El decreto que reglamenta la ley de eutanasia o muerte digna en Uruguay entró en vigencia este martes y establece un procedimiento con controles médicos y garantías para asegurar una decisión “libre”, “consciente” e “informada” de los pacientes que atraviesan enfermedades incurables e irreversibles.

“La reglamentación hace posibles derechos, establece garantías y asegura la supervisión del proceso en el cual la persona toma la decisión de tener una muerte digna recurriendo a la eutanasia”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al dar detalles de la reglamentación.

“El ministerio tiene la obligación, y así lo estamos cumpliendo, con mucha responsabilidad de garantizar el derecho de las personas a expresar su voluntad libremente en todos los aspectos vinculados a su salud y a su vida, a que tomen decisiones informadas”, sostuvo.

Para acceder al procedimiento de eutanasia, la persona deberá ser mayor de edad, tener capacidad de decisión y padecer una enfermedad incurable e irreversible que le provoque sufrimiento persistente no mitigable por otros tratamientos disponibles.

El paciente debe presentar una solicitud escrita, personal y voluntaria, seguida por una evaluación de al menos dos médicos; si existe desacuerdo, una junta médica resolverá el caso, de acuerdo a lo informado por el MSP. Posteriormente, el paciente deberá ratificar su voluntad en una segunda instancia acompañado por testigos y podrá revocar su decisión en cualquier momento.

El procedimiento se podrá realizar tanto en el prestador de salud o en el domicilio. Las instituciones sanitarias deberán asegurar información, acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral, y en casos de objeción de conciencia médica o institucional, estarán obligadas a derivar o contratar otro prestador para garantizar el derecho.

La ley denominada de “Muerte Digna” logró sanción definitiva en octubre pasado en el Parlamento con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición.

El decreto fue firmado por el presidente Yamandú Orsi la semana pasada, cuando sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y al presentar la reglamentación como resultado de “debate, reflexión y escucha”.

Con información de NA

JIB

Culminado el proceso que reconoció a Noelia la prestación de ayuda a morir y ahuyentada la bandada de aves rapaces que velaron sus últimas horas, llega el momento de examinar el camino recorrido y las circunstancias que provocaron una demora de casi dos años en el ejercicio de un derecho fundamental que cuenta con una de las regulaciones más garantistas de Europa y que el Tribunal Constitucional definió como la capacidad de “llevar a término un proyecto de fin de vida acorde con la dignidad humana”.

Nuestro sistema (español) exige al Estado actitudes distintas en función de la naturaleza de cada derecho fundamental. Para garantizar el derecho a la libre circulación o la libertad de expresión bastará con que el Estado no interfiera en nuestra esfera de libertad. Otros derechos, en cambio, precisan una implicación que va más allá de la mera tolerancia. Sucede así, por ejemplo, con la interrupción voluntaria de un embarazo y la necesidad de que exista una red hospitalaria adecuada, gratuita y accesible a toda la población. De lo contrario, es fácil advertir que determinados derechos, aunque fundamentales, correrían el riesgo de convertirse en privilegios al alcance de unos pocos.

El derecho fundamental a la muerte digna forma parte de este segundo grupo: si concurren los requisitos previstos en la Ley Orgánica (entre otros, “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”) no bastará con respetar la decisión del paciente, sino que el Estado (en palabras del Tribunal Constitucional) debe “contribuir a su efectividad”.

La experiencia de este proceso judicial es importante porque permite identificar cuestiones problemáticas que pueden dificultar el ejercicio efectivo de los derechos de los pacientes y nos da la oportunidad de discutirlas y proponer mejoras. Planteo aquí las tres que considero más relevantes:

1. La Ley contempla la posibilidad de que la denegación de la prestación de eutanasia pueda ser recurrida por el propio paciente ante un juez. No obstante, no dice nada respecto de las resoluciones que son favorables, pues parece lógico pensar que un paciente que ha solicitado la eutanasia no recurrirá luego la resolución que se la concede.

El Tribunal Constitucional recordó que ese silencio no convierte las resoluciones favorables en “irrecurribles” pero se limitó a señalar que podrían hacerlo el Ministerio Fiscal y “quienes ostenten legitimación”. En función de cuan generosa o restrictiva sea la interpretación judicial del círculo de personas legitimadas mayor o menor será el número de personas distintas al paciente que podrán levantar la mano para cuestionar ante un Juez el reconocimiento del derecho.

El caso de Noelia patentiza que no es una cuestión sencilla ni pacífica: la primera sentencia dio la razón a la Generalitat de Catalunya y declaró que su padre carecía de legitimación para impugnar su eutanasia; mientras que la segunda sentencia hizo el razonamiento inverso. Ambas, no obstante, ratificaron el correcto reconocimiento de su derecho a morir con dignidad y dentro de pocos meses (en otro caso parecido) el Pleno del Tribunal Supremo fijará doctrina sobre esta cuestión para que todos los órganos judiciales sigan el mismo criterio.

En mi opinión, la ponderación de intereses en juego conlleva que los familiares del paciente, por esa sola condición (si no concurren otras razones extraordinarias), carezcan de legitimación, sea cual sea su hoja de servicios como padre, madre o cónyuge: el amor y el dolor por la muerte de un ser querido merece toda la empatía, pero no es un título habilitante para impugnar una decisión voluntaria, libre y personal, anudada a la dignidad humana y médicamente verificada.

Abrir demasiado ese círculo implicaría otorgar, a efectos prácticos, un derecho de veto temporal (en este caso, nada menos que un año y ocho meses) a las familias de los pacientes disconformes con su decisión.

2. La única forma de evitar una instrumentalización de estos casos es exigir la tramitación preferente y sumaria que la Constitución y la propia Ley Orgánica de eutanasia imponen a este tipo de procesos judiciales. Al margen de cualquier consideración sobre ese derecho, no existen razones que puedan justificar el transcurso de 18 meses entre la primera resolución y la inadmisión definitiva por parte del Tribunal Supremo.

El sistema constitucional no penaliza postulados ideológicos (y ello incluye la refracción al conocimiento). Tampoco impide que quien así lo desee -tenga o no razón- acuda a los tribunales y trate de iniciar causas judiciales, incluso cuando sea con la declarada finalidad de lograr dos minutos de telediario. Me parece un error situar el foco del problema en la irresponsabilidad de colectivos que se limitan a intentar aprovechar las inercias que lastran el sistema judicial, estirar al máximo los tiempos del proceso y dormir el partido durante meses para torcer la voluntad del paciente por puro agotamiento o crear una sensación de temor al colectivo sanitario.

Por supuesto, una parte de esta estrategia escapa al control judicial. La respuesta social a estos fenómenos es un medidor fiable de la virtud cívica más que de la calidad legislativa y concierne al rigor deontológico de cada medio de comunicación darles o no alimento.

El proceso impulsado contra la eutanasia de Noelia nunca tuvo como finalidad genuina discutir su correcta concesión por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya. Su ambición era más sencilla: dilatar el proceso al máximo y rentabilizar el circo mediático. Derogar de facto el ejercicio del derecho fundamental. No es necesario ni deseable prohibir nada a nadie. Bastaría con resolver con rapidez y garantías en un plazo de tiempo razonable.

3. La última cuestión está vinculada a la necesidad de establecer medidas dirigidas a evitar que un proceso de estas características revictimice al paciente. Existe un amplio consenso acerca de las mejoras derivadas de protocolos de actuación específicos en procesos que afectan ámbitos especialmente sensibles (infancia, violencia de género, capacidad…) y el proceso de Noelia, quizás por ser el primero, ha tenido grietas importantes en este aspecto que debemos mejorar entre todos.

Seguramente en otro tipo de proceso Noelia no habría tenido que cruzarse en el mismo pasillo del Juzgado con las personas que, según declaró ella misma, le llenaban la habitación del hospital de crucifijos y estampitas religiosas contra su voluntad. Con toda seguridad tampoco habría tenido que declarar en presencia de su padre. Quizás debamos preguntarnos si era necesario someterla a un interrogatorio judicial cuando, con buen criterio, pocos días antes dos doctores del Instituto de Medicina Legal y Forense habían elaborado un informe complementario a petición del Ministerio Fiscal donde se concluía que tenía plenas capacidades y también prestaron declaración.

Dicho lo anterior, lo más relevante es lo siguiente: todas las pruebas que se practicaron durante el proceso judicial fueron a petición del Ministerio Fiscal y la Generalitat de Catalunya a pesar de compartir el criterio de la Comisión de Garantía y Evaluación. Parecería razonable pensar que quien inicia un proceso judicial y solicita la paralización de una prestación de eutanasia afirmando que los informes médicos “no aportan verdadera información sobre la capacidad de la paciente” hubiera tratado, cuanto menos, de desplegar una mínima actividad probatoria en esa dirección (proponer el interrogatorio de los profesionales en cuestión o aportar informes de signo distintos que discutieran el criterio de los profesionales que examinaron a Noelia durante meses).

Esta sorprendente pasividad procesal quedaba compensada de largo con una incombustible actividad mediática arropada por una conga de cámaras y micrófonos que acudieron raudos a las puertas del Juzgado, a platós de televisión e incluso frente al hospital el último día de vida de la paciente en riguroso directo.

Quien quiera conocer en profundidad las razones médicas de la concesión de la eutanasia a Noelia tiene a su disposición las dos sentencias del caso en la página web del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En nuestro país los procesos y las resoluciones judiciales son públicas por imperativo constitucional porque contamos con la certeza de que la transparencia es una garantía colectiva frente a arbitrariedades y una vacuna contra la ignorancia y el mal gusto.

La primera noticia del caso Noelia se publicó en elDiario.es: el 1 agosto de 2024, una jueza de Barcelona suspendió la eutanasia de la joven a petición de su padre, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. Tras 20 meses de agonía judicial, que incrementó el padecimiento físico y psicológico de la solicitante, Noelia pudo materializar su derecho a morir este jueves.

En las últimas horas de vida de la joven, sin embargo, parte de los medios viraron su enfoque: de contextualizar e informar sobre las resoluciones judiciales del caso se pasó a priorizar la situación familiar y personal de Noelia.

La espectacularización de una causa de indudable interés informativo tuvo como guinda la convocatoria, a la que la mayoría de medios acudió, de Abogados Cristianos frente a las puertas del centro sanitario donde se practicó la eutanasia a la joven.

El abogado especialista en derecho sanitario Alejandro Gámez incluye esta última convocatoria de la entidad ultra en su “agenda performativa” y el “encarnecimiento jurídico y mediático” que sufrió la joven. “Nunca han aceptado el derecho a la eutanasia y, en vez de respetar la decisión y el derecho de Noelia, lo han convertido en un circo”, dice.

“Abogados Cristianos ha hecho un uso abusivo de la Justicia”, ahonda Gámez, que pone también el foco en los tribunales: “Los juzgados son los que tienen que poner la barrera a estos intentos de forma más contundente y rápida”. El Tribunal Supremo sentenciará en las próximas semanas sobre el derecho de un familiar a recurrir una eutanasia a raíz de otro caso en Catalunya.

El letrado destaca que la entidad ultra pretendió trasladar un debate moral a los tribunales “retorciendo las posibilidades que le da la ley cuando es evidente que el padre no está legitimado para recurrir la eutanasia” de Noelia.

La joven concedió una entrevista este miércoles a Y ahora Sonsoles de Antena 3. Según los responsables del programa, fue Noelia quien tomó la iniciativa de hablar. Los fragmentos de declaraciones de la solicitante de eutanasia y de su madre se combinaron con el debate en el estudio con panelistas. Se repasaron las vivencias de la infancia de Noelia, la ropa que quería ponerse el día de su muerte y los motivos que la llevaron a solicitar la muerte asistida, aunque apenas se mencionaron los razonamientos de la Comisión de Garantías de la Generalitat de Catalunya para avalar su eutanasia en julio de 2024.

La actuación de los profesionales médicos y jurídicos que revisaron el caso de Noelia fue especialmente cuidadosa: tras su primera petición de eutanasia, decidieron aplazarla un año para recabar la evolución de la paciente, que ya entonces había quedado parapléjica y tenía un trastorno límite de la personalidad.

El informe médico-forense constató los padecimientos graves, crónicos, constantes e imposibilitantes de Noelia, los requisitos que marca la ley para acogerse a la eutanasia. Los expertos que evaluaron el caso destacaron además que no existía “posibilidad de mejora”, otro de los aspectos de la norma.

El profesor de deontología periodística de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Marcel Mauri recuerda que los medios deberían “extremar las precauciones” a la hora de tratar “testimonios de vulnerabilidad extrema” como el de la joven. “Hay momentos en los que las cámaras tienen que irse”, agrega.

