El presidente Alberto Fernández relevó esta noche al exministro de Defensa, Oscar Aguad, al exsecretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis y al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo de “la obligación de guardar secreto y confidencialidad” para que puedan declarar en la causa que se sigue por presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan en la que el expresidente Mauricio Macri se encuentra como imputado.

La decisión presidencial fue refrendada en el Decreto 762, difundido esta noche, y alcanza además al exjefe de la custodia presidencial Alejandro Pablo Cecati, al extitular de la Casa Militar José Luis Yofre, a Alejandro Daniel Guglielmi y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño para que puedan dar testimonio en el marco del expediente que instruye el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

La normativa responde así a un pedido formulado por Bava “en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes”.

“En la causa mencionada se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley 25.520”, sostiene el Decreto en sus fundamentos.

Ayer, Bava hizo lugar a un pedido de la defensa del expresidente Mauricio Macri y citó a exfuncionarios de su gobierno para que declaren como testigos en la causa en la que se lo investiga por el supuesto espionaje ilegal

El magistrado convocó a Aguad para el 10 de noviembre a las 10 de la mañana; mientras que una hora más tarde le recibirá testimonio de de Andreis, según surge del fallo al que accedió Télam.

El juez también convocó como testigos, para el 11 a Cecati y Yofre, entre otros, con el propósito de que declaren como testigos, bajo juramento de decir la verdad.

Bava requirió hizo lugar también al pedido de que Caamaño, y Ritondo (que integra la comisión de control de los organismos de inteligencia) declaren como testigos, aunque en sus casos recibirán un pliego de preguntas para responder, dadas sus respectivas funciones institucionales.

De la resolución a la que accedió esta agencia, surge que el juez rechazó el pedido de citar como testigo a la exministra de Seguridad y actual titular del PRO, Patricia Bullrich, “toda vez que no guarda relación con el objeto procesal de la presente causa”.

Las declaraciones testimoniales dispuestas por el juez habían sido propuestas ayer en el escrito que presentó Macri en el marco de la indagatoria en la que no quiso hacer un descargo oral y ni responder preguntas.

En el escrito que presentó ayer, el ex mandatario aseguró que “jamás” espió ni ordenó espiar a nadie y acusó al juez de actuar de acuerdo a motivaciones políticas, a la vez que pidió que se cite a declarar como testigo a la interventora de la AFI para que explique cómo fue el hallazgo de los elementos que dieron origen a la denuncia.

DA

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart declinó este lunes la competencia del caso por el contrabando de material represivo a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri en favor del juzgado que conduce su colega Alejandro Catania, porque allí está radicada la primera denuncia sobre el caso.

El magistrado entendió que la declinación de la competencia no genera ningún gravamen para el desarrollo del expediente, que las medidas urgentes ya fueron realizadas y que por regla general corresponde que el caso sea tramitado por el juez que tuvo la primera denuncia.

Las denuncias por el caso del contrabando a Bolivia fueron 3: la primera la realizó el exjuez Eduardo Freiler y recayó por sorteo en el juzgado de Catania que, hasta el próximo lunes, está subrogado por el juez Rafael Caputo; la segunda fue la realizada por tres funcionarios del Gobierno nacional y quedó en la oficina de López Biscayart y la tercera fue la presentada por una unidad fiscal especializada y le cayó a Caputo.

La primera denuncia fue delegada de inmediato en el fiscal Claudio Navas Rial que también intervino en la segunda en la cual López Biscayart habilitó la feria judicial para avanzar con medidas de prueba urgentes; en tanto, la tercera fue remitida al juzgado de López Biscayart por haber sido posterior a esa.

De todas estas causas, la más avanzada es la que tramita en el juzgado de López Biscayart porque incluye toda la información aportada en la denuncia y la ampliación realizadas por los ministros Martín Soria (Justicia), Agustín Rossi (Defensa) y por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Al declinar la competencia en esas causas, decisión que quedará firme el próximo viernes si no es apelada, el juez López Biscayart sostuvo que “transcurrida la feria y adoptadas las medidas de investigación que se estimaron urgentes, cabe resolver en punto a la unificación de los trámites que postulara el Ministerio Público Fiscal y, en este sentido, diáfano es que los objetos procesales de uno y otro expediente son idénticos”.

