El Supremo Tribunal Federal aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht. La máxima corte brasileña consideró que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un “error histórico” el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez supremo Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones formaron parte de artilugios ilegales de “tortura psicológica” que tuvieron como objetivo obtener pruebas falsas contra inocentes. A su vez, calificó como “algo armado” la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de las delaciones premiadas a Odebrecht, firmadas en el marco de Lava Jato en 2017, ahora deberán volver a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un debido proceso y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra presos políticos.

El magistrado aseguró que los agentes públicos “se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes”, y que además actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

De esta manera, invalidó elementos de prueba contenidos en los “sistemas de sobornos” presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal brasileño y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado en el ámbito de Lava Jato en mayo de 2017, por el entonces juez Moro. La empresa se comprometía a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos. Su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación. Posteriormente, la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen y en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indicó que la detención de Lula en 2018 puede haber sido “uno de los mayores errores judiciales en la historia del país”. Da Silva fue preso en abril de ese año, acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero. Salió de la cárcel tras 580 días en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

En 2021, la corte anuló las sentencias contra el presidente brasileño al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política, permitiendo la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año. Moro terminó siendo su ministro de Justicia, y hoy es senador opositor.

De esa manera, Lula recuperó sus derechos políticos y logró presentarse como candidato a las elecciones de 2022, donde ganó con 60 millones de votos y por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley”, sentenció Toffoli en una fragmento de su decisión.

El juez supremo también indicó que la detención de Lula “fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones, que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal”.

El fallo de este miércoles fue rechazado por Moro, quien declaró: “La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras”.

“Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia”, agregó Moro.

Por otra parte, el ministro de Justicia Flávio Dino celebró la decisión judicial que deja atrás “un página oscura” de la historia del país sudamericano: “La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”.

“Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, añadió.

LC con información de agencia Télam

Ante la detención decretada por Moro,

Lula decide no entregarse a la Policía Federal:

«Que vengan y me arresten».

El ambiente era el de un soñoliento final de jornada como cual- quier otro. Faltaban unos minutos para las seis de la tarde del jueves 5 de abril de 2018 y en las oficinas separadas por tabiques del Instituto Lula los empleados cerraban cajones y apagaban las computadoras. En una pequeña sala de reuniones tomaban café y conversaban a puertas cerradas la expresidenta Dilma Rousseff, el senador Ciro Gomes, del PDT de Ceará, y la senadora de Paraná Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores. Valeska Teixeira y Cristiano Zanin, los abogados de Lula, sa- ludaron a las pocas personas que todavía estaban allí y se fueron. Delgado, alto, elegante y con aire de monaguillo de iglesia, Za- nin les aseguró tranquilamente a los periodistas de guardia en la acera que, si se cumplía la ley, no habría riesgo de un arresto in- mediato de Lula: «Incluso en la lógica perversa de la prisión preventiva después de la segunda instancia, prevalecerá la decisión del propio Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que asegura que la detención solo se producirá después de agotados los recursos en esa instancia, y eso aún no ha sucedido».

Dentro del instituto no había tensión, sino un sombrío am- biente de expectativa. Se temía que la decisión de la Corte Su- prema en esa madrugada —que negaba por 6 a 5 (con el voto de desempate de la ministra Rosa Weber) uno más de los varios pe- didos de habeas corpus presentados por la defensa del expresiden- te, con la intención de evitar su detención antes de ser agotadas todas las posibilidades de recurso— abriera las puertas a la peor de las situaciones, el temido resultado: la orden de arresto de Lula por parte del juez Sergio Moro, del Tribunal Federal de la ciudad de Curitiba, capital de Paraná.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, todos allí sa- bían que, después de la decisión de la Corte Suprema, el arres- to podía ser dictado en cualquier momento. La sensación gene- ral, sin embargo, era de que nada justificaba que aquello sucediera de inmediato. Lo que se esperaba en ese pequeño edificio de dos plantas, sótanos y anexos en las inmediaciones del Museo de Ipi- ranga, zona sur de San Pablo, era que Moro solo diera la orden a principios de la semana siguiente. Pero no era una opinión uná- nime. Una de las voces disidentes era la del senador Lindbergh Farias (PT-Río de Janeiro), recién llegado de una reunión con el penalista Celso Vilardi, profesor de derecho de la Fundación Ge- túlio Vargas, cuya opinión difería de la de casi todos los demás en el instituto. Según Vilardi, comentó el senador, el arresto era in- minente y podía producirse en cualquier momento.

Lula no estaba de acuerdo. Seguro de que iba a pasar el fin de semana en libertad, salió de su oficina en el segundo piso, bajó la escalera caracol hasta un pequeño salón con dos sofás y paredes de vidrio esmerilado y le pidió a su joven asesor, el científico so- cial Marco Aurélio Santana Ribeiro, «Marcola», que lo pusiera en contacto con Moisés Selerges. Descendiente de alemanes, el cor- pulento Selerges, siempre con la cabeza rasurada con navaja y camisas con coloridos estampados hawaianos, tenía 52 años, trein- ta y cinco de los cuales los había pasado trabajando como pintor de chasis de camiones en la planta de Mercedes-Benz. Era líder del Sindicato de Metalúrgicos del ABCD2 y muy cercano a Lula. Sentado de espaldas a la puerta principal del instituto, Lula dijo, en la rápida conversación telefónica con su amigo, que es- peraba ser arrestado la semana siguiente, y le pidió a Moisés que organizara un asado «medio secreto» para un grupo reducido de amigos el sábado por la mañana, en el sindicato, para rela- jarse «con unas costillas y un poco de cachaza». Mientras espe- raba que terminara la llamada para recuperar su celular, Marco- la se sorprendió al ver ingresar por la puerta principal, pálidos, a los abogados Valeska y Zanin. Un paso adelante de su esposo, ella mostraba la pantalla de su celular con el titular del sitio web UOL3 que se iba a conocer en todo el planeta en pocos momen- tos: «Moro dicta la detención de Lula». Acostumbrada a una jus- ticia notoriamente lenta, la pareja de abogados no calculó que los jueces del Tribunal Federal Regional de la 4.9 Región, conocida como TRF4, de Porto Alegre, podría actuar en tiempo récord y, esa misma tarde, acelerar el proceso para que Moro ordenara la detención. En los últimos tres párrafos de la sentencia, publica- da en Internet, el magistrado transformaba en «concesiones» loque, por ley, eran los derechos del demandado: 

–En cuanto al condenado y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, le concedo, en consideración a la dignidad del cargo que ocupó, la posibilidad de presentarse voluntariamen- te a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17:00 horas del 06/04/2018, cuando debe cumplirse la orden de arresto.

–Queda prohibido el uso de esposas bajo cualquier circunstancia.

–Los detalles de la presentación deben ser arreglados por la Defensa directamente con el Comisario de la Policía Fede- ral Mauricio Valeixo, también superintendente de la Policía Federal en Paraná.

–Cabe aclarar que, en razón de la dignidad del cargo ocu- pado, se ha preparado previamente una sala reservada, una especie de Sala de Estado Mayor, en la propia Superinten- dencia de la Policía Federal, para el inicio del cumplimiento de la pena, y en la que el expresidente permanecerá separa- do de los otros reclusos, sin riesgo alguno para su integri- dad moral o física.

Sergio Fernando Moro Curitiba, 5/4/2018, a las 17:50:10.

La orden de detención de Lula iba a consagrar a Moro como líder de un terremoto político que se inició cuatro años antes, y que tuvo como epicentro la denominada Operación «Lava Jato», encabezada por él. Convertido en superhombre y héroe nacional con la ayuda de una increíble máquina de propagan- da, el hasta entonces juez provincial de Paraná Sergio Fernan- do Moro, de 45 años, voz chillona, presumía de haber liderado una guerra contra la corrupción sin precedentes en la historia del país. Y, a la luz de los focos de los canales de televisión en horarios de máxima audiencia o en las portadas de los semanarios, decía haber condenado a siglos de prisión a la cabeza del Lava Jato, a casi un centenar de políticos, dueños de empresas contratistas, directores y presidentes de gigantescos organis- mos estatales, banqueros, empresarios, publicistas, cambistas y hasta ciudadanos comunes anónimos, alcanzados por las balas perdidas de la operación. Asiduo asistente a debates con em- presarios, abogados y policías, con audiencias de todos los con- tinentes, el joven magistrado se ufanaba con el anuncio de ha- ber dictado más de mil órdenes de allanamiento y recuperación, medida que permitió devolver a las arcas públicas «más de 4 bi- llones de reales pagados en sobornos».

El ensañamiento de Moro y los suyos en la Fiscalía no se de- tenía allí. Con base en la legislación originariamente creada para facilitar el esclarecimiento de crímenes atroces, como el secues- tro y la violación, la llamada «colaboración premiada»5 permitió que la Operación Lava Jato construyera una monstruosidad adi- cional: la banalización de la traición. A lo largo de la vida, mu- chas generaciones han aprendido que nadie es más sórdido e in- fame que el soplón, el chivato, el buchón, el delator, algo que solo tendría lugar en un tratado general de las bajezas. El senti- do común sobre lo repugnante de la delación sería expuesto por el contratista Marcelo Odebrecht, frente a las cámaras de televi- sión, en 2015, durante una de sus primeras apariciones públicas tras el inicio del Lava Jato: «En mi legado, creo que hay valores, incluso morales, de los que nunca me apartaré. […] Cuando, en casa, mis hijas discutían y peleaban, yo decía: “Mira, ¿quién hizo eso?”. […] Y me enojaba más con la que delataba…».

El código moral privado del hombre de negocios implicado podía ser sólido, pero no eterno. Él mismo terminaría inclinándo- se ante lo que los presos del Lava Jato apodaban el «palo de ter- ciopelo para el guacamayo», una referencia jocosa al instrumento de tortura empleado con los presos políticos durante la dictadura militar: o el prisionero revela lo que las autoridades quieren escu- char o pagan por ello. En la dictadura, hasta se podía pagar con la vida. En el Lava Jato, con la amenaza de ser encarcelado por tiem- po indeterminado. No todos, sin embargo, se doblegaron ante la violencia. Esto sucedió no solo entre militantes del PT, como el bancario João Vaccari Neto, tesorero del partido, que pasó dos años en prisión sin abrir la boca, a pesar de que miembros de su familia fueron perseguidos. Uno de los líderes del más alto nivel de Odebrecht mantuvo un breve diálogo con el autor de este li- bro, con la condición de no mencionar su nombre:

—¿Por qué pasó tanto tiempo en prisión? ¿De qué crimen se lo acusaba?

—De ningún delito. Permanecí preso porque no tenía nada que declarar contra Lula. Cuando se enteraron de que yo realmente no sabía nada que pudiera incriminar al expre- sidente, abrieron la celda y me dijeron: «Puede volver a su casa».

Según los estándares de la reposada burocracia judicial bra- sileña, las decisiones que precedieron al arresto de Lula fueron tomadas con asombrosa celeridad, lo que hacía sospechar que habían sido previamente acordadas entre las tres instancias ju- diciales. Gracias a la exactitud del registro electrónico de votos y despachos, se sabe que el reloj de la Corte Suprema marcaba las 00:48 de la mañana cuando la Corte negó el habeas corpus a Lula por 6 votos contra 5. Horas después, al amanecer, la decisión de Brasilia se materializó en las computadoras del Tribunal Federal Regional 4, en Porto Alegre. El mismo día, a las 17:32 horas con veinte segundos, la funcionaria Lisélia Czarnobay, secretaria del tribunal de Río Grande del Sur, envió al 13° Tribunal Federal de Justicia, en Curitiba, la autorización para el arresto. A las 17:50 con diez segundos, el titular del Juzgado, juez Sergio Moro, dictó el arresto de Lula. Por lo tanto, desde el momento en que el do- cumento llegó a Curitiba —contrariando la regla imperante en Brasil, según la cual los procesos tienden a dormir durante me- ses, o incluso años, en los cajones de los tribunales—, Moro ba- tió un récord digno del libro Guinness al demorar unos escasos diecisiete minutos y cincuenta segundos entre la recepción de la autorización y la orden de arresto a Lula.

Sorprendido por lo revelado por Zanin, el grupo —integrado, entre otros, por el presidente del instituto, Paulo Okamotto, Pau- lo André, asistente de Lula, la exdiputada Clara Ant, el exminis- tro Paulo Vannuchi y el diputado Vicentinho (PT-San Pablo)— deliberó, sin siquiera sentarse, en el pasillo, sobre la iniciativa a tomar. Marcola salió solo al pequeño patio exterior, decorado con muebles de plástico duro, y llamó a Selerges para transmitirle las noticias y cambiar los planes. Al otro lado de la línea, el metalúr- gico no dudó: «Trae a Lula aquí inmediatamente. El único lugar en el que él estará a salvo es el sindicato. Nada de permanecer en el instituto, ni de irse a su casa. Tráelo al sindicato».

