Tamara Milagros Molina volvía a su casa en la tarde del 14 de marzo cuando una persona todavía no identificada la asesinó a balazos. Tenía 18 años y había crecido en medio de la violencia y las bandas que se disputan la venta de drogas en Tablada, un barrio de la zona sur de Rosario. Ella misma registraba una causa por portación de armas siendo menor, había sobrevivido poco antes a un intento de asesinato y sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios. Pero la vida y la muerte de Tamara no son excepcionales en una ciudad donde “las economías ilegales avanzan mientras el Estado se retira de los barrios”, como advierte el politólogo Luciano Vigoni.

“El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas”, dice Vigoni, exdirector del Programa Nueva Oportunidad durante el gobierno de Miguel Lifschitz en Santa Fe. En ese escenario, “los pibes no solamente venden casinitos, también guardan armas, prestan plata y reparten bolsitas (con drogas)”.

. El narcotráfico diversifica su negocio en Rosario. Ya no es solo la comercialización de drogas. También aparecen como algo muy importante el préstamo informal a tasas usurarias, lo que genera una nueva circulación de violencia, y lo que se llama el casinito, las apuestas ilegales a través de plataformas

Luciano Vigoni — exdirector del Programa Nueva Oportunidad

“Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas”, confirma el juez penal juvenil Alejandro Cardinale. “Me cuesta ver que en esas vidas haya transgresión. No la hay, en realidad, porque no existe una norma. Son pibes que han sufrido distintas violencias, que perdieron padres o hermanos y donde la comida de cada día llega por la actividad delictiva. Una transgresión hubiera sido ir a la escuela o no agarrar un arma, esos serían actos de rebeldía”, reflexiona el juez.

Tamara Milagros Molina fue asesinada el pasado 14 de marzo. Tenía 18 años. Sus hermanos de 16 y 12 años están involucrados en homicidios.

El crimen de Tamara Milagros Molina fue precedido el 31 de diciembre por el otro vecino de Tablada, Valentino Yandel Ramírez, un chico de 16 años en situación de pobreza extrema que se había vinculado al narcomenudeo. Un tirador no identificado baleó a Valentino por la espalda mientras otro menor lo distraía. Uno de los hermanos de Tamara, por otra parte, fue involucrado en tres crímenes y detenido después de tirotear un colectivo del transporte urbano en septiembre de 2024 siguiendo órdenes de Juan Carlos “Pelo Duro” Fernández, un preso de la cárcel de Coronda que se inició en el consumo de drogas a los 11 años, registró su primera detención a los 15 y en 2019 fue condenado a dieciocho años de prisión por homicidio y otros delitos.

Otro hermano de Tamara, a los 12 años, junto con otros de 10 y de 14, provocó la muerte de un hombre que vivía en la calle, Hugo Silva Viera, al arrojarle una botella con combustible y una mecha encendida el 6 de marzo de 2025. La tragedia ocurrida en una esquina de Villa Manuelita, un sector de Tablada, reunió así a niños atravesados por situaciones de violencia y un adulto sumido en el alcohol y la indigencia después que un accidente le imposibilitó trabajar como estibador. El padre está ausente de la casa donde se criaron los niños y la madre registra antecedentes vinculados con el narcomenudeo.

“Los espacios para menores privados de la libertad en Rosario no hacen otra cosa que reproducir la violencia. No hay tecnología de gestión nueva, es lo del Siglo XX y peor: los pibes pasan la mayor parte del tiempo encerrados, con tratamientos donde prima la lógica penitenciaria. Los pibes no pueden salir de ahí en mejores condiciones de las que entran”, afirma Luciano Vigoni.

“Hay varias barreras que deconstruir para pensar en una sanción en el sentido de la resocialización –dice el juez Cardinale–. En los casos graves, cuando les empieza a caer la ficha de lo que hicieron, hay que sostener esas subjetividades porque el pibe se derrumba y se sigue exponiendo al mata o muere y a otras conductas delictivas para volver a la cárcel más por una necesidad culposa que de rebeldía al sistema. Cuando podemos identificar eso, con un diálogo real, interdisciplinario, no resolviendo sobre la letra de un informe, la posibilidad de la intervención tiene un sentido formativo. Se sanciona a alguien que es parte de la comunidad”.

Los pibes tienen acceso a las armas y son utilizados para llevar, traer y también para guardar armas y drogas en sus casas, las que no están marcadas

Alejandro Cardinale — Juez penal juvenil

Cardinale intervino cuando Tamara fue detenida por portación de armas: “Estuvo alojada en la División de Asuntos Juveniles Femenina, la cárcel de menores. La estrategia fue que saliera del núcleo familiar y del barrio; había una hermana mayor en Villa Gobernador Gálvez, pero la chica volvió a su casa. Hubo una falta de refuerzo estatal en la medida”. 

La economía ilegal como forma de subsistencia

La descripción de bandas criminales suele invisibilizar la situación de familias rosarinas dedicadas al narcomenudeo como forma de subsistencia o para saldar deudas. Fue el caso del allanamiento realizado el 9 de enero en una casa de Las Flores al 3500, en la zona sudoeste de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación descubrió a unas mellizas de 6 años que hacían de pasamanos para la venta de drogas. A esa edad, además, las niñas ya presenciaron otros operativos policiales en su domicilio y salieron ilesas de balaceras. El secuestro fue ínfimo: 10 gramos de cocaína.

“La economía ilegal es cada vez mayor frente a los restos del Estado en los barrios de Rosario, que son las escuelas, los centros de salud y algo de lo social –dice Luciano Vigoni–. Los clubes son la única estructura no estatal con presencia en el territorio, pero están muy debilitados. El gobierno provincial proyecta el encarcelamiento masivo de los jóvenes y el municipal de Rosario habla de buenos y malos, pero nadie mira una sociedad fragmentada y con mayores y múltiples niveles de violencia. En una recesión como la actual, con la falta de trabajo y hasta de changas, las economías ilegales son para muchas familias la posibilidad de generar un ingreso”.

La venta de drogas, el casinito y los préstamos informales de dinero funcionan entonces como alternativas para la subsistencia y el consumo, dice Vigoni, ex militante del Partido Socialista y ahora parte del Frente Amplio por la Soberanía: “Los pibes quieren consumir, quieren la moto, las llantas, la gorra. Obviamente están los clanes familiares (dedicados al narcomenudeo) pero ellos se conocen entre sí, van cambiando de un lugar a otro”.

El MPA y el gobierno de Maximiliano Pullaro contabilizan 109 puntos de venta de drogas “desactivados” en los últimos dos años. Sin embargo la comercialización de drogas no disminuye en Rosario: las transacciones se realizan en espacios abiertos –entre ellos el terraplén de barrio Las Flores donde fueron asesinados tres compradores el 23 de diciembre pasado– y el bunker se traslada a los propios domicilios de las familias. En otro procedimiento del mes de enero, los fiscales se encontraron con un niño de 10 años que asistía a su familia en la venta de drogas.

Los puntos de venta y la situación de los menores suelen quedar expuestos con los hechos de violencia. Una nena de 7 años llamada Pía resultó baleada el 28 de diciembre en el ataque de una banda contra su casa en Génova y Cabal, barrio Empalme Graneros. “Esta es una zona de balaceras. El bunker funciona hace cuatro o cinco años”, dijo entonces una vecina a Radio 2. 

“La criminalidad en su más amplio espectro –bandas, violencia, narcomenudeo, intervención corrupta de la policía– es un factor de vulnerabilidad para cualquier persona y más para un pibe que todavía se está criando –afirma el juez Cardinale–. Una medida de protección puede ser alejar al menor de ese ámbito. A veces hay opciones dentro del entorno familiar y a veces no. Ahí es donde queda limitada la respuesta estatal, y es también lo que muchas veces se entiende como que no se hace nada. Pero la herramienta legal, institucional, está”. En los casos de menores no punibles, “la gran protagonista por acción o por omisión es la Secretaría de Protección de Niñez de la provincia”.

Como la disputa por el mercado de drogas, el prestamismo informal asoma en la superficie cuando deriva en represalias. El 16 de marzo una familia del barrio Empalme Graneros denunció un ataque incendiario contra su casa por no afrontar una deuda. “El prestamista puede prestar por un día, por un fin de semana, por un mes, a un interés que se negocia en la desesperación por consumir o de cubrir una necesidad básica –explica Vigoni–. Si no se devuelve con billetes se paga con un bien o en el límite con la propia casa. No son necesariamente los narcos, también lo hacen familias o personas a las que le sobra algo de plata”.

La investigación sobre Los Menores, la banda narcopolicial que desafió la tradicional hegemonía de Los Monos en Rosario, reveló la explotación de casinos virtuales y apuestas ilegales. “Es una diversificación del negocio menos riesgosa en términos de violencia –apunta Vigoni–. Se hace a través de plataformas que ofrecen todos los juegos de un casino. Un administrador provee el usuario para jugar, carga las fichas, recibe el dinero y hace los pagos. Ahí hay un negocio en ascenso que no se ve, pero es masivo”. La investigación de la fiscalía de Rosario identificó las plataformas Zeus y Rojo23 utilizadas por una rama de Los Menores que habría organizado Fernando Cappelletti.

Los Menores deben su nombre a la utilización de menores de edad como sicarios y custodios de puntos de venta. Lautaro Nicolás Brest tiene hoy 20 años, pero su trayectoria está ya marcada por la muerte violenta: siendo menor presenció los asesinatos de dos amigos de 14 y 15, en la zona oeste de Rosario, y de su propio padre, un taxista de 38 años. El 25 de marzo Brest fue imputado como parte de Los Menores, banda a la que se atribuye entre otros crímenes el de Andrés “Pillín” Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central.

“En quince años de trabajo nunca escuché a nadie decir ‘es menor no punible, no se puede hacer nada’ –enfatiza Vigoni-. La situación en Rosario es abordable aún hoy, pero el nuevo Régimen Penal Juvenil va a profundizar el problema. Necesitamos instituciones que tengan restricciones pero donde el tránsito cotidiano pase por lo cultural, lo deportivo y la atención de salud mental”.

Al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad a los 14 años se suma la nueva ley de organizaciones criminales, que por su parte incrementa penas e iguala la responsabilidad de los integrantes de bandas más allá de la función de cada uno. “Pero en un bunker tradicional, un espacio completamente cerrado con una mirilla por donde se despacha la droga, donde un pibe, una pibita están encerrados vendiendo, hay una situación de trata evidente dentro de la organización criminal –destaca el juez Cardinale-. Así lo definió la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. El menor es en esos casos una víctima más que el autor de un delito”.

Cardinale define como “terraplanismo punitivo” al Régimen Penal Juvenil que entrará en vigencia en septiembre. “Los problemas son complejos y la respuesta es falaz, simplista y no va a generar ninguna incidencia en la tasa de criminalidad ni en el estándar de seguridad comunitaria –señala el juez–. En Santa Fe los homicidios dolosos disminuyeron de una manera llamativamente abrupta sin ninguna ley agregada, supuestamente alcanzó con un patrullaje organizado y con cortar la comunicación desde la cárcel. El Régimen Penal Juvenil se aplicará además a una población que tiene una incidencia ínfima en la criminalidad”.

OA/MG

—Si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz, esta ciudad se daba vuelta.  

En la casa no hay nadie, pero Daniela Romero habla bajito. Como si el rebote de su voz sobre las paredes pudiera alterar el descanso en paz de las cenizas de Bruno, su hijo, que reposan sobre un aparador en el living. Dice que algunos se inquietan cuando ven la urna, pero a ella ya no le importa. Tampoco que el asesinato se haya reproducido una semana entera por todos los noticieros del país, o que permanezca colgado en la web. Como arrastrando una culpa dice que quiso, pero nunca pudo terminar de verlo.  

El 9 de marzo de 2024, Bruno Busanich salió apurado de su casa, porque llegaba tarde a cubrir el turno noche en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600, en el oeste de la ciudad de Rosario. Hasta hace un mes, había trabajado desde su casa para un call center que ofrecía préstamos bancarios. No le gustaba. La puteada de los clientes, la soledad del home office. Quería cambiar de trabajo y la decisión se precipitó los primeros días de enero, cuando llegó un aviso de despido. Su madre creyó que se tomaría el verano para descansar, pero unas semanas después lo vio partir de casa con su uniforme de playero. En la mochila le puso un termo con café y dos bananas, para que comiera cuando no lo vieran los jefes. Con el tiempo reconstruirá esa imagen en su memoria: es la última que tiene de él con vida.  

Aquel sábado fue la segunda noche consecutiva de Bruno cubriendo la franja que va de las diez de la noche a las seis de la mañana. La estación de servicio está prácticamente debajo de Circunvalación, la autopista en altura que bordea a Rosario. El frente mira a calle Mendoza, iluminada y siempre transitada por ambas manos; un espasmo de continuación de lo urbano, como si la ciudad hubiese estornudado unas cuadras más allá de sus fronteras. Pero sus inmediaciones no. El alrededor es barrio. Es techo de chapa, es música fuerte, es parrillero en la vereda y cartel de chori por mil quinientos pesos. Durante la noche andan pocos.

Una muerte en loop

El video se estructura en tres planos, tomados por distintas cámaras de seguridad, que en simultáneo reconstruyen la secuencia. 

23 horas, 41 minutos, 55 segundos. La cámara 16, que está adentro del cubículo, muestra a Bruno parado, se lo escucha silbar mientras maniobra algo con sus manos. En el lugar no entra una silla.   

23 horas, 42 minutos, 01 segundo. La cámara 13, que registra las afueras de la estación, detecta movimiento del otro lado de la calle. De entre dos autos sale alguien que camina con las manos metidas en un buzo canguro. Va encapuchado, con media cara cubierta.  

23 horas, 42 minutos, 06 segundos. La cámara 5, que toma al cubículo desde afuera, es la primera que pone a los dos en la misma escena. Bruno sigue parado con la cabeza gacha, mientras la otra persona se acerca a paso sigiloso. Cuando llega a la vereda de la estación, acelera con un sprint final: uno, dos, tres pasos y desenfunda.   

23 horas, 42 minutos, 08 segundos. El cuadro final. Desde adentro, la cámara 16 muestra dos movimientos en uno: un revólver que sale, un papel que se cae. Bruno lo ve cuando lo tiene encima, pero ya es tarde. Los tres disparos retumban en el cuarto. El cuerpo de Bruno queda tendido en el piso, blureado bajo un alerta de imágenes sensibles.

Toda la escena dura 46 segundos, pero ocupó horas de aire en los canales de televisión. Durante semanas, las imágenes también circulan por celulares y redes sociales. Tres planos, tres pasos, tres disparos, miles de reproducciones. Un asesinato que se repite todo el tiempo. Una muerte en loop. La muerte del playero ejecutado por el narco rosarino. 

Dos días después, el móvil de La Nación+ recorre el barrio del asesinato. El medio es porteño, pero la noticia está acá. El título es narcoterrorismo en Rosario. El periodista busca hablar con los vecinos en una zona oscura, alumbrada apenas por el foco de la cámara. En esa búsqueda, un hombre irrumpe en la escena sin pedir permiso. Agarra el micrófono y deja un mensaje: pide que dejen de pasar el video donde asesinaron a su sobrino. El tío paterno de Bruno no vive cerca, pero llegó hasta el lugar a transmitir el mensaje. Desde el estudio, impostando solemnidad, se comprometen con el pedido.  

