El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta La Rural “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

El unicornio tecnológico Despegar, la prepaga y obra social de los empresarios OSDE, la misteriosa Fundación de Ciencias Políticas Tercer Milenium y la fundación democristiana alemana Konrad Adenauer fueron los cuatro principales aportantes de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, entre 2013 y 2015, los años en que allí se prepararon la campaña y los planes de gobierno que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia. En la lista de financiantes, que hasta ahora se había mantenido oculta, figuran además Minera Alumbrera, el banco español Santander, Sancor Cooperativa de Seguros e IRSA, el grupo inmobiliario de Eduardo Elzstain.

En 2017, este cronista investigó quiénes habían financiado a las fundaciones vinculadas a los principales candidatos presidenciales de dos años antes: Macri, con sus fundaciones Pensar, Formar (que dirigía Guillermo Dietrich) y Suma (que presidía Gabriela Michetti); Daniel Scioli, con Dar, que ni siquiera había presentado un balance; y Sergio Massa, que sostenía que carecía de una estructura similar. Las fundaciones del PRO habían presentado balances con demora, recién durante el gobierno de Cambiemos, pero la Inspección General de Justicia (IGJ) sólo había intimado a Formar y Suma a detallar sus aportantes, no a Pensar. Entonces este cronista solicitó que se procediera de la misma manera con la principal fundación del PRO. La entonces jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky, consultó a la fundación, que a su vez respondió que no le correspondía informar sus donaciones porque supuestamente los montos eran menores al nivel a partir del cual era obligatorio detallarlas. La funcionaria no volvió a insistir y el requerimiento se archivó.

Pero en 2018 la Dirección de Entidades Civiles de la IGJ reflotó el expediente y se lo encargó a la inspectora Estefanía Di Bella, que también investigó los donantes del Instituto Patria. La contadora cumplió con una auditoría técnica: requirió a Pensar que detalle la lista de aportantes y la fundación esta vez cumplió con su obligación legal de informarlos.  Tras el cambio de gobierno, en 2020, Di Bella le pidió por escrito al actual jefe de la IGJ, Ricardo Nissen, que interviniera en el caso al considerar que Pensar no había presentado las declaraciones de origen y licitud de los fondos y se había negado a informar en un principio sobre donaciones que en realidad debían detallarse. También señalo que se registró en 2015 un aporte anónimo de $ 1 millón de entonces (US$ 93.632 de entonces, según el tipo de cambio promedio de ese año) y en diciembre varias empresas recibieron una devolución parcial o total de sus contribuciones de aquel año electoral, como fueron los casos de Sancor Seguros, Gyl Group, TTS Viajes, Minera Argenta, Editando SRL, la firma de servicios informáticos Datastar, Valid Soluciones y Servicios, Corporate Corp, Activia, Caseros SA, Catalinas Center, Copelle SRL y la china de telecomunicaciones ZTE. Nissen no avanzó en la investigación y en 2022 desvinculó a Di Bella de la IGJ.

Los aportantes

Para dimensionar el valor de las donaciones en pesos recibidas por Pensar entre 2013 y 2015, elDiarioAR las convirtió a dólares según el tipo de cambio promedio de cada uno de esos años. La conclusión es que Despegar, el portal de viajes creado por Roberto Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer, fue el mayor aportante en ese trienio clave para la preparación del programa de gobierno que después ejecutó Macri con una contribución de US$ 110.201. Lo siguió OSDE, que preside Juan Carlos Palacios, con US$ 82.906. 

En tercer lugar apareció la Fundación Tercer Milenium, que carece de página web y cuenta con sede social en un edificio austero de la calle Venezuela 1969, en el barrio de Montserrat, y otros dos domicilios alternativos en una casa de Mataderos y en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Figura como proveedora de la ciudad de Buenos Aires y, como tal, participó sin suerte una licitación de estudios de satisfacción de contribuyentes en 2015 en la que el entonces ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, declaró vencedora a una empresa de Diego Kravetz, su actual jefe de Gabinete en ese municipio bonaerense. elDiarioAR consultó al entonces presidente de Pensar, Francisco Cabrera, quiénes estaban detrás de la Fundación Tercer Milenium. El ex ministro de la Producción de Macri respondió: “No tengo ni idea, ni me suena”.

En cuarto término, Konrad Adenauer aportó US$ 74.268 a Pensar. Después, como presidente argentino, Macri supo entablar una excelente relación con la entonces canciller (primera ministra) de Alemania, la democristiana Angela Merkel. El quinto mayor donante, con US$ 60.487, fue Minera Alumbrera, la empresa de la suiza de commodities Glencore que contaba con la que fue la mayor mina de cobre del país, Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Su representante legal en aquellos años era Raúl Mentz. El sexto lugar fue para Air SRL, que se autodefine como el mayor mayorista y distribuidor de productos informáticos del país. Es una firma rosarina propiedad de Sergio, Carlos y Sandra Airoldi que aportó US$ 58.199.

En séptimo puesto figuró la Fundación Gestión y Desarrollo, que sí cuenta con página web en la que informa que afirma que persigue el “desarrollo personal, intelectual y espiritual de las personas y las organizaciones de distintos ámbitos”. Cuenta con tres institutos, de Desarrollo Pyme, Tecnología y Desarrollo e Innovación Social. En su web no informa quiénes la dirigen, pero en LinkedIn figura que esta fundación con sede en Barrio Norte está presidida desde 1998 por Roberto Olivero, el también presidente de Datastar.

El octavo mayor donante fue el Santander, el banco de la familia española Botín cuya filial argentina es presidida desde 2002 por Enrique Cristofani, uno de los empresarios que más abogó por la presidencia de Macri. La entidad puso US$ 52.088. El noveno financiante fue Exo, fabricante porteño de computadoras que preside Luis Szychowski. Donó US$ 49.772. El top ten se completó con la productora audiovisual Vod Argentina, que en aquellos años presidía Martín Kraft y contribuyó con US$ 44.823.

En la lista de donantes 2013-2015 aparecen más de 110 empresas. Entre ellas figuran la Administración Enrique Duhau, dueña de campos; Bodegas Esmeralda, de Nicolás Catena; Sancor Seguros, que en ese entonces presidía Carlos Casto; IRSA y el empresario Federico Zorraquín, en el top 20. Después, Establecimientos El Orden (del grupo Adecoagro, de Mariano Bosch), La Caja Seguros (que por aquellos años los Werthein vendieron a la italiana Assicurazioni Generali), Boldt Gaming (de Antonio Tabanelli), la constructora Rovella Carranza, Transportadora de Caudales Juncadella (de la española Prosegur), el banquero Julio Patricio Supervielle, Techint (de Paolo Rocca), Banco Columbia (de Santiago Ardissone y Gregorio Goity), la biotecnológica Biosidus y el laboratorio Sidus (ambas de Marcelo Argüelles), la de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar (ambas de Javier Madanes Quintanilla), Bañado del Salado (otra firma de Adecoagro), los constructores Alberto, Eduardo, Juan Pablo y Santiago Tarasido, propietarios de Criba; o la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba. Para más información, se puede consultar aquí el listado completo.

AR

El Juez Aurelio Ammirato, del Juzgado N°10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, declaró este jueves la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 que autorizaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y sobre uno de los últimos humedales de la ciudad.

La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). Estos espacios generaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y ”Resistencia Verde“.

En los recursos presentados, se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final. Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.

Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de el “Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, detalló al conocer la decisión del magistrado que la política de los convenios urbanísticos “está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación. También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios obtuvo del GCBA en los últimos años, como la adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, la autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc. Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, remarcó.

De acuerdo al letrado, “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, Baldiviezo expresó que el fallo “viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos, como ciudadanía, impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, concluyó.

Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, investigadora del IPYPP y fundadora de “El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”, consideró al fallo del juez Ammirato como “histórico, porque no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”. Y agregó: “En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando. Las elecciones no son suficientes y las nuevas regulaciones exigen una co-decisión entre las comunidades y el GCBA”, sostuvo.

Para Koutsovitis, “la emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño. Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero. La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”. 

Claves de la sentencia

1. El reglamento dictado por el Secretario de Desarrollo Urbano para el tratamiento de los convenios urbanísticos (resolución n° 119/SECDU/20, del 30 de diciembre de 2020) no prevé ninguna instancia de participación pública, y de los expedientes administrativos remitidos a requerimiento de este estrado, no surge que en sede administrativa tal participación haya sido implementada.

2. El Acuerdo de Escazú exige participación pública en las etapas preliminares del tratamiento de las cuestiones ambientales, y con respecto a los convenios urbanísticos esa disposición fue interpretada por el legislador; quien, a nivel nacional, reconoció el derecho de toda persona a expresar su opinión en los procedimientos administrativos que se relacionen con el ambiente (ley 25.675, arts. 19 y 21) y en el ámbito local determinó que tal participación debe tener lugar antes de la firma del convenio. La suscripción del convenio por parte del titular del Poder Ejecutivo expresa una decisión estatal, y la ley determina que estos convenios deben ser decididos e implementados en marcos participativos.

3. Esta participación, en consecuencia, debe ocurrir ante el Poder Ejecutivo, y su inexistencia en este caso plasma un incumplimiento objetivo. El régimen jurídico prevé instancias participativas tanto ante el Poder Ejecutivo, que debe implementarla antes de adoptar la decisión de suscribir el convenio; como ante el Poder Legislativo, que debe convocar la audiencia pública antes de expresar su voluntad con respecto al convenio remitido a su consideración por el Poder Ejecutivo, aprobándolo o rechazándolo.