Marcola regresó y transmitió el mensaje al capitán de reserva del Ejército Valmir Moraes, jefe del equipo de seguridad personal de Lula, integrado por ocho soldados también de la reserva, es- colta a la que los expresidentes brasileños tienen derecho por ley. Después de un breve y nervioso intercambio de ideas, se decidió que todos irían a San Bernardo del Campo, excepto Cid Gomes, cuyo vuelo de regreso a Fortaleza estaba programado para una hora más tarde. El rápido viaje del senador de Ceará a San Pablo había resultado infructuoso. Había tratado de convencer a Dil- ma para competir por una banca en el Senado por Ceará, donde las encuestas le daban a la expresidenta el 70% de las preferencias del electorado. Su decisión tenía que ser inmediata, ya que el plazo legal para el cambio de domicilio iba a vencer en dos días. La expresidenta rechazó cortésmente la tentadora invitación. Dilma ya había decidido postularse como candidata por Minas Gerais, su estado natal, donde, seis meses después, iba a sufrir un increí- ble cuarto puesto, detrás de tres desconocidos ajenos a la política. Sin haber decidido todavía cómo reaccionar ante la noticia que había llegado de Curitiba, Lula se tiraba de las puntas del bi- gote con los dedos, como de costumbre, mientras escuchaba las opiniones de los presentes. Moraes se le acercó y le habló bajito, casi al oído: «Presidente, la calle es un infierno. Vámonos. No es seguro permanecer aquí. Tenemos que irnos antes de que se produzca alguna provocación, algún incidente».

Fuera del instituto, el clima de guerra parecía una muestra de lo que vendría en las siguientes 48 horas. Junto con media docena de periodistas que solían esperar en la acera y unos cuantos curio- sos, se amontonaban en la estrecha y empinada calle Pouso Ale- gre reporteros de periódicos, de redes, de blogs, y de las transmi- siones en vivo de la radio y la televisión. Entre ellos, un enjambre de motociclistas que llevaban a camarógrafos en el asiento trase- ro a la espera de una imagen del expresidente. Había camarógra- fos y fotógrafos en las aceras, en las motos, subidos a los techos de las camionetas y en el aire, a bordo de los helicópteros de las redes de televisión Globo, Bandeirantes y Record, todos con sus lentes apuntando a la puerta del garaje subterráneo del instituto, por donde se suponía que iba a salir Lula.

 Atraídos por las noticias de Internet, la radio y la televisión, muchos que se oponían a la prisión y otros a favor de ella se amontonaban frente al instituto bloqueando el tráfico y provo- cando una sinfonía de bocinas que invadía la tranquilidad de los pacientes del Hospital San Camilo, en la vereda de enfren- te. Cuando el convoy de Lula se fue —no por el garaje principal, donde la turba lo esperaba, sino por otro lado, por la calle Gonça- lo Pedrosa, a 100 metros de la entrada al edificio—, el incidente que el capitán Moraes temía terminó sucediendo.

«¡Este arresto es arbitrario, absurdo, es un preso político! —gritaba Boulos por teléfono—. Todos tienen que ir a San Ber- nardo y asegurar la resistencia democrática. ¡No vamos a permi- tir pasivamente este absurdo!». Sometida a votación, la propues- ta fue aprobada por aclamación.

Minutos más tarde, una masa humana entorpeció aún más el tránsito caótico de la autopista Anchieta, rumbo al sindicato transformado en un búnker donde se encontraba el expresidente. En los terrenos ocupados quedaron solo los ancianos, las muje- res con bebés y los que tenían dificultades de movilidad. Cuando Boulos logró llegar al sindicato, ya había allí unas 5000 personas, entre activistas, trabajadores y militantes del PT, del MST y del MTST, agitando banderas rojas y gritando consignas:

 «¡No te entregues! ¡No te entregues!»

«¡Resistir! ¡Resistir! ¡No dejar que lo apresen!»

«¡Lula no sale! ¡La Federal no entra!»

AGB

El exjuez Sérgio Moro, quien en su etapa como magistrado encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y después fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, fue elegido senador nacional brasileño en las elecciones legislativas de este domingo.

En un primer momento, Moro había querido presentarse a las presidenciales, pero finalmente su partido Unión Brasil le obligó a desistir de ello; y se impuso este domingo con un 33,7 % de los votos por el estado de Paraná (sur), con un 98,2 % de las urnas escrutadas.

El hoy exjuez quedó por delante de Paulo Martins, que era el candidato más próximo a Bolsonaro (29,1 %); Alvaro Dias (23,9 %); y Rosane Ferreira (8,0 %). Así consiguió el asiento que se disputaba en el estado de Paraná, desde donde juzgó en primera instancia los casos de la Operación Lava Jato, que destapó en 2014 una trama de corrupción en la estatal Petrobras, y encarceló a empresarios y políticos, entre ellos a Lula, quien pasó 580 días en prisión.

Otro de sus aliados en la Lava Jato, el entonces fiscal coordinador de esa operación, Deltan Dallagnol, fue elegido diputado federal, el más votado de Paraná, por delante incluso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, según los resultados oficiales.

En estas elecciones legislativas también se había presentado la esposa de Moro, Rosângela Moro, quien es candidata a diputada federal por el estado de Sao Paulo.

La Operación Lava Jato entró en desgracia a partir del momento en que la Corte Suprema anuló muchos de esos procesos por problemas de jurisdicción y, además declaró que Moro no fue “imparcial” en causas movidas contra Lula, quien disputará una segunda vuelta de las presidenciales ante Bolsonaro.

Moro dejó de ser juez para convertirse en 2019 en el ministro de Justicia de Bolsonaro, quien había ganado las elecciones del año anterior y este domingo aspiraba a renovar su mandato por otros cuatro años. Sin embargo, renunció al cargo en abril de 2020, enemistado con el jefe de Estado, al que acusó de interferir políticamente en la Policía Federal para favorecer sus propios intereses.

Luego se lanzó a la carrera presidencial y las encuestas llegaron a situarle como el tercer favorito, por detrás de Lula y Bolsonaro, con alrededor de un 10 % de las intenciones de voto, aunque Unión Brasil finalmente descartó su nombre.

Unos 156 millones de brasileños acudieron este domingo a las urnas para elegir presidente, 27 gobernadores, 513 diputados federales y un tercio de los 81 senadores, además de las cámaras legislativas regionales.

El Tribunal de Cuentas Federal (TCU) de Brasil, en voto unánime, condenó a Rodrigo Janot,  ex Fiscal General de la República; a Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales de la operación Lava Jato en Curitiba  y a João Vicente Beraldo Romão,  ex Fiscal Jefe del Ministerio Público en Paraná  a regresar a las arcas públicas  la suma de R$ 2.831.808,17 por el acto de gestión 'ilegítimo y antieconómico’' de sus liquidaciones corruptas de gastos y viáticos diarios. Cada uno de los condenados queda obligado a  una multa individual de R$ 200 mil.

El juez contable Bruno Dantas fue apoyado por el resto de sus colegas para condenar a Janot, Deltan y Romao, principales acusadores de la Operación Lava Jato, por haber utilizado en beneficio propio o sin responsabilidad dinero público.

El Lava Jato fue la operación más grande jamás lanzada en Brasil contra la corrupción. Su nombre alude a un lavadero de autos donde un cambista amañaba también lavados de dinero y delaciones premiadas. Sin embargo, el uso extensivo de arrestos provisionales y condenas basadas en acuerdos de culpabilidad provocó muchos desafíos. En 2019, una importante filtración de mensajes entre los fiscales y el juez Sergio Moro demostró que había coordinación de estrategias entre la fiscalía y el magistrado. El grupo de trabajo también fue objetado acusado de sostener  objetivos políticos y partidistas, acentuados por el paso posterior de Moro a desempeñar el cargo de Ministro de Justicia ofrecido en 2019 por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro cuando asumió el cargo.

El nombre de Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales del Lava Jato, adquirió conocimiento público por haber acusado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de asociación ilícita durante su mandato encubriendo actos de corrupción en la empresa Petrobras. El exjuez Moro envió a prisión a Lula, quien fue sobreseído por probarse manipulación política, alteración de pruebas y persecución.

A pesar de la condena del Tribunal de Cuentas Federal (TCU), órgano auxiliar del Congreso Nacional que analiza los balances financieros, presupuestarios y la administración de los recursos de la nación, una eventual decisión sobre la ilegitimidad de Deltan, quien se presentó como candidato en diputado federal por Podemos do Paraná, corresponde al Tribunal Electoral. Cuando el ex fiscal registre su candidatura, que puede ser  cuestionada, la decisión final corresponde al Tribunal Electoral, con apelación al Tribunal Superior Electoral (TSE).

La decisión judicial alcanzó a Janot, jefe de los fiscales entre 2013 y 2019, quien acusó al ex presidente Michel Temer de decir que quiso asesinar a balazos durante una audiencia al juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal, por cuestionar el accionar de toda la Operación Lava Jato en la búsqueda de delaciones premiadas.

La sentencia a la vez involucró a un tercer miembro del Ministerio Público (MPF), el ex fiscal de la ciudad de Curitiba Joao Romao, quien autorizó los gastos de los fiscales de Lava Jato.

Dantas también sugirió una investigación separada, “de oficio y por los órganos competentes”, de cuestiones que, en teoría, pueden constituir un acto doloso de improbidad administrativa.

Los recursos ante el fallo se pueden presentarse  ante el órgano colegiado y ante el pleno del TCU. El caso también puede recusarse ante el Supremo Tribunal Federal (STF) a través de una acción autónoma de impugnación de la sentencia en el tribunal de cuentas.

Argumentos de la acusación

Dantas en su relato acusatorio sostuvo que  “El modelo impugnado por el MP de cuentas en esta contabilidad especial implicó la elección de apoderados y el pago reiterado y excesivo de tasas y boletos diarios a quienes no tenían domicilio en Curitiba. Esa norma habilitaba a una industria a pagar viáticos y pasajes a determinados abogados elegidos a dedo, lo que es absolutamente incompatible con las normas que rigen la función pública brasileña”.

Respecto a otros ex integrantes del grupo de trabajo, que se beneficiaron del pago de viáticos y boletos, el Tribunal entendió que no hubo “práctica de un acto de gestión, ni un error grave”. Según Dantas, los fiscales “actuaron en la actividad principal, designados y autorizados” por los responsables del grupo de trabajo. Antonio Carlos Welter, CarlosFernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Mattos, Isabel Cristina Groba Vieira, JanuárioPaludo, Jerusa Burmann Viecili y OrlandoMartello Júnior, fueron eximidos de cargo.

La situación de Deltan, Janot y Romão es diferente, según Dantas, debido a la “adopción del formato de fuerza de tarea desprovista de un razonamiento adecuado, con la consiguiente práctica de un modelo de costos antieconómico”. El ministro del TCU entendió que el trío es responsable del “diseño, solicitud, aprobación y gestión del modelo antieconómico” adoptado por Lava Jato.

“Es evidente que el modelo construido viola el principio de impersonalidad, tanto al privilegiar a los agentes administrativos en desmedro del interés público, como al no adoptar criterios imparciales, objetivos y transparentes para la elección de estos mismos agentes”, ponderó.

Dantas afirmó que Romão el entonces titular del Ministerio Público de la Federación autorizó la constitución del grupo de trabajo Lava Jato “adoptando un modelo antieconómico que permitía el pago irrestricto de jornales y boletas a fiscales elegidos sin criterios objetivos”.

En cuanto a Deltan Dallagnol, el ministro del TCU sostuvo que el ex fiscal, como líder del grupo de trabajo desde su creación, participó “notoria y activamente en su concepción del modelo elegido, eligió a sus integrantes y exigió, a la cúpula de la Fiscalía, General de la República, medios materiales y humanos para la realización de la obra”.

El ministro del TCU también discurrió sobre preguntas sobre los “'reflejos' institucionales” de los temas tratados en el caso de que se trate en el ámbito del Ministerio Público de la Federación. Dantas señaló que el caso Lava Jato operado desde Curitiba “no pretende abordar temas estructurales de constitución y economía del modelo de gestión a través de grupos de trabajo” en el ámbito del MPF del Ministerio Público de la Federación. Según él, este tema, “de carácter transversal y organizativo”, es objeto de otro relato.

En caso de que los tres ex fiscales no cumplan con la sentencia respecto al reintegro del dinero reclamado a las arcas públicas, corresponde a la Procuraduría General de la República (AGU) interponer una demanda de ejecución judicial para recibir el monto.

AGB con información de agencias y fuentes

Una nueva “tercera vía” está en gestación en Brasil. Pero apuesta a “enterrar” esa idea para sustituirla por una alternativa en principio más viable: la del “candidato (único) presidencial del centro democrático”, que junte todas las cabezas de la centroderecha, un segmento del mundo político brasileño que hoy se encuentra muy disperso. El proyecto es convertir la flamante alternativa en una alianza fuerte, capaz de quebrar la extrema polarización de las elecciones de octubre próximo, que tiene como protagonistas al presidente Jair Bolsonaro y el ex presidente Lula da Silva.

No por casualidad, el plan se tornó explícito este sábado por boca del ex juez del Lava Jato, Sergio Moro. Luego de reunirse con una posible aliada en el emprendimiento, la senadora Simone Tebet del Movimiento Democrático de Brasil (MDB), sostuvo: “Precisamos con urgencia la unión del centro democrático contra los extremos” y agregó que su afiliación reciente al partido Unión Brasil responde precisamente, a la intención de “auxiliar en unificación del centro democrático, exigencia para derrotar el populismo y el radicalismo que amenazan a la nación”.

 La “nueva estrategia” supone la “renuncia” de los demás presidenciables de centro y centroderecha para constituir una fórmula única a la que todos deben comprometerse a apoyar. Entre ellos menciona por nombre y apellido a Joao Doria, el ex gobernador paulista de la Socialdemocracia de Brasil (PSDB), Eduardo Leite (también socialdemócrata), Simone Tebet (pre candidata por MDB), André Janones (de Avante) y a los “dirigentes partidarios dispuestos a hacer prosperar esta articulación democrática”.

