Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

El frigorífico General Pico, creador de la hamburguesa Paty y referente de la industria cárnica argentina desde los años 60, suspendió a los 450 trabajadores de su planta ubicada en la localidad pampeana de Trenel. La decisión se tomó en medio de una crisis financiera que puso en riesgo la continuidad operativa de la firma.

La empresa atribuyó la medida a la caída de las ventas internas y a una fuerte retracción del negocio exportador. Según datos oficiales del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas se redujeron 7,3% en volumen durante 2025, con un derrumbe del 12,3% en los envíos a China, principal comprador del país.

La planta —controlada por la familia Lowenstein, fundadora también del complejo turístico Las Leñas— redujo su faena diaria de 600 a solo 50 cabezas de ganado, lo que refleja la gravedad de la situación productiva. La interrupción de actividades impactó de forma directa en los operarios y de manera indirecta en transportistas, comerciantes y productores ganaderos de la región.

En Trenel, una localidad que depende en gran parte del frigorífico como fuente de empleo, la preocupación crece por un eventual cierre definitivo. El intendente Horacio Lorenzo informó que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de esa zona y de la vecina Eduardo Castex, lo que genera un efecto dominó en la economía local.

La crisis financiera del frigorífico incluye una deuda acumulada superior a los $30.000 millones, con un pasivo de $9.000 millones solo con el Banco de La Pampa. Además, el Banco Central registró más de mil cheques rechazados, evidencia de la falta de liquidez y de la incapacidad de la firma para cumplir con compromisos corrientes.

Como única respuesta hasta el momento, la empresa ofreció a sus trabajadores el pago de $500.000 por el mes en curso y la entrega semanal de carne, en un intento por contener la situación social entre el personal suspendido.

La historia de la hamburguesa Paty —producto que se convirtió en marca genérica en el país— está ligada a los orígenes de Quickfood, fundada en los años 60 por Ernesto “Tito” Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché. La firma introdujo por primera vez la hamburguesa industrializada en Argentina y definió hábitos de consumo que perduran hasta hoy. Tras pasar por manos de las multinacionales Marfrig y BRF, la marca volvió a quedar bajo control de los dueños originales en 2018.

El conflicto de General Pico es parte de una seguidilla de crisis que atraviesa la industria cárnica nacional. En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde hace más de dos meses por sueldos adeudados. En Pilar, la avícola Granja Tres Arroyos enfrentó medidas de fuerza por parte de 300 empleados ante la falta de pagos. También hubo conflictos similares en Bernasconi.

Los gremios del sector advirtieron que los problemas se extienden a buena parte de la industria, impulsados por el alza de los costos, la caída del consumo y la escasa disponibilidad de financiamiento. En el caso de Pico, la situación ya se venía deteriorando: un año atrás comenzó un ajuste que recortó cerca de 100 puestos de trabajo, como preludio del colapso actual.

Hasta el momento, no se convocó a ninguna instancia de negociación paritaria ni se anunció un plan de rescate. Tampoco hubo intervención del Estado provincial o nacional. Los 450 trabajadores siguen suspendidos, sin certeza sobre el futuro de la planta.

JJD

César, empresario gastronómico, está agobiado por sus empleados. Cuando les paga el sueldo, la tarjeta de crédito les deja la cuenta en cero. Y tampoco tiene margen para remunerarlos mejor porque el restaurante en zona norte del conurbano va para atrás. Encima teme que todo vaya a peor ahora que en enero se quitan los subsidios a la luz y el gas a 7,5 millones de hogares. La clase media está ahogada entre los aumentos de tarifas y el endeudamiento al que recurre hasta para pagar los alimentos en el supermercado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó en octubre pasado el 7,8% de la cartera crediticia, el mayor nivel desde que 15 años atrás el Banco Central estandarizó el dato. En los préstamos no bancarios, que abarca desde billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago hasta financieras y casas de electrodomésticos, la irregularidad llega al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, sobre la base de datos de la autoridad monetaria.

A su vez, antes de la quita de subvenciones a la energía de enero, el gasto en servicios públicos en general había subido en los últimos cuatro años, entre el final del gobierno peronista y el inicio del libertario, del 4,8% del salario privado registrado al 8,8%, según Eco Go. “Esto está pegándole de lleno a la clase media”, observa Dal Poggetto. De todos modos, señala que en el gobierno de Mauricio Macri este gasto llegó a representar el 13% del sueldo. “Y eso que ahora hay una baja de subsidios más agresiva. Pero el desarrollo de Vaca Muerta te ayudó a bajar los costos locales”, se refiere a la sustitución de la importación de gas y a que, en lugar de asegurar una remuneración del gas en boca de pozo argentino de US$6,50 el millón de BTU (unidad de medida), como quería el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, el plan Gas de la anterior administración retribuye US$3,40.

“Tengo un plan de pagos de agua que termina en febrero; deuda con el gas, con envío de telegrama de aviso de suspensión de servicio incluido; dos cuentas pendientes de la luz, el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) ni lo puedo pagar...”, lamenta Cecilia Montenegro, vecina de la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires, que vive con su hijo con discapacidad. Al comienzo del gobierno de Milei perdió la asignación universal por hijo porque una auditoría determinó que el padre del niño estaba trabajando en blanco. Después de una acción legal la recuperó casi dos años después. Pero en el medio debió buscar changas para sobrevivir, pero sin dejar de cuidar a su hijo: desde la limpieza de su edificio hasta el paseo de perros. Tampoco pudo conseguir algo mejor a su edad, a los 57 años. “Lo poco que me entraba fue sólo para comida y cada tanto pagar un puchito de los servicios”, completa Cecilia.

“Dejé de pagar literalmente las tarjetas y préstamos”, cuenta Flavia Pérez, vecina de Claypole de 54 años, que trabaja en un comercio del Microcentro porteño y cobra un sueldo de $1 millón. Tiene un hijo de 14 años y convive en casa de su madre jubilada, que cobra la mínima, y también con su hermana, empleada administrativa. “Comencé pagando el mínimo de la tarjeta, hasta que en un momento me fue imposible seguir pagando, pedí préstamos en el banco y en Frávega”, relata Flavia.

Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, espera, pese a todo, que en 2026 el ingreso disponible, que es el que queda en el bolsillo tras pagar los gastos fijos, mejore levemente respecto de 2025 porque las jubilaciones y otros ingresos están atadas a la inflación pasada con una perspectiva de que a futuro baje de forma paulatina. González Rouco prevé que la quita de subsidios impacte en el ingreso disponible, pero considera que este estaba “artificialmente” inflado por esas ayudas. En Empiria no incluyen el endeudamiento en ese concepto, pero González Rouco observa que el récord de morosidad “es por un motivo positivo, la aparición del crédito, y otro poco por la necesidad de financiar gastos corrientes”.