Al igual que el video, también se filtrará a la prensa el papel tirado en el suelo durante el asesinato. Tiene un mensaje: dice que la guerra no es por el territorio, sino contra la política carcelaria del nuevo gobierno que limitó visitas y aisló a los presos de alto perfil. También deja una advertencia: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”. Las cifras refieren a 2023, cuando Rosario cerró el año con una tasa de homicidios cinco veces mayor que el promedio del país. La nota está firmada: zona norte, zona sur y zona oeste unidos.  

La muerte de Bruno coronó una saga de crímenes que conmocionó a Rosario. Comenzó el martes 5 de marzo, cuando Héctor Raúl Figueroa manejaba su taxi por las calles del barrio Las Delicias, en el sur de la ciudad. Ni bien llegó a destino con su pasajero a bordo una persona se paró frente al Fiat Cronos y disparó. El conductor recibió nueve balazos y murió en el instante. Tenía 43 años, dos hijos y una esposa, también taxista. Se casaban en dos días. Los vecinos del lugar vieron al pasajero huyendo junto al asesino. En la escena del crimen quedó una zapatilla blanca como prueba. 

Al día siguiente, Diego Alejandro Celentano, de 32 años, fue atacado en el barrio Saladillo, cerca del Parque Regional Sur. También era taxista, también fue a eso de las once de la noche, también fue una emboscada, también el pasajero huyó corriendo, también quedó una zapatilla en el lugar. Las vainas encontradas en los dos asesinatos pertenecían a la Policía de Santa Fe.  

Dos taxistas muertos en dos días, cuatro en los primeros siete días del mes. El gremio tachero se declaró en estado de alerta y cortó el servicio esa misma madrugada. Por la tarde del jueves concentraron frente al Concejo Municipal de Rosario, donde la plana política local se preparaba para dar inicio al año legislativo. No pudo ser. Los trabajadores pedían ser recibidos, pero solo les abrían la puerta a los concejales, asesores, dirigentes y funcionarios que llegaban vestidos de gala para la ocasión. Los ánimos estaban caldeados y quisieron tirar la puerta abajo. Los concejales que buscaron calmar las aguas enardecieron aún más el reclamo. Iban unos pocos meses del gobierno de Javier Milei y la idea de “casta” estaba más vigente que nunca. Se oyó un grito de guerra: que se vayan todos.

El acto de inauguración quedó suspendido, pero el día no terminaba. A las siete de la tarde, un pasajero encapuchado frenó la línea K en México y Mendoza. Cuando se abrió la puerta, disparó contra el conductor. Marcos Daloia, de 39 años, llegó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con dos heridas de armas de fuego en la cabeza. Murió cinco días después. En el lugar de los hechos también encontraron una nota amenazante. 

Fueron cuatro asesinatos en cinco días. Todos trabajadores de servicios esenciales: dos taxistas, un colectivero, un playero. Por eso, el lunes siguiente a la muerte de Bruno la ciudad funcionó como un feriado: las escuelas no abrieron, los recolectores de residuos no pasaron, taxistas y colectiveros limitaron su actividad, las estaciones no cargaron nafta de noche, los centros de salud cerraron, los hospitales públicos hicieron guardias mínimas. Los fiscales hablaban de una nueva modalidad delictiva en la ciudad. Muertes al azar, muertes al voleo. Los medios nacionales informaban desde Rosario, porque la noticia está acá y parecía que le podía tocar a cualquiera. 

Daniela

La casa de Daniela está en el último barrio del oeste rosarino, a unas pocas cuadras del Estadio Mundialista de Hockey. Dieciséis años atrás, en esa misma barriada, Las Leonas conquistaron su segundo mundial, capitaneadas por quien le da nombre al estadio: Luciana Aymar. El lugar es una suerte de zona en disputa, entre las franquicias que responden al capo narco Esteban Lindor Alvarado y a Guille Cantero, el líder de la banda de Los Monos. El primero está detenido en Ezeiza, sentenciado a 15 años de prisión. El segundo, acumula condenas por 113 años, que cumple en el penal de Marcos Paz. Sin embargo, en los últimos meses las fronteras del mapa del delito parecen más desdibujadas.

Daniela vive en una esquina. Cuenta que algunas cuadras a la redonda, la cosa está tranquila, pero que más al norte se pone bravo. Tiene el vidrio de su puerta roto, pero cree que solo es una maldad de los pibitos que corretean por el barrio. “Ni ganas de gastar plata en eso ahora”, dice justificando la postergación del arreglo. Señala que desde que no está Bruno, la casa se vino abajo. Las paredes descascaradas por la humedad, una puerta que rechina, el televisor, el lavarropas y la heladera que dejaron de funcionar. “Capaz es una señal de que me tengo que ir”, suspira.  

La noche que mataron a Bruno estaba mirando la tele. Intuyó un mal augurio cuando sonó el teléfono fijo, ya nadie llama por el teléfono fijo. Primero, una voz joven que se presentó como un compañero de trabajo, le dijo que vaya a la estación, que le había pasado algo a su hijo. Pensó que era una broma. Cuando le pasaron con una mujer que se presentó como la encargada creyó un poco más. Nadie le decía qué había pasado. Era un sábado a la madrugada y no tenía en qué ir. Le tocó la puerta a su vecino, pero no estaba. Entonces, golpeó en la casa siguiente: el hombre ya sabía que habían matado a un playero, en una estación de servicio. La noticia viajaba por los celulares con emojis de alerta.  

—Yo no grité, no pataleé, no me enloquecí, no quise matar a nadie. Estaba como en otro mundo. Me quedé tiesa. Sentada. Me acerqué hasta donde me dejaron. Pero ya no había más nada por hacer. 

En el aparador hay varias fotos de Bruno. En todas se lo ve sonriente y con los ojos achinados. La mira y, con ojos de madre, lo describe como un buen hijo, un buen hermano, un buen nieto, un buen ahijado, un buen novio, un buen amigo y un buen compañero. Recuerda, también, que en su graduación de quinto año lo coronaron “Mister Risa”.

Daniela reconoce que la difusión del video de la muerte de Bruno le hizo mal a toda su familia. A ella también, pero hoy se inclina por la positiva: piensa que, quizás, pueda servir para tener presente lo que le pasó a un chico que estaba trabajando y que lo mataron de la nada. Sí le molesta que en los medios lo recuerden como el playero. “Era una persona. Era mucho más que su trabajo”, sostiene.

Durante la charla se muestra entera. Solo se levanta a buscar un pañuelo cuando recuerda la escena. Pero no llora, ni se le entrecorta la voz. Apenas los ojos rojos humedecidos, que contrastan con su tez morena. En un respiro, toma un mate dulce y se recoge los pelos negros y largos que le cuelgan sobre la cara. Y suelta:  

—Todas las muertes tenían mensajes para el gobernador. Lo que no entiendo es cómo nadie previó que esto podía pasar. No es algo partidario contra nadie. Diría lo mismo de cualquier gobernador, del partido que sea. 

Los familiares y amigos de los trabajadores asesinados al azar esa primera semana de marzo de 2024, decidieron mantener el perfil bajo. Casi no hubo diálogo con la prensa, mucho menos una marcha en reclamo de Justicia. Dice que esquiva dar notas, porque le ganan el dolor y la bronca. Algunos coincidieron en la audiencia imputativa: el asesino de Bruno también ejecutó a otras tres de las cuatro víctimas de esa semana. Tenía 15 años.  

 —En ese momento había otra mirada de la situación. Nos vendieron que eran las superbandas narcos y terminaron siendo chicos menores de edad. Nosotros somos personas calmas y lógicamente había miedo. Por nuestras familias, por los que quedaban. 

 Cada tanto, Daniela rememora algunas discusiones con su hijo. Discutían por política. Bruno era un seguidor de Javier Milei desde que era un fenómeno de redes sociales. Fiscalizó para La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales y el 10 de diciembre de 2023 viajó al acto de asunción. Su madre piensa distinto. Se acuerda de un almuerzo, cuando en el noticiero hablaban de un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Ella se indignó, pero su hijo le retrucó: “Cuando a vos te pase vas a ver”. A ella ahora le pasó, pero asegura que sigue pensando lo mismo. A finales de febrero, el Senado sancionó la Ley Penal Juvenil que el gobierno incorporó en el temario de sesiones extraordinarias. La iniciativa establece la imputabilidad desde los 14 años. 

 Dos años después, Daniela casi no sale de su casa. No sabe si la ciudad está más segura, pero sí cree que se habla menos del tema. Dice que se ven más policías, pero también cree que eso tendría que haber pasado antes. Casos como el de Bruno no se vieron más. Antes las bandas se enfrentaban entre ellas, pero a su hijo lo mataron para enviar un mensaje. 

 —Yo no considero que Rosario fuera la culpable de lo que pasó. Todos los medios venían a hablar mal de Rosario, pero a mí no me gusta que digan esas cosas de la ciudad donde vivo. En ese momento, si a mí se me hubiese ocurrido levantar la voz esta ciudad se daba vuelta. Yo no quería hacer una marcha, ni involucrar a la ciudad en eso. Además, también era peligroso para nosotros.  

 De aquellas jornadas frenéticas de marzo de 2024, aún conserva la tristeza y el enojo por la muerte absurda, sin sentido. La vida que se apaga de un momento para otro, silbando una canción en un cubículo de una playa de estacionamiento. 

 —Como madre, una siempre está preocupada porque le pueda pasar algo a su hijo, pero nunca imaginé esto. No fue un robo, no le sacaron nada, no chocó con el auto. Solo estaba trabajando. Eso es lo que más bronca me da.  

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

“Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes”. Así abrió Javier Milei su discurso en Rosario, con Panic Show marcando el ritmo de su ingreso por las escalinatas del Parque España. “En 2023 todos los argentinos dijeron basta —siguió—. Dije que iba a enfrentar los problemas de raíz, y por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados”. Minutos después completó el crescendo: “Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita”.

Con el río Paraná de fondo, Milei encabezó su último acto antes de las elecciones legislativas del domingo, acompañado por su hermana Karina y la primera línea de La Libertad Avanza. El cierre nacional de campaña repitió la liturgia libertaria habitual —himnos, banderas, luces violetas, pirotecnia—, pero con un tono más político y un mensaje explícito al electorado: el pedido de apoyo legislativo para recuperar la iniciativa tras un año de desgaste y fracturas internas.

El Presidente habló ante cientos de simpatizantes que agitaban banderas violetas y coreaban su nombre. “Son el motor de este proceso de cambio que ha empezado y que ya no lo pueden frenar”, les agradeció, antes de evocar a Manuel Belgrano como símbolo del liberalismo patriótico: “Es una alegría enorme que justamente hoy terminemos la campaña donde él creó la bandera argentina. Belgrano estudió en Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. Ustedes son el alma de este movimiento y el motor de este cambio que nadie puede parar”.

La elección de Rosario fue una jugada cargada de simbolismo. Fue en esa misma ciudad donde Patricia Bullrich desplegó su plan de “lucha contra el narcotráfico”, la bandera más visible de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Además, Santa Fe es una provincia clave para el conteo nacional: tercera en volumen de electores, bisagra entre el núcleo productivo del país y el corredor del litoral, y escenario de una competencia que el oficialismo nacional mira con especial atención.

En un pasaje central del discurso, el Presidente reivindicó su gestión frente a “un Congreso destituyente” que, según dijo, “puso en marcha la máquina de impedir”. “Cuando la máquina venía a todo vapor, la política tradicional intentó frenarla. A pesar de eso, llegamos de pie y listos para cambiar el país en serio”, lanzó, mientras el público coreaba su nombre.

El mitin también tuvo un objetivo electoral concreto: apuntalar a Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional, que enfrentará a la vicegobernadora Gisela Scaglia, respaldada por Maximiliano Pullaro. Las encuestas lo ubican por detrás, pero en el entorno libertario confían en el arrastre presidencial.

El operativo de seguridad fue monumental: más de 850 efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal blindaron el perímetro del parque, con cortes de calles y accesos controlados. Mientras tanto, sindicatos y movimientos sociales —entre ellos la CATT, la CCC, ATE, el Movimiento Evita y la UTEP— se manifestaban en la Plaza Guernica, a doscientos metros del acto, con la consigna “Rosario no se vende”. El intendente Pablo Javkin había pedido horas antes “prudencia y respeto” para evitar incidentes: “Que no nos traigan la violencia de Buenos Aires”, advirtió.

El acto estuvo atravesado por la crisis política del Gobierno. En los días previos, la renuncia del canciller Gerardo Werthein y la confirmación de la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia expusieron las tensiones internas del gabinete y reabrieron la discusión sobre el equilibrio de poder en la mesa chica de la Casa Rosada.

Así y todo, el cierre en Rosario completó la postal final de la campaña libertaria, que había tenido su preludio el martes en Córdoba con la caminata por Nueva Córdoba. Allí, como en el Parque España, Milei se mostró más rockstar que Presidente. Con música, épica y mística, pero también con la carga política de un gobierno que encara el tramo final con ministros en fuga, un Congreso adverso y la esperanza de que las urnas del domingo le devuelvan el impulso que perdió en el poder.

PL/CRM

Los santafesinos vuelven a las urnas pero la expectativa por los comicios no se aprecia en la calle. Este domingo se elegirán intendentes en 19 ciudades y concejales en otras 65, mientras que el resto de las 365 localidades de la provincia votará por las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes. El foco está puesto en Rosario, donde La Libertad Avanza aspira a consolidarse como mayoría, y en el impacto de la apatía ciudadana en la cantidad de sufragios.

“Es una elección que no suscita gran interés. La participación será probablemente bastante escasa, incluso menor de la que hubo en las elecciones del 13 de abril para la Asamblea Constituyente que reformará la Constitución de la provincia”, anticipa el politólogo Juan Bautista Lucca, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y del Conicet. El pronóstico tiene sus razones: “No hubo intensidad en los debates de los candidatos y tampoco una movilización de la ciudadanía”.

Karina Milei y Martín Menem –a cargo del armado de LLA en todo el país– estuvieron esta semana en Rosario y antes fueron precedidos por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Todos pidieron el voto para Juan Pedro Aleart, el experiodista que encabeza la lista de concejales de La Libertad Avanza en la ciudad. La consigna es “kirchnerismo o libertad”, para lo cual polarizan con Más para Santa Fe, el frente que reúne al sector mayoritario del peronismo y el partido Ciudad Futura, y pasan por alto a Unidos para Cambiar Santa Fe, coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro.

La Libertad Avanza apunta a nacionalizar la elección y los afiches de campaña en Rosario proclaman que “Aleart es Milei”. El candidato libertario reclama el voto “para seguir defendiendo a la ciudad de los delincuentes”, atribuye la baja de los homicidios dolosos al Plan Bandera de Bullrich y no a la política de seguridad de Pullaro y repite el discurso de funcionarios nacionales, incluyendo la descalificación a los médicos del Hospital Garrahan como ñoquis. La identificación de Aleart con el Presidente excede la política: también él tiene “un hijo de cuatro patas”, en este caso una perra con la que se fotografía en redes sociales.

Más para Santa Fe sigue otro camino. “El frente no está nacionalizando la efervescencia del efecto Cristina”, destaca Juan Bautista Lucca en alusión al clamor por la condena judicial contra la ex presidenta. “Eso habla de las complicaciones del peronismo santafesino, que se manifiestan incluso en la contienda de concejales no solo en las grandes ciudades sino también en las pequeñas donde el armado no es unívoco”, agrega el politólogo.

