La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda. Narela Micaela Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales y a pocas horas de la viralización, confirmaron al medio TN que la joven fue hallada muerta.

Por el momento, se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural. Las redes sociales de los familiares de la argentina fueron cerradas.

Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado al país norteamericano hace dos años donde actualmente trabajaba como camarera.

Con información de la agencia NA

Un barco velero a la deriva, silencioso, vacío, con una única pasajera, una perrita de nombre Thumbelina. Es la estampa que se encontró el equipo de Salvamento Marítimo de España, el pasado jueves cuando interceptó, a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria, en pleno Atlántico, la embarcación de James Nunan, un británico que pretendía cruzar el océano en solitario, con la única compañía de su perrita.

En su travesía, hizo escala en Gran Canaria, donde se le perdió la pista. La última vez que sus familiares supieron de él fue el 18 de agosto, cuando habló con su madre desde Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro días después, alarmados por la falta de comunicación, notificaron su ausencia.

La propia hermana de James relata en Facebook todos los detalles de lo que la familia sabe hasta ahora. Según ella, su madre habló con él la noche del 18, y ese día su tarjeta bancaria realizó un último movimiento en un local de comida en la zona de Las Canteras.

Las autoridades, y también sus familiares, intentan ahora recomponer el puzzle de los que fueron sus últimos momentos para tratar de averiguar cómo llegó su barco hasta ese punto en el océano y qué le sucedió al joven marinero, si fue víctima de un desafortunado accidente, una imprudencia o, como apuntan miembros de su familia, de un crimen.

Lo que se sabe hasta ahora es que Nunan cenó el día 18 en el entorno de Las Canteras, donde recorrió varios locales y fue víctima de un robo. Alguien le quitó su mochila mientras esperaba un pedido de comida rápida en un kebab. La hermana de Nunan apunta que cree que también esa noche le pudieron haber robado el pasaporte ya que en el consulado de Irlanda alguien puso una denuncia por este motivo al día siguiente, el 19 de agosto. La familia, cuenta su hermana, pidió ya las grabaciones de seguridad para constatar que fue el propio James (o Jemsie, como lo llaman cariñosamente) quien notificó lo ocurrido.

Los tabloides británicos señalan que, según las cámaras de seguridad de varios locales y los testimonios de empleados del kebab, el joven estaba en un evidente estado de embriaguez.

Su hermana relató en redes que, según las grabaciones que les han hecho llegar a la familia personas que coincidieron con Nunan y su barco en Las Palmas de Gran Canaria, este visitó el bar Paddy´s Anchor Las Palmas. Allí mantuvo una conversación de unos 20 minutos con una persona y un dato importante: llevaba con él a Thumbelina, la perrita. “No estaba haciendo una escena, pero claramente había bebido un poco de más. El camarero le dio una botella de agua y le aconsejó que volviera a casa alrededor de las 22.00 horas”, escribe la hermana de Nunan en Faceboook.

Tras esa noche no hay más rastro del navegante.

El 22 se notificó su desaparición y se inició la búsqueda. El día 4 de septiembre un avión de Salvamento que realizaba un servicio al sur de Canarias avistó la embarcación. Las condiciones que presentaba el barco, con algunas velas rasgadas, sugerían que no había ningún tripulante a bordo.

Salvamento Marítimo pidió entonces a un buque que estaba en la proximidades que hiciera señales al barco para comprobar si aparecía algún tripulante, pero no fue así. Nadie contestaba desde la embarcación.

Entonces se envió a su encuentro a la Salvamar Macondo, una embarcación que, a su llegada, confirmó que no había ninguna persona a bordo. Tampoco se encontró en un primer momento a la perrita de Nunan. Se procedió después a remolcar el velero hasta el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde fue precintado y amarrado.

La hermana confirmó también que la perrita fue posteriormente hallada a bordo y que el chip que portaba verificó que era ella “sin ninguna duda”. Ahora se encuentra en un albergue municipal, relató.

También informó que la Guardia Civil confirmó que se hizo una llamada Pan-Pan –para informar una urgencia por radio– acerca del barco de Nunan antes de que su familia lo diera por desaparecido. Esta señal, en términos marítimos, indica que hay una emergencia, aunque esta no representa un riesgo mortal. “Si fuiste tú o sabes quién hizo esa llamada, por favor, danos información”, ha escrito en Facebook.

La familia insiste en pedir la colaboración de cualquier persona que haya estado en esa zona de Las Palmas de Gran Canaria cuando Nunan desapareció para que revisen vídeos o fotos en las que tal vez aparezca el joven y pueda añadirse así alguna pista que conduzca a dar con él y esclarecer qué le ocurrió.

Y plantea varios puntos sobre los que es necesario arrojar algo de luz para resolver, tal vez, esta misteriosa desaparición: quién robó la mochila, qué pasó con el pasaporte, a qué hora regresó al barco, en qué condiciones, iba él a bordo y, sobre todo, quién realizó la llamada Pan-Pan alertando de una emergencia a bordo.

“Cuanto más sabemos sobre el caso, más parece que se haya cometido un crimen”, concluye la hermana del navegante.

La defensa de Cristian Graf presentó un escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 en el que reclamó su sobreseimiento definitivo en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima, el adolescente de 16 años desaparecido en 1984 cuyos restos fueron hallados este año en una obra en construcción de Coghlan.

El planteo, firmado por los abogados Érica Nyczypor y Martín Díaz, sostiene que no existen pruebas que vinculen a Graf con el hallazgo de los huesos y que el fiscal Martín López Perrando “construyó un relato” para presentarlo como responsable bajo la presión social y mediática, según supo elDiarioAR de fuentes vinculadas al caso. En el escrito se incluyeron certificados escolares, antecedentes laborales y recibos de sueldo de Graf para mostrar que llevó una vida “normal” desde los años 80, además de testimonios de excompañeros que aseguraron que apenas compartió la escuela con Diego, sin tener relación cercana.

El pedido llega en un contexto de fuertes tensiones procesales. Días antes, el juez Alejandro Litvack aceptó a la familia de Diego como querellante. Javier Fernández Lima, hermano del adolescente, asumió esa representación junto con los abogados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady, lo que les garantiza acceso directo al expediente y la posibilidad de impulsar medidas.

Aunque el magistrado rechazó por ahora citar a indagatoria a Graf, la querella insiste en que el caso no quede impune, pese a que el crimen común ya prescribió.

Consultado por este medio, Wortman cuestionó la estrategia de la defensa de Graf sobre el pedido de sobreseimiento: “Consideramos que el pedido es improcedente en una investigación que recién comienza. Evidentemente este hombre no quiere soportar una investigación judicial y está muy apurado por cerrarla”.

Un misterio de cuatro décadas

Un adolescente de 16 años que salió de su casa el 26 de julio de 1984 y nunca regresó. Durante más de cuatro décadas, la ausencia de Diego Fernández Lima dejó una herida abierta y se convirtió en un enigma sin respuestas, como tantas desapariciones ocurridas en el pasado en nuestro país. Aquel día el joven había almorzado en su casa de Villa Urquiza, le pidió dinero a su madre para visitar a un compañero de colegio y no fue visto nunca más. Este año, una obra en construcción en Coghlan destapó el secreto enterrado: 150 huesos hallados junto a la medianera de la casa que habitaba un viejo compañero de escuela. Meses después se confirmaría que era Diego.

El padre del muchacho murió en un accidente en los años 90 convencido de que su hijo había sido captado por una secta. En 1986, la revista ¡Esto! dedicó incluso una nota a doble página sobre el caso, pero nada acercó respuestas. El tiempo pasó sin pistas firmes, y Diego quedó registrado como uno de los tantos adolescentes desaparecidos en democracia durante los 80, sin vínculo con la dictadura y en un limbo que nunca encontró resolución.

¿Qué pasó? La línea de tiempo del caso

El 20 de mayo de 2025, obreros que trabajaban en una obra en Congreso al 3.700 encontraron restos humanos enterrados junto a la medianera de una casa. La propiedad, que en algún momento había alquilado Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Stereo, fallecido en 2014, pertenecía desde los años 80 a la familia Graf. Los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) recuperaron 150 piezas óseas esparcidas bajo tierra y determinaron que correspondían a un varón adolescente que había muerto de manera violenta, con lesiones compatibles con heridas cortantes y posteriores intentos de ocultamiento (de todas maneras, cabe aclarar que no está confirmado en las pericias que las lesiones fueran efectivamente cortantes, ya que los documentos hablan de muerte violenta y ocultamiento, pero sin especificar arma). Los huesos estaban dispersos y no conformaban un esqueleto completo, lo que reforzó la hipótesis de descuartizamiento y ocultamiento deliberado.

El 7 de agosto de 2025, los análisis genéticos confirmaron que se trataba de Diego Fernández Lima. El cotejo con familiares directos cerró una incertidumbre de 41 años. Ese mismo día, la fiscalía informó que el principal apuntado era Cristian Graf, compañero de colegio de Diego y actual habitante de la casa lindante. Graf negó todo vínculo y aseguró que “no sabe cómo llegó el cuerpo ahí”. En entrevistas con medios, repitió que tenía “la conciencia limpia” y sugirió que alguien pudo “plantarle” los restos. También rechazó que su padre —ya fallecido— tuviera algo que ver.

