Si la primera marcha federal universitaria fue frente al Congreso para reclamar una ley de financiamiento, la cuarta movilización se plantó su escenario ante la Casa Rosada para exigirle a Javier Milei que cumpla la norma de una vez por todas. Un mar de personas se congregó este martes en la Plaza de Mayo y sobre la avenida de Mayo hasta las cercanías del Palacio Legislativo –y en plazas y avenidas de distintos puntos del país– para insistirle al gobierno libertario que acate la norma que dos veces votó el Parlamento el año pasado.

“Menos cascadas y más educación”, pintaron con aerosol dos jóvenes en una valla que miraba al Congreso. Metros más allá, el cartel de cartón que sostenía un alumno universitario con guardapolvo de investigador también hacía referencia al jefe de Gabinete: “Que renuncie Adorni, no mis profesores. Embargo a Adorni para pagar a los docentes”. Otra cartulina decía: “Milei te mea la espalda y te dice que llueve”. La creatividad de los manifestantes se repitió a lo largo de la gran columna que conecta los dos poderes del Estado: una señora levantaba la cabeza de un león de goma espuma con el nombre del Presidente y desde un camión de la izquierda le cantaban al ministro coordinador: “Si te gustan las cascadas andate de vacaciones / presentá ya la renuncia y andate a Misiones”. 

Llegando a la Plaza de Mayo, varios pasacalles marcaron la consigna principal de la movilización: “Milei cumplí la ley”. Firmaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el frente sindical de docentes y no docentes, y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA). La entente suscribió un documento conjunto en el que denunció a Milei por violar la democracia: apuntaron que el Gobierno lleva 203 días sin cumplir la ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso, y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La comunidad universitaria le reclamó desde la Plaza de Mayo al máximo tribunal que le ordene al Ejecutivo cumplir con la ley.

“Yo estoy haciendo las prácticas en el Bocalandro y necesito pasaje de bondi para ir al hospital y también para la universidad. Está todo mal”, graficó Gregorio Reynoso, alumno de la carrera de Producción de Bioimágenes en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). “Espero que el financiamiento se haga de una buena vez. Hay que salir de casa, unirse y luchar en contra de lo que está pasando”, planteó Carolina, alumna de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Mientras el CIN exigió el año pasado que el presupuesto universitario alcance los $7,3 billones, Milei estipuló fondos por $4,7 billones. Este lunes se supo de un recorte en 5000 millones de pesos para obras de infraestructura. El documento del frente universitario cuantifica el daño de la motosierra libertaria con precisión: las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023.

Traducido en tiempo, el sistema universitario perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual. En materia salarial, el derrumbe es todavía más gráfico: con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 10,9 salarios en el período, y hoy cobran lo que el comunicado llama “el nivel más bajo de los últimos 23 años” y los sueldos más bajos de toda América Latina.

El capítulo estudiantil no es menos severo. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una “situación de incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas (EVC) están directamente suspendidas. El documento advierte que el efecto de ese desmantelamiento no es abstracto: las políticas de acompañamiento económico, dice la declaración, “expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”.

Si la primera marcha sumó a unas 500.000 personas solo en CABA y las siguiente unas 250.000, la masividad de la cuarta movilización quedó marcada por un dato que aportaron los organizadores a elDiarioAR: “Fue muy grande porque la columna sin cortarse llegaba, sobre Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta el comienzo de la Plaza Congreso”. Desde la UBA aportaron a este diario la cifra de 600.000 personas solo en la Ciudad y un millón en todo el país. Fuentes policiales evitaron precisar una cifra “para no meterse en problemas”.  Hubo columnas multitudinarias en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza.

“Abrazamos a los más de un millón y medio de personas que a lo largo y ancho de la Argentina que hoy se abraza a la universidad pública”, sostuvo desde el escenario montado a la altura de la Pirámide de Mayo el titular del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. “No vamos a ser la generación que ve cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario argentino ni que deje morir sin más la universidad pública”, afirmó.

Numeros más o números menos, la movilización fue masiva por la transversalidad de la convocatoria. “Milei nos convocó a marchar cuando ajustó a las universidades y cuando nos llama ñoquis”, cuestionó Bettina, docente universitaria que cobra $300.000 por una cátedra que tienen hace 15 años. Entre la gente se combinaron desde jóvenes de 16 años que están en colegios que dependen de la UBA como el Nacional hasta jubilados que participan cada miércoles en los abrazos al Congreso que reprime el Gobierno.

Esta vez el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la ministra Alejandra Monteoliva quedó impotente ante la manifestación. Hubo también columnas de sectores externos a la universidad como la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de 140 gremios como ATE, UOM, aceiteros y aeronáuticos, o dirigentes políticos como el gobernador Axel Kicillof.

“Nos dicen que es una marcha política, y yo les digo que sí. Al fin y al cabo, todo es política. No sé si el Gobierno nos va a escuchar. Tendremos que seguir acá si esto no cambia”, enfatizó José Peralta, trabajador no-docente en Exactas. La cuarta marcha federal cerró frente a la Casa Rosada y ahora la pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. La comunidad universitaria marchó cuatro veces, el Congreso votó dos veces, y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos. Este martes la plaza y la calle le dijeron a Milei que ya no le queda otra que acatar la ley.

MC

En Argentina, casi cinco de cada diez chicos no tienen obra social ni prepaga. El sistema de salud público es su única cobertura médica. Son 3,6 millones de menores de 18 años. El porcentaje –45%– es el más alto registrado en toda la historia de la estadística.

El dato surge del informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC con datos del segundo semestre de 2025. En total, 10,3 millones de personas dependen únicamente del sistema de salud público. Dos años antes eran 9,5 millones. El incremento fue de 742.000 personas.

Según el informe, hay dos razones fundamentales que provocaron este aumento. Primero, el precio de las prepagas, que desde el decreto 70/2023 que desreguló el mercado, las cuotas aumentaron un 417%, mientras la inflación del mismo período fue del 293%. 

En segundo lugar, está la pérdida de empleo formal, ya que en los últimos dos años se perdieron 206.000 puestos de trabajo registrado, lo que implica que los trabajadores y sus familias quedan sin obra social. La tasa de desprotección laboral llegó al 44,9% de los ocupados –más de 6 millones de personas–, el nivel más alto que registra la serie.

La desigualdad de género en la salud

La pérdida de cobertura no fue pareja. El 59,8% de quienes quedaron sin obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia en estos dos años fueron mujeres –444.000 contra 298.000 varones–. En el segundo semestre de 2025, las mujeres pasaron a ser mayoría entre quienes dependen exclusivamente del sistema público: 5,18 millones frente a 5,11 millones de varones.

El mercado de medicamentos agrega otra dimensión. Mientras la facturación real de las farmacéuticas creció un 14% desde el cambio de gobierno, la venta de unidades cayó. En el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo trimestre de 2023. 

Por su parte, el ajuste en el consumo es más agudo en adultos mayores, el segmento que más medicación requiere. Además, la tasa de actividad de los mayores de 65 alcanzó un pico histórico para el cuarto trimestre de 2025: 16,89%, con un crecimiento especialmente marcado entre mujeres. Cada vez más adultos mayores salen a trabajar.

Aumento de la dependencia las guardias de las provincias

En Salta, la demanda en los hospitales públicos creció cerca del 75% en los últimos dos años, según el ministro de Salud provincial, Federico Mangione. Las guardias del Hospital San Bernardo y el Materno Infantil funcionan por encima de su capacidad; en días pico, la espera para una consulta pediátrica no urgente supera las seis horas. 

