponible.

Maciel agrega un argumento más contra la reforma libertaria, justamente poniendo en foco en el impacto del ajuste de Javier Milei: “Esta propuesta de arancelamiento está precedida por un vaciamiento de la salud pública: un severo ajuste a provincias y municipios, el recorte en el PAMI, la desregulación en los precios de los medicamentos y el desmantelamiento de programas nacionales de discapacidad, salud mental y provisión de fármacos”.

Por eso, el cuestionamiento legal que los especialistas y organizaciones le hicieron a las leyes provinciales —por considerarlas contrarias a la Ley de Migraciones y a tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional— podría aplicarse con más fuerza todavía al proyecto de Romo, que tampoco podría respaldarse en una razón de saturación fronteriza. La discusión de fondo remite al artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros el goce de los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos dentro del territorio nacional.

Pese a los datos en contra, Romo lanzó varios tuits buscando defender su proyecto. Uno de esos mensajes en X dice: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.

MC

Lamine Yamal es hijo de marroquí y ecuatoguineana y la estrella de la selección española que este martes juega uno de los partidos más importantes de su historia. Su rival, Francia. Su estrella es Kylian Mbappé, hijo de camerunés. Junto a él juega Ousmanne Dembélé, hijo de maliense y de francesa de origen mauritano. Son los principales jugadores de un equipo que, según el expresidente español Mariano Rajoy, juega “sin franceses”, pese a que 23 de sus 26 componentes nacieron en Francia.

A esas palabras respondió en las últimas horas Lamine Yamal en la previa del partido. “Vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial, no creo que haya espacio para hablar de eso”, aseguró el jugador del FC Barcelona, tratando de rebajar la importancia de las palabras de Rajoy. “El fútbol si sirve para algo es para integrar la sociedad y no hay mejor que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración”, ha asegurado. “El fútbol, al final, es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona”, remarcó.

Yamal se suma así al rechazo de una manera u otra que ya expresaron otros compañeros de la selección. El futbolista Borja Iglesias fue preguntado en DAZN por esta polémica y aseguró que le sorprende “que a estas alturas estemos con estas cosas”. “Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos. Entiendo que Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene”, aseguró. “Me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que no lo dijo con mala intención, pero tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso”, añadió.

El central Pau Cubarsí aseguró en RAC 1 que “al final, si juegan con la selección francesa es porque son franceses”. “Es igual el color de piel que tengan, todos somos personas y todos merecemos respeto”, enfatizó.

Las palabras de Rajoy en una columna en El Debate abrió una polémica con el país vecino. Varios ministros franceses han expresado su malestar con el expresidente español. El más rotundo fue el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien aseguro que “es una estupidez, racismo, o una mezcla de ambas”.

El Rastreador

El fútbol es un deporte, pero un Mundial es siempre un acto político. Seguro que el ex presidente del Gobierno español Mariano Rajoy lo sabe, porque la afirmación forma parte del acervo cultural planetario y porque, aunque no esté ya en primera línea, es un político profesional. Sobran ejemplos mundialistas funestos, de aquel campeonato orquestado en 1978 por la dictadura genocida de Rafael Videla al de 2026 en el que Donald Trump intenta hacer valer sus privilegios de dueño de la pelota.

La idea de que las rivalidades del balompié son capaces de alterar hasta al más tranquilo y predecible de los registradores de la propiedad con columna en un diario resulta difícil de sostener. Quizá sea más probable que el fervor de las camisetas deje salir esos pensamientos 'polémicos' y 'sin mala intención', según el Partido Popular (PP), que normalmente se reservan para una sobremesa larga o se enmascaran en un chiste.

Rajoy dice que la selección francesa dispone de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses” porque –se entiende– considera que los jugadores de piel negra no lo son. Otra política profesional, la senadora de Paraguay Celeste Amarilla, fue incluso menos sutil: tras la eliminación de su selección llamó a Mbappé “camerunés colonizado” que “finge ser francés”, a partir de lo cual soltó una retahíla de frases racistas que Francia estudia denunciar.

Mientras tanto, otra de las selecciones en semifinales está siendo acusada en redes sociales de racismo, y no por los cánticos de un grupo de aficionados que en el Mundial de Qatar ya adelantaban la tesis de Rajoy, sino por no tener jugadores negros en su plantilla. La polémica también empezó en 2022, cuando la historiadora estadounidense Erika Denise Edwards, publicó una columna en el Washington Post titulada: ¿Por qué Argentina no tiene más jugadores negros en el Mundial?. En ella argumentaba que la falta de representación afrodescendiente tenía que ver con una historia de “borrado” y blanqueamiento institucional de la población negra en el país.

A medida que el equipo de Scaloni fue avanzando en este torneo, la tesis de Edwards se replicó en infinidad de reels y videos de Instagram, sobre todo de usuarios de Estados Unidos. Y dio lugar a más y más contenido albiceleste para desmentirlos.

Los argentinos hablan de las características étnicas de la población –en el último censo, de 2022, unas 300.000 personas de 45,9 millones se identificaron como afrodescendientes–, el mestizaje y las oleadas migratorias del siglo XX, las figuras negras históricas en la lucha por la independencia, o las decisiones políticas históricas sobre las personas esclavizadas. Por ejemplo, se reivindican la libertad de vientres de 1813 (que determinó que los hijos de mujeres esclavas nacían libres) y la abolición de la esclavitud en la Constitución de 1853 (12 años antes que en Estados Unidos y más de 70 antes que en la España de ultramar).

Pero más allá de los argumentos y la siempre necesaria revisión antirracista, el hecho de que el debate en las dos orillas de este Mundial vaya del color de piel de los jugadores pone en evidencia un triunfo de la ultraderecha: el regreso a un debate biologicista de la identidad.

“Las palabras de Rajoy son el ejemplo perfecto de cómo se ha abierto la ventana de Overton”, reflexiona la politóloga Anna López Ortega, autora del libro La extrema derecha en Europa. “Que un perfil del PP moderado, cuya principal característica era ser elusivo para no meterse en líos, haya escrito una frase que ha podido poner a España en una crisis institucional es el mayor ejemplo de cómo el discurso racista de las extremas derechas ha calado en las derechas conservadoras”, analiza.

Aunque Rajoy parezca estar muy lejos de los neonazis de Núcleo Nacional, que sugiera que Mbappé o Dembélé no son franceses lleva implícito el discurso supremacista que desplegó el pasado fin de semana su líder, Iván Rico Olivares, en la conferencia de prensa en la que explicaba su salto a la política, en el que defendía que la nacionalidad “no es un papel o un trozo de plástico”. Esto es, que no tiene que ver con las leyes que nos hemos dado sino con un origen étnico, con un pantone epidérmico.

La normalización de conceptos como la remigración (eufemismo para hablar de deportaciones masivas), la teoría del reemplazo de la población local por la migrante (sobre todo africana o del Magreb) o la prioridad nacional (que firmaron en sus pactos de gobierno Vox y PP) nos devolvieron a todos a un debate impensado hace una década: no ya el de los nacionalismos que agitan el color de sus camisetas en el estadio, sino el de quienes agitan el odio por el color de quienes las llevan en el campo.

La Embajada de Francia en Argentina repudió de forma tajante las declaraciones de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien se había referido al seleccionado de fútbol galo como un “equipo africano flojo de modales” tras el cruce de ese combinado contra Paraguay por el Mundial 2026, un episodio que escaló rápidamente en un potencial conflicto diplomático entre ambas naciones.

En las últimas horas, el embajador Romain Nadal compartió en su cuenta de la red social X un mensaje institucional de rechazo a la discriminación, el cual estuvo acompañado por una captura del tuit que había publicado días atrás la funcionaria provincial para fundamentar el malestar de la delegación europea.

Las autoridades de la sede diplomática fijaron una postura severa frente a las descalificaciones vertidas en el entorno digital y abogaron por preservar los valores del respeto mutuo en las competencias internacionales.

En su descargo público, el diplomático Romain Nadal aseveró: “El orgullo por nuestros colores nunca puede convertirse en una excusa para discriminar. Toda forma de racismo, antisemitismo o discriminación por origen, religión o condición merece el mismo y absoluto rechazo”.

Asimismo, el funcionario del país europeo trazó un paralelismo con las conductas locales y concluyó: “Como argentinos alentamos con pasión a nuestra Selección, campeona del mundo y ejemplo de talento, humildad, integración y respeto. Competir sí. Discriminar, nunca. El deporte debe unir, no dividir”.

La publicación oficial incluyó una imagen del texto de Casado junto a una leyenda aclaratoria donde se detallaron los motivos técnicos del repudio generalizado, especificando que “negar la nacionalidad de los jugadores franceses por su color de piel o su origen familiar es discriminación”.

El posteo original de la dirigente que acompaña al gobernador radical Alfredo Cornejo se había producido luego de que Francia derrotara 1 a 0 a Paraguay, oportunidad en la cual la funcionaria acusó a los futbolistas de ser “flojos de modales” por no saludar a los rivales y le apuntó directamente a la figura de Kylian Mbappé, manifestando de forma abierta: “No lo aguanto”.

El delantero francés había quedado en el centro de las críticas tras salir a festejar el triunfo sin responder al apretón de manos ofrecido por el arquero paraguayo Orlando Gill.

Por su parte, la número dos del Ejecutivo mendocino ensayó una defensa de sus expresiones y minimizó el impacto de sus palabras al encuadrarlas dentro de las costumbres habituales de las hinchadas. “Es parte del folclore futbolero. No tiene que ver con racismo”, se justificó la dirigente provincial.

La funcionaria provincial desestimó las acusaciones de xenofobia y agregó: “Si hay algo que deben aprender de la Argentina el resto de los países es que fuimos los primeros en abolir la esclavitud y eso permitió el mestizaje de razas, culturas y religiones. Debemos ser el país menos racista del mundo”.

Finalmente, Casado aclaró que no recibió ninguna denuncia formal en su contra por el hecho y concluyó de manera tajante que “racistas son los que consideran que ser africano es malo”.

Santiago Caputo: “Que piedra se volvió ser negro”

Además de Casado, el assor de Javier Milei, Santiago Caputo, que aunque no ocupa un cargo formal en el Gobierno, es considerado el principal estratega de Gobierno libertario y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.

El Mundial 2026 reveló el perfil racista del oficialismo. Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, y Hebe Casado, vicegobernadora de la Mendoza que gobierna el filo libertario Alfredo Cornejo, publicaron mensajes discriminatorios en redes sociales tras el cruce entre Francia y Paraguay del sábado pasado.

El primer episodio se produjo el sábado, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del torneo. Casado, segunda del gobernador radical, saludó primero a la selección sudamericana con un “muy bien Paraguay” para luego cuestionar al capitán francés, autor del gol de penal que definió el encuentro: “El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, escribió la funcionaria.