Juan Monteverde, el dirigente de Ciudad Futura que encabeza Más para Santa Fe, recibe munición gruesa de Aleart, que lo eleva a enemigo de “la vida, la libertad y la propiedad privada”, pero también recibe críticas de los peronistas Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta, que se presentan a la elección de concejales en Rosario con listas propias. El debate interno evidencia la fragmentación del peronismo y complica sus posibilidades electorales, según Lucca:

– El intento del kirchnerismo de aterrizar en la provincia con Agustín Rossi nunca fue exitoso y de hecho no logró volumen. Omar Perotti ganó la gobernación en 2015 con la unificación del peronismo santafesino en una expresión no kirchnerista. Es lo que podría leerse en la tensión entre los candidatos peronistas en Rosario. Monteverde es el depositario de un peronismo con inclinaciones progresistas pero sin estirpe peronista; Cavatorta no hace tanta gala de peronismo porque su apoyo viene por el lado del Frente Renovador y Sukerman tiene una vinculación con el peronismo más tradicional, con afinidad de algunas expresiones sindicales. Estas disonancias van a ser perniciosas para el volumen de votos de los frentes peronistas.

El mosaico roto

En la ciudad de Santa Fe el resultado de las elecciones parece definido. Las encuestas anticipan un triunfo holgado de María Luengo, ex periodista de Telefé Santa Fe que encabeza la lista de concejales de Unidos. La disputa en Rosario tiene en cambio pronóstico incierto y también involucra a Carolina Labayru, la candidata de Unidos que hizo campaña en compañía de Pullaro, y como un contrapeso para las expectativas del sector, el pronunciado desgaste de la gestión de Pablo Javkin como intendente.

Juan Monteverde señalizó distintos puntos de la ciudad con el cartel “acá falta un intendente” para visibilizar problemas con el transporte público, la recolección de residuos y el mantenimiento de servicios básicos en los barrios. “Monteverde disputa el voto no oficialista con Aleart y en ese sentido todo el arco peronista está convocado. Pero es posible que eso no le alcance para superar el impulso de Aleart, que viene muy bien en las encuestas y tiene una ascendencia muy fuerte en Rosario porque fue un periodista muy reconocido, rápidamente identificable por la juventud pero también por todo el espectro de la ciudadanía”, explica Lucca.

Aleart se lanzó a la escena el 18 de abril de 2024, cuando ante las cámaras del noticiero que conducía en la televisión rosarina denunció que había sido abusado durante la infancia y parte de la adolescencia por su padre y un tío. “La persona que he encontrado después de mucho tiempo para ayudarme es Patricia Bullrich”, dijo. En febrero de 2025 anunció su incorporación a La Libertad Avanza y en las elecciones del 13 de abril fue el candidato más votado en Rosario.

“Monteverde ha tratado de morigerar un perfil que parece díscolo, pero su partido, Ciudad Futura, tiene una mirada más alternativa en relación a los partidos tradicionales. Ubicarse en la discusión pública desde un lugar disruptivo le resulta contrario a la necesidad de sacar votos en el centro de la ciudad. Es una cara nueva de la política, como Aleart, muy formada, con trayectoria de equipos de trabajo por detrás”, afirma Lucca. Su candidatura se proyecta sobre “un mal endémico del peronismo santafesino, que es la falta de liderazgos, un mosaico que está roto”.

Para el profesor de la Universidad Nacional de Rosario, “Aleart va a ser el gran ganador de estas elecciones, por múltiples motivos: no tiene el gasto de la gestión, como Labayru, ni el de haberse presentado elecciones previamente, como Monteverde”; y sobre todo para la gente es una cara nueva en un contexto donde todavía persiste la idea de patear el tablero“. La denuncia de los abusos en horario central de la televisión rosarina potencia todavía más sus chances: ”Es un candidato libertario humanizado por toda su historia personal y los procesos que sufrió con su familia y además es una figura joven, elegante y bonita, lo cual siempre ejerce un atractivo“.

Carolina Labayru es secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana de la intendencia de Rosario y pretende remontar las diferencias con sus principales competidores con el apoyo de Pullaro, lo que incluyó visitas a la cárcel de Piñero y fotos frente a los presos trasladados a empellones desde las comisarías de Rosario. “No es una figura de trazabilidad política en la contienda electoral, no tiene un reconocimiento público tan extenso. En contrapartida, es la única mujer que encabeza las principales listas pero no está poniendo en juego ese capital”, según Lucca.

Unidos presenta a Aleart como un candidato impuesto desde Buenos Aires que vocifera el discurso del odio, pero evita criticar al presidente Milei. Mientras tanto, dice Lucca, “a Aleart y Monteverde les conviene polemizar entre sí: a uno para traccionar el voto no peronista y diluir el peso del oficialismo y a otro para licuar la potencia que podrían tener sus contendientes dentro del peronismo”.

Con porcentajes menores en las encuestas, la socióloga Carla Deiana encabeza la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores y el abogado Eugenio Malaponte la de Somos Vida y Libertad, sector referenciado en la diputada provincial Amalia Granata. En cambio, el Frente Amplio por la Soberanía, el movimiento de centro izquierdo que lidera el periodista Carlos Del Frade, anunció su apoyo a Más para Santa Fe.

La Libertad Avanza no solo está a las puertas de una elección histórica en Rosario. También aparece con posibilidades de imponer sus candidatos a la intendencia en las ciudades de Villa Constitución –el histórico bastión del sindicalismo clasista en los años 70- y Teodelina, además de consolidar caudales de votos significativos en los departamentos La Capital y Castellanos, en este caso por debajo del peronismo.

En Santa Fe hay 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros, pero la participación bajó al 55,6 % en los comicios de abril y la tendencia podría profundizarse. “Santa Fe viene cayendo en la participación en los últimos diez años –afirma Juan Bautista Lucca-. Pero la abstención y el voto en blanco no van a mover el amperímetro e incrementarán el volumen de la proporción, con lo cual a los candidatos de los principales partidos inclusive les conviene. La poca participación está hablando de la apatía de la población en un contexto electoral muy recurrente, más que del enojo como en 2001. Vamos a tener niveles de participación bastante bajos en la provincia”.

OA/MG

En el marco del acto oficial por un nuevo Día de la Bandera, desde el escenario del Campo Argentino de Polo ubicado en Avenida Libertador, el presidente Javier Milei sostuvo: “Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional”.

En la misma línea, sumó: “La política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global. Como si fuera poco, en paralelo se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera agrandar el Estado con un fin en sí mismo, en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo”.

“Una verdadera deshonra para aquellos que forjaron nuestra Patria poniendo en juego su vida durante las guerras de la Independencia y marcaron el punto de partida para la libertad de los argentinos. Esto que digo no son meramente palabras: lo construimos con cada una de las decisiones que tomamos en materia de defensa, y esperamos que ustedes obren a conciencia de las mismas”, subrayó.

Asimismo, el mandatario remarcó: “Es por eso mismo que buscamos grabar estas bases en la historia de la Nueva Argentina, porque sabemos que en el día de mañana nosotros no estaremos, pero la relación entre los argentinos y sus protectores deberá mantenerse inmaculada. Es necesario que los argentinos puedan hacer su vida y descansar tranquilos por las noches, sabiendo que hay héroes desvelándose para que estén a salvo”.

A contramano de la tradición, el mandatario no viajó a Rosario para conmemorar el 20 de junio, como hizo el año pasado, y en su lugar optó por celebrar su propio acto en la Ciudad de Buenos Aires.

Participaron de la ceremonia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Además, asistieron las secretaria Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El mandatario fue recibido por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac; el jefe del Estado Mayor General de la Armada, el Almirante Carlos María Alliev, y el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Gustavo Javier Valverde.

En otro pasaje de su breve discurso que duró poco más de cinco minutos, subrayó: “Es un orgullo para mí cumplir el rol de Presidente y Comandante en Jefe de nuestras Fuerzas Armadas. Por eso, quiero agradecerles en nombre de toda la ciudadanía por la valiente decisión que tomaron al unirse a nuestras Fuerzas”.

“Esta decisión deberá ser refrendada y honrada a diario en el ejercicio de sus funciones, sabiendo que ponen en riesgo sus días para cuidar a todos los argentinos, lo que constituye el más noble de los servicios a la Patria”, continúo respecto de la jura a la bandera de cadetes, aspirantes y soldados.

Tras la ceremonia, remarcó: “Producto de este acto, todos ustedes pasan a integrar la larga lista de soldados argentinos que comienza hace dos siglos con quienes lucharon junto al general Belgrano en cada una de sus campañas y que perdura hasta hoy”.

Por último, les encomendó tomar el ejemplo de Belgrano y hacerle frente a la adversidad, no sin alertar que “en un mundo cambiante las nuevas amenazas no se circunscriben exclusivamente al campo de batalla”. “Los pondrán a prueba de manera física y mental, de formas que aún no imaginan y para las cuales deberán estar preparados”, vaticinó.

“Nuevamente, los felicito por haber elegido el más noble de los destinos: entregar la vida a la protección de sus compatriotas. Que Dios los bendiga a ustedes y a todos los argentinos, y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria! ¡Viva la Patria!”, concluyó.

Pese a haber cursado la invitación para participar del acto frente al Monumento a la Bandera, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe reveló que este año el Presidente rechazó la invitación por “problemas de agenda”. Desde Presidencia evitaron precisar los motivos del faltazo, pero podrían atribuirse a que el próximo domingo 29 de junio, los santafesinos volverán a las urnas a elegir diputados, senadores e intendentes en las elecciones provinciales.

Sin embargo, en Rosario hubo representación del Gobierno Nacional ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel dio el presente en el acto. La tensión en la relación con Milei se trasladó una vez más a las actividades protocolares, y ambos referentes de La Libertad Avanza protagonizaron compromisos diferenciados.

MU con información de la agencia NA

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG

El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó hoy que una joven de 25 años, que no presentaba comorbilidades, murió de dengue en la ciudad de Rosario.

De acuerdo al boletín epidemiológico emitido por la cartera sanitaria provincial, se trata del segundo deceso causado esa enfermedad ya que antes falleció un hombre de 79 años en la localidad de Casilda, quien sufría inconvenientes cardíacos, neurológicos, renales y era hipertenso.

El informe indicó que la víctima no presentaba comorbilidades, aunque su cuadro se agravó y finalmente murió.

En este sentido, el documento oficial sostiene que en la provincia se reportaron un total de 5.285 casos de dengue, mientras que 4.882 se detectaron en Rosario.

Prevención contra el dengue

La medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa.

Para evitar la reproducción del mosquito, es necesario tapar, lavar, tirar o girar todos los objetos que puedan acumular agua.

Además, se pide utilizar repelentes, ropa clara y que cubra las extremidades, proteger con mosquiteros y usar en los ambientes espirales.

Con información de la agencia NA

El hecho ocurrió cuando Ferreyra estaba acompañado de un amigo, quien dio la alerta policial después de que el referente recibiera dos disparos en uno de sus pómulos y uno en el abdomen.

El asesinato se perpetró en el domicilio de la víctima, en la calle Ameghino al 500, a donde se acercó un sicario junto con un acompañante, que lo trasladaba en moto.

Al bajarse del vehículo, el sicario llamó a “Chicha” a través de un ventanal de su cocina que da a la calle, y cuando la víctima se apersonó recibió disparos en uno de sus pómulos y en el abdomen. Luego de esto, el sicario abandonó la escena del crimen rápidamente junto a su chofer.

El cadáver de Ferreyra fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizó la autopsia que determinó las heridas de muerte, mientras que la Policía Nacional incautó el celular de la víctima y las vainas servidas, además de hacer relevamiento de las cámaras de vigilancia de la zona.

El caso está a cargo del fiscal Luis Schiappa Pietra, quien recibió el aviso del crimen en el momento que sucedió, pasadas las 22 horas. Con móviles policiales trabajando en la zona, todavía no hay detenidos.

MU con información de la agencia NA

Allanamientos ilegales, procedimientos fraguados, armas plantadas, robos de droga, complicidad con el narcotráfico, detenciones al voleo: las prácticas irregulares de la policía santafesina y en particular de la rosarina surgen en investigaciones recientes como la cara oculta de la disminución de los homicidios dolosos en la provincia, el logro que exhibe el gobernador Maximiliano Pullaro al cabo de su primer año de gestión.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2024 hubo 176 homicidios en la provincia, un 55,8 % menos que la cantidad registrada en el mismo período del año anterior. Es el número más bajo en la última década y la merma resulta todavía más pronunciada en el departamento Rosario: en 2024 hubo 90 crímenes contra 259 de 2023, lo que representa un 65,5 % menos de casos. Pero al mismo tiempo que disminuyen los crímenes aumentan las denuncias e investigaciones por casos de corrupción, delitos comunes y violencia institucional.

Las irregularidades se producen en el marco de la ampliación de facultades policiales para la detención de personas, propuesta por el gobierno de Pullaro en la Legislatura provincial y promulgada con el apoyo de la oposición peronista. La ley 14.258/24 ratificó la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes y agregó la de resistencia a ser identificado.

Detenidos por no llevar DNI

El informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia” elaborado por la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia dedica un capítulo a la situación en Santa Fe y cita una denuncia del Servicio Público de la Defensa Penal sobre la detención de personas por no llevar el DNI: “El 34% de esas personas estaban en situación de calle y el 21% habían sido retenidas ya en reiteradas oportunidades. Una de ellas fue detenida ocho veces en el mismo día. Las actas de demoras carecen de fundamentos legales, o los fundamentos están preimpresos”.

El informe puntualiza que Pullaro “viene promoviendo e implementando reformas de la legislación local violatorias de la Constitución Nacional y Provincial, que ignora o suspende garantías fundamentales para los derechos humanos”. Entre ellas, “lo más grave son las reformas introducidas en el Código Procesal Penal”, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin recibir imputación. “En la práctica equivale a una interrupción de garantías, propias de un estado de sitio”, dice la abogada y exdiputada provincial Matilde Bruera.

El 22 de diciembre, diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron detenidos e imputados por allanamiento ilegal, robo, lesiones y falsedad ideológica en una saga ininterrumpida de delitos perpetrada desde marzo pasado. Entre los imputados se encuentra el jefe de tercio Luis Alberto Pais, quien en 2022 ingresó sin orden de allanamiento en un estudio jurídico de Cañada de Gómez para detener a una persona y ante la imputación por ese caso fue defendido por el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro. El actual gobernador avaló la acción de Pais –también respaldada por vecinos de esa ciudad– y pidió que se investigara al fiscal que acusaba al policía, Santiago Tosco.

Pais fue considerado un ejemplo del policía que cumple su función y tropieza con la burocracia judicial y el llamado garantismo. Ahora este oficial aparece como cabecilla de una violenta banda de policías que, en distintos hechos, plantaron armas, robaron dinero –en un caso la pensión de un discapacitado, en otro diez mil dólares, en un tercero 95 mil pesos–, fraguaron actas de procedimiento e ingresaron una y otra vez en diversos domicilios sin orden de allanamiento. Por estos procedimientos falsos un hombre detenido en Provincias Unidas y Mendoza pasó seis meses preso y otro –el hermano del discapacitado al que despojaron de la pensión– otros seis meses detenido, entre junio y diciembre. Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartozzi presentaron un total de catorce hechos atribuidos a la banda policial, en el transcurso de tres audiencias.

El modelo Chocobar, superado

El 17 de diciembre la Cámara Federal de Casación dio un giro inesperado a un caso de violencia institucional de alto impacto en Santa Fe, al anular las absoluciones de diecinueve policías y un civil por la desaparición forzada, torturas y muerte del albañil Franco Casco. Los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron una nueva sentencia.

Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y el 29 de septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a unos tíos. En la tarde del 6 de octubre, cuando iba a tomar un tren de regreso a su casa, fue detenido por agentes de la comisaría 7ª en supuesta averiguación de antecedentes.