En Santiago del Estero, el secretario de Salud provincial Gustavo Sabalza contabilizó un incremento del 40%. “La gente hoy no puede pagar un coseguro”, dijo Sabalza. “Y la mayoría de las obras sociales no cubren el 100% en nada. La gente acude al hospital público porque si no, no tendría acceso a la salud”.

En la provincia de Buenos Aires, el 50% de las internaciones en hospitales públicos corresponde a personas con obra social –muchas de PAMI– que ya no encuentran cobertura en el sector privado, según el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak. Al mismo tiempo, las transferencias nacionales en medicamentos, vacunas e insumos cayeron un 62%.

El patrón se repite en provincia tras provincia. Personas con obra social que migraron al sistema público porque sus coberturas ya no responden o porque no pueden pagar las prepagas. 

La crisis de los hospitales de la UBA

Mientras crece la presión sobre el sistema público, los hospitales que lo sostienen enfrentan una crisis de financiamiento. Los seis centros de salud dependientes de la Universidad de Buenos Aires –el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria– atienden más de 700.000 pacientes por año. 

El 5 de mayo, sus directores dieron una conferencia de prensa frente al Clínicas y advirtieron que si el Gobierno no gira los fondos previstos en el Presupuesto 2026, en 45 días los hospitales podrían dejar de funcionar.

El Presupuesto 2026 incluyó una partida de $79.763 millones para hospitales universitarios de todo el país. Según la UBA, en lo que va del año no se ejecutó ningún monto de esa partida. La deuda acumulada en el primer cuatrimestre ronda los $20.000 millones.

“En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, dijo Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. En el Instituto Roffo, que atiende más de 110.000 consultas oncológicas por año, el acelerador lineal para tratamientos de radioterapia no funciona correctamente. “La falta presupuestaria es muy importante”, señaló su directora, Roxana Aguila. “Todo esto, si en un mes y medio no recibimos la partida, se va a poner en peligro.”

El Gobierno respondió que está al día con todas las transferencias previstas. Según el Ministerio de Capital Humano, el conflicto gira en torno a una partida adicional cuya distribución entre todas las universidades del país aún no se definió. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó que la UBA reclame el 94,5% de ese fondo, lo que dejaría menos de $4.000 millones para el resto de las universidades con hospitales. 

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió que el Gobierno “no giró un solo peso” a ninguna universidad con hospital. Mientras la UBA analiza acciones judiciales, mañana habrá una nueva marcha federal universitaria.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de intentar monopolizar los fondos destinados a hospitales universitarios de todo el país y afirmó que el conflicto responde a “una extorsión política” impulsada por el vicerrector Emiliano Yacobitti para presionar por mayores recursos.

Álvarez cuestionó el reclamo presentado por la casa de estudios, que “pretende quedarse” con “75.000 millones de pesos”, equivalentes al 95% del fondo total destinado a hospitales universitarios.

“Para todos los hospitales universitarios del país pretende dejar apenas 4.000 millones”, aseguró el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia, mientras que agregó que las universidades como la Universidad Nacional de Cuyo ya solicitaron por sí solas partidas cercanas a los 2.400 millones de pesos para sus centros de salud.

El funcionario afirmó que las transferencias mensuales se realizaron “en tiempo y forma” y calificó de “falsa” la denuncia de desfinanciamiento. “Publiqué todas las transferencias hechas y les dije a los médicos que tienen que reclamarle al rectorado, porque nosotros ya hicimos los giros”, señaló.

Y explicó que el presupuesto universitario contempla dos componentes: los fondos corrientes asignados mensualmente a cada universidad y un fondo anual extraordinario de 80.000 millones de pesos destinado específicamente a salud. Según indicó, la UBA pretende que ese fondo se ejecute casi por completo en los primeros meses del año.

“Ellos quieren prácticamente duplicar su presupuesto de salud y quedarse con todo el fondo anual”, afirmó. En ese sentido, acusó a las autoridades universitarias de utilizar el conflicto sanitario para generar presión pública. “Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno”, sostuvo.

Álvarez apuntó directamente contra Emiliano Yacobitti y aseguró que el conflicto universitario está atravesado por intereses políticos. “Ellos tienen necesidades políticas que no tienen nada que ver con la educación ni mucho menos con la salud”, afirmó. Además, cuestionó el rol del dirigente radical dentro de la universidad: “Nadie sabe quién es el rector de la UBA, pero todos conocen a Yacobitti”.

El subsecretario también insistió en la necesidad de avanzar con auditorías técnicas de la Sindicatura General de la Nación para transparentar el manejo de fondos públicos. De acuerdo a su relato, la UBA mantiene una disputa judicial para impedir esos controles y sólo acepta auditorías posteriores de la Auditoría General de la Nación.

“La ley es clarísima: la auditoría interna corresponde a la SIGEN y la externa a la AGN”, remarcó. Y cuestionó: “Si están manejando bien las cuentas públicas, ¿por qué se niegan a ser auditados?”.

Por otra parte, Álvarez agregó que el actual sistema de distribución presupuestaria universitaria carece de criterios objetivos y respondió históricamente al lobby político en el Congreso. Por eso, propuso avanzar hacia un esquema basado en indicadores concretos como cantidad de alumnos reales, graduados, infraestructura y costos operativos.

“El 40% de la matrícula universitaria nunca rindió un examen en dos años”, aseguró, al explicar que el Gobierno comenzó a depurar estadísticas y detectar duplicaciones de alumnos. También indicó que la tasa de graduación de la UBA ronda el 30%, muy por debajo de estándares internacionales.

El funcionario cuestionó además el financiamiento estatal para estudiantes extranjeros, especialmente en carreras costosas como Medicina. “En la Facultad de Medicina de la UBA, alrededor del 50% de la matrícula son extranjeros”, afirmó.

Según explicó, el Gobierno ya introdujo cambios en el sistema de residencias médicas para priorizar a quienes estudiaron en universidades argentinas. “No puede competir en igualdad de condiciones un título argentino con universidades extranjeras sin acreditación equivalente”, señaló.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que todavía no se transfirieron fondos a los hospitales universitarios, según informó el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. El dirigente aseguró que la respuesta oficial llegó “un mes después” de haber presentado el reclamo formal.

A través de sus redes sociales, Yacobitti difundió la documentación enviada por la Subsecretaría y vinculó la respuesta con la reciente conferencia de prensa realizada por médicos de la UBA en las escalinatas del Hospital de Clínicas, donde denunciaron una crisis presupuestaria. “Llegó la respuesta reconociendo que todavía no se transfirió ni un solo peso de la partida de gastos operativos para el funcionamiento de los hospitales universitarios”, afirmó.

Según el documento oficial, los recursos destinados a hospitales universitarios están contemplados en el Presupuesto 2026, con una asignación cercana a los 80 mil millones de pesos, pero aún no fueron distribuidos entre las instituciones. Desde el área que conduce Álvarez explicaron que se encuentran “evaluando los criterios y parámetros” para realizar esa asignación.

El nuevo capítulo se suma al conflicto entre el Gobierno nacional y la UBA por el financiamiento del sistema de salud universitario. Desde la casa de estudios sostienen que, pese a la existencia de partidas específicas, no se giraron los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento operativo de los hospitales.

En ese sentido, Yacobitti también cuestionó que el funcionario haya difundido previamente planillas con transferencias bajo el concepto de “función salud”, sin incluir, según remarcó, los montos correspondientes a hospitales universitarios, que tienen una asignación diferenciada.