La última consulta de la empresa Datafolha, de la semana pasada, indica que Lula se mantiene con 43% de las intenciones de voto y Jair Bolsonaro con 26%. En cambio, los principales personajes de la “tercera vía”, no solo no logran sumar puntos sino que también los pierden. Moro permanece en el tercer lugar con apenas 6% (antes 8%) y Doria no supera el 3%, una barrera que parecería infranqueable.

Moro, quien el jueves abandonó su partido original (Podemos) para afiliarse a otro de mayor peso nacional, el Unión Brasil, juzgó que el candidato del centro democrático deberá surgir de un acuerdo entre todos los grupos que conforman ese segmento centrista. Algunas de esas agrupaciones habían predefinido quien debía ser postulante presidencial propio. 

Entre los protagonistas de esta propuesta de coalición centrista se incluye la figura de Joao Doria, quien dejó esta semana el gobierno de San Pablo para iniciar su campaña electoral como presidenciable por la socialdemocracia, puesto ganado en las internas de la agrupación, en noviembre último. Solo que un sector importante de su partido (PSDB) decidió jugar sus cartas a favor de otra personalidad: el gobernador de Río Grande del Sur Eduardo Leite, un político joven que tuvo la suerte de ser electo para comandar ese estado provincial en 2018.

Es evidente que detrás de esta movida hay estrategas inteligentes. Y lo ocurrido la última semana es una prueba innegable de esto. Moro, desde su misión en la causa conocida como Lava Jato, que le permitió condenar a Lula a prisión, no ocultaba sus aspiraciones políticas. Así, aceptó comandar el ministerio de Justicia con Bolsonaro, de donde salió en abril de 2020. En 2021, sufrió una derrota en la Corte Suprema, cuando la máxima instancia judicial brasileña anuló los fallos del ex juez contra el ex presidente Lula da Silva, por considerarlos teñidos de parcialidad. Eso permitió al ex presidente disputar hoy la carrera hacia el Palacio del Planalto.

Hasta el viernes, en los medios opositores al gobierno se pensaba que Moro había renunciado a la competencia. Es que él mismo había asegurado, el miércoles pasado, que desistía del “puesto” y que iría a afiliarse a la Unión Brasil para disputar un cargo de diputado. Como se reveló en la secuencia de hechos posteriores, nada estaba más lejos de la realidad. Pero así como entró en su nuevo partido con el objetivo “oculto” de reagrupar al centro y aparecer como candidato único de esa fuerza, deberá enfrentar los próximos días una fuertísima resistencia dentro de esa cofradía. Quienes lo confrontan no son niños de pecho. Entre ellos está Antonio Magalhaes Neto, que aspira a gobernar el estado de Bahía. Este político nordestino avisó a diestra y siniestra que impugnará la afiliación del ex juez. No le faltan razones, pues teme perder en esta movida el control del clan a manos de los “novatos”.

Si en el mes de julio se logra consolidar la conglomeración de partidos de centro y centroderecha detrás de una fórmula única, por primera vez en la historia pos dictadura de Brasil se habrá generado una alternativa distinta al conservadurismo, al menos en apariencia. Algunos creen que Moro tiene un superego, que lo imposibilita de llevar adelante esa misión. Otros analistas juzgan que “Moro se metió en un juego que no sabe jugar. Es como si se hubiera sentado en una mesa de póquer, donde Bolsonaro corta el mazo y Lula da las cartas”. Los próximos días dirán si la iniciativa, desde luego muy inteligente, tiene posibilidades de prosperar. 

 EG/CC

Un página que expuso el vínculo entre ONG que se presentan independientes y los proyectos políticos fue escrita en años recientes en Brasil por Transparencia Internacional y los fiscales del Lava Jato.

La entidad alemana cofundada en 1993 por el exfuncionario del Banco Mundial Peter Eigen y el exagente de inteligencia militar Michael Hershman otorgó el Premio Anticorrupción 2016 al principal procurador del Lava Jato,  Deltan Dallagnol, un abogado evangélico que se describe a sí mismo como “discípulo” o “soldado de Cristo”.

En junio de 2019, cuando el sitio brasileño The Intercept divulgó los mensajes de Telegram que demostraban como Dallagnol y el juez Sergio Moro habían pergeñado abusos y fabricado pruebas para investigar Lava Jato, ilegalidades que terminaron en la anulación de la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, Transparencia Internacional reaccionó a la defensiva. La ONG alemana se alineó de inmediato con Moro (entonces, ministro de Justicia de Jair Bosonaro) y Dallagnol, denunció la “indebida” divulgación de los mensajes, reclamó una investigación por la “manipulación” de los textos e hizo un pedido genérico para que se aclararan los intercambios entre el juez y el fiscal.

Había razones para una reacción tan inusual de la ONG apartidaria por excelencia, cuya filial argentina es Poder Ciudadano. Los mensajes de The Intercept demostraron que el delegado de Transparencia en Brasil, Bruno Brandao, tenía un trato cotidiano con el soldado Dallagnol. Coordinaban acciones, se pedían permiso para actuar y maquinaban negocios. En sórdida fraternidad, se juramentaban lealtad eterna vía smartphones al tiempo que se alertaban de no dar pasos en falso que pudieran alterar la imagen de independencia.

'Gostei mto da idea', tecleó Deltan

Dos años antes de la divulgación de los textos, en junio de 2017, Brandao propuso al fiscal crear una fundación anticorrupción que gerenciaría Transparencia Internacional con fondos recuperados de Petrobras. “Gostei mto da idea”, tecleó Deltan. Conocedor de leyes, el fiscal aclaró que participaría de la gestión, pero en secreto, porque su cargo le impediría asumir una empresa de ese tipo. Se mostraron pudorosos cuando dieron rienda suelta a la imaginación y llegaron a pensar donaciones mutuas.

Finalmente, el contubernio no cobró vuelo porque la entonces procuradora general de la República, Raquel Dodge, le bajó el pulgar. La cruzada ética de Moro, Dallagnol, Michel Temer,  Bolsonaro y la ONG de Eigen y Hershman comenzaba a mostrar los hilos. 

Transparencia Internacional no respondió un email de este diario para consultar sobre el caso.

SL

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva continúa a la cabeza en las intenciones de voto para las presidenciales de Brasil, con el doble de apoyos sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro, pero ambos pierden fuerza con el exjuez Sergio Moro, según una encuesta divulgada este miércoles.

Lula (2003-2010) lidera con el 46 % de los apoyos, seguido de Bolsonaro, que con apenas un 23 % de las intenciones de voto no consigue despegar en los sondeos, pero ambos porcentajes subirían al 48 % y 27 % de los favoritismos, respectivamente, sin la presencia de Moro.

Los datos son de la firma Genial/Quaest, que realizó una nueva encuesta presencial, entre el 2 y el 5 de diciembre, a 2.037 personas en todo el país, sondeo que cuenta con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 2 puntos porcentuales, hacia arriba o hacia abajo.

El exjuez, que puso tras las rejas a Lula y que dejó el magisterio para ser ministro de Justicia de Bolsonaro, con quien terminó enemistado, figura con un 10 % de las intenciones de voto.

Moro, quien se afilió el mes pasado al partido Podemos en un primer paso para disputar las elecciones presidenciales de octubre de 2022, es señalado por los analistas como el posible candidato de centro que puede romper la actual polarización en Brasil entre Bolsonaro, el líder de la ultraderecha que aspiraría a ser reelegido, y Lula, el histórico dirigente de izquierda, que lidera todos los sondeos.

De acuerdo con la encuesta, Lula sería el vencedor absoluto ante cualquier contrincante, pero solo obtendría el triunfo en segunda vuelta con el 55 % de los apoyos contra 31 % de Bolsonaro y con el 53 % de los votos contra el 29 % de Sergio Moro.

No ocurre lo mismo con el líder ultraderechista, que incluso sin la presencia del líder sindical sería derrotado por Moro, en una segunda vuelta, con el 31 % de las intenciones de voto, frente al 34 % de los favoritismos que obtendría el exministro.

El sondeo también incluyó como eventuales aspirantes al cargo más importante del país, al excandidato progresista Ciro Gomes, que se ubica en cuarto lugar con un 5 % de la intención de voto y a Joao Doria, actual Gobernador de Sao Paulo y precandidato del PSB, que le sigue en quinto lugar, con solo un 2 % de los apoyos.

En la sexta y séptima posición se ubican Rodrigo Pacheco, actual presidente del Senado, y el publicista Felipe Dávila, ambos con un 1 % de las intenciones, mientras que los votos blancos y nulos suman 7 % y los electores que no saben o no responden, 5 %.

CRM con información de la agencia EFE

Una jueza federal de Brasil rechazó por falta de nuevas pruebas y prescripción del presunto delito un pedido del Ministerio Público Federal para reabrir uno de los procesos de corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que fueron anulados por la Corte Suprema por considerar que el entonces magistrado Sergio Moro actuó de manera parcial contra el exmandatario.

La jueza Pollyanna Kelly Maciel Martins Alves rechazó abrir el proceso en el que se acusaba a Lula de haber recibido a modo de soborno una casa de campo en la ciudad paulista de Atibaia. Este proceso junto con el resto que pesaban sobre Lula o por los que había sido condenado a prisión fueron definitivamente anulados por la Corte Suprema en marzo pasado y se ordenó reiniciarlos en tribunales de Brasilia, la jurisdicción correcta, según la corte.

La Procuraduría de la República de la Primera región, el órgano del Ministerio Público Federal que actúa en Brasilia, se negó a comentar el rechazo de la jueza a su pedido bajo el argumento que aún no le ha sido comunicado oficialmente, según el portal de noticias G1.

La jueza, sin embargo, publicó su falló el sábado por la noche.

Según la denuncia original que el entonces juez y luego ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, habilitó para investigar, Lula recibió esa casa de campo de empresas supuestamente favorecidas con contratos irregulares con la estatal Petrobras, compañía que fue objeto de graves denuncias de corrupción desde 2014, muchas de ellas confirmadas.

Según la defensa de Lula, “ha quedado probado que no había causas mínimas” para procesar a su cliente y la decisión de la magistrada “entierra otro caso que había usado para perseguir al expresidente” e inhabilitarlo para “impedir” su candidatura para las elecciones de 2018, ganadas por el actual mandatario, Bolsonaro.

CRM con información de la agencia Télam

En una misma semana, dos nuevos focos empezaron a arder en la línea de fuego del Ejecutivo brasileño. Aunque inconexos entre sí, sólo apagará o aplacará la voracidad de uno y otro incendio una intervención acertada y personal de Jair Bolsonaro.  

El martes empezó a sesionar en Brasilia una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) puesta en funciones por el Senado, que escrutará y auditará qué fracasó en la gestión de la pandemia por el Gobierno. El jueves votan los once senadores que la integran (once varones blancos) una hoja de ruta. El lunes habían votado como relator a su par Renan Calheiros. Este experimentado senador, que representa al estado de Alagoas, anticipó el camino que tomarán en la CPI: marcharán, orientados por el humo maloliente que pareciera emanar de derroches y desvíos, hasta establecer en qué destino y por qué vías terminó el dinero girado a gobernadores y alcaldes como auxilio ante la federal la emergencia sanitaria. También fue por dinero que se encendió el segundo fuego que desde esta semana carcome en otro flanco el poder del Ejecutivo: el Ministerio de Medio ambiente se quedó sin fondos para fiscalizar la deforestación del Amazonas. El presidente brasileño incumplirá la promesa solemne que apenas dos semanas atrás había hecho por escrito a su colega norteamericano que lideraba en Washington la Cumbre de Líderes por el Clima, concurrida -a distancia- por otros tantos líderes de un total de cuarenta países.

Cada estado y municipio podía elegir qué medidas adoptar y de qué recursos dotarse para combatir y prevenir el Covid-19. Libremente, con la independencia de criterio que la Constitución de un Estado Federal les garantiza y por la que no deben rendir cuentas. Las normativas ordenadas y las compras encargadas difirieron de región a región, aunque una común ineficacia final las aúna en una costosa irrelevancia, incluso si políticas y políticos resultaron indemnes a la malversación, el despilfarro o la corrupción. Según expresó el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en su primer acto público, ya anunciada en un principio su inocencia plena por el relator del Supremo Tribunal Federal (STF), el todo es más que la suma de las partes: la ausencia de una coordinación única y jerárquica, de un gabinete central para la guerra a la pandemia, que trazara los lineamientos de un plan profiláctico y un programa de adquisición de vacunas y vacunación para todo Brasil, contribuyó a completar la mutilación de iniciativas estaduales y municipales. Políticas que habían nacido ya mutiladas, porque las decisiones imperativas que las expresaban se cortaban fatalmente tanto del optimismo sádico anti-cuarentena de Brasilia como del desconcierto de alarma o inmovilismo que signaban, a cada una por su lado, a gobernaciones y autoridades locales incluso en una misma región. El martes, el Consejo Nacional de Ministros Estaduales de Salud (CONASS), consignaba a las seis de la tarde 79.726 contagios y 3163 muertes en las últimas 24 horas.

Once hombres en pugna buscan remedio y auxilio antes que verdad y castigo

Expresamente, la CPI declara que no evaluará el acierto o el yerro de las sucesivas respuestas preferidas, sino que se concentrará en auditar el flujo de los fondos federales. En todo caso, podrá analizar comparativamente conductas y resultados, y formular propuestas de diseño novedoso y federal de políticas sanitarias y políticas económicas que sean a la vez saludables y ante represivas.

