Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del protocolo Antipiquetes, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en la Argentina, con más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

La Resolución 943/2023, denominada oficialmente “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, fue impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y considera delito toda manifestación que afecte la circulación, habilitando desalojos y detenciones sin orden judicial, en contradicción con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

“La escalada represiva es innegable y evidencia un grave retroceso en la libertad de expresión. La violencia estatal no solo aumentó, hoy es naturalizada y funciona como un mecanismo de intimidación para desalentar la participación social”, afirmó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.

Cifras alarmantes, heridos graves y ataques a la prensa

De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.

Los datos reflejan un incremento exponencial de la represión. En 2025, la Comisión Provincial por la Memoria registró 1.341 personas heridas y 165 detenidas, mientras que en todo 2024 se habían contabilizado 1.216 heridos y 93 detenciones, lo que implica un aumento del 77% en las detenciones, en su mayoría arbitrarias y sin pruebas suficientes.

Se registraron además cuatro casos de pérdida ocular permanente por disparos de balas de goma. Entre los más graves, el 12 de marzo de 2025, Jonathan Navarro perdió la visión de su ojo izquierdo tras un disparo de un agente de la Prefectura Naval durante una marcha de apoyo a jubilados. En noviembre del mismo año, Rodrigo Troncoso, de 24 años, denunció una lesión similar en una manifestación en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

La labor periodística también fue blanco de la represión. Al menos 184 trabajadores y trabajadoras de prensa resultaron heridos, y varios fueron detenidos de manera arbitraria mientras cubrían protestas. Amnistía Internacional advirtió que estos ataques buscan un efecto silenciador, enviando el mensaje de que protestar y registrar la protesta tiene consecuencias.

El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien el 12 de marzo de 2025 sufrió una fractura expuesta de cráneo tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno mientras cubría una movilización. La Justicia identificó y procesó al gendarme que efectuó el disparo, a partir de material aportado por el Mapa de la Policía.

Frente a este escenario, Amnistía Internacional y otras organizaciones impulsan una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes. Según la entidad, el Poder Judicial debe garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado argentino y poner fin a una normativa que vulnera la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La oficina de Amnistía Internacional en Argentina alertó este lunes que la prohibición por parte de la Justicia -y a pedido del Gobierno- de la difusión de audios de la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “puede significar un ataque a la libertad de expresión y al derecho a informarse”.

“Un juez prohibió difundir audios de Karina Milei, que habría mantenido reuniones en Casa de Gobierno, en el marco de sus funciones. Este precedente puede significar un ataque directo del Gobierno y el Poder Judicial a la libertad de expresión, y al derecho de la sociedad a informarse, pilares fundamentales de un estado de derecho”, advirtió la organización a través de una publicación en su perfil de la red social X.

“2025. Argentina. Parece irreal pero esto sucede”, añadió el texto.

El comunicado fue publicado horas después de que la Justicia dictara una medida cautelar en la que ordenó “el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación”.

La decisión fue celebrada por el portavoz presidencial Manuel Adorni, que destacó que la Justicia “reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”.

Minutos antes, el propio Adorni comunicó que el Ejecutivo había presentado una denuncia sobre una presunta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, en alusión a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo y en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión el pasado 20 de agosto de audios de un funcionario describiendo un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Una de las beneficiarias de dicho esquema sería, precisamente, Karina Milei.

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, agregó Adorni, tras conocerse el pasado viernes nuevas grabaciones, en este caso de Karina Milei.

El propio Javier Milei compartió la publicación de su portavoz junto a un escueto mensaje: “Operación de inteligencia ilegal”.

Si bien los audios de Karina Milei filtrados el pasado viernes no hacen mención al escándalo de corrupción sino a disputas dentro del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), la denuncia del Gobierno precisó que un periodista vinculado con su difusión aseguró contar con 50 minutos de grabaciones.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad pidió en la denuncia el allanamiento del domicilio del periodista, Mauro Federico, así como del medio digital Carnaval, que dio a conocer las grabaciones, y de otro de sus conductores, Jorge Rial.

La defensa de los periodistas del stream Carnaval

Con información de EFE.

IG

Erika Noely Moreno es una mujer trans y activista de derechos humanos. Vive en Ushuaia, en el sur de Argentina, desde hace 30 años. Fue una de las primeras mujeres trans en lograr cambiar el género en su DNI y es parte de Las Históricas, un movimiento de mujeres trans adultas mayores que exigen reparaciones por la discriminación y violencia que sufrieron durante buena parte de sus vidas. Dice que los gobiernos autoritarios amenazan todas sus conquistas pero que hoy están más activas y determinadas que nunca. Esta es su historia.

Sobreviviente

Soy una sobreviviente. Sobrevivo desde los cinco años, aun sin saber que con mi propia existencia como una infancia trans estaba haciendo activismo por los derechos humanos. Nací en 1974, justo antes que empezara la dictadura militar. Fueron tiempos muy difíciles. Con mi familia nos fuimos a vivir al campo porque en la capital de Córdoba era muy duro. A los 12 nos fuimos a Villa Maria, una ciudad más grande y ahí empezó el infierno de verdad porque era un lugar donde había mucha discriminación. Ahí me tocó meterme en el closet, pero no duró mucho. Siempre digo que yo empecé mi transición a los cinco años y la terminé a los 18. Fui a Buenos Aires un tiempo y luego cuando me fui a vivir sola a la capital de Córdoba.

“Atrapada”

En la ciudad estuve en el sistema prostibulario. Estaba encerrada en un departamento privado 24 horas, donde se intercambiaba sexo por dinero. No tenía contacto con la sociedad porque sabía que si salía a la calle terminaba presa, o muerta, entonces estaba ahí adentro, siempre teniendo que estar dispuesta para los clientes. Si alguien llegaba a las 3am tenía que despertarme y atenderlo.

Sentí que estaba atrapada en un sistema del que no podía salir por la falta de oportunidades

Sentí que estaba atrapada en un sistema del que no podía salir por la falta de oportunidades, y así pasé dos años. Después salí a trabajar en la calle, unos meses, y fue muy complicado porque la policía nos maltrataba mucho. Fue cuando conocí a alguien que buscaba gente para trabajar en bares en Río Gallegos, en la Patagonia. No lo pensé dos veces, me fui. Y dos años después me vine a Ushuaia a hacer lo mismo. Había mucho trabajo porque venían muchos hombres, por los puertos.

Vida en Ushuaia

Las cosas eran un poco diferentes en Ushuaia, la gente me aceptaba porque yo me hacía respetar. Al poco tiempo conocí a un peluquero que me ofreció trabajo y estuve con ellos ocho años. La gente se enamoró de mí y eso me cambió la vida.

Vine a Ushuaia por 15 días y me quedé 30 años. Ahora estoy casada, tengo a mi esposo y a una familia que es toda la ciudad. Pero esto no es lo mismo que les pasa a mis compañeras, principalmente a las adultas mayores, que siguen intentando sobrevivir trabajando en las esquinas.

En 2012 la política tocó mi puerta. Cuando se aprobó la ley de identidad de género, el gobierno de Tierra del Fuego quería entregar el primer DNI a una persona del colectivo. Yo les dije que había otra compañera, Laura Aixa Xuxú Aguilar Millacahuin, que había hecho la transición en su lugar de nacimiento, que es algo muy difícil (Laura fue asesinada por su ex pareja en 2013). Entonces nos dieron el DNI a las dos.

Para nosotras la única opción siempre es luchar. Somos sobrevivientes, entonces nada puede detenernos.

Las Históricas

En Argentina se ha avanzado en cuanto a los derechos de las personas trans, pero falta mucho por hacer y ahora todo está en peligro.

Las mujeres trans tenemos historias muy duras y ahora, las que sobrevivimos a la discriminación, a la violencia, a los golpes de la policía, a los asesinatos, todavía reclamamos justicia y reparaciones.

Las Históricas es un colectivo que se formó hace muchos años con esas sobrevivientes cuando un día estaban caminando juntas y dijeron “seguimos vivas, somos las históricas”.

Mis compañeras me adoptaron, me abrieron las puertas. Son mis hermanas, mis tías, mis madres y trabajamos por la justicia en nombre nuestro y de nuestras muertas. Luchamos en las calles, ocupamos espacios públicos y trabajamos para cambiar las leyes.

La vida para las personas trans en Argentina

Luchamos y conseguimos leyes como la de identidad de género, el decreto de DNI no binario, el matrimonio igualitario y el cupo travesti trans pero hay muchas compañeras que todavía no consiguen trabajo. Nosotras trabajamos toda nuestra vida y somos parte de la sociedad. Después de tanto, seguimos siendo las parias de la sociedad, de una sociedad que nos sigue castigando por lo que somos, por nuestras identidades.

Las personas trans adultas mayores se despiertan a la mañana y se preguntan: “¿Qué voy a hacer para poder comer hoy?” Muchas siguen intercambiando sexo por dinero

Nos han expulsado del sistema educativo, del sistema de justicia, nos han matado, nos han expulsado de lo privado, cuando ni siquiera podíamos sentarnos en un restaurante a comer. Es por todo eso y más que exigimos una reparación.

Las personas trans adultas mayores se despiertan a la mañana y se preguntan: “¿Qué voy a hacer para poder comer hoy?” Muchas siguen intercambiando sexo por dinero. Seguimos en la misma.

“Lo hemos visto todo”

Yo tengo 51 años, pero a veces siento que tengo 300, con todo lo que he pasado, imaginate las que tienen 60 y 70. Hemos pasado de todo, en lo físico y en lo psicológico, hemos visto de todo.

Pero ahora estamos viendo un cambio en la sociedad. La gente nos está entendiendo más porque todas y todos en Argentina están perdiendo sus derechos. Esto se vio claramente con la marcha antifascista a nivel global. Cuando escuchamos el discurso de Milei en Davos dijimos “no!” y hubo un quiebre.

Nosotras estamos haciendo activismo todo el tiempo. Apenas salgo de casa hago docencia con todas las personas con las que hablo, sobre nuestra lucha y todas las luchas.

Políticas públicas reales

Las trans no tenemos nada que perder, porque ya perdimos todo. Sin la fuerza que tenemos no hubiésemos sobrevivido, somos indomables y nunca nos van a callar.

Las trans no tenemos nada que perder, porque ya perdimos todo

A las generaciones jóvenes les digo que mucho se ha avanzado pero que todavía falta mucho. Tienen que participar, ocupar espacios políticos, alzar la voz en las calles.

Y a las juventudes trans les digo que acá estamos las tías para cuidarlas, para protegerlas y animarlas a que luchen, que luchen por sus derechos y que ocupen espacios políticos para lograr políticas públicas reales y no de banner.