Las versiones no cierran con el expediente. Testigos declararon que Graf controlaba de cerca las excavaciones en su casa, incluso pidió a los obreros que no cortaran un árbol cerca de la medianera, justo donde finalmente aparecieron los huesos. Ese detalle alimentó las sospechas de encubrimiento agravado y supresión de evidencia, delitos por los que fue imputado. Además, un excompañero de ambos que vive en el exterior recordó que a Diego lo apodaban “el Gaita” y a Graf, “el Jirafa”, y declaró por Zoom sobre el vínculo entre ellos. Es decir que Graf y Fernández Lima se conocían pero no hay registros por ahora de que existiera una relación de amistad, enemistad o rivalidad. Ni odio, ni cariño, ni envidia. Simplemente se conocían por el colegio, por lo que se sabe hasta ahora.

A casi un mes de la identificación del cuerpo de Diego, el caso sigue abierto. Pese al tiempo transcurrido y las trabas legales por la prescripción del delito, la aparición de los restos en Coghlan reabrió un misterio que parecía enterrado para siempre. La familia de Diego busca que la Justicia determine qué pasó con él en 1984 y cómo su cuerpo terminó oculto en la casa de un excompañero de colegio.

JJD/MC

Los nombres circulan, aparecen y desaparecen al voleo. Trece años después, el nombre de María Cash vuelve a estar hoy en los medios. La desaparición de Loan no es noticia hace rato. El grito “¿dónde está Tehuel?” fue causa de criminalización de la activista Pierina Ferretti y sigue retumbando en las marchas. Si miramos la lógica de los medios, ni siquiera podemos adivinar qué hace que un caso, un nombre, merezca atención; qué reactiva o hunde una causa; qué se investiga o simplemente se abandona. Toda una administración de la conmoción, de los afectos públicos, de las historias, parece seguir una lógica que desconocemos.

Contra esa suerte de lotería, arbitrariedad y trama de desidias escriben las integrantes de CIAV (Colectiva de Investigación Ante las Violencias). Amelia Barreiro, Silvia Carlini Comerci, Andrea Gutiérrez, Evelyn Cels Manavella, Daniela Micheli, Maria Celeste Perosino, Nadia Soledad Rabuffetti y Belén Sandoval Ramos forman una colectiva de investigadoras que desde distintas disciplinas (antropología, comunicación, ciencia política), se dedica hace una década a investigar desapariciones de personas, a cuestionar los procedimientos judiciales y mediáticos, y a aportar en desentrañar lo que se olvida, se descuida y se desconoce en los expedientes (cuando los hay) y en las noticias.

Han escrito un libro, (IM)PERICIAS, que se propone una crítica feminista a la investigación de desapariciones en democracia. Y esto supone varias cosas. Lo primero que señala es que la búsqueda de personas no puede dejarse únicamente en manos de instituciones estatales, muchas veces cómplices por acción u omisión. Que esas instituciones democráticas no son lo suficientemente democráticas para evitar la desaparición de personas, que suele todavía asociarse solo a la dictadura. Luego, viendo los protocolos que estas investigadoras van creando, queda claro que los elementos de análisis sobre el contexto, la intersección de violencias y los vectores estructurales que las organizan son puestos de relieve por lecturas e hipótesis que confrontan la burocracia judicial, sus sesgos patriarcales y sus demoras interesadas.

El recorrido de su trabajo exhibe cómo los debates abiertos por los feminismos hicieron de las violencias contra los cuerpos un debate público, encadenándose con una historia de luchas en nuestro país contra la violencia institucional, especialmente la policial. Es esa trama de luchas la que abre una y otra vez los expedientes, hace del dolor un conocimiento insistente contra la desidia, organiza formas de investigación política, minuciosas insistencia y obsesiones de redes familares, de amigxs, de militancias. Este libro insiste en esa saga: en hacer pública, política y feminista la búsqueda, en contrarrestar aquello que, para comodidad de muchos, queda encajonado en saberes técnicos, en procedimientos leguleyos, en olvidos premeditados.

Las integrantes de CIAV dejan en claro que los debate sobre los femicidios, su visibilidad política, ha abierto también discusiones que se salen de los marcos judiciales, del expertise que funciona en espejo con la construcción de estereotipos, como cuando se hablaba de crímenes pasionales para ya desde el lenguaje dar el tono moral y condenatorio. Dejan en claro lo estrecho que puede volverse cierto marco sobre la trata de personas para leer todas las desapariciones de mujeres y niñas. Expanden las exigencias de la antropología forense, abren la historia sobre las formas de búsqueda.

La crítica feminista que hacen también muestra que los protocolos existentes al servicio de la justicia son específicos para femicidios, y no existen los propios para investigaciones sobre crímenes de odio y trans-travesticidios.

Leer y descifrar, seguir pistas, ampliar los marcos de compresión, incluir los territorios en el análisis: son procedimientos, modos de ver, de indagar, que la CIAV pone a disposición para hacer de la investigación de las violencias en asunto público, para entender que cada caso permite sistematizar elementos de una coyuntura más amplia, porque su modalidad interdisciplinaria está a la altura de la multiplicidad de violencias que se estructuran contra ciertos cuerpos y territorios.

Como señala Emanuela Borzacchiello en su prólogo, este libro provee un campo semántico feminista para la investigación de desapariciones, lo cual es un aporte estratégico contra las violencias letales. Y aún más: este libro hace de la investigación una tarea que es redefinida como asunto colectivo, como cuestión de intervención práctica y teórica y como problema feminista.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, más de 60 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el Estado de Guerrero, fueron interceptados por la policía mientras abandonaban la ciudad en micros hacia la capital, Ciudad de México, para participar de las marchas conmemorativas de la Masacre de Tlatelolco el 2 de octubre.

Eran normalistas, jóvenes que estudiaban para ser maestros, de una escuela de tradición de política y movimientos sociales en el corazón del campo. Para salir hacia la capital tomaron unos micros, una práctica habitual, pero nunca llegaron ni siquiera a partir de Iguala.

Luego de ser interceptados, comenzó una balacera que dejó seis muertos — incluyendo personas que no viajaban en los micros — y más de 20 heridos. Pero esa noche, además, se perdió el rastro de 43 normalistas que viajaban en dos de los micros que habían tomado. 

La noticia viajó rápido: los eventos despertaron alarmas en todo el mundo, llevando a que se pusiera, quizás como nunca antes, la temática de la desaparición en México en el centro de una conversación mayor. 

Lo que vino después, sin embargo, fue una serie de operaciones para instalar una “verdad histórica”, una versión que acusaba a autoridades locales y organizaciones criminales y decretaba que los cuerpos de los 43 habían sido incinerados en un basurero en Cocula, a pocos kilómetros de la zona. El trabajo de peritos como el Equipo Argentino de Antropología Forense ayudaron a desmitificar estas versiones apresuradas, plagadas de incongruencias, testigos falsos y prueba plantada.

Andrés Manuel López Obrador, presidente que está de salida luego de seis años de mandato, llevó la consigna de la justicia por Ayotzinapa a sus 100 propuestas de campaña en 2018, prometiendo a las familias esclarecer la causa si ganaba las elecciones. 

Sin embargo, poco de eso pasó. En los últimos seis años, el presidente se enfrentó a las organizaciones de derechos humanos y desmintió el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), convocado para llevar a cabo una investigación no sesgada, que publicó los informes más completos sobre el tema hasta hoy. Por otro lado, los familiares de los desaparecidos señalan que protegió al ejército como parte de sus fuertes alianzas con las fuerzas armadas durante su gobierno. 

En una conferencia en julio, ya sobre el final de su sexenio, calificó al caso como “un expediente abierto”, aún en investigación una década después. 

Claudio Lomnitz, antropólogo chileno-mexicano y profesor de la Universidad de Columbia, estudia desaparición en general, y observó durante décadas los procesos mexicanos, incluyendo el gobierno de AMLO. 

Su mirada ayuda a delinear respuestas importantes frente a la asunción de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, pero también a entender por qué el 26 de septiembre será un día — quizás como nunca antes en la última década — de potencia del reclamo por la verdad del caso, cuyo slogan desde el comienzo fue “vivos los llevaron, vivos los queremos”. ¿Por qué pasó Ayotzinapa, qué significó, por qué fue trunca la búsqueda de verdad diez años después? ¿Qué dice todo esto del México de hoy y del que vendrá? Sobre algunas de esas cosas conversamos. 

–Hace poco me señalaron que para entender la desaparición en México debía abandonar todo lo que sé como argentina. Vamos a eso: ¿cómo se explica la desaparición en México, cuáles son las especificidades de las desapariciones? 

–La desaparición, para mí, es un momento en diferentes procesos. En el caso de la desaparición que es un momento en un asesinato, hay una decisión de querer desaparecer a la persona que se asesina. La motivación para desaparecer al cuerpo en vez de dejarlo tirado puede ir desde querer castigar a las familias o a su comunidad, porque cuando alguien que ha desaparecido es una condena, a veces, para toda la vida de esa familia, una incertidumbre respecto al lugar donde quedó su ser querido. A veces también es para evitar que el gobierno no cuente al asesinado dentro de sus cifras. 

Y la otra es una forma de rapto orientada generalmente a algún trabajo forzado. 

Las más comunes de este tipo son para reclutamiento de soldados. En los últimos 20 años en México se han desarrollado guerras — un hecho negado, por cierto — y eso lleva a una necesidad de crear ejércitos. En los 90 el narco no tenía esa necesidad, pero con su desarrollo sucedió eso. Entonces ahora en estados como Chiapas y Zacatecas, por ejemplo, hay rapto para reclutamiento. Pero también hay personas desaparecidas que son secuestradas para trabajar como contadores, médicos, personas de cómputos, debido al gran crecimiento que tuvieron grupos como Los Zetas.  

