La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, multó a las empresas Unilever y Mastellone por $160 millones y $60 millones, respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea, productos con características similares pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes, hecho que incumple la ley de Defensa del Consumidor.

Además, se emplazó a las firmas para que en el plazo de 24 horas arbitren los medios para que los productos cuestionados no sean ofrecidos para la venta a los consumidores y exhibidos en forma contigua y simultánea, a fin de evitar inducir a error, engaño o confusión a los potenciales consumidores.

Estas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo en donde se constató que ambas empresas incumplieron con la ley 24.240.

En el caso de Unilever, se le aplicaron dos multas de 80 millones de pesos cada una. Una de ellas es por comercializar la mayonesa Light Hellmanns Doy Pack de 237 gramos en dos presentaciones: una versión con el rótulo del producto y otra con la leyenda “Más Liviana, todo el sabor”, que tenía un incremento del 19% respecto al producto original. Además, la firma comercializó el producto CIF ultra brillo de igual composición, pero con etiquetas similares con dos precios sustancialmente diferentes: en ese caso la diferencia era del 64%.

En el caso de Mastellone, fue multada por 60 millones de pesos por comercializar variantes de cuatro tipos de leche de la marca La Serenísima también a precios diferentes. Se trata de las leches Clásica, Clásica Más Liviana, Liviana y Menos Calorías. En este caso, sus variantes incluían en las etiquetas la leyenda “Fuente de vitaminas C y E”, pero el producto era el mismo. La diferencia de precio entre las variantes y las leches originales era del 33%.

Además, en un hecho que no tiene antecedentes, las dos empresas deberán publicar en sus redes sociales y en las redes de las marcas implicadas la infracción que cometieron. Dicha publicación deberá permanecer visible por 72 horas.

Con información de agencias.

IG

Todo comenzó hace dos semanas, el 14 de abril, cuando el Instituto de Estadística (Indec), anunció en plena mala cosecha por la sequía que la inflación de marzo marcaba el 7,7%. Antes de esa noticia, el dólar blue estaba a $ 398. Nueve días después, este martes tocaba los 495. Esa jornada, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió desobedecer un pacto que él mismo había sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en una de las revisiones del programa original que había rubricado a principios de 2022 su antecesor Martín Guzmán. El economista platense nunca aceptó que el FMI le prohibiera intervenir en el mercado de los dólares financieros (MEP y CCL), pero el abogado tigrense cedió en marzo pasado y al mes, forzado por la corrida cambiaria, cambió de opinión y ordenó al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que perdiera reservas en esa plaza con tal de moderar la divisa. Al calmar el dólar MEP y el CCL, el blue terminó la semana tranquilizándose en $ 469, 71 pesos arriba del nivel de hace dos semanas, pero al menos 26 abajo que el martes.

Igual, se trata de una solución de corto plazo. Los US$ 21.000 millones que se perdieron de la cosecha de soja y maíz por la seca no se recuperarán y eso afecta a una estructura económica endeble, que depende del clima. Acotar la suba del blue no seda las remaraciones de precios que la acompañaron en las últimas dos semanas y que retroalimentaron una inflación que ya venía al 7,7%. Tampoco resuelve la escasez de divisas y por eso el equipo de Massa busca en el FMI un adelanto de los desembolsos de 2023 para que lleguen antes de las primarias de agosto, por más que después haya que destinarlos al repago del préstamo récord que tomó Mauricio Macri en 2018 y por más que el giro impique nuevos ajustes.

Acuerdo

Massa se reunió este miércoles con referentes de la CGT y los movimientos sociales oficialistas para hablar de un nuevo acuerdo de precios y salarios, aunque los jefes de las principales cámaras empresariales todavía no fueron notificados de nada. Por lo pronto, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, reaccionó el jueves con un centenar de inspecciones en cadenas de supermercados del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para controlar el cumplimiento de Precios Justos porque las grandes empresas de alimentos, bebidas e higiene retacean el abastecimiento en ese sector, que representa un tercio del consumo masivo, y lo canalizan en los negocios chinos y almacenes, donde no rige el tope general de subas mensuales del 3,2% hasta las elecciones primarias de agosto. De los 25.000 productos ofrecidos en los grandes súper, unos 4.000 tienen un techo autorizado más alto, del 6,5% promedio. Las empresas de economías regionales que quieran exportar al dólar agro a $ 300 más del 30% de su producción deben someterse a mayores topes: incluso las que destinan al exterior más del 70% de sus productos sólo pueden remarcar 1% mensual en el mercado interno.

La Secretaría de Comercio multó este viernes a Coca-Cola y Danone porque vendían determinados productos a comercios de cercanía con aumentos superiores al acordado en Precios Justos, alcanzando en algunos casos hasta un 32,8% mensual. A la empresa norteamericana le cayeron sanciones por $ 40 millones y a la francesa, por $ 45 millones. Además, están imputadas y en proceso de investigación las siguientes firmas: Quilmes, Molinos Rio de la Plata, PepsiCo, Arcor y Mastellone (La Serenísima).

Pero ni las intervenciones del Banco Central con el dólar financiero ni las multas resultan suficientes para calmar el problema de fondo: la falta de reservas. Por eso, las segundas líneas del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y del jefe de asesores del ministerio, Leonardo Madcur, comenzaron a negociar con el Fondo un nuevo desembolso. La negociación “viene complicada”, según fuentes de diálogo frecuente con los funcionarios técnicos. “Como el Gobierno no quieren devaluación, hay más apriete fiscal del FMI”, agregan. ¿En qué más se puede ajustar? El Fondo apunta a las tarifas de servicios públicos, que suben fuerte pero sólo para el 30% de mayores ingresos, no para el 30% siguiente, de clase media. Otra alternativa a la resistencia a devaluar consiste en elevar el dólar agro de $ 300 a un nivel mayor, más cercano al nuevo piso del blue a 469. Por más que estos tipos de cambio especiales llevan a que el Banco Central emita más dinero para comprar divisas y eso sea inflacionario, todo sea por calmar las aguas hasta las primarias y después ya se verá.

Por lo pronto, ya el gobierno de Alberto Fernández ajustó y mucho, desde Guzmán hasta Massa. Un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggeto, muestra que el gasto público promedió el 25% del PBI entre 1961 y 2001, trepó al 43% en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se ajustó al 36% con Macri, volvió a subir al 41% en 2020, con la pandemia, entre el mayor impulso de las erogaciones y el achicamiento de la economía, pero ahora ya está otra vez en el 36% que lo había dejado Cambiemos. Todo un dato para los opositores que claman contra el gasto del Estado.

El gobierno de Alberto Fernández ajustó y mucho, desde Guzmán hasta Massa: trepó al 43% en el segundo gobierno de Cristina, se ajustó al 36% con Macri, volvió a subir al 41% en 2020 con la pandemia y ya está otra vez en el 36%, según Eco Go

Al menos, la consultora Ecolatina, la que fundó Roberto Lavagna, rescata “El Gobierno reaccionó frente a la suba de la brecha” en el título de su último informe y continúa: “La marcada volatilidad evidenciada en los dólares alternativos motivó al Gobierno a reaccionar en varios frentes para contener la brecha cambiaria: las autoridades volvieron a intervenir en el mercado de deuda pública en dólares, convalidaron una fuerte suba de tasas y aceleraron aún más el crawling peg del tipo de cambio oficial (subas graduales a la par de la inflación). Por su parte, la baja liquidación del agro (aún con ”dólar soja/agro“) y una demanda de divisas persistente le impidieron sostener las reservas al BCRA. A su vez, pese a una relativamente buena licitación en el marco de esta inestabilidad, el Tesoro volvió a solicitarle adelantos transitorios al BCRA para cubrir sus necesidades. En la última semana, el BCRA vendió US$ 50 millones en el MULC (mercado oficial), terminando el mes con un saldo positivo de apenas 34 millones, producto de una oferta acotada pese a los incentivos otorgados y una demanda que se muestra persistente a pesar de las restricciones vigentes. De esta manera, en el primer cuatrimestre, el BCRA habría perdido casi US$ 3.000 millones en el MULC, teniendo como resultado unas reservas Netas bajo la metodología del acuerdo con el FMI que se ubicarían en niveles cercanos a cero, según nuestras estimaciones. El agro liquidó algo más de US$ 2.400 millones durante abril (el doble de lo aportado en marzo, aunque con una caída del 24% interanual), de los cuales poco más de US$ 1.600 millones corresponden al ”dólar soja 3.0“, que en sus primeras 13 ruedas muestra resultados que se alejan de la trayectoria esperada para llegar a los USD 5.000 M previstos”.

“¿A que se debe el flojo desempeño en la tercera edición de este mecanismo?”, se pregunta Ecolatina. “La explicación se encuentra en un conjunto de factores que dificultan la logística necesaria (paro de puertos, demora lógica en la cosecha dada la demora previa en la siembra) y deterioran los incentivos (rumores políticos, incremento de la brecha cambiaria y las expectativas de devaluación). A su vez, el precio pagado por la exportación a los productores sería insuficiente para incentivarlos a vender, en un marco en que el precio de la soja a nivel internacional cayó en abril de casi US$ 560 la tonelada a 530. Por tal motivo, y dado que el incentivo a liquidar se reduce con cada día que pasa ante la aceleración del crawling peg, no descartamos que el sector vuelva a reunirse con las autoridades para acordar modificaciones en el mecanismo que fomenten una mayor liquidación”, apunta la consultora a la posibilidad de elevar el dólar agro, al tiempo que sube más rápido el oficial, que ya está a $ 229.