“En ambos se investiga el presunto envío irregular de armamento al Estado Plurinacional de Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 en el que habrían tomado parte -supuestamente- Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Oscar Raúl Aguad, Normando Álvarez García, Gerardo Otero, Jorge Fourie, entre otros, por lo que corresponde la unificación del trámite del caso ante un mismo órgano jurisdiccional”, sostuvo el magistrado en la resolución.

“De lo expuesto, se desprende que la denuncia que diera origen al expediente nro. 721/2021 se recibió y sorteó con anterioridad a la presente, registrada con el nro. 722/2021. En virtud de ello, este estrado entiende que la tramitación debe unificarse en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 4”, concluyó.

Con información de Télam.

IG

El expresidente Mauricio Macri apeló este martes la decisión del juez federal Javier López Biscayart, quien había rechazado el lunes un pedido de los abogados del exmandatario para suspender la investigación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación sobre el presunto contrabando de municiones a Bolivia, según informó a elDiarioAR una fuente directa del expediente.

En la cartera a cargo de Sabrina Frederic, Gendarmería Nacional instruye un sumario administrativo para determinar las circunstancias en las que supuestamente se desviaron parte de los 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

El sumario administrativo o investigación interna es central en el avance de la causa judicial contra Macri; sus exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); el exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional imputados en el caso. A través de este sumario, el Ejecutivo nutre al expediente de pruebas oficiales sobre el supuesto contrabando, que la Justicia debe luego corroborar. 

Macri y sus abogados, con Pablo Lanusse a la cabeza, vienen planteando ante el juzgado que se frene con una orden judicial el avance de este sumario administrativo porque afectaría el derecho de defensa del expresidente. Macri y sus exfuncionarios sostienen que la causa es parte de una supuesta persecución política del gobierno de Alberto Fernández en su contra, según declaraciones públicas. elDiarioAR se comunicó con el defensor de Macri pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

El juez rechazó este lunes el pedido de paralizar el expediente interno y respondió que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias administrativas del Ejecutivo. Macri apeló esa denegatoria y el magistrado López Biscayart deberá decidir si habilita a la defensa a acudir ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico para que sus superiores revisen su decisión contra Macri.

Seguridad presentó este lunes una primera parte del sumario administrativo -que avanza con velocidad- con las declaraciones de un grupo de gendarmes que participaron en el operativo de traslado del arsenal, confirmó una fuente judicial. También aportaron supuestas pruebas sobre la trazabilidad del armamento investigado.

En la investigación interna aún restan medidas, informó una fuente del caso a elDiarioAR, entre ellas, las declaraciones de cuatro de las exautoridades de Gendarmería pasados a disponibilidad que habrían tenido conocimiento del traslado del armamento y municiones del que se habrían contrabandeado una parte.

También deben declarar los miembros de la tripulación del Hércules c-130 que realizó el vuelo a Bolivia con el cargamento y agentes del Grupo Alacranes, una fuerza especial dentro de Gendarmería, que viajaban en el avión que realizó el traslado, como informó ayer este medio. 

Según Seguridad, en 2019, el gobierno de Macri envió armamento y municiones de Gendarmería para proteger la sede de la embajada argentina y realizar pruebas de entrenamiento de la fuerza en ese país. En el cargamento, se incluyeron 70 mil cartuchos antidisturbios que serían parte de una adquisición realizada por el ministerio de Bullrich en 2018 para los operativos de seguridad del G-20, que tuvo lugar en Buenos Aires el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2018. 

Sin embargo, parte de esas municiones habrían terminado en manos de la Policía Boliviana, mientras se desarrollaban operativos de represión en el marco del derrocamiento de Evo Morales.

Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido.

Denuncia del Gobierno.

Entre las pruebas que incorporó a la causa el sumario interno hay fotografías y documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana, que se corresponde con el material presuntamente contrabandeado, según informó el ministerio de Seguridad. Lo que quedó en los depósitos son “26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol”. Todo fue fabricado por Fabricaciones Militares en Argentina y comercializado a Gendarmería en 2018, informó la cartera de Sabrina Frederic.

“Esto significa que las municiones recibidas por la Policía Boliviana no pudieron tener otro origen que no sea el envío por parte de la Gendarmería, a través del desvío de una parte de las 70.000 balas de gomas que Gendarmería sacó del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó la cartera de Seguridad. 