La entrevista a Noelia, lamenta el profesor, no sirvió para narrar un proceso judicial “excepcional”, sino que tan solo mediotizó “uno de los momentos más íntimos de una persona, como es su muerte”. Y en su opinión falta más reflexión en el gremio. “Por mucho que ella quiera hablar, cuando el caso ya se ha cerrado no hay una situación que responda a unos parámetros de interés informativo”, asevera.

“El periodismo y los medios tienen una responsabilidad editorial y también tienen que saber cuándo es el momento de dejar espacio y apartarse”, agrega Mauri.

“Las cuatro fotos que Noelia quiere tener en su eutanasia” o “la reacción de la 'yaya' de Noelia ante su eutanasia” fueron dos de los rótulos que acompañaron la entrevista. El tratamiento que el programa hizo del testimonio de la joven alarmó a periodistas especializados en televisión.

Mònica Planas, en el diario ARA, tildó de “despropósito” el programa porque “enfocó la historia desde el drama emocional”, a través de primeros planos y música triste de piano, sin “explicar el caso desde una perspectiva profesional y médica”. “La cocina televisiva arruinó la emisión de un relato excepcional”, valoró el crítico televisivo de El País, Tomàs Delclós. Ambos profesionales contrastaron el tratamiento televisivo del programa de Antena 3 con el testimonio “sin aditivos” emitido por TV3 de otro enfermo solicitante que recibió la eutanasia esta semana.

“No quiero ser ejemplo de nadie. Es mi vida y ya está”, dijo Noelia en su primera y última entrevista. También era solo suyo el derecho para ponerle fin, que este jueves consiguió pese a los obstáculos que pusieron su padre y Abogados Cristianos.

Noelia murió, aunque difícilmente lo haya hecho en paz. Esta joven catalana pudo materializar este jueves su eutanasia tras 20 meses de batalla legal contra su derecho a morir iniciada por su padre y los ultracatólicos Abogados Cristianos. Con su muerte, Noelia ganó.

El caso de esta joven de 25 años, junto al de otro hombre de 55, fueron las brechas que hallaron los familiares de pacientes y la entidad ultracatólica en la ley de eutanasia de 2021. La normativa estaba pensada para que fueran los solicitantes a los que la Comisión de Garantías negaba la eutanasia los que pudieran recurrir ante los juzgados; no para los familiares en desacuerdo con el derecho a morir de sus allegados.

El uso espurio de la Justicia por parte de Abogados Cristianos y familiares ante la decisión de morir, tomada por pacientes mayores de edad con graves padecimientos y avalada por los 19 miembros del comité de médicos y juristas de la Generalitat, comportó alargar el sufrimiento de la joven, que padecía una paraplejia y un trastorno límite de la personalidad.

Así lo expuso la propia Noelia en una misiva dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Noelia estuvo muy sola varios años de su vida: parte de su minoría de edad la pasó en un centro de menores. Su padre volvió a su vida para impugnar su derecho a morir.

Hasta este mismo jueves Abogados Cristianos intentó usar los tribunales para frenar la muerte digna de Noelia. El resultado fue el mismo que en todas las instancias: la magistrada rechazó la petición de la entidad ultra para frenar in extremis la eutanasia y que la joven se sometiera a un tratamiento psiquiátrico.

Desde el juzgado de lo contencioso de Barcelona al Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos los tribunales rechazaron todos los argumentos planteados por Abogados Cristianos contra la muerte digna.

Noelia, concluyeron tanto los profesionales médicos como los tribunales, pidió la eutanasia mediante un “consentimiento libre, sin injerencia o influencia determinante de su trastorno” y tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones, incluida la de someterse a la eutanasia.

Abogados Cristianos empleó argumentos de todo tipo, incluso extrajurídicos, para oponerse al derecho de Noelia. Sin presentar pruebas, los ultras alegaron supuestas deudas económicas de la joven como motivo para impedir su eutanasia. Como el resto de razones aducidas, los jueces la rechazaron, ya que recordaron que el procedimiento administrativo para evaluar su petición se ha ajustado a lo que contempla la ley.

Sin recursos para pagar a un abogado especializado, Noelia no tuvo representante legal formal en la causa. Aunque no la defendía a ella sino al aval a su eutanasia decidido por la Comisión de Garantías de Catalunya, un abogado de la Generalitat, Josep Maria Torrent, fue, en la práctica, quien veló por los intereses de la paciente durante el procedimiento judicial.

La Fiscalía, en un primer momento, apoyó que su padre pudiera recurrir la eutanasia, aunque luego desistió. El Ministerio Público avaló siempre el derecho a morir de Noelia. Además de la batalla de Abogados Cristianos, la lentitud judicial marcó el caso de la joven: primero los tribunales se pasaron la pelota para decidir cuál tenía que resolver. Pese a tratarse de un procedimiento preferente, en el TSJ catalán el recurso de los ultras estuvo paralizado varios meses.

A nivel político, la Generalitat ha mantenido un tono bajo y no ha liderado públicamente ningún apoyo a la joven durante los meses de litigio. Solo 24 horas antes de su muerte, la consellera catalana de Salud, Olga Pané, lamentó en Catalunya Ràdio que, como consecuencia de un sistema judicial garantista, su padre y la entidad ultracatólica hayan “alargado el sufrimiento” de Noelia.

Noelia Castillo Ramos es una joven de 25 años de Barcelona que recibió este jueves la eutanasia tras 20 meses de lucha judicial contra su padre, que no estaba de acuerdo con su decisión.

En estos dos años, Castillo Ramos pasó por todas las instancias para conseguir su pedido. La joven padecía una paraplejia irreversible y, frente a ese diagnóstico, en 2024 tomó la decisión de solicitar la muerte asistida, un pedido que abrió un profundo debate social y legal.

Quién es Noelia

Su cuenta de Facebook no registra actividad desde el 2015, cuando tenía entre 14 y 15 años. En sus últimas publicaciones, se la puede ver sonriente. En sus redes no compartió su proceso.

Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple y el 4 de octubre de 2022 se arrojó desde un quinto piso para quitarse la vida. A raíz del impacto sufrió una grave e irreversible lesión medular completa, una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos.

Su lucha judicial

Frente a la depresión y a los dolores por la lesión medular, Noelia decidió pedir la muerte asistida. En una primera etapa, la solicitud de la joven fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y contó con el aval de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideraron que cumplía con todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, desde el inicio, su padre —con el respaldo de la organización Abogados Cristianos— se manifestó en contra de la decisión y presentó distintos recursos judiciales para impedir el procedimiento. A partir de allí, se desencadenó una extensa cadena de resoluciones judiciales que terminaron demorando la eutanasia durante casi dos años.

Luego, la Justicia de Cataluña avaló su decisión, y más tarde el Tribunal Supremo confirmó ese criterio al considerar que su derecho a acceder a la eutanasia estaba garantizado y que la oposición de su padre no podía impedirlo.

Con el paso de los meses, el Tribunal Constitucional desestimó el último recurso presentado por la familia al no detectar una vulneración de derechos fundamentales, lo que dejó sin margen nuevas apelaciones dentro del país.

Pero el conflicto escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, donde se solicitó una medida cautelar para frenar el procedimiento. Esa presentación también fue rechazada en marzo de 2026, lo que despejó de manera definitiva el camino para que Noelia pueda acceder al recurso.

Con sus palabras

En la entrevista concedida al programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, Noelia reconstruyó algunos de esos recuerdos con una mezcla de nostalgia y distancia. Entre ellos, destacaron escenas de su infancia que sitúa como una de las pocas etapas luminosas de su vida. “Era una época muy feliz”, afirmó, al recordar los veranos que pasaba junto a su hermana en casa de su abuela.

Durante esos meses, según relató, la rutina estaba marcada por una sensación de libertad y tranquilidad que contrastaba con lo que vendría después. Pasaban los tres meses de vacaciones allí, en un entorno que identificaba como un refugio emocional.

Las tardes y noches se organizaban en torno a pequeñas actividades compartidas con su hermana Sheyla que recordaba con precisión. Acudían a ferias donde se instalaban puestos y, en ocasiones, ellas mismas vendían pulseras hechas con conchas o piedras pintadas. “Nos poníamos a vender cositas hechas por nosotras”, explicó. Las jornadas terminaban en la terraza de la casa de su “yaya”, cenando al aire libre, en escenas que reconstruyó como momentos de bienestar compartido.

Ese vínculo con su abuela se mantuvo también en el presente y apareció como uno de los apoyos emocionales más sólidos en su relato. Según ha confesado la madre de Noelia, Yolanda Ramos, era la nieta favorita de su “yaya”, una relación que se ha reforzado con el paso del tiempo y que adquiere especial relevancia en los días previos al desenlace de su historia.

A esos recuerdos se suman otros más cotidianos, ligados a la vida familiar. En la entrevista, Noelia revisó álbumes de fotos junto a su madre, deteniéndose en imágenes de su infancia: fotografías comiendo un helado, con trenzas, en su primer día de colegio con una bata roja o disfrazada en celebraciones. “¿Para ti son momentos felices?”, le preguntó la periodista Bea Osa durante la grabación. “Claro. Sí, sí”, respondió ella.

Sin embargo, ese periodo, según su propio relato, tuvo un final claro. El cambio se sitúa en su adolescencia, en torno a los años de secundaria, cuando comenzaron a encadenarse una serie de circunstancias que alteraron su entorno.

La separación de sus padres y el régimen de custodia compartida configuraron un contexto que describió como inestable. “Íbamos fines de semana alternos y no iban bien las cosas cuando íbamos allí”, recordó. En ese periodo situó algunas de las experiencias que contribuyeron a su deterioro emocional, como largas esperas en bares hasta altas horas de la madrugada mientras su padre consumía alcohol. “Teníamos que estar esperando hasta las tres o cuatro de la mañana”, relató.

A partir de ese momento, Noelia describió una trayectoria caracterizada por lo que define como una sucesión de dificultades. “Luego han sido todo baches, oscuridad, vacío”, afirmó, sintetizando una etapa prolongada en la que su situación personal y emocional se fue agravando.

Desde los 13 años, según explica, ha estado en tratamiento psiquiátrico. Con el paso del tiempo, ese malestar se consolidó y se vio acompañado por diagnósticos como el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el trastorno límite de la personalidad (TLP), que, según su testimonio, han condicionado su forma de relacionarse con la vida.

En ese contexto se sitúan también episodios especialmente traumáticos que la propia Noelia ha relatado en la entrevista. Entre ellos, dos agresiones sexuales que identificó como momentos clave en su historia personal. Una en el ámbito de una relación de pareja y otra de carácter múltiple, que, según explica, no llegó a denunciar.

La acumulación de estas experiencias desembocó en varios intentos de suicidio. En uno de ellos, en 2022, se precipitó desde un quinto piso, un hecho que no solo supuso un punto de no retorno en su trayectoria vital, sino que la dejó en situación de paraplejia.

Lejos de revertir su situación, ese episodio marcó el inicio de una etapa que describió como aún más difícil. A las secuelas físicas se sumó un dolor persistente y una sensación de falta de horizonte vital. “No tengo metas ni proyectos”, señaló. “Siempre he visto mi mundo muy oscuro”.

Ese recorrido vital, reconstruido en sus propias palabras, dibujó una biografía atravesada por contrastes: desde los recuerdos de una infancia que identifica como feliz hasta una cadena de acontecimientos que, según su testimonio, fueron erosionando progresivamente su bienestar emocional y su vínculo con la vida.

Diputados nacionales de la UCR encabezados por el mendocino Lisandro Nieri presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en la República Argentina.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.

El objetivo es asegurar que esta decisión se ejerza en condiciones de dignidad, respeto y acompañamiento.

El proyecto contempla garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral por parte del sistema de salud público y privado.

También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.

Además, incorpora reformas al Código Penal que otorgan seguridad jurídica a los profesionales intervinientes, suprimiendo la responsabilidad penal a los médicos que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la ley, al tiempo que se sanciona a quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica.

El proyecto se inspira en experiencias internacionales como las de Uruguay, España y Canadá, que regulan la muerte médicamente asistida dentro de marcos éticos y legales rigurosos.

“La propuesta busca garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, afirmó Lisandro Nieri.

“Queremos dar certeza a los profesionales de la salud y a las familias, estableciendo procedimientos claros, transparentes y supervisados por comisiones médicas”, explicó el diputado radical.

“Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, destacó el mendocino.

Acompañan el proyecto de Lisandro Nieri los diputados nacionales de la UCR Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz.

Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina con una ley de eutanasia tras años de debate. El Senado uruguayo sancionó el proyecto de Muerte Digna, que cuenta con el apoyo de distintas fuerzas políticas y de la mayoría de la sociedad, según encuestas recientes.

