ANÁLISIS

Qué significa para el futuro de Lula el fallo del Supremo Tribunal brasileño que lo devolvió a la inocencia y declaró culpable al juez Moro

Luiz Inácio Lula da Silva, más libre y más inocente que nunca desde 2018 en un Brasil más catastrófico que nunca por el crecimiento sin freno de la pandemia.

0

El mocinho héroe ahora es bandido, y o bandido ahora es el héroe. Lula ha resultado inocente y Moro declarado culpable. En una decisión histórica, la máxima autoridad de la Justicia de Brasil invirtió la polarización sobre la que Jair Bolsonaro había montado su campaña para ganar las presidenciales de 2018. El sello de la garantía judicial cambió de campo. Pero no se vuelve al primer casillero: porque ahora los tribunales determinaron que el héroe septuagenario fue la víctima de la injusticia del bandido cuarentón, como los adultos mayores lo son ahora del gobierno brasileño en tiempos de Covid-19.

Los caminos de la libertad

En fallo dividido pero de nítido saldo -rico en razonamientos y razones sustantivas en el voto de la mayoría-, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) sentenció que el ex juez federal Sérgio Moro había sido guiado por su parcialidad y por la busca excluyente de satisfacer objetivos antes por él prefijados al procesar, hacer investigar y condenar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tres ministros sobre cinco de la segunda sala encontraron que el magistrado que había sido la figura de mayor perfil en la operación judicial anti-corrupción Lava Jato había sido una de las más íntimamente corruptas. Los tres coinciden básicamente en que falta todo elemento que pudiera alegarse para desmentir esta sinopsis del obrar del juez de Curitiba: Moro había dado lugar en su jurisdicción a denuncias y abierto causas para cuyo procesamiento era incompetente y de las que no era juez natural, había sido juez y parte al guiar la investigación, había prejuzgado al reo y anticipado su sentencia al ministerio público, había violado las reglas del debido proceso y había avasallado el derecho de legítima defensa al aniquilar la “paridad de armas” entre fiscales y defensores.

Para los ministros que concluyeron la parcialidad de Moro después del examen de su proceder, los diálogos del magistrado con el Ministerio Público, conocidos por unas escuchas (o clandestinas, o bajo secreto pero clandestinamente obtenidas) difundidas por The Intercept Brasil, confirmaron -más que propiamente revelaron por su pobre contenido- un patrón de conducta. El juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol parecían en colusión, prejuzgando la culpabilidad del acusado. La reacción a la decisión del STF por parte del fiscal, que en su perfil de Twitter se define como “Discípulo de Jesús, Marido y padre apasionado, Tiene una Maestría en Harvard”, fue la de justificar la justicia del Lava Jato por los 5 mil millones de reales que, después de las confesiones obtenidas de varios acusados de corrupción, fueran retornados a las arcas del Estado.

La edad de la razón

El STF no encontró válida ninguna interpretación que aprovisionara de un sentido justificativo al comportamiento del juez revelado por el estudio de los expedientes y de otros documentos. Encontraron que, en Moro, el magistrado que quería descubrir y castigar la colusión corrupta de Estado y empresas había sido sustituido por un cruzado que todo encontraba legítimo en una cruzada llamada Lava Jato que cada vez más elegía a priori a sus culpables según criterios políticos y después buscaba con qué apuntalar una condena previa. Esto, y ahí se detienen los jueces supremos, sería extrapolar, y ellos quedan del lado seguro de la frontera antes de extraer conclusiones lógicas, pero no por ello vigentes, de sus considerandos. La decisión concierne específicamente a uno de los cuatro procesos que siguió a Lula, el de un tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en zona popular del litoral paulista, poco apetecido por el turismo.  

Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de San Pablo (USP), y abogado criminalista, Gustavo Badaró de la USP comentó el fallo del STF  y explicó así, a pedido del “Jornal Gente” de Radio Bandeirantes, cuál es el mensaje del voto mayoritario:  “El magistrado debe mantenerse equidistante de las partes en un proceso. El fallo del STF no dice nada sobre la institución de la ‘delación premiada’. Aun cuando la institución fuera antigua, recibió un gran incentivo en 2013 con la ley 12850. Pero la parcialidad de Moro no está vinculada con el recurrir a delaciones premiadas para incriminar a Lula, dado que no hay delaciones premiadas en los cuatro procesos que culminaron con la condena de Lula. Aunque el fallo conocido el miércoles sólo aplica el fallo para el caso del tríplex en Guarujá, la jurisprudencia es pacífica al respecto: declarada la parcialidad del juez en un determinado juicio, esta se extiende a todos los restantes procesos que hayan involucrado al mismo acusado [los restantes tres conciernen a un terreno en la localidad paulista de Atibaia, a otro terreno comprado para la fundación suprapartidaria sin fines de lucro Instituto Lula (dedicada a la colaboración de Brasil con África y Latinoamérica), y a donaciones destinadas a este Instituto]. Así lo decidirá el plenario del STF. Pero no a todos los del Lava-Jato.”

