“Es el peor momento en los 20 años que llevo trabajando en el hospital”, dice Luis Ortíz, delegado de ATE y enfermero del Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, uno de los centros de salud más importante de la Ciudad donde al mes se realizan 7.000 consultas por guardia, 6.000 extracciones por laboratorio y 1.000 hemodiálisis. 

Profesionales que se van por los bajos salarios, falta de enfermeros y personal administrativo, pasillos y ascensores sucios, servicios que dejaron de funcionar, déficit de camas, es la situación que describen los trabajadore del Durand, ubicado en el barrio de Caballito y que depende del Gobierno porteño.

La falta de enfermeros especializados obligó a cerrar camas críticas: en Terapia Intensiva de adultos, de once camas disponibles, solo ocho están habilitadas. “Somos 4 enfermeros para las 11 camas, cuando debería haber 1 cada 2 camas”, explica. Rubén Ángel Díaz, enfermero de esa misma unidad, coincide: “Antes éramos 12 en el área. Ahora somos solo 5. Hay 10 camas habilitadas en una sala preparada para 21, simplemente porque no hay enfermeros suficientes”.

En las áreas pediátricas la situación es similar. “No podemos dejar dos enfermeras con ocho nenes entubados los fines de semana, es una locura”, señala Ortíz sobre Terapia Pediátrica, donde solo ocho de dieciséis camas están habilitadas. En Neonatología, de veinte encubadoras apenas diez se usan. “La falta de enfermeros en áreas críticas es gravísima”, agrega.

Uno de los casos más delicados es el servicio de Recuperación Cardiovascular. Desde hace tres años sólo cuenta con un enfermero jefe que trabaja por las mañanas. Tampoco tiene los siete médicos recuperadores que solía tener el servicio. Esto significa que cuando se realiza una operación coronaria el paciente sólo puede estar unas horas en ese servicio de recuperación y luego es trasladado a la unidad coronaria. Mario Acosta, cesanteado recientemente del hospital, alerta: “Los pacientes que se operan a corazón abierto necesitan cuidados intensivos 24 horas con un enfermero exclusivo. Sin ese servicio, el riesgo de muerte es real”.

Sobrecarga laboral y desvalorización profesional

La falta de personal también genera una sobrecarga extrema. “Cada mes se van tres enfermeros. Están mal pagos, no se les reconoce la actividad crítica y terminan trabajando los 365 días del año”, denuncia Ortíz. Durante fines de semana y feriados, los enfermeros cobran entre 600 y 700 mil pesos, pero sin francos compensatorios. “El Gobierno no contrata personal. Falta voluntad política”, agrega.

Díaz describe cómo esto afecta directamente la atención: “Por ley, un enfermero debe tener como máximo dos pacientes a su cargo. Ahora llegamos a atender tres. Se nota el mal cuidado. Al paciente se le reduce el tiempo de asistencia. Si no le hacés la rotación corporal, empieza a tener lastimaduras. Y eso también previene la neumonía”.

Acosta remarca la desvalorización en servicios especializados: “Había un equipo formado, con amor por el servicio, pero empezó el vaciamiento. Después de la pandemia, bajaron a la mitad el sueldo de los médicos y empezó el éxodo. Había mucho amor por lo que hacíamos, pero no se come con amor”.

Vaciamiento de infraestructura y recursos

La crisis alcanza también a la infraestructura y los recursos hospitalarios. “Aunque tenemos un resonador nuevo, no hay administrativos para atenderlo las 24 horas. Entre los compañeros lo manejamos como podemos; los técnicos terminan haciendo de administrativos”, explica Ortíz.

La guardia del hospital carece de camas adecuadas y personal para el triaje. “Falta de todo, hasta tecnología para usar la historia clínica electrónica”, añade. Díaz confirma la improvisación diaria: “Médicos trabajan como camilleros; enfermeros hacen tareas de laboratorio; técnicos de laborarios terminan haciendo tareas de servicios generales llevando materiales al depósito. No existe la figura del técnico de guardia, entonces todo se improvisa”.

Acosta denuncia que los traslados postquirúrgicos son riesgosos: “Operamos y llevamos al paciente a recuperación, que está a 20 metros. Lo ideal sería que se quede ahí hasta recuperarse, como antes. Pero al día siguiente lo bajan a la unidad coronaria. El recorrido se hace por pasillos donde circula basura y ropa sucia. El ascensor es un foco infeccioso”.

La precariedad sanitaria también preocupa. “Todo el mundo se infecta en el Durand. La KPC, una bacteria intrahospitalaria, es letal. Todo paciente que entra al Durand, a los tres días tiene KPC. El que tiene las defensas bajas está totalmente expuesto”, alerta Acosta.

Además denuncian que la limpieza es insuficiente: “Deberían ser 140 personas y son 70. Si limpiaran los ascensores cada dos horas, sería otra cosa. Pero no alcanza”, agrega.

El impacto en los trabajadores es inevitable. “Estamos todos cansados del manoseo. Para que nos reconozcan tenemos que recurrir a la justicia, que nos da vuelta la cara. Los enfermeros se están yendo”, señala Díaz. Y Ortíz concluye: “El hospital está vacío. La enfermedad aguda pasa a ser crónica por el vaciamiento y la falta de voluntad política”.

LN/MG

Es el final del recorrido. Encaramados en la ola de ficha limpia, Silvia Lospennato y Mauricio Macri enfrentan el último tramo de una campaña que definirá la supervivencia del partido. El derrumbe de la ley oxigenó la previa electoral, le dio protagonismo a la candidata y le dejó servido en bandeja un discurso con el que se siente cómoda: la bandera contra la corrupción. Las encuestas, sin embargo, los siguen dando terceros, por detrás de Manuel Adorni, y el último superdomingo electoral no hizo sino graficar lo que los acuerdistas amarillos le vienen reclamando a Macri hace meses: que el PRO, sin alianza con La Libertad Avanza, tiende a desaparecer. 

“Este domingo se juega todo”, repiten, casi como un castigo, en el búnker de campaña del PRO porteño sobre la calle Balcarce. Faltan solo cinco días para la elección y el bunker es un terremoto de reunionismo febril orientado a exprimir las horas restantes con actividades, apariciones televisivas, contenido para redes y, como clímax, el acto de cierre de campaña del jueves, que se llevará a cabo en el Club 17 de agosto, en Villa Pueyrredón, a las 18 horas. 

El lugar no es casual. Por un lado, los padres de Lospennato, que es diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, son del barrio: un guiño a la identidad porteña de una candidata que toda su vida hizo campaña del otro lado de la General Paz. Pero es, a su vez, el mismo club desde el que Jorge Macri terminó de dinamitar las posibilidades de un acuerdo con Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires. Fue allí donde, a principio de enero, el jefe de Gobierno lanzó la campaña porteña y amenazó con candidatear a su primo, Mauricio, para la contienda nacional.

Efecto ficha limpia

En el inmenso pool de encuestas que el equipo de campaña, a cargo del catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, recibe casi diariamente, hay una que resalta: el estudio del impacto que el rechazo a la ley de ficha limpia generó en el electorado. En el PRO registran que la caída del proyecto de ley, cuya abanderada es Lospennato y propone prohibir las candidaturas de los dirigentes acusados por corrupción en segunda instancia, cayó negativamente en el electorado. Un malestar que aparece como maná caído del cielo al filo de la campaña electoral y que el PRO buscará exprimir hasta el último día. 

El lunes, por ejemplo, Lospennato publicó un video en sus redes marcando distancia del Gobierno y cruzando a Javier Milei por sus dichos sobre un supuesto acuerdo entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner para hacer caer la ficha limpia. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”, respondió la candidata del PRO, que grabó el video ese mismo día en el búnker de campaña del PRO. 

La publicación, que luego fue compartida por Macri, iba acompañado de un textual: “Es con la verdad”. Este es un eje que Lospennato viene repitiendo desde que el Senado rechazó la ficha limpia gracias al voto en contra de dos senadores misioneros, que responden al mandamás provincial Carlos Rovira, y que el Gobierno negó haber intervenido para que esto sucediera. Los cruces empezaron con la conferencia de prensa que Lospennato encabezó el jueves pasado, en la que le dijo a Milei que la había “defraudado”, y fue escalando a medida de que el propio presidente empezó a responderle.

“Es el Gobierno el que nos obliga a ir a un enfrentamiento”, argumentan, desde las oficinas de Uspallata. Pero no esconden que es una estrategia que les permite bajar dos pájaros de un tiro. Por un lado, apuntar contra el kirchnerismo y capitalizar, así, el voto anti peronista de CABA. Y, por el otro, diferenciarse del Gobierno de una manera tal que no implique un rechazo a la gestión a Milei.

El PRO tiene un desafío difícil, ya que apunta a captar un voto dual que, a nivel nacional, puede simpatizar con Milei, pero que, a nivel local, acompaña al PRO al frente de la gestión. Hacia allí se dirigieron todos los intentos de reforzar la marca amarilla, el “Lospennato es PRO” y la presencia constante de Mauricio Macri, que se echó la campaña al hombro para visibilizar a su candidata. Una señal de que Macri cumple sus promesas, para Lospennato, que aceptó encabezar la lista solo con la condición de que el ex presidente la acompañara en las recorridas. 

Una señal de desesperación, en cambio, para el resto del PRO.

