El gobierno del presidente Javier Milei oficializó este viernes la designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción, según el decreto 194/2026 que se publicó en el Boletín Oficial. Estará bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.

El nombramiento se da en medio de las denuncias por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la aparición de propiedades a su nombre que no figuran en la última declaración jurada presentada por el exvocero presidencial, además del viaje familiar a Punta del Este en un vuelo privado y las dudas sobre los fondos que lo financiaron. La OA es responsable de controlar y publicar las DD.JJ. de los funcionarios obligados y de evaluar las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito, incompatibilidad o conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública.

Zangaro reemplazará a Alejandro Melik, quien había asumido en el inicio de la gestión de Milei y su salida se concretó a mediados de este mes.

La flamante titular de la OA es abogada (UBA), especializada en Derecho Penal. Cuenta con formación de posgrado en la Universidad del Salvador, la Universidad Católica Argentina y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Se desempeñó como jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires desde 2003 hasta su designación en la OA. Obtuvo el cargo por concurso público.

Fue miembro del Consejo de la Magistratura porteño, donde integró el Jurado de Enjuiciamiento durante cuatro años y participó en procesos de evaluación y control de magistrados.

Dentro de su actividad académica y editorial, fue docente en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; subdirectora editorial y parte del staff de la Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (2006–2014); y fue vicepresidenta de esa misma asociación entre 2014 y 2016.

¿Qué hace en la Oficina Anticorrupción?

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción (OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Miguel Ángel Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Miguel Ángel Calvete, al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

“Se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”, dijo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Una semana después de que en EE.UU empezaran a bloquear las cuentas en donde se alojan las ganancias de la criptoestafa de $Libra, la Oficina Anticorrupción (OA), que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió el pasado 5 de junio que el presidente Javier Milei no “infringió” la Ley de Ética Pública por la “difusión” de la memecoin $Libra.

Según detalla el artículo 1, Milei “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.

El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la Oficina Anticorrupción utiliza la palabra “difusión”, y no “promoción”, para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal.

El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de los hermanos Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Críticas al dictamen

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó a la Oficina Anticorrupción (OA) por desligar del denominado Criptogate al presidente Javier Milei y aseguró que ese dictamen es de “una nulidad clarísima”.

“La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ´ciudadano´ y no como Presidente”, resaltó Ferraro.

“Es decir: el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ´otro ´. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica”, consideró el legislador nacional.

En su cuenta de la red social X, advirtió que “la gravedad es aún mayor si se considera que el dictamen repite exactamente lo que Milei dijo en su primera entrevista posterior al escándalo —el lunes 17 de febrero— con Jonathan Viale: que había apoyado un emprendimiento privado sin ser parte, desde su cuenta personal, y que por eso no correspondía ninguna responsabilidad institucional”.

“La OA no investiga. Transcribe”, recalcó Ferraro.

MP

La ascendente influencia de Santiago Caputo al interior del gobierno de La Libertad Avanza es uno de los datos sobresalientes de la reestructuración del gabinete que tuvo lugar en las últimas semanas. Sin embargo, el hombre de mayor confianza del presidente Javier Milei, que en enero fue contratado como asesor presidencial bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, no figura en la planilla de funcionarios por lo que no está sometido a los controles de ética pública.

A pesar del trajín cotidiano de Caputo por los pasillos y despachos de la Casa Rosada, el asesor estrella de Milei no tiene la obligación de presentar declaración jurada, ni está sujeto a correcciones para evitar incompatibilidades, como sucede con el resto de la plana mayor del Gobierno. Tampoco lo alcanza el régimen de Empleo Público ni el de Autoridades Superiores, que rige para todos los cargos por encima de los subsecretarios.

La información fue confirmada por la propia Oficina Anticorrupción (OA) ante un pedido de acceso a información pública realizado por el exdiputado y especialista en temas de transparencia, Walter Martello. En abril, el dirigente le había solicitado al organismo a cargo de Alejandro Melik que se informe acerca del estado de la declaración jurada patrimonial de Caputo, una figura tan relevante en el Gobierno que hasta negocia en nombre del Presidente y participa de todas las reuniones de gabinete.

“La respuesta de la OA parece obviar 'el principio de realidad', en el caso de Santiago Caputo, la modalidad de contratación no implica por el desempeño público de su función de 'Asesor Presidencial', pero por sí sobre todas las cosas el rol que públicamente exhibe y desempeña, el manejo de información sensible que podría derivar en posibles conflictos de intereses”, sostuvo Martello en una publicación de la red social X, donde compartió el documento que le enviara el organismo.

