En una política donde se impone el griterío, Daniel Arroyo apuesta a la moderación, pero sin renunciar al debate. Dirigente del Frente Renovador, fue el primer ministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández y ahora es diputado y como tal empuja iniciativas como la creación de un ingreso universal ciudadano.

-¿Cómo ve la situación social?

-La situación social es crítica, aunque claramente hay más trabajo y hay más movimiento, sobre todo de construcción y de textil. Hay más movimiento en los barrios, pero hay dos problemas fuertes: el precio de los alimentos y a cuánta gente le cuesta llegar a fin de mes. Los alimentos se transformaron en un problema para los que tienen trabajo, para los que no tienen trabajo, para los que tienen planes, para los que no tienen planes. Y en segundo lugar, el endeudamiento de las familias, que para mí es un espejo de lo otro. En la medida en que hay mucha gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, se endeuda. Veo un crecimiento del endeudamiento que arranca con alguien que paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante o va a la financiera de la esquina, tomando crédito al 200% de interés anual. Sin dudas hay más trabajo, el sector informal tiene posibilidad de tener más changas. Yo tengo un método muy práctico en los barrios: cuando voy, voy primero a la rotonda y si en la rotonda hay gente, quiere decir que la construcción está laburando. Si no hay gente, quiere decir que está parada. Ahora hay más movimiento económico, pero no baja la cantidad de gente en los comedores. La gente va a trabajar y de vuelta va al comedor para retirar alimentos para llegar a fin de mes. Mucha gente no arranca el mes de cero sino de -10, debiendo plata y tapando deuda con deuda. En el corto plazo hay que hacer un plan antiinflacionario, hay que lograr estabilizar sobre todo el precio de la canasta básica de alimentos.

-¿Cómo se hace?

-A mi modo de ver, un plan inflacionario tiene tres partes. Una parte es precios: es el fideicomiso del trigo, es un conjunto de cortes de carne, son Precios Cuidados. El Gobierno está avanzando en esa línea con alguna dificultad, pero va avanzando. Hay otra parte que tiene que ver con crédito, que es básicamente desendeudar a las familias y a los productores. Yo presenté un proyecto de ley en el Congreso de crédito no bancario, que es un sistema a tasa del 3% anual. Esto es para que el panadero pueda acopiar harina, que es lo que nunca puede hacer hoy, para que el carpintero tenga una sierra circular y para desendeudar la familia. También es fortalecer a los pequeños productores. Yo presenté otro proyecto de ley de crear 400 pequeños mercados centrales donde el productor venda directamente al consumidor. Hoy el productor saca el azúcar a 40 pesos y termina en 160, o el tambero saca el litro de leche a 30 pesos y termina en 170 en la góndola. Creemos un mecanismo que ayuda a bajar los precios y mejorar la calidad nutricional, sobre todo el consumo de lácteos, leche, carne, frutas, verduras. Y hay una tercera parte más macro. Hay que ser muy cuidadoso en lo fiscal, en lo monetario y un acuerdo de precios y salarios, todo junto a la vez articulado, coordinado. Yo a eso llamaría un plan antinflacionario, que tome medidas macro, que tome control de precios de un conjunto de básico de canasta alimentaria, no del conjunto de precios, sino algo muy acotado y un tema de crédito. Es positivo lo que se está haciendo en cuanto al tema del bono de 18.000 pesos para quienes tienen trabajo informal, para los jubilados, haber adelantado los aumentos de salario mínimo, lo de Ganancias que está planteando (Sergio) Massa, de subir el mínimo no imponible. Todo eso hace que haya más ingresos en la familia. La otra parte es el tema de estabilizar precios.

De todo lo que estudié en la universidad me quedaron tres cosas. Las crisis vienen por falta de dólares, la inflación y la crisis de representación, la ruptura de la relación de la sociedad y la política. Los tres son los problemas que tenemos hoy

-Desde que dejó el Gobierno se lo ve en posiciones más críticas. Aunque usted es del Frente Renovador, se lo ve más cercano a Cristina Kirchner…

-Yo en realidad todo el tiempo desde el Gobierno hablé del precio de los alimentos y hablé previo a la pandemia. Yo armé la Tarjeta Alimentar preocupado por la problemática del hambre y de la calidad nutricional. El problema central de la Argentina de precios de alimentos se ha agudizado porque tenemos niveles de inflación más altos y porque a partir de la guerra se duplicó el precio de los alimentos a nivel internacional. Yo quiero que al Gobierno le vaya bien, quiero colaborar en eso. Apoyo todas las iniciativas que tienen que ver con ingresos. Hay una propuesta de ingreso universal ciudadano que a mí me parece que es un debate que hay que encarar seriamente. Creo que el debate que se está dando en el Frente de Todos es importante y es sobre cómo hacemos para generar desarrollo económico, actividades económicas con los 47 millones argentinos adentro. A mi modo de ver, hay cuestiones estructurales que no estamos resolviendo. Yo estudié Ciencias Políticas en los 90. De todo lo que estudié en la universidad me quedaron tres cosas. Sé que las crisis en la Argentina vienen por falta de dólares, la inflación y la crisis de representación, la ruptura de la relación de la sociedad y la política. Los tres son los problemas que tenemos hoy. Objetivamente, tenemos que construir nuevas ideas, nuevos paradigmas, ir hacia nuevas políticas públicas, debatir fuerte sobre el modelo de desarrollo, sobre el ingreso universal ciudadano. A mi modo de ver, el debate sobre los planes sociales se divide en tres líneas de pensamiento. Los que dicen esto se resuelve reduciendo la jornada laboral, generando un mecanismo para que la gente trabaje menos horas. Es el modelo europeo. ¿Uno podría hacer ese modelo en la Argentina con un 45% de informalidad laboral? No es tan simple, claramente puede darse en algunos sectores. La segunda línea habla de un ingreso universal ciudadano. Creo que hacia ahí va América Latina, no solo Argentina. Es lo que plantea la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). En el caso argentino sería para cerca de 9 millones de personas, con contraprestación laboral, que garantice al menos a la indigencia, lo básico. Hay una base con mucha dificultad de ingreso y de vínculo con el trabajo. Después, claramente hay un debate fiscal. Se puede hacer por etapas. Hay una tercera línea que plantea que la salida es la flexibilidad laboral, reducir aportes patronales, flexibilizar condiciones de contratación. Eso se hizo en la Argentina y terminó con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Para mí América Latina va hacia el ingreso universal ciudadano en etapas, empezando por los jóvenes o por algunas regiones del país.