Este artículo es parte de una producción de Amnistía Internacional para elDiarioAR

Un niño de 10 años resultó herido en el rostro por disparos de balas de goma durante un operativo policial realizado por efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el barrio IAPI de Quilmes, frente a un comedor comunitario. Según informaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino, el Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la separación preventiva del agente involucrado mientras avanza la investigación de Asuntos Internos.

El hecho ocurrió este jueves en las inmediaciones del comedor “Es la hora feliz”, cuando una camioneta de la UTOI desplegó un operativo que incluyó requisas de documentación y detenciones en la vía pública. Testigos afirman que la intervención policial generó tensión entre los presentes, lo que derivó en empujones y disparos de municiones no letales.

En ese contexto, el niño se asomó por la ventana del primer piso de su casa para ver lo que sucedía y fue alcanzado por al menos cinco impactos de balas de goma en el rostro. Fue trasladado de urgencia por su familia a un hospital cercano, donde se encuentra fuera de peligro.

Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron el accionar policial. Desde el Polo Obrero difundieron un video que muestra el despliegue de las fuerzas de seguridad sin una justificación clara, y exigieron explicaciones al gobierno provincial.

Por su parte, Amnistía Internacional recordó que las fuerzas de seguridad están obligadas a cumplir normas estrictas sobre el uso de la fuerza, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados. “Los menores son más vulnerables al daño físico y psicológico, y este tipo de prácticas constituye una amenaza directa a su integridad”, advirtieron.

La investigación continúa bajo la órbita de Asuntos Internos, que deberá determinar si se trató de un uso indebido de la fuerza por parte de la Policía bonaerense.

MM

Amnistía Internacional (AI) alertó este lunes en su Informe Anual sobre el Estado Mundial de los Derechos Humanos acerca del impacto de los recortes impulsados por el Gobierno de Javier Milei en los servicios de apoyo para víctimas de violencia de género y el cierre de instituciones claves.

El informe denuncia la “drástica reducción” del presupuesto destinado a garantizar derechos básicos y advierte sobre “el deterioro de las políticas públicas en niñez, adolescencia y género”.

Violencia de género y derechos sexuales

La organización remarcó que en Argentina, a pesar de persistir una alta tasa de feminicidios —uno cada 33 horas en 2024—, se recortaron servicios esenciales:

En materia de derechos sexuales y reproductivos, AI destacó que aunque la ley de interrupción voluntaria del embarazo sigue vigente, hubo escasez de insumos para abortos y un recorte severo al Plan de Prevención de Embarazos No Planificados en Adolescentes, que había logrado reducir un 49% de los casos.

Violencia contra periodistas y vigilancia digital

El informe también denunció el aumento de la violencia digital contra periodistas, señalando que:

Además, AI advirtió que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, implementó “vigilancia masiva mediante el monitoreo de redes, reconocimiento facial y análisis predictivo de delitos”.

Represión, impunidad y derechos económicos

Amnistía denunció también un “creciente nivel de represión en las protestas” tras el nuevo protocolo de orden público y cuestionó el cierre de la Unidad de Investigación de niños desaparecidos de la dictadura.

En materia económica, la organización afirmó que los recortes “impactaron desproporcionadamente en niños y adultos mayores”, agravando la desigualdad y priorizando “exenciones fiscales a grandes empresas” mientras se vetaban aumentos a las jubilaciones.

MM con información de la agencia NA.

Después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondiera a través de un video publicado en redes sociales a un informe de Amnistía Internacional sobre la represión en la Argentina durante la implementación de los operativos para dispersas protestas sociales durante la gestión de Javier Milei, en el que la funcionaria dispara munición gruesa contra la organización defensora de los derechos humanos y le pide que se ocupe de la situación en Venezuela con “el régimen de Maduro”, las autoridades del movimiento en la Argentina recogieron el guante y le pidieron a la extitular del PRO “una reunión a fin de conversar sobre nuestro trabajo y sobre cómo podemos, a través del diálogo constructivo y colaborativo con las autoridades, mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y en Argentina, como hacemos desde hace más de 60 años”.

Amnistía Internacional denunció a través de un informe sobre el año de gestión libertaria que el derecho a la protesta fue gravemente vulnerado con la implementación del protocolo. Allí detallan que se registraron 15 manifestaciones reprimidas, con 33 de los heridos con daños graves en el rostro, y 50 periodistas lesionados.

El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Tras su publicación, Bullrich respondió primero a través de medios en los que fue entrevistada y después, con un video en redes sociales: “Amnistía Internacional no tiene vergüenza, y mientras se violan sistemáticamente los derechos humanos en Venezuela, decide criticar a una democracia liberal como lo es la Argentina”, dice el texto que acompaña las imágenes.

“Desde sus sillones cómodos en Londres, vienen a darnos lecciones mientras acá bancamos 25 años de piquetes mafiosos que extorsionaron al pueblo argentino. ¡No les importa la gente, sólo defienden a los delincuentes que lucran con el caos!”, continúa la funcionaria, y agrega: “Con nuestro protocolo, las calles vuelven a ser de los argentinos de bien. A los progres llorones: ¡no nos van a parar! ¡Se terminó la fiesta de la extorsión y el chantaje en nuestro país!”.

Desde la organización tomaron las palabras de la Ministra y respondieron con un posteo de X: “Sra. Ministra, agradecemos que nos dé la oportunidad de contarle el trabajo que Amnistía Internacional documenta desde hace años sobre la profunda crisis de derechos humanos en Venezuela. Denunciamos la comisión de crímenes de lesa humanidad en decenas de informes y publicaciones. Documentamos desapariciones forzadas, torturas, persecución a defensores de derechos humanos y trabajamos para detener la crisis humanitaria sin precedentes que ha obligado a más del 25% de la población a huir del país”, explicaron.

Además, remarcan haber “reconocido el apoyo reciente de países como Argentina que han votado por la continuidad del mandato de la Misión para la Determinación de los hechos de la ONU para que Venezuela rinda cuentas por los crímenes de derechos humanos”.

Y detallan: “Hemos participado activamente de la denuncia que tramita en Argentina por violaciones de derechos humanos en Venezuela en el marco de la jurisdicción universal, contribuyendo con nuestras investigaciones de los últimos años. Activistas de todo el mundo se han sumado a las decenas de acciones urgentes globales que emitimos desde Amnistía, exigiendo por las víctimas del gobierno de Maduro. Hoy mismo lanzamos esta acción urgente global exigiendo la liberación de personas defensoras de los derechos humanos en ese país a la cual la invitamos respetuosamente a sumarse con su firma: http://amnesty.org/es/documents/amr53/8909/2025/es/… junto con todos los argentinos que quieran apoyar a las personas en Venezuela”.

También le recuerdan a Bullrich que días atrás, “nos pusimos a disposición de la Cancilleria argentina para contribuir a salvaguardar la salud e integridad del funcionario argentino Nahuel Gallo”, al tiempo que la piden a la Ministra, “ahora que tenemos toda su atención”, “una reunión a fin de conversar sobre nuestro trabajo y sobre cómo podemos, a través del diálogo constructivo y colaborativo con las autoridades, mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela y en Argentina, como hacemos desde hace más de 60 años”.

Ida y vuelta mediático

Este lunes, tras la difusión del informe, Bullrich había declarado a radio El Observador  que Amnistía Internacional “no entiende nada. Vivíamos en un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Asimismo, la funcionaria dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

El informe completo de Amnistía Internacional Argentina

IG

En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD

Amnistía Internacional (sede Argentina) publicó “Disenso en riesgo”, un informe que arroja las “cifras alarmantes” sobre los hechos “represivos” relavados en 15 manifestaciones, de todas las que hubo durante el año, y que dejó el protocolo antipiquetes instalado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde la organización consideran que el gobierno del presidente Javier Milei hizo un uso “desproporcionado” de las fuerzas de seguridad “como norma” y que, con este informe, se ha encontrado “un patrón de represión y criminalización” para quienes se manifestaron para expresarse en contra de las políticas llevadas a cabo por esta gestión.

Del estudio, se desprendió como resultado que hubo 1155 personas heridas, “muchas de ellas con lesiones graves”; 33 con impactos de balas de goma “en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión”; 50 trabajadores de prensa heridos “durante las coberturas de las manifestaciones” y 73 personas “criminalizadas” por participar en las protestas.

“Entre las prácticas documentadas, se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso, en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva”, sostiene el texto.

En diálogo con Noticias Argentinas, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía, indicó que ‘Disenso en riesgo’ refleja la restricción del ejercicio de la libertad de expresión “en las calles” y “el achicamiento del espacio cívico”.

“Desplegamos una metodología que incluyó pedidos de acceso a información pública al Estado Nacional, que en muchos casos fueron denegadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Relevamos más de 30 testimonios de víctimas que sufrieron el uso desproporcionado de la fuerza. También relevamos imágenes porque, ahora, las redes sociales habilitan muchísimo más la difusión”, informó García Rey

En la misma línea, señaló que desde Amnistía proponen “dar cuenta de la situación de alarma frente a la violencia” como un recurso para coartar el disenso, por un lado, y “silenciar las voces”, por otro.

“Sin duda, Argentina tiene un uso de la calle muy activo y, seguramente, era necesario darnos un debate robusto sobre la canalización de los reclamos populares al Gobierno. Pero la respuesta nunca puede ser el miedo como forma de inhibir la expresión y la violencia como estrategia para lograrlo”, remarcó.

Según el documento, el uso de la fuerza por parte de las autoridades “debe estar enmarcado en principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos” como así también, el “uso indebido del derecho penal”, con el fin de “criminalizar” las manifestaciones, debe eliminarse debido a que atenta contra el estado de derecho.

“Frente a esta situación, Amnistía Internacional urge al Gobierno argentino a adoptar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. Esto incluye la derogación del Protocolo Anti-piquetes y la implementación de regulaciones policiales y capacitaciones que se alineen con los estándares internacionales sobre el derecho a la reunión pacífica y el uso de la fuerza”, concluye el informe.

Con información de la agencia NA

La organización humanitaria Amnistía Internacional expresó este lunes su “profunda preocupación” por la detención en Venezuela del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo por decisión del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Desde Amnistía Internacional manifestamos profunda preocupación ante la confirmación de la detención de Nahuel Agustín Gallo”, expresó la oficina en Argentina de la organización humanitaria a través de la red social X.

Este lunes, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó la detención de Gallo, integrante de la Gendarmería Nacional, a quien acusó de viajar al país caribeño a “cumplir una misión”, sin precisar más detalles.

“Tú te metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo, viaja por todo el mundo, pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea en Venezuela? Eso no lo dicen”, afirmó Cabello durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Asimismo, detalló que la presunta misión que iba a cumplir el argentino no ha sido abortada, aunque, aseguró, los organismos de seguridad le han dado “un golpe duro”, sin ofrecer más información.