Casado no borró el mensaje ni pidió disculpas: ante los cuestionamientos, respondió a un usuario que la trató de “bruta” con otra frase que profundizó su mirada: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La vicegobernadora, médica de profesión y que se define en sus redes como “liberal antes que estuviera de moda”, saltó del PRO a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. No es la primera vez que sus declaraciones generan revuelo: en abril de 2025 calificó de “hobbies” a carreras universitarias en medio del recorte presupuestario a las universidades, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, había deseado que el entonces presidente contagiara coronavirus a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El segundo mensaje llegó este domingo, de la mano de Santiago Caputo. El asesor, que no ocupa un cargo formal en el Gobierno pero es considerado el principal estratega de Milei y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.

En la ciudad sudafricana de Durban, la tensión se palpaba en el ambiente. Los comercios habían bajado las persianas y el silencio, poco común en la calle, era generalizado. Varios miles de manifestantes ataviados con trajes zulúes marcharon por la localidad costera. Blandiendo palos y porras, gritaban “Abahambe!” (“¡Que se vayan!”, en isizulu, la lengua más hablada del país), una frase que se convirtió en el grito de guerra de las protestas contra la inmigración.

Sudáfrica contuvo la respiración este martes mientras se desarrollaban nuevas protestas masivas en todo el país, tras una campaña de varias semanas contra los extranjeros que dejó al menos cuatro muertos y decenas de miles de personas huyendo en busca de seguridad.

Los grupos activistas que están detrás de las protestas pusieron un plazo arbitrario a las personas sin papeles hasta el 30 de junio para abandonar el país, y muchos temen que el ultimátum degenere en violencia.

“Ahora no tengo plan, solo volver a casa”

En los días previos a la fecha límite, miles de personas huyeron de sus hogares presas del miedo y durmieron a la intemperie en las aceras, en campos abiertos y en campamentos improvisados, con la esperanza de ser repatriadas a sus países de origen. Varios gobiernos africanos alquilaron micros o aviones para traer de vuelta a sus ciudadanos y hasta la fecha más de 25.000 personas fueron repatriadas, según la policía

En la ciudad de Pietermaritzburg, a 80 kilómetros de Durban, donde un ciudadano de Malaui de 29 años fue asesinado por una multitud tras una protesta el 19 de junio, cientos de familias acamparon durante días frente a un edificio abandonado.

Sobre un jardín cubierto de maleza, una cola serpenteaba en vísperas de las protestas del día 30. Madres y niños agotados se sentaban alrededor de hogueras, mientras la gente subía sus pertenencias, apretujadas en bolsas, a los autobuses que se dirigían a la frontera norte de Sudáfrica. Las autoridades se apuraban para deportar al mayor número posible de gente.

Jackson Makungwa estaba en una de esas colas con dos maletas pequeñas: todo lo que podía llevarse tras 10 años construyendo una vida en Sudáfrica. Este hombre de 29 años, originario de Malaui, pensaba que Sudáfrica era un “país de esperanza”, pero llevaba dos años sin poder renovar el permiso de trabajo, según explicó. “No es que quiera estar en el país de forma ilegal, pero el sistema no me permite estar legalmente”, lamentaba, entre suspiros.

Makungwa se resistió durante semanas a las crecientes súplicas de su madre para que se marchara. Acabó cediendo después de que siete hombres agrediesen a un amigo de Malaui. “Dijeron que la fecha límite es el día 30, así que me atacarán si me quedo”, explicó. Mostró una foto de su hijo en el teléfono, fruto de su relación con una madre sudafricana. No consiguió a tiempo los documentos de viaje para el bebé. “Me veo obligado a dejarlo atrás. Hoy cumple dos meses”, relató.

La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración

Philile Ntuli — Comisión Sudafricana de Derechos Humanos

Un poco más adelante, en un campamento improvisado montado por familias procedentes de Zimbabue, a Lydia Mpingashato acababan de comunicarle que la despidieron de su trabajo de limpiadora. Los niños corrían mientras las mujeres cocinaban en fuegos al aire libre. Muchos —incluidas personas con papeles— afirmaban que los propietarios los habían desahuciado por temor a represalias por alquilar a migrantes.

Mpingashato esperaba un taxi compartido en el barrio donde llevaba 17 años viviendo cuando un hombre la amenazó. “Me dijo que me quemaría la casa y mataría a mi familia”, contó. “Ahora no tengo plan; solo volver a casa para estar a salvo”, detalló. Su hijo, de 17 años, también se vio obligado a huir de lo que para él ha sido el único hogar que ha conocido, y dejar atrás a muchos amigos sudafricanos. “Cuando vio el campamento, me dijo: 'En realidad, nunca nos quisieron”.

“Pasaremos a la acción”

Muchos sudafricanos culpan a los migrantes de otras partes del continente de la elevada tasa de paro y los altos niveles de delincuencia del país. “La xenofobia y la afrofobia… surgen donde se cruzan la inseguridad económica, el alto desempleo, la desigualdad, un gobierno débil y la mala gestión de la migración”, afirma Philile Ntuli, de la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos.

El país, que acoge a unos 2,4 millones de extranjeros (con y sin papeles) según los datos del censo de 2022, tiene un largo historial de violencia contra las personas migrantes. Los disturbios xenófobos de 2008 se cobraron 62 vidas y provocaron el desplazamiento de más de 150.000 personas. Otra ola de ataques en 2015 dejó al menos cinco muertos.

En respuesta a las últimas tensiones, el Gobierno trató de calmar la ira intensificando su campaña contra la inmigración indocumentada. La policía afirma que detuvo a más de 50.000 migrantes sin papeles desde enero. El lunes por la noche, el presidente Cyril Ramaphosa se reunió con algunos de los líderes de las protestas y advirtió a los sudafricanos de que no deben tomarse la justicia por su mano.

A medida que comenzaban las marchas por todo el país, se observaba un fuerte despliegue de seguridad en previsión de los posibles disturbios. En Durban, los helicópteros sobrevolaban la zona mientras la policía y los guardias de seguridad privados vigilaban desde vehículos blindados. Los organizadores instaron a los manifestantes a mantener la calma y evitar los saqueos, pero algunos participantes lanzaron amenazas apenas veladas sobre lo que ocurriría tras la “fecha límite”.

A medida que la multitud pasaba junto a bloques de pisos en ruinas, algunos manifestantes señalaban a las familias que observaban desde las ventanas, gritándoles que abandonaran el país y haciendo gestos de degüello. “Puedo oler a los extranjeros”, dijo un hombre que llevaba un escudo.

“Fuimos amables. Mañana no lo seremos. Pasaremos a la acción”, afirmó Nkosi Ndlovu, un pastor de 48 años que acusa a los migrantes de vender drogas a los jóvenes locales, incluida su cuñada.

En las afueras de la marcha, Mfundo Zulu, de 40 años, dice que los migrantes quitan el trabajo a los sudafricanos al aceptar salarios más bajos. “Esos son nuestros hijos, nuestra juventud está muerta”, aseguraba, señalando a un campamento de personas sin hogar. Dado que miles de personas habían huido del país en las últimas semanas, asegura que de repente hay muchos trabajos disponibles. “Ahora la vida será mejor”, añadía su amiga. “No los odiamos, pero se han quedado más tiempo del permitido”.

“Vivimos como si ya estuviéramos muertos”

Mukandjwa Shomri, del Southern Africa Refugee Organisations Forum (Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional), cree que el Gobierno de Sudáfrica “no está haciendo lo suficiente” para exigir responsabilidades a los perpetradores de la violencia xenófoba. “Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles”, explica. “Nos atacan en las calles, en la comunidad y en la administración pública”.

“La esperanza que muchos teníamos como refugiados cuando llegamos al país —que Sudáfrica defiende los derechos humanos, un país reconocido internacionalmente como un Estado democrático— ya no existe”, afirma.

Cuando intentas presentar una denuncia ante la policía, lo primero que te piden son los papeles

Mukandjwa Shomri — Foro de Organizaciones de Refugiados del África Meridional

Hablando por teléfono desde un refugio, Leon dice temer lo que pudiera pasar tras el 30 de junio. Este solicitante de asilo de la República Democrática del Congo, que lleva en Sudáfrica desde 2014, se vio obligado a pasar a la clandestinidad después de que atacaran su tienda el 19 de junio. Pide que solo se le identifique por el nombre de pila.

“Hasta la policía nos dice abiertamente que están hartos de nosotros, que debemos abandonar el país”, afirma con voz temblorosa. El acoso ya era algo habitual desde hacía años, “pero ahora tienen la oportunidad de hacerlo abiertamente”, añade. “A partir del 30 de junio, la situación será aún peor”, se teme.

Algunos días, Leon se arrepiente de haber buscado refugio en Sudáfrica, un país en el que pensaba que encontraría paz. “Vivimos como si ya estuviéramos muertos”, compara, y advierte: “Nos lo esperamos todo”.

Un turista argentino de 63 años fue detenido en el estado brasileño de Minas Gerais, acusado de filmar y fotografiar a un niño de 7 años en un tren, al que calificó de “esclavo” en una conversación vía WhatsApp.

Eduardo Ignacio Murias viajaba en una formación del tren María Fumaca en Teradentes, en la localidad de María Das Verdentes, donde habría utilizado su celular para tomas imágenes del menor y enviarlas a través de la aplicación de mensajería, según informó el diario O Globo.

El niño se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el tren en São João del-Rei, a fin de festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

De acuerdo al testimonio de la mujer, le costó entender al turista por su acento, al tiempo que el señalado desbloqueó el celular y exhibió el material en la charla que entabló con otra persona.

“Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí”; “Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas”; “Es negrito, pero muy lindito, gorda”; y “Lo puedo llevar de esclavo”, son algunas de frases racistas que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las redes sociales.

El hombre permanece retenido en la Comisaría Tercera Regional de São João del-Rei, donde espera el futuro de su situación judicial.

Se trata del tercer caso de un argentino acusado de racismo en el país vecino, donde la abogada Agostina Páez estuvo tres meses allí por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos y la Justicia la imputó por injuria racial.

Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La UEFA confirmó que Gianluca Prestianni tendrá una sanción de seis partidos “por una posible conducta discriminatoria” tras el cruce ante Vinicius por Champions League en el partido correspondiente entre el Benfica y el Real Madrid.

El ente regulador de las competencias en Europa sacó un comunicado donde multa al jugador argentino por dicha acción: “La UEFA ha decidido Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)”.

“La suspensión por tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión”, menciona el comunicado, por lo que, de los seis partidos impuestos, tres quedarán bajo un periodo probatorio de dos años a partir de la fecha de la resolución; por lo que solo se harán efectivos si el futbolista reincide, de acuerdo al organismo europeo. Este periodo incluye el partido de suspensión provisional ya cumplido el 25 de febrero en la eliminatoria de la Champions League 2025/26 entre el Benfica y el Real Madrid.

La sanción trascendió las fronteras europeas, ya que la UEFA solicitó formalmente a la FIFA que la inhabilitación se extienda a nivel global. Por lo que de ratificarse este pedido por parte de la entidad madre del fútbol mundial, Prestianni estará inhabilitado también para encuentros con la Selección argentina.