Hay raptos de personas para cocinar, o para hacer albañilería. Y tengo la impresión de que la mayor parte de esas personas también terminan asesinadas. Esta clase de desaparición tiene que ver, por un lado, con la dinámica misma de las guerras y por otro, con la dinámica económica del crimen organizado. 

En muchos casos puede que la desaparición se produzca porque se está apoyando a algún organismo gubernamental, o, como fue el caso argentino y sucede muchas veces en México, que haya sido la policía tal, o el ejército, y simplemente no se quiera dejar rastro del hecho. 

–Más allá de lo que plantea en estos escenarios de raptos y asesinatos, ¿piensa que la desaparición es también, un fin en sí mismo en México? ¿O es “solamente” un vehículo para la impunidad? 

–Esa es una muy buena pregunta, la verdad, y no estoy seguro de la respuesta. Yo creo que puede haber casos en los que la desaparición haya sido específicamente el fin. Hay un buen número de registros de casos de personas en donde sí se busca explícitamente que los familiares o la comunidad no tengan posibilidad de hacer un entierro. Me parece que esos casos sí muestran a la desaparición como una finalidad en sí misma. Una desaparición finalmente está sustrayendo a alguien no solo de ser contada como persona, cosa que es bastante importante, que no pueda ser contada de forma clara; sino también de poder enganchar relatos, testimonios, experiencia, a cualquier red social en que se pueda ir construyendo verdad. Entonces, si hay, yo creo un cierto sentido en que si es parecido a casos de desaparición como en Argentina, Chile, Chile, Uruguay, etcétera. 

–¿Cómo se inscriben los 43 de Ayotzinapa en estas lógicas?

–Tengo la impresión de que, por lo menos al principio, son desaparecidos porque el evento se les está saliendo de las manos. Es decir, en cierto modo fue una especie de caso en que se desencadenaron hechos y que la desaparición me parece que estaba al principio orientada a impedir que se desencadenaran esos hechos y tuvo, digamos, una especie de efecto contraproducente. 

Es un caso en que, entre comillas, se calienta la plaza brutalmente y cuando empiezan a buscar a los 43 aparecieron 18 o 19 fosas, que no han sido tematizadas en la política mexicana, como si los muertos que están dentro de esas fosas de alguna manera no contaran. Es decir, tenemos el número mágico, 43, y el número absolutamente desaparecido de la gente que había entonces en otras fosas. 

Al principio el intento fue meter a esos 43 en alguna de esas fosas — metafóricamente — pero que también quedaran desaparecidos, olvidados. 

El New York Times hace un año sacó un artículo de mensajes de texto entre los Guerreros Unidos en Iguala y en Chicago. Y da la impresión de que fue parte de un acto de urgencia en medio de matanzas, tiroteos, no de que haya sido una desaparición premeditada, y todo el lío que había en la zona. Pero hay otros casos que no son así para nada, que son realmente muy deliberados. Todo se va acallando cada vez más en México, trivializando. Pero lo que sí hubo en el caso de los 43 fue una reacción colectiva. Pero la obsesión con los 43 ha tendido a convertirse en un instrumento de propaganda. 

–¿Propaganda de quién y para quién? 

–Bueno, un instrumento de propaganda de parte del gobierno para decir que están haciendo algo. O sea, se le ha metido una cantidad desproporcionada de recursos a este caso comparada con el tamaño realmente gigantesco de la desaparición de personas en México. Un ejemplo claro de lo que me estoy refiriendo es contrastar lo de Ayotzinapa con lo de [la masacre de] San Fernando [cuando en 2010 72 migrantes fueron asesinados por el cartel Los Zetas]. Ese caso, que es en primer lugar numéricamente mucho más importante que el de Ayotzinapa y en segundo lugar, en cierto nivel, políticamente más relevante. En el sentido de que se trataba finalmente de la de la monopolización del acceso a una parte de la frontera de México con Estados Unidos. Iguala no es eso, Iguala es una ciudad en el centro de una zona productora de amapola, pero no es un punto militarmente estratégico, como sí es San Fernando. Entonces lo de San Fernando y el trabajo que hace la periodista Marcela Turati en su libro “San Fernando: Última parada” es extraordinario, ese trabajo por rescatar las historias del olvido, no solo del olvido, sino también porque son incómodas. Mientras lo de Ayotzinapa a estas alturas es como una verdad piadosa, es como pasar por una iglesia y persignarse al pasar. 

Es muy fácil: todo el mundo quiere olvidar a San Fernando. Ya no a Ayotzinapa.

–En su libro “Para una teología del crimen organizado” habla de una interdependencia entre el Estado y el crimen organizado. En Ayotzinapa está clara esa interdependencia. En otros casos es más esquiva. 

–Porque no la conocemos. 

–No la conocemos. Pero AMLO llega al gobierno con esta promesa sobre Ayotzinapa, que por otra parte no se cumple. No hay verdad, no hay justicia. ¿Cómo se reformuló ese vínculo con el crimen organizado durante su sexenio? 

–Una de las razones por las que Ayotzinapa agarró tanta fuerza en 2014 y todo eso es porque hay un deseo de parte de la población mexicana amplio de imaginar al Estado como una estructura vertical bien articulada. Entonces, cuando se dice “Fue el Estado”, la gente quiere imaginar que hay un Estado con una decisión centralizada. 

El caso de Ayotzinapa se puede decir con toda precisión que fue el Estado, pero al mismo tiempo el Estado que fue no es ese Estado que todos quisiéramos que existiera. Y en eso es totalmente distinto el caso del 68, donde sí que estaba metido el Secretario de Defensa, el de Gobernación, el Presidente de la República. Directamente. Acá no, no. Aquí estás hablando de un presidente municipal, de una policía municipal articulada con tales y cuáles actores, de un cuartel, de una policía estatal. No es una decisión centralizada. 

Y lo que pasa, me parece en México, es que hay mucho deseo, y lo digo así con todo la tristeza del mundo, de que hubiera un Estado verticalmente integrado. Ese deseo lo toma y lo representa AMLO. Es decir, AMLO encarna el deseo de la cuestión de la soberanía representada en el poder, concentrado en la presidencia y luego en sus adláteres, es decir, en las Fuerzas Armadas.

Pero el problema del de la relación entre el crimen organizado y el Estado es que no es una sola relación, son múltiples relaciones. Puede haber una relación entre un gobernador y tal o cual grupo, entre el de un presidente municipal, entre una policía municipal, entre un cuartel, de tal lado, un coronel, un general, o sea, no hay una sola relación, entonces eso hace mucho más asustadora a la cosa. Y la gente, pues si se asusta y prefiere no verlo, me parece.

–Usted resalta en el libro que AMLO incluye retóricamente a la economía ilícita [crimen organizado] en la categoría de “pueblo”, que les habla como pueblo. Y pareciera ser el antagonismo de algunos procesos en otros lugares de América Latina, como el caso del Bukelismo en El Salvador. ¿Piensa que fue acertada esa estrategia retórica? ¿Qué riesgos asumió, qué eficacia tuvo?  

–Es una decisión que tiene un lado muy positivo y tiene un lado totalmente tramposo. El positivo es que efectivamente estás hablando de una economía ilícita amplia y no puedes simplemente llegar a la conclusión de que aquello son malos mexicanos o algo así. Es un fenómeno, digamos, de economía política que merece ser tomado en serio. Y que merecería poder ser tratado también desde la ley. En eso segundo no funciona nada la frase de AMLO, es decir, “abrazos, no balazos” [una frase de campaña]. Es, como en muchas cosas de la política, una rima. 

Pero sí hay políticas muy distintas y muchas son parecidas a la de Bukele. La opción Bukele, parte de la razón por la que resuena tanto, es porque está ahí de manera inmanente. Es decir, si tú tienes como en México, cada vez más militarización, y tienes de pronto al ver asesinatos, salvajadas, y tienes la tentación de decir: hagan algo, eso está ahí, es inmanente, y a veces sí lo hacen, y a veces no lo hacen.  El Crisis Group hizo una serie de entrevistas en que documentan que el ejército tuvo una serie de enfrentamientos importantes con el Cártel Jalisco Nueva generación que generó 400 muertos, y que los cárteles — en este caso, aliados a las fuerzas armadas, los contrarios al Jalisco y quienes se beneficiaban de que el Estado los frenara — y desaparecieron a esas 400 personas para que no hubiera rastro del aumento de homicidios. Eso sucedió durante el gobierno de AMLO y la gente no se queja, en parte porque de lo que estás hablando son de muertos del Cártel Jalisco que han sido terribles. Entonces la gente probablemente estaba contenta de que el ejército este entrara y se enfrentara al cártel. Eso es lo que quiero decir cuando digo que es inmanente. Puede no ser una política de Estado pero siempre es una posibilidad cuando tienes ese grado de militarización. El hecho de que AMLO insistiera siempre en que la gente del crimen organizado es parte del pueblo, sería una fuerza para mitigar un poco esa tendencia, pero no elimina ni siquiera su propia capacidad de llevarla a cabo.

–En un artículo en 2015, cuando todavía gobernaba Enrique Peña Nieto, dijo que tenía poca fe en que se eliminara el problema de la desaparición en México, esencialmente por el rol del Estado en la desaparición. ¿Sigue pensando eso? 

–Estoy seguro que tiene que haber una manera en que esto termine, el hecho de que yo no la vea no significa gran cosa. Yo no hago política pública. Me parece que lo que hay que ver en México es que estamos ante un problema sumamente complejo. Que requiere de mucho trabajo, de mucha gente, incluso de muchos saberes. Es una madeja muy complicada. La violencia no es el producto de un Estado, pero sí está profundamente articulada al Estado. El Estado o está metido, o es un adlátere, o está ausente. 