“Amnistía Internacional manifiesta su preocupación y enciende una alerta ante esta detención. Es urgente que se adopten las medidas necesarias para conocer el paradero y salvaguardar la salud y seguridad del funcionario argentino, y se esclarezcan los hechos a través de una Justicia independiente”, señaló la organización.

Según detallaron las autoridades argentinas, Gallo ingresó el 8 de diciembre al territorio de Venezuela desde Colombia, a través de un paso fronterizo terrestre, y cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, para dirigirse al estado venezolano de Táchira (oeste), con el “único propósito de visitar a su familia y a su pareja, con quien comparte un hijo en común”.

De acuerdo con la pareja, María Gómez, de nacionalidad venezolana y residente argentina hace seis años, el gendarme fue trasladado en una “camioneta negra” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

Gallo fue acusado de espionaje por el Gobierno de Nicolás Maduro, incomunicado y trasladado a un centro de inteligencia.

MM con información de la agencia EFE.

Desde su llegada a la Presidencia de Argentina, Javier Milei ha estado marcado por una profunda disonancia entre su retórica agresiva y la realidad aplastante que golpea a la mayoría de la población. Si bien la crisis económica y social argentina era preexistente a su llegada, lejos de implementar soluciones efectivas, Milei ha profundizado la polarización social y el deterioro institucional, mientras la pobreza y la desigualdad se agudizan en una Argentina con escasos resortes sociales para seguir resistiendo el ajuste sobre los más vulnerables.

Una de las principales preocupaciones radica en las políticas económicas que buscan reducir el gasto público de manera drástica. Desde Amnistía Internacional hemos señalado que estas medidas pueden afectar gravemente el acceso a servicios esenciales, como salud y educación. Por ejemplo, la eliminación de subsidios a servicios básicos podría dejar a muchas familias sin acceso a la electricidad y el agua potable, cercenando así su derecho a un nivel de vida adecuado.

A la par, el presidente ha construido su relato de relegitimación en torno a un discurso de odio basado en la confrontación constante, la estigmatización de opositores y la desinformación a través de la permanente propalación de “noticias falsas”. Lo que alarma todavía más es que este clima de agresividad latente, solo funcional a su estrategia de poder, ha derivado en hechos concretos de violencia hacia quienes piensan diferente, incluyendo agresiones a periodistas, la criminalización de la protesta social y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Esto se ha traducido en acciones concretas contra periodistas, manifestantes y opositores políticos, en un círculo de retroalimentación entre la construcción de un discurso en las redes sociales y su apalancamiento desde la vocería tradicional. Milei ha hecho uso frecuente, por caso, de su cuenta de Twitter como así también del micrófono en actos institucionales y partidarios para denostar a periodistas bajo los calificativos de “mentirosos”, “chorros”, “corruptos”, “soretes” y “basura”. 

Pero también hizo lo propio con legisladores de diversas extracciones que se oponen a sus proyectos de ley, llegando a calificarlo de “nido de ratas”, y optando por los decretos de necesidad y urgencia y los vetos –herramientas constitucionales en su naturaleza– para intentar avanzar con determinadas medidas sin respetar los procesos institucionales o bloquear iniciativas del Poder Legislativo que buscan garantizar el financiamiento para rubros esenciales como la educación universitaria o las jubilaciones.

En más de una ocasión, la sola mención de un referente de cualquier sector o actividad ha obrado de catalizador para gatillar una campaña de acoso desde las redes por parte de un pelotón de cuentas orgánicas e inorgánicas del espacio libertario, lo que puede derivar en futuros actos de autocensura por parte de sus víctimas. 

La “casta” no era quien se pensaba 

Pese a ganar las elecciones sobre la base de una promesa de cambio y castigo a la “casta” –apuntando, al menos desde lo retórico, contra las elites que administran el statu quo–, el ajuste recayó sistemáticamente sobre las personas más vulnerables. Las políticas de austeridad implementadas por Milei han impactado principalmente en jubilaciones y pensiones, los sectores de menores ingresos y la clase media. Decisiones como la liberación de precios en el aumento de las prepagas y el desfinanciamiento del sistema público de salud, han dejado a millones de personas en una situación de extrema fragilidad.

De hecho, acorde a un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la licuación salarial y de jubilaciones explicó el 38% del ajuste de gasto nacional en el primer semestre del año. Y esta mecánica se tradujo en una pérdida del poder adquisitivo de los adultos mayores, llevando al haber mínimo a estar por debajo de la canasta básica por primera vez desde 2016. En simultáneo, el mega decreto 70/2023 derogó la regulación sobre el aumento de las cuotas de medicina prepaga, lo que provocó un incremento promedio del 40% en enero de 2024 y ajustes al alza sucesivos que vedaron el acceso a la salud privada para miles de personas, especialmente adultos mayores con bajos ingresos, obligados a recurrir a la Justicia para frenar los incrementos.

La prórroga del Presupuesto 2023 para el 2024 sin tener en cuenta la inflación implicó, en paralelo, un desfinanciamiento del sistema público de salud. Sumado a esto, la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE), que provee medicamentos a personas sin cobertura médica con enfermedades graves, no funcionó durante varios meses, dejando a pacientes sin acceso a sus tratamientos crónicos de alta complejidad, en algunos casos.

La estigmatización y criminalización de la protesta social que derivó de gran parte de estas acciones, mediante la implementación de un “Protocolo para el mantenimiento del orden público” que restringe el derecho a la protesta y habilita el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, desembocó en numerosos actos de violencia institucional. 

Sin ir más lejos, durante las protestas contra la Ley de Bases, hubo no solo heridos por la represión policial –que incluyó casos de pérdidas de la visión por el impacto de bala de goma, en un modus operandi que ya vimos en otras represiones latinoamericanas–, sino también la detención de manifestantes, que permanecieron privados de su libertad bajo cargos de intimidación pública que finalmente fueron desestimados por la Justicia.

La batalla cultural

Las políticas y declaraciones del primer mandatario y sus funcionarios no se comprenden fuera de un radio de acción dogmático que forma parte de la batalla cultural que el Gobierno está dispuesto a dar como parte sustancial de su gestión diaria. No obstante, las palabras y acciones tienen consecuencias duraderas. El negacionismo del cambio climático y los intentos de debilitar la legislación ambiental no solo ponen en riesgo el futuro del país sino representan un retroceso en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, la postura manifiesta contra el derecho al aborto, la educación sexual integral y los derechos de la comunidad LGBTIQ+, basadas en la desinformación y el desprecio por la legislación vigente, atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la diversidad sexual. En ocasiones, se ha referido al aborto como un “asesinato agravado por el vínculo”, desconociendo la legislación vigente y los derechos de las mujeres.

Como muchos otros mandatarios, Milei no convive bien con la crítica. Pero su accionar a la hora de imponer un relato propio ha ido más allá de lo meramente discursivo, incurriendo en restricciones al acceso a la información de tipo normativo y físico. 

A través del Decreto 780/2024, el gobierno ha reglamentado la ley de acceso a la información pública limitando su órbita y excluyendo a todos aquellos datos que se consideren parte de la “esfera privada” de los funcionarios. Del mismo modo, entre otras mordazas disfrazadas de tecnicismos legales, obvió de la difusión la entrega de los documentos que forman parte del proceso de toma de decisiones y donde figuran los fundamentos de la implementación de las políticas públicas. 

A la vez, expulsó durante un tiempo a una periodista de las ruedas de prensa en la Casa de Gobierno y utilizó la Justicia para criminalizar el trabajo periodístico mediante la acción –paradójicamente– del propio ministro de Justicia. Fue este funcionario el que se ocupó de denunciar penalmente a los periodistas por supuesta “instigación a cometer delitos”, luego de que ambos cuestionaran la gestión libertaria por la demora en la entrega de alimentos acopiados en depósitos del Ministerio de Capital Humano.

Las acciones del gobierno de Milei contra la prensa y la protesta social construyen un efecto inhibidor en el imaginario colectivo sobre la libertad de expresión en general. En consecuencia, la población puede sentir temor a expresar sus opiniones o participar en manifestaciones públicas por miedo a represalias por parte del Gobierno y renunciar así a derechos contemplados en la Constitución.

Esto fue acompañado, además, de un giro en el paradigma de la seguridad, con una fuerte impronta punitivista y un nuevo reglamento para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, establecido a través de la Resolución 125/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre otras cuestiones, el reglamento no establece de manera explícita el concepto del último recurso para proteger la vida de las personas, introduce supuestos que permiten el uso de armas de fuego de manera vaga e imprecisa, y amplía las situaciones que se consideran como “peligro inminente”, habilitando el uso de armas de fuego en un mayor número de casos. 

A todo esto, se añade que se limita la obligación de las fuerzas de seguridad de rendir cuentas por sus acciones, al establecer que no se abrirán sumarios administrativos cuando se considere “verosímilmente” que el uso de la fuerza se ajustó al reglamento. 

Con el fin de que el Ministerio de Seguridad rinda cuentas sobre el modo en que se llevaron a cabo los operativos policiales en las manifestaciones durante 2024, Amnistía Internacional se presentó ante la justicia para obtener información de indiscutible carácter público que fue negada por el ministerio. A contramano, nuestra organización recibió tan solo dos respuestas parciales e incompletas del Ministerio de Seguridad alegando la confidencialidad de los datos, aunque revisten carácter público y resultan fundamentales para evaluar la conducta institucional acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.

Curiosamente, la negativa del Estado a informar va a contramano de lo que el gobierno pregona en la lucha contra la corrupción y por la rendición de cuentas. 

Una visión sesgada del mundo

El devenir de la gestión libertaria, por supuesto, tuvo su espejo en el plano externo con una política errática que, bajo el pretexto de dar un giro a los posicionamientos geopolíticos, ha quebrado una tradición de Estado de la Argentina y su escuela diplomática. Caracterizada por la improvisación y la generación de conflictos innecesarios, el presidente prioriza sus aspiraciones personales como parte de un movimiento ultra por sobre su responsabilidad como Jefe de Estado de un Estado cuya historia lo precede y continuará cuando haya concluido su mandato.

Bajo estos parámetros, la política exterior del Gobierno se ha caracterizado por la confrontación, la priorización de alianzas ideológicas y la utilización de un lenguaje poco diplomático, lo que ha provocado tensiones con diversos países. Esta situación podría afectar los intereses de Argentina en el ámbito internacional, poniendo en riesgo relaciones comerciales y diplomáticas estratégicas.

