El gobierno festejó el saldo superavitario de la balanza comercial en septiembre, gracias a los valores récord de las exportaciones. Aunque se inflan las ilusiones de “salvarse” con esta coyuntura, la evidencia es palmaria: hay una ausencia manifiesta de cualquier clase de derrame de esa expansión concentrada en muy pocas ramas de actividad y territorios. Esas divisas preciadas se escurren de las arcas públicas y de la economía nacional con la velocidad de una puerta giratoria.

Ocurre que para entender la dinámica económica de la Argentina reciente es necesario desarticular de manera categórica las visiones ortodoxas que conciben al comercio exterior como un mero canal de asignación eficiente de recursos basado en ventajas comparativas estáticas. Desde la perspectiva de la economía política y del estudio de la inserción internacional de las economías periféricas, estas transformaciones en el patrón de acumulación responden a la consolidación de lo que denominamos mandato exportador. Este mandato se define como un esquema regresivo, estructurado en torno a la primacía del capital concentrado, reprimarizador y extractivo orientado prioritariamente a la generación intensiva de divisas para cumplir con las exigencias del capital financiero internacional y los procesos internos de valorización financiera. 

El éxito exportador que hoy se festeja es resultado de un triple extractivismo: de recursos comunes, de divisas y de recursos fiscales. Contra el sentido común que entiende que esto “resuelve un problema” y que ahora solo quedaría ver cómo se transmite a otros sectores, debe entenderse que este éxito se basa en la generación de rentas que no se reinvierten en el resto de la economía, por lo cual no es esperable derrame alguno.

El mandato exportador no constituye entonces una estrategia neutral de “desarrollo orientada hacia el exterior”, sino una reconfiguración estructural y profunda de las relaciones socioeconómicas del país. Bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, este planteo ha sido llevado a su paroxismo doctrinario y operativo. Mediante el desmantelamiento activo de los mecanismos de regulación sobre el mercado interno, el desamparo sistemático del tejido industrial, la eliminación de instrumentos cambiarios e impositivos y la erosión deliberada de los salarios reales y otros ingresos fijos, el aparato estatal queda subordinado al imperativo de maximizar los saldos exportables primarios a cualquier costo. 

Sin embargo, el núcleo problemático de este modelo radica en una contradicción estructural e insalvable: la obtención de guarismos récords en las exportaciones comerciales no se traduce en la acumulación sostenida de reservas internacionales en el Banco Central ni en el fortalecimiento de la soberanía macroeconómica. Por el contrario, los volúmenes inéditos de divisas generados son succionados por canales institucional e históricamente diseñados para la fuga de capitales, la remisión de utilidades y dividendos al exterior y, de manera determinante, el pago continuo de los servicios de la deuda externa. Entre otras cosas, el impulso exportador se basa en que, así como entran, las divisas puedan salir.

Radiografía del sector externo

Durante los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones de bienes realizadas desde el país registraron cifras récord, alcanzando un total de USD 77.267 millones, lo que implicó un incremento interanual del 21,6% en comparación con el mismo período del año anterior. Este comportamiento estuvo apuntalado fundamentalmente por la consolidación del superávit del sector energético (USD 9.445 millones) y por la recuperación y el dinamismo del complejo agroexportador tradicional. De acuerdo con las estimaciones presentadas en el último informe del MATE, los ingresos comerciales netos acumulados durante el ciclo de gobierno de La Libertad Avanza se ubican en máximos históricos, llegando a duplicar o incluso triplicar los registros de ejercicios comparables en gestiones anteriores.

No obstante, la balanza de pagos exhibe un comportamiento asimétrico y profundamente heterogéneo que anula cualquier mejora en la autonomía económica del país. La masa de dólares que ingresa por la vía del superávit comercial es drenada de forma vertiginosa a través de otros componentes. En promedios mensuales, desde el inicio del gobierno hasta el presente la balanza comercial de bienes arrojó un saldo positivo de casi USD 2.000 millones. Esos recursos se erosionaron por varias vías, entre las que sobresalen: 

La apertura y desregulación, que demandan las empresas para exportar más, hacen que lo que entra por un canal, se filtre por todos los demás. Incluso más, la flexibilización y desregulación de los marcos normativos permite que una porción significativa de las divisas liquidadas por las grandes corporaciones exportadoras no se liquide plenamente en el mercado oficial de cambios. 

De hecho, si bien el gobierno de Milei logró acumular reservas por USD 20.834 millones, dicha cifra que es explicada exclusivamente por los préstamos del FMI y bancos de desarrollo, que aportaron un total de USD 21.788 millones. Es decir, préstamos que no pasan por el mercado, sino por decisiones geopolíticas y relaciones diplomáticas, son lo único que sostiene el esquema cambiario. Debemos recordar que Argentina atraviesa uno de los mejores momentos históricos en materia de precios internacionales y no está sufriendo por el momento ninguna catástrofe climática que afecte a sus exportaciones. Si no logra despegar su actividad en este contexto, ¿qué pasará si esos precios bajan o un evento climático extremo afecta al país, al estilo de la sequía de 2023 o pérdidas eventuales asociadas al “Súper niño”?

De este modo, la economía real –sometida a una recesión inducida, una caída vertiginosa del consumo popular y una drástica pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones– opera como una verdadera “oficina extractiva” cuyo único propósito es transferir excedentes primarios hacia la órbita del capital financiero global y los acreedores privados, manteniendo las arcas de la autoridad monetaria en una situación permanente de extrema fragilidad. Fragilidad que es “cubierta” con la toma de nueva deuda y con el apoyo financiero del gobierno estadounidense.

La narrativa oficial: “Vaca Muerta es una nueva pampa húmeda”

Esta desconexión entre el comercio exterior y la sustentabilidad macroeconómica se evidenció en la reciente intervención de Milei en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. Ante la dirigencia petrolera, el presidente celebró la proyección de superar los USD 100.000 millones en exportaciones totales y un superávit energético superior a los USD 10.000 millones, adjudicando este hito al cambio de marco regulatorio trazado a partir del DNU 70/23 (especialmente la desregulación de precios y la eliminación del “barril criollo”) y a las prerrogativas otorgadas mediante el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Bajo la narrativa oficial, Vaca Muerta y el sector hidrocarburífero operan como el motor casi milagroso de un “shock de oferta” capaz de posicionar a la Argentina como potencia energética global. Sin embargo, desde una mirada de economía política, el discurso oficial incurre en serias falacias teóricas y omisiones estructurales.

En primer lugar, Milei omite que la infraestructura básica, el aprendizaje tecnológico y las inversiones de largo plazo que permitieron la maduración de Vaca Muerta fueron fruto de políticas públicas, la recuperación del control estatal de YPF y años de planificación. Pretender que la formación no convencional “siempre estuvo allí” y que solo bastó la libertad de mercado para activarla ignora la complejidad de los procesos de acumulación de capital en sectores intensivos.

En segundo lugar, la pretensión gubernamental de que el RIGI constituye “la política industrial y de desarrollo más importante de la historia” disfraza lo que en verdad es un esquema que consolida enclaves exportadores de productos primarios bajo control transnacional. Al garantizar privilegios impositivos, aduaneros y cambiarios extraordinarios –por ejemplo, con libertad total para no ingresar divisas al país a partir de determinado año–, el RIGI desvincula el crecimiento extractivo de la red de proveedores industriales locales y del desarrollo tecnológico interno, reduciendo la economía nacional a una mera proveedora de insumos básicos y energía primaria y minerales para el exterior. Y al desfinanciar al Estado, impacta sobre la vida de millones de personas por la vía del ajuste. El deterioro de la vida de las mayorías es el sustento del privilegio de los exportadores.

En tercer lugar, la promesa de alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo se presenta como la solución definitiva al estrangulamiento externo. Eso sería ver solo la “foto” y no la “película” entera. Como ya se dijo, por un lado se trata de una actividad basada en recursos naturales no renovables que genera una renta que, como tal, no tiene la obligación de que sea reinvertida de forma productiva para acumular capital (a lo cual se agrega que muchas de las inversiones en el up stream petrolero han sido solventadas a partir de una multiplicidad de prebendas estatales en el marco del RIGI). Por otro lado, si el marco normativo permite a las operadoras multinacionales disponer libremente de las divisas generadas en el exterior, el récord de exportaciones de Vaca Muerta no engrosa las reservas del Banco Central. Así, el “boom” no hace más que acentuar el patrón de reprimarización sin soberanía monetaria.

La trampa de la restricción externa y la relevancia del endeudamiento 

Desde la perspectiva que aquí sostenemos, el esquema vigente ilustra la trampa recurrente de los programas de corte neoliberal en la periferia. La premisa ortodoxa de que la desregulación, el libre mercado y la apertura comercial irrestricta conducen indefectiblemente al equilibrio externo y a la estabilidad macroeconómica vuelve a revelar una vez más su falsedad teórica y empírica. Lejos de resolver la histórica restricción externa que ha paralizado reiteradamente el crecimiento argentino, el modelo actual la acentúa y agudiza, en tanto desarticula la densidad del entramado industrial y multiplica las exigencias de divisas por conceptos de rentas financieras y patrimoniales.