La oficialización de Caputo en el cargo de asesor presidencial tuvo lugar en enero. Quedó establecida en una resolución a la que accedió elDiarioAR y que lleva la firma de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El nombramiento no fue publicado en el Boletín Oficial debido a que no se trataba de la designación de un funcionario.

“Apruébese el contrato de prestación de servicios profesionales autónomos celebrado bajo el régimen del Decreto N° 1109/17, de Santiago Luis Caputo, como Asesor Presidencial”, se lee en el documento, en su artículo primero, acerca de la situación laboral de la mano derecha de Milei y que el encargado de manejar el equipo de comunicación digital del Gobierno.

En los últimos días, tras el último viaje de Milei a los Estados Unidos, Caputo adquirió un rol gravitante en el devenir cotidiano de la gestión libertaria. Un área de su particular interés es el vinculado al espionaje. Sin ir más lejos, el gurú comunicacional del oficialismo tendrá una ascendencia clave sobre el próximo interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el técnico mecánico Sergio Neiffert, a quien recibió en Casa Rosada la semana pasada.

Aunque su nombre todavía no fue confirmado oficialmente, en Balcarce 50 dan como un hecho la designación del actual representante de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) al frente del organismo de inteligencia que, según indican fuentes de La Libertad Avanza, sufrirá una fuerte “reestructuración” en los próximos meses. Caputo no será Nicolás Posse, pero su flamante incursión en el mundo de los servicios secretos lo empieza a emparentar demasiado.

PL/JJD

Luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidiera echar a Pablo de la Torre, el gobierno de Javier Milei dio un paso más allá y denunció al funcionario ante la Oficina Anticorrupción con el objetivo de que se investigue el accionar de quien ejercía hasta este jueves como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia. En un principio se pensó que su desplazamiento había tenido que ver únicamente con la polémica alrededor de la entrega de alimentos. Sin embargo, con el correr de las horas, trascendió que su salida podría haberse debido a posibles desmanejos de contratos.

Según pudo saber elDiarioAR, De la Torre fue el responsable de refrendar el convenio que mantiene la cartera que conduce Pettovello con la Organización de Estados Iberoamericana (OEI) con el fin de que sea esta institución, y no el Estado, la que contrate de manera temporal a un amplio grupo de funcionarios. La revalidación de ese mecanismo estuvo a cargo del ahora exsecretario, quien a fines de abril selló con la OEI un desembolso de $645 millones, que se sumó a los $395 millones que ya habían sido girados en enero, según información publicada por el diario La Nación.

A pesar de que el Estado no incurre en ninguna irregularidad al contratar a un tercero a través de un convenio macro de cooperación con un organismo, como es el firmado con la OEI, la sospecha que recae sobre De la Torre es que a través de ese artilugio habría contratado a decenas de trabajadores del propio ministerio, algo muy alejado de la idea original de emplear a profesionales externos para proyectos puntuales en los ejes de trabajo, educación o cultura, áreas a las que se dedica la cartera que comanda Pettovello.

A esas sospechas, se sumó la ineficacia a la hora de notificar las fechas de vencimiento de los productos almacenados, muchos próximos a la fecha límite. Un complejo combo que motivó a la titular de la cartera a denunciarlo en la OA para que se siga de cerca el accionar de quien fuera uno de sus principales secretarios. En esa línea, el Gobierno también optó por “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

Este viernes, Milei respaldó a su ministra, a la que en más de una oportunidad calificó como “la número uno”. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló en conferencia de prensa que el Presidente “expresó su total apoyo a la ministra Pettovello”, y admitió que De la Torre tuvo problemas en la gestión y fue el responsable de la limitación en la información sobre el tema de alimentos. 

“Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios se toma la decisión de reemplazarlo”, expresó el portavoz, y concluyó: “Todos los funcionarios tenemos libertad absoluta para elegir equipos y cuando vemos algo que no funciona o no cumplen nuestras expectativas removerlo o modificarlo”. 

Por su parte, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, presentó hoy un pedido de informes para que la ministra Pettovello rinda cuentas acerca de la polémica. La dirigente del sector de Evolución Radical le atribuyó al Gobierno “insensibilidad, falta de experiencia y una profunda crisis moral en la gestión de los recursos de los más vulnerables”. 

Además, Carrizo pidió que la respuesta del Gobierno no se detenga en la desvinculación del ahora exsecretario de Niñez y Familia Pablo de la Torre sino que sea más profunda. “Seis mil toneladas de alimentos guardados y 42% de pobreza son incompatibles en democracia. No puede el silencio institucional ni la desafectación de Pablo de la Torre ser la única respuesta”, aseguró la legisladora. Y agregó: “Mientras miles de kilos de alimentos están almacenados, muchas personas pasan hambre y son sometidas a extorsiones por parte de aquellos que deberían estar protegiéndolos”.