Los insultos racistas ensuciaron el partido de ida de la eliminatoria de Champions League entre Benfica y Real Madrid, que se marchó del Estadio da Luz con una mínima ventaja en el global (0-1) gracias a un golazo de Vinícius. El encuentro cambió a partir del minuto 49, cuando el delantero brasileño se dirigió al árbitro François Letexier y denunció insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni, lo que derivó en la activación del protocolo de la UEFA contra el racismo. 

El organismo analiza ya todo lo ocurrido en Lisboa. Este miércoles ha anunciado en un comunicado que se ha iniciado una investigación al respecto. “Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA”, señaló UEFA.

Además del presunto incidente racista, la UEFA investigará también el recurrente lanzamiento de objetos desde la grada y la expulsión del técnico luso, que no podrá sentarse en el partido de vuelta que se disputa el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

Un protocolo y diez minutos de partido detenido

Todo pasó en pocos minutos. Era el minuto 51 y 26 segundos y el delantero se dirigió corriendo al colegiado para advertirle de la índole de los supuestos insultos racistas del futbolista del Benfica, que utilizó la camiseta para taparse la boca, sin dejar una imagen clara de lo que pasó sobre el terreno de juego. 

“Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono. Cada uno da su opinión pero nosotros damos la información y todos tenemos que ir en la misma dirección. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”, denunció ante los medios Kylian Mbappé, cerca de Vinícius en el momento del suceso.

Y el delantero francés ahondó en sus críticas: “Solo hay que ver su cara, que fue listo porque se escondió tras la camiseta para esconder sus labios pero la cara no miente. Este tipo de humano no es compañero de profesión. Este tipo de cosas no las dejamos pasar. Este jugador es joven, no puede tener la libertad de decir este tipo de cosas en un campo de fútbol”.

Mbappé instó a la UEFA a actuar contra el futbolista del Benfica. “Es un gran problema y veremos qué va a pasar”, repitió en varias ocasiones a preguntas de los periodistas. El uruguayo Fede Valverde también puso en duda “que una cámara no haya visto eso”.

Por su parte, Vinicius cargó contra el protocolo de la UEFA en un comunicado publicado en sus redes sociales tras la ida de la eliminatoria entre Benfica y Real Madrid: “Un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”. 

También condenó el incidente Álvaro Arbeloa: “Será complicado erradicar el racismo del mundo del fútbol, si los futbolistas no ponen remedio. Vinicius está tranquilo y es el jugador del Benfica el que tiene que decir algo”. Por su parte, el club blanco no se ha expresado explícitamente sobre el asunto y no ha confirmado si elevará una queja ante la UEFA. 

Prestianni niega insultos racistas

Prestianni, en el centro de la polémica, niega la denuncia de Vinicius. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, aseguró el jugador argentino en un breve comunicado en su cuenta oficial de Instagram.

Por su parte, José Mourinho explicó que había recibido versiones opuestas de los dos futbolistas sobre el terreno de juego y que él debe “ser equilibrado”, para después reprochar la celebración del gol del brasileño en el córner. “¿Por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como lo hacía Di Estefano, Pelé, Eusébio...? ¿Por qué lo celebras así? Es la única cosa que no me entra”, apuntó. 

El Benfica también arropó a su futbolista, colgando un vídeo en su cuenta de X (antes Twitter) con el siguiente mensaje: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”.

Un juzgado de Melilla, situada en el norte de África, investiga el incidente ocurrido el pasado 31 de enero en una cafetería de la ciudad autónoma española cuando un grupo de agentes de la Policía Nacional, de servicio y vestidos de uniforme, profirieron insultos racistas a un padre de familia que estaba acompañado de su mujer y sus dos hijos. El incidente corrió como la pólvora por Melilla, entre otras circunstancias por la identidad de la víctima del presunto delito de odio, un guardia civil muy conocido en la ciudad y campeón nacional del arte marcial Jiu Jitsu.

El pasado 31 de enero era sábado y Nabib desayunaba con su familia en una mesa del bar Zafiro, en el barrio del Real. Eran alrededor de las 10:30 cuando se dirigió hacia la barra para pagar y un grupo de policías nacionales, de la Unidad de Intervención Policial, hicieron comentarios sobre él que escuchó la mujer de Nabib. Según la denuncia interpuesta en la Comandancia de Melilla por el propio agente, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los policías lo llamaron “chimpancé” y “mono”. Uno de ellos habría dicho: “A ese enano lo tomo y lo parto en tres”. 

Los comentarios, proferidos en voz alta, causaron revuelo en el bar. La mujer de Nabib se levantó para informar a su marido de lo sucedido y recriminar a los policías su actitud. Nabib declaró en la Comandancia que solicitó “expresamente” a los policías nacionales que se identificaran, pero estos se negaron a ofrecerle su número de carnet profesional. “Cambiaron de tema en varias ocasiones, sin atender de manera clara ni directa a lo requerido”, recoge la denuncia, presentada esa misma tarde en dependencias del instituto armado. 

A continuación, el grupo de policías se dividió. Cuatro de ellos se retiraron al vehículo que tenían estacionado fuera y dos continuaron hablando con Nabib. “Preguntado para que diga cómo le hicieron sentir los hechos descritos”, recoge el acta, el guardia civil respondió: “Humillado y deshumanizado, especialmente por haberse producido los comentarios delante de sus hijos menores y en un establecimiento que frecuenta habitualmente la familia”. Los compañeros de la Guardia Civil, en atención a la posible comisión de un delito de odio, preguntaron a Nabib si considera que los hechos atentaron contra su “dignidad personal por razón de su origen o rasgos físicos”, a lo que la víctima contestó afirmativamente. 

Tras la toma de declaración de la víctima y diligencias, la Guardia Civil presentó un atestado de 76 folios al Juzgado número 5 de Melilla. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aseguran que su titular va a incoar una causa por un delito contra las libertades. La Guardia Civil ha localizado a cuatro testigos del incidente que serán llamados a declarar al juzgado. 

Los agentes del Servicio de Información del instituto armado también han obtenido un vídeo, grabado por un testigo con su teléfono móvil, en el que se aprecia a Nabib interactuando con dos de los policías nacionales y que serviría, al menos, para identificar a estos agentes. A ese vídeo pertenecen las capturas que ilustran esta información.

La Dirección General de la Policía asegura haber abierto una información reservada que queda detenida a la espera de una resolución judicial, según marca la normativa del Cuerpo. 

Los hechos provocaron la reacción casi inmediata de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, quien desde su cuenta de Twitter condenó los hechos y advirtió de que se habían “activado todos los mecanismos de investigación para depurar responsabilidades”. “Ante el racismo y el insulto, tolerancia cero”, escribió la representante del Ejecutivo central en la ciudad.

La cafetería Zafiro es conocida por la calidad de sus desayunos. Es frecuentada por muchos policías, guardias civiles, locales y miembros de las Fuerzas Armadas, colectivo con una importante presencia en la ciudad autónoma. Un agente comenta que la convivencia entre cuerpos es pacífica y cordial y que no se recuerda un incidente como el que sufrió Nabib. 

A 10 minutos caminando de la cafetería Zafiro se encuentra el paso fronterizo con Marruecos y los agentes de la UIP pudieran estar disfrutando de su descanso, destacados allí para dar apoyo a sus compañeros. Está por esclarecer si se trataba de agentes llegados a Melilla para prestar servicio de forma puntual y no conocían a Nabib o si el comentario de uno de ellos “lo cojo y lo parto en tres” responde a que sabían quién era y sus habilidades deportivas.

La Justicia brasileña ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años que fue imputada por realizar gestos racistas, según confirmó el defensor Sebastián Robles a la Agencia Noticias Argentinas.

La joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, había sido trasladada a una comisaría en la ciudad de Río de Janeiro tras ser notificada de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, esa medida fue revocada y Páez volverá a tener arresto domiciliario en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

La imputación contra Páez surgió después de que un video de ella en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se viralizara el pasado 14 de enero. En el material, se la veía imitando a un mono y realizando gestos ofensivos hacia los empleados del local, lo que desató la denuncia por racismo. Por eso se inició una investigación penal en su contra.

En el marco del proceso judicial, las autoridades brasileñas ya habían dispuesto medidas cautelares como el secuestro de su pasaporte y la colocación de una tobillera electrónica. Sin embargo, el Ministerio Público consideró que estas disposiciones no eran suficientes para garantizar su presencia en el proceso, ya que no residía de forma estable en Brasil.

Si es hallada culpable de los cargos de insultos raciales, Páez podría enfrentar una pena de entre 2 y 5 años de prisión, conforme a la legislación brasileña en materia de delitos raciales.

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare”, añadió.

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente, su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.

Con información de la agencia NA

Aquel 3 de enero de 2019 fue un día histórico en la Cámara de Representantes de EE.UU. Ese día arrancó la cámara más diversa y con más mujeres hasta el momento. Entre ellas, entraban congresistas como Ilhan Omar, pero también como Rashida Tlaib, la primera congresista de origen palestino, y musulmana como Omar, o Alexandria Ocasio-Cortez, quien es ahora uno de los principales referentes progresistas de los Estados Unidos.

Las tres se han convertido con el paso del tiempo en tres voces propias en el Congreso de ese país y en la política estadounidense. Por un lado, pertenecen al lado más progresista del partido demócrata, por otro, reciben continuamente insultos del presidente de EEUU. Y el caso más extremo es de Ilhan Omar (1982, Mogadiscio, Somalia), la persona más insultada y odiada por Donald Trump

Omar tenía 12 años cuando llegó a EE.UU. Salió de Somalia en 1991, cuando estalló la guerra civil y tenía 8 años, en busca de una vida mejor. “Pasamos cuatro años en un campo de refugiados en Kenia hasta que nos concedieron el asilo”, explicó cuando asumió el cargo: “Saber que ahora voy a servir en el Gobierno de Estados Unidos, la primera persona estadounidense y somalí en conseguirlo, es un claro mensaje de optimismo para los niños de todo el mundo. Niños que pueden estar en campos de refugiados, viviendo en orfanatos, en situaciones duras y devastadores... Con suerte esto les enseñará que su presente no determinará su futuro y que todavía tienen una oportunidad para tener un nuevo comienzo y nuevas oportunidades”.

Omar leyó su triunfo en las elecciones de noviembre de 2018 como “un rechazo a la forma de pensar de Donald Trump. Como persona que creció negra y musulmana tras el 11-S, estoy acostumbrada a que la gente reaccione mal ante mi presencia. Pero fue sorprendente ver a gente gastando tiempo y dinero intentando difundir odio contra mí y mi campaña. La respuesta del electorado en mi distrito, Minnesota, fue elegirme como su representante con el mayor margen jamás obtenido en este estado”.

“Esta es una maravillosa oportunidad para crear una narrativa sobre lo que significa ser musulmán en la sociedad estadounidense”, decía entonces.