La apuesta a este voto dual depende, a su vez, de que el voto amarillo que acompaña a Larreta se reduzca lo más posible. “Nos está haciendo mucho daño”, reconocen en el equipo de campaña. Por este motivo es que, previo al derrumbe de ficha limpia, todos los cañones del aparato macrista en la Ciudad se habían dirigido contra su ex jefe de Gabinete. En el PRO observan que hay una “confusión” del electorado con respecto al lugar que ocupa Larreta, que fue uno de los miembros fundadores del partido, en la contienda. 

Es por este motivo que, en las últimas semanas, Lospennato y los diferentes candidatos del PRO se abocaron a esmerilar a Larreta, acusándolo de haber abandonado el partido “en el peor momento” y de hacerle, así, “el juego al kirchnerismo”. “Larreta se cambió de camiseta y se fue del partido. Es un mentiroso”, lo cuestionó, por ejemplo, Laura Alonso, vocera del gobierno porteño. “Es un mal perdedor”, lo cruzó, por otro lado, Hernán Lombardi. 

La fragmentación de las fuerzas de derecha es un dolor de cabeza para el PRO, que debe hacer un esfuerzo para hacer equilibrio entre su alianza nacional con el Gobierno y su batalla campal local. No es fácil, y en las filas amarillas hay preocupación. 

El escenario electoral del último domingo, en el que Salta, San Luis, Jujuy y Chaco tuvieron elecciones locales, fue una muestra de lo rápido que LLA puede apropiarse del voto y la identidad del PRO y borrarla, así, del mapa. “El único PRO que existe y vive está en Capital. Si nos va mal el domingo, estamos jodidos”, admite un dirigente bonaerense que hace cuentas pensando en la alianza que, el ritondismo, busca cerrar con LLA en PBA. Una alianza que será difícil si el PRO fracasa en CABA, su último bastión.

MC/JJD

En la noche de ayer, Boca Juniors emitió un comunicado en el que solicitó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que no incluya a la Bombonera en el catálogo de inmuebles protegidos. Este pedido ha desencadenado una serie de intercambios entre el club y el Gobierno de la ciudad, relacionados con la posbible ampliación del emblemático estadio Alberto J. Armando.

El Gobierno porteño recordó hoy, en un comunicado publicado en sus redes sociales, que la Bombonera cuenta con un grado de protección estructural preventiva desde 2014, un hecho que, según las autoridades de CABA, “debería ser conocido por las autoridades del club que han estado en funciones en los últimos años”. Según afirma el Gobierno de Jorge Macri, este estatus fue definido por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, un organismo independiente que evalúa la relevancia histórica y cultural de los inmuebles.

Además, el Gobierno porteño señaló que la decisión final sobre la inclusión de la Bombonera en el catálogo recae en la Legislatura, que actualmente está revisando el proyecto de ley.

Fuentes cercanas a la Legislatura han indicado que no habrá objeciones al pedido de Boca, siempre que se presenten los detalles específicos del proyecto que el presidente del club, Juan Román Riquelme, tiene en mente. Juan Pablo Modarelli, miembro de la Comisión de Planeamiento, manifestó que “el pedido de Boca es razonable”, en relación a la ampliación.

Este intercambio entre Boca y el Gobierno porteño por la ampliación del estadio del club se enmarca en las tensiones entre Riquelme y Mauricio Macri, ex presidente del club y líder del PRO.

El partido comandado por Macri presentó al final de la semana pasada un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que el estadio La Bombonera y sus casas aledañas sea declarado ‘patrimonio histórico’ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando seriamente a la idea de ampliación del recinto boquense. 

La ampliación es un tema que está instalado en la agenda del mundo Boca desde hace tiempo y, tal es así, que fue una propuesta de campaña, tanto en el oficialismo como en la oposición, en las últimas elecciones de diciembre de 2023 donde Juan Román Riquelme se transformó en presidente boquense tras superar a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri. 

En estas últimas semanas, la dirigencia de Boca empezó a avanzar con el proyecto de ampliación del estadio y hasta se había llegado a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que el primer equipo haga de local en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata durante la temporada 2025, desde febrero hasta diciembre. 

Este proyecto de ampliación tiene el objetivo de aumentar la capacidad del estadio de 54 mil a 84 mil espectadores.

Sin embargo, Boca necesitará el aval del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar esta obra de gran calibre y este apoyo es una incógnita ya que el PRO, partido fundado y presidido por Mauricio Macri y que gobierna la Capital Federal mediante su primo Jorge, está en una constante disputa política con Riquelme y la dirigencia boquense desde la pasada campaña electoral en el club. 

DM con información de agencia NA

Jorge Kogan renunció este martes como secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo confirmaron fuentes del Gobierno porteño a elDiarioAR.

Kogan integraba el equipo del Ministerio de Infraestructura de la Ciudad, que encabeza Pablo Bereciartúa, y tenía por delante el desafío de intentar reordenar el caótico tránsito porteño. Pero diez meses después de haber asumido, acaba de presentar la renuncia. Había sido Secretario de Transporte de la Nación entre 1999 y 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Formado en la ingeniería más tradicional, Kogan tuvo problemas para manejarse dentro de una administración de corte verticalista como la que lleva en la Ciudad el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Quien sueña con más chances de reemplazarlo hasta ahora es Guillermo Krantzer, ex Secretario de Gestión deTransporte de la Nación. Ligado a Guillermo Dietrich, trabajó en el área de Tránsito de la Ciudad desde la primera gestión de Mauricio Macri, por lo que se descuenta que continuará con la defensa de las ciclovías ya que fue uno de los principales impulsores.

Inspectores, operarios y policías de la Ciudad realizaron esta madrugada un operativo para desalojar a más de 2000 manteros que trabajaban en el Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. 

Según el Gobierno porteño, este hecho se dio, debido a quejas de vecinos y comerciantes registrados de las tres ferias que funcionan en el parque. 

Ante la situación, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri en la red social X expresó: “Queremos darle más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana, y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local. Había 2 mil manteros ilegales que hacían uso de la plaza que ya tenía su zona formal de feriantes”

Además añadió: “Los que genuinamente quieren trabajar, tienen el lugar para hacerlo en las Ferias de la Ciudad. No vale todo ni da todo lo mismo. En nuestra gestión, el espacio público es para los vecinos”.

El operativo comenzó a las 5 de la mañana de hoy con inspectores del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, de la Dirección General de Fiscalización y efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a agentes de áreas de Gobierno.

Asimismo, los feriantes no se quedaron callados y realizaron una protesta ante esta prohibición de colocar sus puestos y poder trabajar.

En diálogo con Noticias Argentinas, una feriante dio sus declaraciones acerca de lo que sucede y mencionó: “El gobierno de ciudad está con un operativo para sacar a los manteros que están alrededor del parque y no quiere que la feria legal arme los puestos. La policía dice que lo hacen a modo de precaución, pero hay internas con ferias y mercados desde siempre”

También agregó: “El parque centenario está todo cortado, básicamente porque no dejan que las personas laburen. Nunca dan una razón concreta del porqué del desalojo”

Por otro lado, explicó: “Los inspectores que vienen a ver qué venden y qué no venden, son bastante jodidos, son prepotentes y amenazan a los feriantes. Pero bueno, la gente está con bronca porque quieren laburar, porque no laburar hoy es un día perdido”.

DM con información de agencia NA

Después de que hace tres semanas Jorge Macri publicara en Instagram cómo su gobierno “limpia”, como por arte de magia, personas en situación de calle de la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después, lo que causó repudio en las propias redes sociales y medios de comunicación, el Gobierno de la Ciudad lanzará este jueves un cambio en la forma de asistir a estas personas que viven en la calle.

El programa Buenos Aires Presente (BAP) ahora pasará a llamarse Red de Atención porque, según se informó, “no sólo estará enfocado en la asistencia durante el invierno sino que se transformará con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año”. La Ciudad amplliará este jueves a 48 sus paradores, con capacidad para atender a más de 3300 personas en situación de calle.

“El objetivo principal de la red es que ya nadie duerma en la calle”, aseguró Macri en diálogo con elDiarioAR y otros medios en la sede de la Ciudad, en la calle Uspallata. “Se mejoro el abordaje de los paradores y protocolarizamos la actuación. Encontramos una manera humana de abordar a las personas en situación de calle”, completó el jefe de Gobierno, quien dio vuelta de página a la polémica abierta por las publicaciones en sus redes sociales. “Fue una mala comunicación de una buena política pública”, reconoció, en línea con la autocrítica que ya había realizado cuando decidió dar de baja el reel en su Instagram.

En concreto la política de asistencia que dará el Gobierno porteño supone “segmentar” los centros de atención a aquellas personas en situación de calle. Será una diferenciación “dinámica” para atender en lugares distintos y profesionales diferentes a las familias con niños, mujeres, varones, personas con adicciones o problemáticas de salud mental. Macri estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, y con Laura Cordero, subsecretaria de atención hospitalaria del ministerio de Salud porteño.

Dialogo con elDiarioAR y otros medios

“Hoy el problema de la gente en calle es mucho más complejo. Viene creciendo con fuerza desde 2019, producto del encierro de la pandemia y la profundización de problemas de salud mental y adicciones, y además la situación económica. Por eso son necesarias nuevas herramientas para una de las prioridades de la gestión”, hicieron saber en el Ejecutivo porteño, que realizará este jueves formalmente el anuncio del nuevo programa.

La problemática, en números

De acuerdo con el Gobierno porteño, la Ciudad dispone de más de 3.300 plazas en los 47 Centros de Inclusión Social (CIS) de la Ciudad. Este jueves se sumará uno más. Y según el censo realizado en abril de este año, actualmente son 3.560 las personas en situación de calle.