4. Suponer que la audiencia pública del procedimiento legislativo de doble lectura puede suplir la instancia de participación pública que el PUA exige antes de la firma del convenio urbanístico, implica aceptar que el legislador haya dictado esta norma ignorando la previsión constitucional, alumbrando de esa manera una disposición legal inútil, extremo que no cabe presumir (CSJN, Fallos: 343:140, sentencia del día 03/03/2020, entre muchos otros precedentes).

5. La autoridad de aplicación dictó un reglamento que no prevé ninguna instancia de participación previa a la firma del convenio, lo cual incumple el tratado internacional (Acuerdo de Escazú), la ley 25.675 y la ley marco, directamente prevista por el constituyente (art. 29, CCBA), a la que deben ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas (PUA).

6. Respecto a la segunda de las adendas al convenio urbanístico no se completó el procedimiento de doble lectura previsto por el constituyente, toda vez que fue efectuada después de la primera lectura del proyecto y de la celebración de la audiencia pública. Por ello, con relación a ella no existió ninguna instancia de participación pública, esto es, ni ante el Poder Ejecutivo ni ante el Poder Legislativo.

7. El procedimiento administrativo que condujo a la firma del convenio urbanístico está viciado, en tanto omitió la instancia participativa que la ley impone. Este vicio del trámite se traslada al convenio que es su consecuencia y a la ley que lo aprobó.

8. Con estos argumentos, el Tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a la acción de amparo entablada, admitiendo en parte la pretensión formulada en la ampliación de la demanda, y, en consecuencia, acogiendo la impugnación del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA el 19 de julio de 2021 con respecto al inmueble situado en Av. España n° 2230/40, de sus adendas, y de todos los actos que sean su consecuencia. 

Con información proporcionada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

IG

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires computa la existencia de 3.646 “espacios verdes”, de los cuales, 1.763 —casi la mitad— son canteros y 422, “derivadores de tránsito”. Entre ambas categorías suman 60% de las unidades verdes oficiales, número que desciende a 11% si la medición es en hectáreas.

La lista de rarezas del registro ecológico de la Ciudad también incluye 618 plazoletas con una superficie de no más de un cuarto de manzana y, por lo general, secas; 203 “veredas” que rodean pequeños fragmentos verdes, jardines ornamentales, cementerios, canchas de fútbol, bordes costeros, patios y pasajes, de acuerdo a una estadística oficial suministrada a elDiarioAR por la Dirección de Estadística y Censos del Gobierno porteño, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública.

Para la nomenclatura de la Dirección General de Antropología Urbana, una plazoleta “tiene una función simbólica y en muchos casos alberga monumentos o hitos de la Ciudad, de superficie de hasta 2.500 metros cuadrados”. De esos reductos hay 618 en la Capital, y ocupan 93,1 hectáreas. Las 203 veredas “verdes” (26 hectáreas) son espacios de tránsito y acceso a viviendas, es decir, de baldosas, pero que rodean un área con césped o plantas. Palermo y Belgrano son los barrios donde las veredas coquetas tienen mayor incidencia.

Esas áreas pseudoverdes se acumulan sobre aquéllas sobre los que no habría mayor discusión: 353 plazas, 64 parques, dos reservas ecológicas y un ecoparque (exzoológico).

Con todo adentro, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostiene que la Capital Federal cuenta con 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes (o 6,7 metros cuadrados por habitante), ratio que fue esgrimido por los funcionarios de la Ciudad como un umbral aceptable para el promedio de América Latina ante la reciente polémica por la habilitación de proyectos inmobiliarios en la tierra pública de Costa Salguero y en la ex República de la Boca, en manos de IRSA desde 1997.

Muchos espacios, que no necesariamente son grandes parques y plazas, también se contemplan como importantes para la superficie verde de una ciudad

Ministerio de Espacio Público

Críticos del Ejecutivo porteño sostienen que no hay respaldo académico o urbanístico al criterio de que 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes son sustentables, pero si sólo se tuvieran en cuenta los espacios verdaderamente verdes (plazas, parques, reservas ecológicas), la relación bajaría a 4,7 hectáreas/10.000, lejos de cualquier estándar aceptable.

elDiarioAR intentó obtener la visión de la ministra de Espacio Público, Clara Muzzio. A cambio, esa dependencia envió un texto que habla de una “Infraestructura Urbana Verde” que sería efectiva para mitigar el impacto de las altas temperaturas y las fuertes lluvias. “Es por ello que muchos espacios, que no necesariamente son grandes parques y plazas, también se contemplan como importantes para la superficie verde de una ciudad”, dice la respuesta, en lo que parece aludir a las categorías heterodoxas del registro oficial. 

La cuestión del tamaño

¿Una plaza es un área verde? Depende. Un ejemplo que alimenta la duda sería Miserere (Once), dominada por baldosones, casi sin césped, en el epicentro de uno de los barrios más sofocados por el cemento. Sobre lo que no parece haber debate es que un derivador de tránsito o un cantero no son “hectáreas puramente verdes” definidas en el Plan Verde 2016-2019 lanzado por el Ejecutivo de CABA.

Ese programa trazó un objetivo de 110 hectáreas verdes que Horacio Rodríguez Larreta dio por cumplido durante la reciente campaña electoral, pero un detallado informe de Chequeado tachó tal presunción como falsa.

Según Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo y docente de la Maestría Paisaje, Medioambiente y Ciudad en la Universidad de La Plata, el consenso académico internacional estipula que, para salvar singularidades del registro, una ciudad debe tener entre 10 y 15 hectáreas verdes cada 10.000 habitantes, es decir, cerca del doble de lo que declara el Gobierno de la Ciudad y el triple si se ajusta el cómputo.

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, toma como parámetro la ley de Ordenamiento Territorial vigente en la Provincia de Buenos Aires. Esta ingeniera industrial, crítica del Gobierno de Rodríguez Larreta, remarca que un espacio verde debe, para ser tal, tener “continuidad hidrológica vertical”, es decir, el agua debe fluir desde la superficie hacia las napas, lo que excluye terrazas, jardines verticales y, obviamente, cemento.

El texto enviado por el Ministerio de Espacio Público evalúa que las 6,7 hectáreas cada 10.000 habitantes de la capital argentina contrastan con las 13,6 hectáreas de Nueva York y las 30 hectáreas de Bruselas (30 m2), pero son más que las 6 hectáreas de México y Santiago, y las 4,2 hectáreas de Lima.

En la comparación nacional, Rosario más que duplica el área verde de Buenos Aires, con 10,4 hectáreas/10.000 habitantes, de acuerdo al estudio de la Iniciciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (Ices) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En cualquier caso, lo importante, sugiere el informe porteño con cita a la Organización Mundial de la Salud, es el tamaño, pero también la calidad.

Accesibilidad con bemoles

El ministerio de Muzzio refiere que, de acuerdo a un estudio de la Fundación Bunge y Born que aborda el concepto de accesibilidad, el 87,6% de la población porteña reside a menos de diez minutos de un espacio verde público.

A la hora de la verdad, la “accesibilidad” tiene sus bemoles. Caballito, por caso, es uno de los barrios más poblados de la Capital Federal, cuyos habitantes están entre los más activos en el reclamo de áreas verdes. Parque Rivadavia, Parque Centenario o Plaza Irlanda son grandes extensiones “accesibles” para el gran barrio del centro geográfico de la Ciudad, pero a todas luces insuficientes en relación a los habitantes, dato comprobable un domingo a la tarde, cuando multitudes se amontonan sobre la gramilla, en postales que, de apacibles, tienen poco.

En cualquier caso, que 12,4% de la población esté alejada de zonas verdes, según el particular enfoque de Bunge y Born que el Gobierno de CABA hace propio, marca que “hay mucho por hacer” para el “objetivo de reverdecer Buenos Aires”, admite la cartera de Muzzio.

Dicho objetivo choca de plano con la avanzada que se da no sólo en lugares emblemáticos que el Gobierno de Larreta pretende privatizar, como Costa Salguero, sino también en terrenos ferroviarios en Colegiales y Caballito, en las inmediaciones de las vías de las líneas Mitre y Sarmiento, respectivamente, donde los famosos desarrolladores, en alianza íntima con el Ejecutivo porteño, pugnan por vencer la resistencia de vecinos. En el caso de Caballito, una larga batalla judicial mantiene paralizado y degradado un importante terruño sobre la avenida Avellaneda, calle de por medio con el Club Ferro. En un área que descomprimiría la afluencia a Parque Rivadavia y Plaza Irlanda, IRSA y la administración de Larreta apuntan a construir edificios y centros comerciales.

En su haber, el Gobierno de la Ciudad anota avances verdes en el Paseo del Bajo, en Puerto Madero; el Parque de la Estación, en Almagro; y la Reserva Ecológica Lago Lugano. El caso del Parque de la Estación es curioso, porque vecinos agrupados en organizaciones que coadministran esa hectárea y media que pertenecía al Ferrocarril Sarmiento y hoy alberga especies autóctonas, denuncian que debieron resistir durante años, mediante recursos y movilizaciones, el intento del Ejecutivo de Buenos Aires de construir edificios y comercios.

Barrios sin sombra

Más allá del déficit de espacios agradables con césped, árboles, sombra y sonidos de aves en un contexto de avance de las torres y el hormigón, los números suministrados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dan cuenta de un reparto sumamente dispar entre los barrios.