PL, con información de NA

Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Económico, virtual viceministro de Economía, continúa sin aclarar las dudas sobre su patrimonio. El domingo, elDiarioAR informó que el funcionario asumió rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes. 

Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

Sin embargo, esta no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri.

elDiarioAR accedió a un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, gracias a la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación.

Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.

En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo. 

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público. 

Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018. 

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. El propio Luis Caputo, ministro de Economía y jefe de Pazo, está imputado desde finales de 2017 por ese mismo delito por no haber declarado sus acciones en sociedades offshore cuando era funcionario de Macri. Caputo niega haber cometido un ilícito.

Los departamentos

La sociedad Harbour House 1533 Corp. era, en 2018, titular de un departamento en el condominio ubicado en Collins Avenue 10275. En Florida, una práctica usual y legal es que las propiedades inmuebles estén a nombre de sociedades y no de las personas que las adquirieron. Es una forma utilizada por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.

Harbour House 1533 Corp. adquirió el departamento en 2013. Antes tenía otra propiedad en el mismo condominio. La propiedad adquirida en 2013 tiene dos dormitorios, dos baños y un living en la zona de Bal Harbour, frente al mar. Si bien tenía una hipoteca por US$400.000, cuando se vendió, tres años más tarde, en 2021, el valor de mercado y el de tasación era de casi un millón de dólares (US$996.100).

Ese año, la sociedad vendió el departamento y adquirió otra propiedad. Esta vez, compró una unidad en el condominio Beach Club Apts Condo, ubicado en la misma avenida, Collins, pero al 9940. El nuevo departamento fue tasado en US$376.530, de acuerdo a los registros públicos de Miami.

Al menos hasta mayo de 2023, Helguera y Juan Pazo figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.

Público y privado

Ahora que regresó a la función pública, Pazo debe volver a presentar declaraciones juradas ante la OA. El funcionario debió presentar su primera declaración jurada dentro de los 30 días después de su asunción, pero no lo hizo hasta el momento, confirmó el organismo de control ante la consulta de elDiarioAR. 

Este medio se comunicó con la OA, a cargo de Alejandro Melik, para preguntar si el funcionario fue intimado ante el incumplimiento. El organismo, que depende del ministerio de Justicia que dirige Mariano Cuneo Libarona, respondió que el 10 de abril, es decir hace apenas siete días, intimó a Pazo y a otros funcionarios. La intimación llegó horas después de que el diputado Rodolfo Tailhade afirmara en un video que Pazo no había presentado su primera declaración jurada, correspondiente a 2023.

Pazo proviene del sector privado. Fue CEO del conglomerado textil propiedad de Francisco De Narváez y deberá también aclarar en su nueva declaración jurada si sigue ejerciendo como ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa, Helguera, quien también es una alta ejecutiva de la empresa.

Durante sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017 publicada en el registro mercantil panameño. También tuvo acciones en Rapsodia Chile SA, de acuerdo a su declaración jurada de 2016.

Pazo fundó y dirigió la empresa Invernea para formar fideicomisos que inviertan en ganadería y agronegocios. “Renunció al cargo de director”, explicaron en su entorno. La secretaría a cargo de Pazo, Industria, no tiene injerencia en el sector ganadero, pero sí la tiene Pazo, quien ya empezó a participar en reuniones y conversaciones con los ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico, como explicó Alejandro Bercovich en este medio. Otro punto que la OA deberá seguir de cerca.

ED/DTC

La Argentina viene perdiendo, desde hace tiempo, su endeble batalla contra la corrupción. Lo confirman los escándalos históricos sin resolver -pasados y recientes- de nuestro país, y lo ilustran los datos aportados recientemente por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, que elabora año a año la ONG Transparencia Internacional, ranking en el que el país acentúa su caída. 

La corrupción en Argentina se ha convertido en un espectáculo que naturalizamos y que por tanto cada vez impresiona menos: los bolsos de López, el yate de Insaurralde o las tarjetas de Chocolate Rigau, por sólo mencionar algunos procesos, se sepultan en la urgencia anestesiante de cada ciudadano de resolver su propia supervivencia. Los argentinos vivenciamos tal desfile de casos como un show. Y sin darnos cuenta, cuando nos habituamos a la corrupción, inconscientemente la aceptamos. No hay corrupción sin intervención del mundo económico privado, y sus principales aliadas son la impunidad y la anomia social. 