De los relevados, el 63% acude a los CIS. A su vez, 6 de cada 10 padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia. Y más del 50% no es residente de la ciudad.

El Ejecutivo porteño anticipó que dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos, emergentes, crónicos y peligrosos. La Red de Atención está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos durante todo el día, se informó. A ellos se les suman profesionales a pie que “favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas”.

En estos centros, a estas personas “se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa y la posibilidad de una reinserción social”, señalaron.

JJD

Las 14 familias afectadas por el derrumbe en Caballito del 8 de febrero en el que murieron dos personas, de 75 y 81 años, siguen sin poder entrar a sus casas. En el lugar quedaron documentos, ropa, medicación, materiales de trabajo y aún no pueden volver. Por orden de la justicia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabaja en la construcción de una pasarela para que puedan ingresar a retirar algunos elementos. Mientras tanto, tuvieron que reorganizar sus vidas y alquilar nuevas viviendas, que por seis meses son costeadas por la empresa constructora responsable del derrumbe, MAB INVERSIONES S.R.L. No saben qué pasará después, mientras tanto compran ropa y útiles escolares nuevos o reciben donaciones de familiares y amigos.

“Nos derrumbaron la vida”, dice Elisa Muñoz, una de las vecinas del edificio de Pedro Goyena 555, en Caballito. Dentro del PH de 125 metros cuadrados en el que vivía con su hija de 11 años quedó todo excepto la ropa de verano que cabe en una valija. Cuando la obra en construcción lindera se vino abajo ellas estaban de vacaciones y con eso viven. “No sé qué más podríamos haber hecho. Usamos todas las vías institucionales y aún así nos tiraron la casa abajo y nos destruyeron la vida porque de un día a otro nos quedamos sin nada. Una vecina hacía un año que tenía juicio con la constructora, hicimos 30 denuncias en total. Yo tengo una en la Defensoría del Pueblo. Así y todo quedamos sin nada en un momento político social y económico tremendo. Es muy violento todo”, le cuenta a elDiarioAR.

Desde aquél 8 de febrero cuando la noticia se transmitió en directo por todos los canales de televisión tras la muerte de dos ancianos, la situación no cambió mucho. A través de otra constructora, el gobierno porteño finalizó la demolición del departamento 14 que estaba en la medianera e hizo los trabajos de apuntalamiento para contener de lado a lado. Pero los vecinos y vecinas siguen esperando poder ingresar a sus casas para retirar elementos básicos como documentación, ropa, material de trabajo o medicación. 

Los días posteriores al derrumbe, Tania Ataliva y sus hijos fueron a vivir a casas de sus familiares, después aceptaron ir a un hotel que ofreció el gobierno y finalmente consiguieron que la constructora MAB INVERSIONES S.R.L se hiciera cargo de seis meses de alquiler. “Fuimos al hotel, que era en otro barrio, y allí no tenía para cocinar o guardar la comida. No podíamos continuar con nuestra rutina por su ubicación, así que me tuve que ir. Tuve que salir a buscar un abogado y así luchar para conseguir un alquiler y poder vivir con mis hijos y mascotas ya que estábamos repartidos por distintos lugares. Cuando pasen los seis meses no sé adónde vamos a ir, la incertidumbre es total. Tuvimos que empezar de nuevo de  la misma nada”, le cuenta a este diario. 

El lunes pasado, después de que se cumplió un mes del derrumbe, el gobierno de la Ciudad los convocó a una nueva reunión en la que se comprometió a terminar el pasillo de andamio para fines de esta semana y así poder ingresar a las casas a retirar algunas pertenencias. Sin embargo, es posible que se dilate unos días por la lluvia. Esta no es el primer encuentro con funcionarios, ya se hicieron otros de las que participaron el jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el de Seguridad, Diego Kravtez. “Estamos pasando todo el tiempo por la obra, mirando si hay avances. Es muy desgastante porque tenemos que pasar varias veces al día para ver cómo sigue, para enterarnos por los obreros o los bomberos. O suponemos por lla ausencia de elementos de trabajo que está parada. Es muy desgastante porque necesitamos un canal más fluido entendiendo nuestro estado emocional”, explica Elisa Muñoz.

Desde el Ministerio de Justicia porteño le indicaron a elDiarioAR que emitieron un subsidio excepcional para cubrir una primera tanda de necesidades básicas (ropa, uniformes y útiles escolares) hasta tanto puedan ingresar a sus casas. Sin embargo, no todas las familias lo aceptaron porque no estaban de acuerdo con la descripción de lo que debían firmar para aceptarlo. Además, desde esa cartera sostuvieron que entregaron medicamentos “a quienes requirieron para que no discontinúen sus tratamientos y no tenían cobertura o receta”. Sin embargo, no todos lo recibieron. “Mis hijos, de 16 y 17 años, tienen un tratamiento prolongado para la piel y no le dieron los medicamente. Fuimos asistidos por amigos y familia y tenemos cosas prestadas”, cuenta Ataliva. 

La Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia es el organismo encargado de la comunicación con las familias y, según informaron, desde el gobierno trabajan en un proyecto de ley para que la Legislatura exima a los afectados del ABL del 2024.

Otro de los problemas fue el de los materiales para el inicio de clases. Algunas familias recibieron aportes de la constructora y otros del gobierno porteño, pero fueron insuficientes. “Aceptamos que la empresa nos dieran útiles: repuesto de hojas y carpetas. Pero yo le compre dos guardapolvos que me costaron $34.000 y me quedaron adentro. Hay vecinos que quedaron con lo puesto, nenes en pijama. El gobierno ofreció un subsidio pero muchos no aceptamos porque no estábamos de acuerdo con lo que había que firmar. Una familia de cuatro personas aceptó un subsidio de un millón de pesos y le dieron cheques de $50.000 que se podían cobrar uno por día en el Banco Ciudad”, describe Muñoz. 

Conseguir un lugar donde vivir también fue un inconveniente. En un principio algunas personas se fueron a casas de conocidos hasta que encontraron un lugar para alquilar, que finalmente la constructora se comprometió a pagar después de conversaciones con el gobierno porteño. El arreglo es por seis meses y nadie sabe qué pasará después. “Una vez que termine el andamio para poder ingresar, el gobierno de la Ciudad queda liberado de las obras hasta que la fiscal no autorice cómo se sigue. Por ahora, la clausura persiste”, sostiene el abogado Alejandro Romano, dueño de una inmobiliaria en el edificio afectado y uno de los denunciantes previos. 

La causa

Actualmente la causa tramita en la fiscalía de Flagrancia Oeste en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación N° 22 de la Ciudad, dirigida por Mariela de Minicis, bajo la carátula “estrago seguido de muerte”. “Hay una responsabilidad importante de la constructora porque aparentemente lo que hay es un alto grado de improvisación y mala ejecución. Lo que se está viendo es que aparentemente hicieron subsuelo más de lo permitido en el plano que presentaron en la municipalidad. A priori, la inspección se hizo y ellos después hicieron esta excavación”, explica el abogado a este diario. 

Mientras tanto, lo urgente es entrar y retirar los elementos más importantes. “Tenemos todo ahí, toda nuestra vida”, dice Elisa Muñoz, que ya armó una lista de cosas que quiere rescatar: las fotos, las colecciones de su hija de RTS, un grupo de K-Pop, los libros que usa para su trabajo como investigadora y las plantas que estén vivas después de un mes. “Ayer terminé llorando porque llevé a mi hija a la escuela y quedamos las dos empapadas porque no tenemos un paraguas o un impermeable. Me resisto a comprar porque en casa tengo cuatro. Verte en esa situación de vulnerabilidad, llegando a la escuela empapada es muy violento”, agrega.

Luego de este caso se produjeron dos hechos similares. Uno en Palermo, en el que murieron dos obreros, y otro en Caballito. Según un informe de la Asociación Civil Defendamos Buenos Aires, “en la Ciudad de Buenos Aires hay 5.400 viviendas en peligro de derrumbe, entre departamentos, edificios, casas y obras en construcción”. En total, murieron cuatro personas en menos de un mes por estos casos.

CDB/ DTC

El jefe de Gobierno porteño electo, Jorge Macri, anunció este domingo las designaciones de Victoria Morales Gorleri al frente de la Secretaría de Bienestar y Tercera Edad, y de César Torres como Secretario de Gobierno y Vinculación Ciudadana desde el próximo 10 de diciembre.

“¡Bienvenida Victoria, a este equipo! Estoy convencido que tu visión y tus ganas de hacer aportarán al bienestar de los vecinos de la ciudad”, publicó el alcalde porteño electo en su cuenta en la red X (antes Twitter), en la que comunicó que Morales Gorleri será la nueva secretaria de Bienestar y Tercera Edad, y recordó que es actual diputada por la ciudad de Buenos Aires.

También detalló que la legisladora está graduada en el Instituto Nacional Superior del Profesorado en Educación Especial como profesora de enseñanza especial, y tuvo cargos como coordinadora de programas sociales en la vicaría episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires,y fue subsecretaria de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en Nación.

Más tarde, y también por esa red social, Macri anunció que la Secretaría de Gobierno y Vinculación Ciudadana tendrá como titular a Cesar Torres, quien es en la actualidad Subsecretario de Gobierno y asiste al propio Jefe de Gobierno electo en el Ministerio de Gobierno.

“César, con quien he tenido el privilegio de trabajar durante muchos años”, recordó Macri respecto a su primera etapa como Intendente de Vicente López, en la que Torres “desempeñó un papel fundamental como Secretario de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, demostrando su capacidad y dedicación a la gestión pública”.