Seis años después, con la segunda presidencia de Trump, la situación de las personas que han llegado de otros países buscando una vida mejor en EE.UU. pasa por sus peores momentos con la represión migratoria lanzada por el presidente. En particular, en el distrito de Omar: Minnesota y, en concreto, la ciudad de Minneapolis, donde este martes fue ataca la congresista de origen somalí.

Pero los insultos de Trump a Omar no son nuevos. Desde que accedió al cargo, el presidente de EE.UU. la ha acusó falsamente de apoyar a Al Qaeda y de casarse con su hermano para arreglarle los papeles. Desde entonces lleva pidiendo su expulsión del país mientras miles de sus seguidores corean en mítines “¡mándala de vuelta!” nada más mencionar su nombre.

Para Trump, Omar tiene todos los ingredientes de lo que más detesta una persona ultra: es mujer, es musulmana, demócrata, refugiada y lleva velo. Además, no se achica, responde al presidente y se encara ante él como se encaró este martes ante el hombre que la atacó.

Omar representa esos EE.UU. diversos con los que quiere acabar Trump, y por eso comentaristas y medios MAGA esparcen su odio y sus mentiras contra ella.

Desde que tomó posesión del cargo en enero de 2019, Omar ha recibido centenares de amenazas de muerte y al menos una persona ha sido detenida por anunciar que iba a “poner una bala en su cráneo”.

En este contexto, el hombre más poderoso del mundo, el presidente de EE.UU, sigue escalando en la violencia verbal contra Omar hasta el punto de pedir la cárcel para ella sin pruebas de que haya cometido delito alguno.

A partir de que alguno de los miembros de la comunidad somalí en Minnesota se han visto salpicados por acusaciones de fraude en programas asistenciales, Trump ha lanzado una cruzada contra la comunidad somalí en general, a la que ha acusado de ser “una basura”, y contra Omar en particular.

Así, recientemente publicó en Truth Social: “Hay 19 000 millones de dólares en el fraude de Minnesota Somalia. La falsa 'congresista' Ilhan Omar, una quejosa constante que odia a los Estados Unidos, lo sabe todo. Debería estar en la cárcel, o incluso recibir un castigo peor, ser enviada de vuelta a Somalia, considerado uno de los peores países del mundo. ¡Podría ayudar a hacer que Somalia vuelva a ser grande!”.

No hay ninguna prueba de ninguna implicación de Omar en ninguna acusación o investigación por delito alguno, pero el presidente de la señala hasta el punto de amenazarla con el camino a prisión.

Tampoco parece ser cierta la cifra de 19.000 millones que imputa Trump. Los propios fiscales señalan que se desconoce el alcance total del fraude de dinero federal dirigido a los programas gestionados por Minnesota. Según sus investigaciones preliminares, la mitad de los aproximadamente 18.000 millones de dólares de fondos federales que han financiado 14 programas gestionados por Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados, según declaró a mediados de diciembre el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Joe Thompson. Según el fiscal, se han detectado fraudes en programas relacionados con la nutrición infantil, los servicios de vivienda y el autismo, entre otros. Y un total de 82 de los 92 acusados hasta ahora, según la Fiscalía de Minnesota, son somalíes estadounidenses.

“Estoy seguro de que todo el mundo se pregunta cuánto de esos 18.000 millones de dólares fue fraude”, dijo Thompson, según recogía AP: “Esa es la pregunta de 18.000 millones de dólares”.

Ataque en Minneapolis

Y después de ataques diarios de Trump contra Omar, este martes se ha producido un ataque. Un hombre ha rociado una sustancia desconocida sobre Omar: los hechos han ocurrido este martes por la tarde durante un acto público en el que la congresista demócrata de origen somalí participaba en Minneapolis, donde las tensiones por la aplicación de las leyes federales de inmigración han llegado a un punto crítico después de que agentes federales hayan cometido dos asesinatos en lo que va de año, el último este sábado contra un enfermero de cuidados intensivos y padre de tres hijos.

Justo antes del ataque, Omar había pedido la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, o su destitución.

Las imágenes muestran cómo un hombre usa una jeringa para rociar un líquido desconocido sobre Omar. El hombre fue arrestado y conducido a la cárcel del condado por agresión en tercer grado, según informa AP. Omar se revolvió ante el atacante y continuó con el acto público después de que su equipo de seguridad sacara al hombre, afirmando que no se dejaría intimidar.

Tras el acto, Omar publicó en X: “Estoy bien. Soy una superviviente, así que este pequeño agitador no me va a intimidar ni a impedir que haga mi trabajo. No dejo que los acosadores ganen. Agradecida a mis increíbles electores que me apoyaron. Minnesota es fuerte”.

Justo este martes, poco antes de la agresión, Trump criticó a Omar mientras hablaba durante un acto en Iowa, diciendo que su administración solo permitiría la entrada a inmigrantes que “puedan demostrar que aman a nuestro país”.

“Tienen que estar orgullosos, no como Ilhan Omar”, dijo, y añadió: “Ella viene de un país que es un desastre. Así que probablemente, se considera, creo, que ni siquiera es un país”.

Y, después, al ser preguntado por las imágenes del ataque, habló con desprecio de Omar a la ABC: “No. No pienso en ella. Creo que es una farsante. De verdad que no pienso en eso. Probablemente, ella misma se hizo rociar, conociéndola. No lo he visto. Espero no tener que verlo”.

Las amenazas contra los miembros del Congreso de EEUU han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto crítico en 2021 tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de ese año.

En junio pasado, la congresista demócrata Melissa Hortman, de 55 años, y su marido fueron asesinados en Minnesota (Estados Unidos) en un atentado por motivos políticos. El senador demócrata John Hoffman, de 60 años y también de Minnesota, y su mujer también recibieron múltiples disparos en otro ataque cometido a continuación por el mismo sospechoso, de los cuales sobrevivieron.

De una forma que potencia peligrosamente el autoritarismo de su gobierno, Donald Trump puso a la policía de Washington DC bajo control federal y desplegó a la guardia nacional en la ciudad, unas medidas con las que vuelve a incrementar el autoritarismo de su Gobierno. El presidente estadounidense dice que el crimen en la capital del país está “fuera de control”, por mucho que el número de delitos haya bajado notablemente (también los de la delincuencia violenta).

Está claro que este intento por acaparar poder no está basado en los hechos, sino que trata de distraer y controlar la percepción popular, además de volver a conectar y centrar a sus bases.

La toma de DC, al igual que todas las demás decisiones escandalosas de Trump en las últimas semanas, trata, antes de nada, de desviar la atención del caso Jeffrey Espstein. Ya demostró que hará todo lo que esté en su mano para apartar del debate político y público el caso cuando exigió recuperar el nombre del equipo de fútbol americano Washington Redskins [piel roja], cuando atacó al Wall Street Journal o cuando pidió investigar a Barack Obama.

Pero no se trata solo de esquivar el bulto, sino de volver a centrar la atención de sus bases con los temas que más les unen a su figura, principalmente el autoritarismo y el nativismo (que están claramente conectados, como siempre pasa con la extrema derecha). Hay un patrón claro en las ciudades que Trump vincula con el desorden y la violencia. Tanto Baltimore como Washington y Oakland son ciudades genéricamente negras de EEUU, mientras que Los Ángeles (latina) y Nueva York (el paradigma del crisol cultural) quedan a menudo apartadas de los relatos de derecha sobre la “verdadera América”.

Los racistas vinculan a los negros y la diversidad racial con el crimen, el peligro, el desorden —igual que ocurre con los conceptos “la ciudad” y los centros “urbanos”, ambos muy racializados en EEUU—. Este miedo y rechazo racista de la ciudad multirracial tiene una larga historia en el país, pero también para el propio Trump. Solo hace falta recordar su reacción al caso de “los cinco de Central Park”, un grupo multirracial de adolescentes a los que se acusó de violar a una mujer blanca en 1989 cuando hacía footing.

Antes de que se conociesen los hechos, Trump publicó una carta abierta en cuatro periódicos de la ciudad en la que decía que estaba fuera de control, pedía la ejecución de los chicos y exigía a los dirigentes políticos que recuperasen la pena de muerte y a la policía. Los ataques a las ciudades con poblaciones racialmente diversas también fueron una parte importante de su muy racista campaña electoral de 2024. Aseguró, por ejemplo, que Filadelfia estaba destrozada por las matanzas y comparó Detroit con un país en vías de desarrollo.

Esta aversión de Trump por las ciudades multirraciales se vio claramente reforzada por las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020, que los medios de comunicación de derechas denigraron. Solo el 22% de los republicanos apoya hoy el movimiento, respecto al 84% de los demócratas. Además, las ciudades multirraciales se inclinan muy acusadamente por los demócratas en las elecciones, lo que también levanta ampollas y es un motivo fundamental del intento autoritario de Trump por acaparar poder.

Al fijarse en ciudades como Washington o Los Ángeles, Trump no solo aprovecha los muy extendidos prejuicios racistas que vinculan a esas ciudades con el crimen y la violencia, sino que refuerza la creencia de que las ciudades “dirigidas por demócratas” están “fuera de control”. El mensaje a las bases es claro: el gobierno de los demócratas en las ciudades (negras) es “débil” y pone en peligro los “feudos” blancos. Y además, por supuesto, todo está ligado a la pretendida política de “apertura de fronteras” del expresidente Joe Biden.

Por último, el intento de asumir mayor poder forma parte de una estrategia para crear un estado extremadamente autoritario y personalista, en el que el monopolio de la violencia recaiga exclusivamente en manos de Trump. De aplicarse, el nuevo presupuesto transformará EEUU en un estado deportador, que orbitará alrededor del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia de control migratorio (ICE). Esta última opera, cada vez más, como una milicia personal del presidente, por encima tanto de la ley como de otros cuerpos de seguridad civiles y militares.

Es crucial que los cargos demócratas se tomen este intento de acaparar poder en serio, sin dejarse distraer del caso Epstein, y evitando que el público pierda el hilo. Mientras los tribunales sigan funcionando, aunque sea limitadamente, el Gobierno de Trump debe ser enfrentado judicialmente. Por mucho que haya habido contratiempos, el caso del abuso de poder de Trump en California sigue abierto. Los medios tienen la responsabilidad de informar al público de los hechos, también de verificar en directo las afirmaciones de Trump durante sus discursos.

Lo más importe es que los medios y los políticos dejen de tratar estos sucesos como “incidentes” y conecten la línea de puntos, tanto por ellos como por la población. Aunque aisladamente cada actuación no sea propiamente antidemocrática, todas ellas están conectadas y en conjunto representan un ataque claro y coherente a la democracia. Aunque las instituciones no han caído, cada vez representan menos los valores democráticos liberales sobre los que se erigieron.