Entonces, la capacidad de una especie de violencia endémica, descentralizada, ocasional, pero al mismo tiempo crónica, es muy grande y eso es a lo que le tenemos enfrentar.

AMLO lo que pensó y esto creo, es en esto si soy muy crítico, es que era un problema de programas sociales y que lo iba a poder resolver. Siempre pensó que la causa de todo este fenómeno era la pobreza. No cabe duda de que los programas sociales son necesarios, ¿pero qué programas sociales? ¿para qué? ¿para quiénes? Realmente todo esto se debe, entre comillas, a la pobreza? Sin duda la pobreza es parte del trasfondo de todo esto, pero es solo una parte del trasfondo. Entonces se necesita algo que vaya más allá de una especie de pronunciamiento ideológico, y me parece que se necesita trabajo empírico. Ese trabajo empírico, hasta ahora lo han hecho los que han estado en la primera línea en México: los periodistas. Y a mucho costo personal. También hay casos de sociólogos, de antropólogos. Pero falta mucho trabajo y desde distintos ángulos. 

–¿Se imagina, en algún momento, un Nunca Más mexicano? 

–No me lo imagino. Yo creí que Ayotzinapa podía ser un trampolín para hacer algo así, con dificultad, no fácilmente. Pero ahora no lo veo. No veo una salida de justicia transicional. No veo un “nunca más”. No, porque para eso se necesita un contexto político. 

Lo que hay, desgraciadamente hasta ahora, es una especie de normalización, un intento de tratar de bajarle el perfil a la cosa, de que uno sienta que está exagerando. Si hablas cada vez más de desapariciones, de homicidios, de derecho de piso, estás representado como un opositor al gobierno. Una ideologización del tema. Estamos en un momento muy delicado. 

–¿No hay esperanza, esa es la conclusión?

–Hay esperanza, pero no sé cómo construirla ahorita. 

Facundo Astudillo Castro desapareció en abril de 2020 luego de un control policial en el marco del aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y su cuerpo fue hallado tres meses y medio más tarde en un cangrejal de General Daniel Cerri. A tres años del hecho, su madre, Cristina Castro, denuncia que la causa por la muerte del joven está paralizada para encubrir a cuatro agentes de la policía que podrían quedar imputados por el caso.

“La causa está absolutamente paralizada. Si la fiscalía no avanza nosotros vamos a continuar las imputaciones desde la querella. Queremos que esto quede expuesto y que, a pesar de todas las pruebas, es una decisión del Estado abandonar la causa”, explicó el abogado de la mujer, Luciano Peretto, en un encuentro con periodistas en las oficinas de Amnistía Internacional, en el barrio porteño de Colegiales.

Según se indicó en la conferencia ─ el abogado Leandro Aparicio, y la letrada Margarita Jarque de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que actúa como querellante institucional─ “existen elementos contundentes” para imputar a cuatro efectivos. Se trata de los policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca, a quienes se acusa de haber participado de la desaparición forzada de Astudillo.

“No tener detenidos e imputados a esta altura parece una tomada de pelo de la Justicia. Vemos que, en otras causas, con muchísimas menos pruebas, hubo personas detenidas o imputadas”, expresó la madre de la víctima.

En este sentido, Peretto también destacó que, en realidad, “debería haber más de cuatro imputados” dado que “hubo un entramado complejo de acciones” que causaron la muerte de Astudillo Castro y contribuyeron a que el caso quedara impune todos estos años. En este marco, apuntó contra funcionarios judiciales, periodistas y políticos.

“¿El estado va a mirar para el costado y no va a imputar a quienes sobradamente está probado que tienen responsabilidad en el hecho? A lo largo del proceso, la señora (María Gabriela) Marrón actuó como si fuese la abogada de los policías” agregó Peretto en relación a la jueza federal 2 de Bahía Blanca que fue apartada de la investigación por “la parcialidad demostrada en su actuación”.

En la misma línea, Jarque apuntó contra la jueza Marrón y el primer fiscal federal que tuvo a cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez y ratificó que “hay muchas condiciones para avanzar en una imputación” de los cuatro oficiales.

“Nuestra intervención en la causa tiene que ver con nuestro rol de mecanismo de prevención a la tortura, visibilizar y ponderar aquellas conductas que tienen las agencias policiales y en la Justicia. Trabajamos con muchas víctimas y su dolor no se repara nunca. Pero un poco ese sufrimiento se detiene con la verdad y la justicia”, agregó.

Por su lado, Aparicio, el otro abogado de Cristina Castro, sostuvo que, hasta el momento, “el encubrimiento de la policía ha sido exitoso” y que, a su criterio, no hay dudas de que “la desaparición de Facundo fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Con información de agencias.

Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles “Marita” Verón, desaparecida hace 21 años en Tucumán, aseguró este miércoles que quiere “encontrar los huesos” de su hija, dijo que el sindicato Luz y Fuerza está involucrado en el caso y remarcó que ya no le tiene miedo “ni al diablo”.

“Yo quiero encontrar los huesos de mi hija”, aseguró Trimarco durante una conferencia de prensa en la sede de la Fundación María de los Ángeles, en Tucumán, para esclarecer dichos sobre la investigación por la desaparición de su hija.

“Si está muerta, quiero los huesos de ella para que tenga Justicia mi hija y su familia, su hija, yo como mamá y su hermano. Quiero que tengamos un lugar para ponerle una flor”, agregó en la sede ubicada sobre la calle 25 de mayo al 1095, en San Miguel de Tucumán.

La reunión se convocó luego de que este martes trascendiera a la prensa información sobre nuevas pistas en la causa relacionadas con la supuesta existencia de una carpeta con fotos que demostrarían que la joven murió y la vinculación de “sectores gremiales”.

Acompañada por sus abogados José D'Antona y Carlos Garmendia, Trimarco señaló que las pruebas recolectadas hasta ahora les permiten sostener que la carpeta con las fotos “sí existe o ha existido” porque en total son “diez personas” que se presentaron en la Fundación y revelaron la misma información.

“Confirmo que Luz y Fuerza es uno de los gremios. Lo confirmo yo como mamá, yo no le tengo miedo ni al diablo”, remarcó.

En este sentido añadió que “es Luz y Fuerza y otros gremios pequeños. Son todas personas mafiosas”.

Marita Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Desde ese día, Marita, que es mamá de Micaela, que hoy tiene 23 años, desapareció.

Las investigaciones que encaró sola Trimarco permitieron a la Justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.

La conferencia de prensa de este miércoles

Por su accionar, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que se convirtió en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales. También creó la Fundación María de los Ángeles que trabaja en la prevención y asistencia de sobrevivientes de trata de personas y de sus hijas e hijos.

Con información de agencia Télam.

Un grupo de vecinos del Barrio 31 bloqueó, esta noche, la salida de micros de la Terminal de Ómnibus de Retiro por la “falta de respuestas” ante la desaparición de Mara, una adolescente de 14 años. La manifestación está generando demoras en el servicio de transporte de larga distancia.

Familiares y vecinos de la joven se concentraron frente a la sede del Ministerio de Educación porteño y luego se movilizaron hacia la estación de colectivos de larga distancia de Retiro. Los manifestantes bloquearon la entrada y salida de vehículos y un grupo también realizó una quema de neumáticos durante la protesta.

La adolescente fue vista por última vez el lunes pasado al mediodía, a la salida de la Escuela de Educación Media Nro. 6 del Polo Educativo Padre Mugica. Vestía una campera de color azul oscuro con líneas blancas, un pantalón negro y llevaba consigo una mochila negra con plateado.

El padre de Mara denunció su desaparición en la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad. La joven había salido de su domicilio en la Manzana 6 del Barrio 31 para asistir a la escuela ubicada en avenida Argentina y Letonia, pero jamás regresó.

A partir de la denuncia, intervino la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional Nro. 4, a cargo de Carlos Vasser, y se activó el protocolo de búsqueda que incluye el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Además, funcionarios del área de Minoridad ya se contactaron con la familia de Mara.

Con información de agencias.

Amnistía Internacional Argentina consideró este jueves que los poderes del Estado deben “garantizar una investigación urgente, imparcial e independiente y con perspectiva de género” sobre lo ocurrido con Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el primero de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, por cuyo presunto femicidio fueron detenidos su marido, sus suegros y otras cuatro personas.

“El Estado, en todos sus poderes, debe garantizar una investigación urgente, imparcial e independiente, con perspectiva de género en todo el proceso, y tomar las medidas necesarias para que no haya ni una víctima más por femicidio. Basta de matarnos. Respondan dónde está Cecilia”, apuntó la organización en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En cinco tuits, Amnistía indicó que la provincia de Chaco “presenta una de las tasas más altas de femicidio, según los datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Cecilia salió de su casa junto a su expareja, César Sena, el 1 de junio. Ese día fue la última vez que la vieron con vida. La última señal que emitió el celular de Cecila fue en la zona norte de Resistencia, Chaco, donde la familia de Sena tiene un campo. ¿Dónde está Cecilia?”, preguntaron desde la organización.

“A través de las cámaras de seguridad, la investigación pudo seguir el recorrido que hizo Cecilia Strzyzowski al salir de su domicilio. En ellas se la ve ingresar a la casa de los padres de su expareja. Sería el último registro que se tiene de ella”, detalló la ONG, adjuntando en la publicación la captura de una cámara de seguridad del lugar.