El Senado aprobó en general por 20 votos afirmativos sobre un total de 31 el proyecto. Detrás quedaron más de 12 horas de debate. “Ha quedado aprobado el proyecto, el cual se comunicará en el día al Poder Ejecutivo”, sostuvo el primer vicepresidente del Senado, Sebastián Sabini Giannecchini, antes de la celebración con aplausos en el recinto.

Con 64 votos a favor y 29 en contra, hace dos meses los diputados de Uruguay le habían dado luz verde a la última versión del proyecto, impulsado inicialmente por el ex legislador del opositor Partido Colorado, Ope Pasquet, en marzo de 2020.

En el Senado el proyecto contó con los votos del oficialista Frente Amplio -ya le alcanzaban para ser aprobado-, y también con los de legisladores colorados y del opositor Partido Nacional.

El 62% de los uruguayos está a favor de la eutanasia y un 24% en desacuerdo, según una encuesta de la Cifra difundida en mayo de este año. La misma consultora registró que de 2022 a este año el grado de aprobación de la sociedad creció en 7 puntos porcentuales.

La ley busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

El proceso para la aplicación de la norma está inspirado en el que se aplica desde 2002 en Bélgica y Países Bajos.

Antecedentes en América

En América Latina hay antecedentes de despenalización de esta práctica, pero no por ley. 

NB

“Algunas personas eligen morir y no hay razón para asustarse”, dice Sean Davison, un biólogo neozelandés residente en Sudáfrica que regresó al país donde nació apenas su madre le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. La mujer, de profesión psiquiatra, siempre había actuado como su propia médica y estaba convencida de que una metástasis en los pulmones terminaría con ella en muy poco tiempo.

Recordé la historia del científico y su madre hace pocos días al leer un posteo de Roy Galán sobre cuidadores, esas personas que permanecen cerca de los padecientes de alguna enfermedad y cuya salud física y mental no suele ser considerada como se debe. Galán se refirió concretamente a Jane Wilde, la mujer que se enamoró de Stephen Hawking a los 19 años y se casó con él poco después sabiendo que el científico tenía ELA con un pronóstico de vida de apenas dos años. Ella custodió la materia de su marido durante veinticinco años como si sus cuerpos, y los de sus tres hijos, hubiesen formado una inmensa isla. “Le dio todo, lo único que tenemos aquí: su tiempo. Ese tiempo que es la certeza que podemos procurar, ese tiempo que nunca regresa, ese tiempo que es tan breve, ese tiempo que siempre se va”.

En España, el país del escritor, se aprobó la Ley de Eutanasia y se sumó a un escueto número de países que legisló sobre el caso. En Argentina, pese a los intentos de algunos grupos de llevar el tema al congreso y a la presentación de proyectos legislativos, todavía es un tema tabú y no se ha logrado que prospere una ley que la favorezca.

Pedro Almodóvar narra en el filme La habitación de al lado este tema a través del reencuentro entre Martha, que padece cáncer y una antigua amiga, Ingrid, quien se acerca a la clínica y elige quedarse a su lado.

La decisión, dirigida por Roger Michel, es otra película en la que una mujer, interpretada por Susan Sarandon, decide morir con la ayuda de su esposo a través de la eutanasia por el sufrimiento que le provoca el ELA, esclerosis lateral amiotrófica.

Mar adentro es otro de los títulos sobre la temática que fue protagonizado por Javier Bardem, bajo la batuta de Alejandro Amenábar. Está basada en la historia verídica de Ramón Sampedro, un escritor y ex marino que luego de un accidente durante su juventud queda tetrapléjico y durante casi treinta años vive (¿vive?) postrado en una cama. Esa dramática situación genera el deseo de morir mediante la aplicación de la eutanasia. La película relata la lucha de Sampedro para lograr que la ley reconozca su derecho a decidir finalizar con su vida.

¿Cómo es el tiempo de una persona que decide vivir junto a alguien querido que está moribundo, mientras otros afectos cercanos se retiran de la escena? ¿Cómo se siente un adulto cuando la madre le dice con absoluta franqueza y de modo reiterado, que no quiere prolongar más su estancia en la Tierra? ¿Y qué hace si esa madre le pide que actúe, que la ayude a morir? ¿Qué hacer cuando alguien a quien amamos decide ponerle fin a su existencia y siente que carece de energía para acompañar? ¿Cómo se ayuda a morir a alguien desde el amor más profundo?

Davison narra el proceso que culmina con la muerte de su madre. Su actitud de hijo disponible, durante distintas etapas de esa rara convivencia exhibe sus sensaciones íntimas, contradictorias, tensas.

El lector de Antes de decirnos adiós (editorial Galerna) se siente conmocionado y de algún modo identificado ante este testimonio sobre el vínculo entre un hijo y su madre, sobre la vejez, la muerte, el dolor, el afecto, las decisiones de los demás y las propias.

Dice Davison en su diario un 20 de agosto: “No me parece que tenga que vivir sola en su débil estado, deslizándose junto a las paredes como lo hace. Da miedo mirarlo. Aunque tiene visitas casi todos los días, sólo llenas lapsos breves. Si es que vuelvo a Sudáfrica por un tiempo, lo haré sólo cuando otro miembro de la familia esté acá”. Más adelante, el 6 de setiembre, confiesa: “Me bombardean pequeños shocks todos los días a medida que veo a mamá morir frente a mis ojos. Apaleo a un lado y otro la extensión de la pileta para liberar temporalmente mi cabeza del dolor que eso me provoca. Hoy salí a caminar dos horas, en vez de nada, mientras Doug estaba de visita”.

El 23 de setiembre se pregunta “si esto tendrá algún efecto duradero en mí; no creo porque tengo fortaleza emocional, pero es muy estresante. Me rompe el corazón”

El sábado 15 de octubre señala: “Día veintitrés de sólo agua: una taza. ¿Realmente quiere morir? Pienso cómo, cuando voy a la pileta descubierta al final del verano, el agua se va poniendo fría, pero sé que no me iré hasta que me haya metido en esa pileta. Entonces, voy a procastinar mucho tiempo antes de dar el paso. No importa cuánto posponga ese paso, va a darse. Lógicamente no hay razón para retardar lo inevitable, pero sigo haciéndolo. Es lo mismo cuando estás a las puertas de la muerte y sabés que lo inevitable te espera, pero dar el paso hacia esa fría incertidumbre está lejos de lo instintivo. Mamá sigue aferrándose a la vida tanto como quiere dejarse ir”.

A raíz de la publicación de Antes de decirnos adiós, su autor fue arrestado en 2009 y tuvo que afrontar un juicio por colaborar en una práctica de eutanasia voluntaria. Da cuenta de ese proceso en un volumen posterior, Después de decirnos adiós. En 2011, Davison fundó Dignity, una entidad que lucha para que la legislación sudafricana permita la eutanasia voluntaria a quienes sufren enfermedades terminales.

“Nadie debería tener que elegir entre terminar su vida con un dolor insoportable y una discapacidad, o terminar su vida sedado, postrado en cama, dependiente y despojado de todo lo que nos hace humanos. Sin embargo, todos los días, en Sudáfrica, personas que padecen enfermedades terminales se enfrentan a estas terribles opciones. Debería haber una tercera opción: elegir una buena muerte”, considera la organización.

Oriundo de Auckland, Davison nació en 1961. Luego de completar su doctorado en virología molecular, se instaló en Sudáfrica. Tiene tres hijos y desde 1994 es profesor en la Universidad del Cabo Occidental, que había fundado el gobierno racista del apartheid para que sólo concurrieran estudiantes negros. En 2004 estableció en esa universidad el Laboratorio de ADN forense, a través del cual se reconocieron restos de activistas anti-apartheid en tumbas colectivas. Activista de los derechos civiles, Davison apoya diversos reclamos y presenta iniciativas en ese sentido. Participó activamente en el plebiscito de 1992 para terminar con el apartheid.

“Morir vamos a morir todos, pero la forma de morir que yo elegí me parece maravillosa”. La última voluntad de Laura Fernández Abalde se cumplió: decidir ella misma cómo sería su viaje final. Y lo hizo, de la misma forma en la que vivió sus 67 años: peleando. Esta activista española por el derecho a la muerte digna logró doblegar incluso a los procedimientos, extremadamente garantistas, de la Consellería de Sanidade de Galicia: frente a los 40 días que, como mínimo, se tarda allí en aplicar la eutanasia desde la primera solicitud, Laura lo consiguió justo en la mitad de tiempo. Había un motivo para tanta urgencia. Su cáncer de uretra en fase terminal corría demasiado como para esperar a que la burocracia cumpliese sus plazos. Pero la presión funcionó y Laura pudo irse tal y como quería. “Nunca esperé un final de vida tan bonito como éste”, dejó grabado en un vídeo de despedida para la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

La situación de Laura salió a la luz el pasado 10 de noviembre a través de una información de elDiario.es. En ella, esta mujer nacida en Vigo, en la parroquia de Beade, activista vecinal y, desde 2006, integrante de DMD, contaba desde su habitación en paliativos cómo el melanoma uretral grave que padecía corría el riesgo de acabar con su vida antes de que la Xunta aprobase su eutanasia. La solicitó el 30 de octubre, cinco días después de ingresar en el hospital Meixoeiro procedente de urgencias. Llegó con unos dolores abdominales fortísimos y las pruebas confirmaron la metástasis. Laura no tenía dudas sobre lo que quería, pero no le fue posible pedirla antes.

A partir de ahí, la burocracia imponía sus plazos. La ley de regulación de la eutanasia (LORE) fija un período de quince días entre la primera y la segunda solicitud, tras el que el caso es estudiado. En Galicia, según contestó entonces la Consellería de Sanidade, completar “un procedimiento complejo, estrictamente regulado en los pasos y trámites” por la LORE necesita “un mínimo” de cuarenta días ya que no existe lo que definían como “proceso abreviado”.

La Xunta repitió esa misma respuesta cuatro días después, cuando el caso había sido recogido por otros medios y provocado una “batería de iniciativas parlamentarias” del PSdeG para que “nadie más” muriese esperando la eutanasia. En Galicia, en 2023, 14 personas habían fallecido mientras aguardaban, tantas como las que llevaron su decisión hasta el final. Otras diez abandonaron por el camino.

Esa persistencia de Sanidade encontró rápida respuesta por parte de DMD, quienes consideraban que “por supuesto” existía la posibilidad de abreviar la espera de su compañera, algo que en 2022 se hizo en España en 82 ocasiones, el 15% del total según los datos del propio Ministerio de Sanidad, que cifraba la espera estatal media en 27 días, 13 menos que en Galicia. Lo contrario, decía, la asociación, haría que la ley dejase de ser “una garantía” y se convirtiese “en un obstáculo para aquellas personas con un pronóstico de vida muy limitado”. Como el de Laura.

Sin embargo, mientras ese debate llegaba a la esfera pública, en el área sanitaria las cosas sí se estaban moviendo. Al día siguiente de ese cruce de declaraciones, el viernes 15, Laura recibía la llamada que estaba aguardando y que le confirmaba que su petición había sido aceptada, justo cuando –de acuerdo al cronograma oficial– todavía debería estar realizando la segunda solicitud. Pasado el fin de semana, este lunes cerró todo con sus médicos. No habría más esperas: la eutanasia se aplicaría el martes, a las 9 de la mañana. Laura expiró minutos antes de las 10. Lo hizo, según DMD, “riendo y rodeada de su gente”

La importancia del testamento vital

Antes, igual que quiso organizar su propio viaje, Laura también dejó grabada su despedida. “La gente no lo entiende, pero yo llevo muchos años pensando y defendiendo la eutanasia, la ley de muerte digna”, cuenta en el vídeo grabado para ser distribuido por DMD tras su fallecimiento, y con el que pretende concienciar sobre esta lucha.

“El testamento vital va a reflejar qué cosas querrías cuando tu cabeciña no pueda decidir”. Eso, dice evita problemas tanto a las familias, “que no van a poder decidir una eutanasia”, como a los médicos: “así saben qué valores de vida tenías”.

Laura se sentía “una persona afortunada” desde que se asoció a la DMD, en 2006. Mientras alguna gente está “encantada” con un seguro de vida, a ella lo que le daba tranquilidad era pertenecer a esa entidad: “cualquier cosa que tenga que ver con la muerte sé que puedo consultarla con alguien”.

Como última petición, se dirigió tanto al Ministerio de Sanidad como a las comunidades autónomas para que “tengan en cuenta los cuidados paliativos muchísimo más de lo que los tienen”. Y un mensaje político: “le pediría a la gente que, cuando vaya a votar, vote a los que apoyan estas causas y no a los que restringen y luego gastan en cosas que no nos benefician”.

