Desde hace días, se da una situación anómala entre encuestadores. Informan números de cara al próximo domingo, pero acto seguido advierten sobre cambios debajo de la superficie y alta volatilidad, por lo que piden tomar los registros con cautela.

Uno de los dos consultores más frecuentados en Presidencia traza un esquema de tercios imperfectos: 35%, 30% y 25%, para Javier Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, respectivamente. El cuadro es coincidente con el de otros colegas que combinan estudios presenciales, telefónicos y online. El encuestador aclara que el lujoso viaje de Martín Insaurralde y su novia al Mediterráneo, los audios de Carlos Melconian difundidos esta semana y, sobre todo, la escalada cambiaria e inflacionaria alumbran el camino para una probable victoria más contundente de La Libertad Avanza, acaso sin necesidad de balotaje.

Ni el más agorero de los fundadores del Frente de Todos habría imaginado que el número de inflación más alto del mandato de Alberto Fernández se daría a conocer diez días antes de la elección presidencial. Nunca hay que subestimar la secuencia lacerante deuda, pandemia, guerra y sequía, por más que el candidato oficialista se olvide de la crisis sanitaria y de Ucrania, y se abrace al recuerdo del “préstamo irresponsable que tomó (Mauricio) Macri con el FMI” y al desastre climático, como forma de realzar su propia figura. Existió tanto lo que el ministro-candidato menciona como lo que omite, pero cabe preguntarse cuánta mala praxis política y de gestión le cabe a la cúpula del oficialismo (Cristina, Alberto y Massa) para llegar al día de la elección con semejante escalada de precios.

Peronistas se consuelan con un razonamiento atendible: en condiciones normales, el ministro de Economía de un Ejecutivo con 12,7% de inflación mensual estaría fuera de carrera, pero es tan malo el recuerdo del gobierno de Macri, llega tan desarticulada Bullrich y es tan grave la amenaza de Milei, que Massa tiene una oportunidad. Ese razonamiento no sólo anida en Unión por la Patria; hay referentes de Juntos por el Cambio que dan a Bullrich por perdida y barajan con pesar la hipótesis de otro gobierno peronista.

Los padrinos ausentes

El caso Insaurralde promete esparcir esquirlas en la medida en que se indague sobre sus cuentas, propiedades y vínculos, así como los de su expareja, Jésica Cirio. Esta empresaria modelo es relatada en despachos de la cumbre del poder en la Argentina como un instrumento del sórdido Jaime Stiusso. “Lo dice todo el mundo”, remarca una de las principales voces del oficialismo. Nadie exhibe pruebas, por lo tanto, no deja de ser una versión que pocos pueden corroborar, y todos ellas tienen motivos para callar. Por ejemplo, Insaurralde.

El ministro de Economía de un Ejecutivo con 12,7% de inflación mensual estaría fuera de carrera, pero es tan malo el recuerdo del gobierno de Macri, llega tan desarticulada Bullrich y es tan grave la amenaza de Milei, que Massa tiene una oportunidad

Las personas clave de Unión por la Patria que se expidieron sobre el exintendente de Lomas de Zamora son las que menos ascendencia política tenían sobre él. Axel Kicillof albergaba a Insaurralde ni más ni menos que en la jefatura de gabinete, pero le daba la consideración de intruso; Massa no podía renegar de haberlo piropeado tantas veces, pero no formaba parte de su tribu; Alberto Fernández acaso sea el menos directamente contaminado por esa relación. Los tres dijeron lo suyo. En cambio, Cristina y Máximo, verdaderos protectores del último lustro de Insaurralde, se otorgaron el beneficio del silencio. El problema es el otro.

Hay versiones sobre la exitosa carrera del ex de Cirio y actual de Sofía Clerici. En una de las mil desavenencias entre Cristina y Alberto, la vicepresidenta es relatada como impulsora del lomense para el Ministerio de Obras Públicas. Además de los estragos previsibles, tal nombramiento habría impedido que Gabriel Katopodis, considerado un activo en los peronismos, ocupara esa silla. La versión es desmentida de plano en el área vicepresidencial.

De su lado, un cristinista trae un recuerdo que despega a Insaurralde de la vicepresidenta y Máximo. Corría 2016, el macrismo había activado su ofensiva judicial y de Inteligencia ilegal contra el kirchnerismo, y el entonces intendente de Lomas de Zamora coqueteaba como “peronista racional” con María Eugenia Vidal y, en particular, Cristian Ritondo. No era el único. Massa tocaba la misma sintonía, rememora la fuente.

Barrionuevo, piedra libre

Un rezo motivacional se apoderó del massismo para esta instancia de la campaña. “El quilombo es enorme, pero Sergio no aparece como el causante ni tampoco da miedo como Bullrich o Milei”. Habrá que elegir creer.

En esa línea se entiende que el postulante oficialista haya pasado de prescindir de la figura de Alberto Fernández a sobreactuar su crítica. Su último lema de campaña, “tenemos un presidente”, es elocuente sobre lo que Massa considera un lugar vacante. Alberto acepta el ninguneo “si sirve para la victoria”, pero más adelante dará pelea por la interpretación de su propio mandato y el perfil del peronismo, según transmitió a su entorno. Deberá reconstruirse desde muy abajo. 

Cerca de Massa dicen haber identificado quién arbitró la aparición de la aventura de Insaurralde y Clerici, así como los audios de Melconian: Luis Barrionuevo.

Macri, Eduardo de Pedro y Milei han sido tres aliados secuenciales del sindicalista gastronómico. No habría lógica que explique esos saltos, salvo la voluntad de financiar rivales de Massa.

Melconian versus Arribas

El presunto diálogo entre Melconian y su colega Facundo Martínez Maino fue grabado en 2017, poco después de la salida de ambos del Banco Nación, en enero de ese año. Al asumir Melconian como presidente de la entidad, Martínez amainó, con quien trabajaba desde 2000 en la consultora M&S (Melconian y Santángelo), lo acompañó en el directorio. Más cerca, ambos hicieron escala en la Fundación Mediterrána para pergeñar un plan económico con destino previsible en Juntos por el Cambio.

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) bajo el gobierno de Macri espió a propios y extraños. Todo aquel a quien Macri le interesara escuchar para descubrir deslealtades o forzar lealtades cayó en la trama que operó bajo la órbita del amigo presidencial Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuesto, sin que esa dupla se diera cuenta, porque Cambiemos llegó a la Casa Rosada para reconstruir una democracia republicana.

Algún mal pensado puede ver una mano de Macri detrás del registro y/o la difusión en el canal Extra TV

La aspiradora implacable de Comodoro Py, fuero de atracción para todo lo que afecte al expresidente, ya determinó que esa red de inteligencia paralela que involucró a decenas de espías, periodistas, funcionarios, fiscales y jueces, con acceso a millonarios recursos estatales, fue obra de “cuentapropistas”.

Algún mal pensado puede ver una mano de Macri detrás del registro y/o la difusión en el canal Extra TV. El programa “A todo o nada”, que difundió las grabaciones esta semana, explicó que los audios de Melconian surgieron de una causa judicial. En Argentina, ese argumento dice poco y nada.

Ética resbaladiza

Años atrás, los programas “Periodismo para Todos” (Clarín), “Intratables”, “La Cornisa” y “Animales Sueltos” (América), entre muchos otros, dieron rienda suelta a la difusión de escuchas a todas luces orquestadas por el macrismo contra Cristina y otros opositores con la supuesta legitimidad de que formaban parte de expedientes en tribunales. En un sistema judicial putrefacto, no es difícil encontrar jueces y fiscales solícitos para ordenar seguimientos con la laxitud suficiente como para que puedan transformarse en herramientas de coacción o escarmiento.

Clarín, La Nación y compañía decidieron que los audios de Melconian debían ser ocultados. El mismo criterio habían asumido cuando se conocieron las filtraciones del ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, del entorno más próximo a Horacio Rodríguez Larreta. El multimedios poderoso, coorganizador de las andanzas de D’Alessandro en Lago Escondido, tenía razones de peso para tamaño frenesí ético. Hubo que enterrar el tema pese a los graves delitos que se desprendían del Telegram del ministro porteño.  

La negativa de Bullrich a tratar el tema, así como la Rodríguez Larreta sobre D’Alessandro, después de que ambos convivieran sin un atisbo de queja con el espionaje de la era Macri, son reveladoras de los estándares éticos de la derecha republicana

Así como aquel diálogo coloquial entre Cristina y Oscar Parrilli (“soy yo, Cristina, pelotudo”) formaba parte de la intimidad de ambos, algunas de las grabaciones de Melconian carecen de interés público, como las supuestas valoraciones despectivas a miembros de Cambiemos. Los presuntos diálogos con mujeres no son concluyentes y requerirían otro tipo de investigación con más asidero que la mera filtración de una conversación grabada hace seis años.

La aparente coordinación de Melconian y su colaborador para gestionar negocios espurios con el Banco Nación tendría otro tenor. Tampoco alcanza con lo escuchado. La negativa de plano de Bullrich a tratar el tema, así como la Rodríguez Larreta sobre D’Alessandro, después de que ambos convivieran sin un atisbo de queja con el espionaje ilegal de la era Macri, son reveladoras de los estándares éticos de la derecha republicana argentina.

Si cabe una conclusión política sobre el contenido difundido, es que Melconian tenía quebrada su relación con Macri y albergaba una muy mala opinión del “futbolero” Arribas en el momento de ser escuchado. El que prestó la oreja habrá tildado un casillero.

La filtración habilita más especulaciones sobre su origen. Se supone que al peronismo no le conviene el desmoronamiento de Bullrich, por el riesgo de una victoria de Milei en primera vuelta. Pero Massa desorientó al ser entrevistado en el canal América 24 horas después de la difusión de los audios. Él mismo sacó el tema y calificó las escuchas como “basura” de la que no quería hablar. En ese mismo acto, puso la filtración sobre la mesa.

Alberto Fernández tiende a coincidir con el candidato presidencial peronista. “Esos procedimientos son una basura, una porquería, y todo indica que fue una cuestión entre ellos (por la interna de Juntos por el Cambio). Son las cloacas de ellos que estaban activas en 2017”, citan quienes escucharon al Presidente referirse al tema. “No me importa nada la vida sentimental de una persona, aunque lo del tráfico de influencias parece mucho más serio”, transmitió Fernández a su entorno.

La estampida de Medio Oriente

La insólita omisión de un bloque sobre política exterior en el debate presidencial se subsanó de manera brutal. No habían pasado 48 horas desde el ataque terrorista perpetrado por Hamás contra las poblaciones del sur de Israel, cuando los cinco postulantes se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La estampida de Medio Oriente entró por la ventana.

Bullrich, Milei, Massa y Juan Schiaretti mostraron su “solidaridad” con Israel o su pueblo. Ninguno fue más allá sobre el trasfondo político del conflicto ni atinó a extender una preocupación humanitaria por todas las víctimas, israelíes y palestinas. Tras el atroz raid de Hamás el sábado por la mañana, las muertes en Gaza habían comenzado a escalar y previsiblemente se dispararían en los días siguientes.

Ambos candidatos de las derechas hacen de la adhesión a Israel un eje de su mirada internacional. Durante su gestión en Seguridad, Bullrich demostró que esa lealtad incluyó un capítulo comercial, coronado con la compra de armamento sin licitación.

En el caso de Milei, su decisión de inscribir la política exterior argentina en el eje de Estados Unidos e Israel y la promesa de traslado de la Embajada argentina de las inmediaciones de Tel Aviv a Jerusalén, capital de tres religiones, son muestras de los peligrosos dislates que conllevaría una victoria ultraderechista. Los represores de la dictadura que actuaron con saña antisemita contra los desaparecidos judíos y se ven reivindicados por la trayectoria negacionista de Victoria Villarruel podrán aportar al debate interno de La Libertad Avanza.

Propenso a una de más, Massa anunció durante el debate que planea catalogar a Hamás como “organización terrorista”. La conveniencia de la decisión demandaría un análisis sereno de política exterior y de coordinación regional, y no de un arrebato electoralista para marcar tarjeta. Si Massa diera el paso, inscribiría a Argentina como el segundo país de América Latina en adoptar esa medida, detrás de Paraguay.

Con su voz acotada a Twitter, Cristina mostró un camino sensato, en línea con Luiz Inácio Lula da Silva. Alberto Fernández y Massa lo desatendieron.

La vicepresidenta expresó “solidaridad incondicional” con las víctimas, condena “a todo tipo de violencia”, y exigencia de cumplimiento de resoluciones de Naciones Unidas, con el concepto de “dos estados, Israel y Palestina”, con “fronteras seguras y reconocidas”. Una postura digna para un país como Argentina que en condiciones normales podría haber sido discutida en el seno de una alianza de gobierno. No fue el caso.

A su turno, Myriam Bregman dijo: “Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tiene como base la política del Estado de Israel de ocupación y apartheid del pueblo palestino”.

Un pogromo produjo la mayor matanza de familias israelíes en más de siete décadas. La candidata del Frente de Izquierda y Trabajadores pudo (debió) haber nombrado al ejecutor inequívoco de la matanza y ello no habría menoscabado su cuestionamiento a la potencia ocupante. En alusiones posteriores, menos acotadas a los pocos segundos de los que dispuso en el debate, Bregman expuso con más precisión una postura humanista y de izquierda.

La abogada trotskista no es la única que denuncia los crímenes de guerra de Israel ni el apartheid al que ese país somete a la población palestina. También lo hacen organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnesty International, e israelíes como B’Tselem, Yesh Din, Breaking the Silence y Akevot Institute.

Por su defensa de los derechos palestinos, Bregman, única candidata presidencial judía, fue acusada de ser antisemita o nazi por inquisidores dispuestos a castigar faltas contra la doctrina del gobierno más extremista de la historia de Israel

Traumatizados porque algunos de sus miembros fueron asesinados por Hamás, organismos de derechos humanos israelíes clamaron esta semana por las vidas de los civiles palestinos, fieles a sus denuncias por los constantes abusos contra las poblaciones ocupadas. El gobierno de Netanyahu va más allá de lo conocido. Su gabinete alberga ministros que suelen hablar en términos de limpieza étnica, como suelen consignar notas del diario israelí de centroizquierda Haaretz.

Por su defensa de los derechos palestinos, Bregman, única candidata presidencial judía, fue acusada de antisemita o nazi por inquisidores dispuestos a castigar faltas contra la doctrina del gobierno más extremista de la historia de Israel. Bullrich dijo que la candidata del FIT se había opuesto a realizar un minuto de silencio por las víctimas durante le debate. La versión fue tajantemente desmentida por Bregman, pero una mención al paso de la postulante de Juntos por el Cambio en TN marcó la campana de largada para el vandalismo de las redes sociales.