“A las horas, las cámaras captan a César Sena saliendo con bolsas negras, subirlas a su camioneta y retirarse del lugar. La investigación ahora es por femicidio agravado. Hasta el momento hay siete imputados, incluyendo a César, su pareja y también su madre y su padre”, añadieron.

“El miércoles 14 de junio, el pueblo de Resistencia marchó para pedir justicia. Se habría confirmado que los restos de sangre en la casa de los Sena son de Cecilia. La Provincia de Chaco presenta una de las tasas más altas de femicidio, según los datos de la CSJN”, finalizaron.

LC con información de agencia Télam

Tras la declaración de dos de los detenidos que supuestamente aportaron datos de importancia a la investigación, un campo perteneciente a la familia de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña fue allanado este martes en Resistencia, Chaco, en busca de evidencias en la causa por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Aunque el operativo dio negativo, esta noche la Policía realizaba otro procedimiento en un barrio de esa ciudad.

En base a los elementos brindados por los imputados Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena y de la pareja de éste, una mujer de apellido Reynoso, la policía de Chaco trabajó desde la mañana en una propiedad denominada “Campo Rossi”, ubicada en la localidad de Puerto Tirol. Fuentes judiciales confirmaron que el campo es propiedad del matrimonio de Emerenciano Sena, el líder piquetero y exprecandidato a diputado provincial; su esposa, Marcela Acuña, candidata a intendenta; y su hijo César Sena, esposo de Strzyzowski.

La rastrilló durante varias horas por todo el predio, a pie y en tres grupos, con la colaboración de perros adiestrados, en búsqueda de restos humanos. Además, los efectivos utilizaron una retroexcavadora en las zonas donde consideró que hubo movimiento de suelo, pero finalmente dio resultado negativo.

Según las fuentes, el fiscal Jorge Cáceres Olivera supervisaba esta noche un allanamiento en el barrio Villa Itatí, en Resistencia.

Además de Sena padre e hijo, de Acuña, de Melgarejo y su esposa Reynoso, permanecen detenidos por el caso Fabiana González, asistente personal del matrimonio Sena; y su pareja, Gustavo Obregón.

“No hay todavía un móvil del hecho, se siguen muchas hipótesis, la causa está en plena investigación. No podemos descartar ni de afirmar nada. Somos conscientes de que existe la posibilidad encontrarla sin vida”, afirmó un investigador que aclaró que, de todas formas, los detenidos quedaron imputados ayer del presunto femicidio de la joven de 28 años.

En tanto, el Equipo Fiscal Especial (EFE), conformado por los fiscales Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, aguardaban los resultados de distintos peritajes a los restos óseos y posibles manchas hemáticas halladas en dos propiedades de la familia Sena. En un primer allanamiento realizado el domingo en el establecimiento rural de los Sena se hallaron restos óseos, mientras que en un departamento de la calle Santa María de Oro en el centro de Resistencia, se tomaron muestras de manchas que se analizarán si son de sangre.

“Esta mañana hubo una reunión en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (Imcif) de Chaco con el equipo médico y forense que llevaran a cabo las pericias. Se está buscando además un antropólogo para que se sume al análisis”, detalló una fuente del caso.

Ayer martes por la noche, se realizaron siete declaraciones indagatorias a los detenidos, de los cuales dos solo aceptaron ser interrogados: Melgarejo y su pareja Reynoso. Ambos están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas”. La misma imputación recayó también sobre el matrimonio Sena; la asistente González y su pareja Obregón.

En tanto, César Sena fue acusado de “homicidio agravado por el vínculo” (es decir femicidio) de Strzyzowski, que prevé una pena de prisión perpetua.

Por su lado, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, querellante en la causa, solicitó este miércoles que se dicte prisión preventiva a los siete detenidos como sospechosos del hecho, con el objetivo “preservar el desarrollo del proceso de investigación y prevenir su entorpecimiento”.

A su vez, el EFE tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de cada uno de los imputados.

Esta mañana, el abogado defensor de César Sena renunció a su patrocino “por diferencias irreconciliables”, luego de la incorporación de nuevas pruebas al expediente. “Hoy se juntaron elementos de prueba al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables con la gente que represento. Tengo mis criterios, una ética profesional, por la que voy a renunciar. No sería eficaz mi defensa. Las pruebas son de carácter extremadamente confidencial”, sentenció Díaz en declaraciones a Radio Natagalá.

Según afirmó un investigador, Sena de 19 años y la joven se casaron el año pasado, y si bien tenían una relación de pareja, estaban realizando los trámites del divorcio. “No existen denuncias oficiales de hechos de violencia de género previo entre la pareja”, afirmó una fuente judicial.

Gloria Romero, la madre de Cecilia, convocó a una marcha de antorchas para este miércoles a las 20.30 en la plaza 25 de Mayo del centro de Resistencia, para pedir por la aparición de su hija.

Cecilia fue vista por última vez el primero de junio. Mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio y tez blanca. La joven le había dicho a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo. El contacto finalizó en la madrugada del jueves 2, cuando dejó de responder mensajes vía WhatsApp.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +54 9 11 2771 6463).

En Chaco: Ante cualquier situación de violencia, dar alerta a los números de emergencia como el Servicio 911, la Línea 137 y la Guardia de Género 362 474-6518, también quien posea información sobre Cecilia, pueden acercarse a la comisaría más cercana o a las oficinas judiciales.

LC con información de agencia Télam

Los piqueteros con fuertes vínculos políticos en Resistencia, Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, se encuentran detenidos e incomunicados por la desaparición de su nuera, Cecilia Strzyzoswk, pero lograron enviar audios de Whatsapp a sus militantes. En ellos, indicaron que su movimiento quedará a cargo de Noelia Aquino, Aurelio Díaz será la cabeza de las decisiones políticas referidas a eventuales movilizaciones, mientras que José Suárez quedará a cargo de la coordinación política.

“Les digo, hoy conducen Aurelio y José Suárez la parte política del movimiento. Todos los docentes, todos los compañeros y compañeras obreras y no obreras, centros de salud, biblioteca, todos los compañeros de adentro y afuera, de los merenderos y de todo, hagan reunión permanente y expliquen esta situación urgente”, indicó Emerenciano Sena en una de las notas de voz filtradas. Los audios habrían sido enviados desde las comisarías en las que se encuentran detenidos, junto a su hijo César.

Los dos piqueteros también pidieron a los miembros de la agrupación que dirigen que recauden dinero. “Hasta que yo recién recupere mi libertad estamos así, hagan actividad económica porque estamos sin plata y necesitamos plata no solamente para comer los que estamos detenidos, sino también para comprar algunas cosas que van a servir. Nos vemos, compañero, hasta la victoria”, agregó al final del audio.

Acuña también envió un audio con directivas para el personal que trabajaba con ellos: “Antes que nada estoy bien, encerrada, pero bien. Traten por favor de seguir las obras, acá lo que quieren es que paren las obras, ustedes tienen que seguir las obras como sea. Cuiden los espacios, la fundación, el barrio, que esté limpio, que esté ordenado, tiene que estar como que estamos nosotros”, pidió.

Tanto Acuña como Sena quedaron apartados de sus respectivas candidaturas para intendenta de Resistencia y diputado provincial, respectivamente, mientras continúe la investigación.

ACM con información de agencias

La Justicia de Garantías de Florencio Varela dictó este jueves la prisión preventiva de los dos acusados del crimen de Lautaro Morello, quien fue hallado sin vida calcinado en Guernica tras haber desaparecido el 9 de diciembre pasado junto a su amigo Lucas Escalante, cuyo paradero aún se desconoce. Aceptó también la excusación de la fiscal de la causa.

Fuentes judiciales informaron a Télam que a partir de estas dos resoluciones del juez Julián Busteros, los imputados Cristian y Maximiliano Centurión seguirán detenidos como “coautores” del “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” de Escalante; mientras que el expediente dejará de estar a cargo de la fiscal Mariana Dongiovanni, quien había pedido apartarse del mismo.

En las próximas horas, se sorteará en la Fiscalía General de Quilmes el nuevo representante del Ministerio Público Fiscal que investigará el hecho. El viernes pasado, la fiscal había pedido la prisión preventiva para los dos acusados, detenidos el 16 de diciembre, un día después del hallazgo del cuerpo de Morello.

En paralelo al pedido de la fiscalía, por disposición de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense fue apartada de la investigación y en su lugar ahora actúa la Policía Federal Argentina (PFA). Esto se debió a que Cristian Centurión es cadete de la policía bonaerense, además de hijo de un comisario mayor de esa fuerza.

Más tarde, la fiscal Dongiovanni, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada 2 de Florencio Varela, le pidió al juez Busteros excusarse de seguir trabajando en la causa ya que manifestó recibir “constantes descalificaciones” por parte de familiares del joven fallecido.

“Los improperios hacia mi persona por parte de la familia Morello me llevan a solicitar la presente excusación de conformidad con lo establecido en el artículo 47 inciso 13 del ritual”, justificó Dongiovanni en un escrito. Agregó: “Considero que la gravedad de los hechos relatados podría afectar mi libertad funcional, mi integridad y dignidad, conllevando ello la pérdida de objetividad para intervenir en la presente investigación penal preparatoria.”

El pasado lunes 9 de enero, al cumplirse un mes de la desaparición de ambos jóvenes, Lorena, la hermana de Lucas, le reclamó a las autoridades que “sigan buscándolo con vida”, al realizar una marcha frente a la fiscalía de Florencio Varela y la Municipalidad.