“El Gobierno tuvo que intervenir en el mercado para frenar la corrida cambiaria”, evalúa la consultora en la que Federico Moll se desempeña como director de investigación económica. “Los dólares alternativos iniciaron la semana mostrando una preocupante tendencia alcista, marcando máximos reales desde la crisis de deuda de junio 2022. Como respuesta, el Gobierno volvió a intervenir en el mercado de bonos públicos en dólares (pese a estar vedado por el FMI) y logró estabilizar la brecha con los dólares financieros en niveles similares al cierre de la semana previa, aunque el blue aún se encuentra en niveles elevados. En números, la brecha cambiaria con los dólares financieros cerró la semana entre un 98% y un 96% ($441 y $437 para el CCL y el MEP, respectivamente), mientras que el dólar blue cerró el viernes en $469, con una brecha del 111% (contra el 102% de la semana previa). Si bien el dólar blue rozó los $500 el martes, mostrando ya un nivel de crisis y un máximo real en comparación a los meses previos, aún fue un 15% inferior en términos reales de su pico en julio del 2022 y se ubicó un 34% por debajo de máximo real en octubre de 2022. No obstante, el avance semanal en términos reales se alzó como la máxima suba (+15,6%) desde el impacto de la pandemia en abril del 2020. ¿Por qué es tan preocupante la volatilidad evidenciada a principios de la semana? Mantener contenida a la brecha cambiaria es parte esencial del Plan Massa y un desafío transversal al frente de los dólares, el de los pesos y el de los precios: actualmente, un salto en los dólares paralelos se filtra con mayor facilidad en la inflación (probablemente veamos algún impacto en los números de abril y mayo) y aumenta las expectativas de devaluación, reduciendo aún más la oferta neta de divisas.”

El impacto (de la suba de tasas) en la brecha cambiaria será transitorio si no se complementa con otras medidas de política económica que colaboren en disminuir la incertidumbre

Ecolatina

“El crawling peg volvió acelerarse por cuarta semana consecutiva y ya corre a un ritmo del 8% mensual”, continúa Ecolatina. “No obstante, como venimos señalando, no prevemos que se busque desandar el atraso cambiario, sino administrarlo, lo cual seguirá generando un exceso de demanda de divisas que deberá ser compensado”, aclara y después se refiere a la mayor suba de tasas de interés de los últimos 20 años, que ocurrió esta semana: “Si bien estimamos que la decisión se encuentra en la dirección correcta (pese a sus impactos negativos asociados en la actividad y el balance del BCRA), dado que ayudaría a mantener atractivos los instrumentos en pesos, también sostenemos que su impacto en la brecha cambiaria será transitorio si no se complementa con otras medidas de política económica que colaboren en disminuir la incertidumbre. Con estos niveles de volatilidad política y económica no hay tasa que sea suficiente para compensar completamente los riesgos cambiarios asociados al periodo electoral y la posibilidad de un cambio de gestión”.

AR

La Secretaría de Comercio impuso sanciones de hasta 45 millones de pesos para los gigantes multinacionales Coca Cola y Danone, por incumplir el programa Precios Justos.

Comercio indicó que encontraron alzas mensuales de hasta 32,5%, cuando los acuerdos firmados decían no más de 3,2%. Esa dependencia consideró que ambas multinacionales desviaron productos de Precios Justos hacia los comercios de cercanía y barriales para venderlos más caros que los que deben comerciarlos en los grandes supermercados.

Estas sanciones fueron dadas a conocer en la previa a la mesa intersectorial que el ministro de Economía, Sergio Massa, planea poner en práctica para intentar estabilizar los precios de la canasta básica, remarcados muy fuerte con posterioridad a la corrida cambiaria.

Comercio multó a Coca Cola y a la alimenticia francesa Danone por 40 y 45 millones de pesos, respectivamente, por irregularidades con remarcaciones de precios. También están en análisis varios casos de otros gigantes de la alimentación con la misma conducta de aprovechar los lados ciegos del Ejecutivo para especular con precios.

En un operativo de fiscalización en comercios de cercanía, la cartera que conduce Matías Tombolini corroboró que las empresas Coca Cola y Danone vendían sus productos con aumentos superiores al que establece Precios Justos.

Comercio logró que los locales de cercanía y barriales entregaran las facturas de los proveedores de estas dos empresas y verificó que vendían sus productos con un aumento superior al establecido en el acuerdo de precios.

El Gobierno sostiene que las grandes empresas acuerdan con el Gobierno un sendero de aumentos de Precios justos (del 3,2% en este período), lo cumplen en los supermercados, donde hay controles, pero incumplen por afuera, es decir, en los comercios de cercanía.

Todos los relevamientos indican que el mismo producto cuesta hasta un 50% más caro en los barrios que en los hipermercados, un fenómeno que en el Gobierno describen como “rentabilidad cruzada”.

Comercio sostiene que las multinacionales compensan con un margen altísimo de remarcación lo que dejan de remarcar en los hipermercados, donde rige el acuerdo con el Gobierno.

El consumo se desplomó en los barrios y a la vez hay récord de ventas en los hipermercados, producto de este diferencial de precios.

Según la consultora Scentia, en marzo, el mes de mayor inflación del gobierno de Alberto Fernández, las ventas en hipermercados crecieron hasta 11%, llevando al consumo general a crecer, luego de varias caídas, un 1,6%.

MB con información de la agencia NA

Las nuevas reglas para estacionar en la Ciudad de Buenos Aires rigen desde este 17 de abril y tendrán como objetivos principales disminuir la confusión de los automovilistas y generar más espacios.

La ley que se votó el año pasado y que pasó de tener de nueve a tres reglas se implementará con las siguientes normas para recordar: en las calles estará permitido estacionar de ambos lados; en las avenidas estará prohibido de 7:00 a 21:00 los días hábiles de ambos lados; y en los pasajes y calles y avenidas con ciclovías o Metrobus estará prohibido estacionar salvo que haya un cartel que indique lo contrario. Es decir, solamente estará señalizada la excepción.

Hasta ahora, las reglas para estacionar eran: está permitido estacionar a la derecha en calle de mano única; está prohibido estacionar a la izquierda en calles de mano única; está permitido estacionar en ambas manos en calles de doble sentido; está permitido estacionar en avenidas mano única a la derecha; está prohibido estacionar en avenidas mano única a la izquierda de 7:00 a 21:00; está prohibido estacionar en avenidas doble mano de 7:00 a 21:00; está prohibido estacionar en pasajes; está prohibido estacionar en calles de convivencia y avenidas con carriles de Metrobus; y está prohibido estacionar en calles con ciclovías.

En algunos barrios ya se renovó la cartelería indicatoria, pero advirtieron que aún puede pasar que haya calles en las que persisten los carteles de fondo azul y la letra en blanco, que se colocaron para avisar que se podía estacionar sobre la mano izquierda.

En total, según información oficial, serán 28.000 los espacios más para estacionamiento en los barrios más alejados de la zona del Macrocentro, sobre todo en calles de baja densidad de tránsito.

Las modificaciones también abarcarán a las motos, ya que hasta ahora debían estacionar de manera paralela al cordón, pero con la nueva normativa deberán hacerlo de 45 a 90 grados.

Entre los barrios más beneficiados con los nuevos espacios, aparecen Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Floresta, Monte Castro, Vélez Sársfield, Versalles, Villa Luro, Villa Real, Flores y Parque Chacabuco.

De acuerdo a un sondeo, un 76 por ciento de los encuestados consideró que es difícil o muy difícil saber dónde estacionar, al tiempo que un nuevo esquema de señalización de la normativa de estacionamiento redujo el 51 por ciento de las infracciones cometidas por los automovilistas.

Justamente, este estudio indicó que 5 de cada 10 infracciones tienen que ver con estacionar en forma indebida -durante el último año fueron por hacerlo sobre la mano izquierda-.

Las multas

Los agentes de tránsito comenzarán a labrar infracciones desde este lunes, según lo determinó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña.

La multa por mal estacionamiento es de 10.292 pesos, pero aumenta si el vehículo está detenido en lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobus, y zona de Macro y Microcentro, por lo que costará 20.584 pesos.

La sanción también será más cara en espacios reservados para vehículos de personas con necesidades especiales o rampas para personas con movilidad reducida: 30.876 pesos.

Otro cambio que ya se había dado fue cuando el Gobierno porteño terminó con el contrato de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC y comenzó a operar el servicio de grúas de acarreo.

En ese sentido, se estima que antes de fin de año se defina la nueva concesión, que dividirá a la Ciudad en tres zonas, al tiempo que habrá seis playas de acarreo. Tras la apertura de sobres con las propuestas, en febrero, se confirmó que se presentaron cinco empresas.