Por eso, el programa económico del gobierno de Milei depende del incremento de las exportaciones, de un reducido consumo interno para mantener a raya las importaciones, de la continuidad de los flujos de endeudamiento externo y del estímulo al ingreso de capitales especulativos de corto plazo. En este esquema la apelación al endeudamiento no representa una anomalía ni una medida contingente, sino constituye uno de los pivotes estructurales para postergar el estallido de una crisis de liquidez y sostener un regimen cambiario artificialmente apreciado que resulta completamente incompatible con la estructura productiva real del país. De allí el industricidio que se está desplegando.

Esta lógica de funcionamiento engendra un círculo vicioso de severas consecuencias para el futuro del país:

En la Argentina contemporánea, la subordinación de la política económica al mandato exportador no genera desarrollo, no diversifica la matriz productiva ni aporta estabilidad macroeconómica de largo plazo.

Bajo la orientación ideológica del gobierno de La Libertad Avanza, el país profundiza su condición de enclave exportador reprimarizado, caracterizado por una dinámica donde la generación récord de divisas comerciales tiene como contrapartida directa el vaciamiento de las arcas públicas, la transferencia neta de riqueza al exterior y la destrucción de amplios segmentos del tejido social e industrial interno. El modelo no cierra mediante las virtudes del comercio ni por el crecimiento genuino, sino por la vía del recurso sistemático al endeudamiento externo y al ajuste perpetuo sobre las mayorías populares.

Sin una revisión de fondo que desmantele la lógica de la valorización financiera, restituya la capacidad regulatoria del Estado sobre el circuito del comercio exterior y la gestión de las divisas, y reoriente la estructura productiva hacia el desarrollo industrial soberano y la redistribución progresiva del ingreso, la economía argentina permanecerá atrapada en una espiral recurrente de ilusión exportadora, despojo de recursos y una dependencia externa cada vez más asfixiante.

AR / NB

Los clubes de barrio atraviesan la crisis económica con más gente adentro y, paradójicamente, menos recursos para sostener sus actividades. Quienes ya no pueden pagar un gimnasio o una escuela deportiva privada se acercan a instituciones donde la cuota puede costar hasta cinco veces menos. Pero muchos socios pagan tarde o dejan de pagar y las tarifas suben mientras que el financiamiento del Estado nacional se redujo casi por completo. Para mantenerse en funcionamiento, los dirigentes acortan horarios, reemplazan personal remunerado por voluntarios y buscan aportes de vecinos y comerciantes.

“Los clubes siguen existiendo prácticamente por voluntad, esfuerzo, amor y dedicación”, dice a elDiarioAR Cristian Font, presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines. Daniel Pacín, secretario general del Club Franja de Oro y de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio, agrega: “El problema más angustiante para cualquier dirigente es llegar a principio de mes y preguntarse cómo va a pagar los servicios”.

Más socios, menos ingresos

El Club Franja de Oro, en Pompeya, tiene unos 3.000 socios. Pacín calcula que la cantidad creció entre un 15% y un 20% en los últimos dos años. La cuota del grupo familiar es de 18.000 pesos mensuales, pero no todos pueden afrontarla. “Hay familias que llevan a dos hijos y solo pueden pagar la cuota de uno. Entonces tenemos que becar al otro”, cuenta en diálogo con elDiarioAR.

“Por primera vez, en los 25 años que llevo como dirigente de un club, veo que recibimos más personas. Tenemos más gente en el club y menos presupuesto”, dice Font. Según el Observatorio, la morosidad, que habitualmente rondaba entre el 20% y el 30%, ahora oscila entre el 35% y el 50%, y llega al 70% en barrios vulnerables.

También se retrasan los ingresos. Los pagos que antes llegaban entre el 1 y el 5 de cada mes ahora se reciben entre el 12 y el 20. Font lo atribuye al endeudamiento de las familias y al aumento de los servicios y los alimentos. “La gente no es que no paga porque no quiere, sino que no paga porque no tiene”, señala.

Las otras dos fuentes principales de ingresos, el buffet y el alquiler de salones, también registran una caída superior al 33%, según datos del Observatorio citados por Pacín. Mientras tanto, las facturas se acumulan. Hace unos meses, el Club Social Parque, de la Ciudad de Buenos Aires recibió una boleta de luz de cinco millones de pesos y tuvo que pagarla en cuotas. Los clubes inscriptos en el régimen nacional cuentan con tarifa social, pero el beneficio alcanza solo a un bloque de consumo. El excedente se paga a tarifa plena.

Aumentar las cuotas tampoco resuelve el problema. “Si aumenta mucho la cuota deja afuera a sus socios; si no la aumenta, absorbe el deterioro económico”, explicó Sergio Palmas, director de Táctica y subsecretario de Deportes de la Nación entre 2019 y 2023. En la encuesta 2026 de esa organización, realizada sobre 374 clubes, el 41,4% registró un aumento de la mora durante el último año.

Menos horas de actividad y más trabajo voluntario

El ajuste alcanza especialmente a las actividades nocturnas. En Franja de Oro, una categoría de fútbol infantil redujo sus entrenamientos de una hora y cuarto a 45 minutos, mientras que el vóley termina a las 22 en lugar de las 23 para ahorrar electricidad. La pileta climatizada, la única de un barrio que Pacín describe como “uno de los barrios más humildes de la ciudad”, abre solamente en verano. Hace cuatro años que los costos del gas y la electricidad impiden calentar el agua.

La reducción de gastos también modifica el funcionamiento cotidiano del club. Donde antes trabajaban tres personas de limpieza ahora queda una. Los sábados, padres y madres se turnan para limpiar los baños. En la pileta, los integrantes de la subcomisión se reparten las tareas que antes realizaba un piletero. A los socios que no pueden pagar la cuota se les propone colaborar con algún arreglo o cobrar las entradas.

Los aportes de los comerciantes ayudan a cubrir las facturas. Uno paga 40.000 pesos por un cartel publicitario; otro, 50.000. “Con varios aportes de ese tipo se puede llegar a pagar el gas”, explica Pacín.

Font menciona otras estrategias, como la organización de bailes, rifas y eventos para recaudar fondos, además del pago fuera de término a proveedores. Según Táctica, la consultora especializada en el análisis de políticas públicas y datos sobre el deporte argentino, siete de cada diez clubes organizan actividades adicionales para obtener ingresos y el 52,1% se gestiona de manera completamente ad honorem, con dirigentes que muchas veces ponen “dinero de su propio bolsillo”.

Pero ese esquema también encuentra límites. “La gente tiene menos tiempo para dedicarle al club y también disminuyeron los aportes de quienes podían poner un peso de más”, advierte Pacín.

En Franja de Oro, 400 chicos juegan al fútbol infantil en cuatro ligas que generan déficit. Reducir la participación permitiría bajar los gastos, pero tendría un costo para las familias. “Si nos quedáramos con una sola, dejaríamos a 300 chicos afuera”, explica el dirigente. Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, planteó esa misma preocupación: “Cuando una actividad se cierra, no se pierde solamente una disciplina deportiva, se pierde un espacio de contención”.

Menos financiamiento nacional y proyectos de asistencia

La reducción de los recursos públicos agrava las dificultades económicas de las instituciones. Según Táctica, la ejecución de las partidas nacionales para clubes de barrio cayó un 98,8% en términos reales entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026. En 2024 se eliminó el programa Hay Equipo, que pagaba la cuota social de chicos de familias vulnerables. “Con el Gobierno nacional directamente no hay diálogo ni políticas para los clubes de barrio”, afirma Pacín.

El Ejecutivo nacional exigió a los clubes reempadronarse para conservar la tarifa social y prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre. Según el Ministerio de Economía, la medida busca “ordenar el sistema de subsidios energéticos” y garantizar que “ningún club de barrio que necesite el subsidio lo pierda”.

Desde las instituciones, Villarreal reclama una respuesta más amplia. “Lo que necesitamos es que se cumpla y se fortalezca la Ley 27.098, que haya una tarifa acorde al rol social de los clubes, programas de financiamiento e infraestructura”, dijo a El Equipo.

En la Cámara de Diputados, Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para crear una “Tarjeta Club”, una prestación mensual destinada a las instituciones y financiada con impuestos a las apuestas online. La propia diputada admitió que, en el contexto actual, “es muy difícil que salga”.

En la Ciudad de Buenos Aires, las federaciones y el legislador Alejandro Grillo impulsan una iniciativa para reintegrar durante dos años el 40% de las facturas de luz y gas. “No pedimos que nos regalen nada, sino una articulación”, dice Pacín. El proyecto tiene dictamen de la comisión de Deportes desde junio y espera tratamiento en Presupuesto.

Las perspectivas de los dirigentes están atravesadas por la incertidumbre. “Si la situación sigue igual, el próximo año será triste para los clubes: muchos tendrán que reducir todavía más las actividades o los horarios de práctica”, proyecta Pacín.

Font, por su parte, plantea una incógnita que las estadísticas no alcanzan a responder: “Lo que no permiten medir estas estadísticas es hasta cuándo todo ese amor, esa pasión, ese sentido de pertenencia que generan los clubes va a seguir motorizando a las comunidades”.