Para mí América Latina va hacia el ingreso universal ciudadano en etapas, empezando por los jóvenes o por algunas regiones del país

-Justamente, lo veía más cerca de Cristina Kirchner porque este proyecto de ingreso universal se presentó junto con (Juan) Grabois y porque cuando usted era ministro de Desarrollo Social, no sé si por la realidad presupuestaria, consideraba buena la idea, pero le ponía un paño frío…

-Yo escribí a favor del ingreso universal ciudadano antes de estar en el gobierno. He escrito libros en la Argentina sobre la situación social y planteaba esa propuesta. Siendo ministro, entendí en ese momento y entiendo ahora también que no es posible fiscalmente hacerlo de golpe. No es que uno toca un botón y tiene un ingreso universal ciudadano. Hay restricciones fiscales, pero creo que primero implica reordenar los programas sociales, implica definir prioridades. En ese momento como ministro planteé el debate conceptual. Estamos frente a una situación en donde claramente el crecimiento económico no acomoda la situación social sola. La situación social requiere de un conjunto de instrumentos. Uno es el ingreso universal ciudadano. La Argentina son tres siglos. El siglo XIX son 4 millones de personas que viven en 4.400 barrios hacinados, sin agua, sin servicios básicos, lo que llamamos la pobreza estructural. Siglo XX somos la mayoría de los que trabajamos y la llevamos como podemos. Siglo XXI son los unicornios, el mundo del conocimiento, los argentinos más globalizados. Hay que llevar a todos al siglo XXI. El debate sobre el modelo de desarrollo supone que la Argentina se desarrolle en base a minería, industria, software, energía, producción de alimentos, pero también en base a construcción, textil, producción popular de alimentos, cuidado de personas, reciclado. Yo imagino un debate y un equilibrio. Yo realmente estoy a favor del equilibrio entre Estado y mercado.No solo que se potencien determinados sectores productivos, que son los que dinamizan el crecimiento de arriba hacia abajo, sino también sectores productivos que dinamizan el crecimiento de abajo hacia arriba. Esos cinco últimos que marqué son para mí los mano de obra intensivos, donde trabajan los sectores más pobres.

-¿Por qué se fue del Gobierno el año pasado?

-Yo hablé con el Presidente antes de que cerraran las listas: le planteé que quería ser candidato, que quería ir al Congreso. Yo fui el ministro de la pandemia. Mi tarea fue sostener la paz social y la sostuvimos. No pasó eso en otros países de América Latina. Cuando me refiero a lo sostuvimos no me refiero a mí solamente o al ministerio, sino a las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas. Quería estar este tiempo en el Congreso por dos cosas. Uno, porque quería ampliar el ámbito de los planteos que yo puedo hacer más allá de lo social, meterme más con lo económico, con lo educativo, con el trabajo. De hecho, las dos comisiones donde pedí para estar en el Congreso son Educación y Trabajo. Querían ampliar un poco la mirada sobre las economías regionales. Estoy convencido de que viene un tiempo de un debate profundo sobre dónde va la Argentina. Y quería ser una voz en ese debate. Yo me considero una persona de gestión, de acción, pero también tengo una tarea pedagógica y creía que en este tiempo podía ayudar a plantear otros temas, no solo quedar encorsetado en la cuestión social. Están buenos estos debates en la Argentina, más allá de que claramente la situación es crítica y mucha gente la pasa mal.

-Otra diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau, ha dicho que le parece que Martín Guzmán ya ha cumplido su ciclo como ministro de Economía. ¿Coincide?