Desde el Gobierno, en tanto, habían rechazado inicialmente las acusaciones y defendido la ejecución de fondos. En publicaciones en redes sociales, Álvarez sostuvo que las transferencias en materia de salud se realizaron “en tiempo y forma”, aunque la documentación posterior reconoce que aún no se distribuyeron los recursos específicos para hospitales universitarios.

El reclamo universitario se produce en la antesala de una nueva marcha federal prevista para el 12 de mayo en Plaza de Mayo. Docentes, no docentes y estudiantes exigirán la ejecución de los recursos previstos para el sistema y la reglamentación de la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, aún pendiente.

Mientras tanto, desde los hospitales universitarios advierten que la falta de fondos compromete la continuidad de la atención. Durante la conferencia de prensa, directores médicos señalaron que en los primeros meses del año no recibieron transferencias para gastos operativos y alertaron sobre el impacto que esto podría tener en el sistema de salud público.

Con información de la agencia NA

Los directores médicos de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron este martes por la aplicación de la ley de financiamiento que fue aprobada año pasado, a la vez que advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.

Así lo informaron en una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas en la cual indicaron que durante los primeros cinco meses de este año el Gobierno no transfirió dinero de la partida presupuestaria destinada a su funcionamiento operativo.

Los hospitales de la UBA son seis, el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria, los cuales cumplen funciones esenciales en la atención, la docencia y la investigación médica.

Estas entidades médicas atienden a unas 700.000 personas por año y, según manifestaron las autoridades, el presupuesto adeudado suma $80.000 millones, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

“Estamos a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó este mediodía el doctor Norberto Lafos, quien es el director del Instituto Lanari.

Asimismo, señaló que en los hospitales tienen que “recurrir a todo tipo de ingeniería”, entre lo que citó “desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones”.

“El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”, aseveró, a la vez que dijo: “Los insumos en medicina están dolarizados y siguen aumentando, con lo cual cualquiera de ustedes cuando va a una farmacia se queda en estupefacto de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados a lo mejor por varias veces más”.

El pedido de los especialistas

El Dr. Lafos dijo además: “Lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes. Sumado eso además a las setecientas mil consultas anuales, la cantidad de alumnos que pasan por nuestras aulas, la cantidad de médicos que hacen sus cursos de especialización de posgrado, que se ha visto resentido, y eso aplica en la formación de todos los profesionales que nos van a atender a todos en los próximos años”.

Por su parte, el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA señaló: “La falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80% de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza”.

“Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón, entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”, añadió.

En tanto, el experto manifestó: “El Hospital de Clínicas en la actualidad está funcionando al 50% y. al no tener presupuesto, no podemos internar, no podemos liberar la lista de cirugía. Vamos resolviendo con el presupuesto que tenemos y con la banca que tenemos de los proveedores que aceptan entregarnos productos a expensas de ir generando una deuda, pero tampoco podemos generar deudas que sean después imposibles de solventar. Así que lamentablemente lo que tenemos que hacer es achicar el funcionamiento, pero no se puede seguir achicando más”.

El Gobierno desmiente a la UBA

El Gobierno salió al cruce de la Universidad de Buenos Aires por la situación de los hospitales que pertenecen a la casa de altos estudios porteña al sostener que las denuncias sobre el desfinanciamiento son “falsas”. 

Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello en el que señaló que “el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento”.

En tanto, indicaron que el reclamo de la UBA “apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N° 27.798 (de Presupuesto), por un monto de $79.763.113.948”, a la vez que añadió: “La UBA solicitó que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país”.

En el escrito, se indicó además: “El Ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

La 4° Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo

En medio de la crisis en los hospitales universitarios, va tomando fuerza la cuarta marcha federal, convocada para el 12 de mayo próximo. Este martes hubo una reunión clave del Frente de Unidad Sindical Universitaria con organizaciones sociales.

El frente -integrado por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADUH, FAGDUT, CTERA y UDA- selló un compromiso de lucha con Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para la cita de la semana próxima.

“El salario de los trabajadores y la universidad pública se defienden en unidad”, afirmó Gramajo tras la reunión, en un mensaje que sintetiza el espíritu del acuerdo. FEDUN difundió un posteo en su cuenta de X (ex Twitter) en el mismo tono: “La universidad se defiende con unidad”.

NB

En el primer cuatrimestre del año, la administración de Javier Milei no ejecutó un solo peso de la planilla “Hospitales” del Presupuesto 2026 destinado al financiamiento de las Universidades nacionales. Se trata de una partida de 80.000 millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril.

Esta decisión del Gobierno nacional de mantener “pisada” esta partida ponen en riesgo la prestación de servicios no sólo en los seis hospitales de la red de la UBA sino también en los hospitales de otras universidades nacionales.

En la UBA hay seis hospitales: el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.

Cabe destacar que esta situación es complementaria al conflicto institucional que mantiene el Gobierno nacional con las universidades nacionales por la decisión de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por dos tercios del Congreso en 2025 y ratificada por dos instancias judiciales. La no transferencia de fondos a los hospitales universitarios incumple directamente la ley de Presupuesto 2026 confeccionada por el Gobierno nacional y votada por el Congreso. Es decir que la administración de Milei incumple tanto su propio Presupuesto actual como la ley de Financiamiento Universitario.

Este martes 5 de mayo habrá una conferencia de prensa a las 8.30 en el Hospital de Clínicas “José de San Martín”- Av. Córdoba 2351, CABA. Hablarán y responderán preguntas los directores de la red de hospitales universitarios de la UBA.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizan este viernes, desde las 10, clases públicas frente a Casa Rosada y montan una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, señaló Carboni en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. 

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Dentro de las clases públicas que se desarrollarán este viernes, habrá una serie de charlas y una feria de ciencias que se llevará a cabo junto a ATE Conicet, en una jornada de lucha “en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad”.

Por último, confirmaron que continuarán hasta este sábado con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana.

El comunicado de AGD-UBA

“Mientras transcurría la tercera semana de paro (la segunda de carácter nacional) y en medio de las clases magistrales en una de las propiedades de Adorni, salió un nuevo fallo en favor de la aplicación de la Ley de financiamiento universitario por parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Un fallo que fue posible también producto de las medidas de fuerza en reclamo de la aplicación de la ley y, consecuentemente, del presupuesto universitario y aumento salarial.

Esta semana –Del 6 al 11 de abril– y con el inicio de clases del Ciclo Básico Común, continuamos con la medida de fuerza porque, aún cuando la justicia nos da la razón, el gobierno sigue sin aplicar la ley. Además, insiste con la presentación de una modificación a la ley que, como eje central, busca mantener los salarios a la baja.

El gobierno bate el parche con el equilibrio en las cuentas públicas como excusa para no aplicar una ley cuyo costo es previsible y no genera ningún desmán en materia fiscal. Recordemos que en el presupuesto 2026, el capítulo XI, dedicado a las universidades, se mantuvo. Lo hace en medio de un mar de denuncias de corrupción y posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de alto rango, de descubrimientos sobre sus conexiones con el caso Libra, de créditos del Banco Nación con condiciones preferenciales otorgados a sus funcionarios.