En Jumilla, un municipio de poco más de 25.000 habitantes en el altiplano murciano, España, el Ayuntamiento —gobernado por el Partido Popular— aprobó recientemente una medida que prohíbe la celebración de festividades religiosas en espacios públicos. Aunque la norma afecta en teoría a todas las confesiones, su aplicación fue selectiva: las dos grandes festividades del calendario islámico, el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán, fueron vetadas en instalaciones municipales como el pabellón polideportivo. La decisión, inédita hasta la fecha en la Región de Murcia, fue interpretada por numerosos colectivos como un gesto de islamofobia institucional.

El contexto no es neutro. Jumilla ha sido escenario de una escalada de tensión en las últimas semanas, en paralelo a lo sucedido en Torre Pacheco, donde se han producido disturbios, agresiones y discursos de odio dirigidos contra la población musulmana tras la propagación de bulos racistas en redes sociales. La alarma ha llegado hasta la comunidad islámica en su conjunto, que denuncia una deriva peligrosa hacia la exclusión y el señalamiento político.

Para entender el alcance de esta situación, hablamos con Mounir Benjelloun, presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI). Benjelloun denuncia la falta de recursos, la ausencia de canales institucionales reales de representación y una islamofobia que -en sus palabras- ya no se disimula: “Estamos viviendo una persecución planificada”, asegura.

–¿Cómo están viviendo en la Comunidad Islámica los acontecimientos de las últimas semanas?

–Para nosotros es lamentable que se esté dando un cambio tan grande en la clase política y en la administración pública, y también en una parte de la sociedad, que se está inclinando a un discurso tan peligroso, ya no solo para los musulmanes, sino para todo el país, es un paso atrás en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa.

–¿Cree que esto se va a ir replicando en más municipios?

–Bueno, por algo se empieza. La ideología ultraderechista no tiene otro fin que arremeter contra toda cuestión que tenga que ver con el islam y con los musulmanes de este país. Han emprendido un camino que nos pone a todos en peligro. Lo que pasa en Jumilla y lo que ha pasado en Pacheco es lo que define a esta gente, solo quieren borrar del mapa español todo lo que tenga que ver con el islam y los musulmanes. Algo que, por cierto, es muy difícil, porque el legado musulmán español es extensísimo y está por todas partes. El islam ha estado aquí durante 850 años, Murcia es una ciudad con nombre árabe fundada en una época en la que la España musulmana era la única luz en una Europa apagada por la Edad Media. Todo el desarrollo científico, social y cultural que se produjo aquí es de herencia islámica. Creo que todo esto va a ir a más.

–¿Se ha acelerado la islamofobia en los últimos meses?

–Por eso digo que la cosa va a ir a más, porque se está empezando a normalizar el odio, y el problema es que no se está haciendo gran cosa para impedirlo. No vemos una intervención muy urgente por parte del Estado cuando hablamos de islamofobia o delitos de odio. No hay más que mirar lo que ha ocurrido en Torre Pacheco. Eso es simple y llanamente terrorismo, porque el terrorismo consiste en aterrorizar a las personas con fines políticos, y no se ha actuado como se debería. Todo esto atenta contra los principios de este gran país. A nivel de Fiscalía no vemos que haya nada que esté dispuesto a frenar esto.

–¿Qué margen deja la vía jurídica para que puedan defenderse? ¿Han previsto acciones legales para revertir la decisión?

–De momento, nada, porque no recibimos subvenciones ni un solo euro por parte de nadie, cosa que limita nuestro acceso a un derecho como es el asesoramiento jurídico, poner pleitos y hacer demandas. Todo eso cuesta mucho dinero, los abogados tienen que cobrar sus honorarios y no podemos afrontar, como comunidad, el ejercicio al derecho a la defensa. No disponemos de medios económicos como sí tienen otras confesiones religiosas. Por eso recurrimos al trabajo de abogados que se ofrecen a ayudar, pero no tenemos recursos para enfrentarnos a esto.

En ese sentido, la situación de los musulmanes en España es dramática. Todas las confesiones tienen derecho a recibir dinero de la casilla de la Renta para mantener sus infraestructuras, pero los musulmanes no tenemos; somos la fe más desfavorecida; sociológicamente también lo somos, y es que ahora, políticamente, también. Se está dando una persecución planificada y a veces nos sentimos muy desamparados.

La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–¿Cree que es necesario que los musulmanes en España tengan representación política?

En absoluto. Nosotros no queremos mezclar política y religión; cada ciudadano musulmán debe tener la ideología que mejor le parezca. Pero una representación, digamos más institucional, como la Conferencia Episcopal, que tiene su estructura, sus presupuestos, sus mecanismos… El teléfono al que me está llamando usted ahora lo pago yo todos los meses, es mi teléfono personal, y represento a más de quinientas comunidades islámicas en toda España. Es verdad que no queremos una representación política como tal, pero qué menos que haya un teléfono al que poder llamar.

¡Con las mezquitas pasa lo mismo! Muchas veces son espacios que cede algún vecino para que los demás las podamos usar. La fe musulmana en España se profesa gracias a los obreros que se levantan a las 6 de la mañana y vuelven a las 8 y pagan su cuota mensual para mantener el templo.

–Ante esta prohibición de Jumilla, y tratándose de fiestas tan, entre comillas, multitudinarias, ¿se hace imposible su celebración al no poder utilizar el espacio público?

–Fíjese la que se ha montado por solicitar utilizar un polideportivo dos veces al año durante cuarenta y cinco minutos. Estamos hablando de las dos fiestas más grandes del mundo musulmán, nadie podría imaginar que en un país de derechos democráticos como este puedan ocurrir este tipo de cosas.

–Y, en su opinión, ¿qué cree que distingue la aconfesionalidad de un país con la exclusión religiosa? ¿Dónde se dibuja la línea entre el laicismo y la discriminación?

–España tiene un modelo aconfesional muy bueno. Nosotros, cuando viajamos al extranjero, hacemos congresos y hablamos fuera de aquí, hablamos muy bien de este país porque goza de un sistema que garantiza la libertad religiosa de sus ciudadanos. Consideramos que esta forma de Estado es mejor que el laicismo porque sí que discrimina más a las personas con una confesión religiosa en general, pero este modelo era el que daba a credibilidad a España como país garante de las libertades y como un modelo de convivencia entre religiones que se lleva dando desde los tiempos de Al Andalus.

El problema creo que no está en el modelo, los padres de la Constitución supieron hacer muy bien este planteamiento, pero ahora, de repente, quieren cambiarlo. Y esto perjudica la imagen de España internacionalmente, ya hasta The Guardian ha publicado al respecto. No solo nos perjudica a los musulmanes, ¿eh? Esto nos perjudica a todos como sociedad.

–¿Desde el Ayuntamiento de Jumilla se han puesto en contacto con ustedes? ¿Existe alguna línea de diálogo? Porque ha sido el propio PP quien ha propuesto el veto, no Vox.

–Para nada. Absolutamente nadie se ha puesto en contacto con la comunidad de Jumilla ni con la comunidad islámica española. Para mí, Vox es como el PP pero un poco más radical, nada más. El nacimiento de Vox se veía venir desde la era de Aznar donde se ponía muy difícil la vida al ciudadano extranjero que venía a aportar a este país. El patriotismo es un concepto que quieren vender y que poco tiene que ver con el patriotismo de verdad, que es levantarse temprano para ir a trabajar y pagar impuestos y no causa problemas.

–¿Está fallando la pedagogía social con respecto al islam?

–Es por lo que le digo que este contexto es una cosa planificada. El objetivo de todo esto, no nos despistemos, es conseguir votos para la ultraderecha. Y si para ello tienen que criminalizar a una población entera, si tienen que generar odio, si tienen que mentir y hacer imposible la convivencia, si tienen que decir que esto es una “invasión”, lo van a hacer. Llevo treinta años viviendo aquí y nunca he sentido miedo, pero es la primera vez que me siento, que nos sentimos todos nosotros, perseguidos. Todo por un puñado de votos. A costa del miedo de los ciudadanos, a costa de la imagen de España en el mundo entero y a costa de defraudar a quienes propusieron en su día un modelo estable para España que garantizaban una serie de derechos que hoy quieren hacer desaparecer.

El primero fue un comercial de la actriz estadounidense Sydney Sweeney (Euphoria) para los jeans de American Eagle. Luego fue el que protagonizó Gavin Casalegno (The Vampire Diaries) para la marca de donas Dunkin'. Ambos desataron un intenso debate sobre raza, belleza e ideales de perfección genética y como cambiaron las estrategias de marketing con la llegada de Donald Trump al poder.

El anuncio de American Eagle titulado “Sydney Sweeney tiene buenos jeans... y los obtuvo de AE”, hace un juego de palabras con el término 'jeans' y 'genes'. En inglés ambos suenan casi idénticos y por eso fue interpretado por muchos usuarios como un concepto que refuerza la idea de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores.

En un tramo de la publicidad, Sweeney asegura: “Los genes se heredan de padres a hijos, y a menudo determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos... Mis jeans son azules”.

En Instagram, una usuaria escribió: “N A Z I”, mientras que otros celebraron que la campaña devolviera la “belleza” a la publicidad y lanzaron versiones irónicas del eslogan de Donald Trump 'Make America Great Again' ('Devolver a América su grandeza'), como 'Make Jeans Great Again (MJGA)'.

El principal punto de la controversia es que se resalta un discurso sobre los “buenos genes” y los ideales de belleza cuando la protagoista es blanca, rubia y de ojos azules.

En un video en Tik Tok, la doctora Sayantani DasGupta, especialista en Medicina Narrativa de la Universidad de Columbia, mostró como la campaña de American Eagle está “impregnada de mensajes eugenésicos” (una teoría que sostiene que las razas pueden “mejorarse”) y que esos pensamientos fueron los que provocaron la “esterilización forzada y la disminución de la reproducción en comunidades indeseables” en el sur de Estados Unidos. DasGupta remarcó que el anuncio de American Eagle “contribuye y refuerza este tipo de movimiento político antiinmigrante, anti-personas de color y pro-eugenésico”.

En medio del debate, también se sumó la Casa Blanca. El director de comunicaciones, Steven Cheung, arremetió contra las críticas tachando de “imbécil” el pensamiento liberal. “La cultura de la cancelación se ha descontrolado. Este pensamiento liberal retorcido, imbécil y estúpido es una de las principales razones por las que los estadounidenses votaron como lo hicieron en 2024. Están hartos de estas tonterías”, escribió en su cuenta de X.

Pero como si con los jeans/genes no fuera suficiente, poco después, la marca de donas y café Dunkin' lanzó un anuncio protagonizado por el actor Gavin Casalegno en el que se hace referencia directa a la “genética”, lo que intensificó el debate y llevó a algunos a señalar una narrativa subyacente de exclusión o idealización de ciertos cuerpos y etnias.

Casalengo aparece en un video de TikTok diciendo: “Mira, no pedí ser el rey del verano, simplemente sucedió... ¿Este bronceado? Genética”. El actor continúa diciendo que acaba de recibir sus “resultados de análisis de color”, una técnica que determina qué gamas cromáticas armonizan mejor con los rasgos físicos de una persona, para decir: Golden Summer.