-Yo seriamente creo que no me corresponde hablar sobre ningún ministro y que claramente el gabinete es una cuestión definida por el propio presidente de la Nación. Creo que lo que se está dando es un debate importante de cómo generamos actividad económica con los 47 millones de argentinos adentro. Yo creo que si uno saca la discusión sobre nombres, personas, en la Argentina, el debate dentro del Frente de Todos y también en la oposición es rico, interesante. Nosotros no podemos ser, a mi modo de ver, un país de exportación con salarios bajos. Tenemos que exportar porque son las divisas y nuestro problema de restricción externa es histórico, pero tenemos que ampliar la torta productiva aumentando la exportación. No opino sobre personas y nunca opinaría sobre nadie, particularmente del gabinete, pero sí creo que se están dando debates interesantes. Y en esos debates me parece que todos tenemos que abrir la cabeza y repensar si creemos que él construyó otras ideas, otros modelos que hay que pensar, un esquema de equilibrio entre Estado y mercado y desarrollar sectores productivos e ideas de rol del Estado y rol del mercado distintas a lo que vinimos haciendo los años anteriores. Me parece que estamos ante un desafío grande, de un cambio profundo. Yo veo un cambio epocal, que va más allá del actual gobierno. Me parece que estamos frente a un esquema de posibilidad de construir otras ideas en una base donde lo que creo que está pasando es que está quebrada la relación entre la sociedad y la política. La sociedad tiene la idea de que la política no vive los problemas diarios, que es cargar la SUBE, ir al almacén. Yo vivo así y por eso lo veo con claridad. La sociedad tiene la sensación de que el debate político no tiene que ver con esa vida cotidiana. Con el quiebre de la relación entre la sociedad y la política han pasado dos cosas. Antes de la pandemia yo veía dos lugares que construían legitimidad, representatividad en los barrios. Uno era la escuela, la idea muy extendida en los barrios de que si los chicos están en la escuela, algo bueno pasaba. Segundo, yo veía un fenómeno de religiosidad, de espiritualidad, vinculado al mundo católico, evangélico, budista, al yoga, a distintos mecanismos, pero donde la gente cruzaba lo social con lo trascendente. Para mí hoy tenemos muy lastimados esos esquema de vinculación sobre la idea de la escuela y el mundo de la religiosidad, producto de la pandemia y de una sensación de vacío fuerte. Y si no resolvemos los problemas concretos… el problema concreto es que la plata rinda, que la escuela sirva, recuperar la escuela como centro comunitario y que el Estado cuide en materia de seguridad. Si no, va a crecer más la extrema derecha, que es algo realmente muy negativo para la Argentina y para América Latina.

A mí me parecen muy negativas las salidas o propuestas de la extrema derecha, pero no dudo de que está creciendo y construyendo un sentido común en los más pobres y en el resto de la sociedad, especialmente en los jóvenes

-¿En esos ámbitos populares que usted transita están creciendo esas opciones de antipolítica o ultraderecha?

-Creo que están construyendo un sentido común: es la política, los que tienen planes, el Estado, todo eso junto, lo sacamos, lo tiramos a esa bolsa y esto empieza a modificarse. Creo que la extrema derecha genera vínculos con la sociedad, no por sus propuestas, sino por sus diagnósticos, porque parte de un malestar, de un montón de gente que la pasa mal, que no llega, que la tiene complicada, que no le alcanza, que la tiene difícil. Verdaderamente la inflación desacomoda la vida cotidiana porque uno no sabe con cuánta plata tiene que andar, con cuánto tiene que llegar al viernes o al sábado. A mí me parecen muy negativas las salidas o propuestas de la extrema derecha, pero no dudo de que está creciendo y construyendo un sentido común en los más pobres y en el resto de la sociedad, especialmente en los jóvenes.

-¿Cómo ve las constantes internas en el Frente de Todos?

-Yo parto de la base de dos cuestiones. Nosotros tenemos un modelo presidencialista con una coalición de gobierno. Para mí eso que existe hoy va a pasar en los próximos cuatro o cinco gobiernos. Gana el partido A, B o C, pero nadie va a tener el 70% de los votos. Quien gobierne el próximo tiempo va a tener un esquema de coalición de gobierno y las miradas distintas de una coalición en el siglo XXI se hacen públicas rápidamente. El siglo XXI es el siglo de la sobreinformación. De modo tal que todos, a través de las redes y mecanismos, rápidamente exponemos la mirada de lo que nos parece, lo que no nos parece. Creo que construir mecanismos institucionales, no solo para este tiempo del gobierno del Frente de Todos, sino para adelante en la Argentina, porque así se van a conformar los estilos y los esquemas de gobierno. A mí me parece que el debate es positivo. Hay un debate positivo que es para dónde vamos, cómo resolver los problemas estructurales profundos de la Argentina como la restricción externa o la inflación. Me siento a gusto con esos debates, no con el debate más personal de vos o de aquel pegándole al otro. No entro, no personalizo nunca. Pero sí creo que en el trasfondo lo que está pasando es un debate profundo acerca de encarar otra política, otro modelo de desarrollo y eso es lo que hay que construir para los próximos años.

AR

Alberto Fernández regresó anoche desde Perú, donde estuvo presente en la asunción del nuevo presidente Pedro Castillo, y ahora deberá definir quién reemplazará a Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa, luego de haberlo desplazado de su cargo por mantener su candidatura como senador nacional por Santa Fe frente a la lista avalada por el Gobierno.

Entre los candidatos a ocupar la cartera militar figuran el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Sin embargo, en Casa Rosada señalaron que “los nombres que hay son especulaciones”.

Rossi pretendía quedarse en el cargo hasta las elecciones, pero los dichos de Fernández lo llevaron a tener a poner su renuncia a disposición. "Me parece una decisión que nuestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente", dijo sobre su salida del Gabinete.

En el caso del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, también dejará en poco tiempo su cargo para dedicarse a la campaña en la provincia de Buenos Aires y su reemplazante ya está definido: el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

Aunque no se conoce la fecha exacta en la que asumirá Zabaleta, se espera que sea en los próximos días, algo que definirá el Presidente en horas.

Fernández tenía otro plan: hacer los cambios en el gabinete, con la salida de Arroyo, después de las elecciones y como parte de un cambio más grande, una especie de relanzamiento de su staff de gobierno. El lunes, de hecho, cuando terminó de ajustar con Arroyo que sería candidato, le dijo que se prepare para hacer campaña y seguir en el ministerio. Pero el caso Rossi forzó un cambio de planes.