Ese lunes, también se conoció que los pesquisas habían obtenido nuevas pruebas que comprometen a los Centurión, ya que se encontraron mensajes de texto los ubican juntos esa noche a la hora de la desaparición, sumado a que un testigo describió el vehículo de uno de ellos junto al que viajaban los jóvenes desaparecidos. Una fuente de la investigación reveló que la principal hipótesis radica en que Lucas sería el nexo con los acusados, y que Lautaro fue “un inocente secundario de la situación”.

Lucas Escalante de 26 años fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello de 18 para festejar el triunfo de la Selección Argentina frente Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar. Estaba a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello recién fue hallado cerca de las 21:30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista Buen Ayre en construcción en Guernica. Aún se desconoce del paradero de Escalante. En esas circunstancias fueron detenidos los Centurión, vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

En una filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicio de Florencio Varela, se observa a Cristian Centurión cerca de las 0:30 del 10 de diciembre, cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha que pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cuerpo de Lautaro.

El Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 4.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas Escalante.

LC con información de agencia Télam

La fiscal que investiga el crimen de Lautaro Morello, quien fue hallado asesinado y calcinado en Guernica tras haber desaparecido el 9 de diciembre pasado junto a Lucas Escalante, cuyo paradero aún se desconoce, pidió excusarse de la causa. Fue tras manifestar que recibió “constantes descalificaciones” por parte de familiares del joven fallecido.

Así lo requirió la fiscal Mariana Dongiovanni, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Florencio Varela, en un texto dirigido al Julián Busteros, juez de Garantías del distrito.

“Las constantes descalificaciones, improperios hacia mi persona por parte de la familia Morello me llevan a solicitar la presente excusación de conformidad con lo establecido en el artículo 47 inciso 13 del ritual”, justificó la fiscal en el documento al que tuvo acceso Télam.

Dongiovanni agregó: “Considero que la gravedad de los hechos relatados podría afectar mi libertad funcional, mi integridad y dignidad, conllevando ello la pérdida de objetividad para intervenir en la presente investigación penal preparatoria”.

Ahora, Busteros deberá aceptar el pedido de excusación de Dongiovanni, quien el pasado viernes había pedido la prisión preventiva para los dos detenidos que tiene la causa. Son Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense y cadete de dicha fuerza; y su primo Maximiliano. Ambos están imputados como “coautores” del delito de “homicidio calificado por ensañamiento y alevosía”.

El mismo magistrado es quien también debe resolver un pedido para que la averiguación de paradero de Escalante se investigue como una “desaparición forzada de persona”.

Por su parte, el abogado Carlos Dieguez destacó que el apartamiento de la fiscal de la causa sería “saludable” para la investigación, aunque le pareció “tardía”. “Conforme todas las irregularidades que hubo me parece perfecto que se haya excusado. Si bien es tardío, es saludable para la causa y para transparentar el proceso”, indicó el letrado a Télam.

La semana pasada, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires apartó a la policía bonaerense de la investigación, y en su lugar actuará la Policía Federal Argentina (PFA), dados los vinculos de uno de los imputados con la policía bonaerense.

El lunes 9 de enero, al cumplirse un mes de la desaparición de ambos jóvenes, la hermana de Lucas, Lorena, reclamó a las autoridades que “sigan buscándolo con vida”, durante una marcha frente a la fiscalía de Florencio Varela y la municipalidad local.

Ese día, se conoció que los pesquisas habían obtenido nuevas pruebas que comprometen a los Centurión, ya que se encontraron mensajes de texto que indican que ambos estuvieron juntos esa noche a la hora de la desaparición, lo que se suma a un testigo que ubicó el vehículo de uno de ellos junto al que viajaban los jóvenes desaparecidos.

Por otra parte, una fuente de la investigación reveló que la principal hipótesis radica en que Lucas sería el nexo con los acusados, y que Lautaro fue “un inocente secundario de la situación”.

Lucas Escalante de 26 años fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, cuando pasó a buscar a Lautaro Morello de 18 para festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales de la Copa del Mundo, a bordo de un auto BMW que apareció incendiado al día siguiente.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21:30 del pasado 15 de diciembre, a la vera de la autopista del Buen Ayre en Guernica, la cual se encuentra en construcción, y nada se sabe aún del paradero de Escalante. En esas circunstancias fueron detenidos los Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

En una filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicio de Florencio Varela, se lo ve a Cristian Centurión pasadas la medianoche del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco, el cual se que pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

El Gobierno Nacional ofrece 4.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.

LC con información de agencia Télam

La hermana de Lucas Escalante, el joven de 26 años desaparecido el último 9 de diciembre en la localidad bonaerense de Florencio Varela junto a su amigo Lautaro Morello, quien fue hallado asesinado y calcinado hace tres semanas en un campo cercano en Guernica, reclamó que “sigan buscándolo con vida” al realizar una marcha durante esta mañana frente a la fiscalía local al cumplirse un mes sin noticias del joven.

Como parte de la causa, los investigadores sumaron nuevas pruebas que comprometen a Cristian y Maximiliano Centurión, los dos detenidos por el hecho: encontraron mensajes telefónicos que indican que ambos estuvieron juntos esa noche a la hora de la desaparición y un testigo ubicó el vehículo de uno de ellos junto al que viajaban los jóvenes desaparecidos.

La movilización comenzó a las 11 de la mañana en la avenida Presidente Perón al 400, frente a las oficinas de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Florencio Varela, donde está radicada la causa, y siguió hacia la Municipalidad de la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.

“Nos falta uno, nos falta Lucas”, “Justicia por Lautaro” y “Basta de impunidad” fueron algunos de los carteles que portaban los más de 100 manifestantes que caminaron a lo largo de las 15 cuadras que separaban a ambos puntos. “Que hable Centurión” y “Queremos a Lucas” eran algunos de los canticos que exclamaron los presentes ante la sede municipal.

Allí, Lorena Escalante, hermana de Lucas, pidió que continúe la búsqueda con vida del joven de 26 años. “Lo queremos encontrar y lo queremos vivo. Todo lo que pudimos aportar, lo aportamos. Ya no tenemos respuesta, no encuentran nada. Entonces pensamos que si cambiamos de jueza o si interviene otra fuerza puede haber otra perspectiva que nos haga llegar a mi hermano”, expresó.

La hermana de Lucas justificó tal reclamo debido a que el imputado Cristian Centurión es cadete de la policía bonaerense y su padre es comisario mayor de la misma fuerza. La mujer, por otro lado, especuló con que “hay más de dos personas involucradas” y que “nadie habla por miedo”.

“No puede ser que nadie haya visto nada. Esto es Varela. Esta gente sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Hasta el momento no tenemos indicios de nada que nos diga dónde está Lucas. Nosotros creemos que hay más de dos personas involucradas”, manifestó.

Nuevas pruebas

La marcha fue convocada al conocerse las últimas novedades en la investigación, en la que, según los voceros, un testigo señaló haber visto a los dos autos involucrados - el BMW de Lucas y el 208 ploteado de la madre de Cristian Centurión- juntos y cerca de la casa del imputado, situación que también fue corroborada por los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Además encontraron mensajes en los celulares de los familiares de los detenidos que decían que Cristian y Maximiliano estuvieron juntos esa noche a la hora del hecho, algo que ambos habían negado en sus respectivas declaraciones indagatorias.

“Los dos acusados habían declarado que hacía cuatro meses que no se veían. Se cree que hay una maniobra de la familia Centurión para encubrir el hecho”, señaló un investigador vinculado a la causa, aunque aclaró que por el momento no está previsto imputar a más personas.

Las fuentes también revelaron que la principal hipótesis radica en que Lucas sería el nexo con los acusados y que Lautaro fue “un inocente secundario de la situación”. “Todavía no se estableció el motivo ni el motivo por el cual los imputados podrían haber reaccionado de esa manera”, indicó la fuente consultada.

A su vez, los informantes precisaron que no llevaban a cabo rastrillajes en la actualidad y que Maximiliano Centurión fue trasladado a la Alcaldía Departamental. “Cristian, como fue cadete y el padre policía, no fue trasladado, ya que es considerado en situación de peligro”, añadió el vocero sobre el otro imputado, que permanecerá alojado en una celda de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.

Las desapariciones

Lucas Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina en un partido del Mundial de Qatar a bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del pasado 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.

Están detenidos Cristian Centurión, hijo de un comisario mayor de la policía bonaerense -que es cadete de la fuerza- y su primo, Maximiliano Centurión, quienes quedaron vinculados al caso tras el análisis de cámaras de seguridad y de antenas de telefonía celular.

En una filmación de una cámara de seguridad de una estación de servicio de Florencio Varela puede verse a Cristian Centurión cerca de las 0.30 del 10 de diciembre cargando nafta en un bidón blanco que se sospecha pudo haber sido empleado para incinerar el auto de Lucas y el cadáver de Lautaro.

La fiscal Mariana Dongiovanni imputó a los Centurión por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento” en perjuicio de Morello, mientras que continúa con diversos rastrillajes la búsqueda de Escalante.

En ese sentido, el Gobierno ofrece 4.000.000 de pesos de recompensa para quienes aporten datos que permitan dar con el paradero de Lucas.

MB con información de agencia de noticias Télam

Un joven de 18 años que desapareció hace una semana junto a un amigo en el partido de Florencio Varela fue encontrado semicalcinado y con signos de haber sufrido una “asfixia mecánica”. El hallazgo fue a la vera de una autopista en construcción en la localidad bonaerense de Guernica, según informaron este viernes fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Lautaro Morello, quien estaba siendo buscado desde el viernes pasado. Se lo vio por última vez cuando salió junto a Lucas Escalante, de 25 años y aún desaparecido, a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.

