La Justicia federal profundizó este viernes la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó el allanamiento de la oficina que ocupaba Ornella Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, quien renunció tras el hallazgo de una fuerte suma de dinero en su domicilio.

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en su casa 700 mil dólares y otras divisas. El dato se conoció recién esta semana y derivó en su salida inmediata del Gobierno. Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como el presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha.

Fuentes de la causa informaron que los funcionarios judiciales “fueron a buscar dispositivos electrónicos” y que durante el allanamiento “se llevaron computadoras y documentación” que será incorporada al análisis del juzgado.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

Con información de medios

JIB

La causa que investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero por sus vínculos con “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico, sigue avanzando. Este miércoles se conocieron nuevos allanamientos en la ciudad de Pergamino, donde es oriundo el excandidato libertario, ordenados por la fiscalía federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, quien lleva adelante la investigacion por el pago por US$ 200.000 que Espert recibió de Machado.

Según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales, estos operativos policiales serían una continuación del allanamiento que se realizó en la casa del propio Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre, luego de que este medio revelara los vínculos entre el diputado nacional –quien tuvo que renunciar a su candidatura y pedir licencia en la Cámara baja–con Machado, el empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos y que se encuentra a la espera de que se concrete un pedido de extradición a ese país.

La justicia ingresó a un estudio contable situado en la calle Estrada al 500 y un domicilio en Merced al 1200, ambos vinculados al contador Fernando Escobar, amigo del diputado y quien le habría brindado a Espert un domicilio fiscal, confiaron a elDiarioAR dos fuentes distintas.

“En el oficio de la fiscalía decía que buscaban información relacionada a Fred Machado”, apuntó un testigo, según pudo reconstruir el sitio local de noticias Periodismo en bicicleta, que tuvo la primicia.

El operativo lo llevó adelante Gendarmería, cuyos efectivos se llevaron una sorpresa cuando encontraron el estudio contable con un cartel en la puerta que rezaba “Cerrado x hoy”.

El contador Escobar fue detenido en Ezeiza la noche de este miércoles, cuando aterrizó tras un vuelo comercial proveniente de Madrid. La policía lo demoró por instrucción de la fiscalía y le secuestró dos celulares y una captura, para luego liberarlo. Los investigadores entienden que es una pieza fundamental para entender el circuito del dinero relacionado a Espert y Machado.

Tal como viene revelando elDiarioAR, Espert recibió al menos US$200.000 de Machado durante la campaña presidencial de 2019. Además, el presunto narco le aportó una camioneta blindada y pusó a su disposición un avión privado en el que, según el mismo Espert reconoció, voló al menos 35 veces.

Este nuevo allanamiento muestra hasta donde podría extenderse el aporte de Machado a Espert. En un reportaje con Futurock el pasado 1 de ocubre, la exjefa de prensa del diputado, Clara Montero Barré, contó que muchas veces, en 2019, durante la campaña presidencial, Espert utilizaba el avión privado para viajar a Pergamino a visitar a su familia “cosa que incomodó a los aportantes”.

Por esos vínculos, el libertario tuvo que renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dejar la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

MC

Efectivos de la Policía Federal encontraron el contrato por U$S 1.000.000 que José Luis Espert firmó con “Fred” Machado. El documento fue hallado durante el allanamiento que se realizó en casa del empresario acusado por narcotráfico en los Estados Unidos en el marco del proceso de extradición a ese país. Así lo confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales.

El contrato confirma el anticipo de este medio sobre que el acuerdo entre el ahora excandidato del oficialismo y Machado era mucho mas amplio que los U$S 200.000 que Espert reconoció.

Según se lee en el documento, el acuerdo entre ambas partes fue firmado el 7 de junio de 2019, apenas dos semanas antes de que Espert anunciara su candidatura a presidente.

El documento, que fue encontrado roto y abollado en un tacho de basura en la casa de Machado, desmiente también otra de las versiones de Espert: que esos U$S 200.000 fueron parte de un pago por asesorar a Minas de Guatemala y que él desconocía el vínculo de esa empresa con Machado. Sin embargo, el contrato que lleva su firma aclara que Machado actúa en representación de Minas de Guatemala.

Machado, a punto de ser extraditado a Estados Unidos donde la justicia ya condenó a su socia  Debra Mercer-Erwin a 16 años de prisión por lavado de dinero, narcotráfico y fraude, fue acercado en marzo de aquel año al entonces candidato del Frente Despertar, porque supuestamente se sentía atraído por sus ideas. Machado cedió un avión y una camioneta, donó fondos y participó lateralmente de la estrategia política. Dos años después, el dueño de South Aviation fugaría a la Argentina para evitar ser detenido en Texas.

En una nueva medida en la causa iniciada por Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello por la retención de alimentos destinados a poblaciones vulnerables, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7 ha emitido una orden de presentación con allanamiento en subsidio de la sede de de la Dirección de Logísitica del Ministerio de Capital Humano, situada en Av. de Mayo 869, Ciudad de Buenos Aires.