DA

“No es momento de confrontar entre nosotros. Hay que ganar la elección”. Máximo Kirchner repitió, como un mantra, la frase a lo largo de la última semana. En la antesala de un cierre de listas, el diputado jugó fuerte, pulseó a cara descubierta con Alberto Fernández pero aceptó, con algunos magullones, replegarse en el que se convirtió en su dominio aspiracional: la provincia de Buenos Aires.

Hiperactivo, Máximo operó desde su despacho del Congreso, cinceló acuerdos y disputas en las provincias, protagonizó la maratón de las boletas que dejó un menú de ganadores y perdedores. Ese proceso tuvo, sobre todo, otro efecto: dibujó un nuevo mapa de los equilibrios dentro del dispositivo oficial, entre los Fernández, Sergio Massa, el PJ territorial y La Cámpora.

En lo formal, el presidente anudó varios triunfos, algunos conceptuales, otros tácticos. El más relevante, y no del todo visible, es que retuvo a Santiago Cafiero como jefe de Gabinete a pesar de la presión de otros actores del Frente de Todos (FdT) y mantuvo sin cambios su staff de ministros. La excepción fue Daniel Arroyo, que pidió dejar la cartera de Desarrollo Social y protagonizó un episodio peculiar: Fernández lo quería entre los primeros ocho diputados pero, en la negociación multilateral, no entró en esa grilla, pidió no firmar pero al final a desgano fue al casillero doce, un lugar salible, pero de baja visibilidad.

Al margen de esa anécdota con Arroyo, la jugada más taquillera de Fernández fue la que no ocurrió: la presencia de Cafiero como cabeza de la lista bonaerense, planteo que militaron Máximo y Massa, como traductores o ejecutores de un planteo de la vice. Citaron motivos electorales, que era el mejor candidato oficial, pero en la Casa Rosada se lo interpretó de manera lineal: “Ellos quieren discutir el Gabinete, nosotros queremos discutir las listas”, apuntó un funcionario a mitad de semana, metido en la trinchera.

El blindaje sobre su mano derecha y el gabinete, y la entronización de Victoria Tolosa Paz en la cima de la boleta como anunció, en un “off de record” poco convencional hace diez días a través del analista Rául Timerman, son distintas piezas que configuran, visto de manera integral, un triunfo. Aunque en Olivos, evitan irradiar esa lectura, lo cierto es que Fernández se impuso y lo hizo para sorpresa de muchos, incluso de algunos entornistas del presidente.

“Con esto, Alberto parece dejar claro que el presidente es él. Y que como presidente define, aunque escucha opiniones, es el que decide el gabinete”, apuntó anoche, cuando el diseño de las listas ya era un hecho, un colaborador fernandista.

Hubo algo más: Fernández impuso, además, su criterio, su formato y sus tiempos. Explicitó quienes querían que sean sus candidatos -Tolosa Paz y Leandro Santoro en CABA- en un movimiento arriesgado que, al final, le salió bien. Logró, en paralelo, lo que apareció en la agenda presidencial hace dos meses: la necesidad de tener figuras propias en el Congreso.

Máximo y Massa fueron, en esa cinchada, los que perdieron. “Alberto entendió que la propuesta de llevar a Santiago de candidato era por la positiva. La escuchó pero no la compartió. No vemos nada malo”, le quitó pimienta al asunto un colaborador oficial. El sábado, desde La Cámpora, minimizaban esos ruidos, lo atribuían a diferencias de criterios naturales, y que habrá unidad de acción para ganar la elección.

Parece un antídoto frente a una sospecha: que el kirchenrismo, tanto en su versión Cristina como en su versión Máximo, redujeron su protagonismo en las listas porque adivinan un resultado electoral difícil y prefieren tomar distancia.

Casilleros

Máximo no estuvo en la cumbre tumultosa de Casa Rosada, donde pasaron a firmar las listas, y se apiñaron Cafiero, Eduardo “Wado” De Pedro, Axel Kicillof, Carlos BIanco, Andrés Larroque, Miguel Cuberos y, entre otros, Daniel Gollán. El jefe del bloque de Diputados, que estuvo hasta el final sobre los armados de las provincias, tampoco fue al acto en Garín donde se presentarán los principales candidatos de AMBA, que este medio anticipó el viernes, y que funcionó como foto de familia luego de los chispazos del cierre de listas.

Así como Fernández sorprendió con su postura, Cristina Fernández de Kirchner aportó su propia curiosidad: aunque se involucró en las negociaciones, forcejeó menos de lo que se esperaba, al punto que ni siquiera fue necesario una cumbre mano a mano entre los Fernández. Los que orbitan a la vice repiten que está incómoda, disconforme con el Gabinete, molesta “con Alberto”, pero en el cierre Cristina no tensionó de más.

Cristina abarcó siete de los 17 primeros lugares de la lista bonaerense y les pagó a sus fieles. Pero le cedió la primera senaduría a Carlos “Camau” Espinola en Corrientes -a pesar de enojos del pasado reciente- y, en un despliegue llamativo, pactó con Omar Perotti en Santa Fe y validó una boleta opositora a Agustín Rossi, un kirchnerista histórico, donde su delegada, María de los Ángeles Sacnun, es segunda candidata al Senado, lugar donde -con los datos actuales- tiene pocas chances de renovar banca.

La interna santafesina, a la que Rossi se subió en parte porque Fernández, Massa y Máximo le pidieron que encabece la lista en la provincia porque es “el mejor candidato”, es un compendio de extravagancias. La vicegobernadora Alejandra Rodenas va segunda de Rossi contra la boleta en la que Perotti va como senador suplente. Rossi, ministro de Fernández, compite en una PASO contra la candidata de la vice.