Laura no quería esperar y por eso anunciaba que, en cuanto recibiera la confirmación, la eutanasia sería “depende de cómo esté, hoy o mañana ya”. Para ella, “estar aquí con mi gente y decirles: 'Bueno, fue una maravilla convivir con vosotros, aunque a veces hubo alguna bronquilla'” antes de dormirse sería “un broche” a su vida. Un broche como no le podría dar “ninguna película de Hollywood”.

El suicidio asistido en restallantes colores almodovarianos y con elevadas dosis de emoción, encarado y justificado sin rodeos, agitó las aguas de la Mostra del cinema di Venezia 2024 al punto tal de generar 17 minutos de aplausos la noche de su proyección triunfal. Y desde luego, de obtener el León de Oro al Mejor film, de manos de la mismísima Isabelle Huppert embutida hasta el mentón en un Balenciaga níveo para la ceremonia de cierre. En cuanto al traje rosa cruzado del cineasta en dicha oportunidad, estaba firmado por Lowe; el dorado resplandeciente de Julianne Moore provenía de Bottega Veneta y el refinadamente sobrio de Tilda Swinton, era un Chanel quintaesencial. Ambas actrices, como se sabe a esta altura de la difusión en medios, elogiadísimas protagonistas de la galardonada cinta, anunciada para el próximo 18 de octubre en Buenos Aires. 

Ya la conferencia de prensa previa a la presentación y las gacetillas, que suele escribir el propio Pedro Almodóvar, habían dejado clarísimo que La habitación de al lado planteaba en primer plano el derecho humano a la eutanasia en el caso de enfermedades terminales en primer lugar, pero sin dejar de considerar otras situaciones que tornen invivible la existencia (como fue el caso, en la vida real, de Jean-Luc Godard, a los 91, agotado de sobrevivir malamente).

17 minutos, pues (y medio, según la publicación Vulture) y el premio mayor para una película que trata sobre una mujer, Martha, ex corresponsal de guerra, con cáncer avanzado, que no quiere que los médicos sigan experimentando en su cuerpo, alargando un sufrimiento vano, por lo que ha elegido ponerle fecha a su muerte bien acompañada. Pero antes intentará pasarla en plan disfrute con su entrañable amiga de otros tiempos, la escritora Ingrid, en una casa en medio del verde, oyendo voces de pájaros y otros sonidos de la naturaleza, al sol o a la luz de una pantalla mirando cine juntas. Y, sobre todo, platicando, departiendo apasionadamente como solo saben hacerlo las amigas, un intercambio que Almodóvar percibe con inefable complicidad, a partir de su adaptación de la novela Cuál es tu tormento de la estadounidense Sigrid Nunez.

Una autora que, cuando era apenas una joven aspirante, en 1976, se presentó en casa de Susan Sontag para ayudarla a ordenar el aluvión de cartas que la ya famosa intelectual había recibido, convaleciente de un cáncer con mastectomía (esa enfermedad volvería en 2004, sin remisión). Nunez, que llegó a convivir con Susan y su hijo, alcanzó tardío estrellato literario a los 70 años, en 2018, con su novela El amigo que obtuvo el National Book Award y fue ampliamente traducida. En 2020 publica What Are You Going Through, editada en español con el título arriba mencionado y narrada por una escritora que es su evidente alter ego. Encabeza el relato a modo de lema la frase de la filósofa francesa Simone Weil: “La plenitud del amor al prójimo reside simplemente en preguntarle: ¿Cuál es tu tormento?”

Morir apaciblemente

En noviembre de 2000, Holanda transgredió un tabú mundial al aprobar su Parlamente la ley de “prueba a petición de terminación de la vida y ayuda al suicidio”. Es decir, quedó legalizada la eutanasia para los casos de pacientes sufriendo de modo insoportable, sin esperanzas de curarse y que lo pidieran de forma voluntaria. Primer país en autorizar una práctica que venía siendo tolerada localmente desde hacía poco más de dos décadas, lapso en el que se fue profundizando el debate. Cierto es que previamente se dio un intento en territorios del norte australiano donde se permitió la eutanasia en 1990, pero el Parlamento australiano revocó esa ley al año siguiente. Y precisamente en 1997, en Oregon, Estados Unidos, se aprobó en referéndum el suicidio asistido para enfermos terminales. Recurso que -con ciertas restricciones- se sigue aplicando, pero sin salirse de las fronteras de ese estado.

Como era de esperar, al ser aprobada esa ley en Holanda –104 votos a favor, 40 en contra– el Vaticano chilló (en vano) alegando que se estaba violando “la dignidad de la persona humana” y que “se trataba de un triste récord para ese país”. Según los datos de 2001, se rechazaban dos terceras partes de los pedidos presentados a los médicos de cabecera por no ajustarse a la ley. A la vez, quedaba demostrado en los hechos que muchas personas enfermas se sentían confortadas por el simple hecho de saber que contaban con ese recurso.

En 2002, el Parlamento de Bélgica, país con mayoría católica, aprobó pese a la oposición férrea del bloque ultraderechista flamenco, una ley de eutanasia y otra de cuidados paliativos. Desde 2009, rige la legalización de la muerte asistida en Luxemburgo. Con diverso grado de restricciones muchos países se han ido sumando a la flexibilización del derecho a una muerte digna: Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Portugal, Nueva Gales del Sur, Ecuador, España. En nuestro país, aunque hubo algunos amagues de proyectos de ley, seguimos en veremos. Es un debate pendiente que genera prácticas clandestinas que pueden tener graves consecuencias, tal como sucedía cuando la interrupción voluntaria del embarazo estaba penada localmente…

Cuando la decisión está tomada

En España, un caso tan resonante como el de Ramón Sampedro, tetrapléjico muchos años que batalló por una autorización y finalmente se suicidó con la ayuda de una amiga en 1998, aceleró la discusión. Que ardió en 2004 con la presentación del film Mar adentro, protagonizado por Javier Bardem, notable en el rol de Sampedro.

En abril de este año, la psicóloga peruana Ana Estrada, afectada de polimiositis, enfermedad degenerativa progresiva, pudo cumplir con su meta de tener una muerte asistida por la que empezó a luchar en 2021, consiguiendo una aprobación de la Corte Suprema en 2022. Ella no pedía morirse de inmediato sino que su deseo era tomar el pleno control de su autonomía para decidir, si la ocasión lo ameritaba, acceder a ese recurso. En abril de 2024, a los 47, según compartió su familia, “partió agradecida a todas las personas que se hicieron eco de su voz”. Mientras que su abogada declaró: “Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y con total autocontrol”. El caso de la valerosa peruana se mantiene todavía como una excepción en ese país.

Hace dos años, en septiembre de 2022, el genial cineasta Jean-Luc Godard, máximo representante de la Nouvelle Vague, optó a los 91 por una muerte asistida en Suiza. El cineasta se consideraba en extremo cansado de vivir con las limitaciones de la edad y solicitó “une mort volontaire por echapper al malheur des jours”, en palabra de Pierre Beck, antiguo presidente de la asociación elegida por JLG para poner fin a sus días porque ya no podía tolerar la pérdida del equilibrio, de la vista, de la audición. Su esposa, Anne-Marie Minvielle, anunció a sus íntimos: “Él va a partir”. Poco después, la pareja acordó la fecha –el 13 de septiembre– en que la vida de Godard se apagaría apaciblemente en su domicilio, rodeado de personas muy cercanas. “A mi lado él duerme, c’est fini”, anunció con entereza su leal compañera.

Irse voluntariamente al otro barrio en la pantalla

En este siglo XXI, varias películas tocaron tangencialmente o directamente el tema todavía tan conflictivo de la eutanasia, más allá de la citada Mar adentro (2004), dirigida por Alejandro Amenábar, uno de los ejemplos más conocidos, en parte porque se hizo del Oscar a la mejor producción extranjera de esa temporada.

Más recientemente, dos producciones de ficción francesa, no conocidas en nuestro país, plantearon temáticas afines al suicidio asistido: Rendez-vous avec un ange (2011), de Sophie Daruvar e Yves Thomas, sobre las peripecias de la pareja actuada por Isabelle Carré y Sergi López, ella una enfermera compasiva que aporta ayuda terapéutica por su cuenta a pacientes terminales; Quelques heures de printemps (2012), de Stéphane Brozé, por su lado, propone la decisión de una mujer mayor (Helène Vincent, muy alabada por la crítica) de viajar a Suiza en pos de un pronto final.

Entre los documentales descuella Exit: el derecho a morir (2005), del español Fernand Melgar, película que remite al trabajo que realiza en Suiza una de las dos asociaciones que ofrecen asistencia al suicidio. El doctor Jerôme Sobel, presidente de Exit (la otra entidad se llama Dignitas), hace las veces de guía. El director Melgar empezó interesándose por el mundo de los “acompañantes”, esas personas que sin interés económico permanecen al lado de los enfermos hasta su muerte, luego de proveerlos de la medicación (pentobarbital de sodio, habitualmente) que los “libera”. Elogiado por la sobriedad sin golpes bajos de su realización, Melgar no esquiva momentos muy duros como el de una madre que acompaña a su hijo en el momento de hacer la petición de suicidio asistido. El director ha declarado que decidió no registrar el momento mismo de la muerte, quedándose en el umbral, “sin entrar en ese terreno que considero sagrado”. Coproducida por Francia y la TV suiza, Exit: el derecho a morir fue presentada en varios países, es el primer documental sobre eutanasia estrenado en salas comerciales.

En un somero e incompleto repaso, vale citar otras producciones fílmicas como Cuando el destino nos alcance, 1975, con la inolvidable escena de Edward G. Robinson escuchando la Sinfonía Pastoral y mirando proyecciones de paisajes que conoció de joven y que ya no existen en un futuro posapocalíptico; Mi vida sin mí, 2003, donde una joven madre recibe el diagnóstico de un cáncer terminal, evade el tratamiento y se dedica a cumplir una serie de deseos y a preparar a sus hijos: Million Dollar Baby, de 2004, con el viejo entrenador Clint Eastwood que desconecta a su joven discípula Hillary Swank, paralizada e intubada, que se lo pide con la mirada; en Las invasiones bárbaras, 2004, uno de los protagonistas muere asistido, rodeado de sus amigos; en La dernière leçon, 2015, una mujer de 92 informa a sus familiares las condiciones que ha elegido para morir y se sale con la suya, apoyada por una hija cómplice; Et si c'était à vous, 2018, elogiado documental de Muriel Bruno y Aurora Weber que logra que el debate alcance a todo el mundo; The Farewell, 2019, film estadounidense de Lulu Wang sobre cómo decir adiós a la persona amada; Blackbird, 2020, con Susan Sarandon y Kate Winslet: la historia de una mujer que se sabe condenada a un final degradante y decide tomar en mano su destino. Euphoria (2017, nada que ver con la serie homónima de 2019), de Lisa Langseth, sobre el fenómeno creciente de la asistencia en Europa a personas que fijaron fecha para morir, transcurre en una clínica donde se cumplen esas funciones, administrada por la siempre bella Charlotte Rampling. En la ocasión, entre la gente anotada que espera, una mujer muy joven, muy enferma internada en ese lugar confortable, rodeado de bosques, solo posible para personas que puedan pagarlo... 

Una excusa para hablar de la vida 

Valeria Golino –portadora de sangre napolitana, egipcia y francesa– desarrolló desde muy joven una carrera internacional despareja como actriz (Hollywood, sobre todo, no supo ofrecerle papeles acordes con su temperamento) en la que, sin embargo, relucen gemas como Storia d ´amore (Francesco Maselli, 1986), Paura é amore (Margarethe von Trotta, 1988), o, más cercanamente, Respiro (Emanuele Crialese, 2002), Attricci (Valeria Bruni-Tedeschi, 2007). A los 48, Golino se largó a dirigir Miele (2013), adaptación de la novela A nome tuo, de Mauro Covacich, inquietante historia de una joven mujer que lleva una doble vida: para todo el mundo es Irene, una estudiante que hace deportes, tiene amigos y amantes. Pero secretamente, ella se gana la vida bajo el nombre de Miel, ayudando a morir bien a enfermos terminales que se lo solicitan, y dando apoyo a los familiares. En verdad, ella forma parte de una red que cumple esas prácticas. “Mercenaria, pero no sicaria”, dice de sí misma esta mujer convencida de obrar correctamente, casi una militante de la eutanasia (prohibida en Italia).