En su primer discurso en la ONU, el presidente confirmó lo que ya había adelantado la entonces canciller Diana Mondino: que la Argentina “se disoció” del Pacto del Futuro, un acuerdo global que establece una visión y plan de acción para abordar los desafíos globales actuales y futuros, y que fue adoptado por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Milei eligió “disociarse” con la excusa de que “las Naciones Unidas continúan promoviendo políticas colectivistas”.

En esta misma línea de posturas regresivas, la Cancillería argentina presentó objeciones a resoluciones sobre democracia, derechos humanos y perspectiva de género, evidenciando un retroceso en su compromiso con estos temas en el ámbito internacional. Asimismo, rechazó tanto la continuidad de la Agenda 2030 y fue el único país que no suscribió la declaración sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres acordada por el resto de los miembros del G20 en una reunión intergubernamental en Brasilia, el 11 de octubre pasado.

Si bien ha buscado fortalecer las relaciones con Estados Unidos e Israel, su decisión de priorizar las relaciones con estos aliados internacionales en detrimento de otros a los que ha calificado de “comunistas” –como China y Brasil– se ha visto reflejada tanto en sus viajes oficiales y declaraciones públicas como en la búsqueda de acuerdos en materia de seguridad y defensa con ambos países. Un ejemplo de ello ha sido la adquisición de los aviones supersónicos de origen estadounidense F-16 así como la petición de realinear a la Argentina con la OTAN y el activo papel a favor de Ucrania en el marco del llamado Grupo Rammstein. 

Las relaciones con China se vieron afectadas por una serie de controversias, incluyendo la crítica a la situación de derechos humanos en ese país, el cuestionamiento a la base espacial china en Neuquén y los acercamientos con Taiwán por parte de miembros del gobierno argentino. Estas acciones han generado malestar en Beijing, poniendo en riesgo la relación bilateral. Sin embargo, ese malestar parece haber enviado un mensaje a ese país puesto que la posición tan estricta de Milei sufrió un giro de 180 grados. Tras su controvertida participación en la asamblea de la ONU, Milei indicó que se sorprendió “muy gratamente” con el país asiático: “Nosotros tuvimos una reunión con el embajador y al otro día nos destrabaron el swap. China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, solo piden que no los molesten”, detalló, para luego anticipar su viaje a ese país en enero, para la reunión de la CELAC.

En el mismo sentido. las denuncias de Milei contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien llamó “comunista asesino”, derivaron en la expulsión de diplomáticos argentinos de Bogotá. Si bien la crisis se resolvió a través de negociaciones diplomáticas, el episodio evidenció la falta de tacto en el manejo de las relaciones exteriores. Y un desenlace similar se dio con el retiro de la embajadora de España luego de los cruces de Milei con el presidente del Consejo de Estado del Reino de España que incluyó referencias violentas a su esposa. E incluso con Brasil, Milei ha tachado en más de una ocasión de “corrupto” a su par, Lula da Silva, reafirmando su alianza ideológica con el expresidente Jair Bolsonaro.

Lo precedente son apenas algunas muestras del clima de polarización que ha generado la gestión de Milei. En este punto, es fundamental un seguimiento exhaustivo con el norte fijo en la plena vigencia de los derechos humanos como rumbo innegociable para cualquier administración. El llamado es claro: es imperativo proteger y promover los derechos de todas las personas en Argentina.

Israel está cometiendo “sin pudor, de forma continuada y con absoluta impunidad” un genocidio en Gaza, “con la intención específica de destruir a la población palestina de la Franja” y “siendo plenamente consciente” de estar causando “daño irreparable”. Esta es la conclusión de un informe “sin precedentes” de la organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional, que señala varios aspectos por los que considera que hay un genocidio en la Franja.

La primera señal que menciona la investigación es la matanza de integrantes de la población civil palestina. La segunda, el daño grave a su integridad física o mental. Y la tercera, el sometimiento intencional de la población palestina “a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física”, total o parcial.

Estos tres puntos, descritos en la Convención de Genocidio, “han sido y continúan siendo practicados por el Ejército israelí”, que, “mes tras mes, ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, tal y como ha explicado este miércoles la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en La Haya, a la que ha asistido elDiario.es vía telemática.

“Nuestras fulminantes conclusiones deben servir como llamada de atención a la comunidad internacional”, ha añadido Callamard. Además, Amnistía solicita a la Corte Penal Internacional que añada la acusación de genocidio a los crímenes de guerra y de lesa humanidad que investiga, y por los que ordenó el arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.

También solicita que se amplíen las acusaciones a otros responsables, y que los países realicen sus propias detenciones, porque hay soldados israelíes con doble nacionalidad que habitan en diferentes territorios.

Israel ha tratado a la población de Gaza como infrahumana, demostrando así su intención de causar su destrucción física

Amnistía Internacional

En el informe, de 296 páginas, la organización internacional advierte de la situación actual en el norte de Gaza, donde durante los dos últimos meses “una población sitiada se enfrenta al hambre, el desplazamiento y la aniquilación en medio de bombardeos incesantes y restricciones sofocantes de la ayuda humanitaria vital”.

Todo ello ha generado “una destrucción sin precedentes”, producida, según especialistas en la materia, “a una escala y una rapidez nunca vistas”, arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso“, como ha recordado la investigadora de Amnistía Internacional Kristine Beckerle.

Esto sigue ocurriendo a pesar de las incontables advertencias y en contra de las decisiones cautelares “jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia”, en las que se ordena a Israel la adopción inmediata de medidas para prestar la asistencia humanitaria necesaria a la población de Gaza.

Tel Aviv ha incumplido estos mandatos, lo que ha generado “una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades”, dejando a la población palestina “expuesta a sufrir una muerte lenta y calculada”. Además, centenares de personas han estado sometidas “a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos”, denuncia el informe.

La inacción absoluta y vergonzosa de la comunidad internacional durante más de un año es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva

Agnès Callamard, secretaria general

La responsabilidad de los países

La secretaria general de Amnistía Internacional también ha mencionado a los Estados que siguen transfiriendo armamento a Israel, “como Estados Unidos o Alemania”: “Deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él”.

Así mismo, ha destacado que “la inacción absoluta y vergonzosa de la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza -primero, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas- es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”.

Callamard ha nombrado también a Reino Unido “y otros países miembros de la Unión Europea”, “con influencia sobre Israel”, a los que la organización exige que adopten medidas inmediatas para poner fin al genocidio.

“Los gobiernos deben dejar de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional”, indica.

Los gobiernos "deben dejar de fingir" que no pueden detener el genocidio, tienen que "pasar a la acción"

Amnistía Internacional

“Los Estados deben dejar de limitarse a expresar su pesar o consternación y pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas, por mucho que la conclusión de que se ha cometido genocidio pueda incomodar a algunos de los aliados de Israel”, añade.

Amnistía considera que las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, “ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas” y constituyen herramientas para que los países pongan fin al genocidio y lleven “a sus criminales a los tribunales”.

Ante ello, exige a los Estados respeto a la decisión de la Corte y acción para cumplirla. Sus portavoces han lamentado que senadores de EEUU presentaran amenazas contra el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y “que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya sugerido que Netanyahu puede beneficiarse de una presunta inmunidad”, que no es tal.

Al hilo de esto, Callamard ha mencionado el riesgo de derrumbe de la arquitectura del sistema basado en la ley internacional, diseñada tras la Segunda Guerra Mundial.

Con este informe ya son varios los organismos e instituciones que señalan pruebas de genocidio contra Gaza

Otras investigaciones que indican genocidio

Con este informe ya son varias las organizaciones internacionales y los expertos que denuncian pruebas contundentes de genocidio contra la población de la Franja. La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, publicó en marzo de este año su investigación, titulada Anatomía de un genocidio. Posteriormente, otros 29 relatores de la ONU emitieron una conclusión similar.

También el Instituto Lemkin para la Prevención de Genocidio lleva meses alertando “de las pruebas claras y contundentes que indican que Israel está cometiendo el crimen de genocidio en Gaza”. A todo ello hay que sumar el informe reciente emitido por la Comisión Especial de Naciones Unidas, que llega a la misma conclusión, así como las denuncias de expertos en genocidio y Holocausto, como Aryeh Neier, Omer Bartov, Amos Goldberg o Raz Segal.

La propia Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, admitió la demanda por genocidio contra Israel, presentada por Sudáfrica. En el marco de la misma dicha Corte ha emitido varias órdenes cautelares exigiendo la protección de la población civil y la entrada de la ayuda humanitaria necesaria en la Franja, algo que Israel ha incumplido de forma reiterada.

Además de los abogados sudafricanos, la demanda está representada por más de seiscientos letrados chilenos, franceses y británicos, entre otras nacionalidades.

Amnistía subraya el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación ilegal en que se cometen los actos

Metodología

Para elaborar su informe, de casi 300 páginas, Amnistía Internacional ha examinado durante meses, “detenidamente y en su totalidad” los actos de Israel en Gaza, teniendo en cuenta su recurrencia y su comisión simultánea, así como sus efectos inmediatos y sus consecuencias acumuladas, “cada una de las cuales agrava la demás”. La organización ha considerado también la magnitud y gravedad de esos actos atendiendo al número de víctimas y al grado de destrucción causados a lo largo del tiempo.

Además, ha analizado declaraciones públicas de autoridades israelíes y ha tenido en cuenta “el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos”.

“Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, entre ellos homicidios masivos deliberados y toma de rehenes, no pueden justificar nunca el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza”, advierte.

Al seguir enviando armas a Israel, el Gobierno de Estados Unidos está violando su obligación de prevenir el genocidio

Amnistía Internacional

En ese sentido, respondiendo este miércoles a una pregunta sobre los posibles objetivos de Israel, la secretaria general, Agnès Callamard, ha indicado que “lo que importa es que este genocidio se detenga”. “Si es llevado a cabo para eliminar a Hamás, para acceder a más territorios o para asegurar un mayor número de israelíes que de palestinos, el caso es que estamos ante una intención genocida, y debe detenerse”, ha añadido.

En su indagación la organización entrevistó a 212 personas, entre ellas víctimas y testigos palestinos, autoridades locales de Gaza y personal sanitario, ha explicado la investigadora Bodour Hassan. Amnistía Internacional contó para ello con investigadores presentes en la Franja, analizó una amplia variedad de datos visuales y digitales -incluidas imágenes de satélite- , así como declaraciones de altos cargos militares, gubernamentales y de órganos oficiales israelíes.

Desde octubre de 2023 hasta hoy han muerto por ataques israelíes en Gaza al menos 45.000 personas, de las que más de 17.000 son niños y niñas, y 105.000 han resultado heridas. Equipos médicos internacionales de nacionalidades europeas y estadounidenses elevan la cifra total de fallecidos a más de 100.000, contando los desaparecidos bajo los escombros y las muertes por hambre y por enfermedades provocadas por el bloqueo israelí a la entrada de la ayuda humanitaria necesaria.