Las presiones contra las medidas de fuerza no son pocas. Tanto desde el gobierno nacional, como de las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –los rectores de las universidades nacionales– y de la UBA, aprovechan cada oportunidad para convocar a tener las aulas abiertas, aún a costo de nuestra propia salud y economía doméstica, en suma de nuestras condiciones de vida. Todos se preocupan por el éxodo docente, pero llaman a los trabajadores a no hacer olas. En ese mismo sentido, en la misma semana que festejabamos el fallo, la UBA amenazaba con descuentos a la docencia de los preuniversitarios. Todos en el mismo tren.

Para desactivar el reclamo, el gobierno nacional acaba de otorgar de manera unilateral un aumento del 6,7% (2,5 % en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo) y sus respectivos retroactivos. “Aumentos” por debajo de la inflación de esos respectivos meses –lo que acentúa la baja salarial–, y tan miserable que en el caso de quienes cobran garantía salarial, ni siquiera lo sintieron. Con ese insignificante aumento, el gobierno nacional debe al día de hoy a cada docente y no docente universitario un 48,8% , casi como si no hubiéramos cobrado 11 meses de trabajo. Por eso, la asamblea de AGD UBA resolvió continuar con las medidas de fuerza, con paros y acciones, por un paro por tiempo indeterminado.

Porque seguimos defendiendo la Universidad y exigiendo la aplicación de la Ley de financiamiento universitario, coronamos la semana de lucha en la Plaza de Mayo, con clases públicas que se desarrollarán desde las 10 hs hasta las 17 hs junto a organismos de ciencia y tecnología y abiertas a toda la docencia y estudiantes que quieran participar“.

Con información de NA.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires reveló que los alquileres registraron aumentos muy por encima de la inflación desde diciembre de 2023, profundizando el impacto sobre el costo de vida.

De acuerdo con el estudio, basado en datos del Indec, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 fue cercana al 209% en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, el comportamiento de los distintos rubros fue marcadamente desigual, con fuertes incrementos en aquellos vinculados a la vivienda.

En ese sentido, el rubro “Vivienda, servicios vinculados y otros combustibles” encabezó las subas, con un incremento cercano al 400%, es decir, casi el doble del nivel general. Dentro de este segmento, los alquileres se destacaron con una suba acumulada del 423%, lo que implica más del doble de la inflación registrada en el período.

El informe advierte que este desfasaje refleja una presión creciente sobre los hogares, especialmente en un contexto donde otros servicios esenciales también mostraron aumentos significativos. Entre ellos, el gas natural acumuló una suba del 766%, la energía eléctrica un 370% y el agua un 366%, consolidando un escenario de fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda.

Detrás de este rubro, otros sectores también superaron la inflación general, como Comunicaciones (321%), Educación (279%) y Transporte (255%), aunque sin alcanzar la magnitud de los incrementos observados en vivienda.

En contraste, algunos rubros clave para el consumo cotidiano quedaron por debajo del promedio general. Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un alza del 182%, mientras que prendas de vestir y calzado (106%) y equipamiento del hogar (128%) mostraron variaciones más moderadas.

El trabajo también señala que, incluso dentro de los alimentos, hubo fuertes disparidades, con productos que superaron ampliamente la media, como el polvo para flan, el limón o el café molido, frente a otros que prácticamente no variaron.

No obstante, el dato más relevante del informe pasa por la dinámica del mercado de alquileres, que evidencia un crecimiento muy por encima del resto de los precios de la economía. Según el Centro RA, esta tendencia consolida a la vivienda como uno de los principales focos de presión inflacionaria y uno de los factores que más deterioran el poder adquisitivo de los ingresos en la Argentina reciente.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene cinco carreras que se ubican dentro de las 50 mejores a nivel mundial, según el ranking universitario QS 2026.

En esta edición del RQ, son 16 las universidades argentinas que integran el ranking con 134 apariciones. Mientras que la UBA concentra 45 de las 134 apariciones argentinas y lidera a nivel nacional en 42 áreas del conocimiento.

Las carreras de la UBA que figuran entre el top 50 son Lenguas Modernas (22°), Derecho (34°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°) e Historia del Arte (rango 26-50°). De esta manera, las facultades de Ingeniería, Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Sociales mantuvieron su lugar en el ranking al igual que en los últimos años.

Además, según Quacquarelli Symonds, la casa de estudios mantiene 12 disciplinas dentro del top 100, entre ellas Arquitectura, Historia, Comunicación y Veterinaria, todas en el puesto 51°. Sumadas a Política y Estudios Internacionales (99°), Sociología (64°) y Arte y Diseño (74°).

En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento, la Universidad también mostró avances en varias posiciones globales. Ciencias Naturales pasó de la posición 175° a la 145°; Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del 151° al 135°; Ingeniería y Tecnología avanzó 9 posiciones, de 152° a 143°; y Artes y Humanidades se mantiene en el puesto 24° a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, ocupando el puesto 51°.

“Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, destacó el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.

El QS World University Rankings by Subject 2026 evalúa más de 21.000 programas académicos de 1900 universidades en 100 países, en 55 disciplinas y cinco grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

El retroceso reciente de la industria argentina no solo se expresó en la caída de la producción y el empleo. También se manifestó en una serie de cierres de plantas, retiros de compañías internacionales y reestructuraciones empresariales que impactaron directamente en la actividad fabril. Así lo señaló un informe sobre coyuntura industrial elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El documento relevó una serie de movimientos empresariales recientes que atravesaron distintas ramas industriales, desde la metalurgia hasta los electrodomésticos. Entre los casos mencionados aparecen Whirlpool, Electrolux, Mabe, Eskabe, Lumilagro, Acindar, Ferrum, Mirgor, Essen, Acerbrag y Vassalli, compañías que enfrentaron cierres de plantas, repliegues productivos o procesos de reorganización en sus operaciones.

Uno de los casos más significativos fue el de Whirlpool, que anunció el retiro de la producción local en la Argentina. La empresa había inaugurado en 2022 una planta en Pilar para fabricar lavarropas destinados al mercado interno y a la exportación regional. Según el informe, la filial regional comunicó luego su decisión de abandonar la producción local, argumentando cambios en su estrategia de eficiencia operativa y asignación de recursos.

El estudio también menciona dificultades y repliegues en otras firmas vinculadas al mercado interno de electrodomésticos y equipamiento del hogar. Electrolux, Mabe, Eskabe y Lumilagro aparecen entre las compañías que enfrentaron problemas para sostener su producción local en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad industrial.

El informe identificó además procesos de ajuste o reorganización en empresas industriales de otros rubros, entre ellas Acindar, Ferrum, Mirgor —con impacto en sus unidades IATEC, Famar y Brightstar—, Essen, Acerbrag y Vassalli. En estos casos, el documento menciona reducciones de actividad, reorganizaciones empresariales o cambios en las estrategias productivas.

Para los investigadores del CEHEAL, estos movimientos empresariales suelen aparecer en períodos de recesión industrial. En esos contextos, la caída de la rentabilidad y la contracción del mercado interno pueden derivar en quiebras de empresas locales, cierre de plantas o retiro de compañías internacionales, fenómenos que terminan debilitando el entramado productivo.

El informe ubica estos procesos dentro de un deterioro más amplio de la industria argentina. Entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera registró una contracción significativa y la participación de la industria en la economía se redujo del 16,5% al 13,7%, uno de los niveles más bajos en décadas, según el estudio.

En ese escenario también se produjo el cierre de Fate, histórica fabricante de neumáticos fundada en 1939. La empresa cesó este año su producción en la Argentina y dejó al país sin fabricación local de neumáticos después de 86 años de actividad. El cierre implicó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y trasladó la producción del mercado local a las filiales de las multinacionales Firestone y Pirelli.