Con el nuevo sistema, la prioridad es remover aquellos autos que obstruyan rampas o paradas de colectivos, pero no a los que ocupan lugares de estacionamiento medido y lo tengan vencido, otra acción que repetían las grúas privatizadas.

El sistema de estacionamiento medido también se renovó el año pasado a través de una app para teléfonos móviles. De esta manera, quienes dejen el auto por 60 minutos pagarán 81 pesos; la segunda hora les costará 105,30 pesos, la tercera 136,90 pesos y la cuarta y todas las sucesivas 178 pesos. Por lo tanto, estacionar cuatro horas tendrá un costo total de 501,20 pesos.

Con información de NA.

IG

La Aduana analizará anticipadamente el equipaje de los pasajeros con el objetivo de identificar a los infractores que intentan ingresar productos no declarados al país.

El análisis se realizará a través de un sistema desarrollado con la información disponible de forma anticipada acerca de los pasajeros que incluirá distintas variables. Se tendrá en cuenta la cantidad de bultos que componen el equipaje, la diferencia entre el equipaje al momento de salir del país y al regresar, así como también la cantidad de viajes realizados, la actividad a la que se dedica el pasajero y si cuenta con antecedentes de infracciones cometidas.

Además, contempla los consumos de alta gama realizados por turistas que regresan de Europa y piden la devolución de impuestos, conocida como “tax refund”, ya que se dispara automáticamente una alerta que se redirige a la Aduana argentina.

Hasta el momento, se puso a prueba en Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se alertó sobre 52 pasajeros, de los cuales 22 fueron identificados como infractores. Entre los productos incautados se encuentran prendas de vestir, zapatillas, celulares, computadoras, drones y perfumes en cantidades que permitían presumir que estaba siendo importada con fines comerciales.

El caso más impactante fue el de un hombre que, acompañado de su pareja, intentó ingresar al país 100 pares de zapatillas y 251 prendas de vestir en su equipaje despachado. Arribaron en una unidad de Air Canada desde Montreal, Canadá y llevaban 15 bultos.

Cuáles son las multas que aplicará la aduana

El sistema de análisis anticipado puede llegar a predecir infracciones con un 42% de efectividad. La Aduana advirtió que quienes cometan transgresiones relacionadas con excesos de franquicia tendrán que enfrentar una multa del 50% sobre el monto excedido mientras que aquellos que cometan infracciones en el régimen de equipaje pueden llegar a tener sanciones económicas que triplicarán el valor de los productos ingresados. En el caso de que se trate de mercadería prohibida, será secuestrada inmediatamente.

Las personas que ingresen productos que paguen impuestos deberán guardar las facturas y tenerlas al alcance de la mano al momento de arribar al país, puesto que, en el caso de no tenerlas, la Aduana podría deducir un valor mayor al pagado.

Al momento de regresar a Argentina, los pasajeros deben completar una declaración jurada en la que se detalla los productos adquiridos y se precisen sus respectivas tarifas. Este trámite puede hacerse de forma digital a través de la aplicación de Viajeros de la AFIP, en terminales de autogestión o completando a mano el formulario OM 2087/G5 o OM 2087/G6.

NB

Hoy comenzó la implementación de las fotomultas que buscan controlar la falta de cinturón de seguridad, el uso del celular al conducir y los giros indebidos. Según el último informe anual de víctimas fatales de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, en 2021, 96 personas fallecieron a causa de un siniestro vial. El uso del cinturón de seguridad por parte de todos los pasajeros del vehículo cayó del 68,5% en 2019 al 63,8% en 2021 y el número de conductores que utilizan el celular al volante se triplicó.

“Manejar sin cinturón o mirando el celular son faltas de tránsito graves, que pueden ser fatales. Por eso, vamos a fiscalizar estas conductas con las más de 200 cámaras distribuidas por la Ciudad, cuya ubicación ya está señalizada. Confiamos en que, aumentando los controles, vamos a reducir estas conductas peligrosas”, advirtió el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

La fiscalización electrónica de estas infracciones se realizará mediante nuevas cámaras analíticas que tomarán una foto del interior del vehículo. Las multas por estas 3 conductas de riesgo a la hora de conducir solían ser labradas por agentes de tránsito, mientras que las multas por exceso de velocidad y cruces de semáforo en rojo ya eran fiscalizadas de manera electrónica mediante 97 cinemómetros de velocidad y más de un centenar de cámaras analíticas.

La nueva tecnología permitirá analizar con mayor precisión el comportamiento del conductor dentro del vehículo, pero la imagen solo funcionará como una presunción que luego será corroborada por el ojo humano, según informó la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad a Clarín.

Fotomultas: cuál es el valor de las multas actualizado

El valor de las multas varía según el tipo de infracción cometida:

1. Exceso de velocidad: de $4.086 a $233.480

2. Violación del semáforo en rojo: de $17.511 a $87.555

3. Uso del celular por parte del conductor: de $7.571 a $15.142

4. Falta de uso del cinturón de seguridad: $7.571

5. Giro indebido: $7.571

Además de la pena económica, las infracciones generan descuento de puntos en el Scoring:

1. Exceso de velocidad: 5 puntos si se supera la máxima permitida entre el 10% y 30% o 10 puntos si se sobrepasa por más del 30%.

2. Violación del semáforo en rojo: 5 puntos

3. Uso del celular por parte del conductor: 5 puntos

4. Falta de uso del cinturón de seguridad: 4 puntos

5. Giro indebido: 4 puntos

Dónde se ubican las cámaras de fiscalización

Todas las cámaras están identificadas con cartelería y pueden visualizarse en las aplicaciones de movilidad como Waze o Google Maps. Su ubicación está determinada por el Gobierno de la Ciudad de acuerdo al tipo de conducta a fiscalizar: aquellas cámaras que identifican cruces en rojo se encuentran en las intersecciones más peligrosas, con mayor riesgo peatonal o circulación como es el caso de los centros de trasbordo. Los cinemómetros se concentran en las autopistas porteñas y las principales avenidas: Libertador, Figueroa Alcorta, Córdoba, Cabildo, General Paz, Gaona, Eva Perón, Elcano, entre otras.

Puede consultarse el tipo de cámara y su ubicación exacta en este documento.

Consideraciones sobre la privacidad

La aplicación de las nuevas fotomultas ha generado debate sobre la privacidad de los pasajeros del vehículo que podrían quedar captados en las imágenes generadas en tiempo real por las nuevas cámaras analíticas. Desde el Gobierno porteño aseguraron que está garantizada la protección de la privacidad y los datos de las personas.

“El objetivo de la fiscalización electrónica es exhibir la falta de tránsito preservando la privacidad de las personas. En las imágenes se cubre el rostro del acompañante”, sostuvieron desde el Gobierno de la Ciudad. La privacidad del acompañante se garantizará mediante el difuminado, blureo o cobertura total de su figura con un cuadrado negro.

ACM

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires controlará a partir de febrero 2023 infracciones de tránsito como el uso del celular, la falta de cinturón y los giros indebidos con el uso de cámaras de fiscalización, informaron oficialmente en las últimas horas.

Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de CABA esta medida “mejorará la transparencia en el procedimiento de fiscalización, que contará con el registro fotográfico de cada falta”.

En la actualidad, se fiscalizan electrónicamente el exceso de velocidad y los cruces de semáforo en rojo.

Sobre este mismo aspecto, con el actual sistema de cámaras se fiscalizará el uso del celular al volante, el cinturón de seguridad y los giros indebidos, precisaron desde la cartera de transporte porteña.

“Manejar sin cinturón o mirando el celular son faltas de tránsito graves, que pueden ser fatales. Por eso, a partir del mes que viene, vamos a fiscalizar estas conductas con las más de 200 cámaras distribuidas por la Ciudad, cuya ubicación ya está señalizada. Confiamos en que, aumentando los controles, vamos a reducir estas conductas peligrosas”, indicó Felipe Miguel, jefe de Gabinete porteño.

Por su parte, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires, remarcó que “cualquier distracción o inconducta al volante puede provocar una víctima fatal y, a su vez, pone en pausa la vida de toda una familia. Es por eso que, gracias a la fiscalización electrónica, seguimos profundizando los controles de manera más eficiente para que los conductores tomen conciencia y dejen a un lado estas malas costumbres al volante”.

Según el último informe anual de víctimas fatales presentado por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, durante 2021 fallecieron 96 personas como consecuencia de un siniestro vial en la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido indicaron, desde la cartera de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que 6 de cada 10 siniestros fatales se registraron por exceso de velocidad, mientras que en 3 de cada 10 siniestros con fallecidos, hubo violación de semáforo en rojo.

En relación al celular al volante, en comparación con años anteriores, se registró un aumento de casi el triple de conductores usando el celular al manejar: cuando un conductor mira el celular durante 3 segundos a 40 km/h, recorre 33 metros a ciegas.

Por su parte, la utilización del cinturón en todos los ocupantes del vehículo se redujo de 68,5% en 2019 a 63,8% en 2021.

Cuánto se paga de multa

Sobre el valor de infracciones, el exceso de velocidad puede oscilar entre los 4.086 a $233.480 (el equivalente a 70 a 4.000 unidades fijas), violación de semáforo en rojo: de $17.511 a $87.555 (300 a 1.500 UF).