Con perseverancia, color y activismo, las conquistas de los movimientos LGBTIQ+ inscribieron un nuevo paradigma que legitima, valora y celebra a las personas. Argentina ha sido un modelo para el mundo por sus leyes de avanzada y el desarrollo de políticas públicas. Estas conquistas han ampliado históricamente los horizontes de la ciudadanía y los derechos humanos.

Sin embargo, hoy nos encontramos ante un contexto en el que muchos líderes esparcen mensajes xenófobos, sexistas y homófobos: “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales”, “Mucho sexo gay”, “Si vos tenés 18 años, naciste Juan y querés ser Juana no hay ningún problema mientras no utilices al Estado para eso”, “La ESI busca destruir a la familia” o “Si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos, es tu elección y listo” (en referencia al matrimonio igualitario). Estas frases son solo una mínima muestra de las agresiones que provienen de los mass media y de las máximas autoridades de un país, lo que profundiza la asimetría de poder entre quienes emiten estas expresiones y quienes las reciben, y funciona como caldo de cultivo habilitante de la violencia física y una suerte de cacería a las disidencias.

Asistimos a una batalla cultural escalofriante donde algunos poderosos levantan una falsa bandera de libertad, mientras atacan libertades ajenas, buscando generar odio, y silenciar a quienes se expresan de forma distinta. Con el efecto no inocente de horadar la democracia. Para tener real magnitud de la gravedad de esta situación es importante recordar que todo esto sucede mientras a nivel global, todavía, en un tercio del mundo (61 países) las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo se consideran delito y en 7 países se sancionan incluso con la pena de muerte. Por otro lado, solo en 2023, se registraron 321 asesinatos de personas trans, el 74% residían en América Latina y el Caribe. El 94% de las víctimas eran mujeres trans.

Argentina es parte de esta crueldad. El caso del lesbicidio de Barracas, es el máximo exponente de esto: en mayo, Andrea, Pamela, Roxana y Sofía fueron atacadas mientras dormían, con una bomba molotov, por ser lesbianas. Sabemos que esto no es un hecho aislado y seguimos consternadas frente a tanta violencia, que lamentablemente para la comunidad LGBTI+ es un hecho cotidiano. Cada día se ven interpeladas a reclamar porque la violencia y la discriminación les arrebata a un ser querido.

Las personas LGBTI+, desde la infancia, suelen enfrentar el rechazo de sus familias y su comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual, identidad de género, lo que tiende a conducir a situaciones generalizadas de discriminación, estigmatización, y violencia física, psicológica, sexual, y en casos extremos la muerte. 

En este contexto de tanta hostilidad, desde Amnistía Internacional realizamos el evento “Voces que transforman, Orgullo Vivo” para reconocer a quienes cada día ponen el cuerpo, el corazón y el ingenio para construir un mundo mejor.

Seguiremos trabajando para visibilizar y reconocer la trayectoria de quienes defienden los derechos de las personas LGBTIQ+, porque creemos que es crucial apoyar y respaldar su trabajo en el camino a una sociedad más justa, que celebre la diversidad y que asegure la pluralidad de voces en el debate democrático. Debemos recordar que no hay libertad posible si las personas no podemos ser lo que queremos ser, si no podemos vivir nuestra identidad y nuestro deseo.  

Marlene Wayar, activista travesti y socióloga, está sentada detrás de Luis Novaresio, cerca de Franco Torchia, escritor y periodista. A pocos metros está Gaita Nihil, poeta trans que fundó la editorial Puntos Suspensivos, y Pierina Nochetti, activista que tiene una causa penal por pintar un grafiti preguntando dónde está Tehuel. También está en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza la actriz trans Mariana Genesio Peña, y la cantante, actriz y compositora que es blanco de los discursos de odio del Presidente de la Nación, Lali Espósito. La cofundadora del primer bachillerato Travesti Trans Mocha Celis, Manu Mireles, tiene los ojos brillantes y un color fucsia en el pelo que podría ser fuego.

Es la noche de entrega de premios y lo que se entrega es un unicornio, porque son ellos los que simbolizan la unidad y singularidad de distintas identidades dentro de la comunidad LGBTIQ+. Y lo que este lunes por la noche se premió fue eso, la diversidad en un contexto en el que los derechos LGBTIQ+ están siendo amenazados y los discursos de odio llegan desde lo más alto del poder. Y en esta noche Lali Espósito, blanco de los ataques de odio y símbolo de la diversidad, tuvo su reconocimiento.

Thelma Fardín dice que el contexto era muy hostil cuando denunció por abuso a Juan Darthés, que al principio se sintió sola, pero que la sensación de abrazo, de festejo, de reconocimiento y de agradecimiento, le dio un impulso muy fuerte, junto a quienes militaban causas similares, y le inyectaron energia para seguir adelante. “En los momentos más duros los movimientos LGBT y los feminismos resisten, transforman y están listos para dar batalla”, dice, bajita y gigante, Telma.

La escucha el auditorio colmado que este lunes por la noche llegó hasta el Paseo La Plaza, en plena calle Corrientes, para participar de la entrega de premios “Voces que transforman”: edición Orgullo Vivo, con que Amnistía Internacional distinguió a 12 periodistas, activistas, artistas, e influencers por su aporte en la promoción y defensa de derechos de las personas LGBTIQ+.

Lucía Galkin Sutton es Directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina. Cuenta que ésta es la tercera edición de Voces que Transforman, y que los premios se enfocan en reconocer a artistas, activistas y figuras de distintos ámbitos de la cultura, defensoras de los derechos LGBTIQ+, en un contexto de proliferación de los discursos de odio, donde, desde el trabajo, los espacios y las voces, luchan por una sociedad más inclusiva. “El mundo no se cambia solo” dice Galkin Sutton, “sino a partir de personas que dedican el recurso más costoso: el tiempo”.  

En el mes en que Argentina celebró el Orgullo con dos millones de personas en la calle, el evento de Amnistía, conducido por Florencia de la V, reforzó la importancia de construir una sociedad respetuosa de la pluralidad donde las diversidades sean celebradas, y donde cada persona tenga la libertad de poder vivir según sus propios deseos y elecciones. 

Por ese aporte en favor de conquistar más derechos fueron reconocidos Lali, Leti Siciliani, Mariana Genesio Peña, Luis Novaresio, Susy Shock, Isha Escribano, Pierina Nochetti, Manu Mireles, Candelaria Schamun, Lucas ‘Fauno’ Gutierrez, Martín Canevaro y Pedro Paradiso.

Del otro lado, los premios fueron entregados por Florencia Gemetro y Gabriela Bacin, Marico Carmona, Carolina Unrein, Juan Carlos Escobar, Sofi y Valen, Franco Torchia, Sasa Testa, Marisa Herrera, Sol Despeinada, Jacinta de Oromí, y, por parte de Amnistía Internacional Argentina Mariela Belski y Lucila Galkin.

“Gracias por este honor. Es muy emocionante porque siento que reivindico algo que es la motivación para estar viva. No existe el te salvás solo”, dijo Lali, que ya le había dedicado su premio Gardel a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicio de Barracas, cuando el vocero presidencial twiteaba que no era un crimen de odio porque la palabra lesbicidio no estaba en el diccionario de la Real Academia Española. “Está en la calle” le había respondido Lali a Manuel Adorni. El último unicornio fue para ella.

“Para mi es importante sentirme parte de una comunidad a la que le debo tanto, tanta inspiración, tanta belleza, tanta vida, tanta luz”, siguió. Contó que su mamá le dijo, cuando era chica, que al Presidente de la Nación se le puede decir lo que sea siempre que sea con respeto. “Fue muy literal, se ve” dice, y se ríe incrédula de su lugar, del camino, mira el unicornio que tiene en la mano. “Hoy me levanté y dije yo no soy digna de ir a semejante lugar, hubo gente del Conicet recién chicos acá, o sea...”. Lo más lindo de Lali es que no sabe que es Lali. 

El silenciamiento es un verbo, por eso, dice Lali “es la belleza la que va a poder con todo”. El campo de batalla, le dijo Fito cuando empezaron los ataques de los libertarios y de Milei, es la música. Entonces Lali compuso “Fanático” una especie de himno que bailó la Universidad Nacional de las Artes en la estación Once, y que hizo temblar un congreso sin colores en la Marcha del Orgullo de este año. 

Sasa Testa, Magister en Estudios y Políticas de Género, Becario Doctoral del Conicet, docente e investigador, es quien le entregó un unicornio violeta a Pedro Paradiso Sottile. “Este contexto es hostil para todes, particularmente para las comunidades históricamente vulneradas, entre ellas la población LGTBIQ. Creo que en un contexto donde todos los derechos que hacen a la ciudadanía están en riesgo, rescatar la militancia y la historia de quienes han puesto el cuerpo es un gesto político poderoso: estuvimos, estamos y estaremos” dice Sasa. 

Al subir al escenario Luis Novaresio recibió varios abucheos. “Vos hiciste mucho para que estemos acá”, le gritan. A él no parece tomarlo por sorpresa, anticipa la referencia al gobierno actual en la pregunta y sonríe. “Es muy cierto, estamos en un momento donde circulan discursos homo-odiantes y de toda la diversidad y me parece que es importante alzar la voz en proporción. Cuando desde las altas esferas se siguen discutiendo y se usan términos como familia natural, demasiado sexo gay, tenemos la obligacion de salir a recordar que los derechos están ganados”.  

Se aplaudió también a los que ya no están: Cris Miró, Fernando Peña, Carlos Jauregui, Lohana Berikins, Zoe López Garcia, y Diana Sacayán. Pierina Noccetti subió al escenario y pidió por Tehuel, House of Glorieta cerró con un show de voguing y cultura ballroom. Y el unicornio blanco, vacío, de la entrada, se llenó de mensajes de colores: “Biología no es destino”, “libres de ser lo que somos”, “Las niñeces trans y travestis existen”, “No hay nada más lindo que la diversidad y la libertad”. 

Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a las presidencias de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, en la que las exhorta a que “intensifiquen sus acciones para extinguir los incendios forestales, redoblen sus esfuerzos para abandonar los combustibles fósiles y transformar el modelo actual de agricultura industrial, protejan los territorios de los Pueblos Indígenas y ofrezcan garantías a las personas defensoras del medioambiente”.

El pronunciamiento tiene lugar en respuesta a los incendios sin precedentes que azotan a Sudamérica, con varios millones de hectáreas ardiendo en la cuenca del Amazonas y en otras partes del continente.

La ONG acusó directamente a Argentina por la aplicación de una estrategia energética que depende excesivamente de los combustibles fósiles, al tiempo que se siguen emitiendo permisos de exploración de petróleo y gas.