Los 3.646 “espacios verdes” del registro público suman 2.063 hectáreas, o 1.453 si excluyen los canteros, plazoletas y las categorías inscriptas como “otros” por la Secretaría de Desarrollo Urbano. De ellas, 343 hectáreas —casi un cuarto de los espacios verdes reales— corresponden a la Reserva Ecológica Costanera Sur, que se ubica sobre el Río de la Plata y sólo linda con las últimas torres de Puerto Madero y la villa Rodrigo Bueno, y permanece cerrada desde el atardecer, los lunes y los días de lluvia. Es decir, su inserción en la trama urbana de la Ciudad es bastante limitada, remarca Márquez. Nuevamente, el concepto de “accesibilidad” gana complejidad.

Como la reserva ecológica pertenece a la Comuna 1 (Retiro, Puerto Madero, San Telmo y parte del Centro), la estadística cada 10.000 habitantes crece allí hasta 18,2 hectáreas, el triple del promedio de la Ciudad. También se destaca la Comuna 8, una de las más pobres de la Capital Federal (Soldati, Lugano, Riachuelo), con 18,8 hectáreas/10.000, porque el catastro anota en su haber el Parque Indoamericano, el ex Autódromo, el ex Interama y otros terrenos, varios de ellos degradados o con acceso restringido. La beneficiada comuna de Palermo (14), al contar con los bosques homónimos, asciende hasta 12 hectáreas/10.000 habitantes.

En el fondo de la tabla se ubican Balvanera, Once y San Cristóbal (comuna 3) y Almagro-Boedo (5). Ni siquiera suman con canteros, cementerios o derivadores de tránsito; tienen unas pocas plazas y arañan las 0,4 y 0,2 hectáreas cada 10.000 habitantes, respectivamente. Precisamente en el límite de ambas comunas se da una de las luchas del momento. Vecinos y organizaciones reclaman la construcción de una plazoleta en la intersección de Avenida Corrientes y Gallo, donde fueron demolidas construcciones precarias, a la que ya le pusieron nombre: Tita Merello.

El proyecto del Gobierno de Larreta es otro. Pretende cambiar la zonificación mediante un “convenio urbanístico” para que un desarrollador erija 73 metros.

SL

La nota fue actualizada el 26 de diciembre de 2021, a las 12, para incluir el dato de Rosario.

La audiencia pública para discutir el proyecto inmobiliario que la empresa IRSA, con el apoyo del Gobierno porteño, planea construir en la ex Ciudad Deportiva de Boca en Costanera Sur tendrá 14 jornadas que se realizarán entre este viernes y el 8 de noviembre próximo, en las que intervendrán primero funcionarios, comuneros y arquitectos, para dar luego lugar a los vecinos.

La Legislatura porteña, que organiza la audiencia con modalidad virtual, publicó este miércoles en su sitio web el “orden del día”, un documento que detalla quiénes serán los 23 expositores, es decir los funcionarios, comuneros y especialistas, y los 2.593 oradores, es decir, los vecinos que se inscribieron a la convocatoria dirigida todos los habitantes de la Ciudad.

En agosto, con 37 votos a favor y 20 en contra, la Legislatura había dado media sanción al proyecto, que ahora deberá ser debatido por la ciudadanía en audiencia pública.

El desarrollo inmobiliario que impulsan la empresa IRSA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires consiste en un conjunto de edificios, algunos de los cuales tienen hasta 145 metros de altura, y también calles internas. El convenio incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas. A cambio, IRSA se compromete a ceder el 67% del predio para que sea un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por 10 años.

Quienes se oponen a esta nueva urbanización sostienen que afectará de manera directa a la Reserva Ecológica Costanera Sur y al barrio popular Rodrigo Bueno, además de advertir que se emplazará sobre uno de los pocos humedales que todavía le quedan a la Ciudad de Buenos Aires.

El predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca tiene 71 hectáreas, es el más grande de la ciudad que está en manos privadas. Las tierras pertenecieron al club Boca Juniors entre las décadas de 1960 y 1990, cuando las vendió a la sociedad Santa María del Plata, cuya mayoría accionaria fue luego adquirida por IRSA.

Expositores y oradores

La primera jornada de la audiencia pública será este viernes, a partir de las 14, y contará con las exposiciones de Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno porteño; Emilio Rivoira, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Cpau); y Agustina Señorans, asesora del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad.

También expondrán comuneros del opositor Frente de Todos, fuerza política que se opone al proyecto de IRSA, entre ellos, María Paz Carreira Griot (Comuna 14), Fernando Moya (Comuna 10), Luciana Grossi (Comuna 1) y Julián Cappa (Comuna 7).

Por otra parte, hablarán los comuneros de Juntos por el Cambio Cristian Mealla y Víctor Hugo Cáceres (Comuna 4).

Además, tomarán la palabra Pablo Bereciartúa, quien fue secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación entre 2018 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, y Miguel Mc Cormack y Fernando Yosovitch, presentados simplemente como arquitectos.

Por otra parte, hablará Amanda Martín, legisladora porteña del Frente de Izquierda; Diego Armando Gonzáles, delegado del barrio popular Rodrigo Bueno (lindero con la ex Ciudad Deportiva); Marcela Millan, titular del Ministerio Público de la Defensa de la CABA y Diego Zang, apoderado de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra).

Todos los mencionados son “expositores”, como se llama en las audiencias públicas de la Legislatura a los funcionarios y especialistas que intervienen al principio; luego es el turno de los “oradores”, es decir los vecinos que se inscribieron a través de la página web.

El primero en la lista de oradores es Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las principales organizaciones que se oponen al proyecto de IRSA, y le siguen la exlegisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandrina Barry y la coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis.

La agenda incluye la lista de todos los oradores, que son 2.593, y se prevé que entre 100 y 200 personas hablen en cada jornada.

Dada la cantidad de inscriptos, esta audiencia será una de las más numerosas en la historia de la Legislatura, ya que el récord fue marcado el verano pasado, cuando unos 7.000 vecinos se anotaron para opinar sobre la privatización de Costa Salguero; pero en esa ocasión hubo un alto grado de ausentismo: finalmente hablaron cerca de 2.000 personas.

CB con información de Télam

Hace unas semanas en la Legislatura porteña se dio media sanción al proyecto para el cambio de norma en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. La medida tuvo muchísimas críticas desde la oposición y organizaciones ambientales. Siempre que hay proyectos de cambios de normativa cabe hacernos la pregunta: ¿es la mejor forma de hacer ciudad? ¿Estamos haciendo una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible?¿Para quién hacemos la ciudad?

Los propulsores del proyecto, IRSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, argumentan que el mismo implica crear ciudad donde no hay y que la tierra pública es renovable. 

El proyecto contempla cambiar la actual normativa, que solo permite construir hasta 12 metros de altura, para realizar una mixtura de usos que incluye torres, cediendo IRSA el 67% del terreno a espacio público.

Uno de los argumentos de los que impulsan el proyecto es que hoy el predio no se usa para nada y está abandonado. Esto, que parece ser un argumento a favor, en realidad simplemente demuestra el carácter especulador de la empresa. Aunque podría haber realizado inversiones durante los últimos 30 años, porque la normativa siempre contempló edificabilidad, IRSA ha elegido tener al suelo de rehén para hacer lobby por una zonificación más rentable. Esto se podría contrarrestar con un impuesto al lote vacante urbano, que el Banco Mundial recomienda para “cambiar el comportamiento del sector privado y bloquear la especulación” y que se aplica en países como Brasil, China, Colombia, Corea, Filipinas y Taiwán. Tal vez lo único positivo del proyecto es la cuantiosa área verde que sería cedida y la inversión de U$S 40 millones que realizará la empresa para darle valor a ese espacio verde tan necesitado. Sin embargo, cada vez que se habla de espacio público y verde en CABA hay que ser cuidadosos de cómo se mide, ya que canteros y otro sinfín de espacios urbanos son clasificados como espacio verde, cuando no lo son. 

Con respecto a la supuesta mixtura de uso, basta con mirar el FOS (Factor de ocupación del suelo) y los retiros propuestos para darnos cuenta de que jamás puede ocurrir algo como lo que proponen. La conjunción propuesta de estos dos indicadores necesariamente implica una torre en el centro de un terreno, rodeada de un pequeño espacio. Ahora, ¿dónde está la incongruencia? ¿Son malas las torres? Acá caben varios detalles: por un lado, que el edificio esté en el centro y no ocupe la totalidad del terreno implica un espacio verde alrededor que, como se puede ver en Puerto Madero, se enreja. Si sumamos varios edificios de estas características obtenemos lotes enrejados y sin un frente a la calle, por lo que jamás puede haber comercios o cualquier tipo de uso diferente en la planta baja. Es imposible entonces que eso esté pensado para los peatones o para el uso mixto: parece más bien una reversión de la “ torre en el parque ” del arquitecto y urbanista Le Corbusier que ya ha fallado anteriormente, justamente por su segregación social y una trama urbana auto-céntrica, por lo que tampoco es tan “sostenible ” como dicen. 

Por otro lado, caben algunas cuestiones ambientales. Por sus características, el predio es parte de un humedal, según la convención internacional RAMSAR. Si hubiera una ley de presupuestos mínimos de humedales en Argentina sería todavía más difícil para IRSA poder realizar el proyecto. Sin embargo, el proyecto incluso contradice la normativa actual, ya que se violan los principios precautorios y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente, porque no hay un estudio de impacto ambiental hecho, es decir, se está legislando sobre algo que no se sabe cuánto impacto va a tener en el área. Digo cuánto, porque sí sabemos qué impactos se pueden esperar, especialmente inundaciones y pérdida del ecosistema que hoy se encuentra en el predio. 