“Parte de ese material fue hallado en bolsos rotulados como ‘guantes’, dando cuenta del obrar doloso y malintencionado para ocultar su verdadero contenido”, sostiene un comunicado oficial de Seguridad sobre las pruebas presentadas este lunes en la Justicia.

El origen de la causa

El 12 de julio, el Gobierno de Alberto Fernández denunció a Macri, a los exministros Bullrich (Seguridad) y Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia; y a exautoridades y miembros de Gendarmería Nacional por el supuesto contrabando de municiones que habrían sido destinadas ilegalmente a las fuerzas que apoyaban el golpe a Morales.

Fue luego de que el actual gobierno boliviano hiciera las primeras acusaciones, tras el hallazgo de una carta que reveló el envío presuntamente ilegal. 

ED

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó este viernes a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri por presunto “contrabando agravado” a raíz del envío de material bélico a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.

El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.

Navas Rial imputó también al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, a Gerardo José Otero, (ex Director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex Comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina).

El fiscal del fuero Penal Económico, donde se investigan los casos de contrabando, solicitó al juez Javier López Biscayart que habilite la feria judicial de invierno que comienza el lunes para avanzar con las medidas y que se obtenga toda la información detallada sobre el caso en Bolivia: cómo fue la secuencia del hallazgo del armamento y su inventario; y las investigaciones en curso en el país vecino, entre otras medidas.

Por este caso existen dos denuncias en el fuero, en las que intervienen dos jueces distintos. Una fue iniciada por el exjuez Eduardo Freiler y una segunda fue presentada por el gobierno de Alberto Fernández. El fiscal Navas Rial interviene en ambas y pidió que se evalúe acumular ambas denuncias en un único expediente.

La denuncia

La denuncia por contrabando agravado, entre otros delitos, contra el expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por el envío de “material represivo” a Bolivia tuvo, entre otras bases, una investigación de la Dirección General de Aduanas, que depende de la AFIP, sobre “exportación temporaria” de armas.

Fuentes oficiales dijeron que la pesquisa de Aduanas “identificó evidencia que, junto con el resto de la producida por el Gobierno, permitió sustanciar la denuncia conjunta firmada por Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad y la AFIP por contrabando agravado en la 'exportación temporaria' de las armas de fuego y otros materiales controlados que comenzará a investigar la justicia”.

Los voceros precisaron que “una 'exportación temporaria' permite que las mercaderías exportadas permanezcan con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio, sujetas a la obligación de reingresarlas al país”.

“La 'exportación temporaria' de las armas y municiones fue formalmente solicitada y autorizada con la finalidad específica de brindar seguridad a la Embajada Argentina en Bolivia”, según la explicación del Gobierno de Macri, pero “esta situación no habilita la entrega de las armas o municiones a fuerzas militares bolivianas para su uso a discreción”, añadieron.

La denuncia sostiene que existe “una palmaria discrepancia entre la finalidad específica para la cual fue autorizada la exportación del material y su aparente posterior uso en el país de destino por parte de una fuerza armada extranjera”.

“Esta discrepancia, sumada al resto de la evidencia aportada en la denuncia, permite sostener la hipótesis del desvío de armamento para un fin no declarado que ahora investigará la justicia”, resaltaron las fuentes oficiales.

Con información de agencias.

ED/IG

Desde hace dos años, la Justicia debe decidir sobre un tercer capítulo del caso Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que podría determinar si la exvicepresidenta Gabriela Michetti cerró de manera anticipada una investigación interna sobre el desempeño de miembros del gabinete de Cambiemos que acordaron una quita del 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional. 

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), instó el último 9 de marzo al juez Pablo Cayssials, quien subroga el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, a que dicte sentencia en el caso. El magistrado debe determinar si se reabre la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma de la familia del expresidente y “todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa” en el caso, incluyendo al propio exmandatario. Así consta en el expediente, según confirmó una fuente judicial del caso a elDiarioAR.

Si bien los funcionarios de Macri ya no están en el Ejecutivo, una nueva investigación administrativa quedaría a cargo del actual gobierno y podría tener consecuencias para quienes intervinieron en el caso: si se determinan sanciones para los exfuncionarios quedarán registradas en sus legajos en la administración pública pero además el sumario tendría efectos penales, ya que el rol de los agentes estatales también es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional.