Para los autores del informe, la combinación de recesión económica, caída del consumo interno, menor inversión y cambios en las estrategias empresariales está configurando un proceso de reconfiguración del mapa industrial argentino, caracterizado por cierres de plantas, repliegues productivos y mayor dependencia de importaciones.

Ese proceso no solo afecta a las empresas. También impacta directamente sobre el empleo industrial y sobre la capacidad productiva del país, al reducir la cantidad de plantas fabriles activas y debilitar las cadenas de valor locales que sostienen la actividad manufacturera.

El informe también advierte que la crisis industrial reciente tiene una magnitud histórica. En 2024 la industria argentina registró una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, la caída más pronunciada de las últimas décadas y superior incluso a la registrada durante la pandemia de 2020. Como resultado de ese retroceso, el nivel de actividad fabril quedó 18,5% por debajo del máximo alcanzado en 2011, lo que refleja la profundidad del deterioro productivo que atraviesa el sector manufacturero.

El documento también subraya un cambio estructural en la economía argentina. Entre 2023 y 2025 la participación de la industria manufacturera en el producto interno bruto se redujo del 16,5% al 13,7%, una caída que llevó al sector a niveles de incidencia económica comparables con los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Para los investigadores, esta pérdida de peso relativo del sector fabril constituye uno de los indicadores más claros del proceso de desindustrialización que atraviesa el país.

El deterioro industrial también se reflejó en el empleo. Durante 2024 la industria perdió alrededor de 21.600 puestos de trabajo registrados, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial citados en el informe. En el período más reciente, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la actividad manufacturera eliminó en promedio 77 empleos formales por día, lo que convirtió al sector en uno de los principales focos de destrucción de empleo privado en la economía argentina. Si se incluye el trabajo no registrado, la pérdida asciende a unos 160 puestos diarios, según estimaciones del propio informe.

JJD

La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

JJD

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”. Sin embargo, las autoridades de la UBA manifestaron en las últimas horas, mediante un comunicado en su página oficial, un enérgico rechazo a la propuesta del mandatario, al tiempo que mantienen su plan de lucha, con la marcha federal este miércoles mientras sesiona el Congreso, y con un apagón para este martes desde las 20 contra los vetos presidenciales a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan.

“Luego de dos años de no contar con un presupuesto aprobado, con prórrogas desactualizadas; y tras registrar en 2025 la inversión más baja de los últimos 20 años para educación superior, el proyecto presentado para 2026 consolida todos los recortes aplicados en el último año y medio y amenaza con llevar al sistema universitario a un nivel de deterioro sin precedentes”, explicaron en el comunicado.

Y detallaron:

“La partida prevista para 2026 no contempla:

Asimismo, desde la UBA advirtieron que, medida en relación al PBI, “la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI”.

Y cerraron el comunicados con un pedido a diputados y senadores: “Más que nunca, resulta imprescindible que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la continuidad y el funcionamiento de las universidades públicas en 2026”.

Medidas de emergencia

La UBA anunció una serie de disposiciones destinadas a reducir su gasto operativo, en línea con el anuncio realizado la semana pasada por el rector Ricardo Gelpi durante la conferencia de prensa en la que advirtió que la Universidad funcionará en “estado crítico”. En este marco, se dispusieron las siguientes medidas:

Las medidas previamente mencionadas resultan complementarias de otras que la Universidad viene realizando en algunos casos hace años: plan de reducción de alquiler de edificios; inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos.

Marcha al Congreso

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron este lunes a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

“Estado crítico”

La Universidad de Buenos Aires pasará a funcionar “en estado crítico para terminar el año”, así lo anunció días atrás el rector, Ricardo Gelpi, luego de conocerse el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Educativo.

De acuerdo a Gelpi, “la educación pública universitaria constituye un orgullo para la sociedad argentina” y “con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”, advirtió.

Tras la confirmación vía Boletín Oficial del veto a la Ley de Financiamiento Educativo –que sancionó el Senado el 22 de agosto pasado con 58 votos afirmativos y 10 negativos–, las autoridades de las universidades nacionales, nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), brindaron el pasado jueves una conferencia de prensa para reclamar por el futuro de la educación, la salud y la ciencia y pedirle al Congreso “que sostenga esta ley”.

Para el rector de la UBA, “sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo posible, no hay futuro para el país”. “La falta de una ley genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, de salud y de extensión”, detalló el catedrático.

En su discurso frente a los medios, el rrector de la UBA apeló a “la sensibilidad de nuestro pueblo para que continúe acompañando este reclamo y a las y los legisladores para que mediante su voto rechacen el veto presidencial y sostengan la ley de financiamiento de la educación universitaria y la composición del salario docente y no docente”.

Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, dijo que los miembros de las comunidades educativas estaban “muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que se pudiera recapacitar en un contexto tan delicado del país”, reflexionó.

Según la autoridad de la universidad rosarina, “el Presidente de la Nación tenía la oportunidad de corregir errores, de promulgar una ley que para su aplicación requería una inversión del 0,14% del PBI, absolutamente marginal y sin comprometer al Estado garantizaba condiciones mínimas para llegar a fin de año funcionando con normalidad. Necesitamos que el Congreso sostenga esta ley”, pidió.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Consejo Superior del Rectorado de la UBA y estuvo encabezada por su máxima autoridad, Ricardo Gelpi; el presidente del CIN, Oscar Alpa; y el vicerrector del CIN, Franco Bartolacci.

El reclamo de las universidades nacionales

A fines de agosto, en la provincia de Santa Fe, en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), las rectoras y los rectores de las universidades nacionales manifestaron, ante la posibilidad de un veto presidencial de la Ley N° 27.795 (que se confirmó en la madrugada de este jueves), “aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso de la Nación y que expresa la voluntad de las y los representantes del pueblo argentino, no solo expresamos nuestro más enérgico rechazo, sino que, de ser así, nos movilizaremos para solicitar al Congreso la inmediata ratificación de la norma”.

Los fundamentos del rechazo al veto presidencial

Mientras la convocatoria a una sesión especial de Diputados para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría y Financiamiento Universitario quedó confirmada por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja para el miércoles a las 13, estudiantes y docentes comenzaron este lunes con clases abiertas una semana con foco puesto en la marcha del 17 en rechazo a la decisión del Ejecutivo de no acatar las normas sancionadas por el Congreso.

Las actividades comenzaron a las 9 con una clase pública en las escalinatas de la facultad, encabezada por el decano Leandro Vergara. “El Congreso va a reunirse el 17 para ver si el veto se sostiene o si se apoya la Ley, que funciona de alguna manera como un paliativo. El deterioro se va a notar con el tiempo”, advirtió en rueda de prensa.

Para Vergara, “no es que mañana va a caer la educación argentina, pero va a ir entrando en una pendiente resbaladiza cuyo fondo es desconocido. Ahora, por ejemplo, está pasando que hay docentes de todas las facultades que se ven en la imposibilidad de seguir dando esa tarea, perdiendo de esa manera excelencia en la docencia”, detalló, al tiempo que remarcó que la única expectativa que tienen autoridades, docentes y estudiantes para la sesión del miércoles en el Congreso es “el rechazo del veto presidencial”.

“Nosotros confiamos que los legisladores que sancionan una ley por mayoría, una ley que es transversal, que atraviesa casi todas las fuerzas políticas, puedan sostener sus votos para insistir con la ley”, sostuvo el decano de Derecho.