Destacó también que el reciente designado es Licenciado en Ciencia Política y “cuenta con varias especializaciones internacionales en políticas públicas, gestión de gobiernos locales y derecho electoral”.

“¡Bienvenido César, a este equipo! Tengo la seguridad de que juntos continuaremos trabajando con dedicación y mucha empatía para construir una ciudad más conectada, inclusiva y comprometida con el bienestar de todos los vecinos”, finalizó el mensaje el Jefe de gobierno electo.

Macri utilizó las redes sociales en los últimos días para anunciar a integrantes de su futuro gabinete. Así informó este sábado que su ministro de Seguridad será Waldo Wolff, acompañado por el viceministro Diego Kravetz; que su ministra de Educación va a ser Mercedes Miguel; anunció a su jefe de Gabinete, Néstor Grindetti; y a Roberto García Moritán al frente del Ministerio de Desarrollo Económico.

MB con información de agencia de noticias Télam

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno por La Libertad Avanza, anunció a su compañero de fórmula: Eduardo Jorge Martino, excomisario fundador de la Policía Metropolitana y miembro de la Policía Federal Argentina desde 1974. De esta manera, el economista buscará hacer foco en sus propuestas de seguridad. 

“Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas”, apuntó el legislador.

Martino tiene experiencia en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se desempeñó como comisario, fue jefe de Gabinete en el Ministerio de Modernización Nacional y Director Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, agregó Marra. 

“Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, aseguró el candidato libertario.

El legislador porteño aseguró que es necesario llevar adelante un cambio en el país y que un primer eje a trabajar es la seguridad, que “se refuerza dándole ese respaldo que necesita el personal policial” para que no considere que “si va a intervenir en un hecho delictivo tiene más riesgo de tener un problema que resolverlo”.

Por último, el postulante a la jefatura de Gobierno enfatizó que “los ciudadanos se cansaron del fracaso de la dirigencia política, por eso ahora miran a La Libertad Avanza y a las ideas de Javier. Son las ideas de la libertad, que tuvieron éxito en todo el mundo pero en Argentina nunca las quisieron aplicar”.

Tras el anuncio del candidato de La Libertad Avanza, quedaron definidas las fórmulas que competirán por la jefatura de gobierno porteño en los comicios generales del próximo 22 de octubre: Leandro Santoro de Unión por la Patria estará acompañado por Bárbara Rosen; Jorge Macri de Juntos por el Cambio, por la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Muzzio; y Vanina Biasi, del Frente de Izquierda Unidad irá con Jesica Gentile.

ACM/LC con información de agencias.

Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, afirmó este viernes que le “preocupa” que su contrincante en la interna Jorge Macri “no quiera debatir ni dialogar”. Consideró que existe un sector de la coalición opositora “que se encierra cada vez más en torno al PRO y además tiene un tono agresivo”.

“Es una pena que Jorge Macri no quiera debatir y ni siquiera dialogar. Necesitamos escucharnos y poder contrastar propuestas para después de las PASO ver que es lo mejor de las propuestas para llevarlo adelante. Es el método para mejorar en política, no dialogar no conduce a nada”, dijo el senador en declaraciones a C5N de cara a las PASO del 13 de agosto.

Según el radical, “hay un sector de la coalición que se está encerrando y esta siendo cada vez más sectario y eso se traduce a nivel nacional”. “Veo con preocupación que hay una parte de la coalición que se encierra cada vez más en torno del PRO y además tiene un tono agresivo y descalificativo en esto de no querer dialogar y no aceptar la mirada del otro”, insistió.

Esta semana, Macri ratificó su decisión de no debatir públicamente con su rival, por considerar que Lousteau “no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”. El exintendente de Vicente López analizó que la gente espera que la coalición resuelva “las internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia”, ya que no le gusta “que le impongan candidatos a dedo”.

“Que él hable de lo que quiera”, dijo Macri en referencia a su oponente, y añadió: “Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños”.

“Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar”, insistió el también ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, Macri disparó: “Soy muy diferente, él fue parte del kirchnerismo”, en referencia al rol de Lousteau como ministro de Economía entre 2007 y 2008; y agregó que “él es el candidato de la UCR”.

LC con información de agencia Télam

Desde hace una semana, veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica de Retiro duermen con colchones en la calle, mientras aguardan respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de sus viviendas que resultaron afectadas por una demolición en el marco del Plan de Urbanización, que incluso incendió por completo una de ellas.

“Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas”, dijo María Isabel Báez a Télam, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.

Rodeados de pedazos de ladrillos y cemento, las 23 familias con mujeres embarazadas y niños entre ellas, viven y duermen en la calle debajo de la autopista Arturo Illia, con comida y colchones que les fueron donados. “Estamos acá, en el bajo de la autopista todos juntos, en la misma situación, sin respuesta. Sin seguridad de que estén bien nuestras casas. No nos dieron respuesta de cuándo podríamos volver”, contó Gladis Zunilda Espinoza Sanabria de 33 años, que vivía en una de las viviendas con sus dos hijos de 15 y 9 años y su madre de 50.

Hace más de una semana, la empresa Villarex S.A., contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización, pero terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por casi 30 familias. Tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo el inmueble donde vivían Báez, su esposo y sus hijos.

“Desde que pasó esto no comparto más con mis hijos. Los tengo en casas ajenas porque tengo miedo acá: el barrio no es seguro y yo estoy viviendo en la calle”, dijo la mujer, quien se describió “muy triste” y cansada producto de una discapacidad que tiene.

En tanto, el Gobierno porteño está otorgando a las familias comida y productos de higiene. Si bien en un primer momento se había colocado un baño químico, luego lo retiró y dispuso uno en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) donde también las familias pueden dormir, pero que tiene una capacidad limitada a 10 personas.

Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas y como algunas de ellas tienen mascotas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus hogares.

Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n°12 para radicar una denuncia. “Nos recibió la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinos y que la Fiscalía ya había actuado de oficio”, dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes.

Comentó también que “ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue: que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar”.

Un muchacho cortaba maderas de un cajón de verduras para reavivar un fuego, mientras un hombre picaba morrones, cebollas y papas y los arrojaba dentro de una olla grande para cocinar un guiso para los vecinos, mientras a su lado se formaba una ronda con las familias afectadas, legisladores del Frente de Todos (FdT) y distintos organismos.

“Estamos a la espera de cuál va a ser el operativo que disponga hoy la UPE (Unidad de Proyectos Especiales, a cargo de Tomás Galmarini). Hasta el momento no se presentó ni con los vecinos ni con nosotros”, expresó a Télam la legisladora porteña María Bielli (FdT), quien estaba en la ronda junto a los diputados Lucía Cámpora y Javier Andrade.

El miércoles pasado, Nicolás Buitrago, defensor interino a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, interpuso una medida cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, donde pidió la reconstrucción inmediata de las viviendas afectadas o proporcionar alternativas habitacionales a corto plazo, entre otros reclamos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, informaron a Télam que “una vez que la Guardia de Auxilio verifique el estado de las estructuras y brinde la autorización necesaria para un ingreso a las viviendas libre de cualquier riesgo, las familias podrán regresar a sus hogares de forma inmediata”. Sostuvieron que, cuando eso suceda, acompañarán “el ingreso de las familias para relevar y evaluar tanto el estado de las viviendas como de las pertenencias de sus habitantes”.

Mientras tanto, los vecinos advierten que viven “con miedo” y en una situación “de inseguridad”, en tanto que aguardan la reunión que tendrán con la UPE. “El lunes abrieron del otro lado del pasillo y robaron un motorcito de agua en nuestra casa y en otra, un televisor”, dijo Gladis, al tiempo que contó que “hubo tiroteos” y que se sienten “inseguros porque estamos con los chicos”. “Vienen, toman nuestros datos y se van. Nosotros queremos directamente una respuesta”, concluyó la mujer.

LC con información de agencia Télam

El anuncio de Alberto Fernández de que pagará a la Ciudad en bonos; el rechazo de la Ciudad de Buenos Aires y sus denuncias penales contra el Presidente y sus funcionarios; además del paso al costado de la Corte Suprema, que esperará a febrero para volver a tratar el tema, agudizaron la crisis entre oficialismo y oposición, con el enfrentamiento entre el máximo tribunal y el Gobierno Nacional de fondo. 

Hasta el momento, la Corte tomó una decisión temporal. El miércoles último dictó una medida cautelar en la que estableció que el Gobierno Nacional debe aumentar al 2,95% los fondos de la coparticipación que envía a la Ciudad para solventar el costo de la policía local y la seguridad pública del distrito. 

Luego de sostener públicamente que el fallo es de “imposible cumplimiento”, Fernández anunció este lunes a través de su cuenta en Twitter que pagará a la Ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA) con títulos públicos TX31. “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”, dijo el Presidente en la red social.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la posibilidad de cobrar bonos en lugar de dinero y dijo que Nación continúa sin cumplir con el fallo de la Corte. ¿Puede Fernández pagar en bonos a la Ciudad? ¿Debe la Ciudad aceptar la propuesta? ¿Hay otros casos similares? ¿Qué hará el máximo tribunal y qué sucede en el frente penal? ¿Cuánto dinero está en juego, de dónde proviene y cómo se reparte la masa de impuestos nacionales de la Coparticipación Federal? Son algunas de las preguntas que plantea este nuevo capítulo del conflicto y que elDiarioAR responde en esta nota en base a la consulta de leyes, fallos y fuentes oficiales.

Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño con intervención directa en el caso) más 180.000 millones de pesos anuales para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, informó la misma fuente del Ejecutivo capitalino. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. Esa suma podría variar cuando la Corte dicte el fallo definitivo sobre el conflicto (ya que el último fallo sólo es temporario). Sería el 21,6% más con respecto a lo que está recibiendo de Nación desde el año 2021 para la Policía local (180.000 millones de pesos). También significa poder bajar impuestos a los porteños en un año electoral y mayor disposición de recursos propios para otros fines e inversiones.

Para el Gobierno Nacional, esos 39.000 millones de pesos significan, por ejemplo, el equivalente al presupuesto 2023 para los gastos del Senado de la Nación. Es casi lo que destinará el próximo año al Hospital Posadas; o los gastos corrientes de la Dirección Nacional de Vialidad en 2023, de acuerdo con la Ley de Presupuesto enviada al Congreso.

También implicaría menor inversión en obras públicas en las provincias aliadas en un año electoral y en los que vendrán.

Provienen de la masa de la recaudación de todos los impuestos nacionales, como los de derecho de importación y exportación, Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA), combustibles, Impuesto PAÍS, Bienes personales, créditos y débitos en cuentas corrientes, entre otros.

La distribución actual de los recursos que provienen de la recaudación de impuestos nacionales se rige por un acuerdo firmado en febrero de 2002 entre Nación, las provincias y la Ciudad. 

El “Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificó la distribución de la coparticipación que ya regía por una ley de 1988, la número 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, que estableció que el 42,34% de la recaudación de impuestos nacionales fuera a Nación mientras que el 56,66 % se destina a las provincias y el 1% restante al Ministerio del Interior (Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias – ATN).

Cada provincia y la Ciudad reciben un porcentaje diferente, basado en la cantidad de población, la brecha de desarrollo entre las provincias y la dispersión de la población.  

Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994 y la Ciudad se convirtió en un Estado autónomo, el Congreso tenía plazo hasta 1996 para modificar la ley de coparticipación y readaptarla, pero eso no sucedió. Sí se incorporaron modificaciones, dándole igual tratamiento a la Ciudad que a las provincias, pero recién en 2003 la Ciudad comenzó a recibir el 1,4% de la masa coparticipables de impuestos. Su incorporación a la repartija no modificó los porcentajes que recibían las provincias sino que proviene del porcentaje que recibe Nación. 

Los cuatro jueces de la Corte ordenaron que el Estado Nacional entregue a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (en lugar del 1,4%) y dispuso que las transferencias sean realizadas en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. 

El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que todas las decisiones en relación a la coparticipación deben ser en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad. Es decir que Fernández no puede tomar decisiones unilaterales, como la del pago en bonos, sino que debe llegar a un acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Si este aceptara el pago en bonos, como lo hizo la provincia de Santa Fe, el Gobierno Nacional podría avanzar con la medida.

Además, la Carta Magna afirma que Nación no puede realizar transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos -por ejemplo, el traspaso de la Policía de la Ciudad y los fondos para solventarla- sin la aprobación de la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires. 

En el fallo, la Corte también resaltó que de acuerdo a las distintas normas que rigen la coparticipación, la transferencia de competencias y sus implicancias “deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones”, algo que Fernández no contempló cuando en septiembre de 2020 estableció por decreto que la Ciudad dejaría de recibir el 3,5% de los recursos coparticipables y volvería a percibir el 1,4%. 

A su vez, las leyes y modificaciones de la Ley de coparticipación también deben realizarse en el marco de convenios previos entre Nación y las provincias y la Ciudad, lo que tampoco se cumplió con la ley sancionada por el Congreso en diciembre de 2020, confirmando la reducción de los fondos percibidos por el Estado porteño, ya que no incluyó un acuerdo previo con el gobierno de Rodríguez Larreta.

Los fondos que reclama la Ciudad son en bancarizados. El Banco Nación envía el dinero de la coparticipación diariamente a cada distrito. 

Los bonos funcionan de otra manera. Los títulos TX31 se ajustan por inflación y no se liquidan en el mercado financiero, como explicó este lunes elDiarioAR. Tienen un plazo promedio de nueve años y pagan intereses del 1,45% al 2,5% dos veces por año. Por ejemplo, Santa Fe los aceptó con la idea de cobrar esos dos rendimientos anuales en efectivo y distribuyó parte de los bonos entre los municipios de la provincia como parte de la coparticipación de los impuestos provinciales. También puede usarlos para cancelar algunos créditos tomados con el Estado nacional para hacer obras o como garantía para conseguir préstamos para proyectos de inversión.

No exactamente, aunque ambos casos tienen que ver con decisiones unilaterales de distintos gobiernos nacionales en detrimento de las provincias o la Ciudad. 

En 2009, Santa Fe, al igual que San Luis, demandaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante la Corte Suprema por haberles deducido el 15% de los impuestos coparticipables a para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

A finales de 2015, la Corte Suprema falló a favor de San Luis y Santa Fe. Declaró inconstitucional dicha deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables porque no se había realizado con el acuerdo de las provincias. 

En febrero de 2019, la Corte debió dictar un nuevo fallo ordenando al gobierno de Mauricio Macri que cumpla con el fallo de 2015 y concrete las negociaciones con San Luis y Santa Fe para llegar a un acuerdo sobre cómo Nación le devolvería a ambas provincias los fondos que les había quitado en 2009. Macri dejó la Casa Rosada sin llegar a un acuerdo.

Tras trece años de litigio, Santa Fe cerró el caso con el gobierno de Fernández para recuperar 151.000 millones de pesos. Como parte del convenio, el gobernador Omar Perotti aceptó que Nación le pague en bonos TX31.

El máximo tribunal no habilitará la feria de enero para analizar el conflicto debido a que el caso no cumple con las características de una urgencia, informó una fuente de la Corte ante la consulta de elDiarioAR. 

En el registro público del Poder Judicial de la Nación, que se encuentra automáticamente sincronizado con los movimientos de los expedientes, el caso no ha tenido movimientos desde el fallo del 21 de diciembre último. 

Sin embargo, la Ciudad presentó este lunes una demanda por desobediencia contra el Gobierno Nacional y el Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, se presentó este martes para recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y anexar al expediente el recurso de reposición in extremis en el que solicita a la Corte rever su decisión. 

La Corte debía correr traslado de la demanda de la Ciudad a Nación para que el Estado Nacional responda en el plazo de cinco días hábiles, que se vencen a principios de febrero próximo. También deberá correr vista del recurso in extremis para que la Ciudad plantee su posición. 

Los antecedentes indican que los jueces del máximo tribunal no revocan sentencias o decisiones que ellos mismos hayan tomado (es decir, con la misma composición de la Corte). 

En el recurso de reposición in extremis que presentó este martes, el Gobierno Nacional solicita a los jueces del máximo tribunal que dejen el fallo sin efecto debido a que está “basado esencialmente en el prejuzgamiento y la arbitrariedad de sentencia por falta de fundamentación suficiente; en el exceso de atribuciones constitucionales en el que ha incurrido el tribunal al dictar la medida cautelar”; “y en que no se encuentran reunidos los requisitos legales para la procedencia de medida cautelar alguna”. 

Para que avance el juicio político por mal desempeño o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, la oposición debe contar con una mayoría en Diputados y en la Comisión de Juicio Político para que prospere la acusación y luego en el Senado para que avance el proceso de juicio y destitución, pero no cuenta con los números suficientes en ninguna de las dos cámaras.

Las denuncias penales contra Fernández y otros funcionarios nacionales corren por cuerdas separadas al caso en la Corte Suprema, pero están directamente relacionados. El fuero penal tampoco habilitará la feria de enero para continuar con el avance de los expedientes que se acumulan en los tribunales de Comodoro Py, ya que tampoco cumplen con las características de urgencia.

Todas las denuncias de la oposición contra Fernández y sus funcionarios de los ministerios de Interior y Economía, y los miembros del directorio del Banco Nación serán acumuladas en el mismo juzgado y fiscalía. Los casos quedaron a cargo de Daniel Rafecas y Ramiro González. 

El juez delegó la investigación en el fiscal, quien tomó las primeras medidas de rigor esta semana para intentar determinar más adelante si el Presidente y el resto de los denunciados cometieron delitos penales, como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad pública.

ED

Fueron dos meses enteros de paros y movilizaciones, que parecían haber culminado el pasado 15 de noviembre con la concesión de un salario neto de $200.000 a todos los residentes y la posterior presentación esta semana de Fernán Quirós como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad en 2023, a quien el conflicto lo había lastimado y dañado como actual ministro de Salud porteño y responsable de la situación de los concurrentes y residentes.

Sin embargo, en una reunión del último miércoles 23, desde el Ministerio de Salud anticiparon ante delegados de la Asamblea de Residentes y Concurrentes que las concurrencias serían eliminadas de manera definitiva el próximo año, y que no todos estos puestos de trabajo perdidos se re-convertirían en residencias, de acuerdo a lo que informaron representantes de la Asamblea. Ante esto, los concurrentes denuncian una “privatización” del sistema de formación los médicos y de la salud en general, con un importante porcentaje de trabajo perdido en el sector público que traerá aparejado esta medida.