En cambio, Pablo Moldovan, socio de C-P Consultora, sigue viendo “un escenario dificil para los ingresos”. “No hay muchos motivos para ser optimista, porque el programa de desinflación necesita reprimir ingresos para sostener precios controlados”, advierte sobre las pobres paritarias que están pactándose. Con el proyecto de ley de flexibilización laboral, que prevé que la negociación salarial sea por empresa y no por sector, el poder de los trabajadores disminuirá aún más. En un informe de la consultora que comparte con Federico Pastrana, advierte que cae el empleo formal y crece el informal, donde hay menos salarios, además de peores condiciones de trabajos y sin derechos laborales.

“El escenario es complejo”, coincide Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Los salarios están muy bajos en la comparación histórica, el empleo es cada vez más precario, es cada vez más difícil llegar a fin de mes, lo que se refleja en el aumento de la deuda para gastos corrientes y de la morosidad. Es complejo para las personas y para las empresas, sobre todo para las pymes”, apunta a que estas les venden a aquellas. “No hay perspectiva de que mejore significativamente en el corto plazo porque la inflación aumenta desde hace seis meses, el tipo de cambio dejaría de funcionar como ancla (antiinflacionaria), los aumentos de tarifas se van a profundizar en los próximos meses. El salario real va a seguir cayendo. De hecho, el ancla salarial probablemente sea la más importante. Mientras, el empleo se sigue deteriorando porque la industria está destruyéndose y el comercio también”, describe Gaite.

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo viene advirtiendo hace años sobre el endeudamiento, sobre todo con prestamistas en los sectores populares. “La gente se endeuda y reendeuda, toma una deuda para tapar la anterior, por tres cuestiones: los gastos fijos, que son luz, agua, alimento y transporte, y eso es en esencia lo que ha crecido y complica cada vez más a la clase media; sigue siendo caro comer para los argentinos, en especial para las familias pobres; y también son caros los medicamentos, que están desregulados, pesan más si hay jubilados en el hogar y afectan a las clases baja y media. El sobreendeudamiento de las familias va a terminar generando algún conflicto social en la Argentina porque está convirtiéndose en un cuello de botella y no hay ninguna política para desendeudarlas”, vaticina Arroyo.

En los bancos consideran que para reducir la morosidad se necesita que bajen aún más las tasas de interés, que se fueron por las nubes en la última campaña electoral, que crezca la economía y que baje la inflación. En esas entidades ofrecen refinanciaciones a los morosos. Pero clientes como Rosa, empleada doméstica de Lanús, se las ve en figuritas para pagar sus múltiples deudas porque si deposita un ingreso para pagar una de sus tarjetas inmediatamente la entidad se la absorbe para saldar otro pasivo.

“En donde nosotros trabajamos, centros de Jubilados de La Matanza, el sobreendeudamiento es moneda corriente y en las peores condiciones, en el circuito informal”, describe Pedro Bussetti, presidente de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). “Al no haber más créditos de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a tasa subsidiada y no poder acceder al crédito bancario, por no reunir los requisitos o por estar en el Veraz, se recurre a los financiamientos más usurarios. A esto se le sumó que este mes por decisión del ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) se implementó el nuevo ciclo de facturación de Edenor y a la gente le llegan facturas con el consumo de 60 dias, abultadísimas. Un nuevo ingrediente para aumentar el sobreendeudamiento”, avisa Bussetti sobre los vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Peor estará el clima cuando comiencen a llegar las boletas de enero.

AR/MF

El mismo día en que le vencían unos US$4.200 millones de deuda, el Gobierno notificó que devolvió parte del swap que Javier Milei consiguió de Donald Trump como rescate financiero al borde de las elecciones de octubre pasado. El monto fue de US$2.500 millones, de un total de US$20.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó este viernes que en diciembre pasado “canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por US$ 20.000 millones anunciado el 20 de octubre”.

En su comunicación difundida por redes sociales, el BCRA sostuvo que ese “acuerdo de estabilización cambiaria establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) actualmente no tiene pesos”, señaló Scott Bessent en un tuit.

En su mensaje en las redes sociales, el secretario del Tesoro confirmó que EEUU ganó dinero con la operatoria. Ya en noviembre había comprado pesos argentinos para que no escale en la previa electoral y reconoció que “obtuve una ganancia”. En la visita de Milei a la Casa Blanca antes de los comicios legislativos, Trump había amenazado que la ayuda estaba condicionada a que el oficialismo ganara las elecciones.

Ahora, con el Gobierno fortalecido, alineado a la política internacional de Trump y tras haber conseguido un REPO por US$3.000 millones de seis bancos extranjeros para pagar la deuda de este viernes, la Casa Blanca volvió a darle un espaldarazo a Milei. “Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense. Con la estabilización de Argentina, los mercados ahora están cubriendo las necesidades financieras de la República Argentina bajo el liderazgo visionario del presidente Milei”, apuntó Bessent.

MC

El gobierno de Javier Milei pagó este viernes los vencimientos de deuda de US$4.200 millones, en concepto de bonos soberanos emitidos en la reestructuración del 2020.

Se trata de los bonos emitidos en agosto del 2020 -durante el gobierno de Alberto Fernández- como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía.

El primer día hábil del 2026, el Gobierno envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros.

Durante esta semana, el Ejecutivo concretó las opciones que tenía disponible para reunir los US$4.200 millones. La más reciente fue el préstamo con los seis bancos internacionales por US$3.000 millones, de los cuales utilizó una parte de ese total y el resto será destino a fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA).

También contó con el ingreso de los US$706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue y parte de las reservas que acumula la entidad a cargo de Santiago Bausili.

Cómo se consiguieron los dólares

El Gobierno se hizo con los dólares para afrontar este viernes US$4.200 millones mediante un préstamo con bancos internacionales para recibir US$3.000 millones.

La operación la notificó el Banco Central, que concertó con seis bancos internacionales “de primera línea”, según el comunicado oficial, una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038.

Según comunicó la entidad financiera, la transacción se realizó por el monto total licitado de US$3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

Al comienzo de la semana se supo que el Tesoro Nacional necesitaba reunir alrededor de US$1.500 millones adicionales para completar el pago sin recurrir a las reservas internacionales del Banco Central. En ese marco, se esperaba que el Ministerio de Economía anunciara antes del viernes un préstamo con bancos internacionales, una señal que el mercado sigue de cerca en medio de crecientes interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema económico.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los detalles de los vencimientos que enfrentaba la Argentina este viernes eran: en bonos bajo legislación local (BONARES), correspondientes a los títulos AL29, AL30, AL35, AE38 y AL41, el Estado debe pagar US$1.187 millones en capital y US$462 millones en intereses. A esto se suman compromisos por bonos globales en euros (GE29, GE30, GE35, GE38, GE41 y GE46), por US$125 millones de capital y US$60 millones de intereses. En tanto, los bonos globales en dólares (GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46) concentran el mayor monto: US$1.397 millones de capital y US$982 millones de intereses.