Si analizamos la última edición del Índice de Percepción de la Corrupción, Argentina se hunde en el fracaso de la lucha anticorrupción y culmina el 2023 con otro aplazo, retrocediendo un punto más en su score (37/100) respecto del 2022, a la vez que retrocede 4 lugares en el ranking global de Transparencia Internacional (TI) pasando del puesto 94° al 98° entre los 180 países analizados, compartiendo puntaje con Albania, Bielorrusia, Etiopía, Gambia y Zambia. 

El rol de la Oficina Anticorrupción y perspectivas para la gestión actual

La Argentina sigue sin contar con una política pública anticorrupción eficaz y eficiente, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color político de turno y las órdenes emanadas del poder ejecutivo.

Es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales -incluso- llegan a destiempo. Vale recordar -por ejemplo- que en la gestión de Mauricio Macri, Laura Alonso al frente de la OA decidió no investigar a los funcionarios de ese gobierno involucrados en denuncias por hechos de corrupción; o que Félix Crous, titular de esa “dependencia” durante la gestión saliente del Frente de Todos, retiró a la institución de todos los procesos judiciales en los que promovía la investigación de casos en perjuicio del Estado, la mayoría de ellos centrados en ex funcionarios kirchneristas. 

La responsabilidad de ese fracaso no es exclusiva del Poder Ejecutivo, que por ejemplo en el caso de Alberto Fernández evitó enviar al Congreso el proyecto de ley de integridad pública elaborado durante 2021 por la mencionada OA. Tampoco el Parlamento tuvo vocación de discutir en sus comisiones -ni impulsar un dictamen- pese a existir múltiples proyectos al respecto, la sanción de una nueva ley de ética pública que reemplace a la vetusta e incompleta ley vigente que ya cumple un cuarto de siglo. Ni decir que, con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular, el Poder Judicial no ha avanzado de modo satisfactorio con condenas ejemplares a exfuncionarios que disuadan las tentaciones de caer en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder.

Las tendencias para el gobierno de Javier Milei imponen duras advertencias ante el creciente número de funcionarios que podrían estar violando con su designación -y su actuación- la ley 25.188 de ética pública. Algunos de ellos con causas judiciales pendientes, o procedencia directa desde el sector privado a desempeñar funciones dentro del Estado como titulares de empresas contratantes en las mismas áreas, o integrando organismos de control o regulación.

La pluralidad de los posibles conflictos de intereses (reales, potenciales o aparentes) impone la necesidad de contar con una Oficina Anticorrupción autónoma y equidistante del poder, que actúe e investigue de oficio -y no sólo frente a las denuncias- y que emita dictámenes urgentes para evitar el peligro de negociados en el poder.  La intención del actual Ministro de Justicia de eliminar las potestades para querellar a la Oficina Anticorrupción propuestas inicialmente en la ley ómnibus es un grave llamado de atención, más allá de habérselas restablecido a pedido de la oposición en el dictamen consensuado para el tratamiento legislativo de la denominada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El autor es director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la designación del abogado Alejandro Erasmo Guillermo Melik como titular de la Oficina Anticorrupción (OA).

El nombramiento fue dispuesto mediante el decreto 61/2023, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

A partir de ahora, Melik estará al frente de la OA, organismo que tiene entre otros objetivos “fortalecer la ética y la integridad en la administración pública nacional, a través de políticas de transparencia e investigación de la corrupción”. Su función será recibir y analizar las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y realizar investigaciones que puedan convertirse en denuncias penales contra funcionarios.

Además de su cercanía con Cúneo Libarona, Melik fue en la década de los 90’ parte del equipo de abogados defensores de Guillermo Coppola en la causa del “famoso jarrón” con droga “plantada” contra Diego Maradona. 

Melik, que fue secretario penal de un juzgado y socio del estudio del flamante titular de la cartera de Justicia, deberá analizar las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo e investigar su accionar para denunciar una posible corrupción.

En tanto, la subsecretaría de Asuntos Registrales quedó a cargo el escribano Carlos Medina, profesional de larga trayectoria en el Colegio de Escribanos del que fue tesorero hasta octubre pasado y su padre también formó parte de las autoridades.

Medina era muy cercano al expresidente entre 2017 y 2019 del Colegio de Escribanos, Claudio Caputo, fallecido en junio de 2023 y padre de Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei.