Ayer jueves alrededor de las 21:30, el hijo de un vecino que había salido a cazar con unos perros galgos encontró el cuerpo a la vera de la autopista en construcción “Buen Ayre”, en Guernica, partido de Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron a Télam que el cuerpo estaba recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición”. En el lugar apareció una zapatilla Vans color negra, similar a la que usaba Morello, como así también un piercing y otras prendas de vestir, lo que desde un inicio llevó a que las pesquisas tengan la hipótesis de que se trataba de él.

Luego de los peritajes de rigor en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue llevado a Morgue Judicial de La Plata, donde los médicos forenses que realizaron la autopsia determinaron que la muerte se produjo por una “asfixia mecánica” y que la data de muerte era de entre 7 y 15 días.

En la jornada de hoy por la tarde, se produjo en la misma morgue el reconocimiento del cadáver como el de Morello. Por el hallazgo, intervino el fiscal Álvaro Garganta, quien está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Presidente Perón.

Garganta el mismo fiscal que también tiene la investigación por el hallazgo del domingo pasado de otros dos cadáveres completamente calcinados en el baúl de una camioneta, justamente en Guernica. Ahora se cree que podrían pertenecer a otros dos desaparecidos: los mecánicos Silvio David Vitullo (40) y de Diego Fabián Segura (30).

En el marco de la causa por la desaparición de Escalante y Morello, la fiscal Mariana Dongiovanni de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Florencio Varela realizó ayer jueves un allanamiento en la casa de un comisario mayor de la policía bonaerense, en el barrio La Capilla de Florencio Varela.

De acuerdo con las fuentes consultadas, es un hijo de ese comisario y su primo quienes están bajo investigación por algún conflicto que podrían tener con Escalante. Un testigo declaró que la noche de la desaparición los jóvenes preguntaron por la casa del comisario y ahora se investiga si la cupé BMW azul en la que viajaban los jóvenes estuvo estacionada frente al domicilio de ese jefe policial.

Los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado viernes 9 de diciembre en Bosques, Florencio Varela, cuando Escalante pasó a buscar a Morello en el mencionado auto para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina frente a Países Bajos. Los investigadores indicaron que se pudo establecer un último contacto con ellos a las 22.30 de esa noche.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la Selección Argentina, jeans marca Mom celestes y zapatillas negras marca Vans. Al día siguiente, sábado 10 de diciembre, se encontró el BMW incinerado a un costado de la ruta 6, en la zona platense de Abasto, pero sin rastros de los jóvenes.

En las últimas horas, se llevaron a cabo una serie rastrillajes en las inmediaciones de la ruta 53, donde se encontró el rodado en el que circulaban los chicos al momento de su desaparición. El operativo involucró a la Guardia Comunal, Defensa Civil y el Centro de Monitoreo local, así como también a efectivos de la Estación Varela, Bomberos, la división de canes y el helicóptero de la Policía Bonaerense junto a delegaciones de Lanús, Quilmes y Berazategui.

LC con información de agencia Télam

Familiares de dos jóvenes que desaparecieron en el partido bonaerense de Florencio Varela y son buscados por la policía desde este sábado, señalaron este domingo que todavía “no hay novedades” y reclamaron la “aparición con vida de los chicos”.

“Reclamamos la aparición con vida de los chicos. Tienen que aparecer. El auto apareció calcinado en la Ruta 53 a la altura de la localidad de La Capilla y no le falta nada. No hay ningún indicio de ellos; no sabemos nada”, dijo Luciana Morello, tía de Lautaro Morello, de 18 años, quien, junto a Lucas Escalante, de 26, son buscados desde hace más de 24 horas.

“Estamos muy desesperados, no sabemos más de lo difundido. La gente está trabajando en la investigación y es mentira lo que se anda diciendo. Lo único que sabemos es que Lucas levantó a Lautaro y se fueron a tomar una Coca y nada más”, dijo a su vez Lorena Escalante, hermana de Lautaro.

“Es mentira que es un ajuste de cuentas, ajuste de narcos, somos todos laburantes. Lucas es una persona muy buena y no conocemos a Lautaro, pero no dudamos de que también lo sea”, agregó la Lorena a esta agencia.

El viernes a las 23.30, la madre de Lautaro, Estefanía Nataly Morello, denunció la desaparición de su hijo en la comisaría cuarta de Florencio Varela.

Según consta en la denuncia, Lautaro se fue con su amigo Lucas en un auto marca BMW de color azul, luego del partido que Argentina le ganó a Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

En ese momento, Morello vestía camiseta de la selección argentina, jeans modelo mom celeste, y zapatillas negras marca Vans.

Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes.

“Desde el sábado estamos en la puerta de la comisaría. Nos dividimos para buscarlos, buscamos en Parque Pereyra Iraola (La Plata) y recorrimos hospitales”, contó Luciana y agregó que a su mamá Lautaro le dijo que “iba a tomar una gaseosa y volvía enseguida”.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal N° 2 de Quilmes.

CRM con información de la agencia Télam

Unas 64.000 personas están en paradero desconocido en África, entre ellas al menos 25.000 menores de edad, según una estimación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que pretende poner el foco en un continente marcado por los conflictos y los desastres naturales con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El director de la organización para África, Patrick Youssef, ha advertido que ni siquiera estas cifras “capturan toda la magnitud” de la tragedia, puesto que “no hay duda de que hay más niños en paradero desconocido” de los que recoge el último informe.

No en vano, hay más de una treintena de conflictos armados activos y las migraciones siguen siendo una constante, aspectos ambos que contribuyen a que se pierda la pista tanto de personas adultas como de niños. El CICR también tiene constancia de más de 5.200 menores no acompañados en África.

Amina perdió a sus padres por un ataque en el pueblo maliense donde vivían y huyó junto a su hermano pequeño a Níger. Después de cuatro años separados de su familia, el CICR pudo localizar a su tía, con la ahora aspiran a reunirse.

“Cuando vi su foto, me sentí mejor porque no había sabido nada de ella en tres o cuatro años”, cuenta Amina tras hablar cpor teléfono con su tía. “No veo el momento en que nos reunamos y nos podamos sentar todos juntos”, añade.

Youssef ha instado a los gobiernos a aplicar políticas que “pueden salvar vidas”, por ejemplo protegiendo a los migrantes y a los familiares de personas desaparecidas, por “una cuestión de humanidad y de dignidad”. El CICR ayudó en 2021 a localizar a 4.200 personas y reunió a unas 1.200 familias en toda África.

Las familias de los desaparecidos, ha advertido, “se enfrentan a un dolor inmenso y a obstáculos que a menudo trascienden durante generaciones”. “Están atrapados en un limbo, incapaces de avanzar o de pasar el duelo. La búsqueda de sus seres queridos nunca termina”, ha señalado.

Con información de Europa Press.

IG

La Justicia y la Policía de Santa Fe continuaban este martes con la búsqueda de la hija de 9 años de la artista santiagueña Roxana Carabajal, quien denunció que desde el 8 de julio desconoce el paradero de Eva, que se encontraba con su padre Gonzalo Koller en la provincia del Litoral.

“Mi hija no aparece, por eso le pido a Gonzalo, su papá, que si le llega este mensaje, que nos dé noticias”, dijo el lunes en declaraciones a la prensa la folclorista, que es sobrina de Peteco Carabajal.

Según detalló la cantante en su denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, la niña fue vista por última vez en la localidad de Carcarañá, de esa provincia, con su padre, en un automóvil Volkswagen Polo.

La cantante explicó que con el padre de su hija tiene una tenencia compartida, ya que se separó de Koller hace seis años. “Yo en Córdoba y él en Carcarañá, viajábamos y nos encontrábamos, era algo totalmente normal”, afirmó.

“Me tocaba ir a buscar a Eva”, pero cuando “llegué ya se había ido con el papá, pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa”, remarcó.

A la vez pidió que “Gonzalo se dé cuenta de que está todo bien, que no voy a hacer nada contra él, lo vamos a ayudar, solo que nos diga si Eva está bien, es lo único que me interesa”.

“Evita tiene 9 años, con que me digan que está bien estoy feliz, es lo único que pido, Gonzalo, ayúdame por favor”, sostuvo Roxana, entre lágrimas.

“Ambos faltan de su domicilio en Carcarañá desde el día 8 de julio de 2022, entre las 5.10 y 5.15, cuando se retiraron de su domicilio a bordo de un automóvil Volkswagen Polo. Cualquier dato que sirviese para dar con su paradero, contactarse a la central 911, o a las redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción o a cualquier comisaría cercana”, indica el comunicado del MAP.

“Necesita mi alma, mi espíritu y mi corazón saber que Eva está bien, nada más; todo lo demás se soluciona”, dijo Carabajal y remarcó: “Quiero que Eva esté conmigo, nada más que eso necesito”.

Finalmente, la artista dijo que estuvo en comunicación con su excuñado, hermano de Gonzalo, pero que él tampoco sabe nada del paradero y que con otros familiares no tiene comunicación desde que se separó.

Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe también solicitó información sobre el paradero de Koller y Eva.

El Gobierno santafesino informó a Télam que, según consta en la denuncia “Sumaj Eva Koller, oriunda de Carcarañá, tiene ojos marrones, cabellos negros y largos, 1,10 de estatura y contextura delgada”.

En tanto, Koller, también oriundo de Carcarañá, “tiene tez trigueña, ojos marrones claros, es calvo, mide 1,80 de estatura y contextura delgada”.

En la búsqueda de padre e hija, intervienen la Comisaría 3ra Carcarañá, UR XVII y la Fiscalía Regional II de Casilda.