“Me parecía un asunto sumamente movilizador”, respondía Golino cuando se le preguntaba si no tenía a mano una cuestión menos ardua para su primera película como directora. “Tenía cierta urgencia por hablar de esta realidad que se suele evitar. Perder a mi padre, a quien amaba mucho, me ha llevado a reflexionar profundamente sobre la muerte. Creo que estamos acostumbrados a ver morir gente como si tal cosa, en los films de acción; pero en la vida, la muerte nos da mucho miedo. Lo cierto es que no me preocupaba la negrura del tema o su probable impopularidad, sino más bien tratar de estar a la altura. Me gustó la idea de los distintos puntos de vista: la protagonista que administra la muerte, cada uno de los enfermos que la llama con sus sentimientos encontrados: temor, rabia, vergüenza, pena, religiosidad… La muerte de mi padre me llevó a advertir la dificultad de comunicarse con un enfermo que agoniza. Traté de hacer un film que me representara, aunque no autobiográfico. Como ciudadana no dudo de que debería existir una ley que permita a las personas que así lo deseen, morir con dignidad”.

Irene usa el dulce nombre de Miel para su tarea clandestina: administrar ese cóctel mortal (fuertes sedantes usados en veterinaria, que consigue vía México) que abrevia los sufrimientos de enfermos incurables. El film arranca sin vueltas, con una escena de Miel en plena acción. Y a través de su desarrollo, la realizadora da pruebas de gran delicadeza para aproximarse a la misteriosa Miel, a esos personajes que se vuelven sus pacientes: una mujer muy vieja en fase terminal, un joven con una enfermedad genética irreversible, un hombre maduro condenado a la degeneración física. Miel es la gentil oficiante de estas ceremonias fúnebres que contrapone  a su actividad física (nada, anda mucho en bicicleta) y a sus encuentros eróticos. Ella parece tener claro que con su asistencia a pacientes físicamente muy afectados, cumple funciones necesarias con honestidad. Hasta que un día se produce un encuentro extraordinario: se topa con un intelectual desencantado que con su amarga lucidez patea el ordenado tablero de la muchacha. El hombre le hace creer que está enfermo, ella descubre que está sano pero que ha perdido todo deseo de vivir. Carlo, bastante mayor que Miel, se hace amigo de ella. “Irene-Miel entiende entonces que la edad no garantiza que seas joven”, comenta VG.

El film Miele fue seleccionado para la sección Un Certain Regard, del Festival de Cannes, donde obtuvo el premio Ecuménico y comentarios muy favorables de la crítica. Miele se exhibió en Buenos Aires, en una muestra del cine peninsular organizada por la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, pero no llegó a salas comerciales locales este film que, según su autora, “pese a la temática, es una obra optimista. Hablar de la muerte fue para mí una excusa para hablar de la vida”.

MS/MG

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=LAHg7WBatVA 

'No'. Esta es la palabra que más se repite en Dignitas Infinita, el último documento del Vaticano que el dicasterio para la Doctrina de la Fe ha lanzado este mediodía. Un texto que vuelve a mostrar que, pese a una cierta apertura que suele destacarse de los 11 años de pontificado de Francisco, hay prohibiciones que parecen intocables. Del aborto a la eutanasia, pasando por la denominada 'teoría de género', Roma continúa defendiendo una férrea doctrina moral en un documento que, por otra parte, hace mención a los abusos sexuales, la guerra, el hambre, la “violencia digital” o la maternidad subrogada, cuestiones que considera “violaciones a la dignidad humana”.

El documento, que lleva cinco años siendo continuamente modificado, nació de la mano del anterior prefecto de Doctrina de la Fe, el español Luis Ladaria, en 2019, pero ha sido culminado por el teólogo del Papa, Víctor Manuel Tucho Fernández, el mismo que ha sufrido continuos ataques por parte de los sectores tradicionalistas tras la aprobación de Fiducia Supplicans y el permiso para las bendiciones de parejas del mismo sexo. De hecho, distintas fuentes apuntan a que se nota la mano de Fernández a la hora de incluir aspectos relativos a la lucha por la dignidad de lo desfavorecidos a un texto que, en principio, solo apuntaba a la férrea doctrina moral. De hecho, en su introducción, el cardenal afirma haber prestado “mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se produce actualmente en nuestro tiempo”, para lo que el dicasterio “tomó medidas para reducir la parte inicial [...] y elaborar con más detalle lo que el Santo Padre había indicado”.

Así, por primera vez un documento vaticano equipara “algunas violaciones graves de la dignidad humana”, que van desde “el drama de la pobreza” hasta la “violencia digital”, pasando por la condena inequívoca del aborto, la eutanasia o la teoría de género, mientras reclama la lucha contra las guerras, la trata de personas, la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales.

Claves del documento

Donde no cambia la doctrina moral de la Iglesia es en cuestiones como la del aborto, donde Roma continúa definiéndolo como un delito “particularmente grave e ignominioso”, denunciando que “la aceptación del aborto en la mentalidad, en las costumbres y en la misma ley es señal evidente de una peligrosísima crisis del sentido moral, que es cada vez más incapaz de distinguir entre el bien y el mal”, y utilizando “una terminología ambigua, como la de ‘interrrupción del embarazo’ (…). Pero ninguna palabra puede cambiar la realidad de las cosas: el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento”.

“La Iglesia, también, se posiciona en contra de la práctica de la maternidad subrogada”, insiste el documento, que denuncia cómo esta práctica convierte al niño “en un mero objeto”. Y es que, apunta el texto, “la práctica de la maternidad subrogada viola, ante todo, la dignidad del niño” y “la dignidad de la propia mujer que o se ve obligada a ello o decide libremente someterse”.

El nuevo documento vaticano también arremete con fuerza contra la eutanasia y el suicidio asistido, cuestionando la denominación de “leyes de muerte digna”. “Está muy extendida la idea de que la eutanasia o el suicidio asistido son compatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana”, admite Roma, que señala la importancia de unos “cuidados paliativos apropiados y evitando cualquier encarnizamiento terapéutico o intervención desproporcionada”, pero aclara: “No hay condiciones en ausencia de las cuales la vida humana deje de ser digna y pueda, por tanto, suprimirse”. Y va más allá: “Ayudar al suicida a quitarse la vida es, por tanto, una ofensa objetiva contra la dignidad de la persona que lo pide, aunque con ello se cumpliese su deseo”.

Al tiempo Doctrina de la Fe denuncia “el descarte de las personas con discapacidad”, que “sufren a veces marginación, cuando no opresión, al ser tratadas como auténticos descartados”.

“Colonizaciones ideológicas”

Una de las grandes novedades del documento es su firme condena de la “teoría de género”. Pese a condenar que “en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida, a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual”, Roma denuncia las “colonizaciones ideológicas, entre las que ocupa un lugar central la teoría de género, que es extremadamente peligrosa porque borra las diferencias en su pretensión de igualar a todos”.

Así, el Vaticano afirma que la teoría de género “pretende negar la mayor diferencia posible entre los seres vivos: la diferencia sexual”. En este sentido, concluye Roma, “resulta inaceptable que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños”. Por lo tantos “debe rechazarse todo intento de ocultar la referencia a la evidente diferencia sexual entre hombres y mujeres”.  

El cambio de sexo, el Vaticano sostiene que “por regla general, corre el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”, aunque no excluye la posibilidad de que “una persona afectada por anomalías genitales, que ya son evidentes al nacer o que se desarrollan posteriormente, pueda optar por recibir asistencia médica con el objetivo de resolver esas anomalías”.

Por contra, Roma denuncia con dureza “el drama de la pobreza” que, insiste, se trata de “uno de los fenómenos que más contribuye a negar la dignidad de tantos seres humanos”, y que supone “una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo”. “Todos somos responsables, aunque en diversos grados, de esta flagrante desigualdad”, recalca el dicasterio.

Respecto a la guerra, “otra tragedia que niega la dignidad humana”, el Vaticano recuerda que es una “derrota de la Humanidad”, y que “ninguna guerra vale la pérdida de la vida, aunque solo sea de una sola persona humana”, ni “el envenenamiento de nuestra casa común”, ni “la desesperación de los que están obligados a dejar su patria”.

“Todas las guerras, por el mero hecho de contradecir la dignidad humana, son «conflictos que no resolverán los problemas, sino que los aumentarán»”, recalca el texto, que pide “salir de la lógica de la legitimidad de la guerra”.

 Sobre los migrantes, el documento los reconoce como “las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza”, por lo que “es siempre urgente recordar que «todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación”.

El Vaticano también incluye la trata de personas entre las graves violaciones de la dignidad humana, denunciando a “explotadores y clientes” y recordando que “la Iglesia y la humanidad no deben abandonar la lucha contra fenómenos como el comercio de órganos y tejidos humanos, explotación sexual de niños y niñas, trabajo esclavo, incluyendo la prostitución, tráfico de drogas y de armas, terrorismo y crimen internacional organizado”. “La trata de personas es un crimen contra la Humanidad” sostiene Dignitas Infinita.

Los abusos sexuales son otro de los puntos abordados por el texto, que admite que“todo abuso sexual deja profundas cicatrices en el corazón de quienes lo sufren” y advierte que “se trata de sufrimientos que pueden llegar a durar toda la vida y a los que ningún arrepentimiento puede poner remedio”

Por otro lado, el Vaticano denuncia que “las violencias contra las mujeres es un escándalo global, cada vez más reconocido”, y recalca las “desigualdades graves entre mujeres y varones” incluso “en los países más desarrollados y democráticos”. “Es hora de condenar con determinación, empleando los medios legislativos apropiados de defensa, las formas de violencia sexual que con frecuencia tienen por objeto a las mujeres”, con especial hincapié en el feminicidio.

Finalmente, el documento hace una referencia a la “violencia digital”, que pone en peligro “la buena reputación de cualquier persona con noticias falsas y calumnias”. “De hecho, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación y violencia, hasta llegar al caso extremo del dark web”, concluye el documento, que incide en que, con estas prácticas, “el respeto al otro se hace pedazos y, de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos, sin pudor alguno puedo invadir su vida hasta el extremo”.

Toda la información en www.religiondigital.org

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos como España y Alemania. En la Argentina es, todavía, ilegal. Hay cinco proyectos de ley listos para ser debatidos en el Congreso, cuatro por Diputados y uno por Senadores. En la Cámara Baja, a pesar de dos pedidos de tratamiento urgente, los tres borradores están cajoneados en la Comisión de Salud.

Ayer, en el Auditorio del Congreso, cinco especialistas, la representante de una organización que pide la legalización de la eutanasia y una persona diagnosticada con ELA dieron testimonio. La actividad fue organizada por la diputada del Frente de Todos en representación de la Ciudad, Mara Brawer. Ella es autora del último proyecto presentado, el quinto en menos de dos años. Bajo la consigna “La eutanasia como derecho. Panel de debate”, los invitados compartieron estadísticas que sugieren que mientras el Poder Legislativo demora el debate, la sociedad se muestra menos conservadora sobre el derecho a morir de lo que se cree.

Mario Pecheny, doctor en Ciencia Política y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires de Sociología de la Salud, compartió resultados de la encuesta realizada el año pasado por la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET, de la que es miembro. De acuerdo al informe, en los últimos tres años el 45% de los profesionales de la salud recibió pedidos de información sobre eutanasia de parte de sus pacientes. El 53% de los pedidos de información sobre eutanasia lo hicieron familiares de pacientes que padecen enfermedades que los hacen sufrir. En esos registros se nota, al menos, la necesidad de saber sobre el tema.

¿Y qué opinan los profesionales de la salud sobre esta prácticamente? El 80% de los encuestados está a favor de legislar la eutanasia. El 73% considera que debe incluirse la objeción de conciencia, pero el 49% no se abstendría. De la muestra de la Red de Cuidados y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET participaron 745 personas en todas las regiones del país. La mitad atiende pacientes graves y el 55% dijo tener creencias religiosas, lo que no parece ser un obstáculo para legalizar la práctica. En su exposición, Pecheny remarcó que “hay un mundo oficioso donde las prácticas ilegales igual existen”. “¿Si la sociedad está preparada? Es como hablar de divorcio, aborto o matrimonio igualitario. Nunca es el momento adecuado por eso es ahora”, cerró Pecheny.

Por otro lado, los especialistas mencionaron el resultado del relevamiento de Pulsar.UBA, el observatorio de la Universidad de Buenos Aires especializado en el estudio de la opinión pública, difundido hace pocos días. La pregunta era sobre agendas y posicionamiento y era, además, específica: “¿Usted está muy, bastante, poco o nada de acuerdo con que se permita a las personas tomar decisiones sobre su propia muerte en situaciones médicas extremas?”. El 46% respondió que está muy de acuerdo y el 26%, bastante de acuerdo. En suma, el 72% de los encuestados aceptaría, al menos, la discusión sobre la eutanasia en el marco legislativo. La mayoría de quienes están “muy” y “bastante” de acuerdo con el derecho a morir se ubicaron en los sectores de menores ingresos, el 83%. Por otro lado, la aprobación atraviesa todos los rangos generacionales: de 18 a 29 y de 50 a 75 años. El universo de la muestra es de mil personas mayores de edad repartidas en la Argentina.