Es decir le reclaman una serie de documentación que, en caso de no presentarla, podrían avanzar con un allanamiento.

La medida, firmada por el Juez titular del juzgado, se enmarca dentro del incidente de medida cautelar CFP N° 357/2024/1, que investiga posibles irregularidades en la Dirección Logística del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

La orden, que debía cumplirse a las 10:30 horas del día de hoy, requiere que el Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina entregue un back up de la computadora asignada a Pablo Ariel Berardi, director de la mencionada dirección. Además, se solicita la entrega de todas las órdenes de entrega emitidas desde el 27 de mayo de 2024, así como los partes diarios de los depósitos “Buenos Aires” y del Centro Operativo Tucumán, que deben incluir detalles sobre stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos.

También se exige la provisión de constancias del sistema informático S.U.M.A. que registren los movimientos de alimentos desde la misma fecha. La orden de presentación incluye el acceso a varias cuentas de correo electrónico utilizadas por empleados y funcionarios para actividades oficiales, con el objetivo de extraer todos los correos enviados y recibidos desde el 27 de mayo hasta la fecha.

El procedimiento deberá ser llevado a cabo con la presencia de dos testigos de actuación y se deberán levantar las actas correspondientes conforme a las disposiciones legales. Si no se cumple con la orden, se autoriza al personal policial a proceder con el allanamiento de la entidad para el secuestro de la documentación requerida. En tal caso, se deberá seguir el artículo 224 del Código Procesal Penal de la Nación, y se podrá hacer uso de la fuerza pública si fuera necesario.

La documentación recabada deberá ser enviada en formato digital al correo electrónico del juzgado. Si no se puede extraer la información requerida, se deberá consultar al Tribunal para determinar el siguiente paso a seguir.

El ministerio de Pettovello culpó a los medios que “informan incorrectamente”

Por la tarde llegó la respuesta oficial del Ministerio de Capital Humano: “Funcionarios del juzgado del Dr. Sebastián Casanello se presentaron el día de la fecha en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia para cumplimentar una diligencia vinculada con la causa que tramitan. A pedido del Juez, se aportaron al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 diversos elementos que fueron solicitados por el juez Sebastián Casanello por medio de una orden de presentación”, dice un comunicado al que tuvo acceso elDiarioAR.

Asimismo, se señala que “entre los elementos presentados se encuentran el back up de la computadora asignada al Director de Logística de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo; los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos; las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios”.

“Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales. Más allá de esto, es importante recalcar lo que muchos medios informan incorrectamente en cuanto a que, sin perjuicio de la presentación de los recursos y diligencias que se dispongan, el Ministerio de Capital Humano está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos”, dice el comunicado y agrega que “en esta línea el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia la Nación a través del cual se busca defender la división de poderes marcando que el Poder Judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo”.

DM/JJD

El expediente por desmontes ilegales en Chaco avanzó en los últimos días con allanamientos en la provincia y la decisión del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, de extender la investigación no sólo a funcionarios y exfuncionarios sino también a empresas y empresarios que se beneficiaron económicamente con la deforestación ilegal de bosque nativo, informó el magistrado en diálogo con elDiarioAR. 

En este expediente y a pedido del fiscal y los denunciantes, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó al gobierno de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia y dispuso días más tarde una serie de allanamientos y órdenes de presentación en la Casa de Gobierno chaqueña, la consultora privada del ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, y la sede de la Dirección de Bosques de la localidad de Sáenz Peña, confirmó el fiscal Sabadini a este medio. Antes de ingresar en la función pública en diciembre último, Halavacs tramitó el 40% de los desmontes para empresarios en la provincia entre 2014 y 2021.

La orden que tramitó la Gendarmería Nacional era hacerse de la documentación ligada a todos los permisos de desmonte emitidos por la provincia, el registro de infractores y las medidas tomadas contra los mismos, el destino de dinero de las multas y de otros fondos cuestionados por los denunciantes, informó Sabadini.

Tras imputar a Halavacs y funcionarios y diputados de la provincia por la presunta falta de control y el otorgamiento de permisos de desmonte con irregularidades, la causa ingresó en una segunda etapa, en la que la fiscalía trabaja en un dictamen sobre responsabilidad penal empresaria en la deforestación ilegal, explicó Sabadini.

La causa nació con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA) contra Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco por supuestamente integrar un “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, es decir, empresas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

El caso

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED/JJD

El financista Leonardo Fariña declaró esta tarde, junto a otros cuatro detenidos, ante el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, en la investigación por los allanamientos a “cuevas” del pasado miércoles. El acusado se encontraba en la financiera de Belgrano cuando comenzó el operativo policial y quedó detenido.

Ante la justicia, Fariña explicó que se encontraba allí porque había ido a visitar a un amigo y aseguró que estuvo en el edificio donde operaba la financiera ─ubicado en Avenida Juramento al 1400─ en cinco oportunidades, pero que no era un lugar que frecuentara. Pidió que se constataran dichas visitas en el registro de entradas al edificio y con el GPS de su tobillera electrónica.