LN/CRM

El riesgo país argentino se consolida bien arriba del mínimo de julio. Aquel mes , el indicador de cuánta más tasa de interés debería pagar Argentina en caso de colocar deuda en los mercados internacionales había tocado su piso del año, con 402 puntos básicos (es decir, 4% más tasa que EE UU). El martes llegó a superar los 700 y al día sigiente se amesetó en 674.

“Desde julio hasta hoy subió alrededor de 270 puntos, lo cual es mucho, especialmente comparado con países vecinos que tienen un riesgo país de alrededor de 100 o algo más”, dice el consultor Orlando Ferreres. La explicación más habitual es la externa: suben las tasas en Estados Unidos y los inversores salen de los mercados emergentes. Pero la mayoría de los analistas consultados coincide en que eso no alcanza para explicar por qué Argentina se aceleró más que sus vecinos. Al temor inversor a una derrota electoral del libertario Javier Milei se suman la caída de la actividad y una montaña de vencimientos de deuda en 2027 y 2028 que todavía no tiene financiamiento asegurado.

El exviceministro de Economía Ferreres enumera cinco razones. La primera es la confianza: “¿Quién, cuando llegue el momento, va a ganar las elecciones? Si no estoy seguro, no pongo plata”. La segunda, la menor actividad, sobre todo en el tercer trimestre, que hace caer la recaudación tributaria. La tercera, la suba de las tasas internacionales, “que afecta a todos los países”. La cuarta, que “los vencimientos son muy grandes para 2027 y 2028”. Y la quinta, que la falta de inversión bruta interna fija “deja dudas sobre 2027”.

El frente externo es el punto de partida. “Principalmente fue por la suba de tasas de los bonos de Estados Unidos. Eso hizo que subieran las tasas a nivel internacional, aunque en Argentina se vio una aceleración más rápida comparado con otros países”, explica el analista Gino Penacchioni, analista de la sociedad de bolsa DA Valores. Su compañera de trabajo Leila Mara Ali agrega el precio del petróleo por la guerra de Irán y la caída de la Bolsa en las últimas ruedas “por el ruido político de las elecciones del próximo año”.

Ese sonido reverbera en los bonos. “El Bonar que vence en 2028 rinde aproximadamente 10% en dólares, porque no se sabe qué gobierno lo tendrá que pagar, casi el triple que el de 2027”, señala Ali. Un economista de un banco local, que pidió no ser identificado, describe la combinación: la suba de la tasa estadounidense “llevó al desarme de posiciones en economías emergentes”, mientras que en el plano local “se empieza a pensar ya en los efectos de la elección” y los inversores internacionales “van desarmando gradualmente de cara al año que viene”.

Pero el diagnóstico no termina en Washington ni en las encuestas. “Uno de los puntos altos del Gobierno actual era la actividad económica, que a pesar de su heterogeneidad mostró fuertes números de crecimiento después del ajuste de principios de 2024”, recuerda Penacchioni. “Recientemente, los datos del segundo y el tercer trimestre muestran que la actividad cayó, y eso puede influir en el análisis de los tenedores de bonos”. Suma otro dato: la desinflación “parece ser más lenta de lo esperado por el Gobierno y los analistas”.

El economista Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, es el más crítico. Reconoce el shock externo, con el bono del Tesoro estadounidense a 10 años en máximos, el conflicto de Irán y la suba del petróleo. “Pero fundamentalmente el tema es la política local”, sostiene. “La política monetaria y fiscal de ajuste profundo de este modelo de Milei y el (Luis) Caputo (ministro de Economía) está haciendo que la actividad se desplome, salvo tres o cuatro sectores, como hidrocarburos, minería, algo de agro y el sector financiero”. Y pone en duda las cuentas públicas: “El supuesto superávit fiscal es precario”. Alude a la caída de la recaudación y al ocultamiento del gasto en intereses de la deuda al capitalizarlos.

El primer costo del riesgo país alto es la dificultad del acceso al crédito externo. Con un riesgo país cerca de 700 puntos, Argentina debería pagar unos 7 puntos porcentuales anuales por encima de lo que paga el Tesoro de Estados Unidos para colocar deuda en dólares. “El nivel de tasas un poco más alto retroalimenta que el Gobierno no pueda emitir deuda en dólares, por lo que se pone en juego el programa financiero en dólares de 2027, año electoral y factor de suba del riesgo país de por sí”, advierte Penacchioni.

Ese es el nudo para otro economista de un banco local, que también habló en off the record: “Hay dudas sobre el costo del cierre del programa financiero del año que viene, ahora que la emisión de Bonares se complicó”. Si no consigue dólares prestados, el Tesoro tendrá que juntar pesos para comprarlos. “Deberá sumar muchos pesos para poder comprar los dólares, si con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se le bloquea el giro de utilidades” de este organismo al Tesoro, explica.

Singerman describe un círculo vicioso. El refinanciamiento de los vencimientos “se empieza a complicar y encarecerse muchísimo”, lo que trae “mayor presión sobre las reservas del Banco Central, sobre el tipo de cambio y la expectativa de devaluaciones cada vez más altas”. A eso se suma que el crédito privado se vuelve más caro. “Con lo cual se genera más recesión, más tensión política, menos actividad económica, y esto realimenta el riesgo país”.

No todos ven un impacto tan fuerte en la economía real. El economista Ariel Ferrari, de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), sostiene que mira “sin demasiada preocupación en cuanto al frente interno”. Argumenta que hoy invierten en Argentina sobre todo las grandes empresas energéticas, por lo que la suba “no va a afectar la inyección de inversiones en Vaca Muerta”. Aun así, admite que “siempre es bueno tener un numerito bastante más bajo”, porque en la región la prima es mucho menor.

Nadie se anima a poner un techo firme al indicador que elabora el banco JP Morgan a partir del valor de los bonos en dólars. “Hasta hace un rato te hubiera dicho que el rango era de 600 de piso y que probablemente no superara los 700, pero terminó superando los 700”, cuenta Singerman. Para él, Wall Street “está mirando las encuestas”, que “empiezan a ser adversas al oficialismo”. Si esa tendencia sigue y el financiamiento no aparece, el indicador tiene margen para seguir subiendo.

Ferrari ve el escenario opuesto. Sostiene que Milei, “al menos hoy, visto en perspectiva, va a repetir una elección exitosa”, porque la oposición no tiene un candidato definido y “los nombres que se mencionan tienen una carga bastante negativa”. Por eso cree que hay “más riesgo externo que interno”. Según su lectura, lo que pase afuera puede mover el número en cualquier dirección: un triunfo de la ultraderecha de Flávio Bolsonaro este domingo en Brasil “consolidaría bastante la región” y “puede llegar a dar aire”, mientras que un mal resultado de los republicanos de Donald Trump en las legislativas de Estados Unidos en noviembre haría subir el riesgo país. Es que un Congreso norteamericano en manos demócratas podría complicar otro rescate de Trump a Milei en 2027, como el de 2025.

La distancia con la meta oficial es grande. Milei espera que el riesgo país perfore los 100 puntos en algún momento de 2027, el nivel que hoy tienen varios vecinos de la región. Si las causas son varias, la salida también. Sobre las tasas de Estados Unidos o la guerra en Irán, el Gobierno puede hacer poco. Sobre el resto, los economistas marcan tres frentes.

El primero es cerrar el programa financiero de 2027 antes de que el calendario electoral lo complique más. Caputo menciona como respaldo el swap (canje de monedas) con China y una línea de US$20.000 millones con Estados Unidos.. Pero mientras las tasas sigan altas, salir a colocar Bonares sale caro, y comprar los dólares con pesos del Tesoro depende de cuántos pesos tenga disponibles.

El segundo es reactivar la economía. Una actividad que vuelve a crecer mejora la recaudación y, con ella, la capacidad de pago. El tercero es la credibilidad. Para Ferreres, todo vuelve a la pregunta inicial: quién ganará en 2027. Hasta que el mercado tenga esa respuesta, o al menos un plan para pagar los vencimientos de 2027 y 2028 gane quien gane, el riesgo país difícilmente vuelva a los 400 puntos de julio.

AR / NB

No hay victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta que haya bastado para calmar los ánimos de los acreedores de la Argentina. El riesgo país, indicador del peligro de impago de la deuda pública en dólares, había subido de los 400 puntos básicos que festejaba el gobierno de Javier Milei en julio pasado hasta los 655 a principios de octubre, antes de la victoria de la ultraderecha en Brasil. Después bajó a menos de 600 por el triunfo del Partido Liberal, que ilusionó a los inversores con un efecto contagio en la Argentina en los comicios de 2027, pero la primavera duró poco y el riesgo país regresó el viernes último a los 648 puntos básicos. Problemas de un país endeudado, con ciudadanos y empresas morosas.

El analista financiero Marcelo Lipovetzky atribuye el nuevo ascenso del indicador de la deuda pública a factores internos y externos. “Las tasas de interés de EE.UU. y Europa vienen subiendo, con fuertes déficits fiscales y sin esperanza de corrección, más allá de la parte intrínseca de la Argentina, con alguna declaración de algún político que habla de revisar todos los RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) en caso de que gane la oposición”, se refiere Lipovetzky a la opinión del diputado Máximo Kirchner de que debe auditarse cada uno de los proyectos aprobados del RIGI, de modo de controlar que hayan sido autorizados cumpliendo la normativa y sin posteriores traspasos de acciones para generar sólo un negocio financiero.