Si el agravio de la portación de antisemitismo o nazismo lanzado contra quien no suscriba la narrativa de la derecha extremista israelí constituye una bajeza, además de una banalización de una expresión de odio siempre vigente, esa ofensa contra una persona cuyos antepasados pudieron haber sido víctimas del Holocausto se transforma en crueldad.  

Qué dirán los inquisidores de Bregman de Noi Katzman, cuyo hermano, un militante pacifista, fue asesinado por Hamás, o de Neta Heiman, hija de la secuestrada de 84 años Ditza Heiman. Ambos reclamaron en su propio nombre y en el de sus seres queridos arrasados por el terrorismo que el gobierno israelí, al que consideran uno de los responsables ulteriores de lo ocurrido, no utilice la masacre perpetrada por Hamás para cometer otra masacre. 

Al cierre de esta edición, los muertos en Gaza producto de los bombardeos israelíes alcanzaban los 2.215, de los cuales 724 eran niños. El ataque terrorista del sábado dejó 1.350 muertos en Israel; decenas de ellos, niños.

SL

El sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, comenzará a analizarse en una audiencia el próximo 30 de agosto según lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, informaron fuentes judiciales.

“Fíjese audiencia para el día 30 de agosto del corriente año a las 10:00 horas”, dispuso Guillermo Yacobucci, juez de la sala segunda del tribunal de Casación en una resolución.

El magistrado aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días, a la vez que informó que también tienen la posibilidad de asentar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática.

Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La sala segunda del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el expresidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Para este caso, el tribunal está formado por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Yacobucci.

Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del submarino- correspondían en realidad a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa, como también por la fiscalía.

En su momento, el fiscal José Luis Agüero Iturbe reclamó ante la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad del fallo y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

LC con información de agencia Télam

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal de Casación Penal apartó este miércoles al juez Alejandro Slokar de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, debido a un pedido de las defensas de los exfuncionarios de inteligencia de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Arribas y Majdalani cuestionaron a Slokar porque ya estaba apartado en la causa conexa que investiga las maniobras del falso abogado Marcelo D'Alessio, por lo que consideraron que su permanencia podría “tornar nulos” todos los actos posteriores del expediente judicial.

En esa línea, los abogados de los funcionarios macristas recurrieron a declaraciones públicas de Slokar en las refirió que “colegas que fueron críticos ante el establishment del Poder Judicial padecieron en el macrismo también su Gestapo, la antijudicial”.

Como tercer elemento de prueba para la recusación, Arribas y Majdalani sostuvieron que el magistrado pertenece a la agrupación “Justicia Legítima”, por lo que su animadversión contra el gobierno de Mauricio Macri se encontraba probada.

Consultado por el tribunal, Slokar consideró que los argumentos de los exfuncionarios no reunían las “causales” de apartamiento, y que las expresiones públicas fueron formuladas “en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo”. “Solo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados”, aseguró.

No obstante, los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Daniel Petrone consideraron que están dadas las condiciones para que Slokar se aparte de la causa por el espionaje ilegal. “A efectos de aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes, corresponde realizar una interpretación extensiva de la garantía contenida en los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y otras normas que conceden las garantías judiciales a los acusados de algún delito.

LC con información de agencia Télam

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó este viernes la recusación presentada por las defensas del expresidente Mauricio Macri y sus exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los acusados pretenden que el magistrado no integre la sala del tribunal que revisará sus sobreseimientos en la causa donde se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

“Los argumentos traídos no exhiben encuadre en ninguna de las causales que prevé el artículo 55 del digesto de rito, ni se advierte la concurrencia de alguna de las situaciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ”Llerena“ (Fallos: 328:1491) y ”Dieser“ (Fallos: 329:3034), que permitan habilitar el apartamiento reclamado”, sostuvo Slokar en un informe presentado esta jornada.

A partir de esta presentación, sus colegas de la sala segunda del máximo tribunal penal, Guillermo Yaconucci y Ángela Ledesma, serán quienes deban resolver si aceptan el pedido de las defensas y apartan a Slokar o comparten el criterio del juez y lo confirman como integrante del tribunal para intervenir en este expediente.

Las defensas habían recurrido a tres argumentos para reclamar su recusación: la identificación del juez con el espacio “Justicia Legítima”; sus declaraciones públicas vinculadas a las presiones que sufrieron colegas y el hecho de que estuviera apartado de intervenir en el denominado caso D'Alessio, ya que fue declarado conexo con la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Al citar un criterio establecido por la propia Casación, Slokar sostuvo: “El temperamento adoptado en la instancia de origen no puede resultar vinculante para esta Cámara si no encuentra arraigo en la posibilidad de incurrirse en sentencias contradictorias, por cuanto la ratio de la unificación de causas en una sala debe apuntar a favorecer la armónica aplicación de la ley, evitando pronunciamientos contradictorios y de tal manera, guarda correlato con la mejor administración de justicia”.

“Tampoco los planteos sobre un pretendido temor de parcialidad por mi actuación pública exhiben la motivación suficiente que posibilite sustentar mínimamente el extremo aducido para la exclusión”, continuó el magistrado.

“Cabe destacar que las expresiones fueron formuladas en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo, sólo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados, razón por la que no dan cuenta de animadversión a su respecto”, se defendió el juez. “Por fin, el cuestionamiento a la pertenencia a la Asociación Civil Justicia Legítima desde siempre ha sido desestimado por este tribunal”, remató.

El caso D'Alessio

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal a partir de las presentaciones de los familiares representados por los abogados querellantes Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, como también del Ministerio Público Fiscal. En este marco, los defensores de Macri, Arribas y Majdalani invocaron la conexidad con la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En aquel caso, Slokar fue apartado luego de una presentación formulada por Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica (CC), quien estuvo imputada luego de ser notificada de que su nombre aparecía en el expediente.

El caso D'Alessio inició con una denuncia del empresario Pedro Etchebest ante el juzgado federal de Dolores, debido a una supuesta extorsión por parte del falso abogado, quien le habría exigido una suma de dinero para evitar su vinculación en el marco de la denominada causa “Cuadernos”. En el megaproceso, se investiga una asociación ilícita que desde 2016 a febrero de 2019 planificó y ejecutó actividades de investigación, recolección, clasificación, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas en causas judiciales, a partir de la cual llevaban adelante maniobras extorsivas y coercitivas.

Pudo establecerse que la organización criminal reunía información solo asequible para organismos públicos. En el marco la investigación, se avanzó sobre el papel que jugaron las denominadas “bases AMBA” de la AFI, llegando a la información que daría cuenta del posible espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Slokar, en el informe practicado conforme el artículo 61 del Código Procesal con cita de los precedentes de la Corte Suprema, desecha su apartamiento denunciando un “medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuido”, como descarta su apartamiento por sus expresiones públicas o su carácter de miembro fundador de Justicia Legítima.

Recuento de la causa

Slokar fue convocado a integrar la Sala II para esta causa para reemplazar al camarista Carlos Mahiques, apartado tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas, representados por Carreras y Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el expresidente Macri.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso de Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo.

Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Para su dejar sin efecto su procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad del exmandatario a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

El expresidente Mauricio Macri y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, recusaron este lunes al juez Alejandro Slokar, quien debe revisar el fallo con el que los tres fueron sobreseídos por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Las defensas de los exfuncionarios argumentaron que Skolar no puede intervenir, ya que está apartado en una causa conexa -el “Caso D'Alessio”- y porque en entrevistas periodísticas se manifestó en referencia al despliegue de la Inteligencia durante el gobierno de Macri, según las presentaciones judiciales.

“El hecho objetivo de que dentro de los agravios que deberá resolver esta Sala II se encuentren diversos vinculados directamente a la causa FMP88/2019, demuestra holgadamente que el Sr. Juez Dr. Alejandro W. Slokar no puede intervenir en la presente causa FMP8559/2020 y que su actuación genera probado y real temor fundado de parcialidad, por lo que se deberá disponer su apartamiento”, planteó el abogado de Macri, Pablo Lanusse.

Por su parte, la defensa de Arribas sostuvo que Slokar no debería intervenir porque en un reportaje a Página/12 afirmó que hubo funcionarios judiciales que sufrieron “macartismo” y la presión de la “Gestapo, la antijudicial”. “Es innegable que un juez que realizó semejantes manifestaciones públicas, sobre temáticas que se relacionan estrechamente con los hechos con los que se me vincula -junto al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios- y tiene una opinión tan negativa hacia dicha gestión de gobierno, en aquellos aspectos, difícilmente pueda actuar con la imparcialidad que debe caracterizar a todo magistrado para valorar objetivamente los hechos que constituyen el objeto procesal. Más bien, parece que ya tiene una posición tomada sobre todo lo que ocurrió”, dijo la defensa.

En esa línea se expresó también la defensa de Majdalani, al señalar: “Lo que tenemos es que a partir de manifestaciones públicas que ha realizado (Slokar) una vez que se lo designara Presidente de esa Exma. Cámara, se colige que, según su modo de ver, durante la gestión presidencial del señor Mauricio Macri, habría existido una suerte de estructura conformada por distintos funcionarios de ese entonces que se habrían dedicado a la persecución de opositores a esa administración”.

A partir de dichas presentaciones, la querella de un grupo de familiares de los tripulantes, representados por la abogada Valeria Carreras, emitió un comunicado en el que manifestó: “No teniendo el Juez Slokar vínculos con ninguno de los procesados Macri, Arribas y los demás consortes, ni relaciones con el poder político, ni cuestionamientos como la mayoría de jueces de Comodoro Py, confiamos en su imparcialidad”. “Sin embargo en el día de la fecha los procesados principales, han pedido su apartamiento. A diferencia del trato que esta querella ha recibido, priorizamos los derechos de los encausados, respetamos su derecho de defensa en juicio”, sostuvo Carreras.

Slokar fue convocado a la Sala II en reemplazo del camarista Carlos Mahiques, quien fue apartado de la causa tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas representados por los letrados Carreras y Luis Tagliapietra, bajo las atribuciones de amistad con el expresidente.

Hundimiento del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó la medida, una decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese entonces, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens habían considerado que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo más que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

La calle Ortiz de Ocampo al 3.200, extremo este de Barrio Parque, fue durante años un reducto familiar para el mundo PRO. En esa zona exclusiva de Buenos Aires funcionó el Ocampo Wellness Club, un gimnasio que tuvo entre sus habitués a Flavia Palmiero, Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el actor Martín Seefeld, la jueza suprema de la Ciudad Inés Weinberg de Roca, Diego Torres y Marcos Gastaldi, entre otros dirigentes del PRO, empresarios y artistas. De todas formas, el dato más destacado del lugar es que allí se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada, en 2009.

De los escaladores, cintas de pilates y bicicletas de spinning que dieron vida al Ocampo Wellnes Club ya no queda nada. El gimnasio se mudó a otro terreno familiar para las gestiones del PRO en la Ciudad, Costa Salguero, en noviembre de 2017. Tampoco existen las “canchitas de Ocampo” que compartían administración y funcionaban enfrente, en menos de una hectárea delimitada por vías de los ferrocarriles San Martín y Mitre.

En Ocampo 3220-3250, donde estaba emplazado el gimnasio, se levanta Working Ocampo, un complejo de oficinas de 34.000 metros cuadrados que desarrollaron las firmas Rukan y Criba, esta última aportante de campaña de Macri en 2019. A la altura del 3195, donde estaban las canchas, avanza el proyecto Line Ocampo, un edificio premium que promete 117 “casas en altura” cuyo valor alcanza entre los US$ 800.000 y US$ 2 millones por unidad y ya se encuentran, en gran medida, vendidas. El proyecto ofrece tres piscinas, microcine y cava de vinos que disfrutarán dueños de departamentos desde tres ambientes hasta “penthouses de 4 dormitorios” y 750 metros cuadrados.

Los camiones entran y salen y las grúas se levantan pese a que se investiga en fuero federal si la subasta pública del terreno de Ocampo 3195 fue realizada a un precio inferior al fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), y si un beneficiario fue, entre otros allegados al Gobierno de Cambiemos, Gustavo Gustavo Arribas, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia. Durante su paso por la administración pública, el empresario de negocios del fútbol vivió en un departamento de Macri y Awada en avenida Libertador y Cavia, a pocas cuadras de Line Ocampo.

La causa en el fuero federal se originó en una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) tras una auditoría llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que inspeccionó subastas de terrenos de alto valor inmobiliario ofrecidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el Gobierno de Macri. El expediente, de por sí complejo porque va en paralelo a otros gemelos que abarcan unos ochenta bienes subastados, desde lotes en Retiro, parcelas ferroviarias hasta campos en Córdoba, se encuentra radicado desde septiembre de 2020 en el juzgado en lo criminal federal 11 (subrogado tras la muerte de Claudio Bonadio) y la fiscalía federal 10, a cargo de Paloma Ochoa.

Lazos de Inteligencia

El terreno de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente, Fideicomiso Vías de Ocampo, por la suma de U$S 40,4 millones. Meses antes, la Legislatura de la Ciudad había aprobado la rezonificación de la parcela para que se pudiera construir en altura.

El precio de venta resultó US$ 2,5 millones inferior a los US$ 42,9 millones establecidos por el Tribunal de Tasación como valor de mercado (“venal” en terminología estatal), según la denuncia de la OA, a cargo de Félix Crous.

El estudio de arquitectos Juan Martín Santagada-Adriana Paula Anchezar aparece como la cara visible del fideicomiso, con 27,5% de participación, seguido por Ariel Goldszer (de Ocampo Propiedades), con 22,5%. El nombre de Arribas surgió cuando el entonces señor 5 reconoció ante la OA —todavía bajo la órbita de Laura Alonso— haber invertido $ 40,7 millones (US$ 1,5 millón al momento de ganar la subasta) en el Fideicomiso Vías de Ocampo, según la declaración jurada correspondiente a 2018. Al año siguiente, Arribas ratificó el dato con igual valor expresado en pesos.

En una ampliación de la denuncia, la OA advirtió más líneas que vincularían al fideicomiso con la comunidad de Inteligencia, aunque los indicios son más tenues que en el caso de Arribas. La oficina de Crous dio cuenta de que Adriana Anchezar es hija del almirante (r) Juan Carlos Anchezar, ex subsecretario de la SIDE durante el Gobierno de Carlos Menem. A su vez, participa del fideicomiso, con representación de 10%, Ignacio José María Sáenz Valiente, socio en Midas Hotel Management S.A, un emprendimiento de Agustina Olivero Majdalani, hija de la exsubdirectora de la AFI durante el Gobierno de Macri, Silvia Majdalani, dijo la OA.