Tras su detención en el marco del allanamiento a la “cueva”, Fariña quedó imputado en la causa por presunto lavado de dinero y violación al Régimen Penal Cambiario. Junto a él, están siendo investigados sus dos hermanos, Damián Alejandro Frare (26) y Romina Mariela Frare (25), y una pareja integrada por Antonella Somma (32) y Carlos Senande (28). Todos ellos, sin embargo, fueron excarcelados este viernes.

El allanamiento a la financiera se dio luego de que se determinara que desde esas oficinas se alentaba una corrida bancaria. Cuando la División Antifraudes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Federal arribó al lugar, se secuestraron 200 millones de pesos en billetes, sumas menores en dólares y euros. Todo el efectivo estaba distribuido entre cinco valijas y una caja fuerte chica.

Según explicaron investigadores a Télam, cuando llegó la policía, Fariña estaba en actitud de dominio de la situación y se encontraba del lado del mostrador de quienes no son clientes. Además, indicaron que otra persona que se encontraba allí en calidad de cliente no quedó detenida.

ACM con información de agencias.

El exfinancista condenado por lavado de dinero Leonardo Fariña fue detenido esta tarde durante un procedimiento realizado por la Aduana y la Policía Federal en una “cueva” del barrio porteño de Belgrano, en donde se secuestraron cajas y valijas con $500 millones. El operativo forma parte de los procedimientos de control de la comercialización de divisas que se vienen realizando en las últimas semanas.

Fuentes de la investigación señalaron que el allanamiento se realizaba en un departamento de Juramento 1475, a metros de Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue encontrado y detenido el exfinancista, sobre quien pesa una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero.

En el operativo, se hallaron cajas y valijas con cerca de $500 millones en la “cueva” que los investigadores aseguran era manejada por Fariña.

En los últimos días se realizaron distintos allanamientos en domicilios del microcentro y el Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires que operarían como “cuevas”, dentro de una causa que aún no se termina de esclarecer si podría tener vínculos con la que investiga al financista Ivo Rojnica, conocido como “El Croata”.

En aquella oportunidad los allanamientos se llevaron a cabo en Esmeralda 1080 y en la avenida Corrientes 345 y 456, informaron fuentes oficiales, que aseguraron que desde esos lugares “coordinaban la suba del dólar blue”. Ese procedimiento fue llevado adelante en forma conjunta por la PFA, la Dirección General de Aduanas-AFIP y el Banco Central.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya investiga a Rojnica por manejar una “cueva” en el microcentro porteño, pero se había negado a detenerlo por no existir a su criterio riesgos procesales.

MM con información de Agencia Télam

La Justicia Penal Económica, junto a efectivos de la Policía Federal y agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), realizaron este miércoles por la tarde una serie de operativos en “cuevas” del microcentro porteño, ante maniobras de intermediación financiera.

Mientras tanto, el dólar blue se disparó otros siete pesos y alcanzó un nuevo máximo nominal de $527, para luego ceder y cerrar la jornada a $525. Al acercarse los comicios y ante la incertidumbre del resultado, el mercado suele cubrirse por lo que aumenta la demanda de dólares.

Los operativos fueron anunciados por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “En este momento, la Justicia Penal Económica y la AFIP se encuentran realizando operativos en la city, con el objeto de detener al grupo denominados 'liquidadores', personas que intermedian con los corredores con pesos de origen, conocido como en negro. Intervienen, además, UIF y Policía Federal”, señaló.

Estos operativos suelen ser un clásico método de control cuando se acelera el valor de la divisa paralela o bien para mostrar interés del Gobierno para controlar la situación cambiaria.

Tras una calma en el mercado paralelo durante mayo y junio, a partir de julio y sumado a la incertidumbre por la negociación del staff técnico del Ministerio de Economía en Washington con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el dólar blue aumentó $32 pesos en las ultimas ocho rondas.

Los economistas coinciden que la coyuntura también le agregó presión a las cotizaciones: inflación anual de tres dígitos, reservas netas negativas en el Banco Central (BCRA), además de una persistente emisión de pesos.

El 10 de julio pasado, dos personas fueron detenidas en el marco de 23 allanamientos realizados ante una denuncia presentada por la Aduana en una causa por presunta fuga de divisas, por un monto estimado en al menos US$5,5 millones, los cuales habrían ido a parar a bancos de Estados Unidos.

Esa cantidad de dólares fue obtenida a valor oficial para ser utilizados en supuestas importaciones de bienes.

Las maniobras fraudulentas habrían sido realizadas por 5 empresas que simularon importaciones con documentación apócrifa, con el objetivo de girar divisas a bancos estadounidenses, sin ingresar ningún tipo de mercadería al país.

La Dirección General de Aduanas radicó la denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 9 a cargo del juez Javier López Biscayart, subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.