En la madrugada siguiente Casco fue torturado en un calabozo conocido en la jerga interna como “la jaulita”, que los policías utilizaban rutinariamente para interrogatorios mediante apremios. “Se encontraba en un absoluto estado de indefensión”, destacó el fiscal Fernando Arrigo en su alegato. El cuerpo del albañil fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río Paraná y la autopsia reveló que había muerto antes de ser arrojado al río.

El fallo no solo es un revés para los acusados sino también para Maximiliano Pullaro. El actual gobernador, siendo ministro, pagó con fondos reservados del Ministerio de Gobierno honorarios de abogados defensores y en julio de 2023, cuando un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 2 resolvió las absoluciones, dijo que se había cometido una injusticia con los policías y afirmó que la causa se había politizado.

Pullaro no hizo comentarios sobre el fallo de Casación pero tres días después toma una decisión que parece una respuesta indirecta: nombró asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia a Luciano Nocelli, conocido como “el Chocobar rosarino”, un policía del Comando Radioeléctrico condenado a 25 años de prisión por el asesinato de una pareja que había intentado robar la cartera a una mujer.

Nocelli quedó en libertad el 27 de noviembre, después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenara un nuevo juicio. Su excarcelación fue recibida con aplausos y sirenas de un cordón de patrulleros desplegado alrededor del Centro de Justicia Penal de Rosario y acompañada por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Se termina la condena a los policías”, dijo entonces Nocelli, quien según las sentencias de dos tribunales asesinó a Jimena Gramajo y Walter Rosasco cuando estaban de espaldas y en el piso y no corrían peligro la vida del policía ni la de otras personas.

Los juicios contra Nocelli, el comisario Diego Álvarez y el resto de los policías acusados por la desaparición y muerte de Casco introdujeron un nuevo actor: grupos de familiares y allegados que se movilizan en defensa de los policías. “Había una belicosidad marcada de los defensores, como ocurrió durante el juicio oral”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari, sobre la audiencia en que se rechazó la prisión preventiva de los acusados por el caso Casco.

Estos grupos ya habían reclamado un indulto para Nocelli y volvieron a hacerse presentes el 18 de diciembre en el Centro de Justicia Penal para amenazar al fiscal Pablo Socca por la imputación contra otros cuatro policías por fraguar un procedimiento para encubrir el robo de dinero, teléfonos y otros objetos después de ingresar a dos domicilios de la zona sur de la ciudad sin orden de allanamiento. “Lo que sucedió me lleva a pensar que no es la primera vez que hicieron esto”, dijo Socca.

Con espíritu de cuerpo

Otra circunstancia coincidente en casos de corrupción y de violencia institucional es que no involucran a policías aislados sino a grupos cuyos integrantes son parcialmente identificados por las investigaciones judiciales. Socca imputó a los policías Lucas Brest, Bernardino Fernández, Julián Márquez y Matías Ovando de la Brigada Motorizada y describió el operativo emprendido contra un motociclista que supuestamente no quiso ser identificado como “una cacería” en la que intervino “un número exorbitante de policías”.

El fiscal Socca detalló que el objetivo de los policías era apoderarse de un teléfono donde un familiar del motociclista había filmado el allanamiento ilegal. A las prácticas consolidadas de falsificar actas de procedimiento y plantar armas se agrega así en los casos actuales la de eliminar registros incriminatorios en celulares y dispositivos electrónicos.

El fiscal provincial José Luis Caterina imputó en junio a otro grupo de siete policías por el robo de US$76.900, los ahorros de una familia. Los policías acudieron al domicilio para constatar el estado de salud de una pareja, uno de cuyos integrantes había tenido un brote psicótico.

Los agentes pertenecían a la comisaría 15ª –entre ellos el subjefe, Darío Carrillo– y al Grupo Táctico Multipropósito, le dijeron a la familia que iban a quedarse con los dólares por una investigación sobre lavado de dinero y configuraron un acta con testigos falsos. El fiscal Caterina explicó que uno de los policías utilizó parte de los dólares para comprar una embarcación y otro para pagar una fiesta de cumpleaños.

La Brigada Motorizada de Rosario pergeñó por su parte otro procedimiento que fue cuestionado por el camarista Alfredo Ivaldi Artacho a principios de diciembre. Los policías dijeron que soldaditos narco habían escapado a la carrera al notar su presencia en la calle Pasco al 200 bis. A continuación ingresaron sin orden de allanamiento en una casa donde detuvieron a cuatro personas y encontraron casi 200 dosis de cocaína, según el acta de procedimiento.

La situación alegada no existió, según el juez Ivaldi Artacho. Los policías tenían presumiblemente información sobre la existencia de un bunker de drogas en el lugar y actuaron por su cuenta para después blanquear el procedimiento con el acta. En consecuencia, el juez revocó las prisiones preventivas de los acusados.

El policía Jonatan Garraza cumplía funciones en la Delegación Tribunales y en la Agencia de Investigación Criminal, hoy Policía de Investigaciones. El oficial Fernando Molina revistaba en la subcomisaría 21ª. Los policías Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera actuaban en el Comando Radioeléctrico. Los cinco tuvieron al mismo tiempo algo más en común: filtraron información, protegieron y fraguaron procedimientos en favor de Los Menores, la banda sospechada por el crimen de Andres “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central, y las maniobras contaron con la participación de otros policías todavía no identificados.

El uso de la información de calle en provecho propio aparece en otro caso más grave que involucra a ocho integrantes de la Policía de Acción Táctica en el robo de 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y armas a dos hombres y una mujer de nacionalidad boliviana en el barrio Belgrano, de Rosario. Según las sospechas de la Justicia Federal, los policías actuaron con extrema violencia al mando del oficial Renzo Michelud y llegaron raudamente a un domicilio de Forest y Teniente Agneta después de apremiar a detenidos en otro procedimiento.

Al cabo de dos horas de requisar el lugar y de alzarse con la droga, el dinero y las armas, Michelud informó al Ministerio Público de la Acusación “un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El oficial de policía afirmó que habían detectado a los ciudadanos bolivianos en actitud sospechosa en la calle y que como parte de la persecución irrumpieron en la casa, donde encontraron apenas medio kilo de cocaína sobre una mesa.

La secuencia que enlaza actitudes sospechosas, persecuciones callejeras e intrusiones en domicilios es tan antigua en las actas policiales que Rodolfo Walsh la registró a fines de los años 60 en sus crónicas sobre “la secta del gatillo alegre y la mano en la lata”, como llamó a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Sin embargo, no deja de ser reeditada en procedimientos actuales.

Una causa armada

“Con el fallo de la Cámara de Casación se pueden discutir muchas cosas pero no se puede decir que la de Franco Casco fue una causa armada”, dice el fiscal Reynares Solari, en alusión al argumento que sostienen los diecinueve policías y el civil acusados por la desaparición y muerte del albañil. La defensa está en línea con la “politización” que señaló el gobernador Pullaro, aunque no hay precisiones sobre la supuesta conspiración.

Por el contrario, el fallo del tribunal de Casación señala que la causa armada es la que en realidad tramaron los policías con la colaboración de un vecino de la comisaría 7ª. El tribunal de juicio, observaron los camaristas, no observaron la prueba ni “el ejercicio de poder detentado por las agencias de seguridad sobre la situación, la escena del hecho y principalmente el control de gran parte de la prueba documental” amañada para desligar a los policías de las torturas y la desaparición de Casco.

“Es el protocolo de la violencia institucional”, afirma el fiscal Reynares Solari respecto de la trama alrededor de la muerte de Casco. Un conjunto de prácticas que la policía de Rosario parece llevar en su ADN y que no alcanza a ser disimulada bajo el paraguas de la disminución de los homicidios dolosos.

OA/MG

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe anunció que, tras las amenazas a la funcionaria Patricia Bullrich y al Gobernador Maximiliano Pullaro, se incrementarán los controles y operativos en Rosario y zonas linderas para evitar cualquier incidencia.

A través de una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad provincial Pablo Cococcioni habló y dio detalles acerca del video, así como también de las nuevas medidas que se llevarán a cabo tras las amenazas.

“Se van a incrementar todo lo que son controles requisas; identificaciones en vía pública, haciendo hincapié en zonas como el Poder Judicial, Fiscalías y va a haber una elevación general del nivel de alerta en todo el despliegue operativo particularmente en Rosario y sus alrededores”, detalló.

Cococcioni sostuvo que existe cierta preocupación por el video, pero que desde el primer momento estuvieron en contacto con el Gobernador y con la ministra de Seguridad de la Nación.

“Desde una perspectiva más amplia, haciendo un poco la lectura política, de alguna manera se quiere ver un intento nuevamente de condicionar mediante la amenaza de violencia el rumbo de las políticas públicas tanto nacionales como provinciales en materia de seguridad”, sumó.

Se espera que entre este lunes o martes se realice una reunión: “Teníamos agenda para mañana, pero se decide adelantar para nosotros siempre es una prioridad el trabajo en conjunto como lo venimos haciendo hasta ahora”.

Otros de los temas de los que dio explicaciones el ministro provincial es por la balacera en la casa de Leopoldo Martín “Pitito” Martínez, quien es señalado como el sucesor de Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central asesinado a principios de noviembre.

“Hay una investigación en curso relativa a las balaceras sobre domicilios adjudicados a miembros de la barra así que eso se tendrá que dilucidar con el avance investigativo”, explicó.

En este marco, destacó: “A pesar de que en cierta manera esos hechos terminaron un poco empañando la jornada, el operativo fue correctísimo y se llevó a cabo un segundo control muy intensivo con participación de elementos del servicio penitenciario igual que ocurrió anteriormente en la cancha de Newell's”.

“Los controles van a ser en algunos casos más estrictos. Da la impresión como que hasta se cuidaron de que no haya ninguna infracción ni nada que les impida que se desarrolle el partido con normalidad lo cual me parece que en términos generales es positivo el operativo. El partido, incluso con el resultado que pudo haber catalizado algún descontento, se llevó a cabo con total normalidad la desconcentración que es un momento crítico también fue muy cuidada y no hubo mayores desmanes sí, al mismo tiempo posteriormente se producen estos hechos y bueno, habrá que establecer la mecánica y como siempre las responsabilidades del caso”, concluyó.

DM con información de agencia NA

El único cártel que conocí en las drogas es la policía de Santa Fe.

Jorge Halford, condenado por comercio de estupefacientes

Introducción

La ciudad tomada 

…how cocaine created Argentina’s first narcocity.

The Guardian, 13 de junio de 2024

Gusti es el que pide el trabajo y el que va a pagarlo. Así lo llama, un trabajo, y agrega que hay plata y se paga en el momento. Dylan y Catriel tienen 15 años y acuden a su casa en el barrio Tiro Suizo llevados por otro chico, al que conocen como Matute, un amigo.

—Hay que matar a uno —dice Gusti.

—¿A quién? —le preguntan.

—A cualquiera —contesta Gusti—. Hay que matar a uno cualquiera —repite— y dejar una carta.

Esa noche Central juega contra Vélez en Buenos Aires. Hay que aprovechar ese momento, porque la policía se acovacha para mirar el partido por televisión.

El trabajo se paga apenas realizado. Contra entrega del cadáver, podría decirse. La plata viene del búnker que está a la vuelta de la casa, una edificación precaria que todavía funciona como quiosco de drogas a pesar de haber sido escenario del crimen de una chica de 21 años, de allanamientos policiales y de balaceras de la competencia en esa zona del sur de Rosario a la que se conoce como Fuerte Apache.

Gusti les entrega una pistola 9 milímetros y un papel con una nota manuscrita. “Pullaro, Cococcioni, dejen de verduguear a los alto perfil”, dice el mensaje, en alusión al gobernador de la provincia, al ministro de Seguridad y Justicia y a los presos considerados de máxima peligrosidad en la cárcel de Piñero.

Dos días antes, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni habían publicado en Instagram fotografías y videos donde los presos aparecían semidesnudos, sentados en el piso y cabizbajos, al estilo que impuso el presidente salvadoreño Nayib Bukele. “No vamos a retroceder ante las amenazas. Si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”, advertía el gobernador.

Las amenazas se suceden desde diciembre, cuando Pullaro asumió el gobierno de la provincia y ordenó medidas que endurecen las condiciones de detención de los presos: restricción de visitas, aislamiento, prohibición de recibir paquetes con alimentos, requisas sorpresivas. Son mensajes que rubrican balaceras contra escuelas y el tiroteo contra un colectivo que transporta empleados del Servicio Penitenciario de la provincia, en la zona norte de Rosario.

Los presos de alto perfil ya la están pasando peor, porque, apenas la noticia de la balacera contra el colectivo llega a la cárcel de Piñero, son sacados de los pabellones 7 y 8. Los guardias torturan a los presos con picana eléctrica y submarino seco; les arrojan lavandina y gas pimienta a la cara; los hacen caminar mientras los golpean, lo que se llama puente humano en la jerga; les pegan con cables y con toallas. Las denuncias serán desestimadas por el juez Rafael Coria, pese a que el informe médico comprueba lesiones en la mayoría de los reclusos.

Héctor Raúl Figueroa tiene 43 años y trabaja como peón de taxi en horario nocturno. A las 21:30 del 5 de marzo de 2024, Catriel le hace señas en la esquina de bulevar Oroño y bulevar Avellaneda.

—Voy hasta Flammarion —dice Catriel.

Son apenas siete cuadras. Flores lleva al pasajero en el asiento delantero del auto, un Fiat Cronos, y cuando está por cobrar el viaje aparece Dylan por el lado del conductor.

Dylan empuña la pistola 9 milímetros que recibió para el trabajo y hace nueve disparos consecutivos, sin pronunciar palabra. Será un asesino mudo. El taxista muere en el acto; Catriel recibe el roce de un proyectil en la panza y, en el apuro por bajar del auto, pierde una zapatilla y se olvida de dejar la nota con la amenaza a Pullaro y Cococcioni.

Los chicos se pierden en la oscuridad. En la escena quedan vainas que tienen la inscripción “Policía de Santa Fe” y una zapatilla de talle 38 color blanco. El sindicato de peones de taxi declara un paro en duelo por el asesinato de Figueroa que será acatado a medias por los choferes; el ministro Cococcioni dice que ningún indicio vincula el crimen con las humillaciones a los presos de alto perfil en Piñero.

En Buenos Aires, Central pierde contra Vélez uno a cero. La policía vuelve a las calles de Rosario.

El pago por lo que llaman “trabajo” son 200.000 pesos para cada uno. Catriel le da la mitad de la plata a su mamá y con el resto se compra un par de zapatillas para reemplazar la que perdió y algo de ropa. Dylan devuelve el arma, se tiñe el pelo de blanco e invita a su novia y a un amigo, Michael, de 16 años, a comer en el shopping Alto Rosario.

Dylan está todavía en el paseo de compras cuando Gusti se comunica por teléfono:

—Tengo otro trabajo. Como el otro, matan y se van.

Como el otro, también, se trata de matar a cualquiera. Puede ser un taxista o el que crean conveniente. Dylan vuelve a recibir la pistola 9 milímetros, irá y apretará el gatillo donde le digan. La moneda de la muerte gira en el aire: pedirán un auto a un radiotaxi y tendrá que dispararle al que acuda al llamado.

El pedido ingresa a una aplicación de radiotaxi en la noche del 6 de marzo. Diego Alejandro Celentano tiene 33 años y una hija de 4. Con su esposa, se ganan la vida manejando un taxi desde que ambos se quedaron sin trabajo en el casino City Center. En la puerta de la casa, cuando vuelve de cenar con su familia y casi da por terminada su jornada, recibe el aviso para tomar un viaje en Lamadrid al 400 bis.