Massa, asociado a Máximo en el Congreso, coronó un acuerdo que lo pone en un lugar donde se siente cómodo: el de socio necesario, con una cuota parte en el Gabinete, autonomía en Diputados y perfil propio, a veces claro, otras desdibujado. El tigrense ubicó tres damas entre los “entrables” nacionales y repartió figuras propias en las secciones, con lo que mantiene la identidad.

En ese nuevo mapa de equilibrios, con Fernández más firme en sus posiciones, Cristina menos confrontativa y Máximo replegado -al menos temporalmente- se produjeron otros movimientos que hay que leer a mediano plazo. Uno es chiquito pero emblemático: en Hurlingham, el intendente Juan Zabaleta se anotó como primer concejal para una PASO contra La Cámpora en la que compite Martín Rodríguez, funcionario del PAMI. No es la primera vez que esa disputa se registra pero en el contexto de un acuerdo global, adquiere otro peso sobre todo porque Zabaleta aparece como posible reemplazo de Arroyo en Desarrollo Social.

El último elemento lo aporta Kicillof, que además de ceder a su ministro de Salud para la lista nacional, ubicó a su ministra de Gobierno, María Teresa García en la boleta de senadores bonaerenses y a Carlos “Cuto” Moreno por la Sexta, con lo que aun con poco volumen numérico aparece con su propio ismo. Vale un dato descriptivo. Todo lo que son Máximo y Axel son, a su vez, de Cristina. Pero ese fenómeno no se registra al revés. Además, aun bajo el paraguas de la vice, el diputado y el gobernador no son lo mismo.

PI

El 15 de julio las distintas fuerzas que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) consensuaron una posición común en torno a las políticas sociales y el salario básico universal. No es un hecho menor: se trata de la organización que -por masividad, capacidad de movilización, diversidad ideológica, presencia federal y protagonismo en el debate público- puede considerarse la más grande de la Argentina. Al día siguiente, su secretario general Esteban “Gringo” Castro, las secretarias adjunta Dina Sánchez y Norma Morales y otros dirigentes como Gildo Onorato y Fredy Mariño se desconectaron a modo de protesta del Foro de la Economía Social y Popular dónde expondrían Martín Guzmán y Matías Kulfas. Tampoco es un hecho menor ¿Qué está pasando entonces?

La UTEP logró condensar, en una estructura de carácter sindical, las distintas expresiones sociales de los excluidos, los cabecitas de hoy, los descamisados del presente, esos que emergieran a fines de los noventa con la consolidación del orden neoliberal: el movimiento piquetero, fábricas recuperadas, agricultores familiares, cartoneros y recicladores, polos textiles, emprendimientos productivos de distintas manufacturas, cooperativas de vivienda y urbanización de barrios populares y una masiva red de espacios socio-comunitarios que brindan alimentos, educación, salud, deportes, inclusión para personas con adicciones o que pasaron contextos de encierro allí dónde no llegan ni el estado ni el mercado.

La UTEP no es oficialista ni opositora: es un sindicato independiente de las estructuras partidarias. Es cierto que la mayoría de sus integrantes simpatiza o es parte del Frente de Todos, pero esta Unión nació como herramienta de lucha por tierra, techo y trabajo. Su misión es luchar, persuadir, negociar, presionar, proponer, criticar, peticionar. En definitiva, realizar todas las acciones que sean necesarias para avanzar en este objetivo y defender su agenda en cualquier contexto político. Esto aplica al resto de los procesos que surgen del pueblo -sea el movimiento de mujeres, ambiente, juventud, pueblos originarios, sindicatos, etcétera- porque expresan demandas que no pueden encorsetarse en una facción política determinada y buscan interpelar al conjunto del sistema más allá de las legítimas opciones partidarias de sus miembros y dirigentes.

El 16 de julio los y las dirigentes de la UTEP habían asistido al Foro para poder exponer a los funcionarios sus ideas, debatir el salario básico universal, el Potenciar Trabajo, las políticas de producción y trabajo, en fin, nuestra estrategia para la pospandemia. Se encontraron con un evento en el que, a la inversa, los que exponían eran una decena de funcionarios - todos varones, por cierto-. Una verdadera metáfora de cómo ve la política los procesos sociales, no sólo en el campo de la economía popular: convidados de piedra, actores y actrices de reparto, escenografía, condimentos, las papitas de la hamburguesa, el cabeza que tranquiliza la conciencia del burgués, la piba que pinta de joven al jovato, la traba que lo hace diverso, el indio que lo muestra plurinacional, el gaucho que lo hace menos porteño, el obrero que le da peronismo.

La superestructura política tradicional de la Argentina no logra comprender que, para salir de su mediocridad crónica, tienen que hablar menos y escuchar más. Prometer menos y hacer más. Decir menos y realizar más. Chamuyar menos y pensar más. Improvisar menos y planificar más… Tienen que prestarle más atención a la realidad y menos a los diarios, las radios, las redes, la televisión y las encuestas. Siel gobierno argentino quiere convertir en una política de estado esa maravillosa consigna enunciada por el presidente Alberto Fernández, “Primero los últimos”, no hay otro camino que promover su participación protagónica en el diseño de las soluciones para los problemas que padece la Argentina y que los tienen a ellos y ellas -los últimos- como principales víctimas. Como dijo alguna vez Perón: “Que todos sean artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie”.