El lunes, la CPI eligió a su presidente. Es el senador Omar Aziz, que desde 2015 representa en la Cámara alta al estado de Amazonas, del que antes fue gobernador, el más castigado por el desborde del sistema hospitalario, la falta de camas y de tubos de oxígeno. Su partido es el Social Democrático (PSD), fundado en 2011, que ideológicamente no guarda nexo conceptual ninguno con la socialdemocracia. Es uno de los partidos pega-tudo, todo-vale, que conforman el Centrão, mayoritario en el Congreso. El término ‘Centrón’ denomina a ese núcleo aglutina a las formaciones partidarias mayoritarias de cada cámara del Congreso, y que es tan amplio, tan holgadamente numeroso, siempre está ahí ‘en el medio’. El término ‘centro’ no retiene aquí vínculo nocional ninguno con el ‘centrismo’ como posición política de exhibida equidistancia de derechas e izquierdas.

Los partidos del Centrón son liberales en temas económicos y conservadores en temas sociales. Son los mediadores, a los que el éxito casi nunca desahucia en sus negociaciones, entre las demandas cortoplacistas de sus electorados y los recursos escasos o avaros del Tesoro Nacional. No parece entender de un modo tan desemejante la oportunidad que el protagonismo como presidente de la CPI le brinda. Destacó el carácter propositivo que, a su manera de ver, tendrá esta CPI. “Será diferente de todas las CPI que vieron, ya verán”, dijo. Va a responder a las necesidades de la sociedad, es decir, del electorado, y aun de su electorado, porque en el primer boceto sobre la actuación de esta CPI ya quedó establecido que Amazonia debe recibir trato y atención prioritarias: “la sociedad -continúa- espera soluciones prácticas para la vacunación, falta de oxígeno, de kits hospitalarios, de medicamentos, de unidades de terapia intensiva, de insumos de bioseguridad para todos los trabajadores de la salud.”

Aziz sugirió que en la investigación senatorial que él preside “no buscan grandes culpables”. Porque no es eso lo que le importa a la sociedad. El partido de Aziz apoyó a Bolsonaro desde su candidatura presidencial (estos partidos pega-tudo como el PSD nunca presentan candidatos propios a la presidencia). Ganadas las elecciones de 2018, fue aliado automático del nuevo presidente en el Congreso.  En el último semestre, nadie dudará de que las mayorías legislativas enfriaron su entusiasmo por haber encontrado en el ex capitán del Ejército a un caudillo del orden contra la anarquía, tomaron distancia del Ejecutivo. Con prescindencia de las circunstanciadas causas y ocasiones, la calibrada lejanía conduce a la expectativa de que aumente la rentabilidad de cada demanda singular a Bolsonaro, al supeditar el prestarle el apoyo legislativo de los partidos ‘centrales’ a condiciones y contraprestaciones que han de pactarse vez a vez. Un apoyo que, a ningún actor o espectador político se le escapa ni lo olvida, nunca fue en la vida histórica de estas formaciones ni incondicional ni fanático del juego limpio.

El control de la deforestación murió en Brasilia y los árboles mueren de pie en Amazonia

El cercenamiento del presupuesto en el rubro de presencia estatal y registro y control de la deforestación amazónica resulta particularmente idóneo para el desprestigio de Bolsonaro, o la ratificación de su caricatura. Cuando le comunicaba a Joe Biden en carta abierta su conversión verde, ya sabía el súbito epistológrafo que la Ley de Presupuesto 2021, con la sanción tardía más sus propios vetos añadidos, iba a impedirle ni una sola acción que tornara su repentina profesión de fe ecológica menos inconvincente de lo que sonaba a priori. Ya al momento de documentar su compromiso, sabía que faltaría a él.

La CPI Pandemia investigará el dinero federal que se transfirió a estados y municipalidades que lo gastaron, y el Ministerio del Medio Ambiente reclama el dinero federal que no puede gastar porque no se lo transfirieron. Si no le llegará el importe del rubro de la fiscalización de la deforestación amazónica, se debe a que en su austeridad, el Presupuesto nacional de este año no contempla la asignación de ese recurso.

El abogado paulista Ricardo Salles es el ministro de Medio Ambiente. Su designación fue anunciada por Bolsonaro en 2018, cuando recién era presidente electo; es por ello uno de los funcionarios más antiguos de la administración, y su cartera en el Gabinete no cambió nunca de titular. Políticamente, Salles está a la derecha de Bolsonaro. En 2006 fundó el movimiento Endereita Brasil (MEB), cuyo nombre es un juego de palabras con ‘Enderezar a Brasil’ y ‘Hay que hacer que Brasil sea (todavía más) de derecha’. Fue varias veces candidato legislativo, por partidos nuevos y minoritarios,  todos liberales y libertarios; nunca triunfó. Su mayor antecedente de gestión fue con el gobernador paulistano Geraldo Alckmin, de quien fue secretario privado y después secretario de Medio Ambiente. Cuando empezó a trabajar con este político del PSDB (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), los medios calificaron a Salles como un defensor de la dictadura militar.

Aunque fue favorable a la concesión de licencias ambientales automáticas para el agronegocio, sin embargo disintió con Bolsonaro al estar en contra de que Brasil se retirara del Acuerdo de París sobre el cambio climático. En lo que coincidió con el presidente fue en comunicarse por carta, y dirigió una al Ministerio de Economía reclamando, o añorando, aquellos fondos de los que su fue privado. Su par Paulo Guedes le respondió que el dinero no estaba en Economía, y que para presentar un reclamo fundado, antes habría que modificar la Ley de presupuesto, que tanto tiempo llevó tramitar y sancionar (fue un récord de atraso en la historia brasileña). Parece poco probable que Salles inicie un reclamo alegando los derechos imprescriptibles del pulmón planetario o denunciando el ecocidio a que esta pérdida conduce. Es posible, en cambio, que busque financiación exterior, internacional, nacional o privada. Es posible que esta vez, Bolsonaro no se oponga, como se opuso desde siempre, recibir donaciones para pagar equipos y salarios de la fiscalización. En esto coincide con el pueblo de Brasil, que sospecha como colonialista e imperialista en la Amazonia de toda presencia institucional o empresaria extranjera, especialmente si es europea o norteamericana. Es posible que finalmente el fondo de 20 mil millones de dólares que Biden había erigido para dirigir al Amazonas, llegue a destino, con silencio pero no rechazo estatal.

Al gobierno brasileño, la Amazonia no lo desvela. Tampoco parece interesarle mayoritariamente ‘a la sociedad’, según la considera Aziz,  el presidente de la CPI Pandemia. La cual, si pudiera, estaría de acuerdo en más hondos recortes a los presupuestos ministeriales, y recibir nuevos ingresos familiares de emergencia. O vacunas, en un momento en que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) desaprobó a la rusa Sputnik-V por considerar deficiente la información que sobre ella se cuenta.

La derecha conservadora del Congreso ganó poder y está fijando la agenda política de Brasil

Al pueblo tampoco le importa nada un impeachment contra Bolsonaro, y antes bien, lo apoyaría al presidente si buscaran voltearlo en el Congreso, opina contundente Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, representante de Alagoas por el Progresismo (PP). Este es otro de esos partidos-valija oportunistas cuyos nombres no reflejan su doctrina. El PP no es progresista (es liberal en temas económicos, y nacionalista en área social), está alineado con ese ‘Centro’ del Congreso que tampoco es centrista. Si Lula tuviera la mala idea (que, evidentemente, no ha tenido) de convocar al Partido de los Trabajadores (PT) a una manifestación pro-impeachment, los actos pro-Bolsonaro serían más concurridos, razona. De los más de 120 pedidos de impeachment contra el presidente brasileño, que al presidente de Diputados toca examinar en primer lugar, Lira declaró que el 95% carece de cualquier sustento de hecho o derecho y no debería haber sido presentado jamás. El resto de las denuncias narran y argumentan con mayor solvencia, y contienen elementos de mucho valor, sin llegar a cimentar y conectar indicios lo suficientemente graves y consistentes como para iniciar un proceso.

Más lejos que el diputado Lira fue el senador Calheiros, elegido por sus pares relator de la CPI Pandemia. A sus 65 años, hoy es el líder de la mayoría en la Cámara alta y en 2016 era el presidente del Senado que sentenció a Dilma Rousseff en el proceso de impeachment armado para destituir a la ex presidenta petista, entonces en ejercicio del cargo. Como también hizo el senador Aziz, hoy presidente de esta CPI Pandemia, Calheiros votó a favor de la destitución. Su partido es el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), aquel que con más fichas de afiliaciones cuenta en el país, y aquel cuyas plataformas y manifiestos electorales más se abstienen de cualquier precisión que conduzca a opciones o alternativas irreconciliables. Esta prudencia lo ha favorecido al partido para ofrecerse como colaborador incontrastable a cada oficialismo.

Del MDB era Michel Temer, el vice de Dilma, que la sucedió en la presidencia después de que ella fuera destituida. El Partido se alineó con Bolsonaro. Ahora se ha acercado nuevamente al PT, al que acompañó durante dos mandatos de Lula y uno y medio de Dilma. Se aproximó, personalmente, a Lula. Y a uno con el otro los dejó cerca la decisión final del Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmó la parcialidad del ex juez federal Sérgio Moro en los procesos que llevó adelante contra Lula en el marco del operativo anticorrupción Lava Jato. Calheiros sigue siendo investigado en el STF por corrupción y cohecho pasivo, en especial en el caso de coimas pagadas por la empresa contratista del Estado. Al mismo STF acudieron los senadores Eduardo Girão (Podemos),  Jorginho Mello (Partido Liberal, PL) y Marcos Rogério (Demócratas, DEM) para reclamar la exclusión de  Calheiros de la CPI. Esta Comisión dio a conocer su misión de investigar qué hechos de corrupción o desvíos de fondos ocurrieron entre el Estado Federal y los 26 estados y 5570 municipios. Renan Filho, hijo del senador Calheiros, es el actual gobernador de Alagoas. Quienes piden la exclusión de la CPI, alegan el conflicto de intereses que lo atraparía  al senador apenas se conjeturara la comisión de  alguno de estos fraudes en aquel pequeño estado nordestino, podría surgir un conflicto de intereses para el padre que priorizaría proteger a su hijo. Al relator correspondió fijar el proyecto de hoja de ruta.

Al hablar el martes en la primera conferencia de prensa colectiva de la CPI, el relator Calheiros envió un mensaje apenas encubierto a Lula y a la ciudadanía. Dijo que la CPI no hará lawfare. Que su acción avanzará sólo sobre “pruebas efectivas”. Que no procesará por “convencimiento íntimo” (como hizo Sérgio Moro, el ex juez federal de Curitiba) y que no “considerará que un powerpoint que yo me inventé sea la prueba de la culpabilidad de nadie” (como había hecho Deltan Dallagnol, el fiscal de Lava Jato en Curitiba, que en un alegato había dado por demostrada la protagónica culpabilidad del ex presidente petista con un esquemático diagrama de power point en el que todas las flechas apuntaban a Lula, porque ¿por dónde pasarían si no?).

Esta camaradería cómplice viene de boca del hombre que cinco años atrás no vaciló en guiar la sentencia condenatoria en un juicio de destitución contra Dilma en el cual el único crimen del que la presidenta estaba acusada eran desprolijidades groseras en los libros contables del balance anual del Estado. Este es un hombre del que se dice que su prontuario “es la envidia (del cartel narco) Primer Comando Capital”. Es uno de los políticos más hábiles de Brasil. Su partido, el MDB, es el que más afiliados tiene, el que más intendentes y concejales tiene, el que tiene mayor representación en el Senado federal, el que más coimas habría recibido de Odebrecht. Está pensando en revertir alianzas. Pocos miradores con mejor perspectiva que la CPI para tomar esa decisión. 

Resulta imposible imaginar una decisión judicial más incontaminadamente respetuosa de los hechos consumados, más meticulosamente reacia a innovar, que aquella que el jueves votó la mayoría del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) y que mantenía libre de toda culpa a Luis Inázio Lula da Silva. En su economía de recursos, bastó a los siete ministros una limpia argumentación procesal, sin extraviarse jamás en sopesar la inocencia del ex presidente en las cuatro causas tramitadas en su contra o en valorar la justicia de las condenas del juez federal Sérgio Moro, para decidir su voto. Los procesos por presunta corrupción quedaron para siempre anulados como si nunca hubieran existido y lo actuado en los tribunales de Curitiba será remitido a los de Brasilia para que algún magistrado federal decida qué hace -si decide hacer algo- con el material reunido durante la instrucción de los juicios contra Lula.

Básicamente, el jueves 15 la mayoría del plenario había votado para confirmar una incompetencia y una semana después, en el mismo juicio, el jueves 22 votó para confirmar una competencia.

Confirmado: Moro es incompetente

La incompetencia había sido dictaminada el 8 de marzo en una decisión ‘monocrática’ por el juez Luiz Edson Fachin, ministro del STF, y relator del caso de un habeas corpus presentado por la defensa de Lula al que el Tribunal había hecho lugar. Fachin había establecido la incompetencia del juez Sérgio Moro y del Juzgado 13 de la Subsección judicial de Curitiba para procesar y juzgar las acciones penales 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en la costa paulista), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (terreno en Atibaia, localidad también paulista), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede del Instituto Lula) y 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (donaciones al Instituto Lula).