Pero algunos analistas también atribuyen las dudas sobre el pago del pasivo a los resultados de la política económica de Milei. “El riesgo país volvió a subir, también reflejando las dudas que surgen a partir del estancamiento económico y el resultado electoral del año que viene”, sostiene LCG, la consultora que dirige Javier Okseniuk. Es decir, hay un temor de los bonistas de que venza la oposición, pero también una preocupación porque el crecimiento cero conlleva caída de la recaudación impositiva, impulsa al Gobierno a meter más motosierra al gasto público y siembra incertidumbre sobre el pago de las obligaciones.

La empresa de información crediticia Fidelitas agrega que existe desconfianza sobre la capacidad de refinanciación de los vencimientos de deuda, pese a las promesas del ministro de Economía, Luis Caputo, y sobre la acumulación de reservas del Banco Central. Por eso habla de “incertidumbre financiera de cara a 2027”: “La demanda privada de divisas para dolarización de activos y pago de dividendos ronda los US$ 2.500 millones mensuales, mientras que los vencimientos de deuda soberana alcanzan unos US$ 25.000 millones entre capital e intereses durante ese año. Los rendimientos de los bonos con vencimiento en 2028, superiores al 20%, y un riesgo país por encima de los 550 puntos reflejan las dudas sobre la capacidad de refinanciación y la disponibilidad de reservas”.

Fidelitas también advierte en el mismo informe sobre el endeudamiento de las compañías: “El deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de empresas con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses”.

El Banco Central reconoció este viernes que crece la morosidad de las empresas con los bancos, pero rescató que por fin baja la de las familias: “El ratio de irregularidad del crédito al sector privado permaneció sin cambios significativos durante los últimos cuatro meses, situándose en 7,75% en agosto. El indicador de mora de las financiaciones a las familias se redujo ligeramente en el mes, hasta 12,81%. El indicador de morosidad del crédito a las empresas se ubicó en 3,80%, incrementándose levemente respecto a julio”.

El problema es que la mora también es con las billeteras virtuales o fintech y las casas de electrodomésticos, no sólo con los bancos. Un reciente informe de la Universidad Austral y la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, alertó esta semana que “La mora no encuentra techo: ya alcanza al 27% de los deudores argentinos, aunque aparecen señales de desaceleración”. A su vez, el monto en situación irregular de los créditos otorgados por entidades no bancarias alcanza al 31,7%.

En este contexto de endeudamiento de las familias a partir de créditos a tasas exorbitantes, y en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, cinco organizaciones sociales dedicadas a las capacitaciones, las tutorías, el microfinanciamiento y las redes de apoyo de emprendedores y trabajadores independientes abogaron por educación financiera y financiamiento ético. El comunicado fue firmado por De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario, Mujeres 2000, Nuestras Huellas, Fundación Mediapila e Impulso Microfinanzas.

“No existen respuestas mágicas ni unilaterales, la educación financiera y el financiamiento ético emergen como herramientas fundamentales y estratégicas para brindar capacidades críticas, proteger a las familias frente a la usura o el sobreendeudamiento, y permitirles tomar decisiones informadas para resguardar su economía y planificar su futuro con dignidad”, proclamaron las cinco entidades.

“La evidencia relevada en el territorio demuestra el valor de este enfoque”, sostienen y aportan datos de encuestas propias. “De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario reveló en su última encuesta que el 76,3% de sus emprendedoras sufrió un impacto negativo en su alimentación durante el último año, debiendo achicar porciones, alterar frecuencias o cambiar de marcas. Frente a este contexto de restricción, las herramientas de resiliencia muestran resultados concretos: los datos de Nuestras Huellas destacan que el 84,1% de los emprendimientos que recibieron acompañamiento en educación financiera y microcréditos lograron incrementar sensiblemente sus ingresos, mientras que un 95,1% generó capacidad de ahorro por primera vez.”

“En la misma línea, la experiencia de Mujeres 2000 refleja que el 74% de las participantes comenzó a registrar sus gastos, el 68% a elaborar un presupuesto mensual y el 40% logró ahorrar gracias al programa”, continuaron enumerando resultados de sus acciones. “Entre quienes accedieron a microcréditos, el 70% incrementó sus ingresos, al tiempo que el 77% fortaleció su autoestima y confianza, y un 44% de las emprendedoras logró independizarse económicamente de su pareja o familia, reafirmando que no hay salida sostenible de la pobreza sin autonomía económica. Asimismo, en Fundación Mediapila el 90% de las emprendedoras que recibieron talleres de educación financiera pudieron aprovechar estratégicamente la oportunidad de un crédito. El 76,9% de los participantes en De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario remarcó que la combinación de educación financiera y acompañamiento fue muy significativa para mejorar la gestión de sus emprendimientos.”

“Las organizaciones advierten que el acceso al financiamiento, sin información clara y transparente sobre los costos y las condiciones de devolución, puede generar situaciones de sobreendeudamiento”, alertaron. “Por eso, destacan la importancia de la educación financiera como herramienta fundamental para tomar decisiones informadas, identificar posibles estafas y prevenir prácticas abusivas. A las entidades financieras y empresas de crédito les solicitan asuman un rol activo garantizando información clara, transparente y comprensible que prevenga el sobreendeudamiento, recordando que la inclusión financiera debe estar respaldada por la capacidad real de la población para generar ingresos y fortalecer su economía de manera responsable.”

“La licuación de ingresos y la destrucción de empleo, transformó al endeudamiento de las familias en un protagonista central de la coyuntura que atraviesa nuestro país”, alertó el Informe sobre Endeudamiento de los hogares que elaboró el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que lidera el economista Claudio Lozano. “La licuación de ingresos y la destrucción de empleo que ha caracterizado los años de la gestión Milei transformó al endeudamiento de las familias en un protagonista central de la coyuntura que atraviesa nuestro país. En un primer momento, el endeudamiento fue uno de los mecanismos centrales para sostener el ingreso de los hogares y permitirles mantener su nivel de consumo, para luego rápidamente transformarse en un círculo vicioso de refinanciación, de acumulación de deuda y de sobrecarga de los hogares endeudados”, alertó Lozano.

El reporte identifica diversas tendencias:

AR/MG

Flybondi inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y evitar una eventual quiebra, en medio de una fuerte caída de su actividad y de una acumulación de deudas y reclamos.

La presentación de FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera bajo la marca Flybondi, ingresó el 2 de octubre en la Justicia comercial. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, y tramita ante la Secretaría N.º 47, encabezada por Santiago Medina.

El trámite fue iniciado por el estudio jurídico Grispo. El expediente figura por ahora “En despacho” y no registra resoluciones ni actuaciones públicas que permitan conocer cuál fue la primera posición adoptada por el juzgado.

El concurso preventivo permite a una empresa en dificultades económicas negociar con sus acreedores dentro de un proceso judicial. La herramienta busca ordenar las obligaciones pendientes y preservar la continuidad de la actividad.

Una caída abrupta de la actividad

El deterioro de Flybondi también se refleja en la cantidad de pasajeros que transporta. De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) incluidos en el material, en agosto de 2025 la compañía había trasladado 254.533 pasajeros en vuelos de cabotaje, con una participación del 17% del mercado doméstico.

En agosto de 2026 fueron apenas 1.865 pasajeros, equivalentes al 0,1% del mercado. En un año, la empresa perdió más de 252.000 pasajeros en vuelos de cabotaje.

La contracción de la actividad coincide con una reducción significativa de la flota disponible. Actualmente, tres aeronaves permanecen en territorio argentino sin actividad comercial, mientras que otras diez fueron restituidas a sus arrendadores.

Algunas de las aeronaves devueltas todavía conservan matrícula argentina y permanecen en el país mientras completan los procedimientos técnicos y contractuales conocidos en el sector como redelivery.

Reclamos y obligaciones pendientes

El cuadro financiero que llevó a la compañía a recurrir a la Justicia incluye deudas y reclamos que superan los 4.000 millones de pesos. La cifra podría llegar a unos 4.600 millones si se contabilizan intereses y costas asociados a distintos embargos.

Entre los acreedores aparecen la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Intercargo, proveedores de combustible, arrendadores de aviones y talleres de mantenimiento. También existen reclamos laborales y pedidos de devolución de dinero de pasajeros afectados por cancelaciones y modificaciones de vuelos.

Por otra parte, dos aeronaves que se encuentran fuera de la Argentina acumularían obligaciones por aproximadamente 5,5 millones de dólares relacionadas con trabajos de mantenimiento.

La disputa entre los accionistas

La crisis financiera se produjo además en medio de una disputa entre los principales accionistas de la compañía, que tomó estado público en agosto. Uno de los protagonistas es COC Global, fondo que ingresó en mayo de 2025 y aportó más de 70 millones de dólares para sostener la operación. El otro es Cartesian Capital Group, accionista histórico de Flybondi y con representación en el directorio.

En un comunicado difundido durante el conflicto, COC Global vinculó parte de las dificultades de la empresa con los embargos dispuestos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre sus cuentas bancarias. Según el fondo, esas medidas habían afectado la capacidad de Flybondi para afrontar pagos y obligaciones corrientes.