La falta de información es una estrategia para disimular y esconder el claro impacto que el movimiento de toneladas de tierra va a generar. No tenemos que pecar de antropocéntricos, cuando los propulsores dicen que no hay nada, significa que no hay nada hecho por el hombre ni para el hombre, no hay nada construido, lo cual no significa que no tenga valor. Un claro ejemplo es la Reserva Ecológica Sur, que se encuentra al lado y donde todos los fines de semana cientos de personas buscan un poco de espacio verde y naturaleza para escapar, por lo menos unos minutos, de una ciudad de cemento.

En cuanto a la contraprestación de la empresa a la Ciudad de Buenos Aires, encontramos la entrega de varios lotes dentro de la nueva urbanización que totalizan 6.620 metros cuadrados. La mayor contraprestación del convenio se compone de la integración de U$S 180 millones (a través de un bono y no en dinero en efectivo), que la empresa entregará al Futuro Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología. 

¿No tiene más sentido que ese monto se use para un sinfín de usos urbanísticos y de vivienda? Si el nuevo desarrollo no va a aumentar el stock de vivienda asequible, a crear una ciudad equitativa, por lo menos cabe pensar que parte de la valorización se utilizará para hacer cumplir el derecho real a la vivienda en otras partes de la ciudad. Nada de eso ocurre aquí: los fondos se destinarán a un fideicomiso que todavía no existe y no sabemos con certeza a dónde irán y qué fin tendrán esos bonos, lo único seguro es que no es para vivienda.

Finalmente, cabe el aspecto social. Se propone una mixtura de usos, que -como ya hemos expuesto- no puede suceder. Pero además, una mixtura de usos sin mixtura social no cumple con ninguno de los objetivos establecidos por las normas de la ciudad, las nacionales y los acuerdos internacionales al cual el país a suscrito para el desarrollo sostenible de las ciudades, a saber:

Lamentablemente esto sucede cuando la ciudad se desarrolla a base de excepciones en el Código. Si el espacio no está pensado para el peatón, si las viviendas no están pensadas para las personas, si el transporte público casi no llega, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿para quién está pensado este espacio? 

Tal vez de los pocos aspectos positivos se resalta la cesión del 67% para espacio público del terreno, siendo el verde el que se encuentra cerca de la ribera. Además, el convenio prevé el mantenimiento por 10 años por parte de la empresa de los espacios públicos.

Por otro lado, creo que también hay que plantear una alternativa, porque criticar sin proponer no nos acerca a la sociedad que queremos construir. La expropiación, si bien tiene su respaldo en la Constitución Nacional, la Constitución porteña y en el Plan Urbano Ambiental de la CABA -y en este caso, teniendo en cuenta la sospechosa adquisición del bien en cuestión, que ha sido mal usado durante 30 años en una de las zonas más importantes de la ciudad y que alberga un humedal con beneficios ecosistémicos, está más que justificada- es imposible de aplicarse debido a la red política que hay en la ciudad. ¿Qué modificaciones se pueden hacer para un proyecto más sostenible e inclusivo?

En primer lugar se debe modificar la zonificación y sus implicancias de diferentes formas. Permitiendo alturas más bajas y un FOS que obligue a usar toda la planta del terreno y tenga salida a la calle o bien una altura más alta, pero que haya un retiro del frente en planta baja para que eso sea ocupado por un comercio con salida a un pequeño espacio verde que no requiera del consumo, como ocurre con el proyecto Donado-Holmberg.

Por otro lado, la plusvalía debería usarse en tres partes, un tercio para la integración socio-urbana de asentamientos como la villa 1-11-14, otro tercio debería darse en especie a través de metros cuadrados a precios accesibles en las unidades a construir, garantizando una mixtura social y reduciendo el déficit habitacional, y el último tercio debería usarse para la compra de lotes vacíos para la reconversión de espacios verdes en barrios de cemento como Boedo y Almagro.

De esta forma se cumplirá con lo que prometen y se evitaría el hábitat washing que se está realizando con la comunicación del proyecto, una lavada de cara del Puerto Madero de los 90. A 30 años del comienzo del proyecto maderense, la disciplina urbanística avanzó a grandes pasos, no cometamos los mismos errores que en el pasado y no nos dejemos convencer por renders de colores. La ciudad del 2050 se decide hoy.

SC/CB

Esta semana se abrió la inscripción a la audiencia pública donde se discutirá el destino de los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca. La propuesta oficial, rubricada en un convenio con la empresa IRSA, propone usos comerciales y residenciales hasta ahora vedados en Costanera Sur a cambio de la cesión de una parte del predio para la generación de espacios verdes.

Se trata de un nuevo modelo de colaboración público-privada llevado adelante por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que en diciembre cumplirá seis años al frente del gobierno porteño tras ocho años de mandato de Mauricio Macri, su antecesor del mismo partido.

A menudo, el debate en torno a estas y otras cuestiones urbanas queda atrapado entre un aceitado aparato de comunicación que difunde las bondades de una Buenos Aires cada vez más “verde” y “sustentable” y, por otro lado, voces que denuncian la “inmobiliaria Larreta”, la destrucción del patrimonio y hasta un “ecocidio urbano”. ¿Cuál es el verdadero modelo de ciudad que propone el frente que gobierna la ciudad desde hace más de 13 años?

El debate en torno a estas y otras cuestiones urbanas queda atrapado entre un aceitado aparato de comunicación que difunde las bondades de una Buenos Aires cada vez más “verde” y “sustentable” y, por otro lado, voces que denuncian la “inmobiliaria Larreta”

“El modelo es el de la antropología urbana, una mirada del objeto -la ciudad- desde el sujeto -las personas-. Nuestro foco está puesto en el aumento cuantitativo y cualitativo de la infraestructura pública”, dice el secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Álvaro García Resta, en una respuesta breve que llega por WhatsApp en medio del cierre de campaña.

“Mixtura de usos” y “llevar ciudad” son otras palabras clave que el funcionario usa a la hora de defender cambios de uso del suelo, subastas de terrenos públicos, o una combinación de ambas.

En diálogo con elDiarioAR, tres especialistas de diferentes orígenes y orientaciones se preguntan hacia dónde van las políticas urbanas de la actual administración.

Para quién se construye

María Eugenia Goicoechea es la coordinadora de Indicadores Urbanos del Observatorio Urbano Local – Buenos Aires Metropolitana (OUL-BAM). Investigadora del Conicet, estudia desde hace años la desigualdad socio-territorial entre el norte y el sur de la ciudad y cree que el macrismo-larretismo no ofrece un cambio radical de sentido con respecto a gestiones previas a 2007.

“Se trata de un modelo de desarrollo urbano basado en el fomento a la constructividad y la edificación, algo que no inauguran ellos”, explica Goicoechea. “Hay un intento por fomentar el desarrollo de las zonas degradadas pero con un sentido de revalorización, fiscalista y con una excesiva confianza en el desarrollo inmobiliario. El privado aparece como el actor clave para promover ese desarrollo”.

La novedad, dice la investigadora, viene dada por “una exacerbación de esta tendencia previa” durante las gestiones de Macri y de Rodríguez Larreta, con una serie de iniciativas que apuntan a una mayor desregulación del mercado “que termina por disociar el mercado inmobiliario de las necesidades reales de la población”.

Primer apunte para mejorar el debate: la pregunta no es si se construye o no sino para quién se construye.

“Si uno mira los permisos de obra residencial emitidos en los últimos diez o quince años, casi todo lo que aparece son edificios multivivienda con destino suntuoso o monoambientes chiquitos destinados al mercado de alquiler”, dice Goicoechea. ¿Quiénes adquieren estos nuevos departamentos si la población de Buenos Aires no pasa de los tres millones de habitantes desde el censo de 1947?

Un dato ilustra este desfase: en el último tiempo, el mayor crecimiento poblacional se dio en las comunas 1, 7 y 8, en el sur de la ciudad, mientras que el grueso de las nuevas construcciones tuvo lugar en barrios del norte como Palermo y Villa Urquiza, donde la población no aumentó. Poco ayuda que el crédito hipotecario lleve años virtualmente paralizado -más allá de una pequeña ventana de oportunidad de corta duración con los créditos UVA-, algo más vinculado a los vaivenes macroeconómicos del país y difícilmente achacable a la gestión porteña. Aunque tal vez precisamente por ello el Estado local esté llamado a cumplir otro rol.

“Una consecuencia directa de dejar el desarrollo urbano en manos del mercado es que terminás facilitando negocios para sectores de altos recursos o para un mercado no ajustado a las necesidades de uso, donde amplios sectores de la clase media quedan por fuera del acceso al suelo”, dice el arquitecto y urbanista Marcelo Corti, que lleva dos décadas al frente de la revista digital Café de las ciudades.

Por qué se subasta

Corti se muestra crítico con el corrimiento del gobierno local de su rol de planificador. “Lo que ha habido en estos últimos años es una vocación por ceñir buena parte del desarrollo urbano a un modelo de cooperación público-privada”, sostiene, y cita el acelerado proceso de desafectación de terrenos públicos en territorio porteño. Según legisladores de la oposición, el número de terrenos subastados a partir del primer mandato de Macri alcanza las 472 hectáreas: el equivalente a 630 canchas de River.