La amenaza de cierre viene siendo una constante desde 2019: de hecho, los cupos otorgados para las residencias pasaron de ser de 394 en 2019 a 143 en el 2022, cuando se otorgaron vacantes solamente para el área de salud mental, de acuerdo a los datos otorgados por el Ministerio de Salud a eldiarioAR semanas atrás. Esto se confirma con los datos que acercó a este diario la Asamblea: entre 2019 y el 2022, se perdieron 411 puestos de concurrencias entre todas las especialidades. Este número en sí mismo no sería un problema si estos puestos se hubieran reconvertido en residencias (es decir, si el trabajo pasaría de ser no pago a ser remunerado): sin embargo, a lo largo de este período de tres años, los puestos ganados en residencias fueron de 41. Es decir, se perdió un 90% de estos puestos de trabajo en la salud pública.

“En vez de garantizarle un salario a los trabajadores que sostienen el sistema, Gobierno de la Ciudad prefiere cerrarlas, generando un vaciamiento del sistema de salud público”, asegura Mara Cilifrese, psicóloga concurrente de tercer año del Hospital Piñero y una de las siete representantes de la Asamblea que se reunió el día miércoles con representantes del Ministerio de Salud. 

Cilifrese sostiene que en la mesa técnica de negociación, presidida por Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Porteña, ofrecieron como alternativa a las concurrencias un sistema de especializaciones en formato de posgrados -pagos-, y que estos dependan de las mismas universidades y no de los efectores de salud. Ante el reclamo de los concurrentes, desde el Ministerio de Salud dijeron que estaban dispuestos a evaluar un incremento en los puestos de residencia. “Pero nosotros queremos números concretos, queremos ver efectivamente cuántos puestos se van a recuperar”, asegura Cilifrese. 

Al cierre de esta edición, ni el Ministerio de Salud porteño ni los voceros del jefe de Gobierno de la Ciudad habían respondido a las preguntas de eldiarioAR sobre esta decisión comunicada a los representantes de la Asamblea CABA el día miércoles.

La situación de las concurrencias impacta casi de lleno en los trabajadores de la salud mental: de los 29 centros de salud porteños (entre los que se encuentran desde hospitales monovalentes como el Borda y el Moyano, a polivalentes como el Hospital Fernández y el Durand) actualmente hay en total 659 concurrentes en el sistema, de los cuales el 67% (446) son psicólogos, seguidos muy de lejos por los 48 dermatólogos concurrentes que hay actualmente en el sistema.

“Nosotros esto lo vemos como un retroceso. Es una privatización de la salud y de la educación, una pérdida de puestos de trabajo en el hospital. Por más que se hayan concedido aumentos salariales a los residentes la semana pasada, en contrapartida van a cerrar las concurrencias y convertirlas en posgrados, entonces el ajuste termina pasando por acá”, sostiene Florencia Milocco, concurrente del Hospital Ramos Mejía. 

Luego de que los residentes alcanzaran la semana pasada el aumento salarial, que pasó a ser de $200 mil netos, los concurrentes siguieron movilizándose para pedir por un salario, ART y ficha municipal. “Las concurrencias están encubiertas diciendo que te forman de manera gratuita, pero en realidad lo que están haciendo es tapar, con los concurrentes, los baches del sistema de salud público”, sostiene Maria Florencia Delgado, psicóloga y concurrente de 4to año del Hospital Argerich. “Las cosas fueron cambiando, ninguno de los que estamos en la Asamblea CABA queremos seguir trabajando gratis. Es mucho el amor que tenemos ahí puesto, que consideramos que tenemos que estar bien pagos”.

“El modelo de concurrencias está relacionado con un modelo de profesional que es de otra época: un profesional que cree que tiene el deber moral de apoyar a la salud pública como ”devolución“ a la sociedad que pagó por sus estudios en la universidad pública”, coincide Luciano Grasso, ex director nacional de Salud Mental. “Hoy cinco años es mucho para dedicarle a un trabajo ad honorem -sintetiza-, entonces eso fue de la mano de ir quitando y ir abrieron cada vez menos vacantes para concurrencias en el caso de la Ciudad y en otras provincias directamente eliminarlas hace ya varios años”.

AS/MG

De acuerdo con el estudio de septiembre sobre Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires, una familia necesitó de $198.120,91 para ser de clase media, y $633.986,92 para formar parte de la “clase alta”. A principio de año, los ingresos mínimos para la clase media eran de $118.091.

El trabajo de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC) del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires se realiza desde el 2011, y mide la capacidad de acceso de los hogares a bienes y servicios compatibles con el estándar de vida de los habitantes y el rango de precios en la Ciudad. En cuanto a los tipos de hogares en la Ciudad Autónoma, los estadísticos los definieron de 5 maneras:

Para determinar los niveles de ingresos, la DGEyC construyó la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT), la cuales definen las líneas de indigencia y de pobreza. Considera indigencia a cualquier ingreso total mensual que no alcance para cubrir la CBA, y como pobres a hogares cuyo ingreso total mensual no sea suficiente para cubrir la CBT, pero al menos permita adquirir la CBA. 

Además, ubica a los hogares “no pobres vulnerables” como aquellos cuyo ingreso total mensual es menor a la Canasta Total (CT) pero mayor la básica (CBT) del Sistema de Canastas de Consumo. Al “sector medio frágil” como aquellos donde el ingreso total mensual cubre la CT pero no alcanza a ser 1,25 veces mayor a ella.

Un hogar de “clase media” sería uno cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la Canasta Total, pero que no alcance a multiplicarla por 4. A partir de 4 veces de la Canasta Total, una familia tipo es considerada como parte del “sector acomodado”. Por lo tanto, los resultados para una familia de dos adultos económicamente activos con dos hijos son los siguientes:

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, esta estratificación brinda, por un lado, “la posibilidad de identificar a los sectores más desprotegidos de la sociedad en términos de situaciones de indigencia y de pobreza y, por el otro, da cuenta de la heterogeneidad de los sectores no pobres de manera de facilitar un análisis más integral de la situación social de la Ciudad de Buenos Aires”.

LC

Más de 600 personas se sumaron como voluntarios al Operativo Frío, en la Ciudad de Buenos Aires, para llevar ayuda a las personas en situación de calle. En total, se repartieron 50 mil viandas calientes y kits de ropa de abrigo y se realizaron 28 mil intervenciones.

Un relevamiento realizado por el Gobierno porteño determinó que en la Ciudad, durante el mes de abril, había 2.548 personas en situación de calle. De ese total, 1.010 se encontraban efectivamente viviendo en la calle, en tanto 1.538 que ya estaban recibiendo asistencia en la red de 35 Centros de Inclusión de la Ciudad.

De acuerdo a los datos del Gobierno porteño, durante los meses de invierno se llevaron adelante 315 asistencias diarias, en las cuales se ofrece en primera instancia ir a uno de los 40 Centros de Inclusión. Además, la línea 108, recibió cerca de 23.000 llamadas, con un 82% de contactos efectivos y un ratio de respuesta superior al 95%.

El Operativo Frío está a cargo de equipos especializados de Buenos Aires Presente (BAP), que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Este año, a los 150 operadores del programa se sumaron 600 voluntarios del gobierno, de organizaciones de la sociedad civil (religiosas, UBA en Acción, Red Solidaria, entre otros).

Así, voluntarios y operadores salieron todas las noches a asistir a las personas que se encuentran en esta situación de máxima situación de vulnerabilidad habitacional. El operativo se activa cuando los días de invierno llegan a situaciones de temperaturas inferiores a 5º C, entonces, el objetivo es reforzar la asistencia con la entrega de viandas calientes, packs hipocalóricos (barras de cereal, frutos secos, agua), frazadas y un kit de prevención de frío con guantes y gorro de lana.

Veinticinco equipos especializados de Buenos Aires Presente son los que salen a recorrer las calles de todas las comunas de la Ciudad. A las recorridas se suman los llamados recibidos en la Línea 108, de Atención Social Inmediata o de Boti, el chatbot de la Ciudad que funciona los 365 días del año, las 24 horas. 

Psicólogos, trabajadores y operadores sociales integran los equipos interdisciplinarios del BAP. El trabajo de los equipos es contactar a todas las personas que se encuentran en situación de calle, y ofrecerles el traslado a uno de los 38 Centros de Inclusión Social (CIS) que cuentan con un total de 2.900 plazas disponibles todo el año. Allí, se brinda un ámbito de contención y atención para promover la reinserción socio-laboral.

Estas plazas están repartidas en 40 centros de alojamiento permanentes, además de un centro de emergencia abierto desde el inicio de la pandemia. Los centros están adaptados para grupos familiares, para personas solas (según su género) o para madres con niñas o niños. 

En marzo de 2022 se comenzó a trabajar en la renovación de 3 de estos Centros: Parador Costanera Sur (para familias), Hogar Felix Lora (hombres) y el Bepo Ghezzi (hombres). Todas las obras llevaron trabajos de demolición, cielo raso, puesta en valor de carpinterías, cubiertas, aislaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas, impermeabilización y reparación de revoques exteriores, inicios de pintura exterior. Además, se realizaron convenios con nuevos dispositivos que incrementaron durante este año la tasa de aceptación del traslado para las personas que lo necesitan. Los trabajos de remodelación y mejoras continúan durante este año y sumarán nuevos Centros en 2023: Azuzena Villaflor, La Boca y 26 de Julio. 

Todos los dispositivos cuentan con servicio de ducha, elementos de aseo personal, cuatro comidas, talleres para contención psicológica, así como también para la inserción social, laboral y oportunidades de revinculación familiar.