COC Global también afirmó que, después de que en julio de 2026 trascendieran presuntas irregularidades atribuidas a la gestión anterior, Cartesian no había respondido a sus pedidos para avanzar en una normalización financiera y operativa.

El fondo había planteado entonces la posibilidad de recurrir a la Justicia argentina y a tribunales del exterior.

Ahora, con la apertura del concurso preventivo, la empresa deberá afrontar bajo supervisión judicial la negociación con sus acreedores y definir un esquema para reordenar sus obligaciones.

La Iglesia se sumó al debate público sobre el endeudamiento de las familias argentinas. Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), reclamó al Gobierno que adopte criterios concretos para la toma de deuda y cuestionó a quienes minimizan el problema. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial y menos decir que no nos interesa, o que se arreglen”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre Mendoza recogidas por La Nación e Infobae.

El titular del Episcopado comparó la situación actual con otra preocupación que la Iglesia había planteado en el pasado: la ludopatía online. “Tuvimos una intervención muy fuerte cuando peleábamos por la ludopatía online, un tema muy parecido, en el efecto, al menos, con familias que se endeudaban por la adicción al juego. Ahora, esto que se agrega, que es tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas o por tener que ponerse en deuda para tener alguna situación de satisfacer algún ítem, no deja de preocupar y sobre todo después las consecuencias”, sostuvo Colombo.

El arzobispo pidió avanzar hacia “alguna solución” que ponga límites a la forma en que se contraen los créditos y que discuta qué proporción del sueldo puede comprometerse en el pago de deudas. “Hay que analizar de qué manera se puede contraer deudas. Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas, y otras que son a gotas, que uno se va quedando de manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”, explicó, en referencia a la diferencia entre créditos abusivos desde su origen y otros que se acumulan de a poco hasta volverse impagables.

Las declaraciones de Colombo se producen en un momento de tensión política por la evolución de la morosidad. Según datos del Banco Central, 5,8 millones de argentinos estaban en situación de mora en junio, de los cuales unos 3 millones son considerados deudores irrecuperables. El informe también muestra un salto pronunciado entre los jóvenes de 18 a 25 años, cuya tasa de mora pasó del 24,7% al 40,8%, un fenómeno asociado al uso de billeteras digitales y a los menores ingresos de ese segmento etario. En paralelo, un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con datos del BCRA y el CENDEU, ubicó la mora bancaria familiar en 12,8% y la de las billeteras virtuales en 30,1% en junio, un nivel que superó el pico registrado en plena pandemia, en mayo de 2020, cuando había llegado a 27,1%. El mismo relevamiento señala que 5,91 millones de personas, sobre un total de 20,96 millones de deudores, están en situación irregular, y que la carga mensual de los servicios de deuda equivale al 24,1% de la masa salarial, con los préstamos personales y las tarjetas de crédito explicando el 73% del saldo irregular.

El propio presidente Javier Milei relativizó la magnitud del problema y rechazó las críticas por el aumento de la morosidad. “Es un problema entre privados”, sostuvo el mandatario, quien además afirmó sobre los deudores morosos que “nadie les puso una pistola en la cabeza”. Milei también acusó a la oposición y a medios de comunicación de instalar la preocupación de manera “repugnante” con el objetivo, según su interpretación, de “dividir a la sociedad”. Las palabras de Colombo llegan, así, como un contrapunto directo a esa lectura oficial.

La discusión también escaló en el plano legislativo. La oposición convocó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 9 de septiembre con el objetivo de tratar el tema de la morosidad, mientras que La Libertad Avanza impulsó para el 2 de septiembre una reunión de la Comisión de Finanzas, en lo que se interpreta como un intento de ganar tiempo antes del debate en el recinto. Las declaraciones de Colombo se dieron, además, en una semana en la que el arzobispo de Mendoza volvió a reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de los preparativos de la visita papal a la Argentina prevista para noviembre.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.

Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.

Para pagar gastos esenciales

El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.

Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.

Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.

“Acuerdo entre privados”

Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.

Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.

Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.

La abogada laboralista Tamara Bezares señala a los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.

Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.

Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.

Los considerados “morosos irrecuperables” crecieron en todo el país, pero especialmente en el norte y Cuyo, y hasta provincias con crecimiento interanual como Neuquén no pudieron sustraerse a esta tendencia.

Este nuevo salto en la morosidad, tendencia instalada desde la gestión de Javier Milei, surge de un informe semanal del Instituto Argentina Grande, en base a datos de CENDEU-BCRA, y que incluye deudores con entidades bancarias y no bancarias.

Según este informe, las provincias donde el porcentaje de deudores “irrecuperables” sobre los deudores totales es más alto pertenecen a Cuyo o al norte, y en San Juan el 23,8% de los deudores totales tienen, por lo menos, una línea de crédito con más de un año de atraso en su pago. En el norte, el peso de los considerados irrecuperables sobre el total de deudores promedia el 20%.

El informe del Banco Central indica también que la mora de las familias volvió a crecer en mayo y casi triplicó al nivel del año pasado, ya que en 2025, la proporción de créditos irregulares en los hogares se ubicaba en 4,5 por ciento, pero para el mismo mes de este año, ese porcentaje trepó hasta 12,8 por ciento. Se trata del mayor nivel en más de 20 años.

Según el último Informe de Bancos del BCRA, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y 5,1 puntos más en comparación interanual.

Principal motor en los créditos familiares

El informe oficial destaca que el incremento de la mora tuvo como principal motor el desempeño de los créditos familiares. En mayo, el indicador de irregularidad para este segmento alcanzó 12,8%, superando en 0,7 puntos porcentuales el registro del mes anterior y en 8,3 puntos el dato de hace un año.

Aunque el ritmo de deterioro se moderó en los últimos meses, la cartera irregular sigue mostrando un crecimiento real sostenido, que impacta en la capacidad de pago de los hogares.

El mayor ratio de irregularidad entre hogares la tienen los créditos personales, que alcanzaron en mayo un nivel de mora del 15,9% (10,4 puntos más que igual mes del año pasado). Le siguieron las tarjetas de crédito (13,1%), los préstamos con garantía prendaria (7,7%). Completan la lista los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y otros (39,3%).

Empresas en mora: también ascenso

En las empresas, el indicador de irregularidad se ubicó en 3,5% durante mayo, 0,1 punto porcentual por encima de abril y 2,5 puntos más que un año atrás. Se trata de un nivel sensiblemente menor al de las familias, aunque también en ascenso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

AR/MC

La morosidad en los préstamos de las familias argentinas volvió a subir en mayo y alcanzó el 12,7%, en una tendencia que ya suma 19 meses consecutivos de incremento y que dejó a cerca de 7 millones de personas fuera del circuito formal de financiamiento.

El dato surge de un informe de la consultora 1816, elaborado a partir de estadísticas del Banco Central de la República Argentina. Según el análisis, la tasa de irregularidad en el pago de créditos se multiplicó por más de cinco en menos de dos años: pasó de 2,5% en octubre de 2024 a 12,7% en mayo de 2026.

El fenómeno golpea con mayor fuerza a los jóvenes. Entre quienes tienen préstamos activos, 4 de cada 10 personas menores de 35 años presentan problemas de pago. La mora llega al 42,8% en el grupo de 18 a 25 años, al 39,3% entre 26 y 35 años y al 31% en la franja de 36 a 45 años.

El informe también marca diferencias entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras que la banca pública mantuvo el nivel de préstamos para evitar una caída más pronunciada del crédito, las entidades privadas recortaron de manera significativa la oferta de financiamiento durante los primeros meses de 2026.

La situación más delicada se observa en las entidades no financieras, que concentran alrededor del 17% del mercado de crédito a las familias, donde la morosidad trepó al 32,2%. Hace apenas un año y medio, ese indicador rondaba el 10%.

De acuerdo con los cálculos de la consultora, el 27% de las personas que tomaron préstamos ya no son consideradas “sujetos de crédito” debido a su situación de mora. Sin embargo, los analistas señalaron que el bajo peso del crédito en la economía argentina atenúa el impacto macroeconómico. “Lo positivo es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses”, indicaron.

De cara a los próximos meses, el mercado sigue de cerca los datos de junio y julio. La expectativa está puesta en el “efecto aguinaldo” y en la posibilidad de que ese ingreso adicional permita a las familias cancelar parte de sus deudas y frenar una tendencia de deterioro que ya lleva casi dos años. Mientras tanto, el Gobierno mantiene como prioridades el control del tipo de cambio y la reducción de la volatilidad de las tasas de interés.

Con información de la agencia NA

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

El Gobierno aprobó la realización de operaciones de toma de deuda pública por hasta US$5.000 millones y cedió jurisdicción a favor de Nueva York, mediante el Decreto 478/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La medida busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro Nacional mediante préstamos con entidades financieras internacionales que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales de crédito.

El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, autoriza al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales federales y estaduales de Nueva York.

Esta autorización implica que la República Argentina renuncia a oponer la defensa de inmunidad de jurisdicción ante eventuales reclamos producidos en dicha sede judicial vinculados a estos contratos.