—No vayas —le dice la mujer—. En la aplicación sale que es una zona roja.

—Es en la puerta del Coto —responde Celentano—. Necesitamos trabajar. Quedate tranquila.

El taxista se despide de su esposa y va a la dirección indicada. Allí lo esperan Dylan y Michael.

Los pasajeros se hacen llevar unas cuadras hasta que Celentano se detiene en un cruce de calles. Dylan aprovecha el momento y le dispara por la espalda, a la cabeza, sin palabras.

La tragedia se repite: Celentano muere al instante; en la fuga, Michael pierde una zapatilla Nike negra que la policía encuentra al lado del auto, un Volkswagen Voyage; los asesinos cobran 200.000 pesos cada uno.

Al día siguiente, Dylan vuelve con su novia de paseo al shopping Alto Rosario. La policía trata de atar cabos, pero son cabos muy débiles: la coincidencia de las zapatillas hace pensar en un mensaje, pero nadie sabe decir qué significaría tal mensaje; las vainas recolectadas en el segundo crimen también son de municiones de la policía y no hay explicaciones oficiales; la empresa de radiotaxi fue mencionada de manera lateral en un crimen cinco años antes, pero no surge más que otra coincidencia.

Los taxistas vuelven al paro; un grupo de choferes se presenta en la Municipalidad de Rosario e insulta a los concejales cuando ingresan a una sesión del Concejo Municipal.

Una hora después del asesinato de Celentano, en la zona oeste de Rosario, un chofer de la línea de colectivos 122 ve pasar a su lado una moto Honda Twister ocupada por dos hombres. Y ve que el acompañante es muy joven, un adolescente, y tiene un arma de fuego.

El chico que viaja en la moto se vuelve en dirección al chofer y empieza a disparar. Tres, cuatro proyectiles impactan en el frente del colectivo, pero, cuando apunta al chofer, el arma se traba.

El chofer no denuncia el ataque, que se produce en las calles Cerrito y México, cerca de la punta de línea, cuando el colectivo ya está vacío. Y al día siguiente, a unas diez cuadras del lugar, la misma moto y los mismos ocupantes salen a calle Mendoza y eligen el primer transporte público que se les cruza por el camino: un trolebús de la línea K que conduce Marcos Iván Daloia, de 39 años, padre de tres niños.

El trabajo ha sido encargado por un tal Franco, que a su vez sigue instrucciones recibidas desde una cárcel. Esta vez se aseguraron de que el arma funcione. Y cambian de método para asegurar también los resultados. La moto sobrepasa al trolebús y toma un poco de distancia. El acompañante baja en la parada siguiente y le hace señas a Daloia para que pare.

Hay un testigo que observa la situación. El joven que acaba de subir al coche tiene 16 o 17 años. Daloia alcanza a manejar una cuadra; el joven se pone a su lado y le hace un disparo a quemarropa, por la espalda.

El testigo ve que el asesino baja de un salto a la calle. La moto pasa a buscarlo y, en la fuga, cuando salen de la calle Mendoza, casi chocan con una camioneta de la Gendarmería que recorre el barrio. Los gendarmes son parte de las fuerzas federales que patrullan la ciudad para llevar tranquilidad a los vecinos, pero no prestan atención a los ocupantes de la moto. Daloia es llevado al Hospital de Emergencias: la bala ingresó por el cuello.

—Hay trabajo —dice Gusti, en el otro punto de la ciudad—. Hay más trabajo.

Ahora se trata de producir un tiroteo. El menú de opciones indica como objetivos un camión recolector de residuos, una comisaría o bien una farmacia. Esta vez se encarga Matute, con la misma pistola utilizada para matar a los taxistas.

Matute sale en moto para cumplir el encargo. En pocas horas, antes de la muerte de Daloia en la sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias, los gremios del transporte declaran un paro por tiempo indeterminado y Rosario queda paralizada. Tampoco hay clases en las escuelas ni recolección de residuos.

No hay ningún recolector de basura a la vista. Tampoco una farmacia. Matute pasa frente a la Comisaría 15ª, extrae la pistola y dispara contra el frente: como una especie de boomerang, balas que fueron compradas para uso de la policía son utilizadas para atacar a la propia fuerza. Ningún policía sale a la calle, como si la comisaría estuviera abandonada.

El sábado a la mañana aparece una sábana blanca colgada en el puente de avenida de Circunvalación sobre el bulevar Oroño, en el ingreso a Rosario por la ruta 9. Dice: “Pullaro y Cococcioni se metieron con nuestros hijos y familia. Van a seguir las muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes”.

—Hay trabajo —dice Gusti—. Esto es para hacer en otra parte.

El pedido viene de la zona oeste, donde fue atacado Daloia. Se requiere un sicario. El que baleó al chofer de la línea K se fue de su casa y dejó de ser visto por el barrio.

El elegido es Dylan. Pero el chico no está convencido. Ya trabajó demasiado, no conoce el barrio donde tendría que cumplir el encargo y el gobierno provincial ofrece una recompensa de diez millones de pesos a cambio de datos sobre los asesinatos de los trabajadores.

Gusti lo convence:

—Vos perdiste una moto que era mía —dice—. Me la tenés que pagar.

Dylan se queda sin respuesta. En efecto, unos días antes se encontró con un control policial y optó por abandonar la moto en la que iba y escapar a pie, porque andaba con un arma.

—Te vas a encontrar con un amigo, Franco —dice Gusti—. Él te va a explicar.

El 9 de marzo, Dylan toma un Uber desde Tiro Suizo hasta una dirección en el barrio Santa Lucía. Es un viaje de quince minutos. La dirección corresponde a la casa de Franco, que no puede andar por la calle porque está involucrado en la investigación de un asesinato y tiene una tobillera electrónica.

Franco paga el viaje. Tienen que esperar las instrucciones. A las 23 reciben una videollamada desde la cárcel de Ezeiza. En la pantalla aparece el rostro de un hombre de unos 35 años, de pelo corto, barba en el mentón y un tatuaje que le surca la cara.

El hombre transmite una orden: matar a alguien en una estación de servicio y dejar un mensaje escrito. Franco se encargará de lo necesario para llevar a cabo el trabajo y hará el pago.

Dylan recibe una pistola Taurus 9 milímetros y un cartón con un mensaje escrito con birome. El cartel dice:

Esta guerra no es por territorio es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares queremos nuestros derechos ver a nuestros hijos y familia y que se respeten. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos, pabellones y cárcel. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni carguen con muertes inocentes.

Atte: Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, Unidos.

A diferencia de otros, trazados en forma muy tosca, el mensaje parece redactado por alguien que tiene o tuvo escolaridad y respeta ciertas reglas de la lengua, como las de la sintaxis y la ortografía. El mensaje, además, refiere a las estadísticas sobre homicidios dolosos en la provincia (“llegamos a 300 muertos”: en 2023 hubo 259 crímenes en Rosario y 395 en la provincia) y responde a comentarios periodísticos y versiones del gobierno provincial sobre el motivo de los crímenes. La firma, por último, agrega otro factor al miedo que paraliza la ciudad y dispara especulaciones sobre una alianza criminal que se propone desestabilizar al gobernador Pullaro.

Franco explica que un hombre al que llama el Viejo se encargará de llevar a Dylan hasta el objetivo. La llamada termina, el hombre de la cara tatuada se despide diciendo que espera enterarse al día siguiente, por la televisión, de que la orden ha sido cumplida.

El Viejo espera en la calle. Está en un Fiat Duna descolorido y chocado en la parte trasera. Acaba de cargar unos bidones con nafta y un bolso con una muda de ropa. Dylan sube del lado del acompañante.

La estación de servicio más cercana queda a unas diez cuadras, en las calles Mendoza y Donado. Es una estación Puma. Cerca de la medianoche, casi no hay gente por la calle. Pasan por el lugar y ven que hay un camión en los surtidores y solo un empleado, el playero; el Viejo da una vuelta a la manzana y estaciona por Mendoza.

 Dylan recordará así el momento:

—Me bajé. Caminé. Pensé si lo hacía o no lo hacía. Había un camión cargando gasoil.

Tal vez en ese momento recordó a su novia; ella estaba contenta después del paseo por el shopping, él le había regalado una cadenita y una caja de alfajores para que llevara a su casa. O tal vez se le cruzó Gusti por la cabeza y el reclamo por la moto.

—Pensé si lo hacía o no lo hacía. Vi que el pibe de la estación cargaba gasoil. Pensé que podía explotar todo si le tiraba ahí. Me acomodé en lo oscuro y esperé.

El camión se retira y el playero, Bruno Nicolás Bussanich, se introduce en una oficina pequeña, al lado del salón de ventas de la estación, que está cerrado.

Una cámara de vigilancia toma a Dylan por atrás. La imagen permite ver que apura el paso hacia la oficina en momentos en que el playero carga los datos de la última venta en una computadora. Dylan viste una campera liviana con capucha de color azul, pantalón corto negro y sandalias. Cuando saca el arma, el mensaje con las amenazas cae al piso sin que se dé cuenta.

Bruno Nicolás Bussanich tiene 26 años, vive en pareja y tiene un hijo de 2 años. Hace tres meses que trabaja en la estación y está completamente desprevenido; silba, abstraído en la computadora, cuando Dylan abre de golpe la puerta.

—Fui, tiré y volví al auto —dice Dylan, más tarde, sin más detalles.

Bussanich recibe dos disparos en el pecho y otro en la cabeza; muere en el acto. Dylan no dice nada antes de ejecutarlo; solo dispara y se va corriendo.

El Viejo conduce el auto una cuadra por la avenida de Circunvalación, sale por una colectora hacia un descampado y le dice a Dylan que seguirán a pie hasta la casa de Franco. Le da la muda que lleva en el bolso para que se cambie, vacía los bidones de nafta sobre el capot del auto y lo prende fuego con la ropa que se sacó Dylan.

Otra cámara de vigilancia toma a Dylan de frente y desde arriba en la oficina de la estación. La imagen del momento en que dispara sobre Bruno Bussanich se amplía y a partir del día siguiente aparece una y otra vez en la televisión, en los portales de noticias, en las redes sociales, en cámara lenta y congelada en un primer plano en el que alcanza a verse parte de la cara de Dylan. Tiene la boca entreabierta, como si le faltara el aire, y una mirada en la que se mezclan el susto y el asombro por lo que va a hacer, por lo que hace. Se ofrece una recompensa para quienes aporten datos fehacientes.

Al día siguiente, Dylan recibe 400.000 pesos. Y así como los recibe se los entrega a Gusti. No tiene deudas, le dice a un amigo del pasillo del Fuerte Apache rosarino. El gobierno nacional anuncia que el Ejército se incorpora a la lucha contra el crimen organizado en Rosario; el provincial organiza un comité de crisis y un equipo especial de fiscales.

Los crímenes sintetizan y exponen factores de la inseguridad crónica que padece la ciudad: el enfrentamiento de las bandas narcocriminales con el Estado; el sentido constructivo de la violencia como forma de imponerse en el mercado de las drogas y como validación de autoridad y fuente de prestigio; la proliferación de armas y municiones, de los que la policía provincial es un proveedor; la persistencia de políticas punitivistas que no hacen caso del fracaso de la cárcel para interrumpir los circuitos del delito ni de la insuficiencia de las fuerzas federales para sentar la presencia de la ley; la utilización de adolescentes y niños como mano de obra descartable para homicidios y balaceras.

Pero la historia de Dylan circula en el barrio y llega hasta una vecina que, además, lo ha reconocido en la televisión. Conoce a la familia del chico, pero diez millones de pesos es mucho dinero. La vecina llama a un teléfono del Centro de Justicia Penal y cuenta lo que sabe, lo que escuchó, el rumor cada vez más alto en el Fuerte Apache rosarino. La comunicación coincide con otra del testigo del ataque contra Marcos Daloia, que siguió a los agresores y observó que se ocultaban en una casa, a la vuelta de la calle Mendoza.

En pocas horas, la fiscalía allana los domicilios indicados y detiene a Gusti, a Franco, a Dylan, a Michael, a Catriel. Rosario ha sido paralizada por una sucesión de crímenes perpetrados por chicos que tienen entre 15 y 17 años y que pudieron filtrarse una y otra vez en la vigilancia urbana, entre los gendarmes, los policías provinciales y federales, los operativos de saturación y los controles callejeros. Los instigadores se desdibujan en el trasfondo de la escena.

El equipo de fiscales acelera la investigación. Los menores quedan bajo tutela judicial. Un preso, Alejandro Isaías Núñez, es imputado como instigador de los crímenes de los taxistas, aunque el abogado defensor sostiene que nunca pudo transmitir órdenes porque estaba bajo régimen de aislamiento en la cárcel de Piñero. Otro preso en la cárcel federal de Ezeiza, Claudio Mansilla, lleva la cara tatuada como el preso que encargó el asesinato del chofer Daloia y tiene antecedentes por doble homicidio; el dato y el currículum no alcanzan para una acusación formal. Hay sospechas contra Esteban Lindor Alvarado, también preso en Ezeiza, pero tienen todavía menos fundamentos y parecen destinadas a activar los comentarios periodísticos sobre un personaje reconocido como jefe de una organización criminal.

El gobierno de Santa Fe proclama que el crimen organizado no le torció el brazo. Que será duro, muy duro, con los presos que pretendan controlar la cárcel y la calle. Que es necesario bajar la edad de punibilidad de los menores, que no debe haber un límite porque el que mata sabe lo que hace, tenga la edad que tenga.

El caso de los crímenes de trabajadores parece cerrado. Subsisten preguntas sin respuesta. ¿Cómo llegaron las balas de la policía a la banda de criminales? ¿Dónde están los atacantes del chofer Daloia? ¿Quién ordenó los crímenes? Si fueron presos, ¿cómo pudieron hacerlo, qué complicidades existieron? ¿Cómo es posible que adolescentes y niños se conviertan en sicarios? ¿Cómo empezó esta historia?

OA/CRM

La ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, fue la oradora principal del acto central del 11° Encuentro Nacional de Salud, realizado este miércoles en Rosario. El evento se llevó a cabo en el Complejo La Siberia, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Más tarde, la dirigente tiene previsto reunirse con trabajadores despedidos de la empresa química Dow, que recientemente anunció el cierre de su planta en el Gran Rosario.

El encuentro, bajo el lema “¡La salud es un derecho y debe garantizarse a lo largo y ancho del país!”, reunió a alrededor de 5.000 personas, entre las que destacaron referentes del kirchnerismo santafesino, 150 dirigentes locales y funcionarios vinculados al peronismo, como el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien abrió la jornada con su intervención.

En su discurso, Cristina Fernández de Kirchner destacó la necesidad de fortalecer el sistema sanitario y trazó comparaciones entre las políticas implementadas durante sus mandatos y las actuales medidas del gobierno de Javier Milei. “Venimos a hablar aquí frente a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario argentino con la autoridad de los hechos y de lo hecho”, afirmó la líder del PJ.

CFK criticó la situación actual del sector de la salud, al que describió como “despedazado”, y apuntó contra la desregulación de las prepagas médicas, una medida que, según sostuvo, perjudica a las familias argentinas. “Nosotros sancionamos la ley para que las prepagas no pudieran fijar unilateralmente las cuotas. Mientras estuvimos nosotros, las cuotas eran justas, no como ahora que te arrancan la cabeza”, aseguró.