Durante enero también vencen compromisos con organismos internacionales por US$300 millones de capital y US$140 millones de intereses, además de US$148 millones en Letras del Banco Central. En total, el mes presenta obligaciones por US$3.008 millones en capital y US$1.792 millones en intereses.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El gobierno de Javier Milei se encamina a afrontar los vencimientos de deuda en enero, que totalizan US$4.225 millones. Todavía restan conseguir US$2.400 millones. Cuáles son las vías que tiene el Gobierno para cumplir con el pago de deuda.

El primer desafío de 2026 para Luis Caputo será afrontar los US$4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa, en dos semanas (9 de enero).

El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago. La emisión del BONAR 2029N, sumado a la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas también son parte del monto que dispone, por ahora, el Gobierno Nacional.

Todavía alta precisar cómo se financiará el monto restante, aunque se manifestó la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio ministro de Economía, que expresó su deseo de irse desligando de la “dependencia” con Wall Street y aseguró que “es muy difícil” que un país “pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”, remarcó.

La palabra del presidente Javier Milei, a su vez, fue de optimismo hacia enero, ya que afirmó que desde su administración conseguirán los fondos para cumplir con los vencimientos.

“Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, señaló el mandatario en declaraciones con Radio Mitre. 

Con información de agencias.

IG

El Ministerio de Economía informó el resultado de la licitación del título Bonar 2029N, mediante la cual obtuvo US$1.000 millones a una tasa anual del 9,26% en el mercado local. En la subasta ingresaron ofertas por un total de US$1.420 millones, aunque finalmente se adjudicaron US$1.000 millones.

Con una tasa del 9,26% anual, el costo financiero para el Estado rondaría los US$92,6 millones por año.

Desde Economía destacaron que el desempeño de la colocación “refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una confianza renovada de los inversores en la mejora de los fundamentals económicos”.

“El rendimiento al precio de corte resultó en una tasa anual de 9,26%, equivalente con un diferencial de 550 puntos básicos por encima de los bonos del Tesoro Americano de igual duración, o unos 100 puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos existentes con duración similar. Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de fundamentals económicos”, destacaron desde el Ministerio de Economía.

El Gobierno destinará los recursos obtenidos a cancelar, el 9 de enero, las obligaciones correspondientes a los Bonares 2029 y 2030. Para el arranque del próximo año, el cronograma financiero acumula compromisos por unos US$4.200 millones.

La intención oficial es cumplir con esos pagos sin recurrir a las reservas netas del Banco Central y, al mismo tiempo, avanzar en la baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos, un paso clave para recuperar el acceso al financiamiento internacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes la colocación de un bono en dólares a cuatro años –a noviembre de 2029– con un interés del 6,5 %, para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cubrir en enero.

Con este nuevo instrumento, que será emitido bajo legislación argentina, Caputo busca que el Tesoro pueda cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar a las reservas netas del Banco Central.

Desde Economía se anunció el regreso al mercado de capitales aunque en rigor este bono consiste en tomar deuda con privados internacionales para poder pagar los vencimientos. Sin embargo, Caputo intentó aclarar que “no es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”.

De acuerdo al funcionario, el instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda estadounidense y participar en la financiación de compromisos del Estado. “Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas: vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón”, confirmó en declaraciones con A24. Y agregó: “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.

Ayer, el l Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el Gobierno debe avanzar en un marco cambiario y monetario “coherente” y advirtió que la meta de acumulación de reservas comprometida para este año luce “desafiante”

En ese contexto, Caputo busca mostrar que este nuevo bono no generará mas deuda ni afectará las reservas: “Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas, pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar”, explicó Caputo, al tiempo que consideró que como “importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular”. Y completó: “Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado”.

Las explicaciones de Caputo

En un largo posteo en redes sociales, tras sus declaraciones televisivas y el comunicado oficial de la Secretaría de Finanzas, Luis Caputo explicó la medida:

“Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA”.

“La consolidación de fundamentos macroeconómicos sólidos (superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero y recapitalización del BCRA) y la disipación del riesgo político permitieron una caída significativa del riesgo país. Esta dinámica brinda mayor margen al Tesoro para llevar adelante distintas estrategias financieras con el objetivo de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera y asegurar la solvencia fiscal intertemporal en un entorno de crecimiento económico, estabilidad nominal y costo financiero sostenible”.

“En lo que va de la actual administración, la compra de divisas del BCRA superó la registrada por cualquier otra gestión tomando igual cantidad de días hábiles. Sin embargo, ante la imposibilidad de refinanciar los vencimientos, una parte muy significativa de dichas compras se destinó a cancelar pagos de amortizaciones e intereses de deuda pública en moneda extranjera, impidiendo al BCRA acumular una cantidad equivalente de reservas”.

“Frente a ello, la reapertura de los mercados de deuda en moneda extranjera ampliará las opciones del Tesoro en relación con los instrumentos disponibles para la gestión de la deuda con el sector privado, permitiendo que el BCRA encare un proceso de acumulación de reservas netas consistente con la recuperación de la demanda de dinero, el régimen cambiario de flotación entre bandas y la estabilidad financiera”.

“Esto resulta crucial para continuar mejorando la hoja de balance del BCRA, condición necesaria para seguir bajando la inflación y el riesgo país. De esta manera, se consolida un horizonte macroeconómico propicio para que el sector privado, con acceso a fuentes de financiamiento en los mercados local e internacional de capitales a tasas sostenibles, continúe dinamizando la inversión en la economía real, fundamental para sostener el crecimiento económico en el tiempo y la generación de empleo de calidad”.

El comunicado de Finanzas

La Secretaría de Finanzas hizo el anuncio formal a través de su página web y redes sociales: “Llamado a licitación del BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029” (BONAR 2029N - nuevo)“.

“La recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses”, detalló el organismo.

De acuerdo a la comunicación, “la licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo”.

Las claves del anuncio

El detalle

El instrumento a licitar

El posteo de Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó este miércoles al Alvear Palace Hotel a almorzar con centenares de empresarios reunidos por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que integra a seis entidades de cúpula, la Unión Industrial (UIA), la Cámara de Comercio (CAC), la de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural (SRA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa porteña. Además de enviar un mensaje optimista por la reducción de la inflación, la eliminación del déficit fiscal y la reciente victoria electoral que le permite ilusionarse con reformas liberalizadoras en el Congreso, intentó justificar por qué, pese a lo que reclaman el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los economistas más ortodoxos, no acumula reservas. Compra, pero las usa para cancelar deudas.

Después de prometer un pronto “acuerdo de libre comercio” con EE.UU., pese a que se trata sólo de un pacto para eliminar algunas barreras, Caputo se refirió a la crítica que está recibiendo por no sumar activos en el Banco Central. “Si no compran US$9,000 millones en 24 horas, Argentina entra en un problema... nos dicen. Es un poco agotador. La acumulación depende de no seguir cancelando deuda. Pagamos intereses, pero para el capital parece que vamos a tener acceso a finaciamiento y entones va a ser mas fácil acumular reservas”, explicó.