A pesar de la prórroga de jurisdicción, la normativa establece límites para resguardar el patrimonio nacional. El artículo 2 detalla que no habrá renuncia a la inmunidad de ejecución sobre una serie de bienes estratégicos, entre los que se destacan:

El Ministerio de Economía será el encargado de determinar los plazos, métodos y monedas para estas operaciones. Asimismo, queda facultado para designar a las instituciones financieras participantes, suscribir acuerdos, pagar comisiones de mercado y contratar agentes fiscales o calificadoras de riesgo.

Con información de la agencia NA

El salario llega hasta donde puede. Después empiezan la tarjeta, la billetera virtual, la mutual, la fintech o el préstamo personal. Las personas endeudadas con proveedores no financieros de crédito pasaron de 9,5 millones a 11,3 millones entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Cada vez más hogares usan deuda para cubrir consumos que los ingresos no logran sostener.

Un informe de Fundación Éforo describe la deuda de personas físicas con proveedores no financieros de crédito: fintech, mutuales, cooperativas, tarjetas no bancarias y otros prestadores que financian consumo por fuera del sistema bancario tradicional. Allí se ve el movimiento de fondo: más personas toman crédito, el volumen total financiado crece y la mora empieza a mostrar que una parte de esos compromisos ya no puede pagarse con los ingresos disponibles.

La deuda promedio por persona pasó de $337.000 a $1.044.000 entre diciembre de 2023 y enero de 2026. Descontada la inflación acumulada del período, cercana al 195%, la suba real fue de alrededor de 5%.

El saldo total financiado muestra mejor esa expansión. Según Éforo, el volumen operado por esos proveedores pasó de $3,2 billones a $11,8 billones en poco más de dos años. Descontando la inflación, ese stock creció alrededor de 25% en términos reales. La deuda promedio individual avanzó poco por encima de los precios, pero la masa total de crédito a personas creció bastante más porque se amplió el universo de deudores.

La deuda ya no aparece sólo al final del mes, cuando una familia no puede pagar. Aparece antes, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir alimentos, servicios, alquiler, transporte, salud o gastos escolares. El crédito es ya una extensión cara del salario.

Eso no debería ser normal en una economía sana, mucho menos en la economía ordenada y de recuperación salarial que Javier Milei prometió durante la campaña presidencial. Cuando ni un salario —y muchas veces ni dos ingresos dentro del mismo hogar— alcanzan para cubrir gastos básicos, el crédito ya no es una opción para ampliar un negocio o comprar un bien durable o resolver una emergencia específica, sino que se vuelve una fuente de estrés permanente porque cada compra necesaria llega con vencimiento, intereses y una pregunta que se repite al mes siguiente: cómo se paga.

La señal más delicada es que el endeudamiento crece al mismo tiempo que la morosidad. Según el informe de Éforo, en los préstamos otorgados por bancos privados el incumplimiento pasó de 4,5% a 10,6%. En los proveedores no financieros de crédito, la mora llegó al 16,2%. En las tarjetas no bancarias, una de las vías principales de financiamiento del consumo cotidiano, alcanzó el 14,5%.

Si sólo creciera el acceso al crédito, podría leerse como una normalización financiera después de años de bajo financiamiento. Si sólo creciera la mora, podría interpretarse como un problema de administración de pagos. Pero cuando suben al mismo tiempo la cantidad de deudores, el volumen financiado y los atrasos, el dato empieza a avisar que los hogares que toman más crédito y encuentran cada vez más dificultades para devolverlo.

El costo de esa deuda profundiza la diferencia entre hogares. Mientras las tasas para préstamos personales en bancos rondaron entre el 70% y el 90% nominal anual durante 2025 y comienzos de 2026, en los proveedores no financieros promediaron el 129%, según el informe. Es decir que quienes tienen ingresos más estables, mejor historial o relación bancaria pueden acceder a líneas menos caras; quienes quedan fuera del sistema formal suelen terminar en circuitos más costosos.

Ese mapa también explica por qué el crecimiento del crédito hipotecario aparece como una excepción. El informe de Éforo marcó una recuperación significativa de esa línea, con un crecimiento real interanual superior al 50% y niveles de mora más bajos que el promedio del sistema. Pero esa mejora convive con un endeudamiento de consumo mucho más tensionado, concentrado en hogares que necesitan crédito para sostener el mes.

El último informe del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito también muestra que el fenómeno siguió vigente en 2026. En febrero, el financiamiento promedio por deudor persona humana alcanzó $1,1 millones, aunque mostró una caída real de 3% entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. Ese dato confirma el matiz: el promedio individual dejó de crecer con fuerza en términos reales, pero el volumen de personas endeudadas y la mora sostienen la señal de alerta.

El endeudamiento se volvió una forma de administrar esa distancia. El sueldo paga una parte del mes; el resto se cubre con tarjeta, préstamo, adelanto, billetera o refinanciación. Cada mecanismo tiene su tasa, su vencimiento y su costo. El alivio inmediato puede ser real, pero también deja una obligación futura sobre ingresos que ya venían ajustados.

JJD

Probablemente sea la primera medida del gobierno de Javier Milei que supone apiadarse de los trabajadores después de tanto ajuste, que al final recayó todo sobre ellos, no en “la casta”. El Banco Nación lanzó un paquete de herramientas para clientes con dificultades para afrontar sus compromisos económicos, justo después de que los datos de marzo del Banco Central mostraran un salto fuerte en la morosidad de los hogares.

El programa fue presentado como un “kit de soluciones”, un nombre simpático para una herramienta que pretende subsanar un estado de calamidad, que es que la gente no tiene plata (y cada vez menos). Este kit viene a reorganizar obligaciones financieras, reducir el monto de las cuotas mensuales y extender plazos de cancelación.

El paquete incluye consolidación de deudas, refinanciación de saldos vencidos de tarjetas de crédito y alternativas especiales para clientes con atrasos superiores a 90 días. Cada caso será evaluado según el perfil crediticio, la situación financiera y el tipo de compromiso que el usuario necesite reordenar.

La medida llega después de un deterioro acelerado de la capacidad de pago de las familias. Según los datos del Banco Central, la morosidad de los hogares pasó de 3,3% en marzo de 2025 a 11,5% en marzo de 2026. En el mismo período, la mora total del sistema financiero subió de 2% a 7%. Es el mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad. O sea, la peor situación en un cuarto de siglo se sufre ahora, con Javier Milei de presidente de la Nación.

El problema se concentró en los instrumentos más usados para financiar gastos cotidianos. Los préstamos personales alcanzaron una irregularidad de 14,2%, más del triple que el 4,1% registrado un año antes. Las tarjetas de crédito llegaron a 11,7%, frente al 2,8% de marzo de 2025. El crédito que muchas familias usaron para llegar a fin de mes empezó a transformarse en una deuda cada vez más difícil de pagar.

La línea de consolidación del Banco Nación estará dirigida a personas que perciben sus haberes en la entidad. Permitirá reunir deudas tomadas dentro del banco y también en otras entidades, con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual del 65% y montos de hasta $100 millones. El objetivo oficial es simplificar la administración de pagos y reemplazar varias obligaciones dispersas por una sola cuota.

Para las tarjetas de crédito, el banco habilitó una refinanciación destinada a clientes con hasta 90 días de atraso. Esa opción permitirá reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con planes de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de cuotas en el resumen siguiente y adecuaciones temporales en los límites de compra.

El esquema también prevé alternativas para quienes superen los 90 días de atraso. En esos casos, el Banco Nación informó que habrá opciones de financiación de hasta 96 meses, aunque sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de la solicitud. La entidad sostuvo que busca acompañar a sus clientes en la reorganización de compromisos financieros y ofrecer soluciones para una administración más ordenada de la economía personal.

El lenguaje bancario habla de refinanciación, consolidación y sostenibilidad de pagos. En criollo, una parte creciente de los ingresos familiares ya no alcanza para cancelar deudas tomadas en el período anterior. Durante 2025, el crédito funcionó como un ingreso complementario para sostener consumos, pagar gastos corrientes o cubrir emergencias. Ese mecanismo tiene un límite: cuando la cuota crece más rápido que el salario, la deuda deja de aliviar y empieza a asfixiar.

El deterioro de la mora no apareció de golpe en marzo. trabajAR ya había mostrado que, en febrero, la mora en créditos a familias había llegado a 10,6%, el nivel más alto en casi dos décadas. En ese mismo corte, los préstamos personales marcaban 13,2% y las tarjetas de crédito 11%. Las entidades no bancarias y billeteras virtuales mostraban un cuadro todavía más abrupto, con irregularidad cercana al 25%.

El salto también había aparecido en Mercado Pago. Según datos públicos de la Central de Deudores, la mora de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El dato mostró que el problema no quedaba encerrado en los bancos tradicionales: también alcanzaba a las plataformas digitales que expandieron el negocio del crédito al consumo sobre millones de usuarios.

Las billeteras y entidades no financieras exhibieron uno de los síntomas más duros. En febrero, el 29,9% de los saldos familiares en ese segmento tenía más de 90 días de atraso. Además, el 10,4% ya llevaba más de un año impago y era considerado irrecuperable por el sistema. Cuando la mora cruza de los bancos a las plataformas de uso cotidiano, el problema deja de ser financiero y se vuelve social.