Desde el Gobierno porteño informaron que durante el invierno aumentaron los llamados de asistencia a la línea 108 entre 45% y 50% respecto al resto del año. “En 2022, con 22.710 llamadas, se mantuvo un número similar a las recibidas durante el invierno 2021,con el diferencial positivo de alcanzar un 82% de contactos efectivos y un ratio de respuesta superior al 95%”, señalaron desde el Ministerio de Desarrollo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas en reclamo de mejoras en viandas y en contra de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas, se informó hoy oficialmente.

Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares, sostuvo un comunicado del Ministerio de Educación porteño difundido hoy.

En el caso del Mariano Acosta, fueron demandados 8 adultos que consintieron la participación de sus hijos en la toma.

La cartera educativa que conduce Soledad Acuña indicó que, además, se está preparando una demanda civil para transferirles el costo correspondiente al pago de los sueldos a docentes y no docentes por cada día sin clases debido a la toma de la escuela.

Estamos denunciando penalmente a las familias que están autorizando e ingresando con sus hijos a las escuelas que se tomaron, afirmó la ministra de Educación porteña, en diálogo con el canal de noticias LN+.

Añadió que hay menores de edad en un edificio público con adultos que desconocemos. Esto es responsabilidad de las familias que autorizan a sus hijos a estar ahí. En el 2018 hubo 40 familias que fueron procesadas en la justicia porque esto es un delito.

Sobre qué pasará con los jóvenes que toman las escuelas, Acuña sostuvo que van a tener que recuperar cada día de clases que pierden, dejan de tener la posibilidad de participar de otras prácticas educativas, otras series estudiantiles y salidas pedagógicas; pierden todo ese tipo de beneficios; y obviamente, al perder días de clases, pierden oportunidades de aprender e instancias de recuperación.

No soy una ministra que no dialoga, lo que no voy a hacer es aceptar la violencia y la coacción a través de una toma. No vamos a dialogar con estudiantes que estén tomando escuelas. Tuvimos la oportunidad de dialogar todo este tiempo y se negaron. Lo que es claro es que empiezan a regir otras reglas del juego, dijo.

La Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, el colegio Mariano Acosta y la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 de la ciudad de Buenos Aires permanecían hoy tomadas por sus alumnos.

DA

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores Celeste Fierro y la secretaria Gremial de Ademys, Vanesa Gagliardi, presentaron hoy un amparo contra la Resolución 2566 que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.  La jueza María Rosa Cilurso, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 22, deberá decidir si le da lugar al recurso. La medida judicial se suma a dos proyectos de ley presentados la semana pasada en la Legislatura porteña.

El viernes pasado se conoció la resolución que indica que educadores y educadoras deberán “desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. A pesar de que la medida generó un amplio rechazo en la comunidad escolar y en autoridades nacionales, incluso de los propios integrantes de la alianza de Juntos por el Cambio como el diputado Facundo Manes, ayer la ministra de Educación, Soledad Acuña, reforzó su decisión y dijo que sancionarán a docentes que utilicen el lenguaje inclusivo. 

Frente a este panorama, las dos referentes de izquierda hicieron la presentación en la justicia. Fierro,  mamá de una niña que cursa primer grado en una escuela pública, señaló que Acuña busca “reducir la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos por la ley”. “Atrasa y discrimina. En sus siete años de gestión como ministra, desde 2015 a hoy, redujo el presupuesto educativo del 23 al 19%. Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, indicó. 

Gagliardi, quien también es  profesora de secundaria, explicó que el retroceso en la comprensión de textos se da por la falta de computadoras y conectividad que sufrieron los estudiantes durante la pandemia. “Si no se revierten estos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos. Esta resolución no cayó bien en las escuelas, por eso nos estamos organizando junto a estudiantes y familias para rechazarla”, afirmó la referente del FIT- Unidad quien a fin de año asume como legisladora, ya que en esa fuerza los cargos se alternan. El amparo es representado por Mariana Chiacchio, integrante del Centro de Abogades por los Derechos Humanos. 

El viernes pasado, la legisladora Alejandrina Barry del PTS dentro FIT-Unidad, presentó un proyecto de resolución para derogar la resolución del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Consideró que “no obedece a razones pedagógicas, es discriminatoria contra el movimiento de mujeres y viola el derecho constitucional a la libertad de expresión”. Por otro parte, sus compañeros de bancada Gabriel Solano y Amanda Martín (del PO) presentaron un proyecto similar y denunciaron el “carácter retrógrado, oscurantista, discriminatorio, contrario a todo principio de defensa de la Educación Sexual Integral y al derecho a la identidad de género”.

CDB/MG

“Queremos atraer a 22.000 nómades digitales, que son los jóvenes que viajan por el mundo y trabajan de manera remota”, trazó como meta el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su discurso de apertura de las sesiones de la Legislatura. 

El objetivo apunta a esas personas que, con una computadora y conexión a internet, pueden mantener su rutina laboral sin importar su ubicación física y aprovechan esta posibilidad para viajar por el mundo. Una tribu que, si bien ya existía, se multiplicó con la pandemia y, según un informe del Grupo Adecco, solo crecerá hacia adelante.

Para el gobierno porteño los nómades digitales son clave para recuperar la vitalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la “economía del visitante”, ya que en promedio gastan más que los turistas convencionales y tienen estadías más largas. Según precisan, el 65% de estas personas que integran este universo tiene entre 20 y 34 años, más del 70% tiene al menos un título universitario y un nivel de gastos promedio de más de US$6.300 por estadía, 56% más que el turismo internacional.

“Cada nómade digital es una persona que alquila un departamento, usa el transporte público, consume en negocios y gastronomía, disfruta de la cultura y que, al mudarse nuevamente, se convierte en embajador o embajadora de Buenos Aires”, aseguran en el área que encabeza el Secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno de la Ciudad, Fernando Straface. 

Para estimular la llegada, el Gobierno de la Ciudad inauguró una página web dedicada a ofrecer información útil a los visitantes, donde además se puede solicitar un “kit de bienvenida” antes de viajar. Este kit gratuito incluye una tarjeta SUBE y un chip para el celular, además de descuentos en el traslado desde el aeropuerto de Ezeiza a la ciudad y tarifas especiales en alojamiento.

En un documento con el que buscan tentar a trabajadores y trabajadoras nómades para aterrizar en Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad cita 10 razones, que van desde “probarás todos los sabores del mundo en una sola ciudad” a “conocerás en dónde vivió y creció el Papa Francisco”. Una atracción no dicha, pero presumiblemente al tope de las motivaciones de los visitantes, está el bajo costo de vida para quienes llegan al país con dólares o euros. 

Pero no todos son pros. Si bien el jefe de Gobierno porteño no mencionó el punto, el flujo extranjero puede sumar presión al mercado de alquileres en la ciudad, ya de por sí escaso. Eleva la demanda y los precios sobre todo de las rentas temporales, que también son una opción para los entre 10.000 y 12.0000 estudiantes de otras provincias argentinas que llegan cada año a la capital para iniciar sus estudios de grado. 

Pero los nómades digitales no son solo extranjeros. Durante la pandemia, argentinos y argentinas aprovecharon la posibilidad de trabajar de manera remota para moverse dentro del país. De acuerdo con el Reporte Global 2021 de la empresa especializada Deel, la Argentina se encuentra en el tercer puesto dentro de los países en los que más creció la contratación internacional de freelancers o trabajadores independientes, con un aumento de 209%.

La conexión a internet, condición de posibilidad para la expansión de este fenómeno, no es algo que esté garantizado en todos los rincones de la Argentina. “El territorio argentino es inequitativo en términos de conectividad”, apunta Sergio Salinas, desarrollador web y miembro de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet. 

Salinas vive en Mar del Plata y señala que, en esa misma ciudad, mientras que “el centro tiene la arena caliente de tanta fibra óptica”, alcanza con desplazarse a los barrios del norte o el sur para ver cómo se desploma el servicio. “Las empresas que brindan infraestructura en el centro no entregan internet en los barrios más alejados, por un tema de rentabilidad: las empresas no gastan un centavo en lugares donde no hay concentración de población y le garantice cierta cantidad de dinero”, señala, haciendo alusión a las grandes compañías proveedoras de internet. 

Muchas veces pequeñas empresas o cooperativas suplen la falta en esos lugares, pero ofrecen apenas 3 o 6 megas, mientras que las grandes compañías pueden dar hasta 300. “Ahí se ve la inequidad. No es lo mismo una persona que vive en el centro de los núcleos urbanos y puede tener una alta conectividad, con acceso a muchos megas, que otro que tiene a cuentagotas”. Así, para los trabajadores que desempeñan tareas que demandan una conexión robusta y estable, las posibilidades de desplazamiento se acotan. 

Para Salinas hace falta generar mucha más infraestructura en el país para poder expandir el fenómeno de los nómades. “En todo el país hay ‘zonas blancas’ donde no tenemos conectividad plena, pueblos enteros que tienen potencial pero muy ofrecen muy bajas posibilidades de conectividad”, señala.

DT

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anticipó que acelerará y adelantará la aplicación de la tercera dosis, que será cinco meses después de la segunda dosis. Anteriormente, era luego de los seis meses. La decisión responde a la suba de contagios, que se evidencia en los últimos dos días donde las cifras se duplicaron, y la amenaza de la nueva variante ómicron.

“Esta semana volvimos a abrir el centro de testeo vehicular en Costa Salguero y un nuevo centro peatonal en La Rural. Estos se suman al centro de La Rural vehicular, al de Villa Devoto, al de Parque Chacabuco y al de Parque de Los Andes, que funcionan todos los días con turno”, dijo Horacio Rodríguez Larreta visiblemente afectado por tos y falta de voz en conferencia de prensa.