El aplazamiento

Los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski fueron los primeros en votar que Moro había sido, en efecto, parcial: cada uno con considerandos propios, abundantes, coincidentes en la doctrina última, aunque con diferentes énfasis y puntos de partida y de llegada. La opinión de Carmen Lúcia, la última y definitiva para consolidar la mayoría, fue conocida por todos los medios el miércoles. Más sintética, no menos contundente, Lúcia difiere en un punto procesal con el titular de la sala. Si Gilmar Mendes en su sentencia condena a Moro a pagar las costas de un proceso inválido y corrupto que resultó muy oneroso para el erario del Estado, Lúcia expresamente -dado que su fallo es posterior, conocía el de su colega- señala que no debe pagarlas el magistrado, porque esto sentaría un precedente que incitaría a los jueces procesales a la prudencia, al saber que sus errores podrían costarles literalmente demasiado caros. Según Badaró, introduce también este distingo Lúcia: “El juez no sólo debe ser imparcial, debe parecer imparcial. El acusado tiene que sentir que está siendo juzgado por un juez imparcial, que no tiene como objetivo el perjudicarlo.  El magistrado debe ser responsable de su actitud y comportamiento, que pueden afectar de manera grave el derecho de legítima defensa”.

La sentencia del STF sólo se ocupa de Moro, y nada dice propiamente de Lula. O casi nada. Porque al señalar que Moro intimidó al acusado y a su defensa durante el proceso, los jueces del voto mayoritario sugieren que, de no haber pesado sobre ellos estas presiones y desventajas inequitativas, su desempeño sin duda habría podido ser mejor de lo que fue. Es una señal para el público, una invitación a la reflexión: ‘No juzguen ustedes a Lula, no se formen ustedes ninguna opinión de él a partir de lo que hayan visto y oído a lo largo de este largo proceso. Juzguen, en cambio, a Moro’.

La situación de Lula

En cuanto a la situación de Lula, el cambio es cualitativo con respecto a la sentencia ‘monocrática’ del juez Edison Fachin del lunes 8 de marzo. En aquella sentencia, en respuesta a un hábeas-corpus de los abogados de la defensa de Lula, se determinaba la incompetencia de Moro para procesar y condenar en Curitiba al ex presidente, como lo hizo, en el marco de Lava Jato. Era ya una incompetencia grave. No estaba fundada en el desencuentro de las jurisdicciones territoriales, en que los hechos presuntamente delictivos hubieran ocurrido en el estado de San Pablo y en que Moro fuera juez en los tribunales federales de Curitiba, estado de Paraná. Se fundaba en que el juez del Supremo no hallaba vinculación creíble alguna en el nexo, alegado por Moro para ser él y no otro magistrado federal quien llevara adelante esas causas, entre esos procesos y la operación Lava Jato. Moro se había distraído del Lava Jato y dedicado fuerzas, esfuerzos, tiempo y recursos para cuatro procesos en suma muy menores, sólo importantes porque el acusado era Lula. Tampoco esto había sido siquiera insinuado por Fachin, que se había limitado a consignar aquella inconexión para la que no hallaba justificación bastante. El fallo del STF cambió el rumbo, al dejar de lado la respuesta de Fachin, y preferir en cambio hacer lugar y dar respuesta a otra demanda de hábeas corpus diferente que también había presentado la defensa de Lula (descartada por Fachin), que denunciaba la parcialidad (y no, o no sólo, la incompetencia) del juez Moro.   

Una victoria pacífica

Ya la decisión de Fachin, al anular los procesos, abría el camino a la elegibilidad política de Lula y a su candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de 2022. El fallo no declaraba a Lula inocente, pero le restablecía la presunta inocencia al anular procesos y por tanto condenas. La expresión ‘presunta inocencia’ se reserva para los procesados, o acusados, o aquellos que aguardan decisiones judiciales que pueden colocarlos en la situación de tener que probar esa inocencia que se les presume pero no se les da por probada. La decisión conocida el miércoles del STF permite decir sin la menor exageración que ‘Lula es inocente’.

Fachin había remitido a los tribunales de Brasilia, donde sí estarían los jueces naturales de Lula, todo lo actuado por Moro en Curitiba. De esos procesos, el juez era inválido, pero las pruebas podían ser válidas. Ya se hacían especulaciones sobre las diferentes decisiones de diferentes jueces de Brasilia, según que cayeran o no en sus manos los procesos remitidos por Fachin. La decisión del STF deja sin efecto la remisión de Fachin. Porque a partir de ahora todo lo actuado también está viciado, contaminado por la parcialidad de la actuación del juez. Y no sólo de una nulidad formal, procesal. Queda viciado en su interior: las pruebas obtenidas por un juez parcial ya nada demuestran de por sí, y su laboriosa restauración parece más ardua que la producción de nuevas pruebas (que, si probaran lo mismo que las viciadas, serían objeto de riguroso y escéptico examen por el público). 