Por su parte, el uso de celular puede oscilar entre los $7.571 a $15.142 (100 a 200 UF), mientras que no usar el cinturón de seguridad equivale a una multa de $7.571 (100 UF), mismo monto que el giro indebido: $7.571 (100 UF).

Con información de Télam.

IG

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, Meta, ha recibido este miércoles uno de los golpes más duros a su negocio publicitario de cuántos le ha propinado la UE. El bloque ha declarado ilegal la base jurídica que la corporación de redes sociales ha estado utilizando desde 2018 para extraer datos personales de sus usuarios con el objetivo de ofrecerles anuncios microsegmentados. Además, le ha impuesto una multa de 390 millones de euros en total (210 millones por Facebook y 180 por Instagram) por estos más de cuatro años que ha estado operando de manera irregular.

El problema radica en el método que utiliza Meta para recabar el consentimiento de los usuarios para mostrarles publicidad personalizada. Desde 2018, cuando entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la UE obliga a que ese permiso sea “libre e informado”. Sin embargo, la multinacional pide a las personas que quieran usar Facebook e Instagram que firmen unos términos y condiciones que les fuerzan a aceptar esa recopilación de datos o a dejar de usar estos servicios por completo. Tampoco permite retirar el consentimiento sin borrar las cuentas en esas redes.

Las autoridades de protección de datos europeas han determinado que esa práctica supone “un consentimiento forzado” incompatible con las normas comunitarias y han decidido vetarla y sancionar a Meta. La corporación tiene ahora tres meses para arreglar la base jurídica que usa para su negocio de publicidad personalizada en la UE (deberá recabar un nuevo consentimiento de sus usuarios) o dejar de prestar estos servicios en todo el territorio.

“Meta no tiene derecho a basarse en la base legal del ”contrato“ para la entrega de publicidad conductual como parte de sus servicios de Facebook e Instagram, y su procesamiento de los datos de los usuarios hasta la fecha equivale a una infracción del RGPD”, zanja la autoridad irlandesa de privacidad, que ha sido la que ha liderado la investigación al estar la sede europea de Meta en Dublín. No obstante, el proceso ha contado con la intervención de todos los reguladores nacionales e incluso con el arbitraje del ente europeo que los agrupa debido a desacuerdos entre ellos. Prueba de estas dificultades son los cuatro años que ha tardado en dirimirse la resolución.

La denuncia contra Meta la interpuso el activista de la privacidad digital Max Schrems el mismo día en el que el RGPD entró en vigor. Se trata del mismo joven abogado austríaco que ha tumbado dos tratados internacionales de transferencia de datos personales entre la UE y EEUU con sus denuncias al Tribunal de Justicia de la UE. “Esto supone un duro golpe para los beneficios de Meta en la UE. Ahora hay que preguntar a los usuarios si quieren que sus datos se utilicen para anuncios o no. Deben tener una opción de ”sí o no“ y pueden cambiar de opinión en cualquier momento”, ha declarado Schrems.

Meta anuncia que recurrirá

Meta se ha mostrado disconforme con la decisión. “Creemos firmemente que nuestro enfoque respeta el RGPD, por lo que estamos decepcionados por estas decisiones y tenemos la intención de recurrir tanto el fondo de las sentencias como las multas”, ha adelantado en un comunicado.

Estamos decepcionados por estas decisiones y tenemos la intención de recurrir tanto el fondo de las sentencias como las multas

Meta

La multinacional insiste además en que la UE no ha vetado los anuncios personalizados sino el consentimiento legal en el que se basan. “Facebook e Instagram son intrínsecamente personalizados, y creemos que proporcionar a cada usuario su propia experiencia única -incluidos los anuncios que ven- es una parte necesaria y esencial de ese servicio”, afirma, aclarando que no está en sus planes cambiar ese modelo: “Sería muy poco habitual que un servicio de redes sociales no se adaptara a cada usuario”.

“En lugar de tener una opción de 'sí/no' para los anuncios personalizados, simplemente trasladaron la cláusula de consentimiento a los términos y condiciones. Esto no sólo es injusto, sino claramente ilegal. No conocemos ninguna otra empresa que haya intentado ignorar el GDPR de una forma tan arrogante”, afea Schrems, que avisa que la reclamación ante los tribunales que ha anunciado Meta supondrá un nuevo reto económico para su organización, Noyb, dedicada a interponer denuncias contra las empresas que se saltan las normas de protección de datos europeas.

La Justicia porteña ratificó la obligatoriedad de pagar las multas por infracciones de tránsito en todo el país como requisito para renovar el registro de conducir automóviles en la Capital Federal.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Martín Converset rechazó el planteo de un automovilista para que “se declare la inconstitucionalidad del requisito consistente en la presentación del pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) como requisito sine qua non para obtener la licencia de conducir”.

El conductor señaló que “al momento de generar la boleta de pago para obtener el CENAT pudo apreciar que la misma no sólo contenía la obligación de pagar 1.200 pesos como monto fijo por el certificado, sino que mandaba a abonar 59.076 pesos adicionales por supuestas infracciones de tránsito en las provincias de Misiones y Córdoba”.

En ese contexto, adujo que esas infracciones eran “irrazonables porque jamás tomó conocimiento de la existencia de los supuestos procesos judiciales en los que se dictaron dichas sentencias condenatorias, lo que las torna claramente nulas”.

Pero el fallo –de primera instancia- replicó que “el requisito de presentar certificado de libre deuda de infracciones de tránsito, requerido con miras a efectivizar el trámite de renovación de la licencia de conducir, no sería sino la aplicación lisa y llana del Código de Tránsito local, en concordancia con la normativa nacional”.

El requisito, añadió el fallo, “trata de armonizar el derecho de quien pretende obtener o renovar la licencia de conducir con el derecho a la vida, la integridad física, y a circular libre de obstáculos, del resto de las personas”.

NA.

IG

La Legislatura porteña eliminó hoy algunos de los motivos vigentes por los cuales las grúas acarrean los autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito que limitar la remoción de vehículos y que solo sea en situaciones graves y de fuerza mayor, como la obstrucción del tránsito o la accesibilidad.

La normativa obtuvo 52 votos positivos y dos abstenciones durante la sesión ordinaria del Parlamento a instancias de un proyecto elaborado por el diputado de Republicanos Unidos Roberto García Moritán.

La propuesta apuntó a modificar el Código de Tránsito y Transporte para suprimir una serie de situaciones en las cuales los autos mal estacionados demandan el acarreo; no obstante, la nueva reglamentación mantendrá el cobro de la multa por la respectiva infracción vial.

Puntualmente, ya no serán removidos los autos que estén en doble fila -mientras sea transitorio- , los vehículos pesados como ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y maquinaria especial que estén en la vía pública, y las unidades que estén estacionadas por más de 48 horas.

También quedarán fuera del acarreo los autos que estén sobre las entradas de locales de espectáculos públicos y frente de salas velatorias; y aquellos vehículos en zonas de estacionamiento medido, cuyo lapso de tiempo que fue abonado esté vencido.

Lograr que el acarreo no se convierta en regla, señaló Moritán y agregó que las grúas solo tienen que actuar siempre que se infrinjan las normativas, o por causas de fuerza mayor. Queremos reducir la posibilidad de remolcar vehículos al mínimo e indispensable, solo en los casos en los que de verdad se altere el orden público“.

En la actualidad, el servicio de grúas para el acarreo está a cargo del Estado tras la suspensión, en agosto, del contrato con las empresas que explotaban el sistema y que permanecían operando de manera irregular con prórrogas desde hace más de 20 años y con un canon congelado de $55 mil.

La remoción de los vehículos hasta una playa de acarreo implica el pago de $6.525, en tanto que las multa económica oscila de $5800 a $17500 según la gravedad de la infracción.

DA

A casi seis años de las revelaciones del mayor caso de corrupción de Latinoamérica, la historia del caso Odebrecht ha dado un vuelco. En la mayoría de los países en los que la constructora brasileña admitió el pago de sobornos, las investigaciones penales han avanzado poco o nada sobre escasos acusados. Solo en Perú, las investigaciones tuvieron un avance importante sobre todo antes del inicio de la pandemia gracias a la cooperación internacional con Brasil y la firma de un acuerdo de colaboración con la empresa. Sin embargo, en gran parte de los países, los casos se estancaron en vericuetos burocráticos mientras que la constructora emprendía litigios civiles e internacionales para demandar a los Estados y recuperar terreno en el negocio de las obras públicas, de acuerdo con la investigación transnacional del equipo periodístico de Investiga Lava Jato. 

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había ratificado en una corte de ese país el pago de sobornos por al menos 788 millones de dólares en Brasil y otros once países. El expresidente de la empresa Marcelo Odebrecht y sus principales ejecutivos admitieron pagos ilegales por 349 millones de dólares en su país de origen y otros 439 millones de dólares en Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, además de Angola y Mozambique, en África. La región latinoamericana recibió un total de 381 millones de dólares en coimas (restando los casi 51 millones destinados a los dos países africanos).