La nueva Marcha Federal Universitaria se convocó para el miércoles a las 17 frente al Congreso, será en conjunto con los trabajadores del Hospital Garrahan y se replicará también en varios puntos del país. En tanto, las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada con más de 40 clases públicas que se dictaron en Plaza de Mayo.

El Consejo Interuniversitario Nacional, junto al Hospital Garrahan

Las autoridades máximas del Consejo Interuniversitario Nacional, el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, dialogaron días atrás con los profesionales del Hospital Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria que llevarán a cabo, de manera conjunta, el próximo miércoles 17.

La confirmación de esta nueva movilización tuvo lugar en el encuentro que mantuvieron el viernes pasado, donde acordaron manifestarse el mismo día en que la Cámara de Diputados trate los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas normas anuladas por el Ejecutivo Nacional.

Quienes también se hicieron presentes en esa reunión fueron el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho; ambos detallaron cuál es la situación presupuestaria actual del sistema universitario y qué medidas consideran que se deberán tomar en lo sucesivo, además de la Marcha Federal.

Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, licenciada Norma Lezana, declaró que el presidente Javier Milei “abrió una caja de Pandora” el mismo momento en que decidió vetar esas leyes.

“El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es volver a provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”, aseguró.

Ambas instituciones manifestaron que, ante este contexto, “responderán unificados” debido a que continúan sosteniendo el mismo reclamo masivo que realizan hace meses: “El Garrahan y la universidad pública son una sola causa”, concluyó Lezana.

Gremios docentes se preparan para la marcha

El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, afirmó que los docentes mantienen un “fuerte compromiso” por sostener la calidad de la educación, pero advirtió que la situación salarial sigue siendo “crítica” y “alarmante”. “El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor”, expresó.

Desde la Federación Argentina del Personal Nodocente de las Universidades (FADUN) remarcaron que “continuarán con la lucha en unidad” para defender la universidad pública y gratuita, a la que consideran “un derecho humano fundamental” y “un pilar esencial” para el desarrollo del país.

En la misma línea, la dirigenta estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Pilar Barbas, indicó que los estudiantes “continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia”, que llevan varias semanas de paro para visibilizar el contexto que atraviesan.

“El veto decretado por Javier Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública. Ya se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes y ocupaciones de las facultades para preparar una gran tercera marcha federal cuando se trate el veto en diputados”, concluyó.

La convocatoria a la sesión en Diputados

La convocatoria a una sesión especial de Diputados, convocada por los bloques de la oposición para el próximo miércoles, para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, entre otras, quedó confirmada hoy por la Secretaría Parlamentaria de la Cámara baja.

Mediante una nota formal firmada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagan, se fijó la sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 13 horas, en respuesta al pedido elevado por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y otros diputados de diferentes bancadas.

La convocatoria incluye entre los temas a tratar un pedido de informes para la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que respondan sobre los audios difundidos en diversos medios de comunicación “que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS”.

También se incluye el tratamiento de un proyecto de ley en revisión por el cual “se modifica la ley 26.122 de Regimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes”.

Asimismo, la Cámara baja está habilitada para tratar ese día la creación en el ámbito de Diputados de una “Comisión Especial Investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización y/o utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y sus consecuencias”.

Se incluye, además, la creación, en el ámbito de la Comisión de Acción Social y Salud Publica Cámara baja, de una “Comisión Investigadora que permita determinar las responsabilidades de la ANMAT en la venta de fentanilo contaminado”.

Entre un listado que abarca una veintena de iniciativas, la convocatoria incluye también la creación de una Comisión Especial Bicameral Investigadora de Fentanilo, en el caso del medicamento contaminado que causó hasta ahora 96 muertes en distintos puntos del país.

Además, la Cámara baja debatirá proyectos que introducen modificaciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y un Programa Nacional de prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, entre otras iniciativas.

Con información de agencias.

IG

Militantes de las agrupaciones estudiantiles Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres protagonizaron este jueves un enfrentamiento por una mesa y una bandera. Todo quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, en el que se observa a militantes peronistas abordando el espacio de los libertarios para colocar su bandera. Luego, los jóvenes comenzaron a cantar y se desató la pelea; en un momento se escucha a un hombre decir: “A vos te voy a matar”, mientras otra persona recibía una golpiza y caía al piso.

La agrupación Somos Libres difundió imágenes de los carteles que la JUP colocó sobre el espacio que los libertarios tenían asignado. Uno de ellos, pintado en una pared, decía: “Gorila aguante Cristina”, mientras que otro, dirigido como chicana a la agrupación rival, afirmaba: “Somos Libres para reprimir jubilados”.

En un comunicado, la agrupación que respalda al gobierno de Javier Milei cuestionó la reacción de los militantes kirchneristas: “Mientras los integrantes de La Libertad permanecieron firmes, los kirchneristas atacaron en manada, mostrando intolerancia, robo y patoterismo. Otra postal de un kirchnerismo que, cuando no convence, recurre a la violencia”.

Por su parte, la JUP no se pronunció sobre el incidente. Más tarde, el presidente Javier Milei se refirió al hecho en su cuenta de X, en línea con su lema de campaña de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. Kirchnerismo nunca más”.

Finalmente, la cartera liderada por Sandra Pettovello informó que la Subsecretaría de Políticas Universitarias mantiene contacto permanente con las autoridades para dar seguimiento a la situación.

MM con información de agencias.

La Universidad de Buenos Aires distinguió este martes a Charly García con el título de Doctor Honoris Causa, en un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y que convocó a estudiantes, docentes, seguidores y autoridades universitarias. El reconocimiento fue impulsado por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes, que en junio había presentado la propuesta por “su aporte musical y el sentido político de sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

El ingreso del músico, en silla de ruedas y acompañado por su familia, desató una ovación. Afuera llovía bajo alerta naranja y adentro sonaban palmas, cánticos y estrofas de clásicos como Seminare y Promesas sobre el bidet. Cuando finalmente llegó, las emociones se desbordaron: “Buenas tardes. Gracias por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García”, dijo el artista, levantando los dedos en V. Fueron pocas palabras, pero suficientes para coronar una ceremonia que se vivió como histórica.

Una distinción con sentido político y cultural

El decano Ricardo Manetti destacó que García “nos honra, nos enorgullece. Es nacional y popular. Es de los que transformaron el campo artístico”. La titular de la cátedra, Lisa Di Cione, explicó que distinguir a García es también un gesto institucional: “Cuando una universidad reconoce a una personalidad, no solo resalta sus obras, también habla de sí misma. Charly ha sido objeto de centenares de investigaciones, publicaciones y análisis académicos. Su obra es parte de nuestros planes de estudio”.

La iniciativa, elaborada por Di Cione junto a los docentes Martín Liut y Marina Cañardo, fue aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de la UBA. Según Di Cione, García “fue una pieza clave del movimiento rockero argentino y latinoamericano, siempre atento a las novedades y dispuesto a explorar nuevos lenguajes, aun cuando eso lo convirtió en blanco de críticas”.

La Facultad ya había distinguido en 2013 a Leonardo Favio con la misma mención, en el marco de los 50 años de la carrera de Artes. En esta ocasión, la distinción se inscribe en la consolidación de la Especialización en Música Popular, que busca dar espacio académico a las figuras fundamentales de la cultura argentina.

Una ceremonia atravesada por el público

El aula 108 de Puán se llenó de remeras con la tapa de Clics modernos, carteles escritos a mano y un público intergeneracional que enfrentó la tormenta con tal de estar cerca de su ídolo. Una estudiante levantó un cartel que decía: “Los dinosaurios van a desaparecer. Defendamos la universidad pública”, uniendo la lírica de García con el reclamo en defensa de la educación.