“La urgencia de comprar ya no es tal”, insistió. “Cómo vamos a comprar? Vamos a tener en cuenta el aumento de la demanda de dinero y la profundidad del mercado cambiario. Vamos a seguir con la banda cambiaria, no vamos a ir a la libre flotación, no querramos correr más rápido de lo que podemos. Si comprás dólares, debés esterilizar los pesos que emitís para comprarlos y para eso no queremos volver a crear una bola de letras (deuda del Central). Si aumenta la demanda de dinero, no tiene costo esterilizar. Como en 2026 la base monetaria crecería 25%, podríamos comprar US$7.000 millones sin tener que esterilizar”, precisó Caputo.

“Tienen que entrar dólares y lo probable es que entren más por la cuenta capital, en un país que estuvo antes sin inversiones y sin acceso al mercados de capitales”, evaluó Caputo. Es decir, que lleguen inversiones y el Estado y las empresas tomen deuda, antes que lograr superávit de la balanza comercial de bienes y servicios.

Pero antes de tomar deuda en el mercado, Caputo contó que bancos internacionales le ofrecieron un préstamo de entre US$6/7.000 millones“. ”Veremos cuánto tomamos“, aclaró. Lo necesita para afrontar vencimientos de capital e intereses de bonos el mes próximo.

“En los próximos meses y semanas preveo una fuerte baja del riesgo país”, pronosticó. Lo necesita para colocar deuda en los mercados. Cree que la clave pasa por que el Congreso apruebe su presupuesto, las reformas laboral y tributaria y la ley de presunción de inocencia fiscal, que reduce los controles del Estado a los aumentos patrimoniales de los contribuyentes.

Quedan muchas preguntas por hacer: si efectivamente se aprobarán esas leyes, si entonces descenderá el riesgo país y entonces se refinanciará deuda en el mercado y, al final del día, si alcanzará con acumular US$7.000 millones en 2026, como promete Caputo. Entre los comensales estaba el consultor Daniel Marx, que opinó que depende de cuánto se refinancia en el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de deuda después de ocho años.

elDiarioAR también consultó a otros economistas por fuera del almuerzo, aquellos incluidos en los rankings de los que más aciertan relevados por el Central y la firma FocusEconomics. “US$7.000 millones puede alcanzar”, opina Orlando Ferreres. “Esto significa que podría tener un tipo más alto de cambio. Hoy la paridad teórica de equilibrio de la cuenta corriente del sector externo (balanza comercial de bienes y servicios) está en $1.750 por dólar. Salvo que Caputo tenga información de que la cuenta de capital tenga un superávit importante y que manteniendo el tipo de cambio oficial cerca de la banda alta le alcance”, calcula Ferreres.

“Argentina tiene vencimientos netos por compromisos externos por aproximadamente US$13.000 millones”; calcula José Francisco Ara Portentoso, de EMFI Group. “Si toman de los bancos US$7.000 millones, cubrirían todos los vencimientos de bonos para 2026 y el mercado estaría más tranquilo, siempre y cuando no sean usados para intervenir. Luego si a eso se suman US$7.000 millones más por remonetización, luce muy optimista pero aseguraría todos los vencimientos para 2026”, agrega Ara Portentoso.

El consultor Hernán Hirsch opina que acumular US$7.000 millones “ayuda, pero no alcanza”. “Debería existir el compromiso de adquirir, al menos, el monto necesario para el pago de los intereses de deuda. Eso sería algo más de US$8.000 millones. Ese debería ser el piso”, añade Hirsch.

Crisis industrial

Caputo también se refirió sin nombrarla a la crisis de las industrias, entre cierres y despidos. Rechazó defenderla con una devaluación del peso “porque implica salarios bajos” ni con “sobreprotección porque trae productos caros y malos”. Dijo que “la mejor política industrial es la estabilidad económica”.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, estaba presente y le reconoció a la prensa que el orden macro es importante. Su par de la construcción, Gustavo Weiss, sumó su apoyo, auguró que no se vuelva al pasado de inflación y emisión monetaria sin control, pero aclaró que la estabilidad es “condición necesaria pero no suficiente”. Rappallini destacó que las reformas laboral y tributaria son parte de una política industrial, aunque admitió que el gobierno de Milei no aplica una receta específica para la industria como EE UU, China, Japón, la Unión Europea, India, Brasil o México.

El jefe de la Rural, Nicolás Pino, le preguntó en público a Caputo sobre la necesidad de mejorar la infraestructura, desde rutas y trenes de carga hasta la hidrovia del Paraná. El ministro prometió que a fines de mes se lanza la licitación de la hidrovia y que en mayo estaría concedida. También para dentro de seis meses quedaría concesionada una red vial de 9.000 kilómetros de rutas. El problema son los otros 31.000 kilómetros de caminos que quedarán sin concesionar, advirtió Weiss. La duda es quién los reparará y con qué fondos. A su vez, para fines de diciembre se prevé la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas, que une al norte con la capital, aunque admitió que quizás se demore hasta febrero con el argumento de que despertó “mucho interés”.

AR/MG

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito por un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de la deuda en enero.

“Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuánto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda este miércoles por la mañana al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario El Cronista.

La ayuda privada complementaría el rescate de Estados Unidos por US$20.000 de antes de las elecciones. Caputo destacó el objetivo de la nueva ayuda: “Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”.

La frase del ministro se conoce justo cuando aumentan los reclamos en el mundo financiero para que se aumenten las reservas del Banco Central. Ayer un informe del banco inglés Barclays alertó por el bajo nivel de reservas de la Argentina. La entidad dijo que la posición del BCRA es menor a la que tenía cuando asumió Javier Milei y apuntó a la fragilidad del esquema cambiario y a la necesidad de dotarlo de mayor “flexibilidad”.

El ministro, en tanto, se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional. “Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el `paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones por bancos. “No hay ninguna posibilidad de que los bancos le presten a un país US$20.000 millones. No hablábamos con los bancos; hablábamos con Estados Unidos y dos más para hacer un fondo para juntar esos US$ 20.000 millones”, señaló. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados por entre US$ 6.000/7.000 millones.

Con el objetivo de clarificar la situación, el ministro prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos”. El ministro también reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico con días de operaciones de US$ 90 millones, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera ”y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”. Sobre el proceso de compra de reservas explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar US$ 7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB, son otros US$ 7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”. También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.

MC

El Gobierno nacional cancelará este lunes US$822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de reservas.

La obligación obedece al acuerdo de refinanciación hecho en enero de 2024 del crédito de US$45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$1.038 millones, al sumar otros US$217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, que en las últimas horas sufrieron varios movimientos

El jueves pasado las reservas se ubicaron en US$40.495 millones. El viernes cayeron a US$39.382 millones por los ajustes bancarios del último día hábil del mes.

Este lunes las reservas del BCRA sufrirán varios impactos:

1) los bancos devuelven posiciones y se recupera lo que se perdió el viernes

2) reducción por el pago del vencimiento

3) posible aumento por compras realizadas por el Tesoro la semana pasada, de acuerdo a especulaciones de los analistas.