“No estamos hablando de la muerte sino de la vida”

Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética, estuvo presente en el panel. Participó de la elaboración del proyecto de ley del Frente de Todos, al que llamaron “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Soriano pidió que al auditorio que note que mientras él hablaba había mucha gente, con un sufrimiento insoportable, esperando la ley. El público, la mayoría mujeres, asintió.

Luego fue el turno del médico Mario Sebastiani, obstetra y autor de “Si pudieras elegir de qué manera morir ¿qué harías?”. Sebastiani señaló que “estamos cerca” de la ley porque “ya tenemos una orden de no rehabilitación” (un paciente puede manifestar que no le practiquen maniobras de resucitación), de suspensión de soporte vital (un paciente puede pedir que le retiren las vías de aire y alimentación) y la posibilidad de redactar las directivas anticipadas. Pero remarcó que falta la ley que legalice la eutanasia: “No estamos hablando de la muerte sino de la vida”. Pidió, de paso, la menor cantidad de burocracia posible. Se refiere a los comité de evaluación profesional, que acepta o rechaza los pedidos. Los cinco proyectos de ley contemplan diferentes tipos de comités.

No existe un aluvión de gente dispuesta a morir

Datos de España, donde la eutanasia es legal desde 2021: en una año, 173 personas solicitaron la eutanasia, pero se efectivizaron 75 prácticas. ¿Qué pasó con el resto? 18 murieron esperando una resolución del comité evaluador; 30 pedidos fueron rechazados por el comité; siete personas se arrepintieron; seis pacientes decidieron postergar la práctica. La mayoría de ellos tienen o tenía diagnóstico por enfermedades neurodegenerativas. La eutanasia representa en España menos del 3% de las muertes. La paliativista Graciela Jacob quien ofreció estos datos. “Tenemos que hablar de la muerte, gente”, alentó.

La jurista, la militante y la mujer que tiene un último deseo

A su turno, la jurista Aída Kemelmajer habló de eutanasia en relación directa “autonomía de la voluntad” y con “la libertad”. Recordó al español Ramón Sampedro, que pidió por su muerte luego de que le diagnosticaran una tetraplegía, un hombre que se convirtió en un símbolo de la lucha por la eutanasia. Elisa Lisnofsky, Kuky, psicóloga social y técnica en psicogerontología, también habló. Es la creadora de “Eutanasia: derechos y final de vida”, un grupo que milita por la ley de eutanasia.

El cierre de Adriana Stagnaro, abogada, escribana y antropóloga, diagnosticada con ELA. Aquí contó que “quiere la eutanasia y poder morir plácidamente”. Al ritmo que le permite la enfermedad y con un sentido del humor que sorprende, Stagnaro dijo: “Finalmente la vida se basa en el cuerpo. Si hay alma, si hay espíritu, encarniza en el cuerpo. Osea, el cuerpo situado, es la condición, la posibilidad de la vida. Y por lo tanto estamos atravesados por las condiciones materiales de la existencia”. Dijo que en ese conversatorio, donde todos hablaban de su último deseo, se sentía “una ciudadana”.

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Con el que presentó en octubre por la diputada nacional por el Frente de Todos, Mara Brawer, son cinco los proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina. A pesar de dos pedidos de tratamiento urgente que atañen al artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados -que indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario- no habilitan el debate en la Comisión de Salud. Ante la consulta de elDiarioAR, la socialista Mónica Fein, presidenta de la Comisión, dijo que “hay pedido de debate para este año”, pero no preciso cuándo. Sobre los motivos de la demora hizo saber que “hay consenso en otros temas primero”.

Así como hay varios borradores a discutir sobre el mismo tema, los proyectos para darle marco legal a la eutanasia son cinco. Cuatro surgieron de la Cámara de Diputados y uno del Senado. El de la UCR se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021, al igual que el del entonces senador radical Julio Cobos, llamado Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

A esos se sumó el de Mara Brawer, llamado Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida y cuenta con la firma pares del Frente de Todos: Pablo Carro, Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Carolina Gaillard, Susana Landriscini, María Rosa Martínez, Itaí Hagman, Lisandro Bormioli y de Daniel Gollán que es, además, vicepresidente primero de la Comisión de Salud. De la confección del borrador participó la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, integrado por investigadores del Conicet.  

El proyecto de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos porque permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años.

Distingue dos modalidades: la eutanasia, en la que el mismo paciente se administra la sustancia que le provoca la muerte; y la práctica “asistida”, en la que un profesional competente suministra la sustancia. En ambos casos debe mediar la petición libre, informada y reiterada de la persona que sufre, siempre que cumpla con los requisitos. Sobre los requisitos: argentino o con residencia permanente por el plazo de un año como mínimo, mayor de 18 años, plenamente capaz. Debe justificarse la enfermedad o lesión grave e incurable o crónica, que le provoque intensos dolores o padecimientos psíquicos, o “una condición de gran dependencia y disminución de su integridad, que, a juicio de la persona, resulten indignos o intolerables”. Si la persona no puede manifestar el pedido a causa de la enfermedad no podrá aplicarse la ley si no dejó directivas anticipadas.

El borrador prevé la creación de dos comisiones de alcance jurisdiccional y nacional. Estarán integradas por especialistas en salud mental y en cuidados paliativos, abogados, y profesionales de las ciencias sociales y humanas. Entre sus funciones, están la de resolver controversias o rechazos de las solicitudes; verificar el cumplimiento de los procedimientos previstos; resolver dudas que puedan surgir durante la aplicación de la norma; crear y administrar archivos con los casos de todo el país; y elaborar informes y sugerencias para la mejora continua de la de prestación de la muerte voluntaria médicamente asistida. Contempla la objeción de conciencia.

También está en carrera el que presentó en agosto del año pasado la diputada nacional por Jujuy, la peronista Carolina Moisés. “Derecho a la prestación de ayuda para morir dignamente” es el nombre de su proyecto. Prevé dos figuras, la de médico “responsable” y la de médico “consultor” que deben intervenir durante el proceso. El médico consultor es el que debe hacer una nueva valoración sobre el diagnóstico (y el pronóstico), la capacidad y autonomía del paciente. Hay una tercera instancia en la que una Comisión Nacional de Garantía y Evaluación puede denegar la práctica.

Es el primer proyecto que presenta Moisés. Y, como el, de la UCR contempla un detalle que lo hace diferente a todos: permite solicitar la eutanasia a personas mayores de 16 años. El de la UCR fue redactado por la diputada Jimena Latorre, Alfredo Cornejo -al momento de la presentación del proyecto era diputado, ahora senador y candidato a Gobernador de Mendoza-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. El resto contempla el pedido a partir de los 18 años. De todas maneras, todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

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El Papa Francisco dedicó su primer discurso en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebra en Lisboa, a reprochar a Europa que no ofrezca soluciones “creativas” ni “procesos de paz” para “poner fin a la guerra de Ucrania” y otros conflictos en el mundo.

“Estamos navegando en circunstancias críticas, tempestuosas, y percibimos la falta de rumbos valientes hacia la paz. Mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu de diálogo que nos caracteriza, nos saldría espontáneo preguntarle: ¿Hacia dónde navegas si no ofreces procesos de paz, caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania y a tantos conflictos que ensangrientan el mundo?, preguntó el Pontífice.

Así lo indicó en su discurso durante un encuentro con autoridades de Portugal, con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro Cultural de Belém, en el primer día de su visita a Lisboa.

En este sentido, el Papa dijo que sueña con una Europa, corazón de occidente, “que utilice su ingenio para apagar los focos de la guerra y encender luces de esperanza”, que sepa “redescubrir su alma juvenil, soñando con la grandeza del conjunto y yendo más allá de las necesidades de lo inmediato”, con una Europa “que incluya a los pueblos y sus gentes con cultura propia, sin perseguir teorías ideológicas y colonizaciones”.

Por otro lado, criticó las “leyes sofisticadas” que se aprobaron en Europa como la ley de eutanasia y la falta de acogida a los migrantes. “¿Hacia dónde navegan Europa y Occidente con el descarte de los ancianos, los muros de alambre espigado, las tragedias en el mar y las cunas vacías?”, cuestionó también el Pontífice.

En un discurso pronunciado en italiano que giró en torno a las referencias al océano, Francisco lamentó que en un mundo desarrollado, “hoy, paradójicamente se ha convertido en una prioridad la defensa de la vida humana” que, según advirtió, fue “puesta en peligro por derivas utilitaristas que la desechan”.

“Pienso en tantos niños no nacidos y ancianos abandonados a su suerte, en la dificultad para acoger, promover e integrar a los que vienen de lejos y llaman a las puertas, en la soledad de muchas familias que luchan por criar a sus hijos”, añadió.

Asimismo, criticó algunas “leyes sofisticadas” aprobadas en Europa y, en concreto, se refirió a la ley de eutanasia que, a su juicio, ofrece “un remedio equivocado como fácil acceso a la muerte”.

“¿Hacia dónde van Europa y Occidente si ante el dolor de vivir ofrecen remedios superficiales y equivocados como fácil acceso a la muerte, una solución de conveniencia que parece dulce pero que es más amarga que las aguas del mar? Y pienso en tantas leyes sofisticadas al respecto”, manifestó.

LISBOA, CAPITAL DEL MUNDO

Además, se ha referido a la ciudad anfitriona de la JMJ, Lisboa, que “abraza diferentes pueblos y culturas” y que estos días “se vuelve más universal”. “En cierto sentido, se transforma en la capital del mundo”, ha destacado.

Lisboa, según ha señalado el Pontífice, como “ciudad del océano”, recuerda la importancia del conjunto, “de pensar las fronteras como áreas de contacto, no como fronteras que separan” y ha afirmado que puede “sugerir un cambio de ritmo” en medio de un mundo “dividido” a la hora de enfrentarse a los problemas globales.

“Sabemos que hoy las grandes preguntas son globales, pero a menudo experimentamos ineficacia para responderlas precisamente porque ante problemas comunes el mundo está dividido, o al menos no lo suficientemente cohesionado, incapaz de enfrentar unidos lo que pone a todos en crisis. Parece que las injusticias planetarias, las guerras, las crisis climáticas y migratorias corren más rápido que la capacidad, y muchas veces la voluntad, para enfrentar juntos estos desafíos”, ha explicado.

A juicio del Papa Francisco, “el mundo necesita de la verdadera Europa”, de su “papel de puente y de pacificador en su parte oriental, en el Mediterráneo, en África y en Oriente Medio”.

De esta forma, considera que Europa podrá llevar a la escena internacional su “originalidad específica”, surgida en el siglo pasado cuando, desde el crisol de los conflictos mundiales, “dejó brotar la chispa de la reconciliación, haciendo realidad el sueño de construir el mañana con el enemigo de ayer, para iniciar caminos de diálogo, caminos de inclusión, desarrollando una diplomacia de paz que apague los conflictos y alivie las tensiones, capaz de captar los más leves signos de distensión y de leer entre las líneas más torcidas”.

Francisco también aprovechó su discurso para denunciar que en muchos lugares, “se invierte más dinero en armas que en el futuro de los hijos”, unas armas “sofisticadas” que, según ha avisado, “no representan inversiones de futuro, sino empobrecimientos del verdadero capital humano, el de la educación, la sanidad y el estado del bienestar.

EL OCÉANO, VERTEDERO DE PLÁSTICO

Por otro lado, Francisco alertó del deterioro del medioambiente, un “problema global gravísimo” ya que “los océanos se recalientan y sus profundidades sacan a la luz la fealdad con la que hemos contaminado nuestra casa común”. “Estamos convirtiendo reservas de vida en vertederos de plástico”, lamentó el Pontífice en su discurso, al tiempo que invitó a “cuidar con esmero” el planeta para garantizar un futuro saludable a los jóvenes.

El Papa insistió en que “el futuro son los jóvenes” pero reconoció que hay “muchos factores que los desalientan, como la falta de trabajo, el ritmo frenético en el que están inmersos, el aumento del coste de la vida, la dificultad para encontrar vivienda y, lo que es más preocupante, el miedo a formar familias y traer hijos al mundo”. “En Europa y, más en general, en Occidente, asistimos a una fase descendente de la curva demográfica”, advirtió.

Para el Pontífice, “la buena política puede hacer mucho” en este sentido pues “no está llamada a ejercer el poder, sino a dar a las personas esperanza”. “Está llamada, hoy más que nunca, a corregir los desequilibrios económicos de un mercado que produce riqueza, pero no la distribuye; está llamada a redescubrirse como generadora de vida y cuidado; a invertir con clarividencia en el futuro, en las familias y en los niños, a promover alianzas intergeneracionales, donde el pasado no se borra con un golpe de esponja”, aseveró.

