La defensa de Mauricio Macri ultima detalles de la apelación que presentará al procesamiento dictado ayer por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que se le sigue al expresidente por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

Fuentes del entorno del exjefe de Estado señalaron a Télam que el lunes vence el plazo para apelar esa decisión del magistrado, por lo cual se espera de aquí a ese día la presentación judicial por medio de su abogado Pablo Lanusse.

Macri fue procesado este miércoles sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, por Bava, quien consideró al líder de Juntos por el Cambio (JxC) como “autor” de maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017. El fallo se dio a conocer cuando el exmandatario estaba de viaje en Chile.

Ya en la Argentina, el expresidente no podrá salir del país, según lo establecido por el fallo, y además “no podrá ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”.

En declaraciones formuladas anoche, Macri calificó como “persecución política” su procesamiento y adelantó que cumplirá el fallo “como corresponde”.

“Es una persecución política que terminó en esto. Ya todos lo sabíamos. Más incómodo para la propia Justicia argentina es tener jueces como el juez (Martín) Bava”, respondió tras la pregunta de una periodista del canal 24 Horas TVN.

El expresidente se refirió además al embargo que le trabó el magistrado y dijo: “Lo cumpliremos como corresponde hasta que apelemos”.

Consultado sobre “la operación de inteligencia dirigida contra las familias de las víctimas del ARA San Juan”, Macri respondió: “Ni vos te lo creés”.

Mientras tanto, el jefe del bloque del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, se sumó este jueves a los dirigentes de PRO que salieron en defensa del expresidente.

“Además de que las pruebas son inconsistentes hay una serie de acontecimientos que marcaron este procesamiento que claramente nos indican que es un procesamiento político”, expresó el senador en declaraciones a radio Con Vos.

Schiavoni indicó que se arribó a este procesamiento “con pocas evidencias” y aseguró que el ex jefe del Estado “no ha dado ninguna orden de espiar ni se le pasó por la cabeza espiar” a los familiares de los tripulantes del submarino hundido en aguas del Mar Argentino.

El legislador recordó como “de golpe, sin mediar ningún hecho nuevo, el juez decidió llamar a indagatoria a Macri en medio de una campaña electoral” cuando “era de público conocimiento que había viajado al exterior por sus funciones en FIFA y le prohibió salir del país, lo cual ya le estaba dando la pauta que era una medida con más espectacularidad que efectividad”.

Para el senador, “hay demasiados condimentos extrajurídicos para sospechar que se trata de persecución política” por parte de “un juez que es subrogante y no es competente”.

Con información de agencias.

IG

El expresidente Mauricio Macri recusó por segunda vez al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava que lo citó a declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017. Horas después, el magistrado rechazó el recurso presentado por el abogado defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, que en su escrito había argumentado presunto temor de “parcialidad”, informaron fuentes judiciales. Macri debe concurrir a una nueva cita a declarar este miércoles, 3 de noviembre, en Dolores.

“Ha quedado descartado en esta incidencia que sobre el suscripto medie una causal que habilite su apartamiento de estas actuaciones -dijo Bava en la resolución a que que accedió Infobae-. No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba por requerida por las partes. En suma, del escrito presentado por la defensa del Dr. (Pablo) Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto. Nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”, argumentó Bava en su resolución.

La nueva recusación se presentó en base a lo ocurrido la semana pasada, cuando tuvo que suspenderse la indagatoria a Macri que se llevaba a cabo en la sede del juzgado porque no se lo había relevado del deber de guardar secreto sobre información sensible de inteligencia nacional.

La defensa de Macri reiteró su pedido en base al “comportamiento y actos desplegados por el Dr. Martín Bava. Tenemos la inamovible convicción y certeza de encontrarnos ante un Magistrado que ha roto su confianza y que se ha despojado de su investidura de Juez de la Constitución Nacional para colocarse un triste y repudiable ropaje que aniquila su condición de imparcial e independiente y obliga, ante la trascendencia y gravedad de lo ocurrido, a que se disponga su apartamiento”.