El anuncio no fue bien recibido por el público, que lo comparó con la campaña de American Eagle y sugirió que ambas aludían a un regreso de ideas vinculadas al determinismo biológico y la eugenesia, una teoría y práctica pseudocientífica que propone “mejorar” la especie humana mediante el control de la reproducción y la promoción de ciertos rasgos genéticos, y que fue promovida por regímenes como el de la Alemania nazi.

“¿Qué pasa con todas estas marcas que hablan de genes y genética?”, reaccionó un usuario en TikTok, “¿Por qué estamos normalizando los anuncios sobre eugenesia?”, escribió otro.

Estas campañas publicitarias coinciden con un clima político marcado por las políticas de exclusión impulsadas por Donald Trump, especialmente hacia migrantes y comunidades racializadas, que han sido objeto de redadas y acciones represivas, en ocasiones motivadas únicamente por su perfil racial.

Con información de EFE

La irrupción de Vox en el espacio político en 2013 y su crecimiento en las urnas a partir de 2018, coincidiendo con el hundimiento del PP, impulsó un proceso de radicalización de las derechas que pese a haber compartido gobiernos autonómicos y municipales en todos estos años pugnan por el mismo electorado en cada cita con las urnas. Esa derechización hizo que los discursos y programas de PP y Vox fuesen asimilando postulados radicales y, entre otros asuntos, situaran en el centro de sus ataques a los inmigrantes, un colectivo al que responsabilizan sin pruebas de problemas que van desde el paro juvenil hasta la violencia machista u otros delitos como robos y okupaciones.

Las derechas han intentado inocular en la sociedad esa vinculación entre inmigración y delincuencia que ahora ha impulsado a grupos ultras a lanzarse a la “caza” de migrantes en Torre Pacheco (Murcia), provocando varias jornadas de violencia y disturbios de los que tanto Vox como PP evitan responsabilizar directamente al racismo o la xenofobia.

Pero incluso en las últimas jornadas, mientras las calles del municipio murciano padecían la violencia ultra y se llenaban de fuerzas de seguridad, las dos derechas han mantenido esos mismos mensajes que alientan las actitudes xenófobas. “No queremos gente así en nuestro país. Les vamos a deportar a todos. No va a quedar ni uno”, dijo el domingo José Ángel Antelo, el líder de Vox en la Región de Murcia. “A España se entra a trabajar. Aquí no se viene a delinquir, ni a violar, ni a asesinar ni a hacer ningún juego macabro contra nuestros ancianos, que es pegarles palizas, grabarlas en redes sociales para distribuirlas entre los magrebíes”, añadió, según informa La Verdad.

“Advertimos de lo que iba a pasar, que los españoles se iban a cansar de seguir pagando esa inmigración ilegal que, en muchos casos, es la misma que agrede a nuestros ancianos en las calles, la misma que agrede a los homosexuales y viola a nuestras hijas en las calles”, remarcó el mismo Antelo que exige al PP la retirada de las leyes de Igualdad o las que amparan los derechos de las personas LGTBI.

Desde su nacimiento hace ya 12 años, Vox lleva en su programa la vinculación entre migración y delincuencia que enciende la mecha de la xenofobia en las calles. Según reflexiona la extrema derecha en el texto con el que concurrió a las generales de 2023, la inmigración afecta a “las familias españolas que sufren la inseguridad y la degradación en sus barrios”. “España debe tomar inmediatamente las medidas necesarias para que nuestras ciudades no sigan el modelo de sociedades multiculturales que se ha demostrado fracasado en países como Bélgica, Francia o Reino Unido, y que ya están sufriendo demasiadas ciudades y pueblos españoles. La inmigración debe ser legal, controlada, adaptada a las necesidades de España y con capacidad y voluntad de adaptación”, apunta el programa de Vox.

En una línea muy similar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó este miércoles a utilizar datos falsos para relacionar migración y delincuencia. En un acto en El Escorial dijo que “España es donde más inmigración irregular ha entrado en 2023, 2024 y veremos 2025”, aunque, según la ONU, en 2023 entraron en Italia más de 157.000 inmigrantes irregulares, mientras en España, algo menos de 57.000; en 2024, Italia recibió casi 67.000 inmigrantes, por 63.970 en España, y en los primeros seis meses de 2025 se han contabilizado 32.820 entradas en Italia, por menos de 19.000 en España. Este año, Grecia también supera a España. “La inmigración no da carta blanca para cometer delitos”, añadió, además de recurrir al reciente discurso de Vox que intenta asimilar a migrantes plenamente legales, irregulares e incluso a los niños ya nacidos en España. “Tenemos más de seis millones de migrantes censados, más los irregulares más los hijos de migrantes”, dijo Feijóo.

El martes el líder del PP pidió a los migrantes que lleguen a España “respeto e integración”. El PP envió un vídeo enlatado de su máximo jefe en el que volvía a vincular delincuencia e inmigración. “Quienes hayan cruzado nuestras fronteras para quebrantar la ley no nos representan, quienes la incumplen habiendo nacido aquí, tampoco”, dijo en la misma línea de Vox. Relacionar criminalidad y migrantes es una constante en el discurso del principal partido de la oposición desde que Pablo Casado tomó las riendas del partido, en 2018, y que ha mantenido Feijóo desde su llegada a la presidencia de los populares, en 2022, pese a presentarse inicialmente como adalid de la moderación.

“La única manera de garantizar seguridad es con políticas migratorias razonables”, aseguró el portavoz del partido, Borja Sémper, en rueda de prensa, el lunes. “El que viene a nuestro país a delinquir no tiene hueco”, añadió. El propio Alberto Núñez Feijóo ciñe lo ocurrido en Torre Pacheco a un problema de “seguridad” y no de xenofobia o racismo. “No hay convivencia sin seguridad. Seguridad para caminar tranquilos, tranquilas, por las calles de España”, afirma él.

Feijóo: “¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?”

El pasado día 6, tras ser refrendado como presidente por su partido en el XXI Congreso Nacional del PP, Feijóo ya aventuró que la vinculación entre la migración y la delincuencia iba a seguir siendo uno de los ejes de su discurso en los próximos años. Primero pidió “reducir la inmigración ilegal”. Y se preguntó: “¿Cómo lo ilegal va a tener garantías? ¿Cómo lo ilegal va a tener derechos?” Con sus palabras trata de justificar así que las personas que lleguen en situación irregular no puedan ni siquiera ser atendidos por un médico de la sanidad pública. “A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no”, agregó.

La teoría es idéntica a la de Santiago Abascal. El lunes, el máximo líder de Vox elevaba el tono en rueda de prensa tratando de expresar aún más dureza contra los migrantes, a los que vinculó, como Feijóo, a la delincuencia. Para él, la “caza” al migrante impulsada por grupos extrema derecha en Torre Pacheco no es lo que ha provocado la violencia xenófoba en la localidad murciana. Se debe, según dijo, a la propia inmigración. Los disturbios son, para él, “las consecuencias violentas que se producen por responsabilidad exclusiva del PP y del PSOE que llevan durante décadas trayendo inmigración ilegal, que trae aumento de violaciones, aumento de la criminalidad”.

El lunes de la semana pasada, solo unos días antes de que estallara la violencia en Torre Pacheco, una de las diputadas de Vox, Rocío de Meer, llegaba a plantear un concepto acuñado por los principales líderes de la ultraderecha internacional como el presidente estadounidense, Donald Trump, o el argentino Javier Milei: habló de la “remigración”. La parlamentaria planteó una expulsión masiva de migrantes de España, e incluso de ciudadanos españoles con ascendencia extranjera.

Este fue su razonamiento: “Lo que nosotros denunciamos desde el principio es que si en los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos de entre el 1% o el 2%, hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora alentados por el bipartidismo. Están abiertas nuestras fronteras. Por lo tanto, de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país más o menos más de siete millones –porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación–, ocho millones de personas han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo”. Como para ella es “extraordinariamente difícil” que esas personas puedan “adaptarse” a lo que Vox considera “usos y costumbres” españolas, se las debe expulsar.

“Estamos viendo que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, barrios y plazas también ha cambiado y no es la misma”, aseguró. “Por lo tanto, todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos tendrán que volver a sus países”, zanjó.

Casado, en 2018: “No hay papeles para todos”

Además de Vox, el PP lleva dando vueltas a esa misma idea desde hace siete años. En julio de 2018, apenas unos días después ser elegido líder de los populares, Pablo Casado aseguró que “no es posible que haya papeles para todos y que España pueda absorber millones de africanos”. Con datos falsos, el entonces presidente del PP aseguraba tener estudios “policiales” que nunca enseñó– que decían que había “un millón de inmigrantes en las costas libias” esperando para viajar a España o que había ONG que calculaban que había “50 millones de africanos recabando dinero para poder hacer esas rutas” hacia la península.

El temor a la migración fue una constante durante su mandato y tras ser expulsado por Feijóo en 2022, este también lo hizo suyo cuando llegó la hora de hacer campaña. En 2024, cuando hubo elecciones catalanas y europeas, Feijóo estableció una cadena causal entre la “inmigración ilegal” y la “okupación” y en Catalunya pidió el voto “a todos aquellos que se dan cuenta de que Catalunya tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”. Un mes más tarde se celebraron las europeas. Feijóo alabó a Giorgia Meloni y arremetió contra “los que eligen Europa para delinquir e infringir” los “valores” de la UE, justamente el mismo discurso que pronunció Rocío de Meer la semana pasada. “Aquí se viene a trabajar y a aceptar en igualdad de derechos y deberes. No para delinquir ni reincidir”, dijo.

En su estrategia, los presidentes nacionales del PP siempre han contado con el apoyo de una de las dirigentes del PP más afín con las ideas de la extrema derecha: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La semana pasada ella dijo que el de la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. En los últimos meses, ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes y este lunes, preguntada por los ataques ultras de Torre Pacheco, Ayuso se limitó a señalar que “siempre que gobierna aumenta la inseguridad”, sin condenar la xenofobia ni los mensajes racistas y obviando los datos oficiales sobre criminalidad, que evidencian que los delitos se han reducido desde que está en la Moncloa el Gobierno progresista.

La tasa de criminalidad, de acuerdo con los balances trimestrales que publica el Ministerio del Interior, es de 50,6 infracciones penales por cada mil habitantes, muy por debajo de países como Suecia, Reino Unido, Dinamarca o Alemania. Los datos del INE del año 2023 revelan además que el 73% del conjunto de delitos cometidos en España (291.480 de los 403.194 registrados) fueron cometidos por ciudadanos con nacionalidad española. El balance constata, por ejemplo, que de los 1.046 homicidios que se cometieron en todo el territorio nacional durante el año 2023, el 70,6% (739) fueron cometidos por españoles, mientras que en el caso de homicidios por imprudencia, el número de delitos cometidos por nacionales se dispara hasta casi el 80% (411 de 520 casos registrados).