La tendencia se aceleró en el período 2015-2019, con Macri ya en el Sillón de Rivadavia y Larreta en la sede de Uspallata. “El Estado se sigue desprendiendo de terrenos. Los desarrolladores están a la caza de las oportunidades y más en un mercado porteño con escasa tierra disponible”. El texto no proviene de un panfleto del Frente de Izquierda: es el comienzo de un artículo de septiembre de 2017 de La Nación Propiedades.

Dos años más tarde, tras su derrota en primera vuelta y a semanas de dejar el poder, Macri le cedió a la Ciudad otros 31 inmuebles, incluyendo cuarteles, comisarías, playas judiciales y hasta un instituto de menores (en marzo de 2021, la Justicia porteña frenó la venta de ocho de esos terrenos).

“El exceso de venta de tierra pública no es solamente cuestionable desde un punto de vista de planificación urbana sino también en función de una defensa de los bienes de la Ciudad, incluso si en lo único que se piensa es en la valorización del suelo urbano. Cualquier loteador sabe que no puede lanzar todas sus propiedades al mismo tiempo”, explica Corti.

El autor de Diez principios para ciudades que funcionen reconoce en la gestión porteña “alguna intervención más o menos inteligente” como el Distrito Tecnológico de Parque Patricios o el proyecto Donado-Holmberg, que recuperó y revitalizó un sector de la traza de la ex AU3. Pero cree que sigue fallando la idea de un Estado que maneje y gestione de manera inteligente el desarrollo urbano de la capital. “En el mejor de los casos lo que tenemos es una agencia inmobiliaria de carácter público, donde el Estado aparece como un mero facilitador de negocios privados y no el conductor del desarrollo”, dice. “No digo que sea una falencia exclusiva de este gobierno. Es una falencia histórica de la Ciudad, incluso desde antes de la autonomía”.

A lo largo de los últimos años, la postal fue siempre la misma: el oficialismo aprobando en soledad la desafectación de terrenos públicos. Se impone la mayoría propia y los dictámenes alternativos duermen el sueño de los justos mientras las voces críticas esgrimen consignas contra “la escribanía de Larreta” (ver recuadro).

Por qué no se cuida el ambiente

Cynthia Goytía dirige el Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda (CIPUV) de la Universidad Torcuato Di Tella. Consultada por la orientación del desarrollo urbano de la actual administración, elige cuidadosamente sus palabras. “Sin dudas contribuiría a las políticas urbanas de la Ciudad abordar con mayor profundidad los desafíos que se vislumbran para el futuro de las ciudades”, sostiene.

En cuanto al detalle de estos desafíos, la economista cree que se debe avanzar “con experiencias piloto en algunos temas, desde los ambientales y de adaptación energética de las construcciones a los de vivienda asequible”, en un contexto donde las políticas en torno a la construcción de viviendas para alquiler, como las implementadas en ciudades de Chile o en Uruguay, brillan por su ausencia.

En paralelo, Goytía pide hacer “una correcta evaluación del impacto que se busca generar, no solo en términos económicos, sino socioambientales, con las grandes intervenciones”. Un reclamo que reaparece en los debates que se dieron, tanto en Costanera Norte como en Costanera Sur, en torno al posible impacto ambiental de los proyectos propuestos y de la falta de detalles en torno a la sostenibilidad de los emprendimientos.

FP/CB

Casi como parte de la campaña electoral, Horacio Rodríguez Larreta avanzó en las últimas semanas con un proyecto que beneficia a uno de sus interlocutores principales en la Ciudad, el Grupo IRSA. Logró que la Legislatura porteña apruebe por 37 votos a favor y 20 en contra la media sanción al convenio urbanístico con la desarrolladora inmobiliaria que es propiedad de Eduardo Elsztain para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca. 

En el predio de 71 hectáreas que se ubica en la Costanera Sur, IRSA proyecta levantar una urbanización bautizada “Costa Urbana” y la media sanción del proyecto 1831-J-2021 le otorga la posibilidad de edificar hasta 145 metros de altura en 4 de sus 59 parcelas. 

Aunque todavía falta la audiencia pública que fue convocada para el 15 de septiembre y la aprobación de la iniciativa en segunda lectura, el paso que dio Larreta en plena campaña tiene relevancia histórica: hace un cuarto de siglo que Elsztain esperaba darlo. IRSA compró los terrenos en 1997 y desde entonces pretendió en cinco oportunidades que la rezonificación prosperara sin éxito en la Legislatura. El predio está ubicado al sur de la Reserva Ecológica, frente a Puerto Madero y pegado al barrio popular Rodrigo Bueno. IRSA pagó 51 millones de dólares por esas tierras ribereñas y el cambio urbanístico propiciado por Larreta lo habilita para avanzar con un negocio inmobiliario que, según los cálculos de la oposición, redundaría en ingresos por entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 

Esta vez las cosas fueron diferentes y la velocidad de los acontecimientos sorprendió incluso a los altos mandos de la desarrolladora que es dueña de activos en la Ciudad entre los que figuran Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, DOT Baires, Alcorta Shopping y Distrito Arcos. ¿Qué cambió en esta oportunidad? Las fuentes involucradas en la negociación coinciden: esta vez, hubo un cambio en la modalidad y se decidió ir más allá del pacto entre cúpulas. Lo que Rodríguez Larreta y Elsztain acordaron más de una vez en forma personal fue refrendado por todos los bloques aliados al jefe de gobierno porteño: la Coalición Cívica de Elisa Carrió -alguna vez la más dura detractora de Elsztain-, Evolución de Martin Lousteau, el socialismo de Roy Cortina y Confianza Pública de Graciela Ocaña. Larreta le pidió a IRSA que buscara el consenso con sus socios de Juntos y la desarrolladora inmobiliaria se lanzó a un inédito trabajo de lobby que incluyó a parte de los diputados de la oposición que, de todas maneras, votaron en contra. 

El alcalde porteño puso a su secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, como enlace con los gerentes de IRSA. Así y en plena campaña electoral, el jefe de gobierno porteño exhibe su alianza con un gran financista de todas las campañas, incluida la del PRO.

Para Elsztain, que tiene a su hermano Daniel a cargo del real estate en el rol de CEO de IRSA Propiedades Comerciales, la reserva de tierra es su principal activo y el Estado en todos sus niveles es considerado siempre como un socio. 

La relación estrecha entre el jefe de gobierno porteño y la desarrolladora inmobiliaria es reconocida tanto en la política como en el sector privado. Está marcada por el rol de Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del alcalde que reportó durante 12 años a Elsztain como gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA. El menor de los Larreta, que había trabajado antes con el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández, dice haber conocido al magnate inmobiliario en un viaje a Davos durante la década del noventa. Pero ese vínculo de lo más estrecho terminó cuando Augusto se sumó al equipo de Emilio Monzó en la Ciudad, durante el último mandato de Macri. El larretismo afirma que fue en 2012 y desde entonces el contacto con Elsztain se interrumpió. Lo mismo aseguran desde IRSA. A un lado y al otro insisten en negar el rol del hermano de Larreta como puente entre las partes. No hace falta intermediación, dicen: el contacto entre el jefe de gobierno y Elsztain es directo y personal.

Socio del Estado nacional en el Banco Hipotecario, dueño de un millón de hectáreas de alta cotización en la Argentina y con una presencia creciente en Israel, el desarrollador inmobiliario vio en el triunfo municipal de Mauricio Macri en 2007 una gran oportunidad para avanzar con sus proyectos truncos. Sin embargo y pese al “compromiso histórico” que el ex presidente asumió con el empresario, nunca hasta hoy el proyecto de Costanera Sur avanzó como quería el zar de los shoppings. Le toca a Larreta, según parece, hacer realidad el anhelo de Elsztain. 

En el camino, el gigante que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es desde la década del noventa la mayor empresa de bienes raíces de la Argentina cedió más de lo que hubiera querido. Salvo que la audiencia pública o la segunda lectura se frustren, el convenio urbanístico que obtuvo media sanción le permitirá a IRSA modificar el tipo de uso del suelo de un predio que sólo tiene autorización para actividades deportivas. A cambio, la desarrolladora de Elsztain se comprometió a ceder el 67 por ciento del predio -41 hectáreas- para que se convierta en un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por un lapso de 10 años. Esta semana, en una entrevista en el programa “Fuego Amigo” de Canal 9, Larreta dijo que lo que IRSA le entregará a la Ciudad será menos: el 50% de los terrenos, unos 35 hectáreas.

Desde la oposición denuncian que la sanción del convenio viola la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Con los dos pasos, responden los defensores del pacto, se cumplirá en los próximos meses. La audiencia, en dos semanas; y el estudio de impacto ambiental, en un plazo estimado de tres o cuatro meses. Donde tampoco hay acuerdo es en la mayoría que se requiere para una ley de este tipo: el convenio se aprobó con la mayoría absoluta pero los críticos del proyecto afirman que corresponde que se vote con la mayoría agravada, dos tercios, lo que haría necesarios 40 votos para su habilitación. Por último, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirman que Larreta le cede a Elsztain la posibilidad de construir torres de aproximadamente 900 mil metros cuadrados, en detrimento de uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad. Sostienen que el impacto ambiental será irreversible y pondrá en riesgo la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno con impactos sonoros, modificación del asoleamiento y afectación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y los vientos.

Desde la empresa aseguran que todavía no hay un proyecto y por ahora solo existe el Masterplan, el código urbanístico habla de capacidad constructiva y le permite a IRSA tanto edificar torres como hacer un desarrollo de mayor extensión y menos altura. 