El predio de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente a un precio US$ 2,5 millones inferior al valor de mercado, ya que el Tribunal de Tasación lo había cotizado en US$ 42,9 millones y se entregó en US$ 40,4 millones.

Otro eventual nexo que la denuncia pide investigar es el de Santagada con Sonia María, Marina y Nicolás Caputo, socios en diferentes emprendimientos de real estate. Los mencionados son hijos de Nicolás Caputo, íntimo amigo y exsocio de Macri, y excónsul honorario de Singapur.

En un primer momento, una firma llamada Fides Investa mostró interés en la subasta ofrecida por la AABE, pero finalmente desistió al reconocer que también formaba parte del Fideicomiso Vías de Ocampo, en lo que la OA interpreta como un intento de simular competencia que luego resultó inconveniente porque habría estirado los plazos.

Subastas bajo sospecha

El mecanismo denunciado en la oferta del predio de Ocampo replica un patrón presente en decenas de terrenos vendidos por la AABE en 2018 y encuentra un subcapítulo en la cesión de 31 escrituras de la Nación a la Ciudad, entre ellas, parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito y predios frente al Río de la Plata, firmada por Macri entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre de 2019, un día antes de finalizar su mandato.

No bien asumió Macri en Casa Rosada, la AABE —a cargo de Ramón Lanús, dirigente del PRO en San Isidro y hoy enrolado con Patricia Bullrich— solicitó a todas las dependencias estatales que informaran la existencia de bienes en desuso o innecesarios. Una vez conformado el registro, la agencia de Lanús solicitó al Tribunal de Tasación que estableciera un valor de mercado para proceder a la venta.

El Código Civil y Comercial establece que las subastas del Estado, si no hay interesados, pueden ser ofrecidas desde dos tercios del valor venal (de mercado). Esa vía fue utilizada en casi todas las subastas efectuadas.

“Con Macri, la AABE estableció un estándar inédito de transparencia. Estiró los plazos lo máximo posible para que se presentara la mayor cantidad de oferentes, organizó subastas 100% digitales y, recién cuando no hubo alternativa, bajó el precio dentro de lo permitido por la ley”, dijo a elDiarioAR una fuente vinculada a la oficina de bienes del Estado del Ejecutivo de Cambiemos. En su mirada, los valores adjudicados en 2018 resultaron ser muy superiores a los actuales, lo que ocasionaría un gran pesar a los adjudicatarios.

La objeción de la SIGEN y de la OA es que ese mecanismo encubrió un supuesto fraude para que los terrenos quedaran en manos de aportantes de campaña de Cambiemos y Juntos por el Cambio, allegados a funcionarios o, directamente, como en el caso de Arribas, miembros del Ejecutivo. La presencia de sociedades offshore fue también recurrente, según la presentación de la OA.

Este medio contactó a dos integrantes centrales del fideicomiso que ganó la subasta de Ocampo, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo al dictamen de la SIGEN, sobre diecisiete expedientes auditados, el perjuicio al Estado por la subvaluación en las ventas fue de US$ 74,5 millones. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

La Secretaría de Ética Pública y Transparencia (nombre formal de la OA) considera que lo establecido en el Código Civil y Comercial en cuanto a bajar la oferta de un bien del Estado tiene por objetivo facilitar una venta en un caso de un litigio judicial o de fuerza mayor. Malvender un bien no es —sostiene la oficina— una obligación del Estado.

Por lo pronto, a una fuente de Comodoro Py al tanto de la instrucción del expediente le resulta extraño el motivo por el cual el Estado se desprendió de tantos bienes sin razón aparente, entre ellos, hectáreas ubicadas en zonas muy productivas de Córdoba que estaban en manos del Ejército. El valor de adjudicación de algunas de las 12.320 hectáreas del sudeste de la provincia fue de US$ 8.900, pese a que el Tribunal de Tasación las había cotizado en USD 15.070, denunció la OA.

Según el dictamen de la SIGEN, el perjuicio al Estado fue de US$ 74,5 millones, en diecisiete expedientes auditados. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

Siete lotes en Catalinas Norte II, zona de alto valor inmobiliario en el barrio de Retiro, son también emblemáticos. Los ganadores fueron Consultatio (de Eduardo Costantini, uno de los principales aportantes a la campaña de Macri), Fideicomiso BAP y TGLT (firma que absorbió la constructora de Nicolás Caputo el mismo año de la subasta).

La OA determinó que la venta de cada lote de Catalinas II fue entre US$ 3 millones y US$ 13 millones por debajo del valor de mercado establecido por el Tribunal de Tasación, y se registró una presunta falsa competencia, ya que TGLT y Fideicomiso BAP estaban unidos por su participación en un tercer fideicomiso. Un cuarto oferente, inmobiliaria OPM, admitió luego ante la AABE que estaba vinculado al vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

El presidente del Tribunal de Tasación, Daniel Martín, tomó el resguardo de dejar por escrito que había sido la AABE la que solicitó a ese cuerpo que dictaminara un valor “base de subasta” equivalente a dos tercios del precio de mercado. La agencia elevó el piso en varias subastas —es decir, superior a los dos tercios del valor de mercado—, aunque siempre por debajo de la cotización establecida por el tribunal.

Tránsito lento

La investigación delegada en la Fiscalía 10 todavía no tiene procesados ni citaciones a indagatoria, en parte, debido la dificultad que supone revisar identidades de los compradores y la legalidad del proceso de venta de decenas de inmuebles.

Uno de los motivos por los que el expediente se mueve en cámara lenta es que no tiene querellante, por lo que el impulso de la acción penal —pedido de medidas de prueba, indagatorias y eventuales medidas cautelares para frenar las construcciones— recae sólo en la fiscalía.

Bajo el mandato de Crous, la OA considera que no tiene entidad ni capacidad para constituirse en querellante, y se limita a presentar denuncias ante indicios de corrupción. Alonso, secretaria de Ética con Macri, podría haber actuado durante el proceso de subasta ya que no tenía reparos en ser querellante, pero dejó claro en su momento ante Luis Majul que no actuaría contra el Gobierno de Cambiemos para que no la acusaran de parcialidad.

La AABE, que fue el primer organismo que solicitó una investigación por orden de Alberto Fernández, también entiende que su función específica no es querellar, salvo casos excepcionales, y evalúa que no corre riesgos con el paso del tiempo, “porque, llegado el caso, si construyen un edificio, habrá más bienes para resarcir el daño”, indica una fuente de la entidad. No es la opinión de otros interesados en la causa, que temen que el transcurso de meses y años derive en derechos adquiridos y torne más dificultoso dar con los eventuales responsables de la maniobra.

Alberto Fernández reaccionó en los primeros días de mandato al comprobar que Macri y Larreta habían organizado la transferencia acelerada de 31 escrituras de Nación a Ciudad por un valor de $16.000 millones (US$ 266 millones al valor de diciembre de 2019), lo que contravendría el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que impide vender o donar activos durante los dos trimestres previos al cambio de mandato. Son causas asociadas a las subastas de Ocampo, Catalinas y los campos de Córdoba, y a otras en predios de Chacarita y Palermo, ya que también habrían implicado una subvaluación de los bienes en detrimento del Estado nacional. La práctica estándar es que el Gobierno de la Ciudad cambia la zonificación de los terrenos fiscales y vende los activos a desarrolladores inmobiliarios.

La fuente de la AABE durante la gestión Cambiemos admite que la transferencia masiva del fin del mandato obedeció a una decisión política ante la presunción de que el Ejecutivo del Frente de Todos no la llevaría a cabo. El argumento del Gobierno de Macri fue que dicha cesión compensaría la obligación asumida por el Estado nacional de pagar US$ 175 millones al Banco de Desarrollo de América Latina (BDAL, ex Corporación Andina de Fomento) por el crédito para la construcción del Paseo del Bajo, entre San Telmo y Retiro, otra obra que mereció una denuncia penal por el presunto beneficio millonario a la constructora de Angelo Calcaterra y que Bonadio y la sala de la Cámara federal compuesta por Mariano Llorens (Liverpool), Leopoldo Bruglia (trasladado al tribunal a dedo) y Pablo Bertuzzi (trasladado a dedo) cerraron abruptamente.

Al día de hoy, el Estado nacional sigue pagando el préstamo con el BDAL y los terrenos en cuestión quedaron en manos del Gobierno de la Ciudad, dijo la fuente de la AABE actual.

Por lo pronto, una cautelar emitida por un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal le impide al Ejecutivo de la Ciudad vender los lotes ubicados en el denominado Triángulo de Salguero (no es lo mismo que Costa Salguero), una de las escrituras cedidas antes del traspaso de mando. Como la AABE entiende que la cesión fue ilegal y reclama su reversión, entonces sí solicitó un amparo en los tribunales.

SL

Antes de ofrecerle el puesto a Gustavo Arribas, Mauricio Macri había pensado en otra persona. En otro de sus amigos de mayor confianza. Pero Daniel “El Tano” Angelici rechazó la propuesta del presidente electo. El binguero radical dejó pasar la oportunidad de conducir la Agencia Federal de Inteligencia y optó por quedarse al frente de Boca. A fines de 2015, Angelici renunció al cargo pero no a los honores de influir sobre la justicia federal y el submundo de la ex SIDE.

Uno de los tantos embajadores que el Tano designó en la AFI, en coordinación con Arribas, fue Juan Sebastián De Stéfano. Angelici sugirió el nombre de “El Enano” para la dirección de Asuntos Jurídicos de la Agencia. De Stéfano venía de ser el delegado de Angelici en el Consejo de la Magistratura porteño. A partir de 2016, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani encararon una purga en la ex Secretaría de Inteligencia. El dúo sumó casi 600 espías nuevos. Entre las altas apareció el viejo compañero de ruta de El Tano.

De Stéfano conoció a Angelici hace más de 30 años en la Facultad de Derecho de la UBA. Militaban juntos en Franja Morada. “El Enano” tenía un tío en el antiguo Concejo Deliberante de la Capital y llegó a ocupar un cargo en la Juventud Radical. Tras su paso como jefe de legales en la AFI, el abogado De Stéfano pasó al directorio de SBASE, la empresa estatal del subte. Lo hizo nuevamente apadrinado por Angelici. 

Ahora que su nombre y su cara se difundieron en el video de la Gestapo-gate, Horacio Rodríguez Larreta se resiste a despedirlo. “De lo que salió públicamente, no se desprende que haya cometido ningún delito. Está en una reunión”, lo defendió el alcalde porteño entrevistado por La Nación.

De Stéfano fue el protagonista locuaz de la reunión realizada el 15 de junio de 2017 en un edificio del Banco Provincia. Ahí, el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal blanqueó sus ganas de contar con una policía secreta como la de los nazis para terminar con los sindicalistas. El actual funcionario de SBASE fue procesado en la causa por el espionaje ilegal a los presos kirchneristas que se investiga en Lomas de Zamora. Pero más tarde fue beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py, bajo la hipótesis de que no existió un plan orgánico y vertical de inteligencia para-estatal.

De Stéfano ahora tiene custodia, a raíz de una serie de amenazas que recibió en las últimas semanas. Un vuelto de su tránsito por los sótanos de la AFI. “No hay vinculación directa entre esa reunión y una acción concreta. El delito de presencia no existe. Pero es una buena justificación para que el kirchnerismo sostenga que hubo una persecución política”, justifica un dirigente de la escudería Angelici. 

Respecto a la posibilidad de que Rodríguez Larreta eche del gobierno a De Stéfano, cerca del Angelici se muestran dispuestos a resistir. E incluso a contraatacar. Se preguntan en tono provocador si Julio Garro, presente en la reunión del Banco Provincia, no debería renunciar entonces a la intendencia de La Plata. Además argumentan que correr al Enano sería una forma de reconocer los delitos de la AFI durante la presidencia de Macri. Por eso el alcalde y María Eugenia Vidal alternan entre el silencio, el siga siga y las contorsiones retóricas. Los desmanejos de la AFI amarilla representan una caja de Pandora incómoda para el PRO. Ningún dirigente macrista muestra demasiado interés en explorar qué pasó en ese ámbito entre 2015 y 2019. Aun los que fueron víctimas de la inteligencia ilegal, como Rodríguez Larreta y Vidal.

Con su agrupación Radicales por Argentina, Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau, esponsoreado por el mítico Enrique “Coti” Nosiglia, como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña. Cuatro responden al Tano. La otra mitad, a Lousteau. 

Angelici mantiene una sociedad doble: tanto con el sector de la UCR liderado por Martín Lousteau como con Rodríguez Larreta. Entre ambas facciones radicales le aportan al larretismo ocho votos clave en la Legislatura porteña.

Si bien fue una figura importante en el diseño de la AFI amarilla, Angelici no arrastra procesamientos ni investigaciones en su contra. “De ningún tipo”, subraya un dirigente de la UCR porteña que lo conoce desde hace 30 años. Y agrega: “El Tano parece oscuro porque tiene incidencia sobre la justicia y el juego, que para algunos moralistas es un pecado. Pero no lo es”. Elisa Carrió disiente con ese punto de vista. En 2016, Lilita lo denunció en Comodoro Py por operador judicial y monje negro, pero la causa quedó en la nada. Y en los últimos días, al calor del Gestapo-gate, la Coalición Cívica difundió un informe de consumo interno. A lo largo de cinco páginas, el partido de Carrió ensaya un despegue ético de los desmanejos de la ex SIDE. El documento se titula “Acciones de Elisa Carrió y la Coalición Cívica contra la inteligencia ilegal en Argentina y algunos hechos de los han sido víctimas”. Y enumera hechos y denuncias de 2010 a la fecha.

Desde que abandonó la presidencia de Boca en 2019, Angelici reparte su tiempo entre la política y los negocios. En diciembre pasado sumó un cargo en la UCR presidida por el jujeño Gerardo Morales. En su oficina de Carlos Pellegrini y Córdoba, el Tano ofició como garante de paz entre el gobernador Morales y el senador Lousteau. Fue el anfitrión de una reunión que destrabó la puja entre ambos. A cambio, se ganó un lugar oficial en la mesa nacional de la UCR, en representación de la Capital. Y en adelante pretende cicatrizar, desde las sombras y con perfil bajísimo, el quiebre del bloque radical en Diputados. 