En una Argentina con media sociedad bajo la línea de la pobreza es particularmente urgente que se escuche a los pobres, a los laburantes, a quienes sufren y luchan cotidianamente en las barriadas, las cooperativas y los demás espacios de resistencia de los excluidos. Aunque no guste lo que tengan para decir. No puede seguir esperándose de ellos que sean aplaudidores de personas que nunca pisaron un barrio humilde fuera de campaña o agradecidos receptores de las sobras del sistema. Es llamativo que aún no se comprenda que así como no puede hablarse de igualdad de género excluyendo a las mujeres no se puede hablar de equidad social excluyendo a los pobres. 

Que nadie se confunda: este no es un problema de Daniel Arroyo. Más allá de mis críticas, debo confesar que es uno de los mejores ministros del Gabinete nacional. Se mueve, defiende la gestión, enuncia ideas y ejecuta. Se equivoca porque hace. Es un funcionario que funciona. El problema está en una dirigencia que sigue viendo la política como patrimonio exclusivo de la clase media profesional, la economía como un problema de variables macro y la producción como un problema de las grandes empresas. En ese esquema mental, el resto -los excluidos, las PyMEs, los sindicatos, la juventud- son adornos discursivos o escenográficos; algunos ya no están dispuestos a cumplir ese rol.

La Argentina pos pandemia necesita medidas urgentes como el salario universal básico, planificación de largo plazo para el desarrollo humano integral y un gobierno dispuesto a darle protagonismo político a los últimos para la construcción de un destino común que incluya a todos.

JG

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó este jueves el pago de un bono extraordinario de 6 mil pesos para titulares del programa Potenciar Trabajo, que se acreditará en julio próximo.

“Vamos a otorgar un bono extraordinario de mitad de año a cerca de un millón de personas que forman parte del programa Potenciar Trabajo”, manifestó el funcionario en un comunicado de prensa.

En ese sentido, explicó que será “con el objetivo de sostener sus ingresos e inyectar dinero que promueva el consumo a nivel local”.

“Desde el Gobierno nacional vamos analizando de forma permanente la situación social y este bono se suma a la ampliación de la tarjeta Alimentar que efectivizamos el año pasado”, explicó el ministro.

Asimismo, destacó que esas acciones se concretan “siempre con el objetivo de llegar a quienes más lo necesitan, como señala el presidente Alberto Fernández”.

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” incluye a cerca de un millón de personas, recordó el ministerio de Desarrollo Social.

El objetivo es contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó este martes que la posibilidad de pagar un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) “no está descartado” para mitigar los efectos económicos de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país.

“Está claro que estamos en una situación crítica en materia social y evaluamos permanentemente qué medidas de ayuda tenemos que aplicar”, señaló el ministro en declaraciones a El Destape Radio. En ese marco, agregó que “un nuevo IFE no está descartado”.

“De los 9 millones de personas que recibieron IFE hay 3 que volvieron a la actividad; otros 3 con dificultades y otros 3 con muchas dificultades”, explicó Arroyo.

El funcionario se refirió a la “realidad de la pobreza” y dijo que tiene “tres caras: el pobre con trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y aún así no le alcanza para llegar a la canasta básica; el que es pobre con trabajo informal y la persona que recibe asistencia del Estado”.

Durante los últimos 9 días y a raíz del aislamiento estricto dispuesto por el DNU 334/2021 para reducir la circulación del virus “hubo un parate en la actividad informal” y “hay sectores que requieren ayuda y entonces vamos evaluando permanentemente la situación”, dijo el ministro.

A su vez, Arroyo sostuvo que los dos “ejes centrales” de las políticas del Estado son la emergencia alimentaria y el trabajo.

En relación al primero, adelantó que “las personas que compren con la Tarjeta Alimentar leche, carne, frutas y verduras tendrán descuento del IVA”. “La idea es que paguen menos impuestos los que menos tienen”, sintetizó el ministro.

Además se desarrollará una aplicación para el celular de modo tal que “quien tenga la Tarjeta Alimentar pueda comprar no solo en el comercio, sino a los pequeños productores y emprendedores a través de un código QR”, agregó.

En relación al segundo eje, el del trabajo, Arroyo remarcó el Programa Potenciar Trabajo “para las personas que están en situaciones más críticas” y del Repro2 “que estaba destinado a los del sector privado y se amplió a monotributistas y a emprendedores”.

Finalmente, declaró que “del aporte a las grandes fortunas el 15 por ciento irá para la urbanización de los 4.440 barrios populares”.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró este domingo que el aumento de los precios de los alimentos es el “problema más grave” que tiene en la actualidad la economía argentina y adelantó que el Gobierno analiza la eliminación del IVA para la comercialización de carnes, lácteos, frutas y verduras mediante la Tarjeta Alimentar y avanza en la puesta en funciones del sistema de venta por telefonía celular para pequeños productores.

En diálogo con C5N, Arroyo advirtió que “lo más crítico hoy es el precio de los alimentos” y alertó que, “por eso, aun con actividad económica se mantiene la cantidad de gente que asiste a los comedores” durante la pandemia de coronavirus.

En este marco, consultado sobre una eventual iniciativa para eliminar el IVA de productos alimentarios, Arroyo respondió: “Sí, estamos evaluando y queremos llevarlo a la práctica”.

El ministro entendió además que el aumento de precio de la comida se ve reflejado en que no descendió el número de personas que asistió a los comedores durante los meses en los que las actividades estuvieron habilitadas. Tras indicar que en los últimos 3 meses la demanda en esos centros se mantuvo igual, pronosticó que es probable que, con las nuevas restricciones, “seguramente hará que vaya más gente a los comedores”, para quienes el Estado aumentó en un 50% su ayuda.