Pese a los datos, los mensajes contra los migrantes de PP y Vox se han trasladado a los territorios en los que gobiernan hasta el punto que fue la acogida de menores llegados de distintos países a lugares saturados como Canarias, Ceuta o Melilla, que inicialmente fue aceptada por el partido de Feijóo, la que hizo que la extrema derecha saliera de los gobiernos de seis comunidades autónomas en las que su apoyo sigue siendo necesario para el PP, con el que también gobierna en centenares de ayuntamientos. Un año después de esa amenaza consumada, los gobiernos populares siguen sin acoger a los menores migrantes que les corresponden, según el reparto que hizo el Gobierno.

Desde su hall en una casa de campo a pocos minutos en auto del barrio de San Antonio, Jessica reconoce que su entorno familiar la educó en el rechazo a los marroquíes desde muy pequeña. “Fui educada en una familia cristiana, racista y de campo. Mi madre trabajaba en los invernaderos, tenía una cuadrilla de diez o doce marroquíes a su cargo y los odiaba solo por ser quienes eran. Le molestaba que no la entendieran, cómo se vestían, decía que olían mal. Yo crecí con esa base, rechazando todo lo que tuviera que ver con ellos”, cuenta. Su madre falleció cuando Jessica tenía 12 años, pero ese legado de prejuicio permaneció en ella durante años.

Tiempo después, conoció a su actual marido, Munir, un joven marroquí con quien ahora lleva seis años casada y con quien tiene una hija. “Al principio yo no quería saber nada de relaciones, menos aún con un marroquí, porque había tenido una experiencia muy mala con otro chico. Pero Munir fue insistente, paciente y generoso. Incluso antes de saber si estaríamos juntos, venía en bicicleta desde San Cayetano solo para ayudarme a reformar mi casa, que estaba en ruinas. Poco a poco me demostró que era una buena persona y empezamos a salir, y nos casamos”, cuenta Jessica.

Jessica defiende que la convivencia en Torre Pacheco es mucho mejor de lo que a menudo se dice, aunque reconoce que la sociedad local aún está segmentada por niveles socioeconómicos. “Aquí, los ricos van con los ricos, los pobres con los pobres, sean españoles o marroquíes. Pero eso no impide que haya buena convivencia diaria. Yo misma compro en tiendas marroquíes y españolas por igual, y jamás he tenido problemas”, asegura.

Sobre los conflictos recientes, Jessica cree que no reflejan la realidad cotidiana del municipio y denuncia que la tensión surgida responde más a la provocación de pequeños grupos ultra que al sentir general de la población. “Yo misma fui al barrio de San Antonio durante los enfrentamientos a pedir calma, y los vecinos, en su mayoría marroquíes, me protegieron y me respetaron. Lo que ha pasado estos días no representa lo que realmente somos aquí”, concluye.

Lo que el deporte une

En Torre Pacheco hay censadas 96 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas, lo que ha generado, irremediablemente, cambios en la dinámica social del municipio. Según explica José Andrés, entrenador de fútbol sala local, esta transformación demográfica ha cambiado las relaciones sociales: “Cuando yo era un crío, todo el mundo nos conocía. Ahora ya no es así, porque somos muchos más. Esto provoca cierta sensación de inseguridad, pero no por culpa de los inmigrantes, sino por el crecimiento general”.

El deporte, y especialmente el fútbol, se ha convertido en un espacio clave para la integración real entre jóvenes españoles y marroquíes. José Andrés, que tiene 21 años, lleva once temporadas vinculado al club local, primero como jugador y ahora como entrenador, y asegura que la convivencia es natural y fluida: “Aquí los chavales juegan juntos sin problemas. Es común ver amistades que nacen en el deporte y luego se trasladan fuera, a la vida cotidiana”. Los lazos generados en torno al deporte también implican directamente a las familias. Según el entrenador, no es raro ver cómo los padres de diferentes nacionalidades interactúan y conviven con normalidad: “He tenido chavales marroquíes cuyos padres se han integrado perfectamente, participando en comidas o cenas con las familias españolas. Estas relaciones permanecen en el tiempo y fortalecen la convivencia”.

José Andrés reconoce que la presencia de jugadores marroquíes ha ido aumentando progresivamente, aunque siempre sin generar conflictos específicos: “La conducta problemática de un chico no tiene nada que ver con su origen. En el club se interviene igual con cualquier chaval que cause problemas, independientemente de su procedencia”. Además, destaca que el público que asiste regularmente a los partidos también refleja la diversidad del municipio, creando un ambiente de integración visible y real que dista mucho de las narrativas de tensión que suelen difundirse.

“Para hacernos socios no nos miramos el color de piel”

Marouan y Toni se conocieron hace un par de años en el mercadillo de Los Alcázares. Toni tenía en mente montar un puesto de grifería, aprovechando que su padre formaba parte de una empresa relacionada con productos como platos de ducha y grifos. Así, decidió probar suerte en el mercadillo donde trabajaba el padre de Marouan. Fue precisamente el padre de Marouan quien se convirtió en uno de sus primeros clientes y quien rápidamente valoró la habilidad comercial de Toni.

Ambos jóvenes conectaron desde el primer momento: “Nos parecimos mucho desde el principio, somos chicos avispados, con ganas de trabajar y con la idea clara de emprender”, explica Toni. La sintonía personal pronto derivó en una sociedad empresarial. Comenzaron con una pequeña tienda piloto en Los Alcázares, de apenas 70 metros cuadrados. “Lo hicimos con miedo, porque pusimos todos nuestros ahorros. Mi padre nos ayudó algo, pero básicamente nos lanzamos por nuestra cuenta”, recuerda Toni. La apuesta funcionó mejor de lo esperado y, en solo nueve meses, trasladaron su negocio a Torre Pacheco, ampliando la superficie a 310 metros cuadrados. Hoy tienen una tienda consolidada y hasta han abierto un canal de ventas online a nivel nacional.

Marouan tiene 24 años, Toni apenas 20. El emprendimiento siendo tan jóvenes les ha llevado a madurar muy deprisa. “Hay cosas del día a día, facturas, impuestos, proveedores, que aprendes a golpes. Es muy complicado, pero estamos decididos a sacarlo adelante”, señala Toni. “Nuestros padres tenían miedo al principio”, reconoce, “pero sabíamos que si no nos lanzábamos nunca aprenderíamos. Esto te obliga a crecer rápido, a base de mucho esfuerzo”. Ahora trabajan mañana y tarde, reparten personalmente sus pedidos online y gestionan juntos cada decisión del negocio, ubicado frente a un cartel publicitario de Vox con Abascal dando un mitin en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Marouan, cuyo padre emigró a España hace treinta años, resalta el esfuerzo extra que implica emprender siendo joven y migrante: “Mi padre llegó primero y estuvo seis años trabajando duro sin vernos para traernos. Somos otro ejemplo del trabajo constante que caracteriza a la mayoría de los inmigrantes aquí”. Ambos socios se oponen con firmeza a cualquier forma de violencia y defienden la convivencia pacífica y cotidiana que, pese a todo, predomina en Torre Pacheco.

Tanto Toni como Marouan rechazan tajantemente que la localidad sea presentada como un foco de conflicto permanente. “Da pena que algunos incidentes aislados puedan poner en duda años de convivencia pacífica. Nosotros mismos somos prueba de que nunca valoramos nuestro origen al decidir ser socios”, explica Toni. Y su compañero añade: “La mayoría de los marroquíes que estamos aquí venimos a trabajar duro, igual que cualquier español. Pero cuando alguien comete un delito, automáticamente se nos señala a todos”. Considera que esto es injusto y que perjudica gravemente la imagen de todos los migrantes que, como él, solo desean sacar adelante su vida y sus proyectos.

Chilaba y mercería

El bazar de Rachid, en pleno centro de Torre Pacheco, es un hervidero discreto donde entran y salen vecinos de toda procedencia. Mientras conversa con este periódico, un par de mujeres españolas revolotean entre las estanterías, comentan en voz alta los colores de unos vestidos y se llevan varias piezas. A ratos, se escucha también algún cliente que pide un producto en árabe. La escena transcurre con absoluta normalidad, igual que en cualquier tienda de barrio.

Rachid lleva once años al frente del negocio, tras pasar otros tantos en el campo y en los mercadillos. “Aquí viene todo el mundo: españoles, colombianos, marroquíes... Nunca ha habido problemas con nadie”, asegura mientras despacha y atiende. A lo largo de la entrevista, interrumpe varias veces para guiar a clientes que le preguntan por una dirección o por dónde queda tal o cual tienda. “Si alguien me pregunta, sea quien sea, yo paro y le ayudo. Así nos llevamos aquí”, explica con naturalidad.

Durante los disturbios racistas recientes, Rachid llegó a cerrar unos días por precaución. “Esa semana sí, mejor cerrar. Pero en el pueblo nunca había pasado esto antes”, lamenta. Reivindica el papel de quienes, como él, contribuyen a la vida económica del municipio sin más ruido que el de la caja registradora. “Aquí somos como hermanos, con respeto. El que ayuda, ayuda, da igual de dónde sea”, resume mientras coloca género en los estantes.

La poca asistencia a las concentraciones, la procedencia foránea, aunque española, de buena parte de los ultras de los pogromos y el ambiente paralelo de normalidad que se respira en Torre Pacheco contrasta mucho con el relato que circula por redes hasta sublimarlo. Torre Pacheco, después de una semana de disturbios, recupera una normalidad de la que la mayoría de sus vecinos nunca se ha desapegado; el municipio del Campo de Cartagena y sus habitantes han resultado ser un pueblo que muy poco tiene que ver con la guerra que estos días se ha librado en él.

El ministro de Migración y políticas de asilo de Suecia, Johan Forssell, siempre ha defendido que los padres tienen una responsabilidad sobre las acciones de sus hijos, en especial si los menores cometen actos delictivos o pertenecen a una de las pandillas que siembran la violencia en el país nórdico.

Pero las palabras del ministro, que también aboga por reducir la responsabilidad penal hasta los 14 años, se le pueden volver pronto en contra después de que transcendiera que su hijo de 16 años tiene vínculos con varios grupos supremacistas blancos violentos. El caso, además de haber causado un revuelo político en el país nórdico, pone de manifiesto el auge de los nuevos movimientos de extrema derecha en Suecia, que atraen cada vez a más adolescentes jóvenes, promoviendo una agenda de supremacía blanca en el entorno de gimnasios y clubes de lucha.

Forssell, cuyo partido de centro-derecha (Partido Moderado) dirige la coalición de Gobierno que depende de los apoyos de la formación de ultraderecha Demócratas de Suecia, ha confirmado que los servicios secretos (Sapö) se pusieron en contacto con él hace unas semanas en relación con las actividades de su hijo. El ministro ha defendido que en un primer momento no hizo público este hecho por su deber de proteger la identidad del menor. Sin embargo, la identidad de su hijo fue filtrada en redes sociales.