En un tramo de su discurso, la dirigente lanzó críticas directas hacia el presidente Javier Milei, desafiándolo a implementar medidas que favorezcan la reducción de costos en el sistema sanitario. “Estos desregulan a favor de poquitos muy poderosos, el de los remedios. A ver, Milei, ya que sos tan guapo: desregula los medicamentos para que podamos tener genéricos importados y bajar los costos de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”, expresó.

DM

El fiscal Alejandro Ferlazzo, acompañado por el fiscal interventor Matías Merlo, el ministro de seguridad provincial Pablo Cococcioni y la secretaria de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva brindaron hoy una conferencia de prensa por el doble crimen ocurrido el sábado por la noche a la salida del partido que se disputó en el gigante de Arroyito, donde fue asesinado Andrés “Pillín” Bracamonte, mandamás de la barra brava de Rosario Central y su segundo Daniel “Rana” Atardo.

El fiscal a cargo brindó algunos detalles del hecho. Confirmó que la luz estaba cortada, que fueron al menos tres atacantes y le dispararon alrededor de cinco proyectiles a cada uno a corta distancia. El club dijo que no tenía filmaciones del interior ni el exterior del estadio.

El fiscal Merlo confirmó que tras el hecho se conformó un equipo de fiscales para trabajar en el caso. Además de Ferlazzo, lo integran los fiscales Georgina Pairola y Luis Schiappa Pietra. Este grupo de trabajo no solo se ocupará de investigar este doble crimen sino también otras investigaciones que vienen relacionadas como la tentativa de homicidio que sufrió Pillín Bracamonte en agosto pasado a la salida del partido entre Newell’s y Rosario Central. El ataque a balazos que sufrió en su casa ubicada en un country en Ybarlucea y otro atentado que ocurrió en la puerta de la escuela de su hijo, donde un hombre con similares características a Bracamonte fue atacado a tiros.

“Queremos ser mesurados e ir trabajando”, dijo el fiscal interventor. Mientras que Ferlazzo contó que están en los primeros pasos de la investigación, brindó algunos datos. El hecho ocurrió a la salida del estadio de Rosario Central a las 21.43 cuando Pillín y Rana estaban en la camioneta que venía circulando y a la altura de Avellaneda y Reconquista fueron sorprendidos por tres personas que se les acercaron a pie y dispararon a corta distancia más de 11 tiros, cinco impactaron en Bracamonte y otros cinco el Rana y es el motivo del fallecimiento, dijo.

Y agregó que aún no tienen acreditado cómo se retiraron del lugar por el cúmulo de gente que había en la zona. Estiman “tres agresores por lo menos y el material balístico corresponde a una misma arma (calibre 9 milímetros), pero no descartamos que haya más tiradores”. Por el momento no hay detenidos, refirió.

La Fiscalía dijo que se trabajó en la escena, se hizo un relevamiento de cámaras y refirió que el club Rosario Central les informó que no tienen registros fílmicos ni del interior ni del exterior del club ni del partido con San Lorenzo ni del anterior.

En cuanto a las hipótesis del hecho dijo que Bracamonte tuvo diversos conflictos que son notorios y surgen de varias investigaciones penales sobre la situación de Andrés Bracamonte que excede el manejo de la hinchada de Rosario Central y se extiende a otros posibles negocios ilícitos con lo cual las hipótesis de trabajo son múltiples, aseguró. “Lo que podemos saber es que tuvo dos atentados muy recientes, además de otros ataques que ha tenido a lo largo de su vida”, recordó.

“La zona son dos cuadras donde efectivamente no había luz, el alumbrado público se inició a las ocho como siempre, el día anterior tuvo luz pero el día del partido volvió cerca de las 00.50. Estamos trabajando, hemos pedimos informes para ver cual era el desperfecto, pudo haber sido un desperfecto normal que haya sido aprovechado por los autores para efectuar el ataque en ese lugar pero tampoco descartamos ninguna hipótesis”, aseguró.

Sobre la posibilidad de una nueva agresión contra Bracamonte el fiscal dijo que del último ataque había alguna información de la prevención, habían surgido cosas que no se pueden corroborar, una alerta, algo que efectivamente se cumplió en este partido, refirió.

Seguridad

A su turno el ministro Cococcioni dijo que desde un primer momento estuvo en contacto con la ministra Patricia Bullrich, como también se refirió que, apenas llegó la secretaria Monteoliva, empezaron a coordinar con la fiscalía. Todos, incluidas las fuerzas policiales provinciales y nacionales, tuvieron una reunión donde el objetivo primario fue poner a disposición de la fiscalía todos los recursos necesarios para esclarecer el doble homicidio.

Cococcioni sumó que no hay que minimizar el hecho y sus implicancias por eso trabajan desde un primer momento en reajustar el despliegue de las fuerzas, “reformular alguna zonas para poder anticiparnos y prever posibles repeticiones”.

Y agregó “vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance desde nación, provincia y municipio para evitar que este hecho no sea utilizado para instalar un regreso al pasado. Nos costó mucho salir de una dura situación, cerramos los dos años anteriores con casi trescientos homicidios dolosos en la ciudad y vamos a cuidar al máximo lo logrado en estos 11 meses con el trabajo en conjunto para que los rosarinos puedan viviendo tranquilos”, aseguró.

Si bien dijo que no descartan ninguna hipótesis, añadió: “Acá lo que hubo fueron otras situaciones que se tendrán que esclarecer había una persona que fue objeto de 29 atentados en su vida y la verdad es que estaba hasta con muy pocas medidas de autopreservación y hasta diría mostrándose, repitiendo sus rutinas una y otra vez pese a que tenía prohibición de ingreso a los estadios con lo cual policialmente no vemos que el hecho pudo haberse previsto si ahora vamos a trabajar muy fuerte con nuestros recursos para esclarecer y reformular y seguir reforzando la prevención en calle qué es lo que nos va a dar tranquilidad y evitar cualquier especulación sobre un rebrote de violencia como se ha dicho”.

En tanto la secretaria Monteoliva confirmó los dichos de Cococcioni en cuanto a una acción cooperativa conjunta para reforzar lo que viene haciendo la provincia en el marco del Plan Bandera, “una presencia preventiva en zonas que se verá ampliada”, dijo.

“Lo que buscamos es garantizar la prevención, se ha llegado a un punto en la ciudad de Rosario y no es la intención bajar los brazos, queremos seguir trabajando de la misma manera, es importantísimo devolver la tranquilidad a la ciudadanía”, aseguró.

Con información de Elciudadanoweb.com

Los equipos de Boca y Gimnasia salieron al campo de juego del estadio de Newell’s para jugar el segundo tiempo del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero en las tribunas se desató el caos. Desde la bandeja superior de una de las plateas, donde había fanáticos del Xeneize, comenzaron a arrojar butacas al sector donde se hallaba el grueso de los fanáticos del Lobo, que intentaron romper un alambrado para generar un enfrentamiento. Esa actitud provocó que La Doce derrumbara un portón y se pasara a la platea, lo que generó un cara a cara con los policías apostados en el cordón. Hasta Juan Román Riquelme, presidente de Boca, se metió en el lugar para pedirle a la barra que retrocediera y lo logró.

Boca se imponía por 1 a 0 gracias a la conquista de Aaron Anselmino, los dos elencos se proponían a iniciar el complemento, cuando bajó la catarata de butacas. Enardecidos, los fanáticos de Gimnasia comenzaron a sacudir el alambrado y a lanzar carteles del otro lado. Ante la efervescencia, la policía disparó balas de goma y algunos cartuchos de gases lacrimógenos. Allí, los jugadores se acercaron a la platea para evitar que siguiera la reacción, se acercaron a las tribunas para pedir calma, pero no pudieron ser escuchados por las parcialidades.

Todo empeoró y parecía que se venía lo peor. Porque la barra de Boca, ante el intento de invasión de los de Gimnasia en un sector que ocupaban seguidores auriazules, tiró abajo un portón y se metió en la platea, con el fin de cruzar la cancha y llegar frente a frente con sus adversarios. Pero se topó con el cordón policial. Entonces empezaron a volar proyectiles hacia las autoridades, que respondieron con gases y balas de goma.

Fue allí cuando irrumpió Juan Román Riquelme, presidente del club de La Ribera, en la platea. Y se puso entre la barra y la policía, recibiendo algún golpe y gases en su cara. Acompañado por Raúl Cascini y Chicho Serna, le pidió a La Doce que volviera a su lugar. Y luego de varios minutos de charla, lo consiguió.

En la tribuna del Tripero, varios fanáticos quedaron afectados por los gases y requirieron atención. Desde el cuerpo técnico y cuerpo médico del conjunto del Bosque acercaron agua para asistir a hinchas. De a poco, todos regresaron a sus lugares y Riquelme también retornó a su palco. Y el árbitro Jorge Baliño aceptó continuar con el partido.

NB

Invocó sus fueros para negarse a declarar y tuvo el respaldo de los senadores de Santa Fe que por voto de la mayoría impidieron su indagatoria como presunto protector de una red de casinos clandestino extendida en cinco departamentos de la provincia. Cuatro años después, el senador provincial Armando Traferri (peronismo) comparecerá este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario para ser imputado en una causa que implicó a jueces, fiscales, policías retirados y en actividad, operadores políticos y otros legisladores provinciales, aunque el tiempo transcurrido parece desdibujar esa trama.

Traferri atribuyó las acusaciones a una campaña de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia (2019-2021) durante el gobierno de Omar Perotti, y señaló a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery como alfiles de esa supuesta operación. Los fiscales terminaron apartados de la causa, conforme a sus deseos, pero la citación a audiencia proyecta sombras inquietantes. Tanto el senador como su abogado, Oscar Romera, dijeron a elDiarioAR que no harán declaraciones hasta conocer los cargos en su contra.

“Traferri pudo elegir qué fiscales no lo deben imputar, lo cual es una barbaridad. Hay una enorme cantidad de pruebas en su contra. Su tesis es que yo lo armé, pero la causa antecede a mi llegada al ministerio”, dice Marcelo Sain. El exministro se refiere a la investigación iniciada en abril de 2017 por el fiscal Matías Merlo, que puso en la mira de la Justicia al principal protagonista de la historia: el empresario de juego legal e ilegal Leonardo Peiti.

La investigación comenzó por una denuncia del presidente comunal de Hughes, el pueblo natal del gobernador Maximiliano Pullaro. Desde entonces, las declaraciones de Peiti son citadas tanto para acusar a Traferri como para fundamentar la persecución en su contra. El empresario colaboró con la investigación de Schiappa Pietra y Edery como arrepentido y en ese marco reveló encuentros con el senador peronista, el pago de coimas mensuales a los fiscales rosarinos Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad –ambos destituidos–, “atenciones” de pago efectivo para el juez de Reconquista Gonzalo Basualdo –la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó un jury de enjuiciamiento– y el aporte de “algo más de doscientos mil dólares” para la campaña de Perotti en las elecciones de 2019, con la ilusión de obtener el monopolio del juego en la provincia.

Sain no tiene mayores expectativas sobre la citación del martes que firmaron las fiscales Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato. “Creo que va a servir para la impunidad de Traferri. Pero me interesa en función de la causa nuestra”, dice el exministro, que por su parte está imputado como jefe de una asociación ilícita que desarrolló tareas de inteligencia ilegal en la provincia entre 2019 y 2021.

La investigación contra Sain y otros siete exfuncionarios del Ministerio de Seguridad está a cargo de los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Patricio Grimberg y no registra avances desde el 22 de noviembre de 2022, cuando se realizó la audiencia imputativa en la capital provincial. “La función de esa causa fue sacarme de la provincia y mostrar qué pasa cuando se investigan estructuras de poder en Santa Fe”, dice el también investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El hoy gobernador Pullaro fue uno de los querellantes en la causa, junto con el empresario de medios y turismo Gustavo Scaglione. Los trascendidos constantes a los principales medios de comunicación de la provincia sedimentaron una acusación de espionaje que terminó por imponerse en la difusión pública. Los fiscales Hernández y Grimberg no utilizaron esa calificación en las imputaciones sino la de “acciones de inteligencia ilegal” a través de la recopilación y sistematización de datos sobre dirigentes de la oposición, empresarios, fiscales y periodistas.

“Dos fallos de la Cámara de Apelaciones dicen claramente esto no es ni podría ser espionaje, y si lo fuera debería ser investigado por la Justicia Federal. Esa calificación solamente se entiende a partir de una especulación de impacto periodístico del término”, dice el abogado Juan Lewis, defensor de seis de los acusados, para quien “la fiscalía estuvo y está alineada con Pullaro”.

Ex ministro de Justicia de la provincia, Lewis resalta que los fiscales santafesinos “echaron a correr la calificación de espionaje en trascendidos de los que no se hicieron cargo” y cuestionó la filtración de videos y audios “que no tenían nada que ver” y fortalecieron la condena social. “En esta causa todo se maneja con un secreto inadmisible e inexplicable desde el punto de vista de la publicidad que deberían tener los juicios”, dice el abogado, y de hecho el responsable de prensa de la Fiscalía Regional de Santa Fe, Gustavo Risso Patrón, no contestó los pedidos de información para esta nota.

De amigo a enemigo

Miguel Lifschitz había ganado las elecciones para gobernador de Santa Fe cuando se presentó en la casa de Marcelo Sain y le propuso trabajar en la provincia. El dirigente socialista lo visitó después en la sede de la Escuela Nacional de Inteligencia, esta vez acompañado por un joven diputado provincial al que presentó como su próximo ministro de Seguridad: Maximiliano Pullaro.

Sain llegó así a Santa Fe como director del Organismo de Investigaciones, cargo que obtuvo por concurso y que perdió a continuación de la renuncia al Ministerio de Seguridad. Su gestión provocó resistencias crecientes y sin retorno, que alcanzaron incluso a los dirigentes del peronismo y al resto del gabinete de Perotti: un proyecto de reforma policial quedó huérfano de apoyos y no llegó a tratarse en la legislatura provincial. “Unifiqué a todos en mi contra”, reconoce el ex funcionario.

Autor de estudios que son de referencia en seguridad pública, Sain dedicó un libro a los problemas de la criminalidad de Rosario –Ciudad de pobres corazones (2023)– y prepara otro al que define como “ciencia política en primera persona” y tiene como título La camarilla mafiosa, política y crimen en Santa Fe.

Sain argumenta que la causa por acciones de inteligencia ilegal respondió a “dos investigaciones fuertes” que impulsó como ministro en el ámbito del Servicio Penitenciario de la provincia y la Unidad Regional II, la policía de Rosario. La primera surgió de una denuncia del ex funcionario Luis Enrique Pueyo “por malversación de fondos y acuerdos para ingreso de droga y celulares a las cárceles” y habría afectado al actual ministro de Seguridad, Pablo Coccoccioni; la segunda, también por malversación de fondos, comenzó por una presentación del policía Cristian Güemes y en su desarrollo “estaba siendo investigada la empresa Printing SRL, de Damián Marcelo Pullaro”, uno de los hermanos del gobernador de Santa Fe.

En enero de 2020 el asesinato del contador Enrique Encino en el Casino City Center de Rosario derivó inesperadamente en la causa por juego clandestino que llevaron adelante los fiscales Schiappa Pietra y Edery y por la cual esperan juicio el ex fiscal Serjal y Nelson Ugolini, empleado judicial por otra parte imputado como integrante de una banda de estafadores. “Nadie armó nada ni hubo una orden de Perotti, una cosa llevó a la otra hasta llegar a Traferri”, afirma Sain.