Para procesarlo a Lula, Moro había fundado su competencia extraterritorial (el reo era un ex presidente -en principio, su juez natural estaría en Brasilia- y los hechos presuntamente delictivos habían ocurrido en otro estado -su juez natural estaría en San Pablo-) en una cuestión de orden decidida en 2015 por el STF que atribuía competencia al Juzgado Federal de Curitiba en todos aquellos casos que en el marco de la operación Lava Jato presentaran vinculación con Petrobras. Ahora bien, como reclamó desde 2016 la defensa de Lula, como admitió Fachin al hacer lugar a su habeas corpus, como votó el jueves el plenario del STF, en ninguna de las cuatro causas hay nexo ninguno entre los delitos imputados y la petrolera estatal.

El juez Fachin anuló los cuatro procesos iniciados contra Lula. Anuló todo lo actuado penalmente, incluso la recepción de denuncias: en los dos juicios que implican al Instituto Lula, no había condenas, sólo se había hecho lugar a denuncias. Pero no declaró inválidos o viciados los resultados obtenidos por la investigación de Moro, sobre cuya relevancia o valor probatorio no se pronunció, ni tampoco lo hizo en su confirmación el plenario del ST. Fachin proponía enviar ese material a quienes serían, esta vez sí, jueces naturales de Lula, en los tribunales federales de Brasilia, para que decidan si abrir o no procesos penales contra el ex presidente. El ministro Alexandre de Moraes, que había ratificado la decisión de Fachin, disiente en que el destino de los materiales recabados en Curitiba sea Brasilia, y sostiene que debe ser San Pablo, el lugar de los hechos. El jueves 22 se votó la cuestión, y por mayoría se decidió confirmar la decisión monocrática de Fachin y la la competencia de los tribunales de Brasilia.

Confirmado: Moro nunca fue imparcial

La cuestión más relevante que debía decidir el jueves el plenario era la de si confirmar o no un fallo fallo posterior al ‘monocrático’ de Fachin, y este ‘colegiado’, de la Sala II del STF,  que, en un voto dividido 3-2, haciendo lugar a otro habeas corpus de la defensa de Lula, había decidido que era legítimo el temor o sospecha de parcialidad del juez Moro en el caso del tríplex de Guarujá, proceso que sí había llevado a una condena, y que mantuvo al ex presidente por 580 días prisionero en la cárcel. Por un voto, ganó la posición concorde con la defensa, y los jueces Gilmar Mendes, Nunes Marques y Cármen Lúcia (que determinó la victoria rectificando su primera decisión negativa), concluyeron que sí, que como denunciaba y reclamaba el defensor Cristiano Zanin Martins, el juez Moro se había orientado según los objetivos políticos que perseguía al procesar, investigar y sentenciar a Lula. Por lo tanto, todos los materiales probatorios obtenidos en el curso de una causa así armada quedaban viciados por efecto de la parcialidad del juez, y eran inutilizables.

El plenario no podía reconsiderar lo decidido por la Sala, porque esta es instancia última. Pero podía decidir, según recomendaba el juez Fachin, que la confirmación de la incompetencia de Moro, pedida por el habeas corpus 193726 sería la decisión judicial eficaz, que vaciaría de objeto procesal al habeas corpus 164493, y a otros 13 más presentados por la defensa, porque, anulados los procesos, eran como si nunca hubieran existido: ¿cómo evaluar la imparcialidad de un juez en un proceso inexistente?

La propuesta de Fachin preservaría intacta, de momento, la inocencia de Lula. Pero sería una verdadera salvación para Moro y el Lava Jato. Porque la anulación de la apertura de las causas penales en Curitiba y de las condenas en primera y segunda instancia no implicaba la invalidación de lo obrado en el proceso ni la depreciación de las pruebas alegadas. Si se vaciaba de objeto procesal a este habeas corpus, Lula volvía a la inocencia y Moro a la imparcialidad: caía la condena y caía la sospecha. Más todavía, la imparcialidad del juez revalidaría su juicio, y dejaría intacta la cuestión de fondo: según un razonamiento hipotético, más político que jurídico, si Lula hubiera estado dentro de la jurisdicción, la condena estaría firme. Y para la opinión pública que había hecho del Lava Jato su bandera y su religión cívica, Moro sería culpable de un error burocrático, y el ‘bandido’ Lula culpable de corrupción, y habría escapado de cárcel y condena gracias a una artificiosa estratagema leguleya.

Inválidos los procesos, inválidas las condenas, pero todavía válidas las pruebas de Moro, si la incompetencia absorbía y ahuecaba a la parcialidad. En el más pesimista de los escenarios, un magistrado en Brasilia, sorteado entre los dos juzgados federales especializados en corrupción y lavado, el 10° y el 12°, podría recibir el expediente de Curitiba, iniciar el juicio, copiar-y-pegar las pruebas, escuchar a la defensa, y condenar él en tiempo récord a Lula.

Una mayoría de siete votos llegó a decidir la cuestión el jueves, antes de que el ministro Marco Aurélio Mello pidiera el expediente, con lo que se interrumpió una sesión del plenario del STF que se había anunciado como última, definitiva y final en el caso Lula/Moro. La decisión fue también conservadora, porque lo que los jueces votaron fue la confirmación de la competencia de la Sala II para hacer lugar al habeas corpus que pedía la anulación de los procesos por la sospecha de parcialidad del juez Moro. En nada innovaron los jueces de la mayoría. Confirmaron la incompetencia de Moro, dictaminada por Fachin, y confirmaron la competencia de la Sala II para decidir la parcialidad de Moro, con que ésta en consecuencia quedó establecida.

Moro, según determinaron las decisiones monocrática y colegiada que la mayoría del plenario del STF se limitó a mantener, fue incompetente y fue parcial. La parcialidad inutiliza las pruebas, por lo cual si un juez federal en el Distrito Federal de Brasilia, en el centro del país, buscara procesar a Lula, debería instruir una causa deshabitada de mobiliario e instrumentos mudados desde el sureño estado de Paraná, donde está Curitiba.

La Sala II había reconocido la parcialidad de Moro en uno de los cuatro procesos, el del tríplex de la ciudad balnearia de los sectores populares paulistas. La jurisprudencia invitará a extender esa parcialidad a los otros tres procesos, simultáneos, con un mismo juez y un mismo reo, y habilitados todos en Curitiba invocando la vinculación de los cuatro con una misma fuente de corrupción estatal, Petrobras. Aunque la victoria de Lula en las presidenciales del 2 de octubre de 2022 sea menos inexorable de lo que ahora enfatizan los sondeos, su candidatura encabezando la fórmula del Partido de los Trabajadores (PT) ya no tiene obstáculo alguno por delante para lanzarse a la carrera.

El Lava Jato no tenía futuro: ahora tampoco va a tener pasado

Los efectos de la doble confirmación del STF exceden a las figuras invertidas una y otra vez del héroe y del bandido, y ganan amplitud y atingencia nacionales. El perdedor es Moro, el ganador es Lula, pero ni es el único ganador, ni su ganancia es desproporcionadamente mayor en comparación con otros, más discretos beneficiados y agradecidos. También gana Bolsonaro, y también ganan los partidos oportunistas y centristas que hoy dominan en el Congreso. El derrumbe de Moro arrastrará el del Lava Jato: la megaonfensiva anti-corrupción, que no tenía futuro, ahora tampoco tendrá pasado, la cruzada moralizadora será vaciada retrospectivamente de sentido, los procesado y condenados alegarán que se reconsidere en cada una de sus condenas si no obró también una cuota sospechosa de sesgo político de parte del juez de quien ya se ha establecido, en los juicios de mayor perfil que llevó adelante, que era incompetente y parcial.

En Brasil, el progreso es un lujo que el orden sabe que hay que pagar al contado. Antes que sinergia o matrimonio igualitario, Ordem e Progresso, divisa positivista de Auguste Comte que adoptó para la bandera la República militar y masónica creada en 1889, es jerarquía y subordinación del segundo término al primero. No ha desgastado este lema su inexplicable idoneidad centenaria para explicar muchas conductas colectivas brasileñas, sean en 2018 del entero electorado nacional, sean ahora de los 11 jueces del (STF).

Si la rehabilitación de Lula cambió el panorama electoral brasileño, la votación de su inocencia revolucionó y desequilibró para siempre al STF. Los lavajatistas fueron derrotados, su predicamento disminuido, sus opiniones desoídas a pesar de que fueron quienes, como el ministro Luís Roberto Barroso, más alzaron la voz el jueves. Barroso faltó a la verdad al decir que eran un fraude los mensajes intercambiados por Telegram entre Moro y los fiscales, donde todos conspiran para la condena de los reos: los mensajes, hackeados, son auténticos. El ministro Ricardo Lewandowski defendió la legalidad de incorporar las conversaciones interceptadas a un expediente judicial. La sesión del plenario terminó a los gritos.

En cambio, ha crecido una figura antes marginal, antes aislada en su combate contra el lawfare. Demostró ser capaz de aconsejar a quien lo pedía y persuadir a quien no, en estas decisiones decisivas. En la cuestión de la competencia de Brasilia como sede del juzgado federal natural para Lula y en la cuestión de la competencia de la Sala II del STF para hacer lugar al habeas corpus que denunciaba la parcialidad de Moro, sus opiniones, sólida y sosegadamente argumentadas. De redacción tersa, fueron seguidas por los colegas que votaron por la afirmativa. El solitario que había sido el primero en dudar de la integridad jurídica y legitimidad procedimental de la ‘República de Curitiba’, es ahora ideólogo y líder de la nueva doctrina dominante.  

Por tercera sesión consecutiva, en tres jueves seguidos, el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tratará este jueves en Brasilia las últimas cuestiones sobre las que debe decidir relacionadas con Luiz Inácio Lula da Silva en la desarticulada operación judicial Lava Jato y en especial con la actuación del juez federal de Curitiba Sérgio Moro en los cuatro procesos que abrió contra el expresidente y en las condenas en que concluyó.

El juicio continuará con la discusión del 14 de abril y los jueces del STF decidirán si los expedientes de los procesos contra Lula, tramitados por Moro, deben remitirse al Tribunal Federal de Sao Paulo o al Distrito Federal (DF). El último jueves, por 8 contra 3 votos, habían decidido que el décimo tercer Tribunal Federal de la sureña ciudad de Curitiba resultaba incompetente para juzgar al fundador del Partido de los Trabajadores (PT), como había adelantado en su dictamen el relator del caso, juez Luiz Edson Fachin. Votaron a favor de la incompetencia de Moro: el juez, sentenciaron, cometió un error burocrático, de forma, al iniciar esos procesos en su jurisdicción, que no correspondía a estos casos.

Según Fachin, el exgobernante debe ser juzgado por el Tribunal Federal del Distrito Federal (Brasilia). Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes discrepó en este punto porque cree que los procesos de Lula deben permanecer en la Justicia Federal de Sao Paulo. Ahora, los ministros definirán el destino de los cuatro procesos.

Por ese voto del pasado jueves, el exjefe de Estado recuperó sus derechos políticos y podría participar en la carrera por el poder en las elecciones presidenciales de octubre de 2022 como candidato del PT y rival de Jair Bolsonaro, que busca su reelección. Hoy, el actual presidente convocó a una manifestación para exigir el impeachment de los ministros del STF que rehabilitaron a Lula políticamente y cuestionaron a Moro, que fue el primer ministro de Justicia de su presidencia.

A la cuestión de forma zanjada el jueves se suma hoy una de fondo. Este último punto se relaciona con la sospecha de parcialidad del exjuez Sérgio Moro. Como efecto, el pleno puede confirmar o revocar el fallo de la Segunda sala, que ya consideró arbitrario a Moro en los procesos contra el exdirigente obrero. Los 11 jueces de la corte superior dirán si los 14 recursos del expresidente pierden fundamento tras la decisión del colegiado sobre la incompetencia del juzgado de Curitiba.

En apariencia, según fuentes judiciales y periodísticas, el plenario va a mantener la incompetencia de Moro (el juez cometió un error burocrático, de forma), que es el fallo de Fachin que confirmaron con la votación del jueves pasado. Pero en el plenario podrían dar vuelta, de manera directa, o vaciándolo de objeto procesal, al decidir que la incompetencia lo vuelve abstracto, el fallo de Sala II del mismo STF sobre la parcialidad del magistrado.

En el peor de los escenarios posibles, decidirían que en la cuestión de fondo, el juez Moro fue imparcial: si Lula hubiera estado dentro de su jurisdicción, la condena estaría firme, entonces. 

Con lo que Lula sigue siendo inocente, pero le podrían abrir en Brasilia o San Pablo (dónde, lo votan hoy) los procesos que Moro erróneamente tramitó en Curitiba. Es decir, sería inválido el proceso, inválida la condena, pero no inválidas las pruebas de Moro. En el peor de los escenarios imaginables para Lula, el juez sorteado en sede ahora sí competente podría recibir el expediente de Curitiba, iniciar el juicio, dar por buenas las pruebas, escuchar a la defensa, y condenar él en tiempo récord a Lula. Siempre y cuando los delitos o la acción penal no hayan prescrito.

La decisión de hoy es clave para Lula y clave para la política brasileña del año y medio que falta para el 2 de octubre de 2022.

Con información de agencias.