Arroyo remarcó que el aumento de los precios de la comida hizo que “mucha gente aún pudiendo hacer changas en los últimos meses igual tuviera que ir a buscar comida”.

De igual forma, mencionó que en el último tiempo “familias enteras” pasaron a vivir en las calles “por el aumento de los alquileres”

Entre los dispositivos diseñados por el Gobierno para enfrentar la situación de los sectores vulnerables, Arroyo mencionó también un sistema que permitirá, por ejemplo, que “quien tenga una huerta pueda vender (su producción) a través de su celular, con un código QR”, una iniciativa que “ya terminó su período de prueba” y que será lanzada próximamente.

Remarcó que hay “4 millones de personas que viven de su ingreso diario” y que las limitaciones a la circulación que buscan poner freno a la segunda ola de contagios de coronavirus “complica” su sistema de vida.

“Hay mucha gente que la pasa mal en la diaria y esto requiere de la presencia del Estado”, expresó Arroyo.

CB con información de Télam

Quedó muy poco de aquella mesa larga que reunió a Marcelo Tinelli, Narda Lepes, Estela de Carlotto, Martín Caparros, Daniel Funes de Rioja, Hilda “Chiche” Duhalde y Adolfo Pérez Esquivel en el Salón Sur de la Casa Rosada, diez días después de la asunción de Alberto Fernández como presidente. El Consejo Federal Argentina contra el Hambre tuvo una reunión virtual en agosto de 2020, otro encuentro vía Zoom en febrero pasado y cayó, como tantas cosas, en el fuego de la polarización. 

Para la oposición, la escasa visibilidad de la iniciativa que el Presidente promocionó como uno de sus grandes objetivos de gobierno y los números en ascenso del continente de pobres e indigentes son la gran confirmación del fracaso del Frente de Todos. Para el oficialismo, la pandemia explica parte de las dificultades que atravesó la idea original y que la naturaleza del experimento haya ido variando para concentrarse hoy en la tarea de tres comisiones. Una sobre Acceso a Alimentos, con la Tarjeta Alimentar como principal herramienta de transferencia de ingresos; otra de Producción y Comercialización y otra de Calidad nutricional. Se pasó de la cita con personalidades que habían llegado con las mejores intenciones a un trabajo de emergencia para contener a los que no tienen para comprar lo más básico.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, son los dos caras de un gobierno que busca evitar que la pobreza se extienda y el hambre se propague todavía más. Tolosa Paz trabaja con el aporte de empresarios que colaboran con su área y viene de poner en marcha, hace unos días, la primera Planta Pública de Alimentos, un acuerdo con la municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario para invertir 20 millones de pesos y producir alimentos de calidad dirigidos a los sectores más vulnerables. 

En diálogo con elDiarioAR, Arroyo aseguró que hoy la comisión de Acceso a Alimentos trabaja en 10 mil comedores de todo el país y destina asistencia alimentaria a 10 millones de personas, una cifra que era más alta en el inicio del gobierno, cayó con la irrupción del COVID19 y ahora vuelve a subir. Se trata de un operativo de reducción de daños que permitió atravesar un primer año de gestión plagado de dificultades, pero que no alcanza para sacar a miles de familias de la pobreza. 

La vía principal de subsidio es la Tarjeta Alimentar, que llega a un millón y medio de familias con transferencias de 6000 pesos por hijo y de 9000 pesos para quienes tengan dos hijos o más. En total se trata de tres millones de chicos y chicas menores de 6 años que reciben algún tipo de ayuda. El resto de los asistidos van de manera frecuente a comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos comunitarios o participan de otro tipo de programas dentro del Plan Argentina contra el Hambre. 

La segunda comisión tiene que ver con una de las consignas que Arroyo repite en sus intervenciones pública: la calidad nutricional es la clave. Por eso, el Gobierno insiste en que es necesario promover la alimentación a base de leche, carne, frutas y verduras. Hoy alrededor del 55% de lo que compran las familias que reciben la tarjeta alimentaria se destina comprar esos productos. 

La tercera comisión se dedica a la Producción y Comercialización de Alimentos, en especial la leche y el pan. “Tenemos 13 unidades productivas financiadas por el ministerio. Vamos a llegar a 20 mil litros de leche en los próximos meses. Los productores llevan la leche, la pasteurizan, la ensachetan y luego la venden a menos de 40 pesos el litro. Algo parecido estamos haciendo con el pan, que se vende a menos de 70 pesos el kilo, directamente del productor al consumidor. Tenemos un sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, fomentamos las ferias y apuntamos a armar cuatrocientos pequeños mercados comerciales en todo el país”, dice el ministro. 

Una de las cosas que no queda claro hacia afuera es cuál es el papel de las personalidades que se sumaron al primer encuentro con Fernández en Casa Rosada. Según dicen en el Gobierno, muchos como la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que preside Funes de Rioja, están colaborando hoy con sus equipos técnicos en las comisiones. Lo mismo hacen por ejemplo desde La Flia, la fundación creada por Marcelo Tinelli que tiene como directora ejecutiva a Gabriela Galaretto. Según contaron a elDiarioAR desde el entorno del conductor de Showmatch, Tinelli pidió concentrar el aporte de su gente en una tarea concreta. Hoy La Flia se ocupa de auxiliar a las comunidades wichis que sufren la falta de agua en Salta y brinda asistencia alimentaria a siete comedores populares. 