En agosto y septiembre de 2024 se registró un récord de incendios en el continente, con varios millones de hectáreas ardiendo no solo en las selvas tropicales de la cuenca amazónica, sino también en diversos ecosistemas que se extienden por países enteros, como en Argentina, donde las autoridades informaron por lo menos de 91,540 hectáreas quemadas por cientos de incendios en lo que va del año.

La ONG advirtió que, si bien varios gobiernos de la región respondieron con medidas de emergencia, la crisis actual es sintomática del fracaso de las autoridades para implementar medidas estructurales, oportunas y eficaces para combatir la crisis climática, que alcanzó proporciones alarmantes y amenaza con generar consecuencias irreversibles.

Denunció que los gobiernos tuvieron años para evitar estas consecuencias desastrosas, pero, por el contrario, muchos persistieron en aplicar políticas climáticas regresivas.

El hecho de que la quema de combustibles fósiles sea la principal causa del cambio climático es ciencia consolidada desde hace décadas.

MM con información de la agencia NA.

El contundente discurso de Javier Milei ante la Asamblea de la ONU en Nueva York, donde tildó a la organización de “socialista” y la acusó de promover una agenda que “viola la libertad”, generó polémica tanto en la opinión pública nacional como global, que considera que las palabras del mandatario argentino no hicieron más que romper los puentes construidos por la diplomacia.

Uno de los que salió a criticar con dureza al Presidente fue el excanciller del gobierno de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, que en una entrevista con Radio 10 tildó a Milei de “payaso fascista” y lo acusó de tener una agenda “ridícula, anacrónica y opuesta a lo que viene pasando en el mundo”.

“La Argentina siempre fue promotora del multilateralismo y lo primero que hace el Presidente es atacar eso que necesitamos. Siempre fue una herramienta esencial para nuestro país el poder sentarnos con otros países para discutir, tener herramientas y espacios”, lamentó el actual diputado de Unión por la Patria. Y continuó: “Sin embargo, sí se ocupa de Venezuela, de Cuba, de criticar la Agenda 2030, el nuevo Pacto por el Futuro y es negacionista con el cambio climático”.

Por otro lado, Cafiero también fue muy crítico del acuerdo entre la Argentina y Reino Unido para reanudar el vuelo semanal entre San Pablo y Malvinas. “Reincidir en el esquema de vuelos y el ‘desarrollo económico’ es darle la espalda a nuestro reclamo. Rifan la soberanía nacional y ceden ante la extorsión”, señaló el exfuncionario en su cuenta de X, quien dejó en claro su desacuerdo con las negociaciones en curso.

Las palabras de Cafiero encendieron el debate sobre la transparencia en torno a las negociaciones por Malvinas, que Milei mencionó al pasar durante su discurso de este martes. Según el exfuncionario del Frente de Todos, el acuerdo reeditaría un controvertido pacto previo: “Milei y Mondino, de espaldas al Congreso y a los argentinos, reeditan el pacto Foradori-Duncan que denunciamos en marzo de 2023”.

Este pacto, firmado en 2016, había generado controversia en su momento, y Cafiero asegura que la historia podría repetirse. La falta de información sobre los detalles del acuerdo preocupa a diversos sectores. “El comunicado de Cancillería es grave. El gobierno de Milei usa el Proyecto Plan Humanitario para identificación de caídos y el viaje de familiares para justificar concesiones al interés británico”, afirmó el excanciller.

Quien también tomó la posta de los dichos de Milei fue el exembajador en China, Diego Guelar, que expresó que las declaraciones del Presidente están cruzadas por el “prejuicio” que tiene el libertario sobre la Agenda 2030 y 2045, o Pacto del Futuro. “Es curioso el grupo de países que ha rechazado esta agenda, encabezados por Rusia, Bielorrusia, Irán, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte y Argentina”, indicó Guelar en una entrevista con Cadena 3 de Rosario.

En cuanto a las consecuencias de las posturas extremas de Milei, el diplomático afirmó que son “aspectos declarativos” y que la ONU es un “ejercicio a muy largo plazo”. Según él, es crucial que Argentina se reenganche con el mundo y que la participación en la agenda de la ONU es fundamental para ello. “No entiendo por qué desasociarse de muchos de los principales actores de la diversidad y de la libertad en el mundo”, subrayó.

Guelar también advirtió sobre los costos negativos que puede tener para Argentina el rechazo frente al cambio climático. “No es un buen mensaje a los inversores que queremos atraer”, en referencia a la importancia de integrar el cuidado del medio ambiente en las prácticas productivas.

En ese sentido, la ONG Amnistía Internacional Argentina también cargó contra el presidente argentino por disociarse del Pacto del Futuro 2045. A través de la red social X, remarcó que la “Argentina se convirtió en el ÚNICO país del mundo en disociarse del Pacto del Futuro, un acuerdo adoptado por la gran mayoría de los estados miembros de la ONU que ratifica el compromiso perdurable con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyos fundamentos ya habían sido criticados por el actual gobierno en distintos eventos internacionales”.

Y añadió: “En su discurso de ayer en la Cumbre del Futuro, la Canciller Diana Mondino justificó la disociación del Pacto en que muchos de sus puntos presentan 'reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva agenda de Argentina'. Esta decisión de Argentina se asemeja en la práctica al rechazo que otros países explicitaron sobre el Pacto, entre ellos Corea del Norte, Rusia, Irán, Bielorrusia y Nicaragua”.

PL/MG

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un “deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina”, mediante una carta dirigida al órgano de la OEA que promueve y protege los derechos humanos en América.

En el escrito, Belski hace hincapié en dos ejes para fundamentar la acusación contra el Gobierno de Javier Milei: “el ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y 'asesinato de reputación'; y las restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas”. 

“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, señaló la representante de Amnistía Internacional Argentina.  

Según Belski, “la red socio-digital ”X“ (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ”mentirosos“, ”ensobrados“, ”idiotas“, ”violentos“, ”agresivos“, ”despreciables“, ”imbéciles“, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, detalla. 

A Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O´Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra, Joaquín Morales Solá, por nombrar solo algunos, en las últimas horas se sumó Marcelo Longobardi, calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” a través de la cuenta del presidente. 

En el escrito, la organización internacional también cuestionó “la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado”. Y alertó sobre “el anuncio del vocero de la presidencia de dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”.

Amnistía Internacional reveló también que, este tipo de ataques “suele tener un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres. Esto impacta directamente no solo en la reducción del debate público sino también en la salud de las personas afectadas”, remarcaron. 

Para la organización que promueve y protege los derechos humanos en el mundo, “una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, sostienen. 

Y agregan desde AI: “La libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales, los cuales tienen jerarquía constitucional. Por eso, Amnistía Internacional considera urgente que la CIDH y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos; y, entre otras medidas, exhorten al Estado argentino a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”. 

La carta completa

De mi mayor consideración,  Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Argentina, tiene el agrado de dirigirse a esa ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión o CIDH), así como a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la Relatoría de Defensoras y de Defensores de Derechos Humanos y Operadores de la Justicia, a fin de compartir información sobre el deterioro y afectación del ejercicio de la libertad de expresión e información en Argentina. A tales efectos, a continuación, le hacemos llegar información jurídica y de contexto que da cuenta de la relevancia y urgencia del tema de referencia. En este sentido, repasaremos 2 ejes: a) ensañamiento y agresión contra periodistas, utilizando las redes sociales y otras estrategias para generar el efecto de silenciamiento y “asesinato de reputación”; b) restricciones en el acceso a las ruedas de prensa presidenciales y censura previa hacia periodistas.

I. Contexto: retórica confrontativa, fake news y temor: una receta para socavar la libertad de expresión

La confrontación, el odio o la pelea funcionan hoy en Argentina como una técnica de distracción para que las personas desvíen la atención de lo importante y se fijen en un punto de interés alternativo. 

Este fenómeno no es nuevo ni excluyente del país, sino que, en varias partes del mundo, los líderes políticos de diversos países promueven narrativas de demonización y división para ganar apoyo popular, basando sus estrategias, entre otras, en culpabilizar a grupos enteros por problemas económicos, sociales o de seguridad. ¿Que buscan? Crear un enemigo a quien confrontar, deslegitimar y destruir; acusarlo por ser responsable de todos los males y, con eso, justificar todo t ipo de medidas e intervenciones. Así, por ejemplo, los refugiados o la población migrante pasaron a ser los responsables directos de las crisis económicas en Europa. Las conquistas de las mujeres para poner fin a los abusos y violencia pasaron a ser una amenaza para los valores “tradicionales” de un país, generando un entramado de violencia y odio. 

En Argentina, la construcción de la idea de “casta”1 y de “los mismos de siempre” usadas como latiguillos y figuras emblemáticas del gobierno entrante, si bien en un principio funcionaron para nombrar a la clase política históricamente vigente en Argentina, hoy el término en expansión es usado para nombrar un “ellos” difuso y abarcar esa parte de la sociedad que no piensa o adhiere a las ideas del gobierno. De este modo, el concepto es funcional a la creación de este enemigo – el que no piensa como “ellos” - que desencadena cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y que fomentan una incapacidad de diálogo. O estás con “ellos”, o en contra. O es todo o no es nada. No hay posibilidad de disentir. 

De la mano de la confrontación, las tácticas de demonización y manipulación pública, las “fake news” (noticias falsas) publicadas en forma de noticia también cobran un protagonismo inédito. Se imponen como verdades, hechos o datos falsos y tienen más influencia que los hechos objetivos. Este tipo de noticias son acompañadas por narrativas estigmatizantes, cargadas de valoraciones implícitas y emociones. En permanente disputa, se apoderan del debate público e influyen directamente en la forma en que se manipulan y perciben los problemas. Además, la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no hace más que crecer, violando el acceso de las personas a la información pública.

Finalmente, el uso de este tipo de retóricas se ayuda del temor de las personas como vehículo para someter y dominar. Detrás de la forma, detrás del insulto, hay un castigo ejemplificador de lo que puede pasar si te estás en contra. Eso no solamente pone al que piensa distinto del lado del “traidor”, sino que amedrenta a quien quisiera expresarse en libertad; y lo que se impone es el silencio, la censura y con ello la pérdida de un derecho esencial como la libertad de expresión.

Con esta receta infalible -confrontación, odio, temor y noticias falsas – se han podido romper todos los límites y, al hacerlo, se garantiza un plafón absoluto donde todo vale y se quiebran reglas de convivencia en un estado de derecho. 

II. Los periodistas como blanco de ataque

La red socio-digital “X” (ex Twitter) se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. Los otros poderes, referentes, funcionarios (as), periodistas, artistas, medios de comunicación y organizaciones, son frente de ataque. Se despliega una abierta cacería contra todo aquel que critique o señale. 