El Gobierno Nacional inició negociaciones para llevar adelante la operación financiera denominada “Deuda por Educación”, que consiste en la recompra de deuda soberana para “reducir el costo de financiamiento del país”.

Mediante la Secretaría de Finanzas se comunicó el inicio de las tratativas para llevar adelante la operación “Deuda por Educación”, que además tendrá el objetivo de “fortalecer la inversión en educación”.

La misma consiste en “recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas”, según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, “gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”.

El banco estadounidense JP Morgan fue designado como la entidad financiera encargada de asistir en el proceso de recompra de deuda.

Sobre la inversión en educación, Quirno precisó que los ahorros generados de esta operación serán destinados a “consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.

“Deuda por Educación” es una operación financiera que consiste en la recompra de deuda soberana, es decir, la compra de parte de los bonos que el Estado argentino emitió anteriormente, en donde se reemplaza la deuda existente por nueva deuda a una tasa de interés más baja.

Con información de agencias.

IG

“Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganjah, esta es la alianza Rastafari Avanza”, canta el grupo chileno de reggae Zona Ganjah. Si no fuera trágico, quizás también el equipo económico de La Libertad Avanza (LLA) podría entonar que anda fumándose o quemando reservas del Banco Central a buen ritmo. Un día después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiera al mercado que iba a gastarse hasta el último dólar para contener la divisa en el techo de la banda cambiaria, su coequíper, el presidente del Central, Santiago Bausili, vendió US$678 millones en un intento por frenar la corrida.

La moneda norteamericana subió 1,3%, a $1.515, un nuevo récord al traspasar la barrera de los 1.500, y hubiese trepado más de no ser porque la autoridad monetaria usó los dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para contenerla. En el acuerdo firmado este año con el organismo consta una cláusula secreta sobre hasta cuántos de los US$14.000 millones desembolsados hasta ahora se pueden emplear para este fin. La idea del Fondo es que se utilicen, pero de forma acotada.

El Central arrancó a quemar reservas para frenar el dólar hace tres días. Ya acumula una pérdida de US$1.110 millones. El dólar mayorista, que es el que se toma de referencia para las bandas, está en $1.474. El techo de esa franja es este viernes de $1.475. A su vez, el contado con liquidación (CCL), que es el tipo de cambio que rige para las empresas que quieren girar plata al exterior, para las que sigue habiendo cepo, está a $1.550.

El Banco Central no sólo interviene vendiendo dólares. También sus funcionarios llamaron este jueves de manera informal a los bancos para que dejaran de ofrecer a las compañías clientas la conversión de moneda nacional a la estadounidense vía CCL. Son las mismas entidades financieras que al mismo tiempo veían colapsar los home bankings de sus ahorristas minoristas que querían comprar verdes y se encontraban con pantallas que advertían que por inconvenientes técnicos no iban a poder concretar la operación deseada. Cosas que pasan, como canta el folklorista José Larralde.

Por ahora, los inversores desafían a Caputo y le compran todos los dólares que pueden. Esperan que en un momento se le acaben y entonces salte la cotización y puedan hacerse de una ganancia mayor. Ya de por sí aquellos que aceptaron el reto del ministro cuando les dijo en julio “comprá, campeón” compraron a $1.220 y ahora pueden vender a $1.515 o incluso a $1.550 si recurren al CCL. Es decir, ganaron entre 24% y 27% en pesos en menos de tres meses. Es mucho más que el 9% que rinde ese periodo un plazo fijo en el Banco Nación.

El presidente Javier Milei, mientras tanto, informó este viernes que está “muy avanzada” la negociación de un nuevo préstamo esta vez de los EE UU de su aliado Donald Trump para reforzar las reservas. A diferencia del FMI, que pone condiciones a cambio de sus créditos y que está preocupado por la falta de acumulación de activos en el Central, el gobierno norteamericano tal vez quiera apoyar a su único socio político de relevencia en Latinoamérica antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre. De todos modos, un financiamiento del Tesoro norteamericano lleva su trámite hasta que se desembolse. Pero cuando se anuncie el monto oficial puede que sirva para contener el apetito de los inversores y los convenza de que ya la divisa no seguirá subiendo. Veremos.

En el mercado se preguntan por estos días si el Central se quedará sin dólares para defender el peso antes de los comicios y entonces el Gobierno deba liberar el tipo de cambio, dejarlo subir a riesgo de una mayor inflación. Si llega a las elecciones manteniendo el esquema de bandas a costa de fumarse más y más reservas, mayor será el salto del dólar el día después, el 27 de octubre, según temen los inversores financieros. Más todavía si se termina plasmando un derrota de LLA. Entre las encuestadoras que más se acercaron al resultado bonaerense del 7 de septiembre ya sondean que los libertarios sólo vencerían en la cuidad de Buenos Aires, pese a que pierden votos frente a Ricardo López Murphy, en Mendoza y en alguna otra provincia, quedando relegada en varias al tercer puesto, como en Santa Fe.

Entre los inversores consideran que tampoco el Central puede vender tantos dólares por día porque se les acabarán. Antes de llegar al techo de la banda, el Tesoro liquidó los suyos. Además, el Gobierno echó mano de otras cajas: cayeron los depósitos del sector publico en dólares en el Nación US$1.200 millones en un mes.

Cuanto más divisas se pierdan, menos habrá para pagar la deuda. Por eso, se mantiene alto en 1.452 puntos el riesgo país, el índice que indica el peligro de default de los bonos. En el mercado consideran que en el ADN de Milei está la prioridad de abonar a los acreedores aún a costa de ajustar más el gasto público. También puede intentar un canje de deuda, pero a esta altura sería con una tasa de interés exorbitante. Otra opción es destinar el crédito de EE UU para abonar a los bonistas, a los que hay que abonar en enero próximo. Pero si los dólares van para ese fin no podrán usarse en la contención del tipo de cambio. Sábana corta le llaman.

AR/MG

Si bien dijo tener una posición “constructiva” para la Argentina en el mediano plazo y destacó la baja de la inflación, el banco internacional JP Morgan recomendó recortar, al menos hasta las elecciones, la exposición inversora en la deuda en pesos del país.

“Preferimos reducir el riesgo por ahora”, dijo el JP Morgan, el mismo banco que calcula el riesgo país. No obstante, el informe destacó los avances del gobierno de Javier Milei en cuanto a reformas económicas.

JP Morgan destacó que en la Argentina “el proceso de desinflación ha sido sólido, con la inflación de mayo rompiendo decisivamente el umbral del 2%”.

Además, ponderó la flexibilización de los controles de capital y dijo que eso “eliminó algunos riesgos clave del programa de estabilización”.

Además, la entidad elogió “el esfuerzo fiscal firme, con un superávit fiscal primario acumulado en el año del 0,8% del PBI”.

A pesar de estos elogios, el banco consideró prudente aconsejar a los inversores ajustar la estrategia ante factores de corto plazo, en alusión a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

“Con la situación estacionalmente positiva por terminar y las elecciones en el horizonte, preferimos tomar ganancias y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos en el mercado local de bonos en pesos”, dijeron los analistas del JP Morgan.