El expediente que tramita desde hace dos años en el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen las demandas contra el Estado Nacional por las decisiones que toman sus funcionarios a nivel administrativo, es uno de los tres frentes judiciales en torno al caso Correo. En el fuero penal federal, el juez Ariel Lijo investiga si el expresidente, funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y ejecutivos de la empresa de los Macri cometieron delitos al acordar la quita de la deuda de Correo con el Estado, en junio de 2016.

En el fuero comercial, la jueza Marta Cirulli tramita el concurso de acreedores y el salvataje de la empresa de los Macri, que de no concretarse este 7 de abril, iría a la quiebra, como adelantó este medio. En la Justicia comercial también tramita un expediente satélite en el que debe determinarse si los administradores de la compañía vaciaron Correo, supuestamente desviando hacia otras compañías de los Macri fondos que debían destinarse al pago de las deudas, una acusación que viene sosteniendo la fiscal general Gabriela Boquin y que los ejecutivos de Correo siempre negaron.

Antecedentes de un decreto

Luego de que el caso Correo saliera a la luz, la PIA, como parte de sus funciones, ordenó en febrero de 2017 que se iniciara un sumario administrativo para determinar si los funcionarios que intervinieron o tenían intereses en el caso cometieron irregularidades, como la violación a la ley de Ética Pública y una inadecuada defensa de los intereses del Estado en la negociación con la empresa de la familia Macri. 

La investigación interna quedó a cargo de la Procuración del Tesoro. En octubre de 2017, el organismo entonces a cargo de Bernardo Saravia Frías dio por clausurado el sumario y declaró “la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Ante esa decisión, la PIA recurrió ante el Tesoro y luego ante Presidencia solicitando que se reabra el sumario y se continúe investigando a los funcionarios, ya que el fiscal Rodríguez resaltó que el sumario no había incluido las medidas de prueba necesarias para el objetivo.

Sin embargo, Michetti estableció en un decreto de octubre de 2018, que también lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el sumario había sido instruido correctamente y que la prueba producida “respetó cabalmente el principio de congruencia”. 

Sobre el presunto perjuicio al Estado que hubiera significado la quita de la deuda a Correo acordada entre la empresa y los funcionarios ante la Justicia comercial en 2016, Michetti sostuvo que no puede reprochársele a los funcionarios ya que el hecho no se llegó a consumar.

La fiscal Boquin, del fuero comercial, se opuso al acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa en diciembre de 2016. “La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional”, afirmó la entonces vicepresidenta en el decreto.

elDiarioAr intentó comunicarse con Michetti para ampliar su posición sobre el caso pero una vocera de la exfuncionaria explicó que se encuentra abocada a un tema familiar y que no se encuentra disponible. Michetti debió intervenir porque Macri se había excusado días antes de intervenir en cualquier cuestión relacionada con la firma Correo Argentino SA.

La demanda

En marzo de 2019, el fiscal Rodríguez presentó la demanda contra Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Estado Nacional por la decisión de Michetti de cerrar la investigación interna. Pero tras dos años sin sentencia, el titular de la PIA instó al juez Cayssials a un “pronto pronunciamiento” ante la “injustificada dilación” en el expediente, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda. La PIA busca que declare nulo el decreto de Michetti y todo lo actuado en el sumario administrativo y que se reabra la investigación interna en el Estado. 

La PIA sostuvo en su demanda de 2019 que no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando existe una causa penal, con exfuncionarios indagados por el caso, como el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y que la investigación interna realizada por el macrismo fue “parcial”, “cercenada de los hechos” y con “cierre apresurado”. Aguad niega los cargos en su contra al igual que el resto de los indagados: su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo.

ED

La jueza Marta Cirulli avanzó este miércoles con el salvataje de Correo Argentino SA, fijó el valor de las acciones en cero pesos y dispuso una audiencia para definir el destino de la compañía de la familia Macri para el próximo 29 de marzo, según el escrito publicado en sitio web del Poder Judicial. De esta manera, la magistrada fijó que entre el 7 y 8 de abril próximos, Correo o los interesados en salvar la compañía deben alcanzar un acuerdo con sus acreedores para saldar sus deudas. De lo contrario, deberá decretar la quiebra de la empresa, según lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras.