Además sigue de cerca la rosca xeneize, donde por ahora no planea volver a pelear por la presidencia. Y en paralelo amplía y moderniza su mini-imperio de bingos y casinos. El 29 de diciembre, en la última sesión del año del 2021, la Legislatura cordobesa aprobó las apuestas a través de aplicaciones online. Se trató de un proyecto votado por la coalición schiarettista y una parte de Juntos por el Cambio. Angelici es parte de Atlántica de Juegos, una de las operadoras que explotará el juego en esa provincia. Macri apoyó explícitamente la sanción de la ley. “Se aprobó a fin de año, con una sola discusión de comisión y de cerrada participación. Fue muy oscuro y fraudulento”, se queja ante elDiarioAr el senador cordobés Luis Juez. Y agrega: “No me gusta que Macri la apoye, es habilitar una plataforma de juegos para que los chicos desarrollen la ludopatía”.

Macri y Angelici se conocieron en 2005. Fue en la casa que El Tano tenía (y todavía tiene) en la ciudad de Pergamino. El ingeniero de la UCA y el abogado radical conectaron de forma inmediata: un flechazo de confianza mutua. Desde ese momento, Angelici manejaría la franquicia del radicalismo-PRO, con un plus personal: el de su influencia sobre el mundo judicial.

AF

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse este martes en las redes sociales al presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, bajo una serie de posteos que tituló “Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas”.

“Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que eligió por segunda vez consecutiva para pronunciarse sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

En sus tuits de este martes, la Vicepresidenta señaló que “en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17” estaban “Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI”.

También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a “Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani” y agregó que “Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015”.

Este lunes, la Vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: “Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.

“Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, escribió y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar de entonces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrada en causas donde se investiga si hubo espionaje ilegal.

Con información de agencias.

IG

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este miércoles a través de sus redes sociales el fallo de las últimas horas de la Cámara Federal porteña, que revocó los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

“¡Llegó Papá Noél!”, comenzó la exmandataria su hilo de tweets en referencia a la causa. “Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que, durante 4 años, con Bruglia -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos!”, sostuvo la Vicepresidenta.

“Ahora… Dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora… No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política”, aseguró Fernández de Kirchner en Twitter.

Y agregó: “O sea que… Los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”

Para concluir, la expresidenta sentenció: “Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”

El fallo sobre Arribas y Majdalani

La Cámara Federal porteña revocó este martes los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Macri no está imputado en este expediente. El fallo de mayoría de la Cámara favorece la postura de su defensa en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del Ara San Juan, en la que el expresidente quedó procesado junto a la cúpula de la AFI de su gobierno. Al descartar una supuesta asociación ilícita y adjudicar las supuestas tareas de inteligencia ilegal a un grupo de espías con presuntos intereses particulares, los camaristas están rechazando que la AFI macrista haya ordenado oficialmente el espionaje ilegal y no lo reconoce como una política del gobierno de Macri, como plantea el juez Martin Bava en Dolores.

La causa D´Alessio pasa a Comodoro Py

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este miércoles que la causa por espionaje y extorsión que tiene como principal acusado al falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio pase a los tribunales federales de Comodoro Py y deje de tramitar ante la justicia de Dolores, informaron fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por la sala segunda del máximo tribunal de apelaciones, integrada para este caso por los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi, ante un planteo del fiscal imputado Carlos Stornelli.

IG

La Cámara Federal porteña revocó este martes los procesamientos a los extitulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por supuesta “asociación ilícita” en la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal en el Gobierno de Mauricio Macri, que habían sido dictados por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

En su fallo, el Tribunal de Apelaciones dejó procesada a Majdalani por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado la actividad de un grupo de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia procesados por presunto espionaje ilegal, según resoluciones a las que tuvo acceso Télam.

Por mayoría y con la disidencia del juez Eduardo Farah, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron también la falta de mérito en la causa para el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Macri no está imputado en este expediente. El fallo de mayoría de la Cámara favorece la postura de su defensa en la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de tripulantes del Ara San Juan, en la que el expresidente quedó procesado junto a la cúpula de la AFI de su gobierno. Al descartar una supuesta asociación ilícita y adjudicar las supuestas tareas de inteligencia ilegal a un grupo de espías con presuntos intereses particulares, los camaristas están rechazando que la AFI macrista haya ordenado oficialmente el espionaje ilegal y no lo reconoce como una política del gobierno de Macri, como plantea el juez Martin Bava en Dolores.

La querellas pueden presentarse ante la Cámara Federal de Casación. También las defensas, en el caso de los que quedaron procesados parcialmente, como Majdalani.

En cuanto a Arribas, los jueces dictaron su falta de mérito y revocaron el embargo y medidas cautelares que había establecido el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

Lo mismo hicieron para con otra veintena de imputados en la causa, al considerar no probada aún la existencia de una asociación ilícita.

En el caso de Majdalani, se redujo el embargo en su contra a 4 millones de pesos al dejarla procesada por presunto incumplimiento de deberes pero con falta de mérito en relación al delito de “asociación ilícita”.

El Tribunal de Apelaciones confirmó los procesamientos de un grupo de ex agentes de la AFI por infracción a la Ley de Inteligencia 25520, en relación a maniobras de espionaje ilegal.

Se trata de Alan Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano y María Andrea Fermani.

En la causa intervino la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 debido a que Casación Penal resolvió que el caso pase de los tribunales de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

Con información de Télam.

IG

Mauricio Macri, desde Miami, donde viajó para presentar su libro, aseguró este viernes que no cambiará su agenda en el exterior pese a la citación indagatoria para el próximo 7 de octubre en la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan. Según allegados al exmandatario, la decisión del juez de Dolores Martín Bava es “parte de la campaña política del Frente de Todos”, al tiempo que aseguran que sus abogados pedirán “más tiempo para preparar la defensa”.

Macri fue citado a indagatoria para el próximo jueves en el marco de la causa que investiga el espionaje a los familiares del Ara San Juan, que se hundió el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. Además, se le dictó la prohibición de salida del país, a pesar de ya estar en el exterior.

El juez Bava es subrogante de Alejo Ramos Padilla y tomó la decisión como parte de las medidas dispuestas en la investigación que intenta determinar si miembros del anterior gobierno buscaron controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de maniobras desplegadas de las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2016 y diciembre de 2017. El expresidente tiene la obligación de asistir a la indagatoria.

Por el momento, Macri, tras comunicarse con sus abogados, resolvió que esperará que llegue la notificación oficial de la resolución judicial a su domicilio y adelantó que pedirá una postergación de la indagatoria al considerar que tiene poco tiempo para preparar su defensa, ya que no vio el expediente, publica Infobae, donde sostienen que el expresidente no entiende “el apuro” del juez Bava porque él no estaba involucrado en la causa, sino Gustavo Arribas, el exjefe de la AFI durante el gobierno de Cambiemos.

Desde Miami, de acuerdo a su agenda original, el exmandatario debería viajar rumbo a Qatar para cumplir con labores vinculadas a la Fundación FIFA, que preside.

Patricia Bullrich: “Macri no estaba procesado y de golpe lo llaman a indagatoria”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó este viernes como “muy sorprendente y nunca visto” la decisión de la Justicia de citar a declaración indagatoria con prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri en la causa en la que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

“En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba absolutamente involucrado. Y de no estar involucrado se pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera”, consideró Bullrich al participar de un encuentro por videoconferencia, en el cual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) presentó su Comité de Control Electoral rumbo a las legislativas del 14 de noviembre.

“Las personas procesadas en esta causa son otras, no estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no esta en el país”, continuó Bullrich.

“Es muy sorprendente -insistió- donde primero llaman al expresidente que a las personas que estaban siendo investigadas; es un procedimiento raro, nunca visto que alguien que no está en la causa sea llamado a indagatoria”.

La resolución del juez Bava

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la exsubdirectora del organismo, Silvia Majdalani, con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal “se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes, para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional”, remarcó Bava en su fallo.

“Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber del Poder Judicial investigarlo y sancionarlo”, agregó.

La “gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido”, evaluó.

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, “determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina”.

“Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”, detalló la resolución.

Por otra parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan fallecidos, consideró que la decisión del juez Bava “se caía maduro desde el primer momento. No iba a poder zafar porque los papers que presentaron, que están en el expediente, que entregaron los espías, están dirigidos personalmente a él y no puede alegar desconocimiento. Esto es una grata sorpresa”, dijo en declaraciones a Radio 10.

Detalles de la causa

La causa por la que Macri será indagado se inició por una denuncia radicada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en septiembre del año pasado. La primera parte de la investigación la llevó adelante el fiscal Daniel Adler en Mar del Plata, hasta que el caso cambió de jurisdicción a Dolores.

De acuerdo con la denuncia de Caamaño, mientras el submarino aún permanecía desaparecido, durante la gestión de Macri, la AFI hizo seguimientos en las manifestaciones realizadas en Mar del Plata por parientes y amigos de los tripulantes.

El juez dictó además el procesamiento del ex director de la AFI, Gustavo Arribas, y la exdirectora, Silvia Majdalani, además de varios funcionarios y agentes que habían sido indagados. Se los sindicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

Según Bava, la responsabilidad de los hechos investigados no puede endilgársele solo a los exjefes de la AFI. En su fallo, el juez escribió: “No solo las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de Inteligencia respecto los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”.

La denuncia con la que se inició la causa sostiene que la AFI, mientras buscaba material que había solicitado un juez, halló tres discos rígidos con los registros del espionaje ilegal a los familiares, a través de fotos, partes de inteligencia y la intrusión en redes sociales, principalmente en el primer semestre de 2018.

Según Caamaño, las “tareas” ventiladas “no se encontraban ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”.

“El material acompañado demuestra que la AFI hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, escribió la funcionaria en su denuncia.

De acuerdo a la AFI de Caamaño, “los informes, fechados entre enero y junio de 2018, muestran seguimientos sistemáticos y fotografías tomadas frente a la Base Naval de Mar del Plata o durante otras actividades realizadas, por ejemplo, en el Consejo Deliberante de esa ciudad o en el monumento al Gral. San Martín local, tanto de las columnas, como a referentes de los grupos de familiares”.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 m de profundidad.

Con información de agencias.

IG

El exvicepresidente Amado Boudou denunció este viernes al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la supuesta violación de sus derechos y garantías durante el desarrollo de la causa Ciccone Calcográfica, según el escrito al que accedió elDiarioAR. El organismo internacional deberá analizar si da trámite al caso y lo remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El exfuncionario presentó una denuncia de más de 20 páginas ante la CIDH, con sede en Washington, Estados Unidos, con el patrocinio de uno de sus abogados, Alejandro Rúa. En el documento, Boudou relató los roles que habrían cumplido distintos actores en una supuesta maniobra del lawfare o “guerra judicial” en su contra. “El Estado argentino es responsable por la violación” de nueve artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo.

“He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado, comenzando por la de legalidad, en un contexto de discriminación política y persecución”, expresó Boudou en su denuncia.

El exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) fue condenado en 2018 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública por haberse quedado con el 70% de las acciones de la imprenta de billetes Ciccone Calcográfica, junto a varios cómplices y a cambio de garantizar el salvataje de la compañía, que se encontraba al borde de la quiebra, según el fallo del Tribunal Oral Federal número 4.

Durante su indagatoria en el juicio, Boudou refutó haber intervenido a favor del levantamiento de la quiebra de la imprenta; y dijo que el dueño de ese 70% era el exbanquero Raúl Moneta, entonces inimputable por una severa enfermedad, y quien falleció en 2019. 

Moneta fue investigado en el expediente Ciccone II junto al banquero Jorge Brito, señalado como supuesto financista de la compra, pero Brito fue sobreseído. Falleció en 2020. Boudou explicó a la CIDH que su caso fue enviado a juicio antes de que se avanzara contra Brito y Moneta, lo que entendió que fue parte de la maniobra denunciada.

He sido sometido en mi país a un proceso judicial amañado y arbitrario en el que no ha habido garantía convencional que no se haya violado.

Las pruebas en su contra fueron consideradas contundentes por 17 jueces de distintas instancias y cinco fiscales. Sin embargo, Boudou sostiene que se cometieron irregularidades durante sus reiteradas y publicitadas detenciones (tres en los últimos tres años y medio), y también a lo largo del juicio oral en su contra y la revisión de su caso en los tribunales de apelaciones, incluso en la Corte Suprema. 

“Ante la manipulación de las voluntades judiciales afectadas no hubo ningún recurso real a mi disposición para la defensa de mis derechos, pues todo eso fue ratificado por la Corte”, aseguró. El máximo tribunal consideró en diciembre que los planteos de la defensa debían ser rechazados.

Boudou enumeró la presunta violación de nueve artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte de dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) y supuestos cómplices externos. En el escrito apuntó al gobierno de Mauricio Macri; a exmiembros del Servicio Penitenciario Federal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); a jueces de distintas instancias y a medios de comunicación. Detalló cómo habrían articulado acciones en su contra.

“Se trataba de lograr una sentencia anticipada construida mediática y judicialmente, sin que existiera correlación alguna con la verdad de los hechos”, afirmó. “El objetivo político central era borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”, aseguró citando a la Comisión Bicameral de inteligencia y al comparar el supuesto accionar denunciado con las prácticas de la última dictadura militar. También adjudicó la presunta maniobra a una campaña a favor del macrismo, con fines electorales.

Boudou criticó el desempeño de todos los jueces que intervinieron en el caso Ciccone: desde el juez de primera instancia, Ariel Lijo (que comenzó a instruir la causa en 2012 y lo procesó en 2014) hasta el máximo tribunal, que confirmó su sentencia en apenas un párrafo en diciembre último. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación no revisó el caso, haciendo aplicación del artículo 280 del código de procedimientos civiles” y “sin dar razón alguna de su negativa a abrir la instancia extraordinaria ante la gravedad de los reclamos”, sostuvo ante la CIDH.

Los servicios y el arrepentido

La denuncia de Boudou ante el organismo internacional también incluyó un pormenorizado relato del supuesto espionaje ilegal de la AFI a sus abogados y al propio exfuncionario mientras estuvo alojado en la cárcel federal de Ezeiza, hecho que es objeto de una investigación penal en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de inteligencia de la gestión macrista, y exautoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), entre otros. Todos han negado los cargos. Boudou contó que existen pruebas de que se instalaron en el penal dispositivos para escuchar sus conversaciones con sus abogados, algo prohibido por la ley.

A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias.

“El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas” para el lawfare, dijo citando nuevamente a la Comisión Bicameral de inteligencia en el Congreso.

La causa Ciccone fue objeto de interés de los servicios de inteligencia desde su inicio. Los primeros abogados de Boudou en la causa fueron Diego Pirota y sus colegas del estudio de Darío Richarte, exjefe de la SIDE durante el gobierno de Fernando De La Rúa, un estudio apuntado en los tribunales como uno de los que coordinó la práctica profesional con supuestas instrucciones del exjefe de los espías Jaime Stiuso y del auditor por el peronismo en la Auditoría General de la Nación (AGN), Javier Fernández, señalado como “operador judicial” del kirchnerismo, un rol que siempre ha negado. Stiuso y los abogados de dicho estudio también han negado haber participado de cualquier irregularidad.