En su escrito, Lanusse se preguntó “como se lo ha hecho la gran mayoría de la sociedad, si este grosero error, auto asumido por el Sr. Juez recusado, fue impericia, desconocimiento del derecho o una celada procesal. Tenemos nuestra respuesta, y claramente se encuentra en la utilización de la citación a prestar declaración indagatoria a mi ahijado procesal con intereses políticos dentro del calendario electoral en el que nos encontramos inmersos. Pero sea una u otra la respuesta, lo cierto es que quedó al desnudo la mala praxis del magistrado Dr. Bava y que ello destruyó su confianza como Juez de la Constitución Nacional, y por el temor fundado de parcialidad y dependencia política que eso genera, se deberá disponer su apartamiento inmediato de esta pesquisa”, argumentó.

El pasado 28 de octubre, a pedido de Bava, el presidente Alberto Fernández relevó a Macri de ese deber de secreto y confidencialidad, y el juez volvió a convocarlo para el 3 de noviembre.

Macri ya había recusado al juez luego de ser citado a indagatoria pero la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al magistrado en la causa por supuesto espionaje de agentes de la AFI en Mar del Plata a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino.

Con información de agencias.

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El expresidente Mauricio Macri sostuvo este jueves su “absoluta inocencia” en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, en un escrito en el que designó a su defensa y apeló la prohibición de salida del país.

Macri afirmó estar “convencido” de su “absoluta inocencia” al presentarse por escrito por primera vez en la causa, tras ser citado a declaración indagatoria para el 20 de octubre próximo por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

El expresidente, quien aún permanece en el exterior, nombró como abogados a Pablo Lanusse y Jimena Pisoni para que lo representen en esta investigación.

“Luego del estrépito generado por vuestra decisión del pasado 1° de octubre de 2021, donde reconocía desconocer mi domicilio, este Juzgado recién pudo cumplir con su deber de comunicar lo allí resuelto a mi respecto el día 6 del mismo mes y año”, refirió Macri.

Y continuó: “Pese a encontrarme fuera del país, como era y es de público conocimiento, vengo en tiempo y forma a presentarme en autos, sin que ello signifique reconocer ni consentir en el Sr. Juez las garantías que me confieren los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“Lo hago convencido de mi absoluta inocencia en los supuestos hechos que se me pretenden atribuir y como derivación de mi respeto y sujeción a las instituciones de la República”, agregó.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el expresidente apeló esa decisión y pidió a Bava que aplique el efecto suspensivo, es decir, que no entre en vigencia hasta que se resuelta en instancias de apelación superiores.

La prohibición de salida “ carece de todo tipo de fundamentación, y por ende aniquila y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, libre circulación y tránsito, principio de inocencia, proporcionalidad y razonabilidad”, cuestionó en el escrito que firmó junto a Lanusse.

El 1 de octubre último cuando Bava lo citó a indagatoria, “omitió todo fundamento que explique las razones y el proceso lógico que lo condujo a disponer mi prohibición de salida del país”, argumentó Macri.

“No estoy hablando de una fundamentación estereotipada ni de una aparente, me estoy agraviando de la ausencia absoluta de argumentación y de razones que permitan reconstruir el proceso cognitivo que llevó al Magistrado a restringir mi libertad y mis derechos con la intensidad que lo hace”, concluyó.

El expresidente afirmó que esa decisión tiene “ausencia absoluta de fundamentación” y recordó que tiene arraigo en el país.

“Vivo con mi familia y desarrollo públicamente mi actividad política”, sostuvo el expresidente, al considerar también que “la decisión de disponer mi prohibición de salida de país resulta entonces huérfana de toda fundamentación relacionada a mi persona y situación, lo cual conculca los derechos, principios y garantías que me amparan y que informan el debido proceso y la defensa en juicio”.

La causa

El juez de Dolores, Martín Bava, subrogante del juez Alejo Ramos Padilla, tomó la decisión de llamara a indagatoria a Mauricio Macri en el marco de la causa que se abrió en esa jurisdicción para investigar si desde el anterior gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. Tiene la obligación de asistir.