En cualquier caso, Bergoglio destacó que estos días, Lisboa “da motivos para la esperanza” porque ha sido inundada por un “océano de jóvenes” para participar en la JMJ que “no están en las calles gritando de rabia, sino compartiendo la esperanza del Evangelio, la esperanza de la vida”.

“Y si hoy existe un clima de protesta e insatisfacción en muchas partes, terreno fértil para populismos y teorías conspirativas, la Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad para construir juntos”, propuso el Papa.

Por su parte, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, aseguró que el país recibe a Francisco “con los brazos abiertos”. Según precisó, el país acoge el testimonio del Pontífice sobre la dignidad de las personas, su relación con la naturaleza, sobre la paz, la fraternidad, la lucha contra el hambre, la miseria, la opresión, el abuso, la xenofobia y la intolerancia. “Portugal está siguiendo su testimonio con mucho ánimo”, destacó.

Europa Press.

IG

A más de un año de que tres proyectos para legalizar la eutanasia en la Argentina -dos por Diputados y uno por Senadores- entren en el Congreso, todo indica que el Derecho a Morir está lejos de discutirse. Tampoco prosperó el intento de siete diputadas de distintos bloques que firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en las reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados a fines del 2021.

“La presidenta de la Comisión de Salud ni siquiera habilitó las reuniones informativas a pesar, incluso, de haber ofrecido el listado de expositores y estábamos muy avanzadas entre las coautores. Y presentamos dos veces el artículo 109 pidiendo que se trate el tema pero no hemos avanzado”, dijo a elDiarioAR Jimena Latorre, diputada por Mendoza. El artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados indica que si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.

En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Debe intervenir un escribano. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo.

Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse

En diciembre del años pasado, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

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Adela De Giuseppe murió un mediodía de agosto, a los 67 años, de un infarto. Llevaba más de un mes internada en un centro de rehabilitación. Dependía de un tubo de oxígeno, no caminaba, comía papilla y alucinaba, un comportamiento diagnosticado como principio de demencia senil. Le habían diagnosticado EPOC -desglosado: enfermedad pulmonar obstructiva crónica- hacía doce años y había superado a varias internaciones por el Epoc. Adela dijo que “ya no quería más”, pidió que “la durmieran”. Quería la eutanasia, la pidió hasta el final. Cuenta su hija, Ana Clara Benda: “Mi mamá le tenía terror a la decadencia, quería evitar ser una carga para otra persona. Y eso que estaba ahí, viejita, chiquita y arrugada como una pasa de uva ya no era mi mamá”. 

Durante la internación, en un divague, pidió a las enfermeras que quitaran el decorado, como si la habitación en la que estaba no fuese de hospital. Un día habló de Batman. Otro día apenas Ana Clara entró en su habitación, Adela la increpó: “¿Mañana van a venir todos, no?”. Ana la miró extrañada y le respondió que no, que a la habitación sólo podían entrar de a uno y apenas una hora. Adela volvió a la carga: “Pero yo ya hablé con el médico, porque mañana es mi último día. Mañana me van a dormir. Ya me dijeron”. No era la primera vez que Adela hablaba de ese sueño irreversible. A principios de años, ya sin ganas de nada, había dicho que si por ella fuera ya no estaría con vida.

Ana Clara salió de la habitación y buscó al médico. El médico le explicó que era lógico, dentro del cuadro de demencia senil, tener ese tipo de alucinaciones. “Sí -devolvió Ana Clara-, pero esto es lo que ella quiere. Y me lo dijo hace un año y me lo repitió hace dos meses. Eso que está ahí en esa cama no es mi mamá”. El médico entendió, pero repitió que lo de su madre había sido producto de la imaginación, que lo que ella planteaba no era posible y que podía estar así, en ese estado, mucho tiempo más. Un tiempo largo, incalculable.

Ana Clara volvió a la habitación y le dijo a su mamá que no iban a dormirla. Adela entró en crisis. Lo cuenta, quebrada, Ana Clara: “Lloró como una nena, pero como una nena de tres años, frustada. Decía que cómo puede ser que un perro tenga derecho a la eutanasia, al sacrificio, y que ella no pueda decidir sobre su muerte… Que cómo puede ser, si ella no comía no se movía, que todos los días era una molestia nueva. Me decía: ‘Gordita, llevame a Colombia, llevame a Colombia que allá se puede… Es mi cuerpo, yo no quiero más’”. Colombia es el único país sudamericano donde la eutanasia es legal, pero Adela siendo argentina no podría acceder a la práctica en ese país.

A Ana Clara le quedó tatuada la angustia que le produjo la desilusión de su mamá, la impotencia de no poder ayudarla. No recuerda cómo se despidió de ella ese día, pero sí que le hizo una promesa: iba a averiguar de qué manera, al menos, atenuar el sufrimiento. Cuando llegó a su departamento hizo un hilo en Twitter que se viralizó. No sólo recibió apoyo, sino que por mensaje privado mucha gente le contó su historia y le pasó información académica, producida afuera pero también en la Argentina. “Me di cuenta que había muchas personas que estaban pasando o habían pasado una situación como la mía. Un familiar que no quiere más; un sistema de salud público o privado, da igual, que no contempla estos casos y familias, que no tiene recursos económicos o emocionales para transitarlos. El Estado está un paso atrás”, dice Ana Clara a elDiarioAR. Esa misma noche, después de la serie de tuits, empezó a estudiar. Y encontró, digamos, una solución.

“Me dijo que ya no quería más, que para ella ya estaba”

La historia de Adela empieza mucho antes que ese final que será, ya veremos, programado e imprevisto al mismo tiempo. Adela fue una ama de casa madre de tres hijos. Una mujer que se separó y decidió estudiar para colorista y abrió su propio salón de belleza en Torcuato: eran los noventa y lo llamó New Age. Antes de los últimos cuatro meses que pasó postrada, ahogada por el humo de los cigarrillos que hasta que pudo fumó, Adela fue una tipa luminosa y vital, de ojos verdes y escote, un minón que iba al Solos y Solas con las manos hechas y el deseo de toda mujer de cuarenta que ya tiene los hijos criados: un bronceado tono rayito de sol, minifalda, tacos y pasión. Para el año 98, fundió el local. Se sobrepuso poniendo en práctica algo que había estudiado mientras tanto, la astrología. En 2002 se instaló en Santiago de Chile y dio clases de astrología. Si Adela ya tenía una salud frágil, la pandemia la arrasó. En abril decidió volver a Buenos Aires. Ese fue el principio del final.

¿Qué tanto impactó la pandemia en la salud de tu mamá?

Ella tenía un EPOC severo, porque no había dejado de fumar. Tenía un infarto encima, era hipertensa… Pero la pandemia terminó de liquidarla. No caminó más, sólo salió tres veces en más de dos años para vacunarse contra el Covid. Su calidad de vida fue deteriorándose. También se alejó de nosotros. No nos atendía o ponía excusas para hablarnos. Una vez la encaré en una videollamada, le pregunté qué le pasaba. Me dijo que ya no quería más, que para ella ya estaba. Hacía todo para maltratarse, digamos. En un momento dejó de trabajar y cuando no pudo pagar el alquiler, con mis hermanos decidimos que volviera a Buenos Aires. Se instaló en la casa que era de sus padres, en Torcuato. Acondicionamos un cuarto, con los colores que ella quería. Hicimos un cerramiento para que pudiera salir a la terraza, que caminara un poco. Pero llegó en un estado…

¿Cómo?

Tenía 67 años pero parecía una ancianita. Se había dejado estar. Le sangraba la boca, algo que después se infectó y terminó en necrosis. Muy flaquita, muy ida. Estaba acostada en su cama. Hacía tres años que no nos veíamos. Ni atinó a abrazarme. Pero más allá de eso, estaba muy limitada físicamente. No era sólo un estado de ánimo. Llamábamos a la ambulancia casi todos los días porque se ahogaba, no había dejado de fumar. Pero la internaban, le daban oxígeno y el alta. Y de vuelta a casa. Nosotros no sabíamos cómo cuidarla ni teníamos lo que se necesita para que una persona en ese estado tenga una vida más o menos digna.

En una de esas idas y vueltas al hospital, Adela se contagió Covid. Ana Clara, su hermana, su sobrino y una prima se turnaban para ir a verla. A Ana le tocó llevarle camisones. Cuando entró en la sala y se acercó a su mamá, ella no la reconoció. Aun cuando la hija insistiera con “mami, mami, mami…”. Cuando Ana se dio cuenta, se corrió el barbijo y le dijo: “Mami, soy yo, Ana Clara”. Adela abrió los ojos, lloró, le pidió perdón por no haberla reconocido. Ana Clara juntó fuerza, hizo como si no pasara nada. Pero se lo contó al médico a cargo de la sala. “Pero tu mamá tiene 87 años y demencia senil”, le dijo el médico mientras miraba la planilla. Ana Clara corrigió: su madre tenía, en ese momento, 67 años y nadie les había dicho que estaba diagnosticada con demencia senil. “Y pero acá lo anotaron así”, le respondió el jefe de la sala.

¿Y qué hiciste?

Me desesperé. El médico se acercó a la cama de mi mamá y le hizo preguntas. Mi vieja acertaba, pero tardaba o dudaba. En ese momento decidí que mi mamá no podía irse del hospital. Que de ninguna manera iban a darle el alta. Y ahí empezó toda la burocracia. Mi mamá se atendía por Pami. Parece una pavada pero en un hospital público que te vea un médico clínico no es tan fácil. Yo tenía clarísimo que no podía llevármela a casa en ese estado. Pedí que le revisaran qué tenía en la cadera que hacía que se quejara todo el tiempo, que la viera un psiquiatra. Algo “integral”. No hubo caso. Llegaron a mandar un patrullero a la casa de mi hermana por “abandono de persona”.

Una manera de juzgar.

Este año aprendí que yo no soy quien para juzgar a nadie, mucho menos en estos casos. Tenía que lidiar con la mirada de afuera. Y la mirada del afuera es muy cruel. Porque hay una cultura que dice que uno tiene que cuidar a sus papás. Y más a la madre: “madre hay una sola”, “cómo la vas a dejar tirada a tu mamá”. Es muy duro porque también tenés que cargar con la culpa que sentís, porque sos hija y sos hija por esa madre que se dejó estar. Eso y la mirada del otro que te juzga permanentemente. Les pedí a mis amigas que si pensaban que yo era una mala hija, que no me lo dijeran. Necesitaba apoyo, no que me fusilaran. 

Ana Clara es periodista e hizo lo que la mayoría de las personas no pueden: tocar contactos, hacer puentes, pedir ayuda y pedir por favor. Dirá: “En un momento dificilísimo yo pude hacer lo que la familia de la mujer que estaba en la cama de al lado no pudo porque tengo este trabajo”. Habló con un funcionario público, con un especialiasta en medicina legal, con una diputada, y logró que derivaran a su madre a un centro de rehabilitación, su destino final.

“¿Quién soy yo para ir en contra de su deseo?”

Como la eutanasia no está regulada en la Argentina, Ana Clara encontró una práctica intermedia que podía aliviar la pena de su mamá y que no está prohibida. Luego de aquel hilo que se viralizó en Twitter, Ana Clara buscó información y habló con especialistas. Remarcará ahora el lado positivo de las redes sociales: ella expuso una situación personal y la respuesta de parte de los usuarios fue de cariño y sostén. Se tomó unos días y armó una carpeta que llevó al centro de rehabilitación donde Adela estaba internada. Pidió, de manera formal e informada, la sedación paliativa para su mamá. La sedación paliativa es la administración dosificada de medicamentos para disminuir los niveles de consciencia y evitar el sufrimiento del paciente. La finalidad no es la muerte, sino evitar el padecimiento. Tiene un doble efecto: el fallecimiento ocurrirá de manera indirecta y a causa de la enfermedad. La cuestión es el tiempo. Adela cumplía con todos los requisitos que requiere la práctica.

El médico que la atendía agradeció la información y se comprometió a elevar el pedido. Ese día, que fue martes, Ana Clara y su hermana aprovecharon para visitar a su mamá. Le contaron que habían encontrado una forma, algo posible. A Adela le importó poco, estaba resignada. Las hermanas partieron, con la esperanza de que el pedido fuera aceptado. El jueves por la mañana, dos días después, el médico les dio la noticia: habían autorizado la sedación. Las hermanas debían ir a firmar unos papeles ese mismo día por la tarde para realizar la práctica. La muerte llegó antes: Adela murió de un infarto al mediodía.