De Medina dependerán, entre otras dependencias, la Inspección General de Justicia (IGJ), los Registros de la Propiedad y también los registros de la Propiedad Automotor, que son más de 1800 en todo el país y donde es obligatorio hacer los trámites de patentamiento y de transferencia de los vehículos. Además, sus objetivos son asistir a la Secretaría en el análisis de los asuntos normativos del ámbito de su competencia, entender en la coordinación y planificar las actividades de los Registros a cargo del Ministerio de Justicia, como autoridad de aplicación, asistir a la Secretaría en sus relaciones con las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito de su competencia y en la coordinación de los planes y programas existentes o a crearse en su área.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que el próximo 10 de diciembre, día que deje su cargo, va “a mandar a todos los diarios” la declaración jurada de sus bienes y dijo que durante su gestión habrá “un Presidente y muchos funcionarios que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido”.

“Hay un Presidente y muchos funcionarios en mi Gobierno que se van a su casa igual que cuando llegaron, ninguno más enriquecido”, subrayó el mandatario al presentar este mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

En un intervención, la cual giró en torno a la transparencia en la esfera estatal y en la sociedad en general, Fernández señaló que su Gobierno “no” es “amigo de empresarios” ni se entregan “obras” a familiares.

“Sobre el final de mi mandato voy hablar de algo que dije desde el primer día: la necesidad de tener un Estado eficiente. No hay espacio para la corrupción; no es algo tolerable; es algo absolutamente intolerable”, destacó.

En ese sentido, planteó que “hay que terminar con los vicios de la sociedad argentina en general y que aparecen en la administración pública manejando recursos públicos”, y llamó a “ser inflexibles y terminar con eso”. “Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe, nos salpica a todos”, advirtió el jefe de Estado.

También destacó que, “en toda la democracia, no hubo la libertad de prensa que hubo” en los últimos cuatro años de su administración y apuntó que ese escenario derivó en “un abuso desmedido de la libertad de prensa” en el que “se miente, se difama, se injuria”. “Confiamos en que la ciudadanía descubra quién es el difamador, quién es el periodista corrupto que recibe plata para decir lo que dice”, añadió el Presidente.

Por otro lado, recalcó que desde la Casa Rosada nunca se realizaron gestiones para influir en las decisiones del Poder Judicial: “Nunca nos entrometimos en la Justicia, sí quisimos cambiarla, porque la Justicia funciona muy mal”, y ejemplificó en que no se pueda conocer “cuáles son los bienes y el patrimonio de los jueces”.

Alberto Fernández estuvo acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico General de la Nación, Carlos Montero y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.

La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional que coordina estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Fue creada en junio de 2021 y tiene el objetivo de dotar de una dimensión de transparencia a la gestión.

La Mesa está conformada por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación, y la Agencia de Acceso a la Información Pública. Tiene como funciones la coordinación y articulación para la implementación, seguimiento y evaluación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional.

LC con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández designó a la abogada Verónica Gómez al frente de la Oficina Anticorrupción. Reemplazará en el cargo a Félix Crous, quien había presentado su renuncia a fines de 2022.

La flamante funcionaria nacional se recibió con diploma de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1996.

Al dar a conocer la noticia, el Gobierno destacó que Gómez “realizó cursos de posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Palermo), y en Género y Derecho (UBA)”.

“La nueva titular de la Oficina Anticorrupción ha desarrollado su carrera en diversos ámbitos de la esfera pública. Fue directora general de Empleo y Capacitación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó el texto difundido.

Antes de ser designada, la abogada se desempeñaba como asesora en materia de derecho constitucional, derechos humanos y género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, Gómez fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeñó como presidenta del bloque del Partido Socialista entre 2005 y 2009, así como también fue asesora en la Cámara de Diputados de la Nación.

CRM con información de la agencia NA

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, presentó su renuncia ante el Gobierno Nacional y fue aceptada, según se informó este viernes en el Boletón Oficial, a través del decreto 878/2022.

Se trata de la tercera salida del oficialismo en las últimas 24 horas tras la partida de Victoria Donda del INADI y de Rodolfo Gabrielli de la Casa de la Moneda.

“Aceptáse, a partir del 1° de enero de 2023, la renuncia presentada por el doctor Félix Pablo Crous (D.N.I. N°17.760.152) al cargo de Titular de la Oficina Anticorrupción, organismo desconcentrado de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN”, se reveló en el breve comunicado que dio a conocer el decreto.

Crous había arribado a su cargo en 2020, desde el comienzo del mandato del presidente Alberto Fernández, quien lo designó para estar al frente del organismo desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo y encargado, entre otras cosas, de investigar a los funcionarios públicos y hacer un seguimiento ético de su actividad y el control de las declaraciones juradas de sus bienes.

Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, el ahora ex funcionario participó en casos de derechos humanos, como los juicios de la verdad en La Plata, y llegó al Ministerio Público Fiscal por su vínculo con la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Además, fue el extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

También integró la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad de la Secretaría de Derechos Humanos y fue director de Política Criminal de la Procuración General. A su vez, fue uno de los miembros fundadores de la Justicia Legítima, una asociación civil ligada al kirchnerismo que -como se define en su web- “trabaja de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la Argentina”.

Crous participó de la investigación por la muerte de Santiago Maldonado en la que sostenía la teoría de que se trató de una desaparición forzada por parte de la Gendarmería y fue invitado asiduo del programa 6,7,8 que se emitía por la TV Pública.

Sin embargo, fue apartado de la causa cuestionado por las pruebas y testimonios que aportó y luego fue desplazado de Procuvin durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Durante su mandato en la Oficina Anticorrupción, renunció a ser querellante en las causas “Los Sauces y Hotesur”, en donde se investigan por supuesta corrupción a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia.

Así se lo notificó en mayo del 2020 al Tribunal Oral Federal 5, que en noviembre del 2022 sobreseyó a la ex mandataria y a sus hijos “por inexistencia de delito cuando preparaba el juicio”, un fallo que ahora deberá ratificar o no la Cámara de Casación.

La salida de Félix Crous del Gobierno Nacional se suma a las recientes de Victoria Donda, que ayer a última hora anunció que su renuncia frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y al despido del titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, una medida impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, descontento “con la presentación de los resultados del año”.

Con infiormación de NA.

IG

La calle Ortiz de Ocampo al 3.200, extremo este de Barrio Parque, fue durante años un reducto familiar para el mundo PRO. En esa zona exclusiva de Buenos Aires funcionó el Ocampo Wellness Club, un gimnasio que tuvo entre sus habitués a Flavia Palmiero, Horacio Rodríguez Larreta, Guillermo Dietrich, el actor Martín Seefeld, la jueza suprema de la Ciudad Inés Weinberg de Roca, Diego Torres y Marcos Gastaldi, entre otros dirigentes del PRO, empresarios y artistas. De todas formas, el dato más destacado del lugar es que allí se conocieron Mauricio Macri y Juliana Awada, en 2009.

De los escaladores, cintas de pilates y bicicletas de spinning que dieron vida al Ocampo Wellnes Club ya no queda nada. El gimnasio se mudó a otro terreno familiar para las gestiones del PRO en la Ciudad, Costa Salguero, en noviembre de 2017. Tampoco existen las “canchitas de Ocampo” que compartían administración y funcionaban enfrente, en menos de una hectárea delimitada por vías de los ferrocarriles San Martín y Mitre.

En Ocampo 3220-3250, donde estaba emplazado el gimnasio, se levanta Working Ocampo, un complejo de oficinas de 34.000 metros cuadrados que desarrollaron las firmas Rukan y Criba, esta última aportante de campaña de Macri en 2019. A la altura del 3195, donde estaban las canchas, avanza el proyecto Line Ocampo, un edificio premium que promete 117 “casas en altura” cuyo valor alcanza entre los US$ 800.000 y US$ 2 millones por unidad y ya se encuentran, en gran medida, vendidas. El proyecto ofrece tres piscinas, microcine y cava de vinos que disfrutarán dueños de departamentos desde tres ambientes hasta “penthouses de 4 dormitorios” y 750 metros cuadrados.

Los camiones entran y salen y las grúas se levantan pese a que se investiga en fuero federal si la subasta pública del terreno de Ocampo 3195 fue realizada a un precio inferior al fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación (TTN), y si un beneficiario fue, entre otros allegados al Gobierno de Cambiemos, Gustavo Gustavo Arribas, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia. Durante su paso por la administración pública, el empresario de negocios del fútbol vivió en un departamento de Macri y Awada en avenida Libertador y Cavia, a pocas cuadras de Line Ocampo.

La causa en el fuero federal se originó en una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) tras una auditoría llevada a cabo por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que inspeccionó subastas de terrenos de alto valor inmobiliario ofrecidas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante el Gobierno de Macri. El expediente, de por sí complejo porque va en paralelo a otros gemelos que abarcan unos ochenta bienes subastados, desde lotes en Retiro, parcelas ferroviarias hasta campos en Córdoba, se encuentra radicado desde septiembre de 2020 en el juzgado en lo criminal federal 11 (subrogado tras la muerte de Claudio Bonadio) y la fiscalía federal 10, a cargo de Paloma Ochoa.