MP con información de NA

En los últimos –al menos– 15 años la Argentina sufrió de inestabilidad económica, que se reflejó en retroceso de la actividad económica (el ingreso por habitante en 2024 fue inferior al de 2007) con fuertes fluctuaciones, e inflación muy alta. Esto estuvo, en mi opinión, vinculado con los desequilibrios macroeconómicos: fundamentalmente, los déficits fiscal y externo. 

El actual gobierno disminuyó considerablemente el déficit fiscal (habla de “superávit financiero” porque en el gasto no incluye los intereses de títulos públicos en pesos). Y la situación del sector externo inicialmente mejoró, porque el Gobierno ejecutó una fuerte devaluación, que hundió el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, y con ellos el consumo y las importaciones, lo que llevó a un superávit comercial externo que permitió sumar reservas al Banco Central en los primeros meses de gestión. 

Pero, para ganar apoyo social, el Gobierno buscó que la actividad se reactive y, al mismo tiempo, que baje la inflación. Para eso, usó el instrumento preferido de los gobiernos de los últimos 15 años: el “ancla cambiaria”, que implica “pisar” el dólar para que aumente sustancialmente menos que los precios de los bienes y servicios. 

Con ello, la inflación se desaceleró, a pesar de una fuerte expansión monetaria que impulsó la actividad económica: mientras la inflación era de 47% anual, el “M2 privado transaccional” (dinero de particulares que no rinde –o casi no rinde– intereses) creció 115% entre abril de 2024 y abril de 2025. Medido en dólares oficiales, pasó de 25.600 millones a 42.700 millones: un aumento del 67%. Al igual que tantas veces en nuestro pasado reciente, la combinación de expansión monetaria con atraso cambiario logró que baje la inflación y crezca la actividad económica: el resultado deseado. Pero con consecuencias para las cuentas externas: en 2024 hubo un superávit de comercio exterior importante, pero en 2025 ya hay déficit, dada la caída en el saldo positivo del intercambio de bienes, y el aumento en el saldo negativo del intercambio de servicios. 

En otros años, el déficit comercial se financió con emisiones de deuda en los mercados de capitales. Pero, luego de las experiencias de nuestro pasado reciente, persiste la desconfianza en la capacidad del gobierno argentino de pagar sus deudas en moneda extranjera. Y el déficit comercial no ayuda: absorbe divisas, en lugar de generarlas para poder pagar las deudas. 

La situación de las reservas del Banco Central empezó a deteriorarse a mediados de 2024, lo que se aceleró en marzo y abril de este año, hasta que el FMI, el Banco Mundial y el BID –empujados por el gobierno de Estados Unidos– pusieron en marcha un salvataje que le da aire al gobierno nacional. Más allá del objetivo –no explicitado– de que al Gobierno le vaya bien en las elecciones, un objetivo declarado es mejorar la solvencia externa del país. Para medir eso, el FMI redefinió el concepto de “reservas netas” del Banco Central, como las reservas en oro y divisas, sin sumar los desembolsos del FMI, y restando obligaciones de corto plazo del Banco Central (pero no todas); y estableció metas que implican que este año esas reservas deberían aumentar en varios miles de millones de dólares. 

Para lograr esas metas, se necesita comprar divisas u obtenerlas vía endeudamiento. El gobierno parece decidido a que, al menos hasta las elecciones, no comprará dólares, para evitar que suba su cotización y, con ella, la inflación. Y, para emitir títulos públicos, que sean atractivos en relación con los que ya están en el mercado, las tasas de interés tendrían que ser muy altas: emitir en esas condiciones daría una imagen de desesperación, lo que –luego de la experiencia del “Megacanje” de mediados de 2001– se trata de evitar. 

En general, los inversores internacionales están más dispuestos a comprar bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que rinden 4% anual, que títulos públicos argentinos, que rinden más de 10% anual, porque desconfían de que, al momento del vencimiento, el gobierno argentino tenga la voluntad y los dólares para pagar. El acuerdo con el FMI mejoró la confianza, pero –por ahora– no lo suficiente: si el dólar sigue atrasado (los bienes nacionales están caros en relación con los del exterior, lo que incentiva importaciones y turismo al exterior), no se obtendrá el superávit comercial externo que asegure que el gobierno podrá comprar las divisas para pagar sus deudas. Y, a las deudas en divisas ya existentes, ahora se sumó el nuevo préstamo del FMI, que tiene status de “acreedor privilegiado” (los demás van a la cola). 

Pero parece haber mayor confianza de los inversores en que este gobierno logre bajar la inflación y mantener a raya al tipo de cambio. Aprovechando eso, el Ministerio de Economía emitió el BONTE 2030: un título público para inversores internacionales, que lo pagan en dólares, pero que cobrarán en pesos, con una tasa de interés del 14,75% semestral (efectiva anual: 31,7%); y que vence en cinco años, pero a los dos años los tenedores tendrán la opción de cobrarlo, o mantenerlo hasta 2030.

Si el título público se paga en pesos, el riesgo de que el Gobierno no lo pague es bajo: si no tuviera los pesos, podría ordenarle al Banco Central que los emita. El riesgo principal es que los pesos que cobren los inversores equivalgan a menos dólares que los que invirtieron, por suba del tipo de cambio. Pero eso no debería ocurrir, si: a) la inflación baja, en poco tiempo, a menos del 1% mensual; y b) el tipo de cambio real no sube fuertemente en las fechas de vencimiento de intereses y capital. 

La compra de BONTE 2030 por parte de los inversores internacionales equivale a que le vendan dólares al Gobierno, y simultáneamente, le compren un bono en pesos. La expectativa es que, al momento del cobro, puedan pasar los pesos a dólares, obteniendo una ganancia en dólares. Una vía para la incorporación de estos inversores al “carry trade”, que se apoya en la expectativa de que la tasa de interés en pesos sea mayor que la tasa de interés en dólares, más la devaluación esperada.

Como ejercicio: supongamos que el dólar a fines de noviembre de 2025 vale $1.300 (la cotización aproximada del dólar futuro a esa fecha); en mayo de 2026, $1.430 (aumento de 1,6% promedio mensual); en noviembre de ese año, $1.536 (suba de 1,2% mensual); y en mayo de 2027, $1.630 (suba de 1% promedio mensual). Eso implicará que el que invirtió US$1.000, cobrará el equivalente a US$130 en noviembre de 2025, 118 en mayo de 2026, 110 en noviembre de 2026 y, si opta por retirarse en mayo de 2027, US$808 en esa fecha. En total, cobraría US$1.167 dólares, con una rentabilidad de 9,7% efectiva anual. Y, teniendo en cuenta la situación económica y política en mayo de 2027, analizará si seguir o no tres años más.