LC con información de agencias

La Justicia Federal dispuso de 23 allanamientos en el marco de una causa por fuga de divisas presentada por la Dirección General de Aduanas, en la que se denuncia la falsificación de documentación vinculada a giros anticipados de bienes de capital que derivó en un fraude aproximado de US$ 5,5 millones. Hubo dos detenciones.

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, junto al Comisario General a cargo de Delitos Federales, Carlos Ñamandú, dieron una breve conferencia de prensa. Michel detalló: “Este procedimiento se llevó adelante por una denuncia de la Aduana con la intervención del Juzgado Penal Económico número 9, a cargo de Javier López Biscayart, bajo la subrogación del juez Marcelo Aguinsky”. La causa quedó caratulada como: “MINERBIT SA Y OTROS S / INF. LEY 22.415”, nº 163/23.

Explicó que se detectaron “falsos importadores con carpetas truchas, que falsificaban la documentación bajo la modalidad SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones)”. “Tenemos detenido al cabecilla de la banda, un contador de Mar del Plata, y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían servicios para que estas empresas truchas abran cuentas en Miami, sin registros de importación alguna”, añadió el Director General de Aduanas.

Por su parte, el comisario Ñamandú dijo que la investigación se inició hace “seis meses y del estudio surgieron 23 allanamientos, que están en pleno curso en este momento”. “Las órdenes de presentación involucran también a distintas entidades financieras y como en todo delito económico se secuestra la documentación para hacer el hilo del dinero”.

El personal aduanero ingresó a las sucursales de BBVA Argentina, Galicia y Supervielle. Además, también concurrieron a otras entidades públicas. El jefe policial acotó que en uno de los allanamientos, en la ciudad bonaerense de San Miguel, se secuestraron “cinco armas”.

De las cinco empresas que habrían participado del ilícito, solo una estaba registrada como exportadora y tenia la capacidad económica para importar. Las otras cuatro simplemente eran carpetas sin actividad económica.

De acuerdo las fuentes, personas físicas y sociedades se habrían encargado de burlar el sistema de autorización de importaciones para la compra de dólar oficial para luego girarlos al exterior. Adulterando las SIMIs, ofrecían sus servicios a empresas falsas.

De esta manera, esas compañías se hicieron de US$ 5,5 millones en cuentas en Miami, Estados Unidos, sin importar nada. Por eso, la Aduana solicitó la colaboración de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) para que aporte información económico-financiera de registros estadounidenses.

“Estos datos son esenciales para dilucidar la maniobra en su totalidad, incluido el rulo financiero y el entramado de sociedades utilizadas”, señaló la Aduana en un comunicado.

La investigación surgió luego que agentes especializados de Aduanas pusieran la lupa en 9 declaraciones del SIMI -que estuvo vigente hasta el año pasado- que resultaron inexistentes. El SIMI fue el anterior mecanismo utilizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para monitorear compras realizadas en el exterior.

Desde la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda en agosto del año pasado, el SIMI fue reemplazado por el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), con el objetivo de mejorar los controles y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Al respecto, Michel señaló que “esto era el viejo sistema SIMI; con el actual que implementó el ministro Massa, el sistema SIRA, donde hay un cruce de bases de datos al momento del giro, eso no ocurre”. Agregó que “el SIMI evidentemente tenía algunos puntos débiles que son los que mejoramos a través del nuevo sistema de importaciones”.

El titular de Aduanas concluyó: “Nuestra prioridad, la del ministro, la de todo el gobierno es que los dólares se destinen a la producción y al trabajo argentino y no a la especulación financiera”.

LC con información de agencias

Marcos Antonio Domínguez, joven de 18 años con incapacidad motora, y su novia de 17 años, Belén Ontiveros, fueron arrestados en Jujuy, este miércoles, tras un allanamiento ilegal sin orden judicial. Así lo denunció la abogada jujeña, Alejandra Cejas, quien indicó que los efectivos policiales ingresaron violentamente a la vivienda ubicada en el barrio Coronel Arias de la capital durante la madrugada.

“Irrumpieron de forma violenta, sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso y les daban la orden de que guarden silencio”, explicó en relación al accionar de los 10 efectivos de infantería que llevaron a cabo el allanamiento.

Sin mostrar ningún acta o papel con firma de un juez, los policías esposaron a todos los miembros de la familia, menos al padre, y se llevaron detenidos a Marcos Domínguez y su pareja, que se encontraban mirando televisión.

Según la denuncia realizada, los oficiales también “se llevaron $200.000 que se encontraban en el domicilio por una colecta para la operación del nieto que es sordo, y requiere un aparato e intervención quirúrgica, para que pueda escuchar”. Secuestraron, además, un automóvil, dos motos, 8 celulares de los presentes y uno adicional que no tenía uso.