Quienes impugnan el convenio de la Ciudad con IRSA recuerdan que el predio de la ex Ciudad Deportiva era propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fue donado a Boca, con el objetivo de construir un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados. Con la media sanción de la Legislatura, el valor del suelo se elevará a la enésima potencia. 

DG

“El plan de las dos torres fue de mi socio, que en paz descanse, su cerebro tan lleno de ideas brillantes”, rememora el Señor Tamerlan, a propósito de su mega-proyecto inmobiliario al sur de la Reserva Ecológica. El villano de la novela Las Islas, de Carlos Gamerro, tenía entre manos una mega urbanización de Costanera Sur. La ficción parece haberse hecho realidad: con los votos en soledad del oficialismo porteño, la semana pasada se habilitó una vez más la posibilidad de construir en un gran espacio verde, de los que no sobran, un proyecto inmobiliario al estilo Puerto Madero.

Esto es una muestra de la mirada que tiene el gobierno local sobre la ciudad que debemos tener en 20 años. Buenos Aires es una ciudad que tiene todo para ser distinta, pero en la ciudad es difícil ser, estar. Cuesta tener tu espacio privado, tu vivienda, sea alquilando o comprando. Cuesta trasladarse y cuesta disfrutar del espacio público. En la ciudad necesitamos la creación de espacios verdes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y actualmente sólo hay 5.

Seguramente se dirá que el proyecto justamente habilita un gran parque público. Lo que no se está contando es que esa es solo una pequeña limosna que se nos dará a los porteños a cambio de un magnífico proyecto de inversión. Gracias a una extensa investigación de Fernando Bercovich, se puede rastrear la historia de este predio, que incluye a un excéntrico presidente de Boca Juniors, dos grupos empresarios y 60 años de vida política de la ciudad. Para no ahondar en datos, mediante sucesivas concesiones de los diferentes gobiernos se pasó de un proyecto que incluía una villa olímpica, estadios y parques públicos al mencionado proyecto premium y una valorización de la tierra de 20 a 1.600 millones de dólares. Cabe recordar que esta valorización queda en manos privadas a partir de decisiones públicas.

Además, es necesario que nos cuestionemos cuál es el sentido de ceder una porción tan importante de ese gran espacio a un destino habitacional. La realidad indica que estos proyectos terminan funcionando como una reserva de valor financiero, ya que una gran parte de esas viviendas nunca se ocupan. En una ciudad que tiene la misma población que en 1947, el 25% de las viviendas se encuentran deshabitadas. Mientras esta ociosidad crece, la mitad de los porteños aún no contamos, a veces ni podemos soñar, con el proyecto de la casa propia. Un ejemplo más de un Estado ineficiente y sin una mirada estratégica que articule derechos y prosperidad.

Los porteños tenemos muy en claro que nos hacen falta más espacios verdes, pero los grandes bloques de la política no responden a ello. En este caso, el proyecto fue aprobado por legisladores del PRO, radicales y de la Coalición Cívica y socialistas. Resulta urgente que los legisladores socialistas revean la posición para la segunda votación que necesita el proyecto. Justamente es el Partido Socialista el que demostró que se puede articular un proyecto político que garantice el goce del espacio público: basta ir a Rosario para poder entender lo que significa una ciudad que está de cara, y no de espaldas, al río; que ha instalado parques, espacios de recreación, movida cultural y polos gastronómicos. No se trata de conceptos abstractos ni de una visión naif reacia a la inversión privada: es posible vivir mejor. 

Pero el problema político es más extenso: la falta de voluntad en los grandes bloques parlamentarios de la ciudad para avanzar en un sentido más promisorio alcanza también a la gran mayoría del Frente de Todos, que acompañó proyectos de similares características y ha actuado como contraparte desde los organismos nacionales que conduce, como en los casos del Paseo de la Infanta en Palermo o en el Playón de Colegiales.

El Gobierno de la Ciudad no se puede hacer el distraído, tras la excusa de que se trata de un predio que ya está en manos privadas: el ordenamiento de la Ciudad es una potestad del Estado e incluye discutir los destinos de la tierra tanto pública y privada. En definitiva, se trata de construir proyectos urbanos que articulen al sector privado con la necesidad de los comunes: vivir en una ciudad donde sea posible acceder al espacio privado y disfrutar del espacio público. 

MD

Leandro Santoro sale del edificio de la Legislatura, donde acaba de votar en contra del proyecto que permitirá construir torres y edificios en un tercio de las 70 hectáreas que la empresa IRSA posee en Costanera Sur. Como de costumbre, a Horacio Rodríguez Larreta le sobraron legisladores para imponer su iniciativa. A media tarde de un jueves, la calle Perú aparece desangelada, con un vacío impropio de su historia. Es la nueva normalidad. Santoro, primer candidato a diputado por el Frente de Todos en Capital Federal, saca al Alfonsín que lleva a dentro y juega ante sus colaboradores con una imitación lograda. Tiene una cita en Congreso, su próximo barrio político. elDiarioAR lo acompaña en el trayecto por Avenida de Mayo y le realiza la siguiente entrevista.

Disparada por la foto del festejo de Fabiola Yáñez en Olivos, la palabra “decepción” circuló entre muchos que votaron a Alberto Fernández y siguen sin compartir la ideología y las prácticas del macrismo. ¿Notás que hay decepción entre una parte de los votantes del Frente de Todos, no sólo por la foto, sino por el rumbo del Gobierno?

No se puede hacer una afirmación a partir de una percepción. Probablemente haya sectores que estén decepcionados, pero eso no caracteriza necesariamente una evaluación. Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar intuiciones como las que citás. No es lo mismo que leer una derrota electoral, que tiene otro significado. A los períodos históricos y a los Gobiernos se los evalúa integralmente. Todos tienen aciertos, errores, generan expectativas, que a veces las cumplen y, a veces, no. La defraudación o el desencantamiento no es algo que pueda caracterizar un período tan cortito como el que llevamos.

Hay que entender que las primeras impresiones de una situación traumática, en general, suelen provocar decepción

Una promesa esencial del Frente de Todos era recuperar los ingresos de los sectores medios y pobres. ¿Ves factible que el Gobierno de Fernández termine en dos años dando continuidad la distribución del ingreso heredada de Mauricio Macri?

No está pasando eso, estás equivocado. Durante el macrismo, las tarifas de servicios públicos y todos los precios regulados subieron muy por encima de la inflación. La reforma previsional les hizo perder a los jubilados más de 20% del poder adquisitivo del salario, se cerraron 25.000 empresas, se tomó deuda pública para financiar la timba. Que durante el Gobierno de Alberto Fernández sufrimos una crisis impredecible, que modificó las expectativas, es cierto. Que buena parte de los compromisos asumidos no se pudieron cumplir por la pandemia, obviamente. La economía y el comercio mundiales se derrumbaron, y la actividad económica se paralizó durante más de un año como consecuencia del aislamiento y el distanciamiento, pero la intención política y la orientación del rumbo general del gobierno están puestos en recuperar los ingresos de los sectores trabajadores. No hay ninguna medida que haya tomado el Gobierno que haya empeorado la situación social.

La estadística dice que la inflación superó los ingresos de los trabajadores no sólo en 2020, comprensible por la pandemia, sino también en los últimos meses.

El sector privado registrado le está ganando a la inflación; los sectores informales efectivamente están perdiendo un poquito. Estamos en el primer semestre del año. Todos somos conscientes de que la inflación es un problema estructural, que tiene una inercia anterior al Gobierno de Macri. Ese problema encontró un Gobierno que trató todo el tiempo de intervenir para nivelar la desigualdad y la pérdida del poder adquisitivo del salario. Con los bonos a los jubilados y pensionados, la reducción del impuesto a las Ganancias, una política de subsidios (a los servicios públicos) que actúa como salario indirecto, el IFE, el Repro II, la ATP. Un montón de políticas, en un contexto en el que todos los países del mundo están sufriendo una crisis similar a la nuestra. Pero nosotros tuvimos dos crisis, la de la pandemia y la que heredamos del macrismo, que combinaba recesión e inflación.

¿De qué manera se podrá dar el salto desde medidas de contención o reparatorias a una real recuperación de los ingresos?

En principio, la reactivación de la economía se empieza a notar en la construcción y en la industria. La redistribución del ingreso primaria es la del salario; la secundaria es cuando interviene el Estado. La recuperación del trabajo y del poder adquisitivo, en el marco de paritarias libres y de una política que tienda a fortalecer la capacidad productiva y exportadora, va en esa dirección. En segundo lugar, las modificaciones progresivas de los impuestos, por ejemplo, Ganancias para las empresas. Se modificó de tal forma que la pyme paga cinco puntos menos que antes, las empresas que facturan hasta $50 millones pagan lo mismo, y las grandes, 35%, cinco puntos más. Es una línea de trabajo. Con Bienes Personales pasó lo mismo. El macrismo lo reduce con la intención de poner un impuesto a la herencia, y después se olvidó de la herencia. Nosotros tratamos de gravar el patrimonio, que es lo que se recomienda en el mundo para disminuir la desigualdad social. Obviamente, siempre lo importante es la matriz de intervención del Estado para tratar de garantizar mayor igualdad de oportunidades.

¿Por qué no retoman la idea del impuesto a la herencia?