De esos pagos ilegales realizados por Odebrecht fuera de Brasil y África, casi el 80% (298 millones de dólares) se destinaron a funcionarios e intermediarios en seis países: Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. Tiempo después, diversos esfuerzos periodísticos en el continente como la red Investiga Lava Jato determinaron que el monto de los sobornos y los pagos ilícitos para el financiamiento de campañas electorales fueron superiores a los inicialmente confesados.

Esta vez, volvemos a rastrear los expedientes penales y revisar las demandas iniciadas por la constructora por haber sido vetada para seguir participando en licitaciones públicas. El resultado: en la mayoría de los países analizados, fuera de Brasil, la compañía emblema de la corrupción en la región no ha pagado por los hechos de corrupción que protagonizó ni con resarcimientos económicos a los Estados ni con castigos penales por los delitos admitidos.

Pero eso no sólo sucedió por razones internas en cada país sino también por un golpe severo a la lucha contra la corrupción que se produjo en febrero de 2021, en plena pandemia, en el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro: la desactivación de la Fuerza de Tarefa en Brasil, que lideró la investigación del caso Lava Jato y logró encarcelar a Marcelo Odebrecht, el entonces presidente de la compañía que inicialmente se negó a colaborar con la justicia y que luego de evidencia tras evidencia tuvo que confesar sus acciones ilícitas y la creación del Departamento de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de las coimas desde donde se manejaban los pagos ilícitos en América Latina y África.

El acuerdo de leniencia (colaboración) que firmó la compañía Odebrecht en 2016 con la justicia brasileña contemplaba que la constructora también suscribiera acuerdos con otros Estados donde pagó sobornos. Algunos países como Perú, República Dominicana y Panamá optaron por el acuerdo de colaboración con la empresa, lo que implicaba que la constructora entregara toda la información necesaria para identificar a los funcionarios involucrados y se comprometiera al pago de millonarias reparaciones económicas a cambio de no ser procesada. Sin embargo, las autoridades de otros países como México y Argentina prometieron perseguir el delito sin la colaboración de la compañía. La historia en Venezuela es particular: los fiscales que empezaron a investigar el caso tuvieron que exiliarse ante las presiones del régimen de Nicolás Maduro, sin ninguna posibilidad de avanzar en la sanción de estos hechos corruptos.

En este escenario pantanoso, ¿cuál es el costo de las decisiones tomadas por las autoridades en cada país y de la principal compañía investigada en la operación Lava Jato? A seis años de las confesiones del mayor caso de corrupción en Latinoamérica, esto fue lo que encontramos.

Reparaciones versus demandas

Odebrecht recibió reclamos de reparación económica, demandas, multas y sanciones por al menos 638,6 millones de dólares en Venezuela, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Perú y México. De este monto, casi el 60 por ciento (374 millones de dólares) es por indemnizaciones solicitadas por Perú (190 millones) y República Dominicana (184 millones). Otros 76 millones de dólares son exigidos por el gobierno de Venezuela debido al incumplimiento de un contrato para construir 2.400 viviendas. Las multas y sanciones ascienden a 188,6 millones de dólares en total: 107 millones en Ecuador y 81,6 millones en México. En Argentina, el ministerio de Energía presentó una demanda por daños ante el acuerdo entre Odebrecht y exfuncionarios argentinos por la ampliación de gasoductos, pero el Estado no ha fijado un monto en la demanda.

Odebrecht cerró un acuerdo con el Estado de Perú por 190 millones de dólares (152,5 millones en reparación económica más 37,5 millones por intereses) que serán desembolsados a lo largo de 15 años. Hasta el momento, ha pagado unos 33 millones de dólares en los últimos tres años.

Odebrecht suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (existen registros de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó.

Odebrecht.

República Dominicana es el segundo en la lista de los más sobornados por la compañía en América Latina. Odebrecht llegó a un acuerdo para pagar 184 millones de dólares al Estado pero sólo pagó 60 millones entre 2017 y 2018 debido a que se declaró en quiebra y busca que el resto de los pagos sean ejecutados en el marco de su bancarrota. Hasta el momento, la Justicia de Brasil ha fallado en contra de la compañía pero el Estado dominicano no ha recibido más compensaciones.

Al mismo tiempo, la constructora brasileña batalla sus propios litigios contra Perú, Argentina, Ecuador y México, en la justicia local o internacional, haciendo frente a la imposición de multas, la cancelación de contratos y las demandas en su contra por obras inconclusas o daños provocados por el pago de sobornos.

A Odebrecht le costó no lograr acuerdos de colaboración con los países pero los Estados arriesgaron todavía más: la compañía ha iniciado desde 2018 demandas por 1.625,5 millones de dólares contra Perú, Ecuador, México y Argentina y si bien aún no ha ganado ninguno de estos litigios, Odebrecht se ha ahorrado el pago de multas millonarias mientras contrarresta las acusaciones de corrupción con demandas civiles e internacionales. 

El monto que reclama Odebrecht en cuatro de los seis países analizados (Perú, Ecuador, México y Argentina) es cuatro veces mayor a sus ofertas de reparación económica acordadas hasta el momento en Perú y República Dominicana. La compañía explica en sus demandas que sus pretensiones se deben a pagos adeudados por obras o trabajos realizados -los mismos que están bajo investigación por sobornos- o por la cancelación unilateral de contratos de obra pública tras las revelaciones de los sobornos. 

A pesar del acuerdo firmado en 2019 entre el Estado peruano y Odebrecht, la compañía brasileña inició una demanda contra el país por 1.200 millones de dólares, en febrero de 2020, ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que depende del Banco Mundial (BM) y tiene sede en Washington. La constructora pretende un resarcimiento por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano, una obra para la cual se tenía previsto una inversión de 7 mil millones de dólares.

Odebrecht también inició demandas económicas contra las petroleras estatales de Ecuador y México. No sólo eso, puede volver a acceder a contratos de obras públicas.

La empresa se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola.

Odebrecht.

La compañía inició dos demandas contra el Estado argentino. El primero es un litigio por discriminación, ya que fue prohibida de participar en licitaciones públicas y la misma sanción no pesa sobre sus socias locales y otras compañías también investigadas por el pago de sobornos en sonados casos como el de ‘Los Cuadernos de la Corrupción’ en el que están involucradas decenas de constructoras que recuperaron sus permisos oficiales para licitar con el Estado. La segunda es una demanda por supuestos pagos no realizados por más de 45 millones de dólares en la construcción de gasoductos. En ambos casos, la justicia ha rechazado las demandas de Odebrecht.

También litiga contra República Dominicana para evitar el pago de las cuotas pendientes para cancelar la reparación económica acordada en el país, ya que la empresa aún debe 124 millones de dólares de los 184 millones fijados como reparación económica por el pago de sobornos .En 2019 dejó de cumplir con los desembolsos cuando se declaró en quiebra en ese país. Por esa razón, República Dominicana y Odebrecht mantienen una disputa legal en Brasil para que la justicia determine si la compañía debe seguir cumpliendo con los planes de pagos o el Estado dominicano debe ingresar como acreedor en el proceso de quiebra, según información del programa televisivo El Informe, que forma parte de Noticias SIN y de la red periodística Investiga Lava Jato.

El mecanismo de la colaboración

“La empresa tomó la iniciativa de manifestar a las autoridades de otras jurisdicciones su voluntad de cooperar en el esclarecimiento de hechos ilícitos ocurridos en dichos países”, respondió Odebrecht ante la consulta del equipo de Investiga Lava Jato. Esa decisión fue tomada en el marco del acuerdo que la compañía realizó con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, agregó un vocero de la compañía.

“Posteriormente, la empresa suscribió convenios de colaboración en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Perú. Este mismo tipo de manifestación se realizó (y existen registros de la formalización de la misma) en México, Ecuador, Venezuela y Argentina, pero en ellos no se firmó ningún convenio definitivo de colaboración o similar”, aseguró Odebrecht.

“En Brasil, Estados Unidos, Panamá y Perú, países en los que hemos suscrito convenios de colaboración, no solo nos hemos habilitado formalmente para operar y participar en licitaciones y contratos públicos, sino que hemos seguido trabajando y ya hemos ganado contratos con empresas privadas y públicas, generando empleo y demanda de servicios complementarios”, sostuvo la compañía brasileña.

En México, Ecuador y Venezuela, las investigaciones penales quedaron truncas o se limitaron a un acusado. En los dos primeros países Odebrecht sí logró evitar multas por su comportamiento y avanzar, además, con sus reclamos económicos contra ambos Estados. 

En México, la compañía brasileña no logró cerrar un acuerdo de colaboración con las autoridades para aportar información sobre los funcionarios sobornados y evitar así el avance de procesos penales contra sus ejecutivos locales y las sanciones económicas. En Ecuador, la empresa firmó un acuerdo inicial con la Fiscalía que permitió a la justicia acceder a información clave para encarcelar y luego sentenciar al expresidente de ese país, Jorge Glas. Sin embargo, el proceso de colaboración terminó truncándose debido a que la compañía ponía como condición tener la posibilidad de denunciar al Estado por el incumplimiento de pagos de los contratos suscritos. 

El Grupo Odebrecht pagó por lo menos 98 millones de dólares en sobornos, según lo confesado por la empresa, a funcionarios del gobierno en Venezuela y trabajadores intermediarios entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Fue el país que recibió  montos más altos en coimas por parte de la constructora brasileña a cambio de adquirir o mantener contratos de obras públicas, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos difundido el miércoles 21 de diciembre de 2016.