El operativo también incluyó una presunta búsqueda de drogas y requisa de todos los miembros de la familia. “Terminada la requisa, uno de los efectivos tiró una bolsa verde con drogas aparentemente, diciendo que eran 2 mm de pasta base, riéndose y sin presencia de testigos”, establece el documento presentado por Cejas.

La abogada recordó que el joven había sido detenido el pasado 20 de junio en el marco de la represión del estado jujeño. En aquel momento, la madre denunció apremios, golpes y torturas diversas que incluyeron meter la cabeza en un balde de agua y mantenerse arrodillado durante 6 horas. “Claramente el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida y un acto de intimidación a Domínguez y su familia”, afirmó la letrada.

Con información de agencias

La Policía Científica levantará el asfalto de una cuadra que fue pavimentada hace unos días en el marco de nuevos allanamientos en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski e investigará por qué sólo se decidió cubrir un tramo de menos de 50 metros.

Los vecinos del barrio habían notificado que la cuadra fue hecha durante la madrugada y que sólo se recubrió un espacio muy limitado. De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Pierri, la nueva información que va surgiendo podría estar vinculada a la recompensa impuesta por el Ministerio de Seguridad. “Permite que la gente diga la verdad y colabore”, aseguró.

En los próximos días se prevén nuevos allanamientos y rastrillajes en el barrio Emerenciano Sena y zonas linderas.

Este jueves, los fiscales a cargo de la investigación aseguraron que tienen “fuertes indicios” sobre lo que pasó con la joven en la casa de la familia Sena y consideran que, cuando finalice el plazo para dictar las presiones preventivas, se aplicarán sobre los siete acusados. Desde el Equipo Fiscal Especial (EFE) aseguraron que el hecho “macabro y atroz” fue planificado y que marcará “un antes y un después en la historia judicial” de Chaco.

Con información de agencias

El director de la Aduana, Guillermo Michel, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional, encabezaban este mediodía una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas.

“Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia”, explicó Michel.

El funcionario declaró a las puertas de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”. En el expediente, se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”, precisó la Aduana en un comunicado.

Michel detalló que los conceptos que se utilizaron eran “B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes”, los cuales el organismo puntualizó que “se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de televisión; incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas”.

“Desde el 17 de octubre último, que el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria”, amplió el director.

En este sentido, Michel afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país”, tal como se hizo en la causa NRG.

“Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía”, profundizó el titular de la Aduana.

“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, apuntó Michel.

En ese marco, agregó: “Vamos a pedir el cruce de llamadas de todos estos empleados infieles de los bancos y una investigación patrimonial porque estas transferencias al exterior con documentación apócrifa son cerca de 233 por un total de más de US$ 5 millones y no podrían haberse realizado sin un empleado infiel que permita la operación”.

Por último, el funcionario señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por US$ 700 millones, las cuales no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

LC con información de Télam

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en una causa que investiga a una banda dedicada a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.

La investigación, a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini, llegó el pasado jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero les secuestraron elementos de interés para la causa.

Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.

“Se secuestraron en ambos domicilios elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional”, informó la PFA en un comunicado.

La causa judicial comenzó a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que “una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios”, indicó el comunicado.

La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que logró “identificar la primera línea de esta organización delictiva” que “lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares”, se detalló.

Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que “se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord”, añadió el comunicado de la PFA.

“El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países”, aportó el comunicado.

Esta investigación está vinculada con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.

Pero el juez federal Luis Armella habilitó este viernes el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, y esta madrugada finalmente salieron de la terminal junto a otras 14 embarazadas rusas que llegaron en vuelos de Ethiopian Airlines.

La decisión de Armella se respaldó en “el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias”, aunque el magistrado sostuvo que “fue correcto lo que hizo Migraciones, ya que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista”, indicaron fuentes judiciales.

Por otro lado, agentes de la División Asuntos Migratorios conjuntamente con inspectores del área de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) realizaron durante esta madrugada un operativo para determinar si las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país el jueves estaban en el domicilio consignado al arribo.

Los funcionarios concurrieron a los hoteles Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express y Esplendor, todos de la Ciudad de Buenos Aires, donde comprobaron que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso, solamente había ocho en el domicilio consignado.

Con ello pudo determinarse que en su mayoría habían aportado domicilios a los cuales no iban a concurrir, “observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad”, indicó el comunicado de la PFA.

“Este accionar, denota otro interés por parte de los supuestos turistas, no siendo este el de querer conocer y disfrutar nuestro país sino, que a grandes rasgos refleja la intención de aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I / Pasaporte) que otorga nuestro gran país a todas las personas de bien que quieren residir de forma legal en el Territorio Nacional”, indicó el texto.

MB con información de agencias de noticias Télam

La Justicia allanó hoy el frigorífico SUBGPA, de Berazategui, en el marco de la causa que investiga los casos de intoxicación por Shigella, Salmonella y Leptospirosis que dejaron dos muertos y varias personas afectadas.