Hay otro motivo que hace que los partidarios de Lula celebren ahora con un entusiasmo más tranquilo que exasperado una victoria pacífica de la ley sobre el lawfare. En el caso de que en los juzgados de federales de Brasilia el Ministerio Público retomara de cero las causas aniquiladas, se enfrentaría con un freno para ese impulso: aquellos hechos  -que Moro juzgó delitos- ocurrieron hace ya mucho tiempo y la prescripción inhibiría la formación de nuevas causas.     

La muerte en el alma

En su primera conferencia de prensa tras haber sido anulados por Fachin los procesos donde había sido juzgado y sentenciado por el ahora declarado incompetente Moro, el miércoles 10 un Lula centrista había iniciado una campaña presidencial basada sobre la gestión: él apagaría la pandemia que Jair Bolsonaro atizó. Dos semanas después, el miércoles 24, Bolsonaro se ponía al frente de una campaña nacional de guerra al Covid-19 por vía de la vacunación. Si Lula había mostrado moderación calibrada, no menos calibrado fue el abandono del negacionismo de la pandemia por un presidente que ahora invitaba a vacunarse contra una peste a la que ya no degradaba a gripezinha, convocaba a la oposición y a los gobernadores estaduales a colaborar en santa unión nacional con el Estado Federal por la salvación pública, peregrinaba por los santuarios de los otros dos poderes del Estado y estrenaba nuevo y profesionalmente idóneo y respetado ministro de Salud, Marcelo Queiroga, el cuarto de su gestión.

La decisión del STF y su anuncio llegaron al público en las circunstancias y la coyuntura más anticlimáticas del siglo para la alegría brasileña. Cuando el país supera los 100 mil contagios diarios y un estudio de la Universidad Federal Fluminense (UFF) prevé un futuro demasiado próximo de 5 mil muertes cotidianas por Covid-19, cuya prolongación se podrá acortar según el acierto de la medidas que se adopten, pero cuyo advenimiento no podrá evitarse ni demorarse. La movilización de una oposición con capacidad de victoria está ahora fuera de radar para la agenda de fuerzas políticas del oficialismo, y fuera de foco para los medios de comunicación masivos en general. En aquella normalidad que hoy se sabe irrecuperable, habría sido una noticia como ninguna otra, y el PT ocuparía de nuevo ese lugar de vanguardia de la oposición que tan bien supo convertir en el espacio del cambio y aun de la utopía en tiempos de la dictadura y la socialdemocracia. El solo hecho de que el STF haya sido quien frustró al lawfare en tiempos de Bolsonaro y que ni haya excusado a Moro, que sigue defendiendo su imparcialidad, ni exaltado la militancia moral del Lava Jato (hoy la sombra de una ruina ahora más arruinada), de que el juez del STF nombrado por el actual presidente, Kássio Nunes, haya votado en contra pero sin cajonear el caso indefinidamente -como estaba entre sus potestades el hacer, y como otros habían hecho antes en tiempos de Michel Temer (el vicepresidente de Dilma Rousseff y sucesor post- impeachment)-, no perjudica en nada al oficialismo.  

En dos semanas, la catástrofe sanitaria había crecido en una proporción y con una velocidad mayores a las pronosticadas por un Lula erigido en líder de la oposición centrista que, sin embargo, había sido espectacularmente sombrío y apocalíptico. Más que el reclamo por vacunas, poco había podido aportar esa oposición que se empezaba a sentir con capacidad de victoria sobre el rival que había humillado al PT en 2018. El que se ofrecía como piloto de tormentas encontró una tormenta demasiado perfecta. No es el mejor momento para que Bolsonaro despliegue su antagonismo y desprecio por los jueces que devolvieron a Lula a la libertad y la inocencia. Tanto más cuando la sanción judicial de la parcialidad de Moro era esperada por los aliados de gobierno en el Congreso incriminados o de alguna manera imbricados en procesos nacidos de la operación Lava Jato, como Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que congratuló al STF por acabar con una parcialidad “de la cual la Historia jamás absolverá [al juez corrupto]”. En todo caso, la inocencia de Lula no parece amenazada por violencias en las redes ni por marchas en las calles. No se ha dejado de señalar que hay otros procesos que siguen en pie contra el PT, y que eventualmente podrían implicarlo. El gesto luce un tanto abstracto. Si la baja intensidad, que promete durar, favorecerá a Lula, o todo lo contrario, es imposible decidir. Acaso lo deje mejor colocado para cumplir el destino de volverse el Joe Biden que tenga reservado el admirador de Donald Trump que gobierna Brasil.  

Etiquetas