Transparencia Venezuela calculó la cifra de coimas por encima de los 1.300 millones de dólares. 

Las investigaciones penales en Caracas terminaron en la nada mientras los fiscales que avanzaron en la persecución de los delitos debieron exiliarse o terminaron fuera de la función pública. Además, Alianza Rebelde Investiga (ARI), que integra el equipo de Investiga Lava Jato, logró determinar que la obra del Metro Caracas-Guarenas-Guatireque terminó costando casi 9 mil millones de dólares, casi 600% más del presupuesto inicial de la obra adjudicada a Odebrecht. A pesar de los millonarios incrementos del valor original, el megaproyecto nunca se concretó y su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Los sobrecostos de esta obra superan los incrementos presupuestales de otras 50 obras de la constructora en 7 países, que fueron determinados por Investiga Lava Jato en el especial ‘VíaSobrecosto’.

El Estado venezolano reconoció, por intermedio de la Procuraduría General de la República, que la empresa brasileña no concluyó once obras de gran envergadura, pero sólo la demandó por incumplimientos en una de ellas, con un reclamo por 76 millones de dólares.  Al respecto, Odebrecht respondió que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. 

“La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía para este reportaje.

En Argentina, donde Odebrecht pagó sobornos por al menos 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, la empresa redujo al máximo su presencia en el país, enfrascada en litigios contra el Estado y la imposibilidad de licitar obras. Odebrecht ha cedido o vendido su participación en dos de los consorcios investigados.

Sin embargo, los responsables de Odebrecht no fueron incluidos en los procesos de los jueces penales que investigan casos de corrupción por las tres obras en las que los exejecutivos de la compañía admitieron el pago de coimas. 

Los casos penales están divididos en tres expedientes. Dos de ellos avanzan hacia juicios orales y públicos, pero sólo en uno de los casos hay empresarios procesados. Un tercer caso permanece detenido en el tiempo desde hace tres años y ni los brasileños ni sus socios locales son investigados, como informa para este reportaje elDiarioAR. 

En Perú, Silvana Carrión Ordinola, procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, declaró para nuestro equipo periodístico que los logros en las investigaciones contra Odebrecht y sus socios y de los pedidos de reparación económica del Estado peruano contra las compañías sólo es posible por “la voluntad de las cabezas de las instituciones públicas”.

Perú promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías se acojan a la colaboración eficaz y que el Estado peruano asegure el pago de las reparaciones civiles a través de la creación de fideicomisos.

Salvo Odebrecht, que se ha acogido a un acuerdo de colaboración eficaz, y la constructora brasileña OAS, que ha iniciado entendimientos con los fiscales para firmar un acuerdo, el resto de las constructoras brasileñas han litigado intensamente contra las autoridades peruanas para evadir su responsabilidad penal, de acuerdo con la investigación de Convoca.pe. Es el caso de Camargo Correa, Queiroz Galvao y Andrade Gutiérrez, también involucradas en las investigaciones por presunto pago de sobornos.

Mientras los procesos han avanzado en distintos ritmos y contextos en cada país, Odebrecht ha modificado su marca en los países donde busca seguir operando bajo el nombre de Novonor y OEC. La compañía destaca que estas nuevas administraciones “recibieron importantes certificados de calidad de gobierno y gestión de cumplimiento, como el Sello Internacional ISO 37001” y que el grupo empresarial “se ha sometido recientemente a una auditoría externa que amplía el alcance de la certificación a todas las operaciones de la constructora en los diferentes países donde opera, como Brasil, Estados Unidos, Perú, Panamá y Angola”. Pero aún no hay ninguna estrategia de marketing y de comunicación corporativa que pueda ocultar la historia de los sobornos millonarios y los rasgos de impunidad en América Latina y África.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).

El sistema de descuento de puntos por infracciones cometidas al volante, denominado “scoring”, entrará en vigencia en todo el país a partir de este miércoles 3 de agosto con el objetivo de mejorar la seguridad vial y contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

El mecanismo consiste en la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irá descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, por ejemplo, si la persona corre “picadas”.

El denominado sistema de 'scoring federal' fue definido por las autoridades como “una deuda pendiente desde 2011” y, durante la presentación realizada ante representantes de las distintas jurisdicciones días pasados en el Ministerio de Transporte, se destacó la puesta en práctica “gracias al consenso entre todas las provincias y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)”.

Los distritos deben incorporar el 'scoring' a través de sus Legislaturas, Concejos Deliberantes u órganos facultados y, al implementarlo, podrán registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del infractor responsable.

También, podrán registrar sentencias firmes que impongan inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir por pérdida de puntos y consultar la situación actual e historial de una cada conductor o conductora.

El sistema tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat) para que los Centros de Emisión de Licencias de Conducir cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de este documento.

Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días; la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días, y la tercera 180 días.

Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente, según se consignó.

Para recuperarlos y restablecer la licencia, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación.

Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar 4 puntos: los conductores particulares tendrán esta posibilidad cada dos años y los profesionales podrán hacerlo anualmente.

Se podrá acceder a los cursos de recupero de puntos de forma gratuita a través del sitio web de la ANSV.

En el caso de que transcurran dos años sin infracciones de ningún tipo, desde la última falta que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.

En la escala de infracciones se estableció que, por ejemplo, se descontarán 5 puntos en caso de circular con licencia de conducir vencida, sin casco en el caso de los motociclistas y si no se respetan las luces del semáforo; mientras que se deducirán 4 puntos por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o si no se lleva puesto adecuadamente el cinturón de seguridad.

Las infracciones más graves, con mayor descuento de puntaje, son: conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos (10 puntos); no respetar los límites de velocidad en menos del 30% (5 puntos) y en más del 30% (10 puntos); conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida (20 puntos) y participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores (20 puntos).

“El 'scoring' cambia el paradigma de lo que se ha venido haciendo en Argentina, y ahora se apunta a penalizar la conducta de forma tal que el conductor desaprensivo tenga consecuencias sobre la posibilidad de seguir utilizando su carnet en el sistema de puntajes que se le da inicialmente”, afirmó el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, en la presentación oficial del nuevo sistema realizada el jueves pasado.

En este sentido, agregó: “La ANSV ha hecho un muy buen trabajo en articulación con todos los actores del sistema. Hoy podemos celebrar que, a pesar de las diferentes administraciones en una Argentina amplia y diversa, se ha hecho un trabajo serio y responsable con la mirada puesta en la ciudadanía, y estamos entre todos salvando una deuda histórica con uno de los aspectos fundamentales de la seguridad vial en nuestro país”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, remarcó que, “como Estado nacional, le dimos forma y pusimos en funcionamiento este sistema de descuento de puntos, tal como era nuestra responsabilidad. Ahora será tarea de cada distrito provincial y municipal adherirse para aplicarlo a nivel local”.

Claves

¿Qué es el Scoring?

El sistema para el descuento de puntos por infracciones consiste en la asignación de un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir. Al cometer una o varias infracciones de tránsito, se irán descontando de la licencia los puntos correspondientes según el tipo de falta, siendo el máximo 20 puntos (correr picadas ilegales, por ejemplo) y el mínimo 1 punto.

¿Qué deben hacer las jurisdicciones para implementar el sistema?

Las jurisdicciones deben incorporar el scoring a través de sus legislaturas, Concejos Deliberantes u órganos facultados. Al implementarlo, los distritos podrán:

• Registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del responsable infractor.

• Registrar sentencias firmes que por pérdida de puntos impongan inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir.

• Consultar la situación actual e historial de una persona.

Además. el sistema tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) para que los Centros de Emisión de Licencias de conducir (CELs) cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de una licencia.

¿Qué pasa si un conductor pierde los 20 puntos de la licencia?

Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días. La segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días, y la tercera 180 días. Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente. Para recuperarlos y restablecer la licencia de conducir, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación.

Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar 4 puntos. Los conductores particulares tendrán esta posibilidad cada 2 años y los profesionales podrán hacerlo anualmente. En el caso que transcurran dos años sin infracciones de ningún tipo, desde la última infracción que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.

Se podrá acceder a los cursos de recupero de puntos de forma gratuita a través del sitio web de la ANSV. Además, las y los ciudadanos con Licencia Nacional de Conducir podrán consultar los puntos y el listado de infracciones con detalle del puntaje que descuenta cada una.

Infracciones graves

Las infracciones más graves, con mayor descuento de puntaje, son:

Con información de agencias.

IG

El Tribunal del Trabajo N° 1 de la Provincia de Buenos Aires confirmó en las últimas horas mediante un fallo la existencia de relación de dependencia entre la empresa Pedidos Ya y sus repartidores y le dio la razón al Gobierno que conduce Axel Kicillof que en junio pasado había impuesto, tras inspecciones del ministerio de Trabajo, multas millonarias a la compañía de delivery, además de Rappi y Glovo, al determinar que tienen “relaciones laborales encubiertas e irregularidades en la contratación de su personal”.