El allanamiento con más de 100 personas, realizado por la Policía Federal, y en el que también intervienen la ANMAT y la Fiscalía 7 de Berazategui, llega luego de que el Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires actualizó los resultados sobre los casos de intoxicación ocurridos en Berazategui en enero pasado y confirmó que dos de los infectados dieron positivo por Leptospirosis.

Fuentes oficiales de la cartera de Salud bonaerense indicaron, a través de un comunicado, que “los casos de los 4 adultos internados por diarrea aguda en Berazategui, ocurridos en las primeras tres semanas de enero de 2023, dieron lugar a un estudio por sospecha de brote de origen alimentario, debido al antecedente común de ingesta de carne y derivados”, y se confirman Leptospirosis y Salmonelosis según lo informado.

Los análisis de las muestras correspondientes permitieron confirmar que dos de los casos comunicados presentaron como antecedente común el consumo de carne y derivados provenientes de una misma carnicería (un varón de 48 años, fallecido, y otro de 40 años). En tanto, en los otros dos casos no se identificó una fuente común alimentaria.

En la carnicería identificada se realizó el decomiso de alimentos (carne picada y preparación para milanesas), así como en el transporte distribuidor (achuras).

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó el análisis de las muestras, informando la ausencia de Salmonella y Escherichia Coli, explicaron desde la cartera sanitaria.

Los cuatro casos

Las características de los cuatro casos detectados fueron de un hombre de 48 años, fallecido el 12 de enero, cuyo cuadro de diarrea se inició 4 días antes, con diagnóstico de Salmonella Tiphymurium en materia fecal.

Un hombre de 36 años, con antecedente de diarrea, internado el 16 de enero con shock séptico, fallecido el 17, con diagnóstico de Salmonella y Shigella en materia fecal, y confirmación de Leptospirosis. Un hombre de 40 años, que inició síntomas el 14 de enero, fue internado con diagnóstico de erisipela y diarrea por Salmonella, y fue dado de alta el 30 con buena evolución (estuvo vinculado al primer caso por haber comprado en la misma carnicería).

Y un hombre de 47 años, que comenzó con el cuadro el día 17, fue internado el 20 con shock séptico, que presentó buena evolución, también se confirmó Leptospirosis. En este caso no se aislaron bacterias patógenas en materia fecal

La justicia federal ordenó esta tarde un nuevo allanamiento en la vivienda que habitaban Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó atentar contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su novia Brenda Uliarte, informaron fuentes judiciales.

La medida fue ordenada por la jueza María Eugenia Capuchetti tras un pedido formulado por el fiscal Carlos Rívolo y el objetivo es el de saber si en ese lugar pueden quedar elementos que sean útiles para la investigación y que hubieran sido pasados por alto en el primer allanamiento.

Se trata de un monoambiente ubicado en la calle Uriburu al 700, en Villa Zagala, partido de San Martín, alquilado por Sabag Montiel hace ocho meses, a donde llegó a convivir por Uliarte.

En el primer allanamiento realizado en esta vivienda se encontraron las 100 balas distribuidas en dos cajas y una computadora laptop, entre otras cosas de utilidad para la investigación.

El procedimiento de hoy será realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), fuerza a la que, según confirmaron a Télam fuentes de la investigación, la jueza le asignó hoy una batería de medidas de prueba que se encuentran en desarrollo.

Sabag Montiel y Urliarte, en tanto, permanecen detenidos luego de haber cumplido con el acto de las indagatorias ayer por la noche en las cuales se los acusó por el intento de asesinado de la vicepresidenta.

DA

Los primeros diez detenidos desde el viernes por presuntos delitos atribuidos a la "Escuela de Yoga" de Villa Crespo se negaron a declarar ante el juez federal Ariel Lijo y pidieron las respectivas excarcelaciones. Son todos hombres, que fueron trasladados esta mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002 para cumplir con el trámite de la indagatoria.

Esta tarde harán lo mismo con las mujeres que fueron detenidas durante el fin de semana, aunque también se negarán a declarar y reclamarán quedar en libertad. Así lo informó el abogado particular de todos los detenidos, Federico Bossi Ballester.

Los imputados sostienen que esta nueva investigación es similar a la que se desarrolló en los '90 y estuvo a cargo inicialmente del entonces juez Mariano Bergés. En aquel expediente, argumentan, todos fueron sobreseídos pero ahora resultan imputados de nuevo por episodios de la misma naturaleza por los que la Justicia ya se pronunció.

Fuentes judiciales añadieron incluso que algunos de los nuevos hechos por los que están acusados se remontan a 2004.

Después de identificar a cada detenido y describirles los hechos que les imputan, que implican múltiples delitos del Código Penal, desde trata de personas hasta asociación ilícita, pasando por corrupción de menores, reducción a la servidumbre y estafas, el juez Lijo preguntó si iban a prestar declaración. Todos se ampararon en el derecho constitucional de no hacerlo, sin que ello implique presunción de culpabilidad en su contra.