Lazos de Inteligencia

El terreno de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente, Fideicomiso Vías de Ocampo, por la suma de U$S 40,4 millones. Meses antes, la Legislatura de la Ciudad había aprobado la rezonificación de la parcela para que se pudiera construir en altura.

El precio de venta resultó US$ 2,5 millones inferior a los US$ 42,9 millones establecidos por el Tribunal de Tasación como valor de mercado (“venal” en terminología estatal), según la denuncia de la OA, a cargo de Félix Crous.

El estudio de arquitectos Juan Martín Santagada-Adriana Paula Anchezar aparece como la cara visible del fideicomiso, con 27,5% de participación, seguido por Ariel Goldszer (de Ocampo Propiedades), con 22,5%. El nombre de Arribas surgió cuando el entonces señor 5 reconoció ante la OA —todavía bajo la órbita de Laura Alonso— haber invertido $ 40,7 millones (US$ 1,5 millón al momento de ganar la subasta) en el Fideicomiso Vías de Ocampo, según la declaración jurada correspondiente a 2018. Al año siguiente, Arribas ratificó el dato con igual valor expresado en pesos.

En una ampliación de la denuncia, la OA advirtió más líneas que vincularían al fideicomiso con la comunidad de Inteligencia, aunque los indicios son más tenues que en el caso de Arribas. La oficina de Crous dio cuenta de que Adriana Anchezar es hija del almirante (r) Juan Carlos Anchezar, ex subsecretario de la SIDE durante el Gobierno de Carlos Menem. A su vez, participa del fideicomiso, con representación de 10%, Ignacio José María Sáenz Valiente, socio en Midas Hotel Management S.A, un emprendimiento de Agustina Olivero Majdalani, hija de la exsubdirectora de la AFI durante el Gobierno de Macri, Silvia Majdalani, dijo la OA.

El predio de Barrio Parque fue adjudicado el 19 de julio de 2018 al único oferente a un precio US$ 2,5 millones inferior al valor de mercado, ya que el Tribunal de Tasación lo había cotizado en US$ 42,9 millones y se entregó en US$ 40,4 millones.

Otro eventual nexo que la denuncia pide investigar es el de Santagada con Sonia María, Marina y Nicolás Caputo, socios en diferentes emprendimientos de real estate. Los mencionados son hijos de Nicolás Caputo, íntimo amigo y exsocio de Macri, y excónsul honorario de Singapur.

En un primer momento, una firma llamada Fides Investa mostró interés en la subasta ofrecida por la AABE, pero finalmente desistió al reconocer que también formaba parte del Fideicomiso Vías de Ocampo, en lo que la OA interpreta como un intento de simular competencia que luego resultó inconveniente porque habría estirado los plazos.

Subastas bajo sospecha

El mecanismo denunciado en la oferta del predio de Ocampo replica un patrón presente en decenas de terrenos vendidos por la AABE en 2018 y encuentra un subcapítulo en la cesión de 31 escrituras de la Nación a la Ciudad, entre ellas, parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito y predios frente al Río de la Plata, firmada por Macri entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre de 2019, un día antes de finalizar su mandato.

No bien asumió Macri en Casa Rosada, la AABE —a cargo de Ramón Lanús, dirigente del PRO en San Isidro y hoy enrolado con Patricia Bullrich— solicitó a todas las dependencias estatales que informaran la existencia de bienes en desuso o innecesarios. Una vez conformado el registro, la agencia de Lanús solicitó al Tribunal de Tasación que estableciera un valor de mercado para proceder a la venta.

El Código Civil y Comercial establece que las subastas del Estado, si no hay interesados, pueden ser ofrecidas desde dos tercios del valor venal (de mercado). Esa vía fue utilizada en casi todas las subastas efectuadas.

“Con Macri, la AABE estableció un estándar inédito de transparencia. Estiró los plazos lo máximo posible para que se presentara la mayor cantidad de oferentes, organizó subastas 100% digitales y, recién cuando no hubo alternativa, bajó el precio dentro de lo permitido por la ley”, dijo a elDiarioAR una fuente vinculada a la oficina de bienes del Estado del Ejecutivo de Cambiemos. En su mirada, los valores adjudicados en 2018 resultaron ser muy superiores a los actuales, lo que ocasionaría un gran pesar a los adjudicatarios.

La objeción de la SIGEN y de la OA es que ese mecanismo encubrió un supuesto fraude para que los terrenos quedaran en manos de aportantes de campaña de Cambiemos y Juntos por el Cambio, allegados a funcionarios o, directamente, como en el caso de Arribas, miembros del Ejecutivo. La presencia de sociedades offshore fue también recurrente, según la presentación de la OA.