La familia del expresidente Mauricio Macri se juega mucho más que el Correo en este expediente comercial. Si el proceso de salvataje fracasa en abril, la quiebra de la compañía podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso. Ese sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El salvataje o cramdown implica que, para evitar la quiebra, la empresa puede ser adquirida por terceros, incluso por otra compañía de los Macri. Los interesados en hacerlo debían inscribirse en registro público. Durante 2020, se registraron OCASA, Transporte Chimiray (de la familia de Ramón Puerta), MV Cargo SAS, Valuaciones SA (su principal rubro es el inmobiliario), Jorge Alberto Anselmi, (un excomisario inspector de la Policía Federal cuya empresa de seguridad privada atravesó un concurso de acreedores) y la propia Correo (que puede hacerlo por ley). 

Con esta última decisión de la jueza Cirulli, comenzó a correr el plazo legal de 20 días para que los seis inscriptos presenten sus ofertas a los acreedores de Correo, incluido el Estado Nacional, y logren las conformidades de la mayoría de ellos, según establece el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la audiencia del 29 de marzo, los inscriptos deberán presentar esas conformidades. La jueza Cirulli deberá entonces evaluarlas y decidir si el salvataje fue saldado o si la compañía va a la quiebra, en caso de que ninguno de los inscriptos pueda presentar un acuerdo con los acreedores. 

La deuda original de Correo era por 300 millones de pesos/dólares (2001). El cálculo del Ministerio Público Fiscal estableció que, en 2017, ya superaba los $4 mil millones. 

El escrito de la jueza Cirulli fue ingresado en el sistema web inmediatamente después de la última presentación del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el expediente. Este mismo miércoles, el jefe de los abogados del Estado Nacional había solicitado a la magistrada que reactive el proceso de salvataje “a fin de dar continuidad al procedimiento previsto por la ley” de Concursos y Quiebras. 

El que pierde es el Estado con las demoras,

El presidente Alberto Fernández hizo alusión al caso del Correo en su discurso del lunes durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso cuando entre sus críticas al Poder Judicial mencionó “concursos comerciales que demoran décadas” como uno de los “desvíos en la Justicia” que dijo observar desde hace tiempo. El concurso preventivo de la empresa de la familia Macri cumplió 19 años en septiembre último.

Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje de Correo hace más de un año, pero el proceso se suspendió y dilató durante meses, en parte debido a los planteos de los abogados de la principal accionista, Socma (Sociedades Macri), que buscó apartar a la jueza y a la fiscal general que interviene en el proceso, Gabriela Boquin. Además, Correo se opone al salvataje y solicitó hace alrededor de un año a la Corte Suprema que revise la decisión. 

La Sala B de la Cámara Comercial confirmó a Cirulli el 17 de febrero último, decisión que tenía pendiente desde noviembre de 2020 y que había paralizado el salvataje, ya que en el fuero comercial, los jueces son apartados de los expedientes hasta que se resuelva la recusación. Socma, principal accionista de Correo, se presentó ante el máximo tribunal de la Ciudad de Buenos Aires para insistir con apartamiento de la fiscal.

Antecedentes del caso

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. En 2003, el servicio fue estatizado, situación que la compañía atribuye a su debacle económica, junto con la falta de pago de los servicios postales prestados al Estado durante años. En el expediente, sin embargo, también se expone la falta de pago de canon que la empresa debía cumplir con la administración pública y no hizo. De allí, su deuda con el Estado.

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, lo acordado implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Por ese motivo, la fiscal se opuso al acuerdo, que nunca se concretó.

“La propuesta de Correo, del 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio a principios de febrero.

“Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo (el exministro de Comunicaciones, Oscar) Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos”, agregó uno de los representantes. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. “El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó.

ED

El futuro de Correo Argentino SA, una empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, sigue girando entre jueces y tribunales que deben tomar decisiones centrales en el caso. Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje hace más de un año, pero el proceso sigue sin resolverse y entró en una pausa en noviembre de 2020. El caso está frenado, al cierre de esta nota, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en el expediente y abogados de Correo. 

Desde noviembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero tienen pendiente una decisión clave que las partes esperaban antes del finales de 2020: deben confirmar o apartar a la jueza Marta Cirulli, quien tramita el expediente y está apartada momentáneamente del caso a pedido de Socma, principal accionista de Correo y empresa emblema de los Macri.