Tras el quiebre entre el kirchnerismo y Stiuso, el estudio renunció a todas las defensas de funcionarios kirchneristas y Boudou dio un giro de 180 grados para elegir a sus nuevos defensores: Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, fervientes críticos de la intromisión de la exSIDE en la Justicia.

En su denuncia contra el Estado argentino, el exfuncionario también hizo hincapié en la negociación atribuida a la exministra Patricia Bullrich con Alejandro Vandenbroele -testaferro de Boudou, para la Justicia-, con el fin de que declarara como arrepentido en su contra; ahondó en el pago de $1.500.000 al arrepentido, dispuesto por el Ministerio de Justicia macrista (Boudou presentó actas oficiales que lo prueban); y supuestas irregularidades durante el desarrollo del juicio, como la imposibilidad de presentar prueba a su favor durante el proceso.

“A los fines de una condena impuesta de antemano, ante jueces de distintas instancias afectados en su imparcialidad, se pagó ilegalmente una declaración y se mantuvieron ocultas dichas circunstancias en que intervinieron las agencias de inteligencia y otros funcionarios del Gobierno” de turno, afirmó. Comparó el hecho con otro caso que analizó la CIDH: el pago de US$400.000 a Carlos Telleldín en el caso AMIA, antecedente que analizó en detalle.

“Mi declaración como arrepentido fue libre, no fue pagada por nadie”, dijo Vandenbroele a Infobae. “El Ministerio de Justicia también ha autorizado fondos muy elevados para reubicar a otros testigos protegidos”, dijo una fuente macrista de esa cartera a elDiarioAR ante una consulta en enero.

Afuera de la política

Otro de los puntos por los que demandó al Estado es la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que recibió en 2018. La definió como contraria a lo dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración Universal de Derechos Humanos, al encuadrarla dentro de las categorías de penas “degradantes”, “arbitrarias” y/o “crueles”.

Boudou cumple un arresto domiciliario que se encuentra en revisión ante la posibilidad de ser trasladado por cuarta vez a una cárcel federal para cumplir el resto de la pena. Para mediados de año, estará en condiciones de solicitar la libertad condicional, ya que habrá cumplido los dos tercios de su pena, confirmaron fuentes de su defensa y una fuente judicial del caso.

En su escrito, definió como arbitrarias sus detenciones preventivas, previas a la condena, y contó que el tribunal que lo juzgó lo obligó con una resolución a presentarse a todas las audiencias del juicio para “obtener la máxima espectacularidad político-mediática”. También recordó la publicidad de sus traslados “esposado y disfrazado con casco y chaleco antibalas ante el tribunal”. 

En su denuncia ante la CIDH, Boudou adjuntó presentaciones judiciales ante distintas instancias (apelación, documentos de los expedientes, recursos ante tribunales de apelación), el informe de la Bicameral de Inteligencia, copia de otros expedientes (La Mesa Judicial del macrismo) y notas periodísticas, entre otras pruebas de su denuncia. 

En trámite

La CIDH es un organismo independiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su objetivo es proteger los derechos humanos en el Continente, según su estatuto. Está integrada por siete miembros “independientes”.

Tras la presentación de Boudou, el caso ingresará a la Comisión para su evaluación y posible remisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tribunal internacional que juzgará si el Estado argentino violó la Convención Americana.

Argentina es uno de los veinte Estados que han reconocido la competencia de esta corte interamericana, pero una sentencia contra el país no necesariamente modificaría la situación procesal de Boudou en Argentina. 

En 2017, la Corte Suprema de la Nación estableció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino. Hay otros antecedentes que van en sentido contrario. Por lo tanto, si existiera un fallo a su favor a nivel internacional, Boudou podría reclamar en Argentina que se revise y revoque su condena.

ED

En los tribunales de Comodoro Py, otro expediente se quedó a mitad de camino. El caso atraviesa a Lázaro Báez, sus hijos, testigos falsos, abogados, jueces, fiscales, periodistas y medios de comunicación, políticos e intereses políticos, y los servicios de inteligencia. Giraba, además, sobre el intento de apartar en 2016 al juez federal Sebastián Casanello del caso por lavado de dinero contra el exsocio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

La causa, que corría por cuerdas paralelas al caso Báez, llegó hasta el máximo tribunal federal penal del país, la Cámara Federal de Casación, que el lunes último ordenó sobreseer a los dos acusados y el expediente se quedó sin llegar a los últimos responsables de la maniobra, según el análisis de elDiarioAR de escritos y fallos de la causa y el diálogo con algunos de los protagonistas y magistrados que intervinieron en el caso. La causa, así, muere en los “perejiles”, según reconocieron tanto fuentes judiciales como las partes que intervienen en el caso.

En 2016, los empleados públicos Gabriel Edgardo Fabián Corizzo (figuraba cobrando un salario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSeS) y Carlos Marcelo Scozzino (aparecía en los registros públicos como empleado de la Secretaría General de la Presidencia) se presentaron en los tribunales federales para declarar que habían visto al juez Casanello en la Quinta de Olivos durante 2015, luego de que periodistas publicaron esa versión y abogados de los Báez la utilizaran para pedir el apartamiento del juez del caso por lavado de dinero de la corrupción en la obra pública.

Los dos testigos terminaron condenados en noviembre de 2020 por falso testimonio. Corizzo y Scozzino aceptaron la culpa, firmaron un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta. elDiarioAR intentó dar con ellos en sus domicilios declarados pero no pudo hallarlos al cierre de esta nota.

El Tribunal que los condenó, a través del juez Andrés Basso, dejó en claro que el caso excede la responsabilidad penal de los testigos truchos y que alguien más se había beneficiado de la maniobra ilegal. “Lo que aquí se juzga excede el arrojo particular de dos individuos, para constituir, según las propias constancias de la causa, una maniobra de mayores dimensiones, previamente orquestada junto a otros actores, quienes son los que pudieron perseguir un ilegítimo beneficio a costa de los falsos testimonios que aquí se han probado”, dijo Basso en la sentencia de los testigos truchos.

Este lunes, la decisión de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, de la Sala IV de Casación cerró las puertas para investigar quiénes ordenaron o instigaron a los testigos truchos; por qué motivo estos dos testigos se involucraron en la maniobra; y a quiénes respondían, según surge del fallo. 

Los sobreseídos

El juez Casanello había señalado como supuestos instigadores al exfiscal y agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Eduardo Miragaya, y al abogado Santiago Viola, exdefensor de tres de los hijos de Lázaro Báez, empresario y exsocio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Miragaya, un fiscal que había estado involucrado en una causa de jubilaciones truchos, había asumido en febrero de 2016 como encargado de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI, entonces comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majadalani. Fue desvinculado del organismo en 2017.

El juez Luis Rodríguez, quien investigaba la maniobra denunciada por Casanello y procesó a los testigos falsos, sobreseyó en cambio a Viola y Miragaya. El abogado de Casanello, Nicolás D’Albora, apeló esa decisión. En la Cámara Federal porteña, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron los sobreseimientos de Viola y Miragaya y ordenaron seguir investigando al abogado y al exagente de la AFI. 

Los abogados de Viola y Miragaya se presentaron entonces ante la Casación y pidieron que se vuelva a ordenar sus sobreseimientos. Fuentes allegadas a Viola afirmaron ante la consulta de elDiarioAR que el abogado es inocente de los cargos y que fue “usado” para supuestamente desviar la mirada de los verdaderos instigadores de la maniobra de instalar testigos truchos. Este medio también intentó comunicarse con Miragaya pero muy cerca del exfiscal y exagente de inteligencia explicaron que se encuentra en un grave estado de salud y que no podía ser contactado.

Casación podría haber revocado los sobreseimientos sin opinar sobre el fondo de la cuestión pero lo hizo y argumentó por qué, según ellos, deben ser sobreseídos.

Fuente judicial, Cámara Federal porteña.

La decisión de los jueces de Casación benefició este lunes a Viola y Miragaya. Las pruebas que constan en el expediente no lograron probar la participación de ambos acusados y las medidas están agotadas, sostuvieron dos de los jueces. 

El fallo de la Casación, además, está directamente dirigido a Bruglia y Bertuzzi, quienes ahora recibirán nuevamente el expediente para acatar la orden del tribunal superior: sobreseer definitivamente a Viola y Miragaya.

En los despachos de la Cámara Federal porteña evaluaron esta semana que el fallo de la Casación no les deja alternativa a los camaristas. “Casación podría haber revocado los sobreseimientos sin opinar sobre el fondo de la cuestión pero lo hizo y argumentó por qué, según ellos, deben ser sobreseídos. Y eso le quita cualquier posibilidad a los jueces de no acatar la orden”, explicó una fuente judicial que analizó el fallo. 

Si Viola y Miragaya deben ser sobreseídos, entonces, ¿quién instigó a dos empleados públicos a declarar contra el juez? ¿Se podría seguir investigando hacia arriba una vez sobreseídos Viola y Miragaya? “No en este expediente”, coincidieron tanto fuentes judiciales como de la querella y una de las defensas. 

¿Entonces el caso se estanca en la responsabilidad de los ejecutores de la maniobra y nunca llegará a los instigadores que lo planearon? Sólo si aparecieran nuevos indicios o pruebas sobre otros posibles instigadores, entonces recién ahí Casanello o un tercero podría realizar una nueva denuncia. Un escenario poco probable, admiten algunas de las partes. Los únicos acusados por el juez Casanello (y por ende, su única teoría) eran Viola y Miragaya. Ellos nunca más podrán ser investigados por este caso. Cosa juzgada.

Una sucesión de hechos

En abril de 2016, Casanello ordenó la detención preventiva de Lázaro Báez. Semanas más tarde, avanzó con negociaciones previas con las autoridades suizas para obtener la información de las cuentas bancarias no declaradas por Báez y sus hijos en el país helvético, según notas publicadas en distintos medios. Luego, obtendría esa información, crucial para condenar cinco años después a Báez y sus cuatro hijos, según la sentencia del Tribunal Oral Federal número 4.

En mayo de 2016, según fuentes directas del caso, los abogados Claudia Balbín y Santiago Viola recibieron en su estudio jurídico un anónimo en el que se sostenía la existencia de una supuesta visita de Casanello a Olivos durante 2015, cuando Fernández de Kirchner todavía ocupaba la residencia. Ambos abogados se desvinculan de ese anónimo. Solo lo recibieron.

A fines de mayo de ese año Viola y Balbín, como abogados recién contratados por Leandro Báez, recusaron a Casanello, argumentando que el juez no podía seguir a cargo del caso porque era “parcial” y dirigía la investigación sólo en torno de la familia Báez, obviando “el rol protagónico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, según el escrito presentado entonces por la defensa. 

“Debe tenerse en consideración la información periodística que circula en cuanto a la relación que tendría el doctor Sebastián Casanello con la doctora Cristina Fernández de Kirchner” y citaron la columna del periodista Carlos Pagni en La Nación, quien había contado que el propio Lázaro Báez hablaba en la cárcel de una supuesta visita de Casanello a Olivos durante 2015. Báez incluso contaba que presenció dicho encuentro y que un mozo de la residencia presidencial le había servido al magistrado un café cortado. 

Para la misma fecha, periodistas del canal América y de Infobae comenzaron a publicar supuestos detalles de la versión de que Casanello había visitado la Quinta de Olivos. Dijeron que se preparaba una denuncia por parte de las defensas, que la acusación podía sostenerse comprobando la ubicación del teléfono celular de Casanello en determinadas fechas y Eduardo Feinmann incluyó, además, la versión de que el juez habría exigido un supuesto soborno de US$3.000.000 a Báez. Casanello lo negó en un comunicado y se presentó ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia para desmentir esos dichos. Semanas más tarde, Clarín contó en una nota supuestos pormenores de aquella presunta reunión, en base a información judicial.

No se ha podido acreditar que Eduardo Miragaya haya participado de los hechos.

Fiscal Stornelli, en el fallo de Casación.

A fines de junio de 2016, la Cámara Federal porteña ordenó investigar al juez y su supuesto paso por Olivos. En octubre, dos presuntos testigos, Corizzo y Scozzino, se presentaron a declarar ante la fiscalía de Carlos Stornelli, a cargo de la denuncia. Corroboraron la versión: dijeron que habían visto al juez del caso Báez en Olivos entre septiembre y octubre de 2015. 

Tras sus declaraciones, Casanello los denunció por falso testimonio, un delito con una pena máxima de hasta diez años de prisión. Se abrió una nueva investigación, esta vez, contra los testigos.

Las dos causas continuaron en paralelo pero con destinos diferentes. En la causa contra el juez se produjo prueba, se cruzaron teléfonos, se citaron testigos y finalmente el expediente se archivó. En cambio, en el expediente contra los testigos, donde también intervenía Stornelli, estos fueron procesados por falso testimonio. En 2020, Corizzo y Scozzino se asumieron como testigos falsos. Fueron condenados en noviembre por el delito de falso testimonio, luego de que admitieron haber mentido en la Justicia. Firmaron un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso. 

Sin embargo, restaba avanzar sobre otra parte central del caso de los testigos: quién instigó, contrató o forzó a estos dos empleados públicos a declarar contra el juez en 2016. Y para qué.

Casanello había acusado a Viola y Miragaya, en parte, basado también en notas periodísticas que los mencionaban, por ejemplo en C5N, como los cerebros detrás de la maniobra. El fiscal Stornelli redactó en uno de sus escritos que la sospecha sobre el exagente Miragaya era que “su papel habría sido el de ‘preparar’ a Corizzo para prestar declaración testimonial ante” su fiscalía “sin que se advierta que en realidad nada de lo denunciado era verdad”.

Entre otras medidas, se corroboró que Miragaya y Viola se comunicaron 238 veces por teléfono durante la época de las declaraciones de los testigos pero no se conoce el contenido de esas conversaciones. Casanello pidió que se secuestre el teléfono de Corizzo, pero el juez Luis Rodríguez rechazó la medida, dijo su abogado ante la Cámara Federal. Stornelli pidió al juez Rodríguez medidas de prueba para corroborar un supuesto encuentro de Viola, Miragaya y una serie de personas vinculadas con los imputados. También se lo negaron.

Su papel (por Miragaya) habría sido el de ‘preparar’ a Corizzo para prestar declaración testimonial.

Carlos Stornelli — Fiscal federal.