“Charly nos reúne a todos”, resumió Manetti. Y así fue: el homenajeado, con 73 años y una vida marcada por excesos, resurrecciones y reinvenciones, volvió a convocar a generaciones enteras. La música que atravesó dictaduras, transiciones democráticas, privatizaciones, crisis y renacimientos se volvió ayer materia de cátedra y patrimonio simbólico.

Con esta distinción, la UBA inscribió su obra en el registro académico y cultural de la nación, legitimando lo que ya es un hecho social: la música de Charly García como parte del ADN argentino.

CRM

Docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), nucleados en ADUBA, APUBA, FEDUBA y UTE-CTERA Universitarios, realizarán este lunes un paro de 24 horas por recomposición salarial, por lo cual no se iniciarán las clases del segundo cuatrimestre.

En tanto, el martes los trabajadores de la UBA organizarán actividades de visibilización de la problemática en facultades, institutos y hospitales universitarios y las acciones incluirán clases públicas, radios abiertas y charlas informativas.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, afirmó que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza”.

Además, Cagnacci señaló que no entiende “cuál es el proyecto de país del Gobierno sin educación, ciencia y salud, ni sin estudiantes que puedan formarse en una universidad pública y gratuita de calidad”.

El dirigente remarcó que muchos de los problemas podrían resolverse si el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que obtuvo media sanción en Diputados, se convierte en ley.

Cagnacci pidió también a los senadores que aprueben la norma para sacar del ahogamiento al sistema universitario público y advirtió que evaluarán los pasos a seguir si el Gobierno la veta.

CONADU Histórica para toda la semana

En tanto, desde CONADU plantean un paro y protestas todas la semana: “BASTA DE SALARIOS BAJO LA LÍNEA DE POBREZA ¡Paritarias YA!”, reclaman desde sus redes sociales sociales. Las consignas planteadas por la gremial son:

Además, reafirman el plan de lucha: “Una semana de paro del 11 al 16 de agosto y, desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, paro de 48 horas todas las semanas en días rotativos”.

“Desde que asumió Milei, nuestros salarios sufrieron la mayor caída en la historia. Hubo 10.000 renuncias y quedan vacantes sin cubrir. Las y los docentes de las Universidades no podemos esperar más. ¡Sumate a las acciones para defender el salario docente y la Universidad Pública!”, denuncian desde CONADU Histórica – CTA Autónoma.

Cuatro integrantes del equipo argentino de Química ganaron la medalla de bronce en las Olimpíadas Internacionales de la especialidad que acaban de finalizar en la ciudad de Dubái, y de la que participaron estudiantes de 90 países.

Los medallistas son Luca Marchioni Giovanelli (Instituto La Salle Florida, Buenos Aires), Valentín Ferreria Codermatz (Colegio Nacional de Buenos Aires, CABA) y Ariel Gaspar Grillo y Alejandro Elías Ferreyra (Instituto Politécnico Superior General San Martín, Rosario).

Así lo dio a conocer en sus redes sociales la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que además remarcó que el logro de los estudiantes argentinos se hizo “sin apoyo del gobierno nacional por segundo año, pero con el acompañamiento sostenido del cuerpo docente del Programa Olimpíada Argentina de Química de Exactas-UBA”.

“El equipo entrenó duro, sin apoyo del gobierno nacional por segundo año, pero con el acompañamiento sostenido del cuerpo docente del Programa Olimpíada Argentina de Química de ExactasUBA, Soledad Antonel y Cecilia Sorbello. Un logro imposible sin el apoyo de la Facultad, de la UBA, de la Universidad Nacional de Rosario y el aporte de graduados”, mencionaron.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró en sus redes sociales el triunfo de los dos jóvenes rosarinos del Instituto Politécnico Superior General San Martín. “Ariel Grillo y Alejandro Ferreyra obtuvieron medalla de bronce en Dubai integrando el equipo argentino que participó de la Olimpiada Internacional de Química. Primera vez que un equipo argentino está representado por más de un estudiantes de una misma Escuela. Y ambos de nuestro querido Poli! Felicitacuones a la Directora Veronica Filotti, la Profe Aylen Ávila que estuvo a cargo de la preparación, y los chicos, que son unos genios y acaban de vivir una experiencia extraordinaria más allá del excelente resultado!”, escribió en su cuenta de Instagram Bartolacci.

Además, el rector de la UNR destacó que los estudiantes son “un orgullo para el Poli, la UNR y la ciudad toda. Otro más. Educación pública de excelencia. SIEMPRE”, pidió.

Grillo cursa la Licenciatura en Física en la Facultad de Ingeniería y Ferreyra ingresó en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia, ambos en la UNR.

El antecedente de 2024

El equipo argentino también obtuvo dos medallas de bronce en 2024 y una mención de honor en la 56º Olimpíada Internacional de Química celebrada en Arabia Saudita. “Un nuevo logro del Programa de la Facultad a cargo del certamen que casi se interrumpe por no contar, por primera vez en más de 30 años, con los recursos tradicionalmente aportados por el Estado nacional”, remarcaron en aquella oportunidad desde la UBA.

En 2024, Agustín Boutet, de la EETP Nº 129 de Sunchales, Santa Fe, y Joaquín Ulises Herrera Hinojosa, de las Escuelas Técnicas Raggio, de la Ciudad de Buenos Aires, obtuvieron Medallas de Bronce. Por su parte, Ariel Gaspar Grillo, del Instituto Politécnico Superior General San Martín, de la ciudad de Rosario, alcanzó una Mención de Honor, y Alejo Baikauskas Seipel, del Instituto Industrial “Luis A. Huergo”, de la Ciudad de Buenos Aires, un Diploma de Participación.

La competición reúne a estudiantes secundarios de todo el mundo para resolver exámenes de gran complejidad con temas que muchas veces no se llegan a ver ni en las carreras universitarias de grado.

Para llegar a participar hay que superar diferentes instancias de evaluación y selección. Primero deben obtener buenos resultados en las olimpíadas nacionales, y luego superar el proceso de selección del Programa Olimpíada Argentina de Química, creado por la Facultad en 1991 con el fin de contribuir a mejorar las condiciones para la enseñanza de la química. A partir de ahí, comienza un entrenamiento teórico y práctico a cargo de docentes de Exactas UBA. Finalmente, por orden de mérito se conforma el equipo de cuatro integrantes que va a competir.

“Después de más de tres décadas ininterrumpidas de financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación, la actual Secretaría de Educación no habilitó los fondos necesarios para costear los gastos de la preparación y el viaje”, había señalado hace un año Soledad Antonel, investigadora del CONICET y una de las responsables del área de certámenes del Programa.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) es la única de latinoamericana en el top 100 mundial, según el ranking QS 2025. Aunque bajó 13 posiciones con respecto al año pasado, está por encima de Brasil, Chile y México.

El ranking QS Quacquarelli Symonds 2025 anunció que la UBA es ahora la única universidad latinoamericana en el top 100 mundial tras la salida de tres instituciones líderes de la región: la Universidad de San Pablo (USP), la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a que se trata de una excelente noticia para las autoridades, remarcan que la UBA bajó 13 posiciones con respecto al año pasado “debido a la crisis por el desfinanciamiento científico”.