Cuando, además, quien está al frente de esos ataques es ni más ni menos que el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos silenciadores sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión. Hay una intención de silenciar voces, con amenazas, escraches, hostigamiento y minando y socavando su reputación. 

El “asesinato de reputación” (character assassination en inglés) es una de las metodologías que se utilizan para atacar a líderes de oposición, líderes de opinión y figuras creíbles que pueden socavar la popularidad de un gobierno o persona. Esto incluye el ataque a los periodistas y formadores de opinión. ¿Cómo se traduce en la práctica?: minar por completo su reputación. 

Derribar una figura carismática, creíble, que inspira confianza es el propósito. Sean cuales sean los atributos de la personalidad, la suma de ellos debe dar como resultado una imagen en la que las personas confíen, y entonces la táctica no puede consistir en otra cosa que socavar esa confianza. Frente a la credibilidad, el desprestigio. Frente a la fe, la sospecha. 

Asesinato de reputación o carácter implica entonces aniquilar la reputación de la persona para desactivar así la estima que provoca sus seguidores reales y potenciales. La difamación, la calumnia, o la difusión de información falsa o malintencionada son vehículos para ello. El objetivo es desacreditar a la persona en cuestión y derribar su credibilidad o confianza ante los demás.  

El caso del periodismo: libertad de expresión bajo ataque

Desde el inicio de la nueva administración de Milei, e incluso antes de su asunción como presidente de la Nación, el vínculo con el periodismo ha sido tenso y hostil. En este Anexo, recuperamos un listado de estas agresiones, además de tomar nota de algunas de ellas en este acápite.

Ya en 2018, en ocasión de una conferencia sobre economía que se llevó a cabo en un pueblo de la provincia de Salta en el norte del país, el entonces economista maltrató de forma muy violenta a una periodista al punto tal que tuvo que intervenir la Justicia. El 26 de junio del 2018, Milei todavía estaba lejos de la campaña del 2021, a partir de la cual saltó a la política. En una charla en Colegio de Abogados de Metán, la periodista local Teresita Frías, le preguntó sobre las políticas keynesianas que fracasaron en Argentina.

En una respuesta de casi ocho minutos, Milei agredió verbalmente a la periodista, la trató de “burra”, le imputó problemas de comprensión y le preguntó “¿de qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a hablar de temas que no sabes un carajo”. A lo largo de varios minutos sus respuestas estuvieron cargadas de violencia y atravesadas por una situación de desigualdad entre el expositor y la periodista, a la que Milei, desde su micrófono en un atril, también desafió de manera constante con preguntas sobre conceptos económicos. Como no le gustaron las respuestas de la trabajadora de prensa y las consideró erradas, no hizo más que responder con violencia. A partir de la una denuncia judicial, el 28 de junio, dos días después del episodio, el juez Carmelo Paz le ordenó a Milei que se abstenga de ejercer “actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes” en contra de Frías.

Además, el magistrado le prohibió a Milei la participación de cualquier charla o reunión pública en la ciudad, al tiempo que pidió que se le practique “una amplia evaluación” psicológica. También lo citó a una audiencia a la que Milei asistió acompañado de un abogado el 11 de julio de ese año. Según consta en autos, el economista esgrimió sus disculpas, que fueron tomadas como “suficientes” por la víctima. A partir de eso, la causa se archivó.

Durante la campaña, en marzo de 2023, mientras estaba al aire en una entrevista con la periodista Jésica Bossi en el Canal de televisión TN y mientras discutían sobre un spot de un candidato del partido de La Libertad Avanza, que proponía una política de desregulación de las armas de fuego, el entonces candidato Milei la cruzó exaltado y con interrupciones que en ningún momento la dejaron responder su punto de vista le dijo: “¿Vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los delincuentes de bien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, dale?”. Y agregó: “Gracias por traernos tanta delincuencia Jésica. Hay una señora que hace una pregunta conociendo mi posición, que lo que hace es ensuciar. No quieras instalar que estoy enojado”.

Ya en ocasión de sus funciones, Milei dirigió ataques contra profesionales mujeres del periodismo. Silvia Mercado, periodista y escritora, quien trabaja en el diario El Cronista y Radio Jai fue tildada de “mentirosa serial” por una información que transmitió sobre los perros de Milei (8 de enero 20243); Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación en París, diez días más tarde, fue acusada de mentirosa y trabajar para un medio que, en términos de Milei, opera contra el gobierno, tras calificar la recepción del discurso del Presidente en la cumbre de Davos “con estupor y sorpresa”; y contra María O’Donnell, el 19 de enero, a quien acusó de mentirosa y de querer ensuciarlo, porque sostuvo, y luego rectificó, que el presidente viajaría de Aeroparque a Olivos en helicóptero cuando lo hizo en auto.

Los ataques contra Maria O´Donnel no cesaron allí. A principios de julio, María O'Donnell fue blanco de repetidas acusaciones por parte del presidente Javier Milei, quien se hizo eco de fragmentos editados de las declaraciones de la periodista, difundidos por tuiteros anónimos afines a su gestión. Estos nuevos ataques surgieron después de que el 2 de julio, el presidente retuiteara una publicación de una de estas cuentas afines, criticando a O'Donnell por haber viajado para cubrir la Copa América junto a otros colegas de Radio Urbana Play 104.3 FM.

Posteriormente, diversas cuentas tomaron las palabras de la periodista en sus programas, sobre la denominada “ley Conan”, la reducción de la edad de imputabilidad y los descuentos de la cuenta DNI, y las editaron y distorsionaron con la clara intención de desacreditarla ante la opinión pública. El presidente de la Nación no solo retuiteó estos mensajes, sino que además añadió sus propias acusaciones basadas en estas noticias falsas. Esto desató una ola de tuits violentos contra la periodista.

Como explicó María O'Donnell en su editorial del 5 de julio en Urbana Play, a pesar de aclarar que estos son recortes manipulados y sacados completamente de contexto, no cuenta con las herramientas suficientes para contrarrestar el impacto de estos mensajes falsos y dañinos que siguen circulando en las redes. Este perjuicio se agrava cuando es el propio presidente quien los difunde y avala. El 28 de junio el presidente Javier Milei retuiteó un posteo en X de la cuenta @usdtermo que cuestionaba un gráfico sacado al aire en el programa de María Laura Santillán (del medio televisivo LN+) y la tildaba de «pautera y operadora». El presidente Milei acompañó el retuit sosteniendo que se “manosean los gráficos para mostrar como mala una noticia buena, nada que te sorprenda”, e hizo referencia a la periodista como “la ex de…”, un recurso que viene utilizando para agraviarla públicamente desde hace unos meses.

Sofía Diamante trabajadora de prensa del diario La Nación también fue increpada por el Presidente. Sucedió cuando la periodista opinó sobre los métodos oficiales para bajar la brecha financiera, generando la reacción de un economista, tras lo cual, se sumó el primer mandatario, acusándola de haber mentido durante su campaña, y agregó: “A su vez, sería bueno saber cómo tiene información sobre el FMI que no tiene el gobierno, salvo que ello implique que uno de los dinosaurios analógicos del círculo rojo haya mentido de modo descarado (de hecho ha mentido de modo grosero y puede que ambos tengan la misma fuente) en su nota del fin de semana. Delicias del statu quo. VLLC !!!”.  

El ensañamiento hacia periodistas mujeres tampoco es novedoso. Si bien están expuestas a los mismos riesgos que sus compañeros varones cuando investigan e informan, corren riesgos específicos por el hecho de ser mujeres. 

A la par, en ocasión del discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2024, el presidente de la Nación se refirió en forma genérica a periodistas “ensobrados”, “comprados” con la pauta oficial y defensores “descarnados” de “privilegios” que se resisten a perder. La cuenta de X del presidente Milei lanza constantes sospechas de corrupción sobre la prensa. En seguimiento a su discurso, dirigió críticas contra al menos dos periodistas de reconocida trayectoria: Martín Rodríguez Yebra y Marcelo Bonelli.  

“#Bonelli siempre preocupado por la casta. Cuando peligraron ‘ciertos privilegios’, destrozaba a @mauriciomacri. Hoy intenta hacer lo mismo con @JMilei…”, dice el tuit al que hizo referencia el Presidente. Y cerraba con una línea amenazante: “Pero ya NO PODRÁS HACER MÁS DAÑO.” (…)

“Han operado durante toda la campaña en mi contra y ahora pasan mucho tiempo haciendo lo mismo... de hecho, algunas acciones que tomaron constituyen agresiones directas... Algunos periodistas son dignos, pero muchos son muy oscuros...”. 

El tuit de Milei fue el origen de una catarata de posteos y mensajes contra Bonelli. Es que justamente, la intimidación y acoso, potencia de manera exponencial una catarata de mensajes que plagan las redes sociales y los perfiles de los periodistas con violencia y odio. 

A la par, tildó de “violento” y “agresivo”, a Joaquín Morales Solá; y apodó “Victor Humo” a Victor Hugo Morales y lo calificó como “literalmente despreciable”. 

El periodista Jorge Lanata también fue protagonista de fuertes cruces con el Presidente, a quien termino denunciando ante la justicia por injurias, tras haberle endilgado recibir coimas por su labor: “Sería bueno que el larretista [en referencia a Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a la presidencia en 2023] Lanata se informe bien sobre la reunión”, introdujo Milei. “Jorgito, no mientas. En la reunió+D15, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC”. “Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre [en referencia a que recibiría dinero para atacar al gobierno]?”, cerró su posteo el mandatario.

A pesar de los meses, la escalada de ataques contra periodistas se continúa. Jorge Fontevecchia, director del Diario Perfil, ha tenido cruces muy fuertes a raíz de ataques del Presidente. Tras apodarlo “tinturelli” y mofarse públicamente en una entrevista periodística de “está carmeleado que da miedo, no”, celebró al aire que el diario que dirige “está camino a la quiebra...así que …¡que bueno!”.  

En julio de 2024, el presidente Javier Milei a través de las redes sociales atacó al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) escalando nuevamente la pelea del gobierno contra los periodistas. Dijo que le daba “FOPEA ES UNA VERGÜENZA” la entidad que defiende el trabajo profesional de los periodistas14. Lo paradigmático es que este comentario fue hecho en simultáneo con un ataque de cuentas en X y fake news contra la entidad, tras publicarse un presunto chat privado que fue calificado de falso, respecto de una agresión contra un youtuber libertario en una protesta frente al Congreso contra la Ley Bases y tras que FOPEA alertara sobre la matrícula obligatoria que pretendía implementar esa semana el Ministerio de Capital Humano.  