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El juez dictó además el procesamiento de los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a los exjefes de la AFI. En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

“El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, escribió la funcionaria en su denuncia.

Según la AFI de Caamaño, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

Con información de agencias.

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Pablo Lanusse, quien en 2020 se sumó al equipo de abogados defensores de Mauricio Macri, le apuntó al juez Martín Bava, que este viernes llamó a indagatoria para el 7 de octubre al expresidente en la causa que investiga el supuesto espionaje a los familiares del Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur y dejó 44 víctimas.

A través de su cuenta de Twitter, el exfiscal federal sostuvo que Macri “fue citado a declarar por el juez de Dolores por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan. En respeto al dolor de los familiares, y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no se tolerará la utilización del caso con fines electorales ni políticos”, aseguró.

Asimismo, aclaró que el exmandatario, “sin perjuicio de ello, respetuoso del funcionamiento de las instituciones, y convencido de su inocencia, habrá de presentarse oportunamente ante la Justicia, debiéndose resaltar la manifiesta incompetencia del juez Bava para intervenir en esta causa, como la carencia de fundamentación de su resolución, todo lo cual demuestra que esto es un atropello y una persecución más en su contra”, consideró.

Para Lanusse, “el Presidente Mauricio Macri seguirá defendiendo los valores republicanos que caracterizaron su gestión de gobierno, sin temer a la clara intencionalidad política que anida detrás de estas maniobras que se promueven en su contra”.

Las palabras del letrado, quien fuera secretario de Justicia y Asuntos Penitenciarios entre 2003 y 2004, cuando Néstor Kirchner era presidente, parecen también una respuesta al posteo en redes sociales hecho este mismo viernes por la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien calificó a los referentes de Juntos por el Cambio como “republicanos de morondanga”.

Macri se encuentra en Miami, donde viajó para presentar su libro, y tiene planificado viajar en las próximas horas a Qatar para cumplir con actividades relacionadas con su función de presidente de la Fundación FIFA. Desde los Estados Unidos, el exmandatario ya anticipó que pedirá una prórroga para la indagatoria planteada por el juez Bava para el 7 de octubre, “para preparar la defensa”.

La resolución del juez Bava

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la exsubdirectora del organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, remarcó Bava en su fallo.

“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.

La “gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido”, evaluó.

IG

Mauricio Macri y las empresas de su familia han sumado abogados en meses recientes. El penalista y exfiscal Pablo Lanusse representa al expresidente en cuatro expedientes en los tribunales de Comodoro Py, tanto como defensor (en la causa iniciada por Fabián De Sousa y Cristóbal López y en un expediente por el préstamo del Banco Nación a Vicentin) como querellante. 

El exministro de Justicia Germán Garavano actúa como hombre de permanente consulta para los diferentes frentes, pero no es su representante legal en ninguno de los expedientes, confirmó una fuente cercana a Macri. 

Otros letrados vienen representando a Macri y las empresas de su familia desde hace años, como Alejandro Pérez Chada (en el caso del exmandatario), más dedicado a otros clientes en los últimos tiempos. También, Ricardo Rosenthal, abogado de accionistas (Gianfranco Macri, por ejemplo) y ejecutivos del grupo Macri en algunas de las causas penales. Interviene, por ejemplo, en la causa de los parques eólicos, según consta en el expediente. Rosenthal es abogado de Iecsa y Angelo Calcaterra, primo de Macri, en el expediente derivado del caso Odebrecht por las supuestas coimas en la licitación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

En torno al caso Correo, Socma (Sociedades Macri) sumó en 2020 a Francisco Castex, Luciano Pauls y Mariano Cúneo Libarona en el frente penal; y a Javier Lorente y Ariel Alejandro Di Bártolo en el expediente comercial. Socma es la principal accionista de la empresa en concurso de acreedores y proceso de salvataje Correo Argentino SA.

Sin embargo, Macri no designó abogados defensores en la causa penal en la que se lo investiga por este caso, confirmó una fuente del expediente. El expresidente está formalmente imputado por presuntas negociaciones incompatibles.

ED