En agosto de 2020, el juez Luis Rodríguez no avanzó más allá de estos declarantes y sobreseyó a Vila y Miragaya como presuntos instigadores de los testimonios falsos.

Casanello apeló la decisión y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal porteña, le dieron la razón. Revocaron los sobreseimientos de Viola y Miragaya y les dictaron falta de mérito, ordenando así al juez Rodríguez seguir ahondando en la investigación con medidas de prueba sin producir.

Los abogados de Viola (Claudia Balbín) y de Miragaya se presentaron ante la Casación para revertir la orden de Bruglia y Bertuzzi. Alegaron el perjuicio que le provocaba a Viola y Miragaya que esta causa siguiera abierta cuando, consideraban los abogados, no había pruebas para continuar con la acusación.

El abogado de Casanello les contestó en un escrito ante la Casación que los planteos de las defensas de Viola y Miragaya ni siquiera debían ser analizados por los jueces, ya que “no se dirigen contra una sentencia definitiva ni equiparable”. Las defensas, en cambio, sostuvieron que el daño de mantener la investigación abierta era tal para Viola y Miragaya que equiparaba a una sentencia definitiva porque era “irreparable”, por ejemplo, en el caso de Viola por perjudicar su imagen frente a sus clientes.

Argumentos de Casación

“Ahora, les pregunto a ustedes doctores Borinsky y Carbajo: ¿este padecimiento no lo sufren todos los imputados sometidos a proceso penal? Un empresario acusado de cohecho activo a un funcionario público, ¿no padece también el mismo agravio frente a  sus clientes? O un despachante de aduana acusado de contrabando, ¿no sufre lo mismo?”, planteó el abogado de Casanello ante la Casación. “Salvo que ustedes señores jueces consideren que hay categorías de imputados, sea por la profesión que ejercen o por las influencias que pudieran tener”, agregó el letrado D'Albora.

El juez Carbajo, de Casación, sostuvo haber hallado “déficits” en los argumentos de Bruglia y Bertuzzi para revocar los sobreseimientos de Viola y Bertuzzi “que irremediablemente conllevan a su descalificación como acto jurisdiccional válido”. 

El magistrado se basó también en estos dichos del fiscal del caso, Stornelli: “No se ha podido acreditar que Eduardo Miragaya haya participado de los hechos” y que si existieron “reuniones entre el nombrado y el resto de los investigados, varios de los cuales se conocían desde hacía bastante tiempo” no puede deducirse que los encuentros fueron “exclusivamente” para tratar la maniobra. “La cantidad de llamados intercambiados entre la doctora Balbín (madre de Viola) y el doctor Miragaya tampoco logran demostrar de manera contundente que el fin de los mismos hubiera tenido en miras aquellos fines”. Stornelli terminó pidiendo los sobreseimientos de Viola y Miragaya.

Nosotros conocemos lo que dicen los medios, si armó una causa o no, no lo sabemos. Sabemos que estuvo acusado y sabemos que fue sobreseído.

Silvia Majdalani, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. — Exnúmero 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Py y la AFI

Viola y Miragaya son letrados conocidos en los tribunales federales de Retiro. El exfiscal es allegado a la jueza María Servini, según fuentes cercanas a la magistrada. Santiago Viola es un joven abogado y trabaja en el estudio de su madre, Claudia Balbín, quien también tuvo hace años su paso por tribunales. Viola fue nombrado por el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral como interventor del sindicato del SOMU mientras el magistrado avanzaba contra el sindicalista Omar “Caballo” Suárez. También trabajó en los tribunales de Comodoro Py antes de ejercer la profesión de abogado.

En abril de 2019, la exnúmero dos de la AFI, Majdalani declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso que el exfiscal Miragaya fue “desvinculado” de la AFI por su gestión, a mediados de 2017. Cuando el diputado Rodolfo Moreau le preguntó por qué razón había sido despedido, Majdalani respondió: “Porque no quisimos que continúe. No le renovamos más el contrato”, “no nos gustaba el trabajo que efectuaba”, según consta en el trascripción taquigráfica de la sesión.

“Nosotros conocemos lo que dicen los medios, si armó una causa o no, no lo sabemos. Sabemos que estuvo acusado y sabemos que fue sobreseído”, dijo la exfuncionaria.

El 20 de noviembre de 2019, durante el juicio ante el Tribunal Oral Federal número 4, Báez contó una nueva versión de la historia: “Me vinieron a ver” a la cárcel de Ezeiza, “a los pocos días de mi detención, en abril de 2016”. “Me llevaron a un supuesto control oftalmológico en el Hospital Central Penitenciario. Cuando estaba esperando al médico se me acercó una mujer muy bien vestida” quien “se identificó como la doctora Balbín”, una “enviada del presidente (Macri)”, dijo Báez. Le ofrecieron, agregó, declarar como “arrepentido” sobre el rol de Fernández de Kirchner en la supuesta corrupción en la obra pública a cambio de “garantizar mi libertad, mis bienes y que mis hijos quedarían desvinculados de la causa”. “No pudieron doblegarme”, afirmó entonces el empresario. Tanto Balbín como Viola han negado trabajar para los servicios de inteligencia.

En 2021, Báez volvió a ratificar esa versión, esta vez como testigo, en la causa por el presunto espionaje ilegal a los presos kirchneristas durante el gobierno de Macri que tramitaba en Lomas de Zamora. Además de mencionar a Balbín, sumó en su relato de la supuesta operación de la AFI a Miragaya, según una fuente con acceso al expediente. La fiscal que estaba a cargo de la causa, Cecilia Incardona, ordenó formar un legajo para investigar estos dichos. Para la misma fecha, la Sala IV de Casación (integrada por los mismo jueces que el lunes ordenaron sobreseer a Viola y Miragaya), apartó al juez y a los fiscales de Lomas de la causa de espionaje. Ordenaron que el expediente sea investigado en Comodoro Py, ya que las órdenes bajo investigación habrían sido impartidas desde la sede de la AFI, en la jurisdicción de los tribunales de Retiro y no de Lomas. El legajo originado por los dichos de Lázaro quedó en suspenso, hasta que le sea asignado a otro fiscal en Comodoro Py, explicó una fuente judicial del caso.

ED

El fallo a favor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene por ahora un impacto meramente “político” y “moral” en las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios allegados al kirchnerismo, procesados por supuestos delitos de corrupción, y los abogados aún no han decidido si lo usarán en el corto plazo como un nuevo antecedente jurídico del llamado lawfare (“guerra judicial”) en las causas y juicios, según explicaron a elDiarioAR varios de ellos, en on y off the record. De hecho, sostienen, que ya han realizado planteos similares a los de Lula da Silva que en algunos casos todavía no tienen resolución o han terminado en fallos desfavorables para los investigados.

A pesar del impacto mediático y la celebración del propio presidente Alberto Fernández, los abogados consultados no ven una consecuencia inmediata del “efecto Lula” aunque sostienen que el fallo del juez Edson Fachin en Brasil “tiene puntos de contacto” y “podrá usarse en futuros planteos” ante la Corte Suprema y los tribunales orales federales.

Este lunes, el ministro Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que interviene en los procesos del caos Lava Jato, hizo lugar a un habeas corpus presentado en noviembre por la defensa de Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales en su contra tomadas por el juez federal Sérgio Moro en cuatro casos de presunta corrupción, según el fallo al que accedió este medio. El juez Fachin, quien integra el máximo tribunal brasileño, no declaró inocente al dos veces presidente brasileño sino que ordenó que los expedientes vuelvan a foja cero y sean tramitados nuevamente por otro juez, en otra jurisdicción. 

El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina.

Lula estaba condenado en base a las decisiones del entonces juez Moro, con jurisdicción en Curitiba, en el estado de Paraná, pero el juez Fachin determinó que Moro no era el juez natural para intervenir en las denuncias contra el expresidente, no sólo porque los hechos no habrían ocurrido en su territorio sino porque tampoco habrían una justificación suficiente para vincular los casos contra Lula da Silva a la Operación Lava Jato, la megacausa de Moro que absorbió las denuncias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Al anular los cuatro procesos, Fachin levantó la proscripción que pesaba sobre Lula da Silva y lo habilitó para ser candidato en 2022.

“Lo que se resolvió en Brasil pone en evidencia una matriz de persecución en la región y expone a jueces que carecen de objetividad o imparcialidad, y esos planteos están en la Corte, pero el efecto del fallo no es de aplicación inmediata en las causas locales”, dijo a este medio Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner. Esa “matriz de persecución” es lo que los defensores denominan lawfare, una embestida judicial y mediática contra dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, entre ellos Fernández de Kirchner y Lula da Silva. 

“El impacto del fallo en Argentina es político en lo inmediato, más que jurídico, pero tiene una enorme significación y pone de relieve las características del lawfare”, afirmó Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los empresarios procesados por el caso de los cuadernos, de los pocos que no declaró como imputado colaborador en el caso y negó su participación en el supuesto pago de coimas a los Kirchner para obtener contratos de obra pública. 

Hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso.

Los fallos de tribunales extranjeros suelen citarse como antecedentes o jurisprudencia, en especial cuando se trata de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Fernández de Kirchner dice que no están pensando en planteos en el corto plazo pero el fallo brasileño será una herramienta para reforzar los planteos que ya vienen llevando adelante y que sostienen que las causas contra la vicepresidenta se basan en una “persecución judicial política y mediática”. “El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina”, dijo Beraldi.

Ambos penalistas también resaltan que si bien no esperan un impacto jurídico, insistirán con sus planteos ante la Corte y otros tribunales inferiores. “La Corte Suprema argentina tiene diversos planteos de nulidad similares y no ha hecho nada aún. Debe prontamente propiciar el desmontaje del lawfare. Es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Barcesat.

Beraldi y Barcesat plantean varios paralelismos entre los planteos de la defensa de Lula, a la que el juez Fachin hizo lugar, y algunos de los planteos de la vicepresidenta en varias de las causas en su contra. “En la Corte Suprema, hay planteos que se vinculan con el fallo en Brasil. Uno es la figura del juez enemigo. Nosotros venimos recusando al juez Bonadio desde 2015, 2016”, sostuvo Beraldi. La mayor parte de los procesamientos contra la vicepresidenta fueron ordenados por el fallecido juez federal y esos casos están camino a juicio oral y público, como el de los cuadernos del chófer Oscar Centeno. 

“También, por ejemplo, en la causa de Vialidad (que está en pleno juicio) hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso”, agregó Beraldi.

“No descartamos nuevas presentaciones por este fallo. De hecho, hace unos diez días, insistimos con un planteo de nulidad por el caso de los cuadernos en un recurso de queja ante la Sala I de la Casación Federal, reprochando que el Tribunal Oral Federal número 7 rechazó tratar las nulidades planteadas antes del juicio y sostuvo que se van a tratar al final, cuando dicte sentencia”, aseguró Barcesat.

El abogado de Ferreyra agregó: “Las nulidades que planteamos se centran en el origen de la causa de los cuadernos ya que se evitó el sorteo informático de juez (la denuncia y el aporte de los cuadernos fue realizada directamente ante el fiscal Carlos Stornelli en presunta conexión con una causa ya iniciada sobre importación de GNL); en la falta de un soporte técnico audivisual de las declaraciones de los arrepentidos (los dichos de los imputados colaboradores sólo quedaron asentados por escrito y no en audio y video); y que se nos negara durante la instrucción la producción de prueba como informes fiscales y un careo con (el exfuncionario Claudio) Uberti, quien involucró a mi cliente en su declaración”. 

Paralelismo con el caso de Lomas

Existen incluso planteos de las defensas de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también tiene un paralelismo con el caso Lula, según las resoluciones analizadas: la competencia y la jurisdicción del expediente por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Nieto, Arribas y Majdalani plantean que si la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital Federal y las órdenes salieron de la AFI (ubicada a metros de la Casa Rosada), el caso debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La causa se originó en un juzgado federal de Lomas de Zamora tras la declaración de un acusado de narcotráfico como arrepentido y las partes (acusados y querellantes) trabaron durante meses una disputa judicial sobre dónde correspondía realmente que el caso fuera investigado. Ganaron los acusados, quienes lograron que el actual juez de la causa, con asiento en Lomas de Zamora, fuera apartado y el expediente recayera en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández de Kirchner, una de las supuestas espiadas y querellante en la causa, solicitó a la Casación que revierta esa decisión y devuelva el avanzado expediente al juez de Lomas. La resolución está pendiente en el máximo tribunal penal federal. 

ED

Se convirtieron en blanco de denuncias penales en los tribunales federales; los investigan por supuestas presiones a jueces y fiscales que fallaban contra los intereses del Gobierno de Mauricio Macri; los acusan de presuntamente “decidir el curso” de las causas contra la entonces expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus funcionarios, y de agitar la llamada “guerra judicial”(lawfare) contra sus enemigos políticos. 

Casi todos los exintegrantes de la denominada “mesa judicial” están lejos de los cargos y dicen haber vuelto a la actividad privada. En los tribunales federales tienen pendientes dos expedientes judiciales que concentran las principales acusaciones en su contra. Uno de ellos los inquieta en particular: la que instruye la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que tiene pendiente el análisis de un informe sobre el teléfono celular de Macri, según pudo reconstruir elDiarioAR del diálogo con los varios de los exfuncionarios de la mesa judicial, allegados y fuentes judiciales de las causas. La jueza tiene el informe en una caja fuerte del juzgado a la espera de que la Cámara Federal de Casación la autorice a abrirlo, confirmó una fuente cercana a la magistrada.

La mayoría de los hombres de la mesa judicial son de extrema confianza de Macri: lo asesoraban ya desde sus tiempos de ejecutivo de Socma, en Boca Juniors o la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Durante la presidencia -contó uno de ellos a este diario- nos reuníamos cada 15 días en la Casa Rosada a la vista de todos. Los periodistas acreditados nos cruzaban en los pasillos y nos consultaban. No hay nada que ocultar”.

El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año

Todos niegan las acusaciones y definen las denuncias del kirchnerismo y de jueces y fiscales como “delirios” y “fábula” de quienes buscan “victimizarse”, “justificar el avance judicial” contra los exfuncionarios de Fernández de Kirchner acusados por corrupción y “garantizarse la impunidad” en las causas que prosperaron durante el Gobierno de Macri. 

En un primer grupo están quienes han reconocido en distintas oportunidades haber integrado la mesa judicial, pero que sostienen que su único fin era elaborar las ternas de jueces para que Macri eligiera cuáles serían sus candidatos que enviaría al Senado para ocupar los juzgados y fiscalías vacantes. Son el exministro de Justicia Germán Garavano; el exjefe de asesores del entonces presidente, José Torello; el exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías; el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas; y el exrepresentante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Juan Bautista Mahiques. Se les sumaba el diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli. 