“Saber de la muerte natural de mamá no fue menos triste que prometerle que haríamos lo posible por cumplir la promesa que le habíamos hecho. Mucha gente nos dijo ‘por suerte te liberaste de la decisión de sedarla porque se fue antes…’. Pero yo sólo fui un instrumento de información. Yo no tomé la decisión, la decisión la tomó ella. Porque… ¿quién soy yo para ir en contra de su deseo?”, dice Ana Clara, tres meses después de la muerte de su mamá. Adela está por todos lados. Está en una carpeta de audios que conserva su hija en la nube. Está en el camisón que guardó, en el anillo fastuoso de piedra que Ana Clara se quedó. Adela: su nombre está marcado en una página de Nuestra parte de noche, la novela de Mariana Enríquez, que Adela leyó hasta que pudo.

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El Derecho a Morir está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Como indica el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario. Con esa regla a su favor, siete diputadas de distintos bloques firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en próximas reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados el año pasado.

El pedido lleva la firma de una de las autoras del proyecto Ley de Buena Muerte, la diputada radical Jimena Latorre, que representa a Mendoza. La acompañan las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer (Ciudad de Buenos Aires), Jimena López (Provincia de Buenos Aires) y Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos). Por Evolución Radical, que integra Juntos por el Cambio, firmaron Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) y Marcela Antola (Entre Ríos). Se sumó la diputada de la UCR Soledad Carrizo (Córdoba).

“La Comisión de Salud, dentro de muchos temas que tiene, también incorporará en 'Asesores', en primer lugar, los proyectos referidos a eutanasia por el pedido que hicieron diputadas de distintos bloques”, dijo a elDiarioAR Mónica Fein, presidenta de la Comisión. ¿De qué se trata que incorporen el asunto a “Asesores”? La convocatoria de especialistas en tema, a favor y en contra. “Una asesoría a los miembros de la Comisión regidos por la Ciencia, la Bioética y el Derecho. Creemos que para el próximo mes empezarían las reuniones informativas”, agregó a este diario la diputada Latorre.

La idea es llegar a un dictamen de mayoría para que pase al recinto. Pero el proceso llevará tiempo. El contexto no ayuda: la prioridad sigue siendo la atención de la pandemia y la crisis económica no da tregua. Latorre es, sin embargo, optimista: “La regulación del derecho a morir puede llegar al Congreso este año. Estamos preparados. Logramos el derecho al divorcio vincular, al matrimonio igualitario y a la IVE; no hay que subestimar a la ciudadanía. Por otro lado, no sería justo decirle a un padeciente que hay otros temas, más importantes o urgentes, que el suyo”.

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es una práctica médica que consiste en provocar la muerte de un paciente a su requerimiento por ser portador de una enfermedad terminal o que provoca un sufrimiento incontrolable, a través de la administración de una medicación o un tóxico en dosis letales. La muerte asistida es un procedimiento que acompaña un médico, pero es la persona que lo ha decidido quien se administra el tóxico. Es un derecho en Colombia y varios países europeos.

En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo. 

Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse

En diciembre, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas del año pasado, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.

Por lo pronto hay dos proyectos en carrera. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, pero por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”. Fue el primer borrador terminado y el último en presentarse en el Congreso. Lo redactó Gabriela Estévez, diputada del Frente de Todos en representación de Córdoba, junto a un equipo de especialistas con especial participación de Carlos “Pecas” Soriano, médico especialista en Emergentología y máster en Bioética.

La “Ley Alfonso” es un mix entre el presentado por Cobos y el de Jimena Latorre, que fue escrito junto a Alfredo Cornejo -en ese momento diputado, ahora senador-, y Alejandro Cacace -diputado en funciones-. Como en el proyecto de Cobos, introduce una cadena de profesionales de la salud para que intervengan en el proceso, y excluye a los menores de edad. Como el de Cornejo, Latorre y Cacace, no obliga a que el paciente que requiera la eutanasia tramite un consentimiento informado por escrito ante un escribano público o juzgado de primera instancia, pero sí solicita dos testigos que den cuenta de que el paciente actúa por voluntad propia. Los tres proyectos, de todas maneras, tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad incurable y que afecte su dignidad pueda decidir cuando morir.

Poder decidir sobre los finales de la vida es un derecho reconocido en España, Bélgica, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Luxemburgo y varios de los estados de Estados Unidos. En Latinoamérica solo es legal en Colombia. En ese país hubo una controversia hace poco por una caso de “muerte por piedad”. En Perú no es legal pero, después de un largo juicio, el Estado le garantizó a Ana Estrada su derecho a acceder a la eutanasia cuando ella lo decida.

VDM

El primer paciente que tuvo acceso al suicidio médicamente asistido en Italia, legalizado por una sentencia del Tribunal Constitucional, falleció este jueves, según anunció la asociación Luca Coscioni que milita por la legalización de la práctica.

Federico Carboni, conocido hasta ahora con el seudónimo de “Mario” para preservar su intimidad, murió a las 6.05 hora argentina, después de haberse inyectado en su domicilio una droga letal a través de a un aparato especial, que tiene un costo de aproximadamente 5.000 euros y para el cual la asociación Luca Coscioni había recaudado fondos, informó la organización a través de un comunicado de prensa.

En ausencia de una ley, el Estado italiano no se hizo cargo de los costos de asistencia al suicidio asistido y dispensación de la droga, a pesar de que la técnica está permitida por el Tribunal Constitucional.

El procedimiento de suicidio asistido se realizó bajo supervisión médica y el acompañamiento de su familia, amigos, y abogados de la asociación, según se informó.

La aprobación de la práctica había llegado el 9 de febrero, con el dictamen sobre la droga y sobre los métodos de “ejecución”, luego de casi dos años desde la primera solicitud y luego de una larga batalla legal, en la que contó con la asistencia de la asociación Luca Coscioni.

Carboni, de 44 años, trabajaba como camionero hasta que en 2010 tuvo un accidente que lo dejó tetrapléjico y lo llevó a pedir a las autoridades sanitarias de su región, las Marcas, en el centro del país, la autorización de recurrir al suicidio asistido.

Actualmente, la ley italiana castiga la ayuda al suicidio con una pena de entre 5 a 12 años de cárcel.

Sin embargo, en 2019, el Tribunal Constitucional, la más alta instancia jurídica en Italia, introdujo una excepción para “los pacientes mantenidos en vida con tratamientos [...] y con una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que consideran intolerable, aunque son plenamente capaces de tomar decisiones libres y conscientes”, según consignó la agencia de noticias AFP.

Federico Carboni cumplía todos estos criterios y en sus últimas palabras aseguró: “No niego que lamento despedirme de la vida, sería falso y mentiroso si dijera lo contrario porque la vida es fantástica y solo tenemos una. Pero desafortunadamente fue así.”

“He hecho todo lo posible para poder vivir lo mejor posible y tratar de recuperarme al máximo de mi discapacidad, pero ahora estoy agotado mental y físicamente. No tengo un mínimo de autonomía en la vida diaria, estoy a merced de los acontecimientos, dependo de los demás para todo, soy como un barco a la deriva en el océano”, expresó el hombre citado en un comunicado de la asociación.

“Soy consciente de mis condiciones físicas y de mis perspectivas, así que estoy totalmente tranquilo y sereno respecto a lo que voy a hacer”, agregó y concluyó: “Ahora por fin soy libre para volar donde quiera”.

En tanto, desde la asociación difundieron un mensaje de agradecimiento a Federico “por la confianza que nos ha brindado en estos dos años, ya que prefirió renunciar a la posibilidad de ir a morir a Suiza y optó por hacer valer sus derechos en Italia”.

“Su terquedad no sólo le permitió conseguir lo que deseaba, sino que allanó el camino para quienes de ahora en adelante se encontrarán en las mismas condiciones”, sostuvieron.

“Seguiremos ayudando a los que nos lo pidan. En este punto ya no haría falta una ley”, finalizaron.

Con información de agencias.

IG

La Corte Constitucional italiana declaró en las últimas horas “inadmisible” que se haga un plebiscito para decidir la despenalización de la eutanasia.

Tras una reunión de la que participaron los 15 jueces que integran el máximo tribunal constitucional del país, la Corte decidió rechazar la propuesta de refeféndum porque “no se preservaría la tutela mínima constitucionalmente necesaria de la vida humana en general”, informó la oficina de comunicación.

Además, a la espera de la sentencia completa, la oficina de comunicación agregó que en caso de aprobarse una ley sobre eutanasia tampoco se tutelaría la vida “con referencia particular a las personas débiles y vulnerables”.

El referéndum, para el que se habían superado el millón de firmas, buscaba despenalizar el homicidio de la persona consentida, sancionado por el artículo 579 del código penal con pena de 6 a 15 años.

Tras el rechazo de la Corte al plebiscito, la centroizquierda italiana buscará ahora aprobar en el Parlamento una propuesta sobre suicidio asistido, adelantó esta noche el secretario del oficialista Partido Democrático Enrico Letta.

Con información de agencias.

IG

Desde que se reglamentó la eutanasia en Colombia, hace siete años, una persona sin diagnóstico terminal accedió a la eutanasia. Se trata de Martha Sepúlveda, de 51 años, que padecía esclerosis múltiple amiotrófica la enfermedad conocida como ELA. Sepúlveda murió el sábado, en una clínica de Medellín. El procedimiento iba a realizarse en octubre, cuando su historia se mediatizó y el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad pidió cancelarlo.

“Estoy más tranquila, me río más”, había dicho Sepúlveda a la Cadena Caracol. En 2019 la diagnosticaron con ELA, una enfermedad neurológica, degenerativa, rápida y violenta. A fines del año pasado, la mujer perdió movilidad en las piernas. No precisaba silla de ruedas, pero tenía dificultades para caminar. “Desde el plano espiritual estoy tranquila. Soy una persona católica, muy creyente de Dios. Pero Dios no me quiere ver sufrir. ¿Qué padre quiere ver sufrir a sus hijos?”, planteaba Sepúlveda. En julio pasado, la Justicia colombiana amplió el derecho a morir a pacientes no terminales. Sin embargo, tras la publicación de ese reportaje, la Conferencia Episcopal de Colombia invitó a Sepúlveda a “a reflexionar serenamente sobre su decisión”.

Por las idas y vueltas en la Justicia, la historia de Sepúlveda tuvo peso mediático. Pero el suyo no es el primer caso en el que uno persona sin diagnóstico terminal accede al derecho a morir. Un día antes, el viernes, murió Víctor Escobar, de 60 años. Padecía EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y sus consecuencias: presión pulmonar alta, fibrosis, diabetes e hipertensión. De acuerdo a esta nota publicada en El País, Escobar optó porque sus últimas horas fueran más tranquilas y canceló la rueda de prensa que había anunciado para despedirse de los colombianos. En su lugar, se reunió con su familia y el abogado, y grabó un video para medios de comunicación.

La eutanasia fue despenalizada en Colombia en 1997 y reglamentada en 2015. Es el primer país sudamericano en habilitar el procedimiento. Desde entonces, 157 personas optaron por el derecho a morir. La cantidad es baja teniendo en cuenta que en el año 2019, pre-pandemia, fallecieron 244.355 colombianos, de acuerdo a datos oficiales. De ese total, 17.003 por tumores malignos, es decir, con diagnóstico terminal. Esos datos anulan el argumento de los sectores conservadores que aducen que si la eutanasia es legal, un aluvión de personas querrá terminar con su vida. 

En diciembre pasado, y en apenas diez días, ingresaron en el Congreso tres proyectos de ley que buscan legalizar la eutanasia en la Argentina. El primero fue llamado “Ley de Buena Muerte” y fue presentado por tres diputados radicales, Alfredo Cornejo, Jimena Latorre -en representación de Mendoza- y Alejandro Cacace -por San Luis-. El segundo es del senador radical Julio Cobos, que representa a Mendoza, y lo nombraron “Interrupción Voluntaria de la Vida”. “Ley de Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente”, por la historia de vida que la inspiró se la conocerá como “Ley Alfonso”, es el tercero y lo firma la diputada cordobesa Gabriela Estévez, del Frente de Todos.

Todos tienen el mismo objetivo: que una persona que sufre una enfermedad grave, crónica e irreversible, sin pronóstico vital ni cura, y cuya dignidad se vea afectada, pueda decidir cuándo morir. Pero hay diferencias, en algunos casos marcadas, sobre el paso a paso previo al procedimiento, que es médico y voluntario. El proyecto del radical Cobos establece, en principio, la figura del médico responsable y la del médico consultor, al igual que el del Frente de Todos. Y contemplan un tercer interventor en el proceso, figuras parecidas con nombres diferentes: una comisión, en el primer caso, y una consejería, en el segundo. Son el último eslabón en la cadena y tienen poder aprobatorio sobre la decisión que ya haya tomado el paciente.

VDM/