Con horas de diferencia, un voto unánime de los 9 miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) absolvió el miércoles a la expresidenta Dilma Rousseff de la acusación (e incluso de cualquier sospecha) de corrupción en la compra con sobreprecio de una refinería en EEUU por Petrobrás y un voto abrumadoramente mayoritario (8-3) del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó el jueves la incompetencia del juez Sérgio Moro para procesar (y por tanto para investigar y mucho más para condenar) al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la compra de un tríplex en la playa paulista de Guarujá y otras operaciones crematísticas de todavía menor monta. Este mismo jueves, una vez más, Lula, como lo había expresado apenas había sido conocida la decisión liminar del juez Luiz Edson Fachin que el lunes 8 de marzo lo restituyó a la inocencia, ahora reconfirmada en colegiado, declaró entrevistado por el canal de noticias argentino C5N que estaba dispuesto a dar batalla. Y, lo dejó en claro Lula, decidido a enfrentar como candidato del PT a Jair Bolsonaro que buscará su reelección el 2 de octubre de 2022. Según una encuesta de Poder Data publicada el viernes, en un balotaje el 34% votaría por el actual presidente, vencido por el 52% que preferiría al petista.

La asociación ilícita que no fue y una primera absolución conjunta

En 2019, Dilma Rousseff y Luis Inázio Lula da Silva habían sido absueltos juntos en un proceso iniciado contra ambos en 2017, cuando el fiscal general Rodrigo Janot los había acusado de integrar una ‘asociación ilícita’ desde 2002 a 2016 para desviar fondos de Petrobras y otras empresas públicas y recaudar sobornos por 1480 millones de reales de empresas contratistas del Estado como Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y UTC para financiar las campañas del PT. El miércoles 4 de diciembre, dos meses después de que los propios fiscales Raquel Dodge y Augusto Aras, sucesores de Janot, solicitaran la absolución sumaria por no existir los “elementos configuradores” del delito, el magistrado Marcus Vinicius Reis Bastos, del Juzgado Federal N°12 de Brasilia dictó la sentencia absolutoria de los dos ex presidentes, y también de dos ex ministros de Economía, Antonio Palocci y Guido Mantega, y del extesorero del PT, João Vaccari Neto. Además de coincidir en su fallo con el ministerio público sobre la ausencia de pruebas siquiera lejanamente incriminatorias para encausar al quinteto que había sido llamado quadrilhão do PT, el juez concluyó que la acusación había sido guiada por el propósito de “criminalizar la actividad política”.

Este miércoles y este jueves, al primer presidente obrero y a la primera mujer presidente de Brasil la inocencia les llegó sincrónica pero diversa, por separado y en decisiones plenarias de órganos jurisdiccionales máximos correspondientes a distintos Poderes del Estado. Sin que por ello ni de la acordada unánime del TCU ni de la sentencia irrefragablemente mayoritaria del STF resulte ilegítimo inferir como corolario aquella conclusión que en 2019 había sido explícita en la absolución conjunta del juez federal de Brasilia.    

El proceder leal y la buena fe de Dilma Rousseff

El proceso al cual el TCU puso fin el miércoles con la absolución unánime de Dilma se remonta hechos de muy antigua data. A 2006, a los tiempos en que Rousseff era Jefa de Gabinete en la primera presidencia de Lula y presidía el Consejo de Administración de Petrobras. El asunto sobre el que fallaron los nueve magistrados del TCU concernía a la compra de una refinería en Pasadena (EEUU) por Petrobras en casi 1.200 millones de dólares. A fines de 2006, Petrobras hizo un primer pago de 360 millones de dólares por la refinería a la empresa belga Astra Oil, que un año antes la había comprado por 42,5 millones. Faltaba un pago aún mayor. Aun cuando Dilma presidió las sesiones del Consejo de Administración de Petrobras en las que se aprobó la compra, aun cuando el segundo pago se hizo en 2012, siendo ella presidenta, administradores de la petrolera estatal y técnicos a cargo de la operación habían escamoteado datos poco conspicuos aunque fundamentales, de modo de oscurecer el seguro perjuicio para la empresa y el presunto beneficio para determinados negociadores. La compra de la refinería fue investigada en el marco de la operación Lava Jato, pero los fiscales no encontraron pruebas o indicios que apuntaran contra Dilma. El STF y la Procuraduría General de la República (PGR) archivaron dos pedidos de investigación contra la ex presidenta en este caso.

Sin mérito ninguno para seguirle un proceso en sede judicial federal penal, sin embargo esa falta de mérito no le eximió de ser procesada por el TCU. Este Tribunal audita la legalidad, legitimidad y razonabilidad económica de los gestos del Estado, e investiga malversación y corrupción. Puede juzgar por su gestión y sancionar con multas a los funcionarios públicos. Sus nueve auditores-ministros son vitalicios y tienen la misma jerarquía que los 33 ministros del Tribunal Superior de Justicia (STJ). El nombre del TCU es engañoso, porque, a diferencia del STJ y del STF, no integra el Poder Judicial, sino que es un órgano administrativamente encuadrado en el Legislativo, al que asesora sin quedar subordinado, porque es independiente como el Ministerio Público de la Unión (MPU).

De un primer proceso abierto por el TCU fue absuelta en 2014. En 2017 le abrieron uno nuevo -las acordadas del TCU no hacen ‘cosa juzgada’-, aquel en el que fue absuelta el miércoles con su ministro de Economía Palocci. Resultaron condenados, por el perjuicio causado a Petrobras, el ex-presidente de la petrolera estatal José Sérgio Gabrielli, y los ex directores Paulo Roberto Costa y Nestor Cerveró, ambos ‘delatores premiados’ en el Lava Jato, a pagar multas de 110 millones de reales y a ocho años de inhabilitación para la función pública.

El texto del ministro Vital do Rêgo, relator del caso, que fue aprobado y votado en forma unánime por los nueve ministros del TCU, señala que no hubo muestra ni señal alguna de “mala fe” por parte de la expresidenta Rousseff, ni en lo que toca específicamente al pago por la compra de la refinería de Pasadena, ni en ninguna otra de las acciones de la acusada referidas en el proceso. Con este proceder (que hay que calificar de buena fe) contrasta “fuera de toda proporción” el proceder de “aquellos que obraron con deslealtad” al erario público y a la empresa patria. Si no había signos ningunos de mala fe en Dilma, y si las conductas de leales y desleales eran tan desproporcionadamente distintas e incomparables, ¿por qué se retuvo la imputación, y por qué se la imputó en primer lugar? Parece simplista pero inevitable responder con la conjetura que en 2019 formuló el juez de Brasilia que absolvió a Dilma junto a Lula del cargo de asociación ilícita.

Sérgio Moro, las incompetencias del magistrado y las parcialidades del cruzado de la causa

La votación que en el plenario del STF reconfirmó el jueves por 8 contra 3 votos la restauración de Lula en su prístina inocencia originaria anterior a los procesos abiertos en 2016 no significó cambio ni judicial ni jurídico en la situación de elegibilidad que ya había recuperado el expresidente que aspira a ser nuevamente el candidato presidencial triunfante del PT. Pero sí significó una garantía ya irreversible para su carrera política: ningún curso de acción le está vedado, y él abraza decidido los más ambiciosos. Es inocente a secas -ni siquiera presunto inocente, porque ya no está procesado-: no hay un status personal superior a la inocencia. Conceptualmente, sin embargo, la imagen y la historia (y aun leyenda) pueden mejorar mucho en el corto plazo. En cambio, para empeorar hacen falta plazos cada vez más largos, que restan margen al inicio de daño o deterioro.

El jueves, el plenario del STF votó para rechazar un recurso reglamentario de la PGR contra un habeas corpus presentado el 3 de noviembre por la defensa del ex presidente Lula y para así confirmar la decisión ‘monocrática’ liminar del ministro Luiz Edson Fachin del 8 de marzo, en la que el relator del ‘caso Lula’ en el Supremo Tribunal había hecho lugar al pedido de los defensores. Fachin declaraba nulos los cuatro procesos  abiertos contra el ex presidente en el Juzgado Federal N°13 de Curitiba (estado de Paraná) porque su titular, Sérgio Moro, no era el juez natural y competente para iniciarlos y tramitarlos. Había sido violado el derecho de todo reo al debido proceso, al ser juzgado y condenado Lula por un juez incompetente. Moro había fundado su competencia extraterritorial (el reo era un ex presidente –en principio, correspondería Brasilia- y los hechos presuntamente delictivos habían ocurrido en otro estado –correspondería San Pablo-) para procesar a Lula en una cuestión de orden decidida en 2015 por el STF que atribuía competencia al Juzgado Federal de Curitiba en todos aquellos casos que en el marco de la operación Lava Jato presentaran vinculación con Petrobras. Ahora bien, como reclamó desde 2016 la defensa de Lula, como admitió Fachin al hacer lugar a su habeas corpus, como votó el jueves el plenario del STF, en ninguna de las cuatro causas hay nexo ninguno entre los delitos imputados y la petrolera estatal.

El juez Fachin anuló los cuatro procesos iniciados contra Lula: por un tríplex en el balneario paulista de Guarujá, por un terreno en Atibaia, paraje también paulista, y dos acciones penales referidas a fondos del Instituto Lula. Anuló todo lo actuado penalmente, incluso la recepción de denuncias: en los dos juicios que implican al Instituto Lula, no había condenas, sólo se había hecho lugar a denuncias. Pero no declaró inválidos o viciados los resultados obtenidos por la investigación de Moro, sobre cuya relevancia o valor probatorio no se pronunció, ni tampoco lo hizo en su confirmación el plenario del ST. Fachin propone enviar ese material a quienes serían, esta vez sí, jueces naturales de Lula, en los tribunales federales de Brasilia, para que decidan si abrir o no procesos penales contra el ex presidente. El ministro Alexandre de Moraes, que ratificó la decisión de Fachin, disiente en que el destino de los materiales recabados en Curitiba sea Brasilia, y sostiene que debe ser San Pablo, el lugar de los hechos. Para decidir esta cuestión se reunirá el plenario del STF el jueves 22. Entretanto, otro reloj corre: el de la prescripción de la acción penal. Una vez decidido si es Brasilia o San Pablo, una vez sorteado a qué juzgado federal corresponde recibir escuchas y otros frutos de la investigación de Moro, una vez que estudiado esto algún magistrado decida que hay indicios bastantes para iniciarle un nuevo proceso a Lula, es posible que los delitos que se le imputen ya hayan prescrito.

La decisión de Fachin de remitir los materiales que reunió el juez incompetente a un nuevo juez competente sufrió una severa restricción desde la primera semana de marzo. Porque la segunda sala del STF, en un voto dividido 3-3, haciendo lugar a otro habeas corpus de la defensa de Lula, había decidido que era legítimo el temor o sospecha de parcialidad del juez Moro en el caso del tríplex de Guarujá, proceso que sí había llevado a una condena, y que mantuvo al ex presidente por 580 días prisionero en la cárcel. El voto mayoritario concluyó que Moro había actuado con motivación política al encausar, investigar y sentenciar a Lula. Por lo tanto, todos los materiales probatorios obtenidos en el curso del proceso quedan viciados por la parcialidad del juez, y son inutilizables. El plenario del STF debe decidir, todavía, si la incompetencia en los cuatro procesos, ya confirmada, hace perder objeto procesal a la cuestión de la parcialidad. La Segunda Sala había decidido que no. Si la sospecha de parcialidad en un proceso contaminara a los otros con el mismo reo, ya todo lo investigado en Curitiba sería de insalvable inutilidad.

El candor de la inocencia de Luiz Inácio Lula da Silva

Un círculo parece cerrarse. La bandida del impeachment que esta semana cumple cinco años fue reivindicada por un Tribunal encuadrado en el Legislativo que la destituyó en 2016, y el bandido perseguido por corrupción vuelve a ser adalid de las batallas que quiere librar y el héroe de entonces es hoy un villano sin uso. Entretanto, en Brasil mueren 3000 personas por día de Covid-19, ha habido 350 mil muertos y hay 13 millones de infectados, para 211 millones de habitantes había 40,7 millones de dosis de CoronaVac (una vacuna china que disminuye un 50% las posibilidades de infectarnos), Dilma no ha salido ni un día de su casa en Porto Alegre desde que empezó la pandemia, y Lula tendrá 77 años en octubre de 2022.

El mocinho héroe ahora es bandido, y o bandido ahora es el héroe. Lula ha resultado inocente y Moro declarado culpable. En una decisión histórica, la máxima autoridad de la Justicia de Brasil invirtió la polarización sobre la que Jair Bolsonaro había montado su campaña para ganar las presidenciales de 2018. El sello de la garantía judicial cambió de campo. Pero no se vuelve al primer casillero: porque ahora los tribunales determinaron que el héroe septuagenario fue la víctima de la injusticia del bandido cuarentón, como los adultos mayores lo son ahora del gobierno brasileño en tiempos de Covid-19.

Los caminos de la libertad

En fallo dividido pero de nítido saldo -rico en razonamientos y razones sustantivas en el voto de la mayoría-, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) sentenció que el ex juez federal Sérgio Moro había sido guiado por su parcialidad y por la busca excluyente de satisfacer objetivos antes por él prefijados al procesar, hacer investigar y condenar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tres ministros sobre cinco de la segunda sala encontraron que el magistrado que había sido la figura de mayor perfil en la operación judicial anti-corrupción Lava Jato había sido una de las más íntimamente corruptas. Los tres coinciden básicamente en que falta todo elemento que pudiera alegarse para desmentir esta sinopsis del obrar del juez de Curitiba: Moro había dado lugar en su jurisdicción a denuncias y abierto causas para cuyo procesamiento era incompetente y de las que no era juez natural, había sido juez y parte al guiar la investigación, había prejuzgado al reo y anticipado su sentencia al ministerio público, había violado las reglas del debido proceso y había avasallado el derecho de legítima defensa al aniquilar la “paridad de armas” entre fiscales y defensores.