“La queja que tenía Perotti con esa causa era la que tenían todos en su gobierno. En el peronismo me reprochaban que los fiscales iban contra Traferri pero no contra Pullaro. Los testimonios de Peiti y de Ponce Asahad fueron también contundentes contra el ex jefe de la Policía de Investigaciones de Pullaro, Daniel Corbellini, pero no se avanzó en esa línea”, recuerda Sain.

“Si yo hubiera manejado la causa, hoy Corbellini estaría imputado. Lo que sí, y si me llaman a testimonial lo voy a decir, es que los fiscales se respaldaron en mí no solamente para que yo los ayudara a través del Ministerio y financiara la investigación”, agrega el exministro, que renunció después de que Perotti le impidió asistir a una interpelación en la Legislatura provincial. Sain define al ex gobernador y actual diputado provincial como “un tipo mediocre que no tuvo una estrategia política”: elegido con la promesa de llevar “paz y orden” a la provincia, Peroti terminó su gobierno con los peores índices de homicidios dolosos de la última década y el eslogan de “cortar los vínculos de la política con el delito” quedó en el vacío.

El cristal con que se mira

Sain destaca a Pullaro como “el político más audaz e importante de Santa Fe”, señala –aunque no necesariamente como una crítica– que “logró el control del Ministerio Público de la Acusación” y le adjudica empujar la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario, en agosto pasado. El gobernador, además, “tiene una prensa adicta en la provincia”.

Las estadísticas sobre homicidios en Santa Fe muestran un contraste impactante entre el gobierno anterior y el actual: entre enero y fines de septiembre de 2023 hubo 302 crímenes en la provincia, mientras en el mismo período del año en curso se registraron 132. Es además la cifra más baja de la última década. Voceros del Ministerio de Seguridad atribuyen la merma a un conjunto de factores: la concentración de fuerzas federales e intervenciones focalizadas en zonas calientes de Rosario; el endurecimiento de las condiciones de detención en las cárceles; y el incremento de la presencia policial en la calle, con la recomposición de una flota de patrulleros que estaba en ruinas.

Sain y voceros de la oposición en la provincia agregan en cambio otro factor como determinante: un supuesto acuerdo entre sectores de la policía santafesina y bandas criminales. “No hay ninguna política que logre semejante descenso de los crímenes en tan poco tiempo –enfatiza el exministro–. El mercado de la droga sigue en expansión. La razón fundamental de la caída de los homicidios tiene que ver no con los homicidios interpersonales en la provincia sino con el gatillo en Rosario. Alguien dio la orden de que las bandas dejen de gatillar”.

“No lo veo a Pullaro en una situación tan cómoda –agrega Sain–. Hay que ver qué pasa a partir del asesinato de Samuel Medina [yerno de Ariel ”Guille“ Cantero, el referente de la banda Los Monos, acribillado el martes pasado en la zona norte de Rosario]. Esto lo digo por experiencia: dentro del Ministerio Público de la Acusación o de la Justicia Federal ya deben tener audios donde se ventile el acuerdo con los narcos, porque todo se escucha y se graba”.

Además del crimen de Medina otros episodios resquebrajan la imagen de la seguridad pública en Santa Fe: el asesinato del subinspector Andrés Farías, en un asalto tipo comando; la captura por orden de la Justicia Federal de siete integrantes de la Policía de Acción Táctica, acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares en un operativo ilegal; la investigación contra jefes antinarcóticos del departamento Las Colonias por organizar una red de narcomenudeo. Mañana se verá si la citación del senador Armando Traferri introduce otra fisura en ese cuadro.

OA/MG

Miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes se volcaron este miércoles a las calles en las principales ciudades del país para exigir mayor presupuesto para las universidades públicas y en rechazo al veto de Javier Milei a la ley que busca aumentar el financiamiento de esas casas de altos estudios. La segunda Marcha Federal Universitaria que tuvo como epicentro la Plaza de los Dos Congresos no solo sobresalió por su magnitud, sino también por la amplitud de las ciudades y regiones que se sumaron al reclamo.

Desde el norte hasta el sur, las calles fueron escenario de una movilización que unió a diversas generaciones y sectores en torno a una causa común: la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad. “La educación no se vende, se defiende”, fue un grito que unió a Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata y Posadas, entre otras ciudades a lo largo y a lo ancho del país. Banderas y pancartas con consignas como “La educación no es un gasto, es inversión” y “La universidad no es el problema, es parte de la solución” destacaban entre las distintas multitudes, reflejando la preocupación generalizada por la situación universitaria.

La ciudad de Córdoba, conocida por su histórica tradición de lucha estudiantil, vivió una jornada de protesta igual de impactante que la que tuvo lugar en el centro porteño. Miles de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) marcharon por la emblemática Avenida Hipólito Yrigoyen, encabezados por la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). La manifestación culminó en un acto multitudinario en la zona de la Plaza Vélez Sarsfield, donde los oradores hicieron énfasis en el rol fundamental que las universidades públicas jugaron en el progreso social y científico del país.

El rector de la UNC, Jhon Boretto, sostuvo en diálogo con Noticiero Doce la necesidad de actualizar los salarios de docentes y no docentes. “Hay un retraso importante de salarios”, expresó desde el frente de la movilización, para después agregar: “Estamos trabajando para mejorar el uso de nuestros recursos. Por supuesto que rendimos cuentas constantemente. Que la sociedad se quede tranquila con respecto al uso de recursos. Esos recursos también están auditados permanentemente”.

En Rosario, la concentración ya era masiva en plaza Montenegro desde antes de las 17. Encabezaron la marcha las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Las organizaciones estudiantiles y los gremios docentes se unieron en una columna que recorrió las principales avenidas de la ciudad. Marcharon por la peatonal San Martín desde el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa hacia calle San Luis, para luego caminar tres cuadras por esa arteria comercial hasta calle Buenos Aires. Finalmente, continuaron por calle Córdoba junto al Monumento a la Bandera. Allí se desarrollaba un acto de las organizaciones, gremios y referentes universitarios.

Mendoza tampoco quedó al margen, con miles de personas en las calles que se movilizan desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) hacia la Plaza Independencia en rechazo al veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario. De la protesta participaron estudiantes de las distintas facultades, así como docentes, no docentes, sindicalistas y movimientos sociales.

Gabriel Fidel, vicerrector de la UNCuyo, afirmó que la movilización reforzó la idea de que “los argentinos valoran la educación como un bien público”. En esa línea, expresó su anhelo de que el gobierno de Milei “escuche y vea” lo que ocurrió en todo el territorio nacional y que “se pueda entablar un diálogo adecuado para lograr la asignación de un presupuesto y financiamiento suficientes” para que las universidades puedan cumplir con sus funciones.

En La Plata, ciudad universitaria por excelencia, los participantes se reunieron en la calle 7 y marcharon desde Plaza San Martín hasta el Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En tanto, en Mar del Plata, la movilización de este miércoles empezó alrededor de las 15 con la concentración en el Complejo Universitario “Manuel Belgrano” de Funes entre Peña y San Lorenzo y a partir de las 16 se inició la partida de la marcha por Peña hacia la avenida Independencia, donde se sumaron centrales sindicales, gremios y otras organizaciones.

Otra ciudad en la que se vio la magnitud de la manifestación a favor de la educación universitaria fue Posadas. La columna encabezada por docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) partió del mástil ubicado sobre la avenida Mitre y se dirigió hacia la plaza 9 de Julio, en el microcentro de la ciudad. En Misiones, otros puntos de concentración fueron la ciudad de Oberá y Eldorado.

“Si seguimos así, vamos a quedar sin docentes y sin investigadores”, advirtió el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), Fernando Semczuk, al señalar que muchos profesores e investigadores misioneros consideran emigrar a países vecinos como Brasil, Paraguay y Chile, donde los salarios son significativamente más altos.

En Comodoro Rivadavia, al sur del país, la marcha recorrió cuatro kilómetros para desembocar en la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad. La concentración comenzó a las 12:30 horas en el predio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y contó con la participación de autoridades, estudiantes, docentes, no docentes, graduados y la comunidad en general. 

Una vez en la plaza, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, dio lectura a un texto en el que se recordó que “la universidad pública es la base de la democracia y el desarrollo social, y actualmente lucha por su supervivencia” y se lamentó que “el gobierno no prioriza las áreas de educación, ciencia y desarrollo tecnológico, esenciales para el crecimiento y la resolución de problemas estructurales”.

San Juan, Tucumán, Salta, y Bariloche fueron otras de las ciudad en las que se registraron marchas multitudinarias, lo que demostró el carácter verdaderamente federal de la movilización. En todos los puntos del país, la Marcha Federal Universitaria logró unir a la comunidad educativa en una causa común, pero también recibió el apoyo de organizaciones sindicales, agrupaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil que comprenden la importancia de defender la educación pública.

PL/DTC

Samuel Niqueas Medina, más conocido como el “Gordo Samu”, era yerno de Ariel “Guille” Cantero. Lo acribillaron poco antes de la medianoche de este martes cuando conducía un auto en el que también iba otro joven que resultó herido. Los agresores dispararon al menos 16 veces contra el vehículo en la colectora de Circunvalación Juan Pablo ll y Dr José Maria Fernández, en la zona norte de Rosario. Medina tenía 24 años. Una foto lo hizo conocido en plena pandemia: la que se sacó, haciendo ostentación de armas largas en plena pandemia, con el trapero Zaramay y tras viralizarse le valió una condena condicional.

Numerosas detonaciones se escucharon alrededor de las 23.50 cerca de la Plaza Lomas de Alberdi. Por las denuncias al 911, personal policial que llegó hasta el lugar encontró un Volkswagen Polo blanco con varios impactos de proyectiles, un hombre tendido al lado y otro en el interior, del lado del volante. El segundo era el Gordo Samu. Los médicos del Sies –el servicio de emergencia médicas de la ciudad– que arribaron en los primeros minutos de este miércoles constataron que había muerto. Su cuerpo presentaba 14 heridas de bala. Quien estaba fuera del vehículo fue identificado como Mateo Julián D., de 18 años. Había recibido un disparo en el brazo izquierdo, pero estaba vivo y lo trasladaron hasta el hospital más cercano, el Eva Perón de Granadero Baigorria.

El sobreviviente del ataque alcanzó a relatar que fueron varias personas en dos motos las que se les acercaron y comenzaron a dispararles.

El caso quedó en principio a cargo del fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra, quien ordenó las medidas de rigor. Personal de la Policía de Investigaciones levantó de la zona 16 vainas servidas de calibre 9mm, dos plomos deformados y dos encamisados.

Entre las pertenencias secuestradas figuran 35 mil pesos, un reloj inteligente, un celular iPhone, una gorra negra, dos frascos de perfumes de alta gama, la llave del auto, una cadena y dos anillos dorados (uno con el escudo de Rosario Central y el otro con una piedra roja) y dos entradas para el partido en el que poco antes Rosario Central había goleado a Vélez tres a cero.

La figura de Medina se hizo conocida cuando, en enero de 2021, se sacó una foto portando armas largas de guerra junto al trapero Zaramay y otros jóvenes, entre ellos Luis “Lucho” Cantero, hijo del asesinado “Pájaro” Cantero, como parte de la promoción de un trabajo del músico Agustín Carlos Roberto García que se publicó al mes siguiente. Todos los identificados en la imagen fueron condenados entonces, en un juicio abreviado, a dos años de prisión de ejecución condicional.

El “Gordo Samu” estaba en la mira de algunos enemigos. El 27 de noviembre de 2023, la gomería de bulevar Seguí al 3400 que se le adjudicaba aunque figuraba a nombre de un testaferro, fue baleada en un hecho en el que resultó herido un hombre de 70 años que llevaba viandas al comercio.

El 16 de enero siguiente, el mismo negocio fue tiroteado por dos hombres que arribaron en una moto, circunstancia en que seis de los disparos alcanzaron a Ramón de la Cruz Navarro, un cliente de 55 años que se había acercado para reparar una cubierta de su vehículo y resultó muerto.

El “Gordo Samu” era pareja de Paula Bay, hija de Vanesa Barrios, la mujer del actual líder de Los Monos.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, a principios de septiembre Rosario acababa de cumplir un récord sin homicidios desde 2013. Llevaba todo un mes sin un asesinato. Según el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Patricia Bullrich el descenso en la tasa de homicidios se debió a la implementación del llamado Plan Bandera.

Hoy, en declaraciones a Cadena 3, Pullaro dijo: “Este caso está en pleno proceso de investigación. (Medina) era una persona que había tenido una condena en un juicio abreviado por exhibición de armas de fuego, en 2021, y (su homicidio) se va a investigar”.

Este artículo fue publicado originalmente en El Ciudadano Web https://www.elciudadanoweb.com/

La ciudad de Rosario se vestirá de gala para recordar el natalicio de Roberto “Negro” Fontanarrosa, quien cumpliría 80 años, y sumergirse en su universo inigualable a través de diversas actividades en un homenaje que contará con la participación especial del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, entrañable amigo del humorista.

Se trata del Festival Fontanarrosa que se llevará a cabo del viernes 22 al martes 26 de noviembre de 2024 en diferentes espacios de la ciudad y un epicentro en el espacio que lleva su nombre: el Cultural Fontanarrosa, en la calle San Martín. Con el lema “La Mesa Infinita”, el Festival buscará profundizar en la conexión entre la obra del “Negro” y la identidad de Rosario, una ciudad que se alza con un rico crisol de culturas e ideas.

“La ciudad va a tener un nuevo evento, un evento que se da a los 80 años del Negro, que va a abarcar del 22 al 26 de noviembre, que tiene la intención, como fue la Feria del Libro, como es la Crack Van Boom, de tener en el calendario de la ciudad un homenaje a nuestro querido Negro, que es un emblema de esta ciudad”, remarcó el intendente Pablo Javkin durante la presentación oficial del Festival, que tuvo lugar en el mítico bar El Cairo y que contó con la presencia además de Gabriela Mahy, esposa de Fontanarrosa; Ricardo Centurión, uno de los integrantes de la Mesa de los Galanes, y del secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini.

“Se cumplen 20 años del Congreso de la Lengua, a 20 años de ese discurso tan maravilloso que creo a todos nos enorgulleció, en el lugar donde ese discurso fue, en el Teatro El Círculo, vamos a tener una charla homenaje al Negro, y vamos a tenerlo presente allí a Joan Manuel Serrat, reflejando la amistad que tiene Joan Manuel con el Negro y a través del Negro con nuestra querida ciudad”, anticipó Javkin, y añadió: “Estamos muy contentos, porque además lo hace absolutamente en forma desinteresada, queriendo estar en estos 80 años”.

“En el ser rosarino cada uno de sus cuentos refleja eso que nosotros nos gusta sentir: el bar, los amigos, el fútbol, la ciudad, la opinión inteligente, la literatura. Estamos muy contentos de poder anunciarlo, de presentarlo, queremos que sea un festival que se incorpore a la agenda de la ciudad, veremos con qué periodicidad, pero el primero lo vamos a hacer este año que es tan especial”, señaló el jefe municipal.

En este año significativo se recordarán no sólo los 80 años de su nacimiento, sino también el 20º aniversario del Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en la ciudad de Rosario en noviembre de 2004. En aquel evento internacional, el “Negro” Fontanarrosa pronunció su emblemático discurso en donde las “malas palabras” dejaron de ser tan malas y se resignificaron a través de su mirada.

Las actividades del festival

El Festival ofrecerá una diversidad de actividades y reunirá a distintas personalidades para recordar su figura. Una de ellas será sin dudas la gran protagonista en esta primera edición del Festival y se trata de una presencia internacional muy especial: el cantautor, Joan Manuel Serrat.