No es momento de discutir los impuestos de esa manera. Es una discusión que en la Argentina se tiene que dar de manera integral con todos los actores sentados a la mesa, porque si se llegara a dar el caso de que, por una mayoría circunstancial, se modifica parte de la matriz tributaria sin consenso suficiente, el día de mañana, si cambia el Gobierno, eso podría retroceder. Necesitamos consenso alrededor del concepto de equidad tributaria. Forma parte de esas políticas de Estado que siempre decimos que los argentinos tenemos que llevar adelante y muchas veces nos cuesta conducir.

No es momento de gravar la herencia. Necesitamos consenso

Intervinieron en la escala de Ganancias personales, subieron sustancialmente el piso y excluyeron del gravamen al segundo 5% que más ingresos tiene. ¿Eso no va en sentido contrario a la equidad impositiva, al terminar beneficiando a parte de la elite de mayores ingresos?

Estamos hablando de salarios de un piso de $150.000 pesos, no hay elite ahí.

Mientras el promedio de los salarios de los trabajadores es la mitad.

La discusión sobre el impuesto a las Ganancias viene de la época de Macri, que se había comprometido a eliminarlo y terminó incluyendo 1.5 millón de personas más. Cuando quitás ese descuento a sectores de clase media-media y media-alta, como destina esa plata al consumo, reactiva la economía y ello termina cerrando el círculo virtuoso de producción y empleo. Es un ejemplo de cómo tiene que girar la economía.

¿No hubiera sido más sano dedicar el monto que se deja de percibir por Ganancias a políticas que beneficiaran a sectores medios-bajos?

Si hay algo que nosotros hicimos fue poner recursos públicos en los sectores de menores ingresos, como la tarjeta Alimentar, que llegó a cuatro millones de personas. La Argentina está en una situación de emergencia. En 2020, tuvimos 6 puntos del PBI volcados al sostenimiento de la economía. Estamos teniendo 1,5 punto del PBI al plan de estímulo y aliento para superar las restricciones del Covid-19. El instrumental que tiene el Gobierno está supercondicionado. Si se trata de estabilizar los precios, se derrumba la actividad económica; si se trata de inyectarle dinero a la economía, se genera inflación. La capacidad del Gobierno de intervenir no es la misma que en otros momentos históricos. Aumentar el gasto público para inventar un nuevo instrumento monetario para asistir un sector, tal vez, en el intento de resolver un problema, termine produciendo otro. Se acaban de anunciar créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos de más de $150.000, exenciones impositivas para empresas que contraten a los pibes, capacitación para la clase media-media y media baja para el plan Argentina Programa. Hay una batería de políticas tendiente a asistir a los distintos sectores, pero las capacidades del Estado como consecuencia de las políticas del Estado y de la pandemia son mucho más limitadas que en otros momentos. La gente entiende que la respuesta del Estado en función de las capacidades con las que cuenta es satisfactoria. El contexto termina determinando el instrumental para intervenir.

Dos sectores, el de la agroexportación y parte de la generación de energía, lograron preservar sus ingresos en dólares en un contexto de privaciones colectivas y un peso depreciado. ¿A qué se debe ese privilegio?

Nadie está planteando en la Argentina subir las retenciones. Ningún sector lo tiene en la agenda.

Eso no invalida un instrumento que está bastante por debajo que hace una década, y consolida una alta rentabilidad.

Sobre ese tipo de detalle, hay que preguntarle al que se ocupa de la gestión. Las retenciones se modificaron y, si se tuvieran que subir, eso sería parte de una negociación política de la que no formo parte. Tampoco estoy en condiciones de establecer qué tipo de impuesto hay que cobrar a los generadores de energía, porque es un tema que tiene que ser evaluado en función de muchas variables.

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré.

¿Podrá Larreta llevar a cabo la rezonificación del predio de IRSA en Costanera Sur y el proyecto de Costa Salguero?

Si la sociedad se moviliza, no. Si no se moviliza, sí, porque el número, en la Legislatura, lo tiene. Lo único que puede cambiar la voluntad de Larreta es que sienta que pierde votos. Si la sociedad no se entera qué está pasando, probablemente eso no ocurra y el proyecto avance.

Aldo Roggio confesó ante la Justicia que pagó coimas a Ricardo Jaime para explotar el servicio del subte, Metrovías. El Gobierno de Larreta le prorrogó la concesión muchas veces y se apresta a otorgarle una renovación por muchos años. ¿Por qué el subte, que funciona tan mal, no aparece en la agenda de la oposición en CABA?

Cuando Aldo Roggio le dijo al juez que él había pagado coimas presenté un proyecto para excluir del registro de proveedores del Estado a los que se habían declarado pagadores de sobornos. El macrismo no me dejó tratarlo.

Sergio Berni y Patricia Bullrich sostienen que el peronismo de la Ciudad es socio del macrismo. ¿Qué pensás?

A Larreta nunca lo vi en mi vida. No soy parte de ninguna negociación, no tengo ningún funcionario en la Ciudad, ni me pidieron ayuda, ni colaboré. No tengo diálogo, sólo conozco a (Diego) Santilli porque era el vicejefe y presidente de la Legislatura.

¿Y el PJ de la Ciudad?

El PJ es amplio. Vengo del radicalismo, no soy quién para andar metiéndome en lo que tiene que hacer el peronismo y cómo tiene que desarrollar su vida interna.

SL

La Legislatura porteña dio este jueves media sanción al convenio urbanístico entre el Grupo IRSA y el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un predio de 71 hectáreas ubicado en la Costanera Sur.

Con 37 votos a favor y 20 en contra, el oficialismo porteño logró una primera sanción para el acuerdo con IRSA para levantar la urbanización promovida por la empresa como “Costa Urbana”, que ahora deberá ser debatido por la ciudadanía en una audiencia pública.

Sobre el proyecto, desde el Frente de Todos, principal bloque opositor en la Legislatura, el diputado Javier Andrade advirtió: “Con este mega emprendimiento, Larreta consolida su modelo urbano: una ciudad que garantiza los espacios verdes y el acceso al río a las minorías privilegiadas, y donde la vivienda es utilizada como negocio y reserva de valor por unos pocos”.

Desde el bloque oficialista Vamos Juntos (VJ), en cambio, el diputado Daniel Del Sol dijo que este convenio urbanístico es parte de un “plan de desarrollo urbano y sustentable cuyo objetivo es desarrollar el área sur de la ciudad, crear espacio público de calidad, incrementar los espacios verdes de acceso libre y gratuito y generar fondos para enfrentar la crisis generada por la pandemia”.

El convenio incluye cambios al tipo de uso del suelo del predio que, en la actualidad, solo tiene autorización para actividades deportivas, y habilita la construcción de edificios que tengan como máximo los 145 metros de altura.

A cambio, IRSA se compromete a ceder el 67 por ciento del predio para que sea un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por 10 años.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones ambientales y políticas presentaron un proyecto en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” la parcela costera de 70 hectáreas conocida como Ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, donde sus propietarios, el grupo IRSA, buscan construir una urbanización con edificios de hasta 45 pisos.

Entre las organizaciones que presentaron el proyecto se encuentran el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina - Autónoma (CTAA) de la región Capital.

La iniciativa ingresó este martes a la Legislatura y, en ella, sus autores argumentaron que la parcela del Grupo IRSA se ve afectada por el artículo 1.974 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad”.

Es que el predio se encuentra en la Costanera del Río de la Plata, al sur de la Reserva Ecológica existente, al lado del barrio popular Rodrigo Bueno y frente a la urbanización de lujo Puerto Madero.

En este sentido, las organizaciones también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el número 8, el cual dispone que los “espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”, y el número 27, que establece la “protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”.

En base a estas y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la “nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal”.

Así, buscan frenar un convenio entre el Grupo IRSA y el Gobierno porteño que actualmente tramita en la Legislatura local para cambiar las normas urbanísticas del predio, habilitado hasta el momento solo para actividades deportivas, y habilitar allí un conjunto de edificios que con formarían la urbanización promovida como “Costa Urbana”.

El tratamiento legislativo de ese acuerdo se encuentra suspendido, ya que una resolución de la justicia porteña en primera instancia determinó, haciendo lugar a una acción de amparo presentada por el ODC y otras organizaciones, que primero debe hacerse un estudio de impacto ambiental.

Ante este conflicto judicial, el bloque oficialista en la Legislatura (Vamos Juntos) decidió “reservar el expediente en secretaría” a la espera de mejores condiciones para su tratamiento.

Por el otro lado, el proyecto para crear una reserva ecológica en el predio, cuenta con la adhesión de casi 200 organizaciones de la Ciudad, entre las que se encuentran Eco House Global, Fundación Rumbos, Mesa de Mujeres del Barrio Rodrigo Bueno, Partido Humanista CABA, Partido Solidario, Partido Verde Argentina, Sindicato Argentino de Docentes privados (Sadop), Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Vecinos Autoconvocados de Barrio Olímpico y Vecinos Contra Mega Estadio Arena Villa Crespo.

Además, adhirieron de manera individual más de 2.000 ciudadanas y ciudadanos porteños.

Con información de agencia Télam.

IG

Con su proyecto para Costa Salguero frenado en la Justicia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó el siguiente ítem en la lista y buscó esta tarde someter a votación en la Legislatura un convenio urbanístico con la empresa IRSA para desarrollar un predio de 71 hectáreas en Costanera Sur.

 Sin embargo, el debate por el destino de los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca se pospuso debido a la existencia de una medida precautelar del juez Guillermo Scheibler, que ordenaba la suspensión del trámite hasta que el gobierno presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto, lindero a la Reserva Ecológica.