Según el prestigioso ranking, la Universidad de Buenos Aires ocupa el puesto 84 y en esta edición lidera en seis indicadores, así como también sigue siendo la más reconocida del país entre empleadores y académicos internacionales.

Se destaca una mejora en cuatro indicadores: reputación académica, proporción de estudiantes por profesor, resultados de la empleabilidad y redes internacionales.

Resalta especialmente en resultados de empleo, ocupando el puesto 12 a nivel mundial, lo que sugiere que produce graduados altamente capacitados y listos para el mercado laboral, y en reputación académica, donde está en el lugar 34.

El vicepresidente senior de QS, Ben Sowter, dijo al respecto: “Las universidades públicas de Argentina enfrentan presiones crecientes en medio de problemas de financiación, necesidades sociales cambiantes y resultados estudiantiles desiguales, lo que desata un debate sobre el futuro de su sistema de educación superior”.

A pesar de este difícil panorama, Sowter dijo con respecto a la performance de la UBA este año que “La UBA ha emergido como la única representante de América Latina en el top 100 mundial de universidades, un logro significativo tras la salida de pares regionales como la USP, la UNAM y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esto subraya la perdurable reputación de la UBA como la principal institución del país, altamente valorada tanto por empleadores internacionales como por académicos”.

Y concluyó: “La resiliencia de la UBA en los rankings globales demuestra la capacidad de Argentina para competir en los niveles más altos, pero un progreso renovado requerirá abordar las brechas estructurales si su sector de educación superior quiere revertir su tendencia a la baja”.

La crisis del financiamiento científico en las universidades públicas

La interrupción abrupta de todos los programas que dependían del Gobierno nacional dejó a las universidades sin capacidad de acción ni posibilidades de planificación. Entre otras medidas que afectan directamente la posibilidad de investigar y publicar, se cancelaron los contratos con todas las grandes editoriales científicas, lo que imposibilita el acceso a las publicaciones más importantes del mundo.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, creada durante el gobierno de Carlos Menem y considerada el principal motor del sistema científico nacional, está paralizada, en paralelo al desfinanciamiento del Conicet.

A esto se suma que todos los programas de cooperación internacional fueron paralizados o recortados severamente: se suspendió el programa Raíces para la repatriación de científicos, se cancelaron los programas para conseguir equipamiento científico, y se dejaron en suspenso los ingresos de nuevos investigadores al Conicet.

El Estado nacional suspendió prácticamente todos los programas de la actual Secretaría de Ciencia. Como el Construir Ciencia -con el que estaban reformando los laboratorios del 4° y 6° piso de la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, por ejemplo-, así como el Equipar Ciencia, para la compra del equipamiento necesario en los laboratorios de todo el país.

No hay financiamiento y los investigadores han perdido entre un 30% y un 40% de su salario, por lo que muchos están bajo la línea de pobreza, tanto en las universidades como en el Conicet, al igual que los docentes y nodocentes. Se está vislumbrando la pérdida de gente que se formó en la Universidad durante 10 años, y que es muy difícil de reemplazar. Las políticas tomadas van a contramano de las de cualquier país desarrollado del mundo.

Acerca del Ranking QS

La empresa británica Quacquarelli Symonds (QS) elabora desde el año 2004 el QS World University Rankings. Se trata de uno de los rankings universitarios más reconocidos y utilizados internacionalmente como referencia. De las casi 24.000 universidades que hay en el mundo, el Ranking QS evalúa las instituciones más sobresalientes e influyentes de la educación superior a nivel global, con el objetivo de brindar a la comunidad académica un informe detallado de cada universidad. La 22ª edición anual del QS World University Rankings es la más grande hasta la fecha, con más de 1500 universidades de 106 países evaluadas.

Con información de agencias.

IG

Estudiantes de las facultades de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron tomar las entidades educativas tras la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

Mediante un comunicado, desde el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, señalaron los argumentos de la medida: “En defensa de los derechos democráticos. Contra el ajuste integral de Milei en educación, salud, ciencia y todos los sectores. Exigimos a la CGT un paro general para frenar estos ataques. Movilizamos a la casa de CFK a mostrar nuestro apoyo. Mañana permanecemos en Filo y seguimos en estado de alerta. A las 16 acompañamos la movilización del Garrahan a Plaza de Mayo”.

Tras una asamblea que se realizó en la noche del martes, los alumnos decidieron llevar adelante la toma de la facultad de Filosofía y Letras, mientras que desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA anunciaron que durante este miércoles “no habrá clases en la facultad, manteniendo el estado de alerta y movilización”.

Bajo la consiga “En defensa de la democracia, estudiantes con Cristina, facultad tomada”, señalaron: “Los esperamos a todos y todas para organizarnos y movilizarnos”.

Por su parte, desde el Centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ratificaron que los edificios ubicados en Ciudad Universitaria permanecerán tomados a lo largo de este miércoles.

“Frente a la condena a Cristina, Ciudad Universitaria permanecerá tomada. En defensa de la democracia y contra la proscripción”, indicaron en un comunicado publicado en las redes sociales, mientras que señalaron que que no habrá clases presenciales en ninguno de los pabellones del establecimiento.

Con información de agencias.

IG

Las mejores universidades argentinas descendieron en 2025 entre 19 y 78 posiciones en la tabla de clasificación mundial Global 2000 elaborada por Center for World University Rankings (CWUR), publicada este lunes y que atribuye el retroceso al bajo desempeño en la investigación debido a los recortes económicos en las áreas de ciencias.

“Aunque la Argentina cuenta con siete universidades entre las mejores del mundo, lo alarmante es el retroceso que tuvieron por el debilitamiento del rendimiento en investigación y los recortes del Gobierno de Javier Milei”, señaló en un comunicado Nadim Mahassen, presidente del CWUR.

Agregó que mientras “la mayoría de los países están priorizando el desarrollo de la educación y la ciencia, la Argentina está luchando por sostenerla”.

La lista que cada año elabora la consultora saudí CWUR analiza a las instituciones de educación superior sobre la base de cuatro factores: calidad educativa (25 %), empleabilidad (25 %), calidad del cuerpo docente (10 %) e investigación (40 %).

“Sin una financiación más fuerte y una planificación estratégica más sólida, Argentina corre el riesgo de quedar aún más rezagada en el panorama académico mundial”, agregó Mahassen.

Con una baja en los indicadores de empleabilidad e investigación, aunque una mejora en el de calidad educativa, la Universidad de Buenos Aires (UBA) descendió 19 puestos y se ubicó en el 409.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cayó 20 y quedó en el puesto 752.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el puesto 819, fue la única de las siete casas de estudio incluidas en la clasificación de las mejores 2000 que mejoró su posición.

Las universidades nacionales de Rosario (UNR), del Litoral (UNL), de Cuyo (Uncuyo) y la de Mar del Plata, descendieron 59, 18, 46 y 78 posiciones, respectivamente.

El pasado miércoles, científicos argentinos protestaron contra los recortes presupuestarios en diferentes ciudades, vestidos como los protagonistas de la serie 'El Eternauta' y enarbolando consignas como “No al cientificidio”, “Nadie se salva solo” y “Una nieve tóxica contra la ciencia y la universidad”, para visibilizar lo que consideran una situación crítica para el desarrollo del país.

Este miércoles, los científicos se sumarán a la marcha de los jubilados que todas las semanas se lleva a cabo frente al Congreso.

Para elaborar el listado de las 2.000 universidades más prestigiosas del mundo, CWUR este año analizó 21.462 casas de estudios.

EFE.

IG