El compositor español viajará a Rosario para participar del evento y ese homenaje tendrá lugar el sábado 23 de noviembre a las 19, en el mítico Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario, el mismo teatro donde el “Negro” ofreció su recordada ponencia en el Congreso de la Lengua 20 años atrás. Allí, Serrat compartirá una charla para evocar la memoria de su gran amigo.

El Cultural Fontanarrosa será el epicentro de las celebraciones, en su explanada se recreará el icónico Bar El Cairo, acompañado de una escultura de Carmita Batlle y pantallas que recordarán la figura del Negro. Además, se realizarán intervenciones y una exposición especialmente dedicada al Negro. Habrá un escenario principal que albergará diversa programación musical y un piso íntegramente dedicado a espacios escénicos que recuperan la dramaturgia del universo de Fontanarrosa.

La Comedia Municipal de Teatro Norberto Campos presentará una obra inspirada en sus cuentos. De esta forma, se podrá ver una adaptación teatral hecha por y para rosarinos y rosarinas, con sello bien local.

Por otro lado, el “Camino Fontanarrosa” invitará al público a sumergirse en el universo creativo del humorista gráfico a través de una serie de intervenciones artísticas interactivas. Desde la instalación de personajes icónicos hasta performances de artistas urbanos, el camino se convertirá en un espacio de para reflexión y el encuentro.

El Festival brindará un espacio especial para las infancias, donde niños y niñas podrán interactuar de manera lúdica con la obra del autor. Exposiciones y actividades en diferentes pisos del Centro Cultural mostrarán su obra gráfica, textos emblemáticos y su legado humorístico.

El evento culminará con “La Mesa Infinita”, un programa en vivo que combinará música, humor y reflexiones sobre la vida y la obra del Negro, con la participación de artistas destacados y personalidades de la cultura.

La celebración se extenderá por toda la ciudad y, entre las actividades se destaca la oferta de un Menú Especial Fontanarrosa y la entrega de postales con frases célebres del autor en espacios gastronómicos de la ciudad, la intervención de líneas de colectivos y recreaciones de escenas de sus textos en la vía pública.

CRM con información de la agencia NA

“No seríamos felices si no tuviéramos libros. Y no podríamos escribir si no tuviéramos libros que leer, porque escribimos con nuestra memoria de lecturas. Lo que se lee y se olvida, se reescribe. Leer es una forma de escribir, y escribir es una forma de leer. En ese sentido, los escritores nos parecemos a una inteligencia artificial. Pero, a diferencia de ella, nuestra memoria posee conciencia, cuerpo y afectos, y tenemos la capacidad de crear lo absurdo y lo nuevo”, dijo la escritora rosarina Beatriz Vignoli durante la apertura de la Feria Internacional del Libro de Rosario, que tendrá lugar hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa de esta ciudad.

“Sin tradición, sin lecturas, nuestros textos nacen muertos. Pero si leemos, escribiremos libros que nos harán felices al escribirlos, porque no estaremos solos ante la mítica página en blanco, sino en diálogo con otros. En Rosario tenemos una tradición de Ferias del Libro porque (digan lo que digan los estudiosos) tenemos una tradición literaria, anclada no sólo en obras sino en librerías, bares y afectos”, apuntó Vignoli en su discurso inaugural. Sus palabras se ratifican al recorrer la nueva edición de la Feria, que se ve colmada de público en sus últimos días.

Coorganizada por la Fundación El Libro junto con el Municipio de la ciudad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el encuentro literario ofrece más de 40 stands distribuidos en las cinco plantas del predio, además de una gran carpa exterior. Toda una novedad de este año que permite una mejor circulación por un espacio repensado y más descomprimido si se lo compara con otras ediciones.

Entre librerías locales, editoriales independientes de la provincia y de la ciudad, sellos universitarios y grandes cadenas, los puestos ofrecen diversidad de autores, de géneros y de estilos mientras que lectoras y lectores de todas las edades circulan entre el encanto y la avidez por la lectura.

Consultados por este medio, varios expositores señalaron que, pese a la crisis económica general y a la particular que atraviesa el sector, el público busca llevarse algún título, en especial si pueden pagarlos en cuotas, a través de alguna oferta o con alguna promoción bancaria. Algunos coincidieron en señalar que, a diferencia de otros años, lo que se hace realmente difícil es que los lectores se lleven más de una publicación.

Desde la organización informaron que la apuesta una vez más es que la Feria, más allá de la venta de libros, siga ofreciendo una programación diversa y con entrada gratuita.

“La entrada gratuita a la feria es parte de una política de gestión pública y la convierte, de esta manera, en un evento accesible para toda la comunidad, permitiendo que nadie se quede afuera de este encuentro cultural imperdible”, aseguraron los organizadores.

En esta oportunidad, fueron convocados para participar de distintas actividades escritoras y escritores como Martín Kohan, uno de los que colmó el auditorio y también fue seguido desde la escalinatas del predio por una multitud; Gabriela Cabezón Cámara, Alicia Genovese, Hinde Pomeraniec, Florencia Canale y Juan José Becerra.

El músico Daniel Melero, que acaba de lanzar el libro Incierto y sinuoso por el sello Caja Negra, ofreció un recital en el predio durante el primer fin de semana de la Feria.

Para los últimos días del encuentro literario se espera, entre otros, la presencia de la ilustradora Isol, Sergio Olguín, Luciano Lamberti, Lorena Vega y César González.

Además, tendrá lugar la charla “El mundo ha vivido equivocado: Homenaje a Roberto Fontanarrosa”, donde amigos y allegados recordarán al escritor como una figura ineludible de la cultura rosarina.

AL/JJD

Con entrada libre y gratuita la Feria Internacional del Libro de Rosario tendrá lugar hasta el15 de septiembre en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080, Rosario). Toda la programación, en este enlace.

Al volante del taxi, va un hombre que apenas entra en el asiento. Tiene una remera negra ajustada al cuerpo, el pelo rapado y la mirada dura. Unas gotas de sudor corren por su nuca en un mediodía de pleno invierno, sol y pesadez. “No puedo contestar esa pregunta. Vine de Paternal hace 25 años,  terminé de seguridad en un supermercado chino y ahora hago taxi. No, no sé por qué sigo viviendo en Rosario. Supongo que por pelotudo”, dice.  

Rosario tiene su historia independizada de todo relato nacional. Un camino de décadas pujantes en la industria, una caída y un laberinto de inseguridad y narcotráfico muy distinto al resto de la provincia y del país, con sus casos policiales sin resolver y las mafias organizadas impartiendo terror a plena luz del día. Algunos vecinos dicen desconfiar de los taxistas, los taxistas odian a los Uber y los Uber le piden a los pasajeros que viajen adelante para no tener problemas. En Rosario hay parques con árboles de copas frondosas y lagos artificiales parecidos a los bosques de Palermo. Hay tráfico, villas miseria y ruidos de escapes de moto a pocas cuadras de las casas más pintorescas y tradicionales. Hay dolor no resuelto, rock nacional y sonidos urbanos que brotan de las radios locales que siguen sonando.

Por primera vez en once años, la noticia desde Rosario fue una buena noticia. El ministerio de Seguridad informó que no hubo asesinatos en la ciudad durante el último mes. Se trata del período más largo sin homicidios desde que se comenzó a medir el crimen. Para el taxista, que elige mantener el anonimato, ahora todo está más tranquilo pero solo en la superficie. 

–No se matan a cielo abierto, pero la red de pibes está haciendo boludeces“. ”Los que se disputan los bandos ahora no tienen códigos, por eso hacen cualquiera. El que ordenaba a la manada está preso y ese fue el verdadero error –suelta.

En marzo de este año una oleada de disparos, asesinatos y robos en pleno día y a la vista de toda la comunidad llevó a Rosario a un verdadero estallido interno. A partir del asesinato del playero Bruno Bussanich, que recibió tres disparos un sábado por la noche mientras estaba trabajando, los rosarinos comenzaron a creer que esto podía pasarle a todos, a cualquiera.  

Tras el asesinato del segundo taxista en una semana, también mientras trabajaban, la ciudad se “autositió”: la gente no salió a trabajar, los chicos no fueron a la escuela, los comerciantes no levantaron las persianas. El rotundo miedo a ser asesinado en un bar, caminando por la calle o comprando tomates en una verdulería, diagnosticó a los rosarinos uno de los peores males: el encierro por temor al exterior. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a la ciudad y dijo que había que terminar con “el hormiguero” y no ir hormiga por hormiga. Además, prometió un refuerzo de fuerzas federales con un operativo de inteligencia diferente que “corte con las mafias y la inseguridad”. Aseguró también que enviaría al Congreso la “ley antibandas” que, según dijo, sigue el modelo aplicado en Italia, Estados Unidos y en El Salvador de Nayib Bukele.

Al día siguiente, el 14 de marzo, a través del Boletín Oficial, anunciaron la creación de la Unidad Antimafia (UA) en el ámbito de la Secretaría de Lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada del Ministerio de Seguridad. “Endurecer penas para mafias organizadas” se contaba entre los propósitos de un proyecto de modificación de ley que envió el Gobierno al Congreso unos días después. Durante las semanas siguientes llegaron a la ciudad policías de otras provincias y la Gendarmería, con un operativo que al día de hoy sostiene su despliegue, sobre todo por las avenidas más céntricas de Rosario.

De la semana con doble asesinato a taxistas ya pasaron cuatro meses. Es un día de sol contundente y colores vivos. Cruza por el monumento a la bandera Cintia Lares, de remera gris y chalina fucsia. Es la viuda de Diego Celentano, el taxista de 33 años asesinado en el mes de marzo. Cintia explica que entre los trámites por el auto, el fallecimiento de su marido y los problemas de salud de algunos miembros de la familia, apenas le queda resto para contener a su hija frente a la pérdida de su papá. 

“Esa noche yo le dije a mi marido que no tome ese viaje. Fue raro todo. Le llega a la radio de la aplicación que nosotros pagábamos, ese viaje que no era en la zona de él, y veníamos del asesinato del otro taxista. Yo le dije que no vaya, pero él quería hacer unos pesos más para festejarle el cumpleaños a la nena, entonces lo tomó. Tomó ese viaje”, explica Cintia mientras llora y se ahoga con su propia angustia. Dos hombres se subieron al taxi de su marido y lo asesinaron con cinco disparos. 

“Hay Policía en muchos lugares donde antes no había, por eso está todo más tranquilo. Pero bueno, lo de siempre, después se van y todo vuelve a la normalidad. Y nuestra normalidad es un desastre”,  afirma un comerciante furioso, de mirada agotada. “Le dije a mi hija el otro día que vaya viendo si se muda a un monoambiente con alguna compañera de la facultad, y si se busca un trabajo, porque yo no puedo más. El mes que viene el alquiler se me dispara al doble y no lo puedo pagar. No me alcanzan las horas del día para generar más plata y ya no puedo pedir ni un pollo por delivery porque te cobran 1.500 pesos el envío. Todo es un disparate tan grande que, preocupados por la inseguridad, no nos dimos cuenta que no se puede comer”. 

Un hombre de gorra azul acomoda cajas de pizza vacías en un carrito, mientras cinco personas esperan el colectivo a menos de medio metro. De los cinco, cuatro mantienen la mirada baja en dirección al celular. La conexión virtual y la desconexión real es absoluta en esa esquina. Algo muy notorio en los barrios y en el centro de Rosario: hay carteles de vende y alquila cada 20 metros aproximadamente. La ciudad está a la venta. Uno de los locales del barrio Echesortu que alquila su espacio ahora está vacío, pero hace unos meses fue uno de los bares baleados durante una tardecita cualquiera en plena jornada. Cuentan los comerciantes de la cuadra que la gente salió corriendo de la parada del colectivo cuando vio cómo dos jóvenes, arriba de una moto, se subieron a la vereda, frenaron en el local y lo bajaron a tiros. Había cerrado hacía pocos minutos. El episodio fue solo un aviso, una señal, una expresión de violencia. Los encargados del bar volvieron a abrir un tiempo después, hasta que se fueron. En menos de dos días lo vaciaron y desaparecieron. Ahora se alquila, pero según un comerciante de la cuadra “ese comercio ya tiene mala prensa”. “Y acá la cosa es así: si no te metés en líos y te mantenés tranquilo, no pasa nada. Pero si te metés en quilombos, encontrás quilombos”. 

A pocas cuadras del local, un edificio blindó su entrada con doble puerta de acero tras un tiroteo en un episodio que nunca se aclaró. En la esquina de esa cuadra, Carlos tiene un café: “Pan comido”. Se trata de un pequeño espacio con tres mesas y un mostrador que exhibe billetes de todas partes del mundo. Al costado, seis bandejas donde deberían ir las facturas están vacías. “Vinieron las chicas del geriátrico de acá nomás y me vaciaron. Me quedan alfajores de maicena y café, nada más”. En la tele, la NBA juega el pase por la final de los Juegos Olímpicos, y Carlos grita, aplaude y comenta. Jugó al básquet toda su vida. “Ahora está más tranquilo todo. Hace unos meses me rompieron el vidrio para robarme, pero seguro era un ratero medio boludo porque hizo un agujerito, no podía meter la mano, ¿ves? Entonces estalló todo el vidrio. Hizo un ruido bárbaro y me avisaron los vecinos. Se llevó dos pavadas, no pasó nada. También le robaron a una vecina el otro día acá, y a otro a la vuelta. Pero nada, no pasó nada”. 

Lorena Arroyo es cronista de calle y productora audiovisual. Camina Rosario todos los días. Cuenta que en el club donde empezó Messi, Abanderado Grandoli, al sureste de la ciudad, se encontró con nenas jugando a la pelota. La directora del club se siente orgullosa, cuenta que todas las niñas y niños del barrio construyen comunidad. También habla del hambre y de la vergüenza que sienten algunas familias por tener que ir a buscar comida cuando antes no lo hacían. El mismo día que Lorena visita el club que vio patear las primeras pelotas al 10, Scaloni visita el Shopping Alto Rosario y la gente se abalanza. Las radios locales lo cuentan y la locura del pueblo es total: Argentina salió campeón otra vez y las estrellas son santafesinas. 

Es jueves, el frío azota durante una de las tardes más heladas del invierno y, a pocos días del clásico rosarino, los hinchas de Newell´s se congregan a metros del estadio para hacer su ya clásico banderazo en apoyo al equipo. Los rodea un importante operativo policial. Hace menos de 72 horas se desató un tiroteo contra el estadio. Vecinos de la zona manifestaron haber escuchado “al menos tres detonaciones” frente a la puerta de ingreso N.° 6, junto al parque Independencia. Según  explican los medios locales,  el club se encuentra bajo una polémica disputa por el mando de una de sus barras bravas. El frío de esa tardecita es tan húmedo que cala los huesos. Al volante de un auto por servicios de app va Federico, un estudiante de psicología que cuestiona el banderazo: “Llevan más de 15 clásicos sin ganar. Es evidente que el banderazo no les está dando buena suerte”, suelta con ironía. 

Ya en el parque, un grupo de hinchas toma vino y canta canciones. Alrededor pasa la gente, pero ellos lo ignoran. Quien no esté ahí para alentar, no existe. Habitan su propio microclima con gritos, risas y algarabía, hasta que se dispersan. La ciudad lentamente se apacigua. Mañana no hará tanto frío, mañana todo volverá a la normalidad o no, pero Rosario seguirá allí, con sus laburantes, las baldosas que lo homenajean a Fito, las risas de los chicos a las salidas de las escuelas. Con la vida que sigue incluso y a pesar de todo lo que se va perdiendo en el camino. 

AB/DTC