 Diego García Vilas, jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, consideró la orden como “manifiestamente arbitraria” y anticipó que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez. El legislador pidió que el tema se tratase como una cuestión de privilegio, pero no consiguió los dos tercios requeridos para sumarlo a la sesión ordinaria de hoy.

 Una fuente de Vamos Juntos indicó que la cuestión ahora se discutirá en la Junta de Interpretación y Reglamento mientras esperan que la Cámara revoque la decisión del juez del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, por lo que la iniciativa podría tratarse en las próximas sesiones.

 La propuesta del oficialismo porteño modifica los usos y parámetros que el Código Urbanístico determina para el predio ubicado entre la Reserva Ecológica y la Isla de Marchi y amplía los actuales usos deportivos permitidos al desarrollo de viviendas, comercios, oficinas y hoteles. A cambio, la empresa cederá a la ciudad 35 hectáreas para un espacio de acceso público.

 De aprobarse el proyecto, la idea de IRSA es parcelar y vender los lotes al mejor postor. Según cifras oficiales, actualizadas a julio de este año, el valor del suelo construido en el área supera los 2.250 dólares el metro cuadrado. Es decir que, de aprobarse los nuevos usos, todo el predio pasaría a valer como mínimo USD 1.612 millones, unas 32 veces lo pagado originalmente por la empresa.

 En su fallo, el juez Scheibler sostuvo que “cuando un convenio urbanístico versa sobre cambios en las normas que rigen extensas parcelas cuya valuación ascendería astronómicamente en caso de aprobarse, también deberían magnificarse en la misma proporción los recaudos de transparencia en cuanto a los estudios y evaluaciones técnicas que lo avalan y las posibilidades de la ciudadanía de informarse y opinar al respecto”.

 Antes de la sesión, la legisladora Claudia Neira (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Espacio Público, había denunciado ante elDiarioAR que el proyecto nunca fue girado a su comisión, como sí lo habían hecho los anteriores proyectos para el área. El proyecto tuvo un paso express por las comisiones de Planeamiento y Presupuesto, presididas por legisladores oficialistas.

 De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, cualquier ley que implique un cambio de norma urbanística debe pasar por un procedimiento de doble lectura, es decir, una primera votación, una audiencia pública y finalmente una segunda aprobación.

 Fue precisamente en la instancia de audiencias públicas donde otro proyecto del larretismo, la rezonificación de terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte, enfrentó la oposición de vecinos y grupos de interés. En abril pasado, el juez Leonardo Furchi declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio.

 ¿La quinta es la vencida?

Los planes para el desarrollo urbano en ese sector de Costanera Sur se remontan a 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, donde una ley nacional le cedió esos terrenos al club Boca Juniors para la construcción de una ciudad deportiva, con una doble condición: que la obra se termine en menos de 10 años y que no se venda.

 Debido a las sucesivas crisis económicas del club y del país, Boca nunca completó los trabajos. Sin embargo, los terrenos no regresaron al poder del Estado nacional. Más bien lo contrario: en 1989, el Congreso Nacional declaró cumplidas las obligaciones del club con el Estado y se le otorgó “capacidad de enajenación”, al tiempo que en los alrededores comenzaba a crecer el barrio popular Rodrigo Bueno. Tres años más tarde, bajo la gestión de Antonio Alegre y Carlos Heller, Boca vendió el terreno a Santa María del Plata, una sociedad anónima integrada por un grupo de socios encabezado por el constructor Juan Gerlach, a cambio de 20 millones de dólares.

 El gobierno porteño, ya con nuevas atribuciones como Ciudad Autónoma, propuso crear en el predio una villa olímpica en el marco de la (a la postre fallida) candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2004. A los pocos meses, IRSA puso 50 millones de dólares para quedarse con el 90 por ciento de las acciones de la sociedad propietaria de los terrenos. Desde entonces, fueron pasando los jefes de gobierno y los interlocutores pero no le fue fácil a la compañía “vender” un plan de desarrollo para el área.

 A principios de la década pasada, con Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño, se firmó un primer convenio con la compañía para desarrollar once torres de hasta 50 pisos y crear así el barrio residencial Solares de Santa María. “Cederemos el cuarenta por ciento de la superficie a la Ciudad, de modo que de cada diez hectáreas cuatro serán públicas”, dijo entonces el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, que acudió personalmente a la Comisión de Ecología para defender el proyecto.

 Aquel primer borrador preveía la cesión de espacios públicos y calles por parte del privado recién a partir de los 20 años, lo que convertía al emprendimiento en un barrio cerrado de facto. El gobierno porteño impulsó la iniciativa en tres oportunidades, siempre con alguna modificación, pero “la Dubai de Costanera Sur” no fue aprobada.

 En 2016, ya con Larreta como jefe de gobierno, el oficialismo reflotó el proyecto con un nuevo convenio, según el cual la empresa cedía 29 hectáreas para uso público y ofrecía unos 50 millones de dólares para urbanizar la Rodrigo Bueno y mejorar otro asentamiento en La Boca. La oposición denunció que la empresa estaba “pagando para obtener una ley” y que el gobierno porteño condicionaba la urbanización de una villa a la sanción de una norma. La idea tampoco prosperó.

 Fue así que se llegó a la versión pandémica del proyecto, rebautizado como Costa Urbana, en el que la empresa amplía la cesión de terrenos a un total 43 hectáreas, de las cuales 35 -se asegura- estarán destinadas a la creación de un parque público. Como contraprestación, la empresa obtiene un cambio de usos que le permitirá construir una treintena de edificios, incluyendo torres de hasta 145 metros de altura en el sector cercano a la Isla de Marchi. “Este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área, en relación con la política de recuperación del río para la ciudad y, al mismo tiempo, completará el desarrollo urbano de Puerto Madero”, explicó la empresa en su página web.

 Esta mañana, antes de conocer que finalmente no se votaría durante la sesión, los legisladores del bloque del Frente de Todos habían colgado carteles en sus atriles con la leyenda “No al Puerto Madero de Larreta de IRSA” y “No al Puerto Madero 2”.

 “El proyecto no ha sido diseñado ni encuentra sustento alguno en el marco del Plan Urbano Ambiental, omitiendo sistemáticamente una mirada integral de la Ciudad y del espacio público”, denunció Neira. “No sólo se le concede al privado la potestad diseñar el espacio público y el master plan general, sin mediar participación ciudadana ni estatal, sino que también se le otorga la posibilidad de orientar el destino de su contraprestación”, concluyó. 

WC

Cresud, la empresa agropecuaria controlada por la familia Elsztain, busca hasta US$ 43 millones en la bolsa para “aprovechar las oportunidades que se presenten”, un eufemismo de la jerga financiera que refiere a comprar activos a bajo precio en tiempos de crisis.

“Entendemos las crisis como oportunidades y creemos que este es un buen momento para seguir creciendo, tal como hizo la compañía en las crisis de 2002 y 2008”, dijo el gerente ejecutivo de la empresa Alejandro Elsztain, hermano menor de Eduardo, el líder de la familia.

La empresa buscará el financiamiento a través de una ampliación de capital, lo que se conoce como follow on, una de las maneras alternativas que tienen las empresas para financiarse en el mercado que se utiliza por lo general cuando los costos de endeudamiento son superiores al 10% anual, como es el caso actual que enfrentan las empresas argentinas.

El tan citado riesgo país de 1.500 puntos que se reporta diariamente significa que cuando una empresa argentina busca financiarse en el mercado de capitales internacional a través de la venta de deuda, los inversores le reclamarán por lo menos un 15% de retorno anual, la sobretasa que demandan para prestarles dinero por encima de lo que paga el Tesoro de los Estados Unidos. A través de las ampliaciones de capitales, son los propios accionistas los que traen el dinero convencidos de que la gerencia les devolverá mayores ganancias.

Cresud venderá hasta 90 millones de acciones a un precio indicativo de US$ 0.472, otorgándole un periodo de preferencia a los accionistas registrados hasta el 19 de febrero. Esos accionistas conocerán el precio definitivo de las acciones el 25 de febrero y tendrán hasta el 5 de marzo para decidir si optan ejercer su derecho a comprar más acciones para evitar que se les licue su tenencia con la llegada de nuevos accionistas o mantienen el número de acciones que ostentan en la actualidad.

“Si finalizado el período de suscripción preferente y acrecer quedaran acciones sin suscribir, el remanente de acciones se podrá ofrecer a nuevos inversores para que las adquieran”, dijo la empresa en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico.

Auge de commodities

Cresud es la primera empresa argentina en salir a buscar financiamiento a través de una ampliación de capital desde 2017. Realizará la operación a través de su brazo financiero, el banco de inversión BACS. A su vez, fue la primera empresa agrpecuaria latinoamericana en listarse tanto en la Bolsa Argentina como en la New York, y sus ejecutivos son conocidos como magos de las finanzas que estructuraron su negocio como fuente de financiamiento para expandirse en el sector de las propiedades, lo que se conoce como real estate.

“La empresa busca aumentar su capital en un muy buen momento por el auge de los commodities,” dijo Elsztain. “Vemos potencial en el sector agropecuario regional, en las actividades de servicios comerciales llevadas a cabo por nuestras subsidiarias FyO y Agrofy, así como en nuestros negocios de real estate, que poseemos a través de Irsa”, dijo la firma.

La empresa produce granos, caña de azucar y ganado en aproximadamente 800.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. A través de su controlada Irsa opera shopping centers como el Alto Palermo y el Dot, así como hoteles de lujo como el Llao-Llao y el Intercontinental.

PG