“El objetivo de esas reuniones era nombrar 100 jueces por año”, dijo uno de los exfuncionarios de la mesa. “Había y sigue habiendo muchas vacantes en juzgados y fiscalías, y nos juntábamos para acelerar ese proceso. Analizábamos los perfiles de los candidatos que había que presentarle al Presidente. Averiguábamos por nuestro lado sus antecedentes, referencias de contactos en común”, añadió.

Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves.

Por otro lado, están los señalados como integrantes presuntos de la mesa, que niegan haber participado de reuniones vinculadas a la selección de jueces, fiscales o cualquier actividad del gabinete judicial: Gustavo Arribas, exjefe de Agencia Federal de Inteligencia (AFI); Daniel Angelici, expresidente de Boca; y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, entonces integrante del directorio de YPF, quien niega haber participado de la mesa judicial y haber sido uno de los “alfiles” de Macri en los tribunales. 

“Había dos mesas judiciales: la de los martes y la de los jueves”, confió un exfuncionario de Macri que defiende la “mesa de los martes”. “Los martes se reunía la mesa que analizaba las ternas de jueces, y los jueves se convocaba a otra mesa donde participaban Macri, Arribas y (el entonces jefe de Gabinete, Marcos) Peña con algunos de los funcionarios de la mesa judicial, pero no todos”, sostuvo. “Ahí se definían los temas más estratégicos”, agregó. 

“Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista, el Código Penal y el registro de organizaciones sospechadas de terrorismo”, dijo un exintegrante de la mesa ante la consulta. El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) solicitó recientemente permiso en dos expedientes en los que se lo investiga para viajar a Brasil a atender sus negocios privados. Tiene tres procesamientos por presunto espionaje ilegal, cargos que siempre ha negado.

Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones

“En una de las denuncias que presentamos incorporamos información que recibimos en la Comisión Bicameral de Inteligencia de parte de la interventora de la AFI”, Cristina Caamaño, dijo el diputado Rodolfo Tailhade. “Es la copia de unos 18 correos electrónicos hallados en la secretaría privada de la AFI convocando a Arribas a las reuniones de la mesa judicial”, afirmó.

“El Tano (Angelici) jamás participó de las reuniones y por su relación con miembros de la Justicia daba una mano para ayudar, nunca para hacer daño”, agregó sobre el rol del dirigente radical abocado al negocio de los bingos y otros rubros. Angelici mantenía una relación fluida con Mahiques, el representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. En contraposición, su enemiga pública y también figura clave de Cambiemos Elisa Carrió tenía diálogo con algunos miembros de la mesa judicial y era especialmente escuchada por Torello, Tonelli y Rodríguez Simón, dijo uno de los integrantes. 

Carrió fue motivo de uno de los quiebres internos en 2018, cuando parte de la mesa se opuso a elevar la terna del fiscal Ignacio Mahiques para ocupar un juzgado federal. El magistrado había concursado con éxito y junto a Gerardo Pollicita había liderado la acusación contra Fernández de Kirchner por el caso Vialidad. “Le bajaron el pulgar tras las quejas de Carrió porque el padre de Ignacio -el juez de Casación Carlos Mahiques- había absuelto a (Carlos) Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador”, contó un exmiembro de la mesa judicial. “El hermano del fiscal, Juan Bautista, integraba la mesa y hubo muchas discusiones porque él sostenía que el único motivo para no llevarle a Macri el pliego de su hermano era lo que les había pedido Carrió”, contó el exfuncionario.

Arribas fue convocado a reuniones donde se le informaba sobre cuestiones relacionadas con legislación antiterrorista.

El rediseño de la Justicia tras la salida del kirchnerismo, las formas elegidas para relacionarse con el Poder Judicial y las distintas líneas políticas de sus integrantes dividió las aguas en la mesa judicial, según admitió un exfuncionario que presenció esas reuniones periódicas pero sostuvo que la incapacidad para contener los designios del expresidente era el principal motivo de discusiones. “Macri se enojaba con un juez, pedía algo y ahí se creaban las divisiones, porque algunos miembros de la mesa sobreactuaban y salían a denunciar a los jueces, se querían llevar el mundo por delante y muchas veces no había forma de hacerles entender que con los jueces no funciona así”, afirmó el exfuncionario.  

Esa supuesta “sobreactuación” se traducía en denuncias de los miembros de la mesa contra jueces en el Consejo de la Magistratura. “Aunque no todos estaban de acuerdo, había una tendencia a denunciar a los jueces por el contenido de sus sentencias”, agregó el aliado de Macri al tanto de las reuniones. Ese es uno de los puntos de la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, según confirmó una fuente directa del expediente.

Picardi investiga las supuestas presiones a jueces de distintos fueros (laboral, penal y civil). En el expediente ya declararon por escrito algunos de los magistrados cuyos casos se hicieron públicos y se solicitó a Jefatura de Gabinete los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2018 para intentar reconstruir los movimientos de los exfuncionarios denunciados de supuestamente presionar a jueces y fiscales, según confirmó a este medio una fuente judicial que intervienen en el caso.

El recién asumido presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, dijo este viernes que “en otros tiempos” a través de ese cuerpo “se dirimían cuestiones políticas” y se lo utilizaba para “presionar jueces y disciplinarlos”. “Estoy totalmente convencido de eso, es más, estoy haciendo un análisis de todas las denuncias contra magistrados porque creo que utilizaban la comisión del consejo (de Acusación) para presionar jueces y para disciplinarlos”, dijo Molea en una entrevista a Radio El Destape. “El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri”, dijeron muy cerca de Molea ante la consulta de este medio.

En agosto de 2020, la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público citó a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino, uno de los principales frente judiciales de Macri y su familia. Fue luego de que el procurador interino Eduardo Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, abriera un sumario administrativo contra la fiscal por supuestos maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía. 

Boquin expuso que las denuncias en su contra comenzaron tras su intervención en la causa Correo y los dictámenes que perjudicaron tanto al gobierno macrista como a la empresa de la familia Macri. La primera denuncia fue presentada en enero de 2018, dos meses después de la asunción de Casal y la salida de Alejandra Gils Carbó, según un escrito presentado por Boquin. Cerca de Casal negaron que el objetivo de la Procuración sea “perseguir” a Boquin por su función en la causa. Su caso llegó, como otros, hasta el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán.

Desde el llano

Torello, como jefe de asesores de Macri en la Presidencia, oficiaba como coordinador de la mesa judicial. Cuatro años después en su entorno dicen que está alejado de la función pública, dedicado a los negocios privados que atendía antes de asumir en el gobierno. “Sólo da una mano” cuando lo convocan por algo puntual porque “su corazón está ahí”, junto a Macri, dijo una persona cercana al exfuncionario. 

Rodríguez Simón y Saravia Frías regresaron a sus estudios jurídicos para ejercer como abogados particulares.

Otros dos integrantes de la mesa asumieron cargos en territorio porteño: Clusellas es auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del oficialismo; y Mahiques es el fiscal general de la Ciudad. Tonelli sigue siendo abogado y Santiago Otamendi, exnúmero dos del Ministerio de Justicia, quien eventualmente participó de las reuniones, es juez del Tribunal Superior porteño.

El lawfare también tuvo que ver con desplazar jueces y fiscales a pedido del presidente Macri.

Tras su salida del Gobierno, el exministro Garavano volvió a la profesión. Tiene un estudio jurídico, atiende a clientes particulares pero también monitorea las causas judiciales de Macri y el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado en causas clave para el expresidente: el caso Autopistas y el expediente por la obra del Paseo del Bajo (en ambos hay empresas de sus familiares denunciadas por supuestas irregularidades en la obtención de contratos durante su gobierno). En el caso del Paseo del Bajo, además, está denunciado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También sigue de cerca la causa de Servini contra Macri y otros supuestos miembros de la mesa judicial que habrían intervenido en el caso Oil Combustibles, afirmó una fuente cercana al exministro. Cristóbal López acusó al expresidente de haberlo “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo Indalo participaran en una supuesta “campaña” contra Fernandez de Kirchner, tras el final de su Gobierno, y luego haber denunciado a la petrolera del grupo, Oil Combustibles, tras la negativa del empresario. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. 

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019 pero la Cámara Federal porteña ordenó achicar el periodo de cruces y circunscribirlo a determinados hitos del caso.

La jueza debió acatar la orden. La DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial) entregó en diciembre el informe final, pero Servini aún no pudo analizarlo, ratificó una fuente judicial del caso. El informe está en una caja fuerte del juzgado a la espera de que Casación resuelva un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su gobierno orquestaron a través de una “mesa judicial” el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

ED

La Cámara Federal de Casación resolvió por mayoría que la causa de presunto espionaje ilegal contra los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Mauricio Macri sea investigada por los tribunales federales de Capital Federal, como pedían procesados y allegados al expresidente. De esta forma, tras meses de disputa sobre la radicación de la causa, la Sala IV del tribunal penal apartó al juez federal y a los fiscales de Lomas de Zamora que intervienen en el caso, de acuerdo al fallo que accedió elDiarioAR.

El planteo para la mudanza del expediente a Comodoro Py había sido presentado por Darío Nieto, exsecretario privado de Macri, quien fue indagado en la causa de Lomas de Zamora por su presunta participación en el espionaje ilegal. Al pedido de Nieto se sumaron las defensas de los procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex número uno y dos del organismo de Inteligencia durante el macrismo. La causa quedaría ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli, quien fue investigado a su vez en la Justicia de Dolores, en otra causa sobre presunto espionaje ilegal.

Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo resolvieron el conflicto de competencia que estaba pendiente desde el año pasado con la disidencia de la tercera integrante de la sala, Ángela Ledesma.

La investigación abarca dos expedientes construidos en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El primero se enfoca en “las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su domicilio” durante 2018, y por estos hechos ya están procesados Arribas, Majdalani y un grupo de exagentes de la AFI.

El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas.

En el segundo “se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel”, explicó un comunicado del tribunal. Por este caso, Arribas, Majdalani, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal y exagentes de la AFI fueron indagados a finales de 2020. Su situación aún no está definida.

El juez federal de Lomas Juan Pablo Auge, que se hizo cargo de la investigación después de que fuera apartado su colega de Lomas Federico Villena, “aseguraba que debía ser él quien continúe con la investigación por lo avanzado del proceso”. El camarista Leopoldo Bruglia había determinado que el epicentro de los hechos era la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene sede la AFI y desde donde se habrían impartido las supuestas órdenes investigadas, y también los domicilios supuestamente espiados como el particular de la vicepresidenta o la sede del Instituto Patria.

“Los jueces Borinsky y Carbajo explicaron que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que su escisión traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos que podría tomar decisiones distintas e incurrir en sentencias contradictorias”, sostiene el comunicado.

Se investiga el espionaje a políticos afines y opositores, dentro de los cuales había detenidos por corrupción (en la cárcel federal de Ezeiza), a quienes les escuchaban las conversaciones desde la cárcel.

En el fallo, los dos jueces detallaron que “de la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados, mientras que algunas de sus ramificaciones habrían sucedido en el conurbano bonaerense”. “El cambio de competencia no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas”, aclararon.

Además, los jueces de Casación convalidaron los allanamientos que la Justicia federal de Lomas de Zamora realizó en el domicilio de Nieto, secretario privado del expresidente.

El inicio de las actuaciones en Lomas de Zamora se debió a que un detenido en una causa por presunto narcotráfico, Sergio Rodríguez, declaró ante el juez Federico Villena que el exagente de la AFI Facundo Melo lo condujo a poner un artefacto explosivo en el domicilio de un ex funcionario de Defensa en Recoleta, Capital Federal. El juez fue apartado de la causa tras planteos de las defensas: Villena era el mismo juez que había autorizado las tareas de inteligencia de 2018, ahora investigadas.

Una vez apartado Villena, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide detectaron una supuesta red de espionaje ilegal que incluía a los agentes de la AFI luego imputados Alan Ruiz, Diego Damau Pereyra, Jorge Sáez y Leandro Araque, entre otros, quienes fueron promovidos o incorporados durante la gestión de Arribas y Majdalani. Los exagentes niegan haber realizado inteligencia ilegal y sostienen que cumplían órdenes.

Desde esa red llamada Super Mario Bros, los informes habrían llegado a la Casa Rosada a través de la funcionaria del área del Documentación Presidencial Susana Martinengo, de acuerdo a los fiscales. La exfuncionaria negó los cargos en su indagatoria. En el último pedido de procesamiento, Incardona y Eyherabide no incluyeron a Nieto, del entorno más próximo de Macri, sospechado previamente de recibir los datos recabados por Martinengo. Nieto también se declara inocente.

Entre las víctimas del presunto espionaje ilegal se encontrarían Cristina Fernández de Kirchner, Salvatore Pica —pareja de Florencia Macri—, María Eugenia Vidal, Cristóbal López, Hugo Alconada Mon, Diego Santilli, Carlos Zanini, el periodista Rodis Recalt, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, entre muchos otros.

*Este artículo se actualizó a las 15.18 del 12 de febrero con información sobre la causa judicial y la posición de los acusados.

ED

A más de un año de su salida del poder, las causas judiciales que involucran al expresidente Mauricio Macri y sus exfuncionarios han tenido escasos avances en los tribunales federales de Comodoro Py, con fallos favorables en la Cámara Federal porteña, peritajes demorados que dilatan el avance de algunos expedientes y acusaciones que llegan sólo hasta sus exministros. Aún así, el exmandatario y su familia sumaron abogados, promovieron querellas y monitorean a través de sus letrados los expedientes que consideran más importantes, según pudo reconstruir elDiarioAR de fuentes con intervención en las causas, documentos y hombres de su confianza. 

A pesar de la feria judicial de enero, uno de los principales frentes que ocupan a los defensores de Macri giran en torno al caso Correo Argentino SA y la posible extensión de la quiebra hacia Socma y Sideco, principales empresas del grupo familiar, y la eventual inhibición y embargos a sus hijos como consecuencia de la quiebra. El caso Correo se divide en distintos fueros: el comercial, el penal y el contencioso administrativo federal.

Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados.