El tribunal bonaerense analizó la apelación que Pedidos Ya había interpuesto ante la multa que la Provincia le impuso en el marco de un operativo de fiscalización y los jueces concluyeron que la sanción aplicada es parte del cumplimiento con el artículo 39.1 de la Constitución bonaerense que “obliga al estado provincial a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y ejercer en forma indelegable el poder de policía en materia laboral”.

De acuerdo al fallo al que accedió el sitio InfoGremiales, se explica que “la empresa, más allá de sostener lo contrario en algún pasaje de su defensa, admite la prestación de servicios por parte de los repartidores a quienes se vincula mediante un contrato comercial -que adjuntó como prueba instrumental-, mediante los cuales desarrolla su objeto de explotación, esto es el delivery de comidas y paquetería a domicilio, dentro de lo que denomina e-commerce”.

En conclusión, para los jueces existe relación de dependencia entre Pedidos Ya y sus repartidores y “no caben dudas que recaía sobre la empresa la carga de demostrar el carácter no laboral de la vinculación que reconoció haber mantenido con los repartidores”.

De acuerdo a los magistrados, la empresa Repartos Ya, que funciona bajo el nombre de fantasía “Pedidos Ya”, no logró “acreditar las características de la relación jurídica por ella invocada (trabajo autónomo, contrato de locación de servicios), imperativo de su propio interés que claramente no cumplió en la especie”, al tiempo que citan jurisprudencia de fallos de la Suprema Corte provincial que “viene sosteniendo invariablemente que si la persona sindicada como empleadora admite el hecho de la prestación de servicios, pero niega la existencia de una relación laboral -argumentando una de distinta naturaleza-, a ella incumbe la prueba de la alegada vinculación en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial. De no satisfacer dicha carga, rige la presunción que los trabajos se efectuaron en relación de dependencia”.

Según la resolución, “en el caso obran elementos que permiten corroborar el acierto de la decisión adoptada por la autoridad administrativa en punto a considerar la naturaleza laboral de los vínculos habidos entre Repartos Ya S.A. y los denominados ‘riders’”, además de advertir que entre la empresa y sus repartidores “existe subordinación técnica, existe subordinación jurídica y existe subordinación económica”.

La resolución de Provincia de Buenos Aires con respecto a Pedidos Ya, Rappi y Glovo

El 24 de junio pasado, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dijo que se encontró en las tres compañías (Pedidos Ya, Rappi y Glovo) que el 90% de los repartidores trabaja más de 7 horas y que la mitad supera las 9. Además, la mayoría lo hace los 7 días de la semana.

Tras la fiscalización, el Ministerio de Trabajo provincial impuso a Pedidos Ya una multa de 17.690.400 pesos; a Rappi, de 16.426.800 pesos; y a Glovo, de 6.318.000 pesos.

“Descubrimos que las personas no tienen libertad de hacer o no los pedidos: si no los hacen, tiene consecuencias en la asignación de nuevos pedidos. Hay una relación de dependencia, entonces, deben estar registrados”, había explicado Ruiz Malec.

De acuerdo a la funcionaria, las empresas fueron notificadas de las multas y, en aquel momento, tenían tres días para responder. Si no lo hacen, entonces se hará efectiva la sanción. “Nos interesa ver cómo mejoramos la situación de los trabajadores y trabajadoras, aunque la mayoría son hombres que están hoy en una situación muy precaria”, agregó la ministra de Trabajo bonaerense en declaraciones radiales. Pedidos Ya apeló la medida.

Inspectores de la cartera laboral habían realizado 172 relevamientos en distintos lugares de la Provincia, entre ellos en los partidos de La Plata, Avellaneda, Lanús, Vicente López y La Matanza, para conocer si había elementos para presumir una relación de trabajo entre las empresas y los repartidores. En los procedimientos se detectaron diversos incumplimientos laborales como la ausencia de cobertura en materia de salud laboral, la falta de pago del aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de las y los trabajadores relevados.

Con información de infogremiales.com.ar

IG

El voto, tanto en las elecciones primarias como en las generales, es un derecho así como también una obligación. Es por eso que, quienes estaban registrados en el padrón -los mayores de 70 años y los menores de 18 años no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan emitido el voto- y no se acercaron al establecimiento correspondiente para votar, deben presentar justificativos de ausencia o, por el contrario, pagar la multa correspondiente.

Quienes no hayan ido a votar deberán consultar si figuran en el Registro de Infractores. Quienes figuren en el listado de infractores, tienen 60 días, desde el día de la votación, para justificar la inasistencia.

Para notificar sobre la inasistencia, los infractores deberán acercarse a la comisaría más cercana, para probar que se estaba a más de 500 kilómetros del lugar de votación o que cuentan con un certificado médico que los habilita a no votar.

En este año tan especial, el coronavirus también se convirtió en un motivo por el cual se puede faltar sin pagar una multa, ya sea por contacto estrecho o por estar afectado por la enfermedad. También se debe presentar certificado médico una vez levantado el aislamiento correspondiente.

Por el contrario, quienes no puedan justificar la causa de la infracción, deberán pagar una multa de $100 por las elecciones legislativas del 14 de noviembre. De no pagarlas, figurarán como infractores, lo que les limitará la posibilidad de realizar trámites durante un año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales.

MGF

Los ciudadanos que no hayan participado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias aparecerán en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Para saldar su infracción deberán o pagar una multa o justificar su ausencia, en caso de que puedan hacerlo. Debido al contexto por la pandemia, en esta oportunidad se habían ampliado las condiciones de excepción para no asistir a la votación. Sin embargo, es necesario tener documentación que compruebe esas situaciones. A continuación, cuál es el procedimiento para justificar o pagar las multas.

Procedimiento

En primer lugar hay que ingresar al padrón de infractores con el número de documento, el género, el distrito electoral y un código de validación que emitirá el sitio. Una vez dentro, aparecerán todas las elecciones anteriores y, arriba de todas, las últimas celebradas –en este caso, las PASO del 12 de septiembre-. En el costado derecho hay dos botones: “Solicitar justificación” o “Generar boleta de pago”.

En el primer caso, al hacer click aparecerá un menú desplegable con todas las opciones válidas para justificar la ausencia: motivos laborales, denuncia de fallecimiento, distancia de más de 500km, enfermedad o familiar enfermo, razones de fuerza mayor (como una inundación, extravío del documento, motivos económicos), funciones electorales, estar fuera del país o algún motivo relacionado al Covid-19.

Luego hay un botón para adjuntar archivos en el que se deberá cargar la documentación que demuestre la justificación presentada. Al finalizar hay que apretar en “Enviar solicitud”, que será recibida y evaluada por la Justicia Electoral Nacional. Cabe destacar que la resolución no es inmediata y puede demorar varios días. Hay tiempo para realizar esta gestión hasta el 11 de noviembre.

Para pagar, en cambio, hay que clickear en “Generar boleta de pago”. Esto, a su vez, abrirá dos nuevas opciones: “Banco Nación” u “Otros medios de pago”.

Al elegir “Banco Nación” se abrirá una ventana donde se generará una boleta de pago que debe imprimirse. Con eso, el infractor se tiene que acercar a la sucursal que le sea más conveniente y abonar la multa. El resto del proceso lo realiza el propio banco, que comunica a la Justicia Nacional Electoral sobre el pago. Esto puede demorar hasta 48 horas en aparecer en el sistema.

En el segundo caso aparecerá una pantalla que muestra el monto a abonar y distintas opciones de pago (tarjeta de crédito, transferencia, pagos en efectivo o cuenta virtual). El usuario debe elegir una y dar click en “Pagar” al final de la página.

En ambas situaciones se recomienda guardar el comprobante de pago.

MGF

El SINEI (Sistema de Notificación Electrónica de Infracciones) permite consultar de manera segura comprobantes de infracciones y otros documentos por e-mail, sustituyendo el correo postal y la visita presencial. El objetivo de la herramienta es agilizar los trámites y evitar la manipulación de papeles y la circulación de personas en las sedes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI), dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el contexto de la pandemia de COVID-19. 

El Check Mail permite hacer un seguimiento en tiempo real de las distintas etapas de cada comunicación, así como enviar reclamos y/o recibir notificaciones. Para adherirse al sistema, hay que enviar una solicitud de constitución de domicilio electrónico con los datos personales, foto del DNI (frente y dorso) y la dirección de mail con la que se quiere suscribir a notificacioneselectronicasdgai@buenosaires.gob.ar. Las personas registradas serán informadas sobre planes de pago, novedades, pagos voluntarios y cualquier información relacionada con la Dirección General de Administración de Infracciones y sus Unidades administrativas de control de faltas.

Los ciudadanos que hayan suministrado un correo electrónico en alguna dependencia de la Administración Pública local o nacional recibirán un e-mail indicando que se utilizará esa dirección de correo para los trámites del DGAI. En caso de querer cambiar la dirección de correo electrónico, se debe escribir a notificacioneselectronicasdgai@buenosaires.gob.ar, dentro de un plazo de 10 días desde que se recibió la notificación.

MGF

Hay diversas modalidades para consultar infracciones de tránsito. En el caso de las cometidas en alguna jurisdicción del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI), se puede ir directamente a la página del Gobierno Nacional. Si la jurisdicción no está adherida al SINAI, se deben chequear las multas en el sitio web de cada provincia, con el número de patente y DNI. 