La explicación está en la brecha entre deuda e ingresos. Los salarios privados registrados acumulan una caída real de 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede 9,2% y los salarios públicos registran un desplome de 17%, según el análisis citado por Ámbito a partir de datos de RIPTE. Ese deterioro redujo la capacidad de pago de hogares que, al mismo tiempo, tomaron más crédito para sostener consumos básicos.

El endeudamiento familiar también cambió de escala. Una nota previa de trabajAR, basada en datos del Banco Provincia y del Banco Central, mostró que el financiamiento promedio pasó de representar 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025. En un año, los hogares sumaron deuda equivalente a un salario adicional. Con ingresos rezagados y tasas todavía altas, esa carga empezó a romper el equilibrio mensual.

La diferencia entre familias y empresas muestra quién absorbió con más fuerza el costo del ajuste. En marzo, la mora de los hogares llegó a 11,5%, mientras la de las empresas fue de 3,1%. El sector empresario también triplicó su incumplimiento interanual desde 0,9%, pero la magnitud del deterioro quedó mucho más concentrada en las familias. Los hogares tomaron deuda para sostener gastos y ahora enfrentan más dificultades para devolverla.

El deterioro también golpea a las pymes. TrabajAR ya había mostrado que, en enero de 2026, la cartera pyme en situación irregular alcanzó al 8,2% del total de empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9%.

Ese cuadro se superpone con una economía de menor actividad y menos empresas. El monitor mensual de Fundar registró que, desde noviembre de 2023, se perdieron 24.437 empresas en la Argentina, el 4,8% del total. La cantidad de firmas activas acumula 17 meses consecutivos de caída y 24 bajas interanuales seguidas. Menos empresas, salarios rezagados y más deuda impaga forman una misma secuencia: menos ingresos disponibles, menos consumo y más riesgo laboral.

El Banco Nación intenta ahora contener una parte de ese deterioro con cuotas más bajas y plazos más largos. Para muchos clientes, la refinanciación puede dar aire en el corto plazo. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació porque el ingreso mensual no alcanzó. La solución bancaria ordena el calendario de pagos; no corrige por sí sola la pérdida de poder adquisitivo que empujó a las familias a endeudarse.

El problema para los hogares es que una deuda refinanciada no desaparece. Cambia de forma, se extiende en el tiempo y puede reducir la presión mensual, pero sigue ocupando una parte del salario futuro. Si los ingresos no recuperan terreno, el alivio puede convertirse en una pausa antes de una nueva ronda de atraso.

JJD

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que una parte de la población atraviesa dificultades para afrontar sus deudas luego de haberse endeudado con tasas altas bajo la expectativa de una devaluación o una aceleración inflacionaria que redujera el peso real de los créditos.

Durante una entrevista concedida a la TV Pública, el funcionario explicó que muchas personas replicaron comportamientos habituales de la economía argentina, pero que en esta oportunidad ese escenario no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y a la desaceleración de la inflación.

“La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que, como siempre, el dólar se iba a disparar y la inflación también, y eso los iba a licuar. Y eso no pasó”, señaló Caputo.

Según el ministro, la situación derivó en un aumento de la mora y llevó a los bancos a endurecer sus análisis antes de otorgar nuevos préstamos. “Eso generó cierta mora adicional. Hasta que baje un poco esa mora, el crédito se ralentizó”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que el Gobierno sugirió a las entidades financieras refinanciar los créditos en problemas, extendiendo plazos y ofreciendo tasas más bajas para aliviar la carga de los deudores.

Pese a ese freno en el crédito minorista, Caputo destacó un cambio en la estructura del sistema financiero y aseguró que los bancos comenzaron a orientar más recursos hacia el sector privado que hacia el financiamiento estatal.

“Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”, afirmó el ministro.

De acuerdo con el titular del Palacio de Hacienda, esa modificación permitirá que en el futuro exista una mayor disponibilidad de crédito para el consumo y la inversión productiva.

Con información de la agencia NA

Los trabajadores que llegan a fin de mes usando billeteras virtuales, tarjetas o préstamos personales enfrentan en estos meses una dificultad cada vez mayor: la de poder pagar. Los atrasos crecen, la mora alcanza niveles récord en varios segmentos y el deterioro no se ciñe a los hogares; también afecta a las pequeñas empresas, en particular a las pymes.

Las familias no consiguen pagar a tiempo el 30% de la deuda que toman con billeteras virtuales y más del 11% de sus créditos con bancos tradicionales. La información surge de datos del Banco Central correspondientes a febrero. Para los hogares, la irregularidad en créditos bancarios ya es la más alta desde 2004, durante la normalización de la economía tras la debacle de 2001.

El dato de las billeteras virtuales es todavía más abrupto. La demora mayor a 90 días en entidades no financieras llegó al 29,9% en febrero, subió 2 puntos respecto de enero y triplicó el nivel de hace un año y medio. En ese grupo entran billeteras, cadenas comerciales, cooperativas y préstamos rápidos. Además, el 10,4% de los saldos familiares en ese segmento ya tiene más de un año de atraso y el sistema los considera “irrecuperables”.

Mirando a las empresas, en enero de 2026 la cartera PyME en situación irregular —las clasificaciones 3, 4 y 5 del BCRA, que implican atrasos mayores a 90 días— alcanzó al 8,2% del total de las empresas. En comparación con enero de 2025, la cantidad de pymes con incumplimientos bancarios de más de tres meses aumentó 93,5%. Entre las firmas con atrasos superiores a 180 días, el salto fue de 84,9% en doce meses.

Los datos también muestran qué hay detrás de esos atrasos. En las familias, los préstamos personales bancarios mantienen tasas cercanas al 70% nominal anual y un costo financiero total que ronda el 100%, mientras que en entidades no financieras el costo puede superar el 500% anual. En las pymes, se reducen los plazos de financiamiento y se mantiene un diferencial de tasas en contra de las empresas más chicas.

JP Morgan registró que los impagos a 90 días en los préstamos de Mercado Pago en Argentina subieron de 1,8% en diciembre de 2024 a 8,7% en diciembre de 2025. En el mismo período, la morosidad medida sobre saldos recientes pasó de 3,3% a 10,1%.

Ese aumento ocurre sobre una base cada vez más grande. Las líneas de crédito de Mercado Pago alcanzan a 6,3 millones de personas, con 21 millones de préstamos pendientes y un promedio de 3,3 créditos por usuario. De ese total, 205.000 corresponden a pymes.

Otra medición sobre el sistema en general muestra que la morosidad en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, mientras que los préstamos personales alcanzan 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%.

Las fuentes coinciden en el diagnóstico: un informe del Banco Provincia señala que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no paga, y vincula ese dato con la caída del poder adquisitivo. En la medición por cantidad de personas, la proporción de deudores en mora llega al 24%.

Entre las pymes, los atrasos se extienden a distintos sectores: servicios, comercio, agro, construcción, industria y minería. En el sistema de garantías, la morosidad alcanza al 3,1% en las Sociedades de Garantía Recíproca y al 5,2% en los fondos públicos.

Las familias deben más y pagan peor. Las pymes venden menos, acceden a crédito más caro y también pagan peor. Esa combinación impacta en el mismo punto: el trabajo.

JJD

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y creador de su billetera digital Mercado Pago, es uno de los empresarios argentinos que más afinidad ha mostrado con la agenda económica del presidente Javier Milei. Pero a juzgar por los niveles de morosidad que presenta su compañía, no le estaría yendo muy bien.

Mercado Pago registró un salto en su nivel de morosidad y mostró una señal del deterioro de la capacidad de pago de trabajadores y familias en la Argentina.

Según datos públicos de la Central de Deudores (CENDEU), el ratio de irregularidad de la billetera virtual subió de 5,5% en enero de 2025 a 14,7% en enero de 2026. El movimiento siguió la tendencia general del sistema financiero, pero mostró con claridad que el problema ya no quedó limitado a los bancos tradicionales: también alcanzó a las plataformas digitales que en los últimos años expandieron su negocio de crédito al consumo.

El dato de Mercado Pago apareció en un escenario más amplio de fuerte empeoramiento del endeudamiento de los hogares. El último Informe sobre Bancos del Banco Central mostró que la mora en créditos a familias pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.

En el mismo corte, la morosidad general del financiamiento al sector privado llegó a 6,4%. Dentro de las líneas más sensibles para el consumo cotidiano, los préstamos personales marcaron 13,2% y las tarjetas de crédito, 11%. En las entidades no bancarias y billeteras virtuales, la irregularidad se acercó al 25%, por encima del nivel informado para Mercado Pago.

El impacto de ese deterioro recayó sobre quienes viven de su ingreso mensual y debieron sostener gastos corrientes con financiamiento. La propia cobertura sobre el salto de la mora de Mercado Pago señaló que el deterioro de la capacidad de pago golpeó “con fuerza sobre las familias”.

La empresa sostuvo ante Infobae que su cartera estuvo concentrada en personas físicas y defendió que su tasa de irregularidad quedó “en línea con la de los principales bancos privados del país” y por debajo del promedio de las entidades no bancarias, al que ubicó en 23,9%. Pero incluso en esa comparación favorable, el 14,7% mostró un empeoramiento fuerte en apenas doce meses.