Sus abogados también siguen especialmente una causa penal de la jueza María Servini, originada por una querella de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños de Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” para que los medios de comunicación del Grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, a partir de 2016. Según la denuncia, la negativa habría dado lugar a las denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. Lo que más preocupa a la defensa de Macri es la orden de la jueza Servini de analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años. Además, el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, se sumó a la querella iniciada por el exsecretario de Macri Darío Nieto por el secuestro y peritaje del teléfono de éste en la causa por supuesto espionaje ilegal que tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

Algunos de los hombres que asesoran a Macri denuncian que revivió la alianza entre el kirchnerismo y operadores judiciales de los supuestamente desarticulados servicios de Inteligencia, quebrada a partir de 2013. En la sospecha sobrevuela, aún, la capacidad de influencia de la vieja escudería del exjefe de los espías Jaime Stiuso, en cuyo entorno dicen que está retirado. Aquella supuesta articulación de Stiuso con los tribunales de Comodoro Py dio lugar a un choque frontal en los últimos dos años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los años de Macri en la Casa Rosada, el propio exjefe operativo de la central de Inteligencia declaró en tribunales sobre la exmandataria, el pacto con Irán y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El teléfono y Cristóbal López

En julio último, la jueza Servini ordenó el entrecruzamiento de llamados telefónicos y determinaciones de ubicaciones geoposicional de Macri, varios de sus exfuncionarios y de sus interlocutores frecuentes y no frecuentes, explicó una fuente con acceso directo al expediente. El análisis debía abarcar todas las llamadas entrantes y salientes, y la geolocalización de estos teléfonos entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019. La jueza se lo encargó a la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que depende del Poder Judicial.

“El análisis significaba 1.340 días de cruces de llamados y ubicaciones, es decir, casi todo su Gobierno”, dijeron muy cerca del exmandatario a este medio. Eso le permitiría a la jueza acceder a información sensible no sólo para su causa sino para el resto de los expedientes que Macri tiene pendientes, añadió la fuente consultada.

La medida fue apelada por la defensa del expresidente, que encabeza Lanusse, y la Sala II de la Cámara Federal porteña ordenó a Servini circunscribir el entrecruzamiento de llamados. La jueza lo redujo a unos dos años, aspecto también objetado por la defensa de Macri. La Cámara Federal de Casación deberá volver a evaluar la medida, ante un nuevo recurso de la defensa por “carencia de razonabilidad, proporcionalidad y utilidad” del entrecruzamiento.

La magistrada busca analizar si los teléfonos encuadran con las acusaciones de López y De Sousa (representado por Carlos Beraldi, también abogado de la vicepresidenta en otros expedientes): que Macri y un grupo de funcionarios de su Gobierno orquestaron, a través de una “mesa judicial”, el “desapoderamiento” de los dueños del Grupo Indalo y la denuncia de la AFIP por el caso Oil Combustibles, por el que ambos empresarios están atravesando un juicio oral y público.

Ante la consulta de este medio sobre si Macri utilizó como presidente un teléfono encriptado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dirigía su amigo Gustavo Arribas, un hombre muy cercano al expresidente respondió: “Tenía el teléfono asignado por la AFI, pero entiendo que nunca lo usó, siempre utiliza la misma línea desde hace años. Varios exfuncionarios tenían esos móviles, pero nunca quisieron usarlos porque provenían de la AFI y no se podía configurar la geolocalización, así que los dejaron guardados en un cajón”.

Correo, el patrimonio y los hijos 

En el juzgado federal de Ariel Lijo, Macri tiene una imputación formal realizada en 2017 por el fiscal Juan Pedro Zoni (más tarde desplazado de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal). Zoni había solicitado que se investigara al entonces presidente, algunos de sus funcionarios y los representantes del grupo Macri por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública en relación al preacuerdo entre el Ejecutivo de Macri y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de su familia. Con Macri a cargo de la Presidencia, el ministerio de Comunicaciones aceptó en junio de 2016 (con acuerdo de la Justicia comercial) la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada en el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). Así lo establecieron la fiscal Gabriela Boquin —quien logró bloquear el pacto— y su par federal en lo criminal Gerardo Pollicita. Este caso le valió la primera citación a indagatoria de un ministro de Macri, el radical Oscar Aguad, por presunta corrupción. Aguad siempre ha negado la acusación.

A casi cinco años de la apertura del expediente penal, “la investigación aún está bastante lejos de llegar a Macri”, confió una fuente judicial con acceso directo a la causa. Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo fueron indagados en marzo de 2019. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales y para hacerlo aguarda los resultados de un informe contable que ordenó a fines de 2019 (a instancias de la Cámara Federal) para establecer el presunto perjuicio contra el Estado.

El concurso de acreedores de Correo cumplió 19 años el 9 de octubre último. La empresa residual, sin ninguna actividad, atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía. ElDiarioAR corroboró con fuentes del entorno de Macri que los últimos abogados incorporados al caso comercial ya evalúan su estrategia frente a la posible extensión de la quiebra de Correo hacia su principal accionista, Socma, y su anterior principal accionista, Sideco, empresas centrales del grupo Macri. Es un escenario que dan por descontado. Sería el peor panorama para la familia del expresidente y podría significar la eventual inhibición y embargos a sus hijos, quienes son titulares de las acciones que Macri tenía en Socma y de las cuales dijo haberse desprendido al asumir como presidente. 

El 22 de octubre, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir un expediente penal contra quienes intervienen en el caso Correo en el fuero comercial. Había sido iniciado por Socma contra la jueza Marta Cirulli; la fiscal Boquin; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por sus medidas en el expediente. La causa había sido archivada por el juez Sebastián Casanello (a pedido del fiscal Carlos Rivolo) por inexistencia de delito, al considerar que las decisiones tomadas por los cuatro denunciados forman parte de sus funciones en el concurso de acreedores de Correo, según el expediente. La decisión de la Cámara obligó a reabrir la causa, como pretendía Socma. Los letrados también intentaron desplazar a la jueza y, en numerosas oportunidades, a la fiscal del caso, aún sin éxito.

En otro expediente, iniciado por una denuncia del director del Banco Nación Claudio Lozano a la que se sumó la Unidad de Información Financiera por los préstamos otorgados durante la gestión macrista a la agroexportadora Vicentin, el abogado Lanusse logró que la Cámara Federal porteña rechazara una medida cautelar con un pedido de inhibición general de los bienes de Macri. En noviembre de 2019, el Banco Nación prorrogó préstamos a Vicentin por US$100 millones que formaban parte de US$300 millones asignados por la entidad estatal a la firma agroexportadora, una de las principales aportantes a las campañas proselitistas de Macri. Poco después de la última tanda de préstamos, Vicentin entró en cesación de pagos.

No más allá de Dietrich

En algunas causas contra Fernández de Kirchner, la vicepresidenta quedó procesada como responsable política de las decisiones formalizadas por sus exfuncionarios, como en el caso Dólar Futuro, y también por los vínculos directos con algunos de los privados favorecidos por sus hombres en el gabinete. Por ejemplo, en en el juicio oral y público por el caso Vialidad, se la juzga por los 51 contratos adjudicados al empresario Lázaro Báez, entonces socio de los Kirchner.

Sin embargo, esa lógica de algunos jueces y fiscales no se replica en las causas contra miembros del gabinete macrista: las investigaciones, hasta el momento, no alcanzan a tener imputado ni indagado a Macri aunque se cuestione el accionar de ministros y funcionarios de su administración en casos como Parque Eólicos, Paseo del Bajo y Autopistas, en las que se investigan supuestos beneficios millonarios que su gobierno le habría garantizado a empresas de su familia o a un exsocio comercial del holding empresarial.

Además de ser consultado por los casos relacionados con Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano también monitorea la situación del exministro de Transporte Guillermo Dietrich, investigado por el caso de las Autopistas y la causa del Paseo del Bajo. Dietrich siempre ha negado haber beneficiado a las empresas de la familia de Macri o haber cometido irregularidades en las concesiones, negociaciones y licitaciones.

En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio.

En diciembre de 2019, el juez Claudio Bonadio sobreseyó sin indagatoria previa a Dietrich y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas del Paseo del Bajo a la constructora Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri, según consta en el expediente.

La fiscal Alejandra Mángano y el fiscal Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron la decisión de Bonadio y aguardan resolución de la Cámara Federal porteña. Los puntos clave del caso apuntan a la supuesta alteración de las reglas del pliego de la licitación para favorecer a Iecsa durante 2016, cuando la empresa se quedó con el tramo más caro de la obra por $3.183 millones. Iecsa y las defensas de los acusados han negado siempre cualquier irregularidad en el caso. 

El caso Autopistas se centra en la decisión del gobierno de Macri de renegociar los contratos de concesión de dos autopistas (accesos norte y oeste) con la compañía española Abertis y sus socias, y reconocerles supuestas deudas millonarias del Estado. Al inicio de las negociaciones, Sideco todavía tenía el 7% de las acciones de Ausol (acceso oeste). 

Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales.

El julio último, horas antes de dejar su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Dietrich; el exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el de Energía, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. En septiembre, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó los cuatro procesamientos a la espera de la obtención de prueba documental a la que los imputados no tuvieron acceso durante sus indagatorias. Los cuatro negaron las acusaciones.

Canicoba también buscaba saber qué tan buen negocio hizo Sideco al vender sus acciones tras el aumento de peajes autorizado por el gobierno de Cambiemos; y a qué precio se vendieron las acciones de Sideco en Ausol, según una fuente con acceso directo al expediente.

En la causa por los parque eólicos, Macri tampoco es investigado hasta ahora, afirmó una fuente judicial del caso. Durante 2016, Sideco gestó una estrategia para entrar en el negocio de las energías renovables sin pasar por licitaciones públicas, como reveló Perfil a partir de enero de 2018. Tras la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, el juzgado federal de Marcelo Martínez De Giorgi comenzó una investigación que llega hasta el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para favorecer a las compañías de la entonces familia presidencial, acusación que el exfuncionario ha negado en al menos un descargo escrito ante el juez.

Pero por el momento, en la causa de espionaje no hay indicios para llegar a Macri.

El juzgado analiza antecedentes y documentación oficial, y busca determinar si las empresas que manejaba el grupo Macri participaron en igualdad de condiciones que otras compañías, según explicó una fuente judicial del caso. 

En el libro Hermano, de Santiago O’Donnell, publicado el año pasado, Mariano Macri, hermano del expresidente, afirmó: “Como presidente, Mauricio siguió haciendo negocios y dejó huellas por todos lados”. “En el caso de los parques eólicos, Gianfranco -que actualmente es la cabeza visible de Sideco y Socma- hizo de testaferro de Mauricio”, dijo. Tras la publicación del libro, una fuente cercana a la familia lo contradijo y sostuvo: “Todas las operaciones vinculadas con los parques eólicos en las que participó la empresa Socma fueron informadas, controladas y aprobadas por muchas autoridades gubernamentales”, agregaron.

Espionaje, Arribas y Majdalani

“El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri”, aseguró uno de los investigadores de la causa que tramite en los juzgados federales de Lomas de Zamora, uno de los pocos expedientes que ha traído contratiempos para el expresidente durante 2020. “Pero por el momento, en la causa no hay indicios para llegar a Macri”, dijo una fuente judicial que participa de la investigación.

Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majadalani están procesados en este expediente por los presuntos delitos de violación de la Ley Nacional de Inteligencia y falsedad ideológica por el presunto espionaje ilegal a la actual vicepresidenta Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, y por haber supuestamente presentado informes falsos o basados en información falsa ante la Justicia y ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso para justificar esos seguimientos.

Los fiscales federales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide también pidieron sus procesamientos por el supuesto espionaje ilegal a dirigentes opositores y oficialistas, y por el presunto seguimiento ilegal a exfuncionarios kirchnerista detenidos por causas de corrupción en cárceles federales. Tanto Arribas como Majdalani sostuvieron ante la Justicia que nunca ordenaron tareas de inteligencia ilegal en ningún ámbito.

El jefe de la AFI tiene rango de ministro y reporta directa y exclusivamente al Presidente. Es Arribas el vínculo más directo entre la causa y Macri.

Entre las tareas de supuesto espionaje ilegal, los fiscales identificaron que la hermana menor del expresidente, Florencia Macri, y su pareja, el empresario Salvatore Pica, fueron blanco de las vigilancias de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, así como miembros relevantes del PRO aunque no del círculo más íntimo de Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

Además, en el juzgado federal de Dolores, Arribas y Majdalani tienen otro procesamiento por supuestas “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad” en la provincia de Buenos Aires.

El secretario Nieto

En el mismo expediente de Lomas, los fiscales solicitaron al juez Juan Pablo Auge que dicte la falta de mérito de Nieto. “Por el momento, entendemos que no existen elementos de prueba suficientes como para decretar el procesamiento o sobreseer” al colaborador del expresidente por su supuesta participación en la entrega de informes de inteligencia ilegal a Macri, determinaron los fiscales en su último escrito.

Mientras Lomas avanza sobre la excúpula de la AFI, Macri y su secretario privado son querellantes en los tribunales federales de Retiro por la supuesta adulteración del contenido del celular secuestrado a Nieto en el marco de la causa de supuesto espionaje. “Allí se probó en el peritaje informático sobre ese celular que 48 horas después de su secuestro, realizado en Capital Federal, y mientras estaba bajo custodia de fuerzas federales en dependencias físicas en la Ciudad, fue alterado el contenido creándose un evento en la aplicación WhatsApp”, dijo una de las partes ante la consulta. El “evento” sería un contacto entre el celular de Nieto y el de Majdalani.

Macri también inició una querella por “la extracción de datos (del celular de Nieto que son) ajenos al objeto procesal” de la causa de Lomas, en referencia a menciones al préstamo para la empresa Vicentin, y por la “extracción ilegal de datos personales (de Macri), sensibles y alcanzados por el secreto fiscal”, como información sobre sus tarjetas de crédito y su clave fiscal ante la AFIP. “Macri no está formalmente imputado en Lomas de Zamora y nada justificaba la extracción forense de esa información y su agregado a la causa”, dijo una fuente cercana al exmandatario.

Viejos asuntos 

Las complicaciones procesales para Macri quedaron muy atrás en el tiempo, por ahora. Su último procesamiento fue en mayo de 2010, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el entonces juez Norberto Oyarbide lo consideró partícipe de las “escuchas ilegales” a su cuñado Néstor Leonardo, entre otros. Más de cinco años después, el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó Macri en el caso, a días del traspaso presidencial, en diciembre de 2015, por considerar que no había pruebas en el expediente para sostener la acusación.

Con anterioridad, Macri había estado procesado por presunto contrabando cuando todavía era presidente de Boca Juniors, en febrero de 2001, por hechos de 1993, cuando ejercía como ejecutivo de Sevel, una empresa de su familia. La acusación del entonces juez Carlos Liporace apuntaba a supuestos delitos en el cobro de reintegros por exportaciones de vehículos. La Corte Suprema modelada por Carlos Menem lo absolvió más tarde.

ED