La experiencia de convocar a figuras públicas reconocidas atrajo a las cámaras y generó expectativas en el arranque del Consejo contra el Hambre pero, con el paso del tiempo, se reveló problemática. Identificados con una misión ambiciosa y un objetivo que no produce resultados de corto plazo, algunas de las personalidades que participaron se vieron enredados en una situación compleja. “Hay que hacer una colaboración efectiva y dejar de lado las reuniones públicas. Si no son imágenes y palabras y la gente se enfurece con los que participamos”, le dijo a este diario uno de los convocados por Fernández, que sigue siendo parte de la iniciativa desde el perfil bajo. Otros como Caparrós tuvieron una participación acotada y fueron convocados sólo para la presentación del proyecto. Residente en Madrid, el autor de “El hambre” vino a Buenos Aires en diciembre de 2019 y el Presidente lo sentó a su derecha en la mesa de iniciación que se montó en Casa Rosada. Después, según le dijo a elDiarioAR, no tuvo más noticias del Consejo contra el Hambre hasta que, en agosto del año pasado, leyó en un diario que sería parte del segundo encuentro, aunque nadie le había avisado de la cita. Entonces, los funcionarios del Gobierno a los que consultó le aseguraron que lo mantendrían al tanto de las pasos a seguir, pero ya no tuvo novedades. “Es un objetivo posible que nos puede reunir a todos. En ese momento, estaba entusiasmado y absolutamente dispuesto a ayudar en todo lo que fuera. Pero después la iniciativa desapareció y quedó muy reducida, por lo que sé, a la Tarjeta Alimentar. Para mí, lo más importante es ir más allá del asistencialismo y buscar cambiar las estructuras que hacen que en un país que se dedica a producir alimentos haya millones de personas que no comen lo suficiente”, dice Caparrós. De próximas reuniones del Consejo, por ahora no se informó.

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Si bien en los últimos días el ministro Daniel Arroyo fue sobreseído en la causa por presuntas irregularidades en la compra de alimentos, el proceso judicial dejó una marca indeleble en la cartera que conduce. A partir de la denuncia, iniciada en abril del año pasado, el Ministerio de Desarrollo Social cambió el mecanismo de compras que regía hacía más de 20 años. 

El 6 de abril pasado el diario La Nación informó que, en medio de la pandemia, el ministerio había hecho grandes compras de aceite, fideos, arroz, lentejas y otros alimentos por valores hasta 50% superiores a los establecidos en el programa Precios Máximos. A partir de ese evento, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa que terminó la semana pasada en el sobreseimiento para el ministro dictado por el juez Sebastián Casanello. 

El mecanismo de entonces funcionaba así: cada vez que el ministerio debía hacer una compra consultaba a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que establecía un precio testigo. Luego se convocaba a un puñado de proveedores a participar de la licitación (en la compra judicializada se convocaron 11 proveedores de alimentos y a 10 de leche) y, si el precio era superior al sugerido, se buscaba negociar hasta alcanzarlo. 

En el evento que inició la causa, se cumplió con ese mecanismo. De hecho, en el proceso judicial se determinó que “los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la Sigen”. De todos modos, la compra fue anulada y no se concretó. 

En el nuevo sistema, que fue implementado poco después del inicio de la causa, se toma como referencia el listado de Precios Máximos de la Secretaría de Comercio: el Estado no puede comprar por encima de ese precio. Por otro lado, las compras se realizan a través del portal Compr.ar. Se publica en esa plataforma lo que se requiere y los entre 600 y 800 proveedores de alimentos registrados al momento pueden ver el pedido y participar, sin necesidad de ser convocados individualmente. 

Además, el Gobierno habilitó la posibilidad de que los proveedores puedan ofertar por el 5% del volumen solicitado, límite que antes era del 20% y dejaba afuera a PyMEs, cooperativas y pequeños productores. 

La intención del Ministerio de Desarrollo Social es avanzar con la “descentralización” de las compras y profundizar las transferencias directas de dinero a los alrededor de 3.000 comedores auditados. Con esos fondos cada comedor puede comprar los alimentos que quiera, en el comercio que considere conveniente. Si bien es muy probable que los precios que paguen por los alimentos sean mayores a los que conseguiría el Estado, en diálogo con elDiarioAR Arroyo consideró que se ganaría en calidad nutricional porque se podrían comprar alimentos frescos. Actualmente el Estado tiene sólo dos depósitos de alimentos en todo el país, por lo que sólo puede comprar y distribuir en el territorio productos secos: fideos, arroz, harina. 

La intención del Ministerio de Desarrollo Social es avanzar con la “descentralización” de las compras y profundizar las transferencias directas de dinero a comedores

“La intención es que cada comedor haga sus compras y el Estado centralice sólo en situaciones de emergencia”, sostuvo el ministro. De acuerdo a sus datos, en 2020 se volcaron $120.000 millones en alimentos y una parte muy menor respondió a compras directas del Estado. La mayor parte del volumen se canalizó vía tarjeta Alimentar y transferencias a comedores. En ambos casos el Estado puede auditar las compras y monitorear el porcentaje de los fondos destinado a los alimentos sugeridos: leche, carne, frutas y verduras.

El ministro Arroyo sostuvo que el desafío para 2021 es pasar de una agenda centrada en la asistencia alimentaria, como fue la de 2020, a una que destine la misma cantidad de recursos a políticas de empleo. “El año pasado el 80% del presupuesto se destinó a la asistencia alimentaria y este año queremos que sea 50% alimentos y 50% trabajo”, apuntó Arroyo, quien dispondrá este año de un presupuesto de $360.000 millones, $120.000 millones más que en 2020.

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