En el SINAI se puede ver el modelo del acta única de infracción, los juzgados adheridos y las entidades de pago, como Rapipago, Banco Provincia, Banco de la Nación Argentina, Pago Mis Cuentas, Visa y más. 

Para consultar si se tiene infracciones en CABA, también es posible dirigirse a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) o chequear en su sitio web. Para multas en la Provincia de Buenos Aires, hay que ir a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (calle 6, Nº 928, en la ciudad de La Plata), o al juzgado competente de la infracción.

En el caso de que a una persona le lleguen infracciones que no cometió, se debe comunicar con el juzgado correspondiente.

Qué tipos de infracciones hay

Se dividen en leves y graves: las leves son aquellas que no atentan contra la propia vida o la de otros, y las graves, las que ponen en riesgo la seguridad propia y/o la de otras personas. Algunos ejemplos de multas leves son: exceso de pasajeros en un vehículo, caño de escape deteriorado, falta de silenciador, omisión de la señal de giro. Entre las graves están exceder la velocidad máxima permitida, manejar sin licencia de conducir, no frenar en un semáforo en rojo e infringir la orden de detención del auto.

Cuánto cuestan las multas

El costo de las infracciones varía en función del valor de un litro de nafta: esa es la Unidad Fija (UF). Según la gravedad de la multa, se aplicará un costo mayor o menor, tomando la UF como coeficiente base. 

Por ejemplo, pasar un semáforo en rojo cuesta entre 50 y 1.500 UF; circular sin licencia, 150; exceder la velocidad máxima, entre 150 y 750 UF; manejar sin haber cumplido la edad reglamentaria, desde 300 hasta 1.000 UF; realizar publicidad en la vía pública sin tener en cuenta la ubicación reglamentaria, entre 1.500 y 5.000 UF.

Cómo realizar el pago

El infractor cuenta con un período en el que puede abonar con descuento. Si efectúa el pago antes de que la multa haya llegado a la instancia resolutiva, esto se denomina “pago voluntario”. En el caso de CABA, hay un descuento del 50% pagando dentro de los 40 días de la multa; en la Provincia de Buenos Aires, también un 50% si se paga antes de los 30 días. Se puede abonar imprimiendo la constancia de la infracción desde la página web. El pago se acredita dentro de las 96 horas.

Validez de las multas

Las multas prescriben dentro de un determinado plazo de tiempo, según cada localidad y provincia del país. En CABA las infracciones prescriben después de 5 años de labradas. En Provincia de Buenos Aires las multas leves prescriben después de 2 años y las graves, después de 5 años.

MGF

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $ 2 millones a una cadena de supermercados por publicar un aviso que atribuía a las restricciones ambulatorias por la pandemia de Covid-19 posibles demoras en entregas a domicilio de mercadería adquirida por vía digital.

Según confirmaron hoy fuentes judiciales, la Sala II del tribunal ratificó la sanción que la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo Interior le impuso a la firma Coto Cicsa por limitar su responsabilidad y restringir los derechos del cliente.

La situación se generó cuando, tras la declaración de emergencia sanitaria en marzo de 2020 y el dictado de las normas sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), Coto publicó en su página un aviso sobre “demoras” en las entregas clientes que utilizaran esa plataforma para hacer sus compras.

“Dado el contexto de público conocimiento, el nivel de servicio habitual que ofrecemos en Coto Digital puede verse afectado”, advertía el aviso, que remarcaba que se estaba realizado el “mayor esfuerzo para cumplir con los tiempos de los pedidos”, pero que “los mismos pueden extenderse debido a la gran demanda”.

Al apelar la multa, la empresa expresó que se trataba de una situación “de público y notorio conocimiento”, que el eventual consumidor se podía representar y comprender.

Según la compañía, el anuncio no constituía una cláusula contractual para limitar su responsabilidad, sino que informaba al potencial usuario para que tuviera pleno conocimiento de las condiciones en la que se veía obligada a prestar el servicio.

El tribunal recordó la protección constitucional y legal a usuarios y consumidores, con la exigencia de “pautas claras y transparentes que garanticen grados aceptables de seguridad jurídica”, ya que las estipulaciones abusivas son “ineficaces” y se puede reclamar su nulidad.

Los camaristas Luis Márquez, María Caputi y José Luis Castiñeira concluyeron que el aviso generó, al menos, “una incertidumbre respecto de la fecha de entrega y la franja horaria en la cual el consumidor pactó la recepción de los productos seleccionados”.

Agregaron que si se le diera validez al aviso -al que calificaron como una “excusación anticipada”- el cliente quedaría “totalmente desprotegido” y sin precisiones para saber, en el caso que el supermercado no cumpla con lo estipulado, cuándo se producirá efectivamente la entrega, con un “claro e injustificado desequilibrio”.

DA

Con la vuelta de las clases presenciales y la flexibilización de las restricciones, la circulación en CABA creció significativamente entre junio y julio. Según los datos oficiales, la circulación en auto alcanzó el 93% de la que había antes de la pandemia, el nivel más alto registrado desde marzo 2020. En junio hubo un 31% más de demoras y las filas en accesos y avenidas fueron 80% más largas. Además, la circulación en autopistas ronda el 90%.

La Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad anunció que el lunes 2 de agosto, cuando finalice el receso invernal, volverán las restricciones de estacionamiento, las grúas y los parquímetros. Hasta que llegue esa fecha, el Gobierno realizará una tarea de concientización: los conductores de vehículos particulares que estacionen mal serán advertidos. Sin embargo, no se van a cobrar multas hasta que rijan las restricciones.

Antes de agosto, de acuerdo con los protocolos establecidos por la pandemia de COVID-19, se puede estacionar todos los días como si fuera domingo. Se puede dejar el auto en calles y avenidas donde está prohibido los días hábiles de 7 a 21 y no rige el estacionamiento medido. No se puede estacionar donde no está permitido hacerlo las 24 horas, y tampoco en lugares que obstruyan rampas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, cajones azules o dársenas exclusivas.

 Para saber dónde se puede estacionar en CABA, se puede consultar por WhatsApp al Boti, el robot de la Ciudad, al 1150500147. Hay que enviar “¿Dónde puedo estacionar?” y después mandar la dirección exacta, la intersección de calles o compartir la ubicación. El robot indica si está permitido estacionar ahí o si hay que abonar el parquímetro.

Reglas de estacionamiento desde el 2 de agosto

-Avenidas con doble sentido de circulación: prohibido estacionar junto a ambas veredas los días hábiles de 7 a 21 horas.

-Avenidas con sentido único de circulación: prohibido estacionar junto a la vereda izquierda los días hábiles de 7 a 21 horas. Permitido estacionar junto a la vereda derecha todos los días durante las 24 horas. En algunas avenidas está prohibido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

-Calles con sentido único de circulación: prohibido estacionar junto a la vereda izquierda todos los días durante las 24 horas. Permitido estacionar junto a la vereda derecha todos los días durante las 24 horas.

-Calles con doble sentido de circulación: permitido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

-Estacionamiento medido: permitido estacionar junto a ambas veredas todos los días durante las 24 horas.

-Rampas, ochavas, garajes, paradas de colectivo, espacios reservados, ciclovías, veredas y sendas peatonales: prohibido estacionar durante las 24 horas.

-Centro y Tribunales peatonal: no rige la restricción para circular, pero no se puede estacionar.

Multas

-Estacionamiento o detención prohibida: $3.900.

-Estacionamiento en lugares reservados para servicios de emergencia, paradas de transporte público, entradas de vehículos, ciclovías, carriles exclusivos, corredores de Metrobús y zona de Macro y Microcentro: $7.800.

-En lugares reservados para personas con necesidades especiales o rampas: $11.700.

-Estacionamiento medido: $3.900.

-Si el vehículo es acarreado por una grúa, además de la multa hay que pagar $4.350

Todas las reglas generales de estacionamiento se pueden consultar en la página del Gobierno de la Ciudad.

MGF

La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español y a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, sancionó por $ 10 millones a los bancos españoles Santander y BBVA por su responsabilidad en la protección de los usuarios frente a estafas o fraudes bancarios. La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo determinó que las entidades bancarias incumplieron su obligación de garantizar la seguridad en cuanto a la protección de datos personales, cuentas e intereses económicos de sus clientes.

Frente a situaciones de vulneración de datos personales y estafas dentro del sistema financiero, los bancos fueron sancionados por no asumir la responsabilidad que les compete frente a sus usuarios. BBVA y Santander fueron multados con la sanción máxima de $ 5 millones, respectivamente, establecida por la Ley de Defensa del Consumidor (número 24.240). La disposición del organismo público sostiene que “la obligación de seguridad instituida en el art. 42 Constitución Nacional y reglada en el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor comprende en los entornos digitales que los proveedores deberán velar porque las operaciones que se realicen por medio de plataformas, aplicaciones, dispositivos o canales de atención -toda vez que son quienes los diseñan, organizan y controlan- sean seguros y prevenir riesgos y peligros a los que puedan estar comprometidos la seguridad, los datos personales o los intereses económicos de los consumidores”.

AR