La emisión inicial de BONTE 2030 es de US$1.000 millones. La meta de “Reservas netas” fijada para el 13 de junio sigue bastante lejos, pero se acerca un poco. Pero lo principal no es la meta: si no se cumple, el FMI daría un “waiver” (perdón por no cumplir), en pos del objetivo principal (el resultado electoral). Lo más importante es demostrar que el Gobierno puede conseguir dólares de inversores financieros internacionales, que tienen “bolsillos profundos”, y que prestan paraguas solamente si ven que sale el sol. En la medida en que el Gobierno muestra que puede conseguir dólares, mejoran las perspectivas de que pueda pagar sus obligaciones en divisas en el futuro, y entonces más dispuestos estarán los inversores a prestarle. Como ocurrió en 2016: una vez que el gobierno de Macri empezó a emitir títulos en los mercados internacionales, pudo emitir varios miles de millones de dólares por mes. Al usar los dólares para financiar el déficit fiscal, a los dos años se agotó esa fuente, y tuvo que recurrir al FMI. Lo que promete Caputo (Secretario de Finanzas entonces, Ministro de Economía ahora) es que esta vez no usará los dólares para financiar el déficit fiscal. 

El discurso del Gobierno, que los inversores parecen comprar, es que sólo interesa el déficit fiscal (además, niega tenerlo). Pero las importaciones están creciendo a una tasa superior al 30% anual, absorbiendo cada vez más dólares. Lo que puede detener ese crecimiento es una recesión, una devaluación o prohibiciones de importar; pero no son opciones atractivas. El Gobierno exhibe, como garantía de solvencia externa (que serviría para mantener barato al dólar), los fondos de los préstamos del FMI, Banco Mundial y BID y ahora los obtenidos con la emisión del BONTE 2030. Pero, en la medida en que se mantenga el dólar barato (tipo de cambio real bajo), se profundizará el déficit comercial externo (que existe, aunque también el Gobierno lo niega) y, en algún momento, el ingreso neto de fondos financieros se interrumpirá. La pregunta difícil es: ¿cuándo?

Escribió el Nobel de Economía Paul Krugman en su newsletter del jueves pasado:

“Oops, lo están haciendo otra vez. Los principales grupos mediáticos normalizaron a Donald Trump durante toda la campaña de 2024, limpiando su incoherencia y minimizando sus posiciones extremistas. Es difícil saber cuánto contribuyó eso a su victoria, aunque debe haber tenido peso. Pero el deseo de ver a Trump como un líder razonable es un síndrome ampliamente compartido, no restringido a los medios. Fue impulsado por el mundo de los negocios, que lo abrazó con euforia después de su victoria, a pesar de claros indicios de que implementaría políticas económicas destructivas”.

Surge un matiz con respecto al ascenso de Javier Milei. El ultra argentino no sólo fue “normalizado” por los medios durante su ascenso. Los canales de los principales grupos, Clarín, La Nación y América, se mostraron fascinados con ese inadaptado social que enarbolaba proclamas fascistoides en los paneles televisivos. Les daba rating, decían.

La bonhomía de empresarios, medios y el sistema político —que va desde los Macri, la gran mayoría de los gobernadores, la UCR, el siempre comprensivo Miguel Ángel Pichetto y la siempre presente en situaciones límite Elisa Carrió— se extiende a lo que debería ser leído como un rotundo fracaso del plan económico de los Hermanos Milei y los Parientes Caputo, medido en sus términos. El desbarranque de un programa sostenido con temeridad vía valoración artificial del peso y otras creencias terraplanistas no significa, sin embargo, que el país esté necesariamente frente al riesgo de una estampida similar a la de 2001, 2018 o 2023.  

Corresponde aclarar que un cepo tan estricto fue implementado en el último semestre del Gobierno de Mauricio Macri, porque la deuda con bonistas y el FMI asumida por Caputo se había evaporado

La acumulación de una deuda con el FMI por otros US$ 20.000 millones sobre los US$ 44.500 millones tomados en 2018, ambos tramos negociados por Luis “Toto” Caputo, llega de la mano del levantamiento del cepo en el mercado cambiario para personas físicas. Una restricción tan severa para el ingreso y egreso de dólares obliga a la economía a arrastrarse y dar vueltas en círculo sobre problemas que se repiten. Con toda la incertidumbre a cuestas y sin que estén claros su alcance y factibilidad, el fin de la restricción cambiaria puede modificar la dinámica de la economía.

Parece mentira, pero en medio de tanta confusión premeditada, hay que aclarar que un cepo tan estricto fue implementado en el último semestre del Gobierno de Mauricio Macri, porque la deuda con bonistas y el FMI asumida por Caputo se había evaporado, y el Banco Central enfrentaba una montaña de obligaciones con sus arcas vacías.

La última oportunidad, otra vez

Las similitudes de la impostura festiva para anunciar el endeudamiento de 2018  y el de 2025 son clamorosas, aunque sus efectos inmediatos pueden ser distintos.

Hoy, como ayer, el préstamo fue presentado como una muestra de “confianza” del mundo hacia Argentina, un dique para que no vuelva el populismo, una jugada audaz de Caputo que “sorprendió” al staff del Fondo, un antes y un después en la historia. Coincide hasta el monto del primer desembolso, US$ 15.000 millones, que se erigiría como un muro infranqueable para frenar la avidez devaluatoria.

En 2018 salió pésimo. El dólar se disparó en cuestión de semanas y nació un ciclo recesivo de los más graves de la historia, profundizado luego por la pandemia, la disfuncionalidad del Frente de Todos, la sequía de 2023 y el esoterismo de los Hermanos Milei.

Es probable que, esta vez, el rescate del FMI alcance para llegar a las elecciones de medio término en octubre. Los papers oficialistas aventuran que una victoria ulra en los comicios legislativos habilitará la conversión definitiva de la Argentina en una economía con un Estado mínimo y vía libre para los desmanes de Milei.

¿Precipitación? Economistas de diferente procedencia no terminan de definir el hipotético efecto devaluatorio del desarme de posiciones en pesos que se inflaron producto del carry trade. Siete años atrás, la eliminación del déficit fiscal estaba en curso, proclamaban Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne. Ahora ya es una realidad, lo que quita un factor de presión sobre los recursos públicos. ¿A costa de recortar jubilaciones, estrangular a la investigación científica, parar en seco la obra pública y reprimir la protesta? Toto y los muchachos se felicitan por su valentía.

Una diferencia de orden político puede significar mayor oxígeno para recortes que, según anunció Milei y escribió el FMI, se incrementarán. El quiebre del programa de Macri a mediados de 2018 pulverizó la promesa fundacional “no vas a perder nada de lo que ya tenés”. En el bienio final de su mandato, el fundador del PRO intentó profundizar la motosierra con crédito político recortado, dando paso a lo que él mismo definió como “un infierno”.

Milei, por el contrario, levanta la crueldad como bandera, sin mayores costos en cuanto a su popularidad hasta el momento. Más bien, la estigmatización y la discriminación parecen ser razones de un apoyo todavía considerable. La paciencia y la bronca contra la presunta “casta” no son infinitas, y ello se pondrá en juego en los próximos meses.