Los detenidos fueron apresados en unos 50 allanamientos que realizaron desde el viernes, como consecuencia de una larga investigación ordenada por Lijo. Entre los detenidos está Juan Percowicz, un hombre de 84 años de edad que ya había estado vinculado con una investigación similar, dos décadas atrás y por hechos similares.

En los procedimientos, a cargo del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal, fueron secuestrados autos, computadoras, teléfonos celulares, documentación y otros elementos de contenido sexual.

MB con información de agencia de noticias NA

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó hoy que el FBI hizo un allanamiento en una de sus propiedades en el estado de Florida.

El republicano hizo público el procedimiento en un comunicado difundido a la prensa pero las circunstancias del procedimiento aún no eran claras esta noche del lunes.

La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, dijo que la agencia no tenía comentarios cuando se le preguntó si el fiscal general Merrick Garland había autorizado personalmente el procedimiento, informaron medios locales.

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su declaración.

La casa allanada del exmandatario, quien dio gestos de estar listo para una nueva candidatura presidencial, está ubicada en Mar-a-Lago (al norte de Miami), Florida.

El Departamento de Justicia estuvo investigando el descubrimiento de cajas de registros que contenían información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago después de que concluyera la presidencia de Trump.

Ese hecho fue remitido al Departamento de Justicia por la Administración Nacional de Archivos y Registros, que dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia.

Las leyes federales de Estados Unidos prohíben el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados.

Hasta esta noche las autoridades no habían informado si la búsqueda del FBI estaba relacionada con esa investigación.

El hecho se conoció el mismo día en que la televisora CNN difundió imágenes que revelarían dos ocasiones en las que el expresidente habría tirado documentos por el inodoro.

La emisora sostuvo que, igual que en otras ocasiones, Trump “se burló” de las leyes sobre el mantenimiento de registros y aseguró que rompía documentos, borradores y memorandos después de leerlos.

Una investigación separada relacionada con los esfuerzos de los aliados de Trump para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio también se intensificó en Washington.

Con información de Télam.

La casa de la periodista Manuela Calvo fue allanada el domingo pasado con una orden por “desobediencia a la autoridad”. Además, le secuestraron su computadora, la de su marido, el celular, discos rígidos y pen drives. La Red de Comunicadoras de la provincia, al igual que las secretarías de la Mujer y Diversidad y de Derechos Humanos repudiaron el accionar judicial. Calvo había realizado un documental sobre el caso de Arcoiris, una niña que fue revinculada con su familia paterna a pesar de tener una denuncia por abuso contra el abuelo. Aunque el documental nunca se estrenó, la orden dispuesta por la jueza María Eugenia Torres, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral 1, ordenó secuestrar todo dispositivo y material vinculado al caso de la niña. 

La comunicadora habló con elDiarioAR y calificó como “gravísima” la medida. “No explican por qué es, yo supongo que está vinculado a la orden judicial de febrero de 2021 cuando me hacen censura previa para que no emita un corto de ficción de dibujos animados sobre revinculaciones forzosas. Yo estaba haciendo el documental sobre el caso, en ese proceso decidí también hacer un corto para expresar con arte lo que no podía expresar periodísticamente. Lo presenté en un concurso y gané. Pero me encuentro con el atropello judicial que aprueba una medida autosatisfactiva”, afirmó. 

En febrero del 2021 la justicia riojana le dió lugar a una amparo de la familia paterna de la nena, la parte denunciada por abuso, para que no proyectara su corto animado sobre revinculaciones forzosas. Además, lo hizo extensivo a otro documental en el que se investiga el caso de la niña y le ordenaron eliminar información relacionada a la causa de las redes sociales. “Me obligaron a borrar toda la información que esclarecía mucha información falsa en los medios locales. Respeté a rajatabla la orden judicial porque quería defenderme porque lo que más preocupa no es el caso en sí, sino el antecedente. Sino imaginate lo que va a pasar cada vez que investiguemos a cualquier denunciado, nos van a censurar. Es gravísimo el antecedente. Además, la justicia me iba a apercibir con 50.000 pesos diarios por cada día de publicación o desobediencia”, agregó.

Élida Barrera, abogada de Calvo, vinculó el allanamiento con las novedades en la causa de Arcoiris en la que la madre se niega a enviar a la niña a la casa de su padre. La mujer realizó cinco denuncias por el abuso que comenzó cuando su hija tenía dos 2 años y la nena habló de la situación en Cámara Gesell,  sin embargo la justicia la revinculó. También la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación se presentó como Amicus Curiae.

“Manuela tiene que declarar por desobediencia. ¿A qué? No sabemos si es por el corto, porque ella no desobedeció ni dió información sobre eso, o si es por lo de la niña. No sabemos si es porque la vinculan con Ni Una Menos. Y si fuera así tampoco la pueden perseguir. No hay nada. Esto es una cacería de brujas. Es por el caso de Arcoiris, esta causa puede ser una consecuencia del anterior”, indicó la letrada a este medio. 