Para los ministros que concluyeron la parcialidad de Moro después del examen de su proceder, los diálogos del magistrado con el Ministerio Público, conocidos por unas escuchas (o clandestinas, o bajo secreto pero clandestinamente obtenidas) difundidas por The Intercept Brasil, confirmaron -más que propiamente revelaron por su pobre contenido- un patrón de conducta. El juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol parecían en colusión, prejuzgando la culpabilidad del acusado. La reacción a la decisión del STF por parte del fiscal, que en su perfil de Twitter se define como “Discípulo de Jesús, Marido y padre apasionado, Tiene una Maestría en Harvard”, fue la de justificar la justicia del Lava Jato por los 5 mil millones de reales que, después de las confesiones obtenidas de varios acusados de corrupción, fueran retornados a las arcas del Estado.

La edad de la razón

El STF no encontró válida ninguna interpretación que aprovisionara de un sentido justificativo al comportamiento del juez revelado por el estudio de los expedientes y de otros documentos. Encontraron que, en Moro, el magistrado que quería descubrir y castigar la colusión corrupta de Estado y empresas había sido sustituido por un cruzado que todo encontraba legítimo en una cruzada llamada Lava Jato que cada vez más elegía a priori a sus culpables según criterios políticos y después buscaba con qué apuntalar una condena previa. Esto, y ahí se detienen los jueces supremos, sería extrapolar, y ellos quedan del lado seguro de la frontera antes de extraer conclusiones lógicas, pero no por ello vigentes, de sus considerandos. La decisión concierne específicamente a uno de los cuatro procesos que siguió a Lula, el de un tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en zona popular del litoral paulista, poco apetecido por el turismo.  

Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de San Pablo (USP), y abogado criminalista, Gustavo Badaró de la USP comentó el fallo del STF  y explicó así, a pedido del “Jornal Gente” de Radio Bandeirantes, cuál es el mensaje del voto mayoritario:  “El magistrado debe mantenerse equidistante de las partes en un proceso. El fallo del STF no dice nada sobre la institución de la ‘delación premiada’. Aun cuando la institución fuera antigua, recibió un gran incentivo en 2013 con la ley 12850. Pero la parcialidad de Moro no está vinculada con el recurrir a delaciones premiadas para incriminar a Lula, dado que no hay delaciones premiadas en los cuatro procesos que culminaron con la condena de Lula. Aunque el fallo conocido el miércoles sólo aplica el fallo para el caso del tríplex en Guarujá, la jurisprudencia es pacífica al respecto: declarada la parcialidad del juez en un determinado juicio, esta se extiende a todos los restantes procesos que hayan involucrado al mismo acusado [los restantes tres conciernen a un terreno en la localidad paulista de Atibaia, a otro terreno comprado para la fundación suprapartidaria sin fines de lucro Instituto Lula (dedicada a la colaboración de Brasil con África y Latinoamérica), y a donaciones destinadas a este Instituto]. Así lo decidirá el plenario del STF. Pero no a todos los del Lava-Jato.”

El aplazamiento

Los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski fueron los primeros en votar que Moro había sido, en efecto, parcial: cada uno con considerandos propios, abundantes, coincidentes en la doctrina última, aunque con diferentes énfasis y puntos de partida y de llegada. La opinión de Carmen Lúcia, la última y definitiva para consolidar la mayoría, fue conocida por todos los medios el miércoles. Más sintética, no menos contundente, Lúcia difiere en un punto procesal con el titular de la sala. Si Gilmar Mendes en su sentencia condena a Moro a pagar las costas de un proceso inválido y corrupto que resultó muy oneroso para el erario del Estado, Lúcia expresamente -dado que su fallo es posterior, conocía el de su colega- señala que no debe pagarlas el magistrado, porque esto sentaría un precedente que incitaría a los jueces procesales a la prudencia, al saber que sus errores podrían costarles literalmente demasiado caros. Según Badaró, introduce también este distingo Lúcia: “El juez no sólo debe ser imparcial, debe parecer imparcial. El acusado tiene que sentir que está siendo juzgado por un juez imparcial, que no tiene como objetivo el perjudicarlo.  El magistrado debe ser responsable de su actitud y comportamiento, que pueden afectar de manera grave el derecho de legítima defensa”.

La sentencia del STF sólo se ocupa de Moro, y nada dice propiamente de Lula. O casi nada. Porque al señalar que Moro intimidó al acusado y a su defensa durante el proceso, los jueces del voto mayoritario sugieren que, de no haber pesado sobre ellos estas presiones y desventajas inequitativas, su desempeño sin duda habría podido ser mejor de lo que fue. Es una señal para el público, una invitación a la reflexión: ‘No juzguen ustedes a Lula, no se formen ustedes ninguna opinión de él a partir de lo que hayan visto y oído a lo largo de este largo proceso. Juzguen, en cambio, a Moro’.

La situación de Lula

En cuanto a la situación de Lula, el cambio es cualitativo con respecto a la sentencia ‘monocrática’ del juez Edison Fachin del lunes 8 de marzo. En aquella sentencia, en respuesta a un hábeas-corpus de los abogados de la defensa de Lula, se determinaba la incompetencia de Moro para procesar y condenar en Curitiba al ex presidente, como lo hizo, en el marco de Lava Jato. Era ya una incompetencia grave. No estaba fundada en el desencuentro de las jurisdicciones territoriales, en que los hechos presuntamente delictivos hubieran ocurrido en el estado de San Pablo y en que Moro fuera juez en los tribunales federales de Curitiba, estado de Paraná. Se fundaba en que el juez del Supremo no hallaba vinculación creíble alguna en el nexo, alegado por Moro para ser él y no otro magistrado federal quien llevara adelante esas causas, entre esos procesos y la operación Lava Jato. Moro se había distraído del Lava Jato y dedicado fuerzas, esfuerzos, tiempo y recursos para cuatro procesos en suma muy menores, sólo importantes porque el acusado era Lula. Tampoco esto había sido siquiera insinuado por Fachin, que se había limitado a consignar aquella inconexión para la que no hallaba justificación bastante. El fallo del STF cambió el rumbo, al dejar de lado la respuesta de Fachin, y preferir en cambio hacer lugar y dar respuesta a otra demanda de hábeas corpus diferente que también había presentado la defensa de Lula (descartada por Fachin), que denunciaba la parcialidad (y no, o no sólo, la incompetencia) del juez Moro.   

Una victoria pacífica

Ya la decisión de Fachin, al anular los procesos, abría el camino a la elegibilidad política de Lula y a su candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de 2022. El fallo no declaraba a Lula inocente, pero le restablecía la presunta inocencia al anular procesos y por tanto condenas. La expresión ‘presunta inocencia’ se reserva para los procesados, o acusados, o aquellos que aguardan decisiones judiciales que pueden colocarlos en la situación de tener que probar esa inocencia que se les presume pero no se les da por probada. La decisión conocida el miércoles del STF permite decir sin la menor exageración que ‘Lula es inocente’.

Fachin había remitido a los tribunales de Brasilia, donde sí estarían los jueces naturales de Lula, todo lo actuado por Moro en Curitiba. De esos procesos, el juez era inválido, pero las pruebas podían ser válidas. Ya se hacían especulaciones sobre las diferentes decisiones de diferentes jueces de Brasilia, según que cayeran o no en sus manos los procesos remitidos por Fachin. La decisión del STF deja sin efecto la remisión de Fachin. Porque a partir de ahora todo lo actuado también está viciado, contaminado por la parcialidad de la actuación del juez. Y no sólo de una nulidad formal, procesal. Queda viciado en su interior: las pruebas obtenidas por un juez parcial ya nada demuestran de por sí, y su laboriosa restauración parece más ardua que la producción de nuevas pruebas (que, si probaran lo mismo que las viciadas, serían objeto de riguroso y escéptico examen por el público). 

Hay otro motivo que hace que los partidarios de Lula celebren ahora con un entusiasmo más tranquilo que exasperado una victoria pacífica de la ley sobre el lawfare. En el caso de que en los juzgados de federales de Brasilia el Ministerio Público retomara de cero las causas aniquiladas, se enfrentaría con un freno para ese impulso: aquellos hechos  -que Moro juzgó delitos- ocurrieron hace ya mucho tiempo y la prescripción inhibiría la formación de nuevas causas.     

La muerte en el alma

En su primera conferencia de prensa tras haber sido anulados por Fachin los procesos donde había sido juzgado y sentenciado por el ahora declarado incompetente Moro, el miércoles 10 un Lula centrista había iniciado una campaña presidencial basada sobre la gestión: él apagaría la pandemia que Jair Bolsonaro atizó. Dos semanas después, el miércoles 24, Bolsonaro se ponía al frente de una campaña nacional de guerra al Covid-19 por vía de la vacunación. Si Lula había mostrado moderación calibrada, no menos calibrado fue el abandono del negacionismo de la pandemia por un presidente que ahora invitaba a vacunarse contra una peste a la que ya no degradaba a gripezinha, convocaba a la oposición y a los gobernadores estaduales a colaborar en santa unión nacional con el Estado Federal por la salvación pública, peregrinaba por los santuarios de los otros dos poderes del Estado y estrenaba nuevo y profesionalmente idóneo y respetado ministro de Salud, Marcelo Queiroga, el cuarto de su gestión.

La decisión del STF y su anuncio llegaron al público en las circunstancias y la coyuntura más anticlimáticas del siglo para la alegría brasileña. Cuando el país supera los 100 mil contagios diarios y un estudio de la Universidad Federal Fluminense (UFF) prevé un futuro demasiado próximo de 5 mil muertes cotidianas por Covid-19, cuya prolongación se podrá acortar según el acierto de la medidas que se adopten, pero cuyo advenimiento no podrá evitarse ni demorarse. La movilización de una oposición con capacidad de victoria está ahora fuera de radar para la agenda de fuerzas políticas del oficialismo, y fuera de foco para los medios de comunicación masivos en general. En aquella normalidad que hoy se sabe irrecuperable, habría sido una noticia como ninguna otra, y el PT ocuparía de nuevo ese lugar de vanguardia de la oposición que tan bien supo convertir en el espacio del cambio y aun de la utopía en tiempos de la dictadura y la socialdemocracia. El solo hecho de que el STF haya sido quien frustró al lawfare en tiempos de Bolsonaro y que ni haya excusado a Moro, que sigue defendiendo su imparcialidad, ni exaltado la militancia moral del Lava Jato (hoy la sombra de una ruina ahora más arruinada), de que el juez del STF nombrado por el actual presidente, Kássio Nunes, haya votado en contra pero sin cajonear el caso indefinidamente -como estaba entre sus potestades el hacer, y como otros habían hecho antes en tiempos de Michel Temer (el vicepresidente de Dilma Rousseff y sucesor post- impeachment)-, no perjudica en nada al oficialismo.  

En dos semanas, la catástrofe sanitaria había crecido en una proporción y con una velocidad mayores a las pronosticadas por un Lula erigido en líder de la oposición centrista que, sin embargo, había sido espectacularmente sombrío y apocalíptico. Más que el reclamo por vacunas, poco había podido aportar esa oposición que se empezaba a sentir con capacidad de victoria sobre el rival que había humillado al PT en 2018. El que se ofrecía como piloto de tormentas encontró una tormenta demasiado perfecta. No es el mejor momento para que Bolsonaro despliegue su antagonismo y desprecio por los jueces que devolvieron a Lula a la libertad y la inocencia. Tanto más cuando la sanción judicial de la parcialidad de Moro era esperada por los aliados de gobierno en el Congreso incriminados o de alguna manera imbricados en procesos nacidos de la operación Lava Jato, como Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que congratuló al STF por acabar con una parcialidad “de la cual la Historia jamás absolverá [al juez corrupto]”. En todo caso, la inocencia de Lula no parece amenazada por violencias en las redes ni por marchas en las calles. No se ha dejado de señalar que hay otros procesos que siguen en pie contra el PT, y que eventualmente podrían implicarlo. El gesto luce un tanto abstracto. Si la baja intensidad, que promete durar, favorecerá a Lula, o todo lo contrario, es imposible decidir. Acaso lo deje mejor colocado para cumplir el destino de volverse el Joe Biden que tenga reservado el admirador de Donald Trump que gobierna Brasil.  

El fallo a favor del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene por ahora un impacto meramente “político” y “moral” en las defensas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios allegados al kirchnerismo, procesados por supuestos delitos de corrupción, y los abogados aún no han decidido si lo usarán en el corto plazo como un nuevo antecedente jurídico del llamado lawfare (“guerra judicial”) en las causas y juicios, según explicaron a elDiarioAR varios de ellos, en on y off the record. De hecho, sostienen, que ya han realizado planteos similares a los de Lula da Silva que en algunos casos todavía no tienen resolución o han terminado en fallos desfavorables para los investigados.

A pesar del impacto mediático y la celebración del propio presidente Alberto Fernández, los abogados consultados no ven una consecuencia inmediata del “efecto Lula” aunque sostienen que el fallo del juez Edson Fachin en Brasil “tiene puntos de contacto” y “podrá usarse en futuros planteos” ante la Corte Suprema y los tribunales orales federales.