En la misma línea, volverán a poner nuevamente en funcionamiento las Unidades de Testeo Móvil. El lunes estarán circulando cuatro camionetas y aclaró que se irán agregando más si es necesario. Frente a estas posibilidades, el jefe de gobierno alentó a las personas a testearse en el caso de que sea necesario: “Las personas que sean contacto estrecho y no tengan síntomas, pueden acercarse a cualquier dispositivo DetectAR. Y aquellos que tengan síntomas, pueden ir sin turno a cualquiera de las 20 Unidades Febriles de Urgencia que tenemos en los hospitales de la Ciudad”.

Se adelanta la aplicación de terceras dosis

“Hoy estamos adelantando la aplicación de la dosis de refuerzo al quinto mes de la segunda dosis, ya que los especialistas aconsejan, en base a la evidencia, que ese es el plazo adecuado para sostener la inmunidad”, manifestó Larreta mientras que adelantó los números referidos al avance de la vacunación.

En la Ciudad más del 91% de la población ya tiene al menos una dosis. El 85% cuenta con su esquema completo y el 16% se aplicó su dosis de refuerzo. “Son niveles de vacunación muy altos y es una alegría enorme porque la evidencia, hasta el momento, muestra que con la vacuna la posibilidad de contagio y la gravedad de los casos disminuye”, apuntó e incitó a los que aún no completaron el esquema de vacunación, a hacerlo.

“A quienes aún no se vacunaron o no se dieron la segunda dosis: por favor, vayan a vacunarse. Es cuidarse uno, pero también cuidar a nuestra familia, amigos y seres queridos. Es muy importante que todos nos apliquemos las dosis que corresponden en el momento que nos toque”, dijo.

Fuerte advertencia por la variante ómicron

Por su parte, Fernán Quirós, volvió a manifestar que la variante Ómicron empieza a tomar más fuerza y advirtió sobre la posibilidad de que esté circulando. “Seguramente tendremos una superposición epidemiológica cuando empiece a predominar”, sentenció.

Y agregó: “En los últimos días recibimos datos preliminares de laboratorio que hablan de la potencialidad de que ómicron sea parte de los contagios, en los próximos días lo vamos a confirmar”.

Según detallaron, en números, el promedio de casos quedó ubicado en 880, duplicandosé en los últimos días en cifras de 1500 casos por día con una tasa de contagiosidad de 1,20 y una ocupación UTI de 5,4%.

AB

El oficial Arshak Karhanyan desapareció el 24 de febrero de 2019 sin dejar rastros. Ese domingo de verano salió de su departamento a hacer un par de compras y nunca más se volvió a saber de él. El joven prestaba servicios en la Policía de la Ciudad, a la que  la familia acusa por haber entorpecido la investigación. Después de varios pedidos al gobierno de la Ciudad y de la Nación finalmente esta semana Alberto Fernández recibió a la madre del joven y aumentó a 5 millones de pesos la recompensa para quien entregue alguna información. Ahora, la Cámara de Casación nacional debe resolver un pedido para comenzar a investigar la causa como desaparición forzada. Además, el caso se metió de lleno en la discusión política entre la oposición y oficialismo de la Ciudad en plena campaña. 

El martes por la tarde, en la Casa Rosada, junto a la madre y al presidente estuvieron la ministra de Seguridad Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria, y los candidatos a diputado y legisladora por la Ciudad del Frente de Todos, Leandro Santoro y Victoria Montenegro. Ya hace un año, en la Legislatura, Santoro reclamó por el esclarecimiento del caso y Montenegro estuvo cuando se repitieron los rastrillajes el año pasado. Estos últimos días los dos  precandidatos apuntaron al Ejecutivo de CABA y a su Policía por la invisibilización del caso. 

“Mucha gente se está enterando por mí que falta un policía de la Ciudad y nadie lo busca. ¿Alguno vio una foto de Arshak en un patrullero?”, dijo Santoro hace unos días en una entrevista con Romina Manguel. “¿Saben por qué nadie está buscando a Arshak, que desapareció el 24/2/19? Porque probablemente lo mató el Estado. ¿Es excesivo decir esto? ¿Por qué nadie lo busca?”, también publicó en su cuenta de Twitter. Por otro lado, ayer Montenegro señaló: “Se cumplieron dos años y medio de la desaparición de Arshak. Estamos acompañando a la familia desde el primer momento. La investigación está plagada de irregularidades y fue realizada por la misma por la misma Policía de la Ciudad”, señaló Montenegro en declaraciones a Radio del Plata.

La ministra Frederic también apuntó ayer a la Policía de Larreta. “Arshak desaparece el 24 de febrero. Todo muy sospechoso o por lo menos da lugar a la sospecha y es raro que la propia Policía de la Ciudad se haya encargado de la investigación. Esto en general no ocurre”, apuntó. Además sostuvo que cuando ocurren este tipo de situaciones en cualquier fuerza de seguridad hay “dispositivos de apoyo y de contención internos” para los familiares, que en este caso no existieron. “No recibieron llamados de nadie y, al estar desaparecido, dejó de percibir el salario. Son cosas que realmente muestran que a la Policía de la Ciudad le falta bastante para ser una Policía en serio”, sentenció.

También, Rosa, la madre del Policía, tras la reunión con el presidente, criticó al jefe y al vicejefe de Gobierno porteño. “No estamos conformes con la investigación. Todo está cajoneado desde hace dos años y por eso recurrimos al Presidente”, señaló: “Rodríguez Larreta y Santilli no nos recibieron a la familia y a nueve meses de la desaparición dijeron por televisión que no sabían nada”.

Karhanyan es un policía de 29 años nacido en Armenia, nacionalizado argentino, que también estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional. El día que desapareció Arshak bajó a la puerta de su casa, en la avenida Directorio, en Caballito, a hablar con un compañero, el oficial Leonel Herba. Las cámaras de seguridad muestran que conversaron casi una hora. A Karhanyan se lo ve inquieto y en un momento se puede distinguir que Harba le hace escuchar algo en su teléfono. Cuando el compañero se fue, Karhanyan subió a su departamento, dejó dos celulares cargando y salió nuevamente. Retiró dinero en un cajero del subte de Primera Junta y fue hasta Rivadavia y Paysandú, donde hay un Easy. Allí compró una pala de punta, la metió en su mochila. La cámara de ese supermercado lo tomó al salir. Luego de ahí no hay ningún registro sobre el policía. Esa tarde, el joven había arreglado un encuentro con una chica y le había dicho a su mamá que preparara comida porque pasaría por la casa. Al no tener noticias, uno de los hermanos intentó localizarlo y, como no lo pudo hallar, hizo la denuncia,

Herba declaró varias veces en la causa. Primero dijo que había ido a la zona de Warnes por un repuesto, luego, que se volvió a la casa porque se sentía mal, algo que desmiente un audio de su novia encontrado en el teléfono. Cuando el fiscal Santiago Vismara le preguntó qué habían hablado en esa última conversación en la vereda, dijo que la charla había girado sobre la intención de su compañero de comprar un auto. 

En 2015 a Karhanyan lo habían pasado de la División Cibercrimen a  Exposiciones, pero en los últimos tiempos lo habían mandado de consigna a una plaza. Él lo entendía como una degradación. “Le había dicho a su mamá que se quería ir de la Policía, que estaba de desencantado”, explican desde el entorno del joven. Luego de eso, le informaron que el horario que debía cumplir se superponían con los de la facultad. Entendía que le estaban dando un mensaje y que ya no lo tendrían más en cuenta. Exposiciones es una división que tiene mucha actividad callejera, similar al de las Brigadas de las comisarías, pero en delitos de menor envergadura. Pero hace procedimientos con allanamientos e incautaciones, que muchas veces nutren las cajas negras de las seccionales.

La causa tuvo abundancia de irregularidades desde su instrucción. En el registro de cámaras en una zona muy transitada, no apareció una sola que lo haya tomado caminando. Por esa razón, la familia desconfía del trabajo de revisión y selección de ese material. Fuentes cercanas a la causa  recordaban cuando desapareció M. la nena de 7 años que se la había llevado un cartonero en Lugano, que se pudo seguir el trayecto de manera completa, a pesar de que era en una zona menos monitoreada. En este caso, no se encontró ni una sola imagen para saber en qué dirección iba.

Los teléfonos de Karhanyan fueron borrados en los trabajos de los peritos policiales, también los de su compañero Harba. Solo se pudo recuperar parte de lo que había en ellos. Con lo cual, no se pudo saber qué fue lo que Harba le hizo escuchar en esa última charla. También desapareció información de la computadora del joven y de imágenes otras cámaras que habían sido alojadas en un servidor. 

“La familia está esperando que la Cámara resuelva el recurso que la Secretaría de Derechos Humanos y al que la querella adhirió fundamentos en el cual se está solicitando el cambio de calificación legal de los hechos y decretando la incompetencia del fuero ordinario para que pase al fuero federal. De esta manera lograríamos que la causa salga de la esfera del conocimiento del doctor Alberto Baños”, explica el abogado querellante, Juan Kassargian, muy crítico del trabajo del juez.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño no acuerdan con la hipótesis de una interna policial y explican que mantienen activos todos los protocolos de búsqueda. Las fuentes consultadas manejan la posibilidad de que el joven haya estado involucrado con alguna situación irregular y que estaría escondido, algo que la fiscalía y la familia no comparten. 

AM