La suba de la mora no se explicó sólo por el crecimiento del crédito, sino también por el retroceso del ingreso real. En una nota publicada por trabajAR a fines de enero, se mostró que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación para ese mismo período alcanzó 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales en los trabajadores formales. El mismo artículo advirtió que más del 80% de la masa salarial relevada por el Indec quedó por debajo de la inflación acumulada hasta noviembre.

Ese cruce entre deuda más cara y salarios debilitados apareció también en las explicaciones de economistas y bancos. Según una cobertura de marzo sobre el endeudamiento de los hogares, la consultora LCG vinculó el aumento de la morosidad con tasas de interés activas elevadas y con un contexto de “salarios estancados o en retroceso”. En ese informe, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales en febrero se ubicó en 69%. Otra nota de abril sobre la preocupación bancaria resumió el diagnóstico en dos motores: “tasas altas y salarios golpeados”.

La mora expresó que una parte creciente de los hogares no logró sostener el pago de cuotas de préstamos, tarjetas o financiamiento de consumo con ingresos corrientes. En un mercado laboral con salarios formales rezagados y con expansión del pluriempleo, el crédito funciona cada vez más como un recurso para cubrir gastos y no como una herramienta excepcional. En ese marco, que Mercado Pago —una de las puertas de entrada más extendidas al financiamiento digital— mostrara una irregularidad de 14,7% resultó menos una anomalía empresaria que un síntoma del ajuste sobre los ingresos laborales.

El Gobierno reconoció las dificultades, aunque buscó relativizarlas. En marzo, Luis Caputo afirmó que era fundamental “seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”. En esa misma intervención, sostuvo que las dificultades “se va[n] a ir acomodando” y que no era un asunto “problemático a futuro”. Hasta ahora, sin embargo, los datos públicos del Banco Central mostraron un empeoramiento persistente de la mora de los hogares y un traslado directo de esa presión a bancos, fintech y billeteras virtuales.

Lo que expuso Mercado Pago fue el límite del relato de normalización financiera cuando el salario no alcanza. La mora de su cartera casi se triplicó en un año, mientras la de los hogares se cuadruplicó y los salarios registrados volvieron a perder contra los precios.

Galperín, que durante más de dos décadas fue CEO de la compañía y hoy mantiene un rol de conducción estratégica, ha expresado en distintas ocasiones su respaldo a las ideas de liberalización económica impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza, e inclusive manifestó coincidencias con el enfoque confrontativo de Milei frente a sectores políticos y mediáticos. Su posición lo ubica entre los referentes del empresariado tecnológico que miran con buenos ojos el rumbo económico del Gobierno, en contraste con el vínculo más tenso que la compañía mantuvo en otros períodos con administraciones de perfil más intervencionista.

Pero los números de su propia billetera virtual sugieren que, más allá de las afinidades ideológicas, la economía real, la de la clase trabajadora, está bajo una presión cada vez más tenaz: si el crédito se usa para sobrevivir y no para consumir, ¿hasta dónde puede crecer el negocio?

JJD

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

La morosidad en los créditos de las familias alcanzó su nivel más alto en 18 años, según surge de los balances de cierre de 2025 presentados por las principales entidades bancarias privadas del país. El aumento de la falta de pago en préstamos personales y tarjetas reflejó un deterioro en la capacidad de los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto marcado por la pérdida de ingresos reales y el encarecimiento del crédito.

Los documentos presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, BBVA y Grupo Galicia expusieron una misma tendencia: aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto negativo sobre la rentabilidad del sector financiero. Ese escenario fue interpretado por las entidades como una señal de deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a individuos.

El problema se concentró especialmente en los créditos destinados a los hogares, que durante 2025 enfrentaron una combinación de tasas de interés reales elevadas, caída de la actividad económica y pérdida del poder adquisitivo. Esa combinación redujo la capacidad de pago de los clientes a lo largo del año y se profundizó hacia el final del período.

Además, un estudio elaborado por el Banco Provincia sobre datos del Banco Central señaló que uno de cada cuatro argentinos enfrenta dificultades para cancelar sus créditos, una proporción que refleja la presión que las obligaciones financieras ejercen sobre los ingresos familiares.

El mismo informe registró un cambio significativo en el nivel de deuda de las familias. El financiamiento promedio pasó de representar el equivalente a 1,5 salarios hacia fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025, lo que implicó que los hogares incrementaran su endeudamiento en un monto equivalente a un salario adicional durante ese período.

Ese crecimiento de la deuda coincidió con un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos laborales. Según datos del Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación para el mismo período alcanzó 27,9%, lo que implicó una caída real del salario superior a dos puntos porcentuales.

La pérdida de poder de compra obligó a muchos hogares a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes, una dinámica que elevó el nivel de endeudamiento y, posteriormente, las dificultades para cumplir con los pagos. El sistema financiero comenzó a reflejar ese deterioro en los indicadores de riesgo crediticio, especialmente en los segmentos de préstamos personales y consumo.

Frente a ese escenario, algunas entidades financieras empezaron a aplicar estrategias de refinanciación para intentar contener el aumento de la morosidad. Según relevamientos del sector, los bancos comenzaron a analizar los casos de clientes con atrasos de manera individual y a ofrecer condiciones de pago más flexibles en determinadas situaciones para evitar que las deudas se vuelvan incobrables.

Las entidades sostuvieron en sus informes que el deterioro observado durante 2025 podría moderarse en los próximos meses si mejora la situación macroeconómica y la capacidad de pago de los clientes. Sin embargo, los balances reflejaron que el impacto del aumento de la morosidad ya se trasladó a los resultados financieros de las compañías y generó preocupación en los mercados.

La reacción de los inversores no se hizo esperar. Las acciones de bancos argentinos que cotizan en Wall Street registraron caídas luego de la difusión de los balances y de las advertencias sobre el deterioro en la calidad del crédito. Para millones de trabajadores el crédito deja de ser una herramienta de financiamiento y se transforma en una deuda difícil de sostener.

JJD

El frigorífico General Pico, creador de la hamburguesa Paty y referente de la industria cárnica argentina desde los años 60, suspendió a los 450 trabajadores de su planta ubicada en la localidad pampeana de Trenel. La decisión se tomó en medio de una crisis financiera que puso en riesgo la continuidad operativa de la firma.

La empresa atribuyó la medida a la caída de las ventas internas y a una fuerte retracción del negocio exportador. Según datos oficiales del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas se redujeron 7,3% en volumen durante 2025, con un derrumbe del 12,3% en los envíos a China, principal comprador del país.

La planta —controlada por la familia Lowenstein, fundadora también del complejo turístico Las Leñas— redujo su faena diaria de 600 a solo 50 cabezas de ganado, lo que refleja la gravedad de la situación productiva. La interrupción de actividades impactó de forma directa en los operarios y de manera indirecta en transportistas, comerciantes y productores ganaderos de la región.

En Trenel, una localidad que depende en gran parte del frigorífico como fuente de empleo, la preocupación crece por un eventual cierre definitivo. El intendente Horacio Lorenzo informó que la empresa adeuda varios meses de pagos a productores de esa zona y de la vecina Eduardo Castex, lo que genera un efecto dominó en la economía local.

La crisis financiera del frigorífico incluye una deuda acumulada superior a los $30.000 millones, con un pasivo de $9.000 millones solo con el Banco de La Pampa. Además, el Banco Central registró más de mil cheques rechazados, evidencia de la falta de liquidez y de la incapacidad de la firma para cumplir con compromisos corrientes.

Como única respuesta hasta el momento, la empresa ofreció a sus trabajadores el pago de $500.000 por el mes en curso y la entrega semanal de carne, en un intento por contener la situación social entre el personal suspendido.

La historia de la hamburguesa Paty —producto que se convirtió en marca genérica en el país— está ligada a los orígenes de Quickfood, fundada en los años 60 por Ernesto “Tito” Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché. La firma introdujo por primera vez la hamburguesa industrializada en Argentina y definió hábitos de consumo que perduran hasta hoy. Tras pasar por manos de las multinacionales Marfrig y BRF, la marca volvió a quedar bajo control de los dueños originales en 2018.

El conflicto de General Pico es parte de una seguidilla de crisis que atraviesa la industria cárnica nacional. En Santa Fe, los trabajadores del frigorífico Euro mantienen tomada la planta desde hace más de dos meses por sueldos adeudados. En Pilar, la avícola Granja Tres Arroyos enfrentó medidas de fuerza por parte de 300 empleados ante la falta de pagos. También hubo conflictos similares en Bernasconi.

Los gremios del sector advirtieron que los problemas se extienden a buena parte de la industria, impulsados por el alza de los costos, la caída del consumo y la escasa disponibilidad de financiamiento. En el caso de Pico, la situación ya se venía deteriorando: un año atrás comenzó un ajuste que recortó cerca de 100 puestos de trabajo, como preludio del colapso actual.

Hasta el momento, no se convocó a ninguna instancia de negociación paritaria ni se anunció un plan de rescate. Tampoco hubo intervención del Estado provincial o nacional. Los 450 trabajadores siguen suspendidos, sin certeza sobre el futuro de la planta.

JJD