Mientras tanto, en la causa penal del caso Correo, el juez federal Ariel Lijo tiene en su poder un informe oficial que concluye que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia fue “abusivo” para el Estado, como habían sostenido los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita, informó una fuente judicial con acceso directo al caso. En el expediente penal fueron indagados en marzo de 2019, el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; uno de sus subalternos; y dos representantes de la compañía. El magistrado no decidió aún si debe procesarlos por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. Todos los involucrados niegan las acusaciones.

El que pierde es el Estado con las demoras.

Tras la salida de Macri de la Casa Rosada, el expediente tomó impulso: a finales de diciembre de 2019, la Sala B de la Cámara Comercial ordenó abrir el cramdown o salvataje de Correo. Eso implicaba que durante 2020, la Justicia comercial debía posibilitar que las empresas y particulares interesados en adquirir la compañía y pagar sus deudas presenten sus propuestas a los acreedores. 

También en diciembre de 2019, los abogados de Correo recurrieron en queja ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal falle sobre la decisión de abrir el proceso de salvataje. La empresa de los Macri espera la definición hace más un año, sostuvieron los abogados de Correo ante la consulta.  

En marzo de 2020, la jueza Cirulli ordenó la intervención de Correo y desplazó a los administradores que respondían a Socma, la empresa de la familia Macri que controla la mayoría de las acciones de Correo. En agosto, la magistrada abrió el registro para que se inscriban los interesados en asumir el salvataje; y en octubre se valuaron las acciones, que valen cero pesos, según el informe presentado en el expediente por el estudio contable sorteado para la tarea.

No hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede.

En noviembre último, Socma recusó a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin por supuesta parcialidad en el proceso. La Sala B de la Cámara Comercial derivó el caso de la fiscal al fiscal general en lo Civil, Javier Lorenzutti, para que decidiera si Boquin debía o no seguir en el caso. Según un escrito de Lorenzutti de finales de noviembre, el magistrado rechazó intervenir en el expediente porque el propio reglamento se lo impide. 

Entonces, las camaristas confirmaron a Boquin. Sin embargo, al cierre de esta nota, no habían decidido sobre la jueza Cirulli. Desde noviembre, el expediente está a cargo de un juez temporario y ajeno al caso. El concurso de acreedores cumplió 19 años en septiembre último. 

La familia Macri se juega mucho más que Correo en este expediente comercial. Si las ofertas de los interesados en adquirir la empresa no son admitidas por los acreedores (incluido el Estado), el proceso de salvataje fracasa. Eso derivaría en la eventual quiebra de Correo que podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso, en el que sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El acuerdo que no fue

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $ 4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Correo hace un cálculo muy diferente. “La propuesta de Correo, el 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio.

El acuerdo tendría que haberse homologado y actualmente Correo ya hubiese pagado entre cuatro y cinco cuotas.

Un representante de Correo señaló: “Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos, como determinó el actual Procurador del Tesoro”. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. 

Correo también rechaza que se hayan actualizado los intereses a 2017 y que no se reconozca un resarcimiento por la estatización del servicio postal en 2003 y lo que denomina “la apropiación de bienes valuados en US$ 330 millones”. La empresa sostiene que la falta de pago de servicios postales prestados a la administración pública durante los años 90 la llevó a entrar en concurso de acreedores, agregó uno de los abogados consultados. “El acuerdo tendría que haberse homologado y actualmente Correo ya hubiese pagado entre cuatro y cinco cuotas. El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó un representante de la empresa.

ED

El juzgado federal de Ariel Lijo tiene en su poder un informe oficial que concluye que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su familia Correo Argentino SA fue “abusivo” para el Estado -como habían sostenido los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita-, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al caso. El magistrado pondrá a disposición de las defensas los resultados del estudio y los imputados deberán contrarrestar las conclusiones que los dejaron más comprometidos en el expediente, informó otra fuente directa del expediente, que ratificó el resultado.