El ministro dice que no lo sabía

La alerta dada por Sapö al titular de Migración vino tras la publicación en la revista de investigación sueca Expo de que un miembro del Gobierno, sin especificar el nombre, tenía un familiar cercano activo en varios grupos neonazis, entre ellos el Movimiento de Resistencia Nórdico, clasificado como una organización terrorista por Estados Unidos, y el grupo Akitvklubb Sverige.

Forssell seguía a su hijo en redes sociales, donde el menor seguía a su vez a activistas y cuentas relacionadas con la ultraderecha. Pero el ministro aseguró que no tenía ni idea de la militancia del adolescente hasta que fue preguntado por los periodistas de Expo. “Como padre, uno se siente conmocionado y horrorizado, estas actividades han terminado, pero, por supuesto, nuestras conversaciones continuarán”, dijo Forssell en una entrevista para TV4, en la que también aseguró que su hijo “está profundamente arrepentido”.

El hijo del ministro asistió supuestamente a varias reuniones de grupos radicales de extrema derecha, aunque no es sospechoso de haber cometido ningún delito, ya que la legislación en Suecia permite la reunión y las actividades de los grupos neonazis. En una foto publicada por la revista Expo, también aparece haciendo el saludo nazi, y han trascendido algunos mensajes de odio que el joven habría publicado en chats internos: “Debemos acabar con la violencia importada. ¡Es hora de que los europeos contraataquen!”, se podía leer en uno de ellos.

Consecuencias políticas

El caso está teniendo consecuencias políticas y los partidos de la oposición ya han pedido la comparecencia de Forssell en el Parlamento. En el ojo de las críticas también está el Sapö, ya que sus agentes no estaban al corriente de la pertinencia a grupos neonazis de alguien tan cercano a un miembro del Gobierno.

El caso recuerda que el extremismo de derechas está experimentando un auge en los últimos años en Suecia, coincidiendo con la influencia política que ha alcanzado la formación Demócratas de Suecia desde los comicios de 2022, cuando fue el segundo partido más votado.

Los servicios de Sapö y otros expertos alertan de que el número de grupos activos de extrema derecha se ha disparado en el país nórdico, y es el más alto desde 2008. Estos grupos extremistas han dejado de ser organizaciones jerárquicas convencionales, como el Movimiento de Resistencia Nórdico, para transformarse en células más pequeñas, informales y encubiertas como el Aktivklub Sverige.

Artes marciales

Este grupo supremacista, inspirado en una organización que nació en 2020 en Estados Unidos, sirve como paraguas de otros grupos como White Boys Stockholm o Gym XIV, creados alrededor de gimnasios donde se entrenan artes marciales mixtas (MMA), utilizadas “como una forma para prepararse para ejercer la violencia en la lucha para la supremacía blanca”, explica Morgan Finnisö, investigador en Expo que lleva años estudiando a estos grupos. “Pero más allá del entreno físico, el grupo publica fotos, vídeos, memes racistas y otro contenido violento en plataformas como TikTok o Telegram para conseguir atraer a otros hombres jóvenes al grupo”, según Finnisö.

Según el investigador, una de las características de los nuevos grupos extremistas de derechas es que “consiguen reclutar cada vez a adolescentes más jóvenes, atraídos por su desafección con la política, y también por un ideal hipermasculino de convertir su cuerpo en un arma física a base de entrenamiento”.

Tras el escándalo con el hijo del ministro, la cuenta de Aktivklubb Sverige intenta aprovechar el foco mediático publicando un video en que se ve a varios de sus miembros enmascarados con bengalas y banderas de Suecia: “Nuestro tiempo acaba de empezar”, dice un mensaje en el video. Con videos como este, el investigador Morgan Finnisö, cree que “para los extremistas de derechas se ha vuelto muy fácil difundir su propaganda por internet y socializar con más gente, que absorbe estos mensajes hasta radicalizarse”.

En su último informe anual, Sapö destaca que esta radicalización online puede degenerar en más actos de violencia en el futuro. Ya ha habido ataques y otros incidentes en días como el del Orgullo LGTBQ en Estocolmo.

“En sus mensajes son muy claros, odian a las personas no blancas, odian la democracia y odian a las personas no heterosexuales. Hasta ahora solamente han protagonizado ataques de poca intensidad, pero, por su inherente ideología neonazi y violenta, representan una amenaza para la sociedad”, advierte Finnisö.

Expansión internacional

Más allá de Suecia, el Aktivklubb ya se ha expandido por Noruega, Dinamarca y Estonia.

“Un factor claro es el éxito político de la derecha radical en Europa y en Estados Unidos, es decir, de actores políticos como Donald Trump o demócratas de Suecia”, dice Finnisö. “Vemos, una y otra vez, que cuando la derecha radical logra éxitos políticos y parlamentarios, los activistas de extrema derecha ven que la sociedad avanza hacia su dirección, y esto lo quieren aprovechar”.

Karla Sofía Gascón publicará el próximo 25 de marzo Lo que queda de mí (Almuzara). Una autobiografía “con parte de ficción que el lector tendrá que descubrir”, meses después de haber sido foco de polémicas por unos tuits racistas y xenófobos del pasado que fueron sacados a la luz; y que provocaron que fuera apartada de la campaña de promoción de la película Emilia Pérez, por la que había logrado la nominación al Oscar a Mejor actriz protagonista. Finalmente, terminó acudiendo a la ceremonia, aunque la estatuilla cayó en manos de Mikey Madison, líder del filme Anora. “Mi candidata era yo”, ha reivindicado aun así.

“Soy menos racista que Ghandi y menos de Vox que Echenique”, ha asegurado este jueves en la presentación del libro, en la que ha asegurado que ha estado “sometida a una masacre en redes sociales”. “Aunque me haya dolido y sufrido, siempre repetiría lo que me pasa en mi vida porque si no, no sería yo, y no aprendería ciertas cosas que aprender”, ha comentado al hacer balance de las reacciones que provocaron sus controvertidas publicaciones. “Entre otras cosas, que el odio no se puede acabar con más odio, que es a lo que nos estamos acostumbrando. Cuando alguien nos hace daño, queremos hacer más, y eso es muy triste”, ha añadido.

“He sido muy justiciera muchas veces, y una persona a la que le ha gustado tomarse la justicia por su lado”, ha señalado a su vez. Eso sí, considera que no debería haber borrado los tuits que desataron la polémica: “A mí no me tiene que perdonar nadie nada, no creo que nadie tenga que hacerlo a no ser que alguien se sienta aludido sobre las cosas que he podido hacer en mi vida. En tal caso, que venga”, ha animado. La actriz ha criticado que lo que ha sentido es “hipocresía de gente que criticaba algo haciendo lo mismo que criticaba”.

“Lo único que he hecho ha sido comentar noticias y no voy a consentir que me digan que estoy blanqueando el nazismo o que estoy a favor de Hitler. Me parece una tontería como un piano. Pero si me hubiera puesto a explicarlo en una vorágine en la que lo único que se quería era eliminarme, habría sido imposible”, ha afirmado sobre por qué prefirió apartarse durante un tiempo de los focos, “¿por qué no han sacado todas las cosas que he puesto contra la extrema derecha, la Iglesia o la Transición?”. “Han intentado sacarme de la ecuación y lo han conseguido”, ha lamentado. “No me he dado cuenta de la posición que tengo”, ha sumado igualmente.

“Cerré mi cuenta de X tarde”

“He visto a muchísima gente hablando de mí sin conocerme. Decir que si era la señora de Vox o de la extrema derecha, simplemente porque les han hecho o han preferido creer eso”, ha criticado. La intérprete, que denunció haber estado recibiendo una campaña de acoso desde que el pasado festival de Cannes, en el que se convirtió en la primera mujer trans en ganar el premio a Mejor actriz, ha afirmado que nadie le obligó a apartarse de los focos ni de los medios una vez se recuperaron sus publicaciones.

“Podría haber salido al día siguiente y haber ido donde me diera la gana. Nadie me lo ha impedido porque estaba nominada a todas las cuestiones”, ha declarado haciendo referencia a las galas en las que optó por ausentarse. “Tienes que valorar y poner sobre la mesa si armas el show y me voy a los BAFTA por mi cuenta, pero es que, ¿qué gano? ¿Ser la más chunga del pueblo? Tampoco soy así, la gente se cree que soy un hooligan”, ha lamentado.

Tampoco considera que tendría que haber borrado los post, y ha indicado que nadie –ni productora, compañeros ni representantes– le recomendaron revisitar sus cuentas en redes sociales en busca de mensajes con potencial para ser utilizados en su contra: “Nunca me he preocupado de unas cosas que haya podido escribir porque forman parte de algo que ya no soy yo, que está fuera de contexto y que no tiene sentido en este momento”.

“Siempre elijo el camino más rarito, no escarmiento”

La actriz ha defendido que, pese a lo que expuso en aquellos tuits, tiene “un respeto enorme” hacia las personas musulmanas. “Hacia lo que no lo tengo es al fanatismo, ni al terrorismo ni a las barbaridades que se comenten en nombre de dioses o religiones. Y de eso no tienen la culpa las religiones. Desgraciadamente, en España y en Europa hemos vivido muchos problemas por este tipo de cuestiones, y tú como ciudadana lo único que haces es reaccionar a las noticias que te ponen sobre la mesa. Igual que he visto a reaccionar a ciudadanos con noticias sobre la mesa sobre mí”, ha comparado.

Karla Sofía Gascón pidió perdón por sus mensajes contra los musulmanes, el movimiento Black Lives Matter y la diversidad días después de que se recuperasen sus tuits a finales del pasado mes de enero, y decidió abandonar X. “Cerré mi cuenta tarde”, ha reconocido ahora sobre algo que se había planteado en “muchos momentos”, tras darse cuenta de que “no aportaba nada” en su vida. “Siempre elijo el camino más rarito, no escarmiento”, ha valorado la intérprete. Y ha planteado: “¿Cuántas veces tengo que pedir perdón por un tuit de 2016?”.

Sobre quien no ha querido emitir declaraciones es Jaques Audiard, director de Emilia Pérez, que fue crítico con sus controvertidas publicaciones. “Tiene una actitud autodestructiva”, afirmó rechazando frontalmente las palabras de su protagonista, a la que acusó de “hacerse la víctima”. La actriz reacciónó tomando la decisión de guardar “silencio” con la esperanza de que este “permita apreciar la película por lo que es: una hermosa oda al amor y a la diferencia”.

Según ha avanzado, el libro comienza relatando la historia de una persona que está a punto de suicidarse, pero “lejos de morir para no tener que seguir sufriendo”, opta por “repasar todo lo que le ha ocurrido”. “Soy una persona muy afortunada como fortaleza mental porque, si en ciertos momentos que he pasado, no me he dejado hundir, es muy difícil que me vaya a hundir en la vida”, ha sido una de sus últimas conclusiones: “Estoy feliz por unas cosas, jodida, triste, asqueada e irritada por otras”.