Caso Correo: la Justicia vuelve a demorar el salvataje de la empresa de la familia Macri

El futuro de Correo Argentino SA, una empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, sigue girando entre jueces y tribunales que deben tomar decisiones centrales en el caso. Para evitar su quiebra, la Justicia comercial ordenó el salvataje hace más de un año, pero el proceso sigue sin resolverse y entró en una pausa en noviembre de 2020. El caso está frenado, al cierre de esta nota, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en el expediente y abogados de Correo. 

Desde noviembre, las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero tienen pendiente una decisión clave que las partes esperaban antes del finales de 2020: deben confirmar o apartar a la jueza Marta Cirulli, quien tramita el expediente y está apartada momentáneamente del caso a pedido de Socma, principal accionista de Correo y empresa emblema de los Macri.

Mientras tanto, en la causa penal del caso Correo, el juez federal Ariel Lijo tiene en su poder un informe oficial que concluye que el acuerdo entre el gobierno de Macri y la empresa de su familia fue “abusivo” para el Estado, como habían sostenido los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita, informó una fuente judicial con acceso directo al caso. En el expediente penal fueron indagados en marzo de 2019, el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; uno de sus subalternos; y dos representantes de la compañía. El magistrado no decidió aún si debe procesarlos por los supuestos delitos de negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. Todos los involucrados niegan las acusaciones.

El que pierde es el Estado con las demoras.

Tras la salida de Macri de la Casa Rosada, el expediente tomó impulso: a finales de diciembre de 2019, la Sala B de la Cámara Comercial ordenó abrir el cramdown o salvataje de Correo. Eso implicaba que durante 2020, la Justicia comercial debía posibilitar que las empresas y particulares interesados en adquirir la compañía y pagar sus deudas presenten sus propuestas a los acreedores. 

También en diciembre de 2019, los abogados de Correo recurrieron en queja ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal falle sobre la decisión de abrir el proceso de salvataje. La empresa de los Macri espera la definición hace más un año, sostuvieron los abogados de Correo ante la consulta.  

En marzo de 2020, la jueza Cirulli ordenó la intervención de Correo y desplazó a los administradores que respondían a Socma, la empresa de la familia Macri que controla la mayoría de las acciones de Correo. En agosto, la magistrada abrió el registro para que se inscriban los interesados en asumir el salvataje; y en octubre se valuaron las acciones, que valen cero pesos, según el informe presentado en el expediente por el estudio contable sorteado para la tarea.

No hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede.

En noviembre último, Socma recusó a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquin por supuesta parcialidad en el proceso. La Sala B de la Cámara Comercial derivó el caso de la fiscal al fiscal general en lo Civil, Javier Lorenzutti, para que decidiera si Boquin debía o no seguir en el caso. Según un escrito de Lorenzutti de finales de noviembre, el magistrado rechazó intervenir en el expediente porque el propio reglamento se lo impide. 

Entonces, las camaristas confirmaron a Boquin. Sin embargo, al cierre de esta nota, no habían decidido sobre la jueza Cirulli. Desde noviembre, el expediente está a cargo de un juez temporario y ajeno al caso. El concurso de acreedores cumplió 19 años en septiembre último. 

La familia Macri se juega mucho más que Correo en este expediente comercial. Si las ofertas de los interesados en adquirir la empresa no son admitidas por los acreedores (incluido el Estado), el proceso de salvataje fracasa. Eso derivaría en la eventual quiebra de Correo que podría incluso extenderse a Socma y Sideco, principales compañías de los Macri, explicaron tres fuentes directas del caso, en el que sería el peor escenario para la familia del expresidente.

El acuerdo que no fue

Correo Argentino SA explotaba la concesión del servicio postal durante los 90. En 2001, entró en concurso de acreedores, situación que se extendió por casi dos décadas. La deuda original con el Estado nacional por el no pago del canon era de 300 millones de pesos/dólares, que actualizada a 2017, alcanzaba los $ 4.000 millones , según el cálculo del Ministerio Público Fiscal. 

En junio de 2016, el gobierno de Macri firmó un pre-acuerdo con Correo por su deuda. Según estableció la fiscalía de Boquin y los técnicos del Ministerio Público Fiscal, ese acuerdo implicaba una quita del 98,87% a favor de la compañía. Correo hace un cálculo muy diferente. “La propuesta de Correo, el 28 de junio de 2016, planteaba dos escenarios: el monto a pagar quedaba fijado entre los $ 528.800.216 (lo que equivalía a una quita del 44%) y los $ 651.321.558 (correspondiente a una quita del 54,5%)”, sostienen los representantes de Correo consultados por este medio.

El acuerdo tendría que haberse homologado y actualmente Correo ya hubiese pagado entre cuatro y cinco cuotas.

Un representante de Correo señaló: “Lo que sucedió en junio de ese año fue que el Estado aceptó la oferta de la empresa porque, como dijo Aguad, era lo máximo que le podía sacar a la compañía debido al estado en el que estaba y está: no tiene bienes, no tiene actividad comercial y sus acciones valen cero pesos, como determinó el actual Procurador del Tesoro”. Para la compañía de los Macri “no hay abuso si el deudor paga lo mejor que puede”. 

Correo también rechaza que se hayan actualizado los intereses a 2017 y que no se reconozca un resarcimiento por la estatización del servicio postal en 2003 y lo que denomina “la apropiación de bienes valuados en US$ 330 millones”. La empresa sostiene que la falta de pago de servicios postales prestados a la administración pública durante los años 90 la llevó a entrar en concurso de acreedores, agregó uno de los abogados consultados. “El acuerdo tendría que haberse homologado y actualmente Correo ya hubiese pagado entre cuatro y cinco cuotas. El que pierde es el Estado con las demoras”, afirmó un representante de la empresa.

ED