Este lunes, el ministro Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que interviene en los procesos del caos Lava Jato, hizo lugar a un habeas corpus presentado en noviembre por la defensa de Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales en su contra tomadas por el juez federal Sérgio Moro en cuatro casos de presunta corrupción, según el fallo al que accedió este medio. El juez Fachin, quien integra el máximo tribunal brasileño, no declaró inocente al dos veces presidente brasileño sino que ordenó que los expedientes vuelvan a foja cero y sean tramitados nuevamente por otro juez, en otra jurisdicción. 

El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina.

Lula estaba condenado en base a las decisiones del entonces juez Moro, con jurisdicción en Curitiba, en el estado de Paraná, pero el juez Fachin determinó que Moro no era el juez natural para intervenir en las denuncias contra el expresidente, no sólo porque los hechos no habrían ocurrido en su territorio sino porque tampoco habrían una justificación suficiente para vincular los casos contra Lula da Silva a la Operación Lava Jato, la megacausa de Moro que absorbió las denuncias contra el líder del Partido de los Trabajadores (PT). Al anular los cuatro procesos, Fachin levantó la proscripción que pesaba sobre Lula da Silva y lo habilitó para ser candidato en 2022.

“Lo que se resolvió en Brasil pone en evidencia una matriz de persecución en la región y expone a jueces que carecen de objetividad o imparcialidad, y esos planteos están en la Corte, pero el efecto del fallo no es de aplicación inmediata en las causas locales”, dijo a este medio Carlos Beraldi, abogado de Fernández de Kirchner. Esa “matriz de persecución” es lo que los defensores denominan lawfare, una embestida judicial y mediática contra dirigentes políticos de la izquierda en América Latina, entre ellos Fernández de Kirchner y Lula da Silva. 

“El impacto del fallo en Argentina es político en lo inmediato, más que jurídico, pero tiene una enorme significación y pone de relieve las características del lawfare”, afirmó Eduardo Barcesat, abogado de Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y uno de los empresarios procesados por el caso de los cuadernos, de los pocos que no declaró como imputado colaborador en el caso y negó su participación en el supuesto pago de coimas a los Kirchner para obtener contratos de obra pública. 

Hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso.

Los fallos de tribunales extranjeros suelen citarse como antecedentes o jurisprudencia, en especial cuando se trata de decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos o de tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa de Fernández de Kirchner dice que no están pensando en planteos en el corto plazo pero el fallo brasileño será una herramienta para reforzar los planteos que ya vienen llevando adelante y que sostienen que las causas contra la vicepresidenta se basan en una “persecución judicial política y mediática”. “El fallo refuerza nuestros planteos, de alguna forma los ilumina”, dijo Beraldi.

Ambos penalistas también resaltan que si bien no esperan un impacto jurídico, insistirán con sus planteos ante la Corte y otros tribunales inferiores. “La Corte Suprema argentina tiene diversos planteos de nulidad similares y no ha hecho nada aún. Debe prontamente propiciar el desmontaje del lawfare. Es lo que esperamos que suceda”, sostuvo Barcesat.

Beraldi y Barcesat plantean varios paralelismos entre los planteos de la defensa de Lula, a la que el juez Fachin hizo lugar, y algunos de los planteos de la vicepresidenta en varias de las causas en su contra. “En la Corte Suprema, hay planteos que se vinculan con el fallo en Brasil. Uno es la figura del juez enemigo. Nosotros venimos recusando al juez Bonadio desde 2015, 2016”, sostuvo Beraldi. La mayor parte de los procesamientos contra la vicepresidenta fueron ordenados por el fallecido juez federal y esos casos están camino a juicio oral y público, como el de los cuadernos del chófer Oscar Centeno. 

“También, por ejemplo, en la causa de Vialidad (que está en pleno juicio) hemos planteado que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que confirmó lo actuado por el juez Julián Ercolini no era la sala que debía realmente intervenir en el caso”, agregó Beraldi.

“No descartamos nuevas presentaciones por este fallo. De hecho, hace unos diez días, insistimos con un planteo de nulidad por el caso de los cuadernos en un recurso de queja ante la Sala I de la Casación Federal, reprochando que el Tribunal Oral Federal número 7 rechazó tratar las nulidades planteadas antes del juicio y sostuvo que se van a tratar al final, cuando dicte sentencia”, aseguró Barcesat.

El abogado de Ferreyra agregó: “Las nulidades que planteamos se centran en el origen de la causa de los cuadernos ya que se evitó el sorteo informático de juez (la denuncia y el aporte de los cuadernos fue realizada directamente ante el fiscal Carlos Stornelli en presunta conexión con una causa ya iniciada sobre importación de GNL); en la falta de un soporte técnico audivisual de las declaraciones de los arrepentidos (los dichos de los imputados colaboradores sólo quedaron asentados por escrito y no en audio y video); y que se nos negara durante la instrucción la producción de prueba como informes fiscales y un careo con (el exfuncionario Claudio) Uberti, quien involucró a mi cliente en su declaración”. 

Paralelismo con el caso de Lomas

Existen incluso planteos de las defensas de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; y del exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que también tiene un paralelismo con el caso Lula, según las resoluciones analizadas: la competencia y la jurisdicción del expediente por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Nieto, Arribas y Majdalani plantean que si la mayoría de los hechos ocurrieron en Capital Federal y las órdenes salieron de la AFI (ubicada a metros de la Casa Rosada), el caso debe investigarse en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La causa se originó en un juzgado federal de Lomas de Zamora tras la declaración de un acusado de narcotráfico como arrepentido y las partes (acusados y querellantes) trabaron durante meses una disputa judicial sobre dónde correspondía realmente que el caso fuera investigado. Ganaron los acusados, quienes lograron que el actual juez de la causa, con asiento en Lomas de Zamora, fuera apartado y el expediente recayera en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires. Fernández de Kirchner, una de las supuestas espiadas y querellante en la causa, solicitó a la Casación que revierta esa decisión y devuelva el avanzado expediente al juez de Lomas. La resolución está pendiente en el máximo tribunal penal federal. 

ED

A partir del jueves, el grupo de tareas Lava-Jato no existe más en Brasil. Desde diciembre se anticipaba el punto final para la unidad judicial especial activa desde 2009 que dirigió el juez Sérgio Moro con sede en Curitiba. Investigó delitos de corrupción de empresarios y gobiernos brasileños y cuyo resultado político más rico en consecuencias fue la proscripción de la candidatura del expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) Luis Inázio Lula da Silva en las presidenciales de octubre de 2018, donde resultó elegido el derechista independiente Jair Bolsonaro. Pero fue el miércoles que el Ministerio Público Fiscal (MPF) del estado de Paraná declaró que había llegado el último día de la força-tarefa de Lava-Jato. 

Alessandro José de Oliveira, el último coordinador del Lava Jato, en un escrito distribuido por el MPF,  ofreció un examen de conciencia muy favorable para el grupo de tareas que empezó a actuar en 2009 pero recibió su nombre y estructura definitiva en 2014. En este lustro y medio final, Lava Jato conoció 79 fases, ordenó 1.450 arrestos, 132 prisiones preventivas, 163 prisiones temporarias, recibió 130 delaciones premiadas, incriminó a 539 personas y condenó a 278.  De acuerdo con esta fuente, más de 4.000 millones de reales de la corrupción volvieron al Estado a través de más de dos centenares de acuerdos de colaboración.

En los años en que el PT estaba en el poder, eran habituales las movilizaciones callejeras de las clases medias en San Pablo, Río de Janeiro y otras ciudades, alentadas por las redes sociales, en apoyo a Moro y al Lava Jato. La terminación de la unidad judicial ha tenido hasta ahora muy poca repercusión en las redes. El silencio contrasta con el ruido omnipresente en la década anterior. En abril se pondrá fin a la filial de Lava Jato en Río de Janeiro. 

Cuando en marzo de 2014 el Lava Jato llegó a investigar que la empresa estatal de petróleo Petrobras estaba implicada en desvíos de fondos hacia el sistema político y empresarial del país, no había nadie en Brasil que ignorara el nombre del juez Moro.  En marzo de 2015, primer aniversario del grupo con su denominación definitiva, fueron las primeras prisiones para exdirectores de Petrobras  y la difusión de los nombres de políticos bajo sospecha de participar en el mecanismo de corrupción. En 2016, segundo aniversario, fue la prisión del empresario Marcelo Odebrecht, por el sistema de sobornos que cartelizaba la obra pública y financiaba la política,  y fueron las primeras sombras de sospecha arrojadas sobre el expresidente Lula, que determinaron el fin del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en un impeachment express. En 2018, el cuarto aniversario llegó bañado por la inminencia anticipada de la condena y prisión de Lula, que siguió rápidamente, el 7 de abril.

El PT resultó el más perjudicado por el Lava Jato, una investigación que sin embargo nunca habría existido sin los mecanismos de transparencia judicial que fueron asegurados en Brasil recién en los gobiernos de este partido. La delación premiada o figura del arrepentido fue votada en 2013. El Ejecutivo renunció a su influencia decisiva en la designación de jueces y fiscales, que empezaron a depender más de los resultados en concursos abiertos. También a la Policía Federal se le asignaron más fondos en los gobiernos petistas. 

La delación premiada fue a la vez la clave de los triunfos del Lava Jato y uno de los mayores blancos de las críticas de juristas y organizaciones de derechos humanos. La combinación de la triple presión que significaban las delaciones premiadas, las prisiones preventivas generalizadas, y la exposición pública por la filtración a los medios del contenido reservado de los expedientes hizo que los sospechosos se mostraran dispuestos a exagerar en sus acusaciones sin prueba para salir de la cárcel y obtener mejoras penitenciarias y sentencias aliviadas en virtud de su colaboración, que sólo era válida si cada implicado lograba implicar a alguien más importante que él en el esquema de corrupción cuya existencia buscaba probar el juez. 

Un año más tarde, en el quinto aniversario de la operación, empezó el declive definitivo del Lava Jato. En 2019, el ex juez Moro aceptó el cargo de “super ministro” de Justicia en el flamante gabinete del presidente Bolsonaro. El magistrado judicial se había convertido en funcionario de la nueva administración, lo que a su vez arrojaba un manto de duda, incluso entre sus admiradores, acerca de si no había existido, efectivamente, en apartar a Lula de una candidatura presidencial que, de haberse hecho efectiva, habría cortado las posibilidades de victoria electoral de Bolsonaro. Y no sólo eso, también la amplitud casi ilimitada de las acusaciones de corrupción dirigidas por Moro contra todos los partidos tradicionales fomentaron un sentimiento antipolítico en el electorado que en octubre de 2018 premió al nuevo candidato independiente de derecha. 

En 2016, Moro había sido criticado por la filtración a la prensa de una escucha clandestina de una conversación telefónica entre la presidenta Rousseff y Lula, decisiva para inflamar al movimiento que en las calles clamaba por un impeachment del Congreso. Su participación en el gobierno de Bolsonaro enfrió el fervor popular por su figura más que cualquier crítica anterior. Moro no llegó sólo de Curitiba a Brasilia. Llevó consigo, al gobierno federal, a los oficiales de la Policía Federal que más lo habían ayudado en sus casos más resonantes. En su primer discurso como ministro, dijo que aceptaba la designación porque la daba la oportunidad única de implementar las políticas anti corrupción y anti mafias que habían sido su guía en su vida como magistrado. 

En un año y medio como ministro,  esas políticas nunca se hicieron realidad, ni siquiera como plan de acción oficial. En abril de 2020, Moro dejó el gobierno, y llamó traidor al presidente, por no haber cumplido su promesa de dejarlo actuar con libertad de acción, y por desacreditarlo constantemente en público. Los demás ministros de Bolsonaro llamaron traidor a Moro, y el gobierno tomó distancias y contribuyó a desprestigiar su figura.

Rechazado por la derecha que antes había hecho de él su ídolo, Moro se dedicó a la actividad privada. Al frente de una consultoría, asesora a empresas, incluidas algunas constructoras y otras que habían sido investigadas o condenadas en el marco de Lava Jato. Aunque esto levantó más interrogantes sobre su conducta, tampoco se excluye que esté buscando un futuro en la política. 

También en 2019 al juez que a todos investigaba por corrupción le tocó ser investigado bajo la misma carátula. El sitio web The Intercept Brasil reveló las conversaciones entre el juez Moro y el fiscal del Lava Jato Deltan Dallagnol, que demostraban la colusión entre la magistratura (que debía ser impartcial) y el ministerio público fiscal (que debía acusar) para obtener pruebas incriminatorias contra sospechosos o detenidos, como el propio ex presidente Lula. Moro fue ambiguo ante estas escuchas obtenidas por un hacker: dijo que eran falsas, también dijo que sus diálogos con el fiscal habían sido un descuido. Esta nueva investigación, llamada Vaza Jato, minó la credibilidad de que Moro había gozado en la prensa opositora al PT. 

El fin del Lava Jato llegó al mismo tiempo que uno de los investigados con mayor tenacidad por Moro, el diputado Arthur Lira, era elegido con una mayoría abrumadora de votos de sus colegas, como presidente de la Cámara de Diputados. El legislador es uno de los más activos impulsores de nuevas normas que limiten los abusos de autoridad. Como aquellos que sus propios colegas decían advertir en Sérgio Moro.