La Red de Editoras de Género emitió un comunicado en el que indica que “la desobediencia que alega el tribunal no puede cercenar la libertad de prensa”. También se expresó Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que advirtió sobre “la gravedad institucional del allanamiento”.  Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja calificaron el hecho como “grave”. “Es una compañera que solo se ha puesto en rol de comunicadora y ha realizado la investigación para su documental. No nos quedan más definiciones que actos aleccionadores. Está siendo complejo entender hasta donde está llegando la justicia porque esto de incautar las cosas nos parece bastante grave. No encontramos justificativo porque ni siquiera se la ha citado a declarar en el marco de la causa de la niña. Solo se la ha denunciado por su documental que no se publicó”, le dijo a elDiarioAR Romina Gómez, integrante de la Red.

Esta mañana, también repudió el hecho la secretaria de la Mujer y Diversidad de La Rioja, Karen Navarro, que calificó la medida judicial como “un ataque a la libertad de expresión”. En la misma línea se expresó el secretario de Derechos Humanos, Delfor “Pocho” Brizuela, que afirmó que “el procedimiento fué imprudente y desproporcionado, afectando el derecho constitucional a la libertad de expresión y resguardo de las fuentes que asiste al ejercicio periodístico”. También se pronunció la Defensoría del Público que indicó que la medida “implica un menoscabo al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, y a los derechos comunicacionales de las audiencias”.

CDB/MG

La Gendarmería Nacional allanó este miércoles la Municipalidad de la Plata en el marco de la causa en la que se investiga si hubo coordinación entre exfuncionarios de la administración bonaerense de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar expedientes judiciales contra dirigentes sindicales, informaron fuentes judiciales.

La medida fue ordenada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien dispuso además otros seis allanamientos y dos órdenes de presentación en propiedades vinculadas con las personas que aparecen en el video encontrado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que dio origen a la investigación judicial.

El allanamiento a la sede de la administración platense fue ordenado para secuestrar documentación, computadoras y otros dispositivos del despacho del intendente local Julio Garro, uno de los protagonistas del video en el que se ve al exministro de trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, defendiendo la idea de promover una “Gestapo” contra sindicalistas.

Fuentes judiciales informaron que los operativos simultáneos son llevados a cabo por Gendarmería Nacional e incluyen, entre otras locaciones, el despacho del senador provincial de Juntos por el Cambio (JxC), Juan Pablo Allan, para lo cual se presentó primero un pedido de autorización al Parlamento local.

A partir de los operativos dispuestos en la tarde de este miércoles, la Justicia logró confirmar que la reunión del 15 de junio del 2017, en la cual se esbozó una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales del gremio de la construcción, se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia, en la calle San Martín.

Los procedimientos ordenados por la Justicia incluyeron un allanamiento a la casa de Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la AFI Silvia Majdalani y otro al despacho del exdirectivo de la AFI Juan Sebastián De Stefano en SBASE (Subterraños de Buenos Aires S.E).

Las medidas fueron dispuestas luego de que la fiscal federal de La Plata Ana Russo impulsara la investigación e imputara a Villegas, según detallaron fuentes del caso.

La representante del Ministerio Público Fiscal había requerido ayer que se identifique a todos los que participaron de aquel encuentro del 2017 al que habrían asistido tres exfuncionarios de la AFI macrista.

La denuncia que dio origen a esta investigación fue presentada el lunes por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una persecución a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

De aquella reunión participaron el exministro Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

Luego de conocidos los videos que forman parte de la denuncia, trascendió además que las otras tres personas sentadas en la mesa y presentadas como “Diego”, “Sebastián” y “Darío” -no identificadas en la presentación judicial- eran funcionarios de jerarquía de la AFI que conducían entonces Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

La propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expuso en sus redes sociales que Diego es Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío es Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Sebastián es De Stéfano, es jefe del área de jurídicos de la central de espías.

FS con información de Télam

Efectivos policiales realizaron un procedimiento en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, en el marco de una causa que se inició por una denuncia por supuesto delito de peculado por el uso de elementos informáticos.

Las actuaciones se realizaron en la sede de la obra social y en la casa de Aldo Tonon, su director y tienen como objetivo secuestrar documentación y computadoras que puedan ser útiles para el avance de la investigación. La misma está a cargo del fiscal Carlos Rívolo, quien pidió el allanamiento que fue ordenado por el juez federal Daniel Rafecas, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La denuncia fue presentada el 14 de septiembre en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, y quedó radicada bajo el número 5666, según surge del registro de sorteos de acceso público al que puede ingresarse a través del Centro de Información Judicial (CIJ).

La denuncia, que ingresó en tribunales bajo el título de «averiguación de delito», fue realizada por un empleado de la Obra Social del Poder Judicial que cumpliría funciones en el área informática.

El procedimiento de este mediodía trascendió a pesar de que la causa se encuentra bajo secreto de sumario y es investigada rodeada de un fuerte hermetismo.

AB