Finalmente, huelga subrayar otros episodios que no responden exclusivamente a estrategias a través de las redes sociales, sino que escalan al uso de la herramienta judicial para perseguir al personal de prensa que se anima a criticar o disentir con medidas propuestas por el gobierno. 

Tal fue el caso de los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel. Ambos fueron denunciados penalmente por el ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona, por supuesta “instigación a cometer delitos”. En un caso que provocó repudio, el Ministro denunció a los periodistas a raíz de una serie de declaraciones que realizaron en el marco del escándalo por las 5 toneladas de alimentos no distribuidos por el Ministerio de Capital Humano. Finalmente, el dictamen del fiscal federal Ramiro González consideró que las expresiones “no tienen entidad” para ser consideradas un delito. Las estrategias de acoso judicial tienen un efecto negativo al inhibir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de la autocensura que, además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho del público a la información y el papel del ciudadano en la democracia. Pese a que, en casos como éste, la justicia las descarta, el efecto inhibidor y criminalizante opera en contra del ejercicio libre de expresarse y fomentar la rendición de cuentas del estado. 

Como señalamos al inicio, en los últimos meses se ha instalado en Argentina la persecución de la crítica. El uso de retóricas abiertamente hostiles que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanos como mentirosas, enemigas u opositoras; el aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos para desplegar mecanismos de persecución, hostigamiento y control; y la instrumentalización de los mecanismos judiciales funcionan en un entramado que procura fomentar el silencio y la censura. 

En abril último, la SIP ya había advertido sobre “las descalificaciones e imputaciones” de Milei a la prensa. “En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios”, resaltó en el informe de mitad de año. 

Algunos de estos hechos fueron condenados por organizaciones como ADEPA (que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país) tras entender que “cuando lo hacen las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los riesgos de alteración del clima que preserva la libertad de expresión”17. “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás LIBERTADES en un estado de derecho. El efecto que buscan quienes atacan a los periodistas, entre ellos ni más ni menos que el presidente de la Nación, es que piensen dos veces antes de hablar y que opten por la autocensura antes de relevar información o ser críticos de las políticas del Estado”.

Adicionalmente, uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo como resultado incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia. La estrategia de tildar a la prensa de mentirosa, y acudir a descalificativos degradantes tiene además el potencial de derivar en agresiones físicas y obstrucciones al trabajo periodístico.

Es claro que el temor a represalias o a escaladas de estos ataques socava la capacidad de periodistas para promover el acceso a la información de la sociedad u la rendición de cuentas del gobierno y su gestión.  

III. Censura y limitaciones para preguntar e indagar: acreditación de prensa en Casa de Gobierno

Además del hostigamiento en redes sociales y de otras intervenciones disciplinantes, Amnistía Internacional ha documentado situaciones de castigo y censura a periodistas por sus opiniones o preguntas. 

Tal fue el caso de Silvia Mercado, quien fue expulsada de las ruedas de prensa matutinas en la casa de gobierno, al retirársele intempestivamente su acreditación18 y de manera arbitraria no permitírsele retomar su presencia.

El 16 de abril de 2024, la Subsecretaría de Vocería Y comunicación del Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, publicó los “Lineamientos y Generalidades para la acreditación de la Función Periodística en la Casa de Gobierno” (Disposición 4/200419). En cumplimiento de dicha disposición, el 3 de Mayo, Radio Jai SA, por medio de su director y apoderado Miguel Steuermann, se remitieron los datos para acreditar a Silvia Mercado, quien, a su vez, hacía más de diez años que trabajaba como periodista acreditada en Casa de Gobierno. Los días posteriores al 3 de mayo, la Sra. Mercado fue a cubrir, como siempre, las conferencias de prensa que se realizaban en la Sala de Periodistas.

Ello fue hasta el 6 de junio, en que, al intentar ingresar a la Casa de Gobierno, el dispositivo de lectura de huella digital le denegó el acceso. Tal como denunció la periodista en sede judicial, una vez que comprobó que no se trataba de un problema técnico, se comunicó con el Subsecretario de Vocería de Presidencia, Sr. Javier Lanari, quien le informó que efectivamente no estaba acreditada, ya que había un problema con el medio periodístico. Al solicitar ser acreditada en representación de otro medio, le respondieron que, el vocero presidencia, Manuel Adorni, iba a comunicarse con la Sra. Karina Milei, secretaria General de Presidencia, ya que la decisión había sido suya.

Hasta ese momento, el caso de Silvia había sido el único caso a quien le fue removida la acreditación de manera arbitraria. Y desde entonces, pese a los diferentes intentos para volver a acreditarse, no pudo volver a ingresar a cubrir las conferencias de prensa. 

Como anticipamos, Silvia Mercado lleva acreditada en Casa Rosada más de 10 años, a partir de 2015 por el medio Infobae y desde 2021 por Radio Jai.  

El 5 de julio de 2024 la Sra. Mercado interpuso una acción de amparo y una medida cautelar innovativa ante la justicia contra el Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Secretaría General de la Presidencia) por considerar que se violaron su derecho a trabajar y ejercer industria lícita, su derecho a la igualdad y su derecho a la libertad de expresión y prensa. 

La libertad de expresión, tal como lo sostiene esta ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una “…piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la sociedad misma.”

Asimismo, tal como tiene dicho la CIDH, “el ejercicio efectivo de la Libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan. Es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos o administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intentes ejercerla, por actos u omisiones de agentes estatales o de particulares. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación, así como, en su caso, investigar hechos que los perjudiquen”. 

La función del periodismo es indagar, preguntar, cuestionar y criticar. La prensa está para beneficiar a los gobernados, no a los gobernantes. 

Al respecto FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) expresó en un comunicado su preocupación por la no renovación de la acreditación de Silvia Mercado. “La colega de Radio Jai relató que desde el 6 de junio aguarda por una respuesta a su pedido y señaló que ha estado acreditada desde hace 10 años en la Casa de Gobierno. La falta de explicaciones oficiales vuelve a poner de relieve la necesidad de que las autoridades hagan públicos cuáles son los requisitos que un periodista debe cumplir para ser acreditado”, dijo la entidad que defiende a los periodistas. Y destacó que “lo sucedido ahora con Mercado representa una buena oportunidad para que el Gobierno nacional evite las represalias y las discrecionalidades, diseñe y transparente un mecanismo objetivo, plural y equitativo para las acreditaciones de periodistas en Casa Rosada”. 

Tras las críticas por la exclusión de Silvia Mercado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el interés de crear una “sala de prensa de élite”, por lo que cambiarían las reglas de acreditación de los medios según su alcance y la experiencia de los periodistas: Estamos trabajando en una nueva resolución: vamos a hacer que sea un privilegio ser un medio acreditado en la Casa Rosada, y estar en la sala de conferencias“, explicó Adorni en una entrevista televisiva. Detalló que se limitará el acceso a los periodistas para ”jerarquizar el trabajo de la prensa“. 

“Vamos a hacer una sala de prensa de élite. Periodistas que pueden demostrar que merecen estar cerca del Presidente. Porque perdimos eso, que un periodista acreditado en la Casa Rosada tiene que sentir un honor por estar ahí”, añadió el vocero presidencial. 

Entre los requisitos que se evaluarán, se exigirá la experiencia de los periodistas y que estén inscriptos en relación de dependencia. 

Adorni destacó que se buscará la “excelencia” para acreditar medios según su alcance y audiencia, además de exigir “determinadas características al periodista, en términos de experiencia y que tenga relación de dependencia con los medios”. Añadió: “Que les dé orgullo tener acceso a la sala de conferencias”.

Huelga subrayar, tal como indicamos anteriormente, que en abril de 20024 ya había sido emitida una disposición que brindaba nuevos lineamientos para el acceso, que Silvia Mercado y el medio para el que trabaja cumplieron y que luego derivaron en su falta de renovación. 

Finalmente, el 18 de julio, trascendió que más de 50 periodistas acreditados le habrían sido removida su acreditación. Mientras tanto, el 19 de julio, a Silvia Mercado le fue devuelta la suya, en una clara muestra de los niveles de arbitrariedad con los que se maneja el ingreso a Casa Rosada para indagar, preguntar e informar a la sociedad. 

IV. Conclusiones

El derecho a la libertad de expresión e información y prensa son derechos fundamentales, reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales tienen jerarquía constitucional.  

Es a través del ejercicio de la libertad de expresión que la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a información. Es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad y el debate público se fortalezca.

De manera similar, como ha sido señalado recientemente por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: Los periodistas merecen especial atención no solo — como ocurre frecuentemente— por sus actos de heroísmo ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan [...].

La agresión a un periodista representa un atentado contra los fundamentos de la causa de los derechos humanos y contra la sociedad informada en su conjunto. La violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad. 

Por ello, resulta oportuno, necesario y urgente la intervención de la Comisión Interamericana y de sus Relatorías competentes, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, en condiciones de igualdad en la República Argentina.   

En virtud de lo expuesto, Amnistía Internacional considera urgente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Relatorías Especiales tomen conocimiento de estos graves hechos y considere:

Violencia contra mujeres periodistas

Diversos organismos de protección internacional de derecho humanos se han pronunciado para condenar las agresiones específicas contra las periodistas mujeres en el ejercicio de su labor, incluidas la discriminación y la violencia por razones de sexo y género, la intimidación y el acoso en Internet o en otros medios, y han interpelado a los Estados sobre la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan las periodistas por razón de su género.

La violencia y el abuso que viven muchas mujeres periodistas en las redes sociales hace que se autocensuren en sus publicaciones, limiten sus interacciones y, en algunos casos, abandonen la red por completo, pese a ser un espacio fundamental para la difusión de su trabajo, lo que en definitiva repercute en la falta de pluralidad de voces en el debate público y redunda en una vulneración de la dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión. Una encuesta que llevó adelante Amnistía Internacional Argentina muestra que el 70% de las mujeres que sufrieron abuso o acoso online hicieron cambios en la forma en que usan las plataformas y el 36% de ellas dejaron de publicar o compartir contenidos que expresaban su posición sobre ciertos temas.

Asimismo, disciplina a quienes presencian u observan las consecuencias de haber ensayado la crítica en público, inhibiendo así su reproducción. Esto impacta directamente no solo en el efecto silenciador que se genera en el debate público sino también en la salud de las personas afectadas. Asimismo, un informe de Naciones Unidas da cuenta del impacto de la violencia de género hacia mujeres con voz pública. El 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró sobre algún tema de su pertinencia; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

En octubre 2023 se sancionó la Ley Olimpia que incorpora la violencia digital como un tipo de violencia de género, establece la necesidad de políticas públicas para atender esta problemática, e incorpora derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales y administrativos para casos de violencia de género en entorno digital. 

IG