El informe fue ordenado por la Cámara Federal porteña, llevó un año de elaboración y fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), también conocida como la “oficina de escuchas” de la Corte Suprema. El organismo también asiste técnicamente en aspectos contables al Poder Judicial. Fue presentado ante el juez Lijo a mediados de diciembre, aunque su finalización trascendió recién en los últimos días, como adelantaron Télam y Página/12.

elDiarioAR pudo acceder a algunos de los ejes centrales del informe, a través de una fuente judicial con acceso directo al material. La DAJuDeCO realizó un análisis del acuerdo firmado por el Ejecutivo en junio de 2016, a seis meses de la asunción de Macri en la Casa Rosada. El exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien ya fue indagado, dijo a este medio que no hará declaraciones por el momento, pero afirmó que el caso gira en torno a lo que considera un abstracto, ya que el acuerdo -si bien se firmó- nunca entró en vigor porque fue frenado por la fiscal general Gabriela Boquin. Por eso, sostiene, no podría haber existido abuso. Otras defensas también esperan acceder primero al contenido del informe para hacer declaraciones.

Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas.

El informe incluye un análisis por escrito con distintos escenarios que podrían haberse acordado entre el Ejecutivo y Correo en 2016 para evaluar las alternativas que los funcionarios podrían haber elegido. El juzgado ya tiene acceso incluso a un simulador virtual que permite ingresar distintas variables de la negociación y ver estos escenarios posibles. También dispone de una serie de anexos con la documentación contable que se extrajo del expediente comercial.  

El simulador permite evaluar cómo hubiese variado el acuerdo según las distintas alternativas que se plantearon en la negociación y que se tomaron de la documentación del expediente que tramita en la Justicia comercial. Por ejemplo, se evaluó si la aplicación de distintos planes de pago que se discutieron en el caso hubiesen sido más o menos beneficioso para el Estado; los distintos tipos de tasas de interés (activa o pasiva, por ejemplo); cantidad de cuotas; quitas de deuda; y fecha desde la cual se empieza a calcular la deuda. “En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado”, informó la fuente consultada. Una conclusión preliminar, entonces, es que el Ejecutivo nunca debería haber accedido a negociar.

Sobre el acuerdo que finalmente se firmó en junio de 2016, la conclusión del informe de la DAJuDeCO “se aproxima a las conclusiones de la fiscal Gabriela Boquin” del fuero comercial, que en diciembre de 2016 frenó la homologación de dicho acuerdo, sostuvo la fuente con acceso directo al documento. Sus conclusiones fueron ratificadas más tarde por el fiscal del caso penal que tramita en el juzgado de Lijo, Gerardo Pollicita. “Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas”, agregó la fuente.

En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado.

La defensa de los ejecutivos de Correo que fueron indagados por el juez sostuvo en el expediente que “la quita (de la deuda acordada con el Gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %”, como sostiene la acusación de los fiscales.

Tanto los exfuncionarios investigados como la compañía niegan haber intentado perjudicar a la administración pública, según vienen sosteniendo en el expediente. Al no tratarse de un peritaje en el que podrían haber participado las partes (y que se hubiese extendido más en el tiempo), ahora el juzgado deberá dar la oportunidad a los involucrados para presentar escritos y documentación que consideren necesaria para su defensa.

Antecedentes

La deuda original de Correo con el Estado era por 300 millones de pesos/dólares (2001), por el canon adeudado, ya que la empresa debía pagar al Estado por la explotación del servicio postal. A su vez, la empresa reclama desde 2016 en sede judicial supuestas deudas millonarias del Estado por prestación de servicios adeudados y por la estatización de 2003.

La fiscal había planteado que el acuerdo era “abusivo” en base a otro informe oficial, realizado en 2017 por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Aquel análisis estableció que el acuerdo implicaba una quita del 98,87% de la deuda, equivalente a más de 4.000 millones de pesos, a 2017. 

Lijo investiga la presunta responsabilidad penal del expresidente Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En el expediente, Macri fue imputado formalmente en 2017 por el entonces fiscal del caso, Juan Pedro Zoni. El exmandatario siempre negó las acusaciones y su participación en el acuerdo.

La quita (de la deuda acordada con el gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %.

Por este caso, ya fueron indagados en marzo de 2019, el exministro de Defensa Aguad, por su rol en la cartera de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. En base a este informe de la DAJuDeCo, el juez debe decidir sobre la situación procesal de los cuatro indagados, explicó una fuente judicial que interviene directamente en el expediente.

Correo es una empresa residual sin actividad comercial, que enfrenta un concurso de acreedores desde hace más de 19 años. Tuvo la explotación del servicio postal durante los años 90. La empresa atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía y la posible extensión de la quiebra al grupo económico que controló y controla a Correo: Sideco y Socma, principales empresas de la familia Macri. 

ED