Voceros y medios orgánicos del oficialismo celebraron el anuncio del préstamo por USD 20.000 millones como un gol, sin atisbo de dignidad. Horas antes, un número de la economía real había medido la magnitud del fracaso del plan de Caputo: 3,7% de inflación mensual en marzo.

La soberbia del iletrado

Tras un año de insultos y groserías proferidos a diario por Milei y funcionarios de Economía de muy dudosa autoridad, resultó que los mandriles tenían razón: el tipo de cambio pisado artificialmente desde enero de 2024 distorsionó todas las variables y se volvió insostenible.

Las explicaciones soeces sobre la imposibilidad de una devaluación por el congelamiento de la base monetaria se demostraron propias de un iletrado y la inflación de abril, lejos de comenzar con un uno —como anunciaron Caputo y Milei—, será de al menos el doble, si se repite el indicador de marzo, o bastante mayor, si la devaluación dentro de la banda $ 1.000-1.400 apunta al tope.

Los recuerdos de la lluvia de miles de millones de dólares que Milei hacía difundir en el programa de Alejandro Fantino ni merecen ser citados. Como en 2018, llegó el FMI para evitar un default.

En una democracia con sistemas judiciales y mediáticos relativamente equilibrados, responsables económicos de las catástrofes de 2001 y 2018 estarían en cualquier lado menos en el manejo del Estado. En Argentina, en cambio, tienen oportunidades infinitas (¿meritocracia?), provocan a sus críticos y se celebran frente al celular, aunque no cabe sobreestimar el ruido y el cotillón.

El lunes, se hablará de la ubicación del dólar en la banda cambiaria, el martes se evaluará la situación de las reservas, el miércoles Milei se hará entregar un premio, pero, con el correr de los días y las semanas, un período inflacionario que parte del 3,7% de marzo estará presente en la cola del supermercado y la mesa de hogares que han sufrido mucho en los últimos años.

A Milei le picaron el boleto y el FMI impuso sus condiciones, más de la mitad de la población repudia el experimento ultraderechista y hay razones para pensar que una parte del apoyo a los Hermanos obedece más a un rechazo a los Kirchner y el peronismo que a una adhesión genuina.

Una pregunta

Ante una economía a la que sistemáticamente le faltan dólares y padece una recesión persistente, se impone una pregunta. ¿Cuál es la propuesta concreta de los opositores peronistas para superar la situación? ¿Defender a las universidades y la ciencia? Correcto. ¿Qué impuestos se aumentarán? ¿Qué gastos se recortarán?

Días atrás, durante un acto en La Plata en el marco de su pelea en sordina con los Kirchner, Axel Kicillof transitó una línea argumentativa gastada. El gobernador bonaerense insistió —como hace rato se convenció y repite Cristina— con que el déficit fiscal afecta a muchos países, por lo que su relación con la inflación es una falacia. Por caso, el prócer de la derecha argentina Luis Lacalle Pou acaba de dejar el gobierno de Uruguay con un déficit fiscal de 4,2% del PBI, el doble del registrado por el Frente de Todos en 2023.

La letanía sobre los países con déficit sin inflación es elemental, pero no dice nada en sí misma. El argumento subyacente que sostienen con eficacia las derechas es que el aumento de precios en Argentina se genera por la cobertura de ese déficit con emisión monetaria, dado que Argentina no tiene acceso al crédito internacional, porque Macri se fumó en dos años lo que le correspondía a su mandato y a varios por venir. El repiqueteo inflacionario de estas semanas y la estampida del final de Macri, también con déficit cero, confirman que estrangular la economía de pesos no es suficiente, que intervienen variables externas y pujas entre sectores, que el flujo de dólares incide mucho, pero nada de ello niega que un déficit fiscal infinanciable abre las puertas a un trauma económico.

De los Kirchner, recitadores de mantras sobre la perfección inmaculada del ciclo 2003-2015 y la inagotabilidad de los subsidios y la maquinita, poco novedoso se puede esperar, pero la “nueva música” de Kicillof da poco de sí.

El gobernador, que cuenta con cierto crédito por una administración con cuentas ordenadas, sostenimiento del Estado y políticas de reparación social en la provincia de Buenos Aires, no termina de hilvanar una línea sobre cómo generar un ciclo de crecimiento duradero y equilibrio macroeconómico. No alcanza con describir los sablazos de Macri y Milei y su persistente armado de estructuras de fuga financiera. Si intenta ser candidato a presidente, Kicillof deberá dar cuenta de una demanda de un Estado presente, pero mucho más eficiente en su concepción y en su práctica.

Eternización

Por ahora, el peronismo está entretenido en resolver una puja por el liderazgo en la que todos parecen guardarse las cartas. Con más peso sobre sus espaldas porque es el desafiante de un liderazgo consolidado, Kicillof no atina a hacer públicos los motivos reales que lo llevan a procurar escribir una nueva página, no contra, pero sí independiente de los Kirchner.

Así las cosas, el conflicto parece encaminarse hacia su albertización, es decir, una dinámica de irresolución. La semana que pasó, hubo versiones y contraversiones sobre acercamientos y distanciamientos, probables primarias o acuerdos de cúpulas.

El choque Cristina-Alberto nunca concluyó ni terminó de traducirse en una dinámica superadora. Comenzó en 2020, el año de la pandemia, como un runrún sobre desavenencias y desdén personal. Siguió con alusiones elípticas a “funcionarios que no funcionan”. Idas, vueltas, fotos, desplantes, cartas, insolencias, off-the-records, cumbres anunciadas, cumbres no concretadas, y odas a la “unidad”. Hasta sus últimos días en Olivos, Alberto Fernández se atribuía el mérito de haber mantenido unido al Frente de Todos.

Para el eje Patria-Cámpora, hay algo peor que haber “traicionado”, que es haberlo intentado sin concretarlo

Cuando un proceso descorazonador de negociaciones terminó en la noche del 23 junio de 2023 con la candidatura presidencial de Sergio Massa, personalidad única para caminar sobre las brasas, y algún iluso se entusiasmaba con que era el momento de “caminar juntos hacia adelante”, Cristina se tomó 72 horas para prender fuego cualquier posibilidad de convivencia amable en Unión por la Patria, aunque fuera artificial, mediante la que acaso haya sido su peor participación en el debate público, en la banalización de un acto por la recuperación de un avión utilizado por la dictadura para lanzar disidentes al río.

La ruptura con los Kirchner, mientras es atacado por los Hermanos Topo desde Casa Rosada, supone para Kicillof altísimos riesgos electorales y de gobernabilidad.

La contracara es un acuerdo de “unidad” negociado contra las cuerdas y sobre la hora, que se traducirá en un escarmiento cotidiano en cada acto de campaña en una barriada de La Matanza, Mar del Plata o Tres Lomas, porque para el eje Patria-Cámpora, hay algo peor que haber “traicionado”, que es haberlo intentado sin concretarlo. 

SL

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