El Gobierno santafesino solicitó la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato, pidió contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario).

También pueden hacerlo al correo registronstafe@santafe.gov.ar, o a los teléfonos 03425357756 y 0800-5553348.

CRM con información de la agencia Télam

Un chileno, que desapareció en su país hace 22 años y fue dado por muerto, es ahora buscado por Interpol Argentina después de que su familia reactivara la causa mediante la difusión de una foto por Facebook que la condujo al partido bonaerense de Florencio Varela, donde vecinos aseguraron haberlo visto.

A partir de testigos y gente del barrio, la familia cree que Juan Fuentes Candia, de 53 años, visto por última vez el 24 de febrero del 2000 en Chile, pudo ser captado por una organización que utiliza a la gente en situación de calle para pedir dinero.

Voceros judiciales y policiales dijeron a Télam que la búsqueda está a cargo de efectivos de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA), a pedido de la Justicia chilena, que reabrió la causa caratulada en ese país como “presunta desgracia”, que había sido archivada debido a la falta de elementos para investigar.

Las novedades, que podrían conducir a encontrar al hombre, llevaron a que uno de sus hijos -que tenía 9 años cuando desapareció- viajara esta semana de Chile a Buenos Aires para encarar personalmente la búsqueda y pedir el apoyo de organismos judiciales y consulares.

La desaparición de Juan Fuentes Candia

La última vez que vieron al hombre fue cuando hizo un bolso y se fue a trabajar unos días a una obra en construcción en la zona precordillerana de la localidad de La Rufina, en la comuna de San Fernando, de la región de O´Higgins, ubicada en el centro de Chile.

Tiempo después, la madre de Fuentes Candia, al no tener noticias, contactó a un compañero de trabajo que le informó que su hijo se había peleado con otro trabajador y en plena madrugada desapareció.

Como el hombre no se llevó sus pertenencias ni volvió a comunicarse, la familia pensó que algo podría haberle sucedido tras esa pelea o que incluso podría haber quedado confundido y perdido, y cruzado la cordillera hacia la Argentina con ayuda de algún arriero.

Si bien los familiares radicaron una denuncia y esperaron que la Justicia lo buscara, cada 18 de junio, fecha en la que Fuentes Candia cumple años, al igual que en cada aniversario de su desaparición, sus familiares publican una foto suya con la descripción física del hombre y piden ayuda para encontrarlo en distintos grupos de búsqueda de personas que hay en la red social Facebook.

Un pista desde Florencio Varela en Argentina

A 22 años, en febrero pasado, la familia se esperanzó con la recepción de varios mensajes de distintos usuarios que aseguraron que una persona de similares características vivía en situación de calle en el partido bonaerense de Florencio Varela. De acuerdo a quienes aportaron datos, esa persona está indocumentada y padece un problema mental que le dificulta comunicarse.

No obstante, dos señas particulares convencieron a los allegados de que podría tratarse de Fuentes Candia: una quemadura que sufrió de chico en una de sus nalgas y un problema en el dedo meñique de la mano derecha provocado por la ruptura de un tendón.

Al recibir las imágenes del hombre en situación de calle visto en Varela, la familia se sorprendió por las coincidencias en el aspecto físico y en las señas particulares, y su hijo solicitó al Juzgado de Letras de San Fernando, de Chile, que se reabra la investigación y que la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se haga cargo de la pesquisa.

Fuentes de la investigación confirmaron a Télam que a mediados de abril pasado Interpol de Argentina recibió el pedido de la policía chilena para colaborar en la búsqueda de Fuentes Candia. Para ello, la PDI envió a los federales argentinos la ficha dactiloscópica del buscado para cotejar con la persona señalada por los vecinos de Varela.

En una entrevista que dio a Télam en su paso por la Argentina días atrás, Juan Esteban Fuentes Bustamante, hijo del hombre buscado, contó que las personas que lo contactaron le dijeron que padece de una especie de demencia, que está indocumentado y que los vecinos lo llaman “Tati”. También le contaron que suele moverse por la zona conocida como el Cruce Varela, cerca de una parada de taxis, y que duerme en un cajero automático de una sucursal del Banco Provincia.

Juan recordó que fue a partir de las fotos y videos que le enviaron desde Buenos Aires que decidió ahorrar para venir al país a buscarlo. “Al ver las fotos nos dimos cuenta de que tiene los mismos rasgos físicos. Una de sus hermanas lloró cuando las vio”, relató.

El pasado lunes, el hijo de Fuentes Candia llegó a Argentina y, con ayuda de una periodista local, se trasladó al lugar donde supuestamente fue visto su padre, aunque desde hace tres semanas que los vecinos no tienen noticias suyas, aunque creen que no debe estar muy lejos. “Ampliamos la búsqueda a la localidad de San Francisco Solano, donde nos dijeron que pudo haber ido”, dijo Juan, quien no obstante no pudo dar con él.

En la actualidad, la búsqueda del hombre posee una notificación amarilla en los registros de Interpol Argentina, cuya Brigada de Búsquedas y Paraderos está a cargo de la pesquisa en el país, añadieron las fuentes.

“Se contactó un hombre que dijo ser policía y nos advirtió que tuviéramos cuidado porque en la zona de Florencio Varela existe una mafia que se aprovecha de las personas en situación de calle y las utiliza para pedir dinero”, dijo Juan, quien también realizó una presentación en el Departamento Judicial de Quilmes para que se inicie una causa por “averiguación de paradero”.

Para pedir colaboración en la búsqueda, Juan se reunió también con el cónsul chileno en Argentina, Alejandro Bravo, quien según dijo se comprometió a brindarle asistencia y seguir de cerca la investigación en el país. “Estuvimos en hospitales y en la comisaría, pero no tienen registro. Pensamos que él todavía está por esos lados, nos dijeron que desde hace tres años está por esa zona así que tiene que estar cerca. Es el dato más firme que tuvimos, son datos concretos”, sostuvo el hombre esperanzado.

“Me gustaría darle un buen pasar el tiempo que sigue. Quiero que conozca a mis hijos. Mi abuela murió buscándole, así que yo me siento bien porque creo que estoy haciendo algo para encontrarlo”, concluyó.

MB con información de agencia de noticias Télam

“Aunque la posibilidad sea remota, no perdimos la esperanza de que Madeleine siga viva y de que la encontremos”, escribieron Kate y Gerry McCann en un comunicado publicado en la página web dedicada a su hija.

Ambos subrayaron que el sospechoso “aún no fue acusado de ningún delito específico en relación con la desaparición de Madeleine”, precisó la agencia de noticias AFP.

Esta declaración se produjo luego de que una fiscalía portuguesa solicitó imputar a un sospechoso en Alemania, sin precisar su identidad ni la naturaleza de las sospechas que pesan sobre él, en el marco de una investigación sobre la desaparición de Maddie realizada “en cooperación con las autoridades inglesas y alemanas”.

La fiscalía portuguesa apunta a un ciudadano alemán identificado como “Christian B” como el principal implicado en la desaparición de la niña británica.

Este individuo ya afronta una pena de prisión por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en el 2005 en el sur de Portugal. Al momento de la desaparición de la niña británica Christian B vivía a pocos kilómetros del lugar en donde desapareció McCann.

“Es obvio que Portugal también tiene sospechas sobre él”, pero “me sorprendería que de la noche a la mañana estuvieran más avanzados en su investigación que nosotros aquí”, dijo Hans Christian Wolters, portavoz de la fiscalía de Brunswick, encargada de la parte alemana del caso.

No debemos sobrevalorar esta medida adoptada por las autoridades portuguesas“, dijo Friedrich Sebastian Fülscher, abogado de Kiel (norte de Alemania), que representa a ”Christian B“.

“Una de las principales preocupaciones de la familia McCann es el riesgo de prescripción, debido a que en Portugal el asesinato prescribe a los 15 años”. En el caso de Maddie, si murió en mayo de 2007, esto será así dentro de unas semanas. Supongo que la prescripción se interrumpió con esta medida“, consideró Fülscher.

“Lo que ocurrió está relacionado con la prescripción. (...) En el fondo, se trata de un truco de procedimiento por parte de la fiscalía” para mantener el caso abierto, dijo Gonçalo Amaral, ex inspector portugués encargado del caso, que fue despedido de la policía tras acusar a los padres de la niña de haberla matado por accidente y de haber ocultado luego su cadáver.

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, poco antes de su cuarto cumpleaños, en Praia da Luz, un balneario de la región del Algarve, donde estaba de vacaciones con su familia.

 Su desaparición dio lugar a una extraordinaria campaña internacional de sus padres para intentar encontrarla.

Después de 14 meses de polémicas investigaciones marcadas por la imputación, y luego la exoneración, de los padres, Gerry y Kate McCann, la justicia portuguesa cerró el caso en 2008, antes de reabrirlo cinco años después por la aparición de “nuevos elementos”.

El caso no avanzó hasta junio de 2020, cuando la fiscalía de Brunswick dijo que tenía la certeza de que la niña había muerto, y añadió que sus sospechas recaen en un hombre que entonces estaba detenido en Kiel por otro caso.

La fiscalía también inició procedimientos contra el mismo individuo en otro caso de violación, el de una mujer irlandesa, y por abuso sexual de menores en Portugal.

“Mis colegas están trabajando más bien en estos otros casos para que podamos cerrar este capítulo en un futuro próximo. Cuando esté terminado, nos ocuparemos exclusivamente de Maddie”, señaló Hans Christian Wolters, portavoz de la fiscalía de Brunswick.

LG con información de agencias.