Este medio contactó a dos integrantes centrales del fideicomiso que ganó la subasta de Ocampo, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo al dictamen de la SIGEN, sobre diecisiete expedientes auditados, el perjuicio al Estado por la subvaluación en las ventas fue de US$ 74,5 millones. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

La Secretaría de Ética Pública y Transparencia (nombre formal de la OA) considera que lo establecido en el Código Civil y Comercial en cuanto a bajar la oferta de un bien del Estado tiene por objetivo facilitar una venta en un caso de un litigio judicial o de fuerza mayor. Malvender un bien no es —sostiene la oficina— una obligación del Estado.

Por lo pronto, a una fuente de Comodoro Py al tanto de la instrucción del expediente le resulta extraño el motivo por el cual el Estado se desprendió de tantos bienes sin razón aparente, entre ellos, hectáreas ubicadas en zonas muy productivas de Córdoba que estaban en manos del Ejército. El valor de adjudicación de algunas de las 12.320 hectáreas del sudeste de la provincia fue de US$ 8.900, pese a que el Tribunal de Tasación las había cotizado en USD 15.070, denunció la OA.

Según el dictamen de la SIGEN, el perjuicio al Estado fue de US$ 74,5 millones, en diecisiete expedientes auditados. En un análisis de la OA, que incluye más terrenos, el Estado nacional dejó de percibir US$ 183,4 millones.

Siete lotes en Catalinas Norte II, zona de alto valor inmobiliario en el barrio de Retiro, son también emblemáticos. Los ganadores fueron Consultatio (de Eduardo Costantini, uno de los principales aportantes a la campaña de Macri), Fideicomiso BAP y TGLT (firma que absorbió la constructora de Nicolás Caputo el mismo año de la subasta).

La OA determinó que la venta de cada lote de Catalinas II fue entre US$ 3 millones y US$ 13 millones por debajo del valor de mercado establecido por el Tribunal de Tasación, y se registró una presunta falsa competencia, ya que TGLT y Fideicomiso BAP estaban unidos por su participación en un tercer fideicomiso. Un cuarto oferente, inmobiliaria OPM, admitió luego ante la AABE que estaba vinculado al vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

El presidente del Tribunal de Tasación, Daniel Martín, tomó el resguardo de dejar por escrito que había sido la AABE la que solicitó a ese cuerpo que dictaminara un valor “base de subasta” equivalente a dos tercios del precio de mercado. La agencia elevó el piso en varias subastas —es decir, superior a los dos tercios del valor de mercado—, aunque siempre por debajo de la cotización establecida por el tribunal.

Tránsito lento

La investigación delegada en la Fiscalía 10 todavía no tiene procesados ni citaciones a indagatoria, en parte, debido la dificultad que supone revisar identidades de los compradores y la legalidad del proceso de venta de decenas de inmuebles.

Uno de los motivos por los que el expediente se mueve en cámara lenta es que no tiene querellante, por lo que el impulso de la acción penal —pedido de medidas de prueba, indagatorias y eventuales medidas cautelares para frenar las construcciones— recae sólo en la fiscalía.

Bajo el mandato de Crous, la OA considera que no tiene entidad ni capacidad para constituirse en querellante, y se limita a presentar denuncias ante indicios de corrupción. Alonso, secretaria de Ética con Macri, podría haber actuado durante el proceso de subasta ya que no tenía reparos en ser querellante, pero dejó claro en su momento ante Luis Majul que no actuaría contra el Gobierno de Cambiemos para que no la acusaran de parcialidad.

La AABE, que fue el primer organismo que solicitó una investigación por orden de Alberto Fernández, también entiende que su función específica no es querellar, salvo casos excepcionales, y evalúa que no corre riesgos con el paso del tiempo, “porque, llegado el caso, si construyen un edificio, habrá más bienes para resarcir el daño”, indica una fuente de la entidad. No es la opinión de otros interesados en la causa, que temen que el transcurso de meses y años derive en derechos adquiridos y torne más dificultoso dar con los eventuales responsables de la maniobra.

Alberto Fernández reaccionó en los primeros días de mandato al comprobar que Macri y Larreta habían organizado la transferencia acelerada de 31 escrituras de Nación a Ciudad por un valor de $16.000 millones (US$ 266 millones al valor de diciembre de 2019), lo que contravendría el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que impide vender o donar activos durante los dos trimestres previos al cambio de mandato. Son causas asociadas a las subastas de Ocampo, Catalinas y los campos de Córdoba, y a otras en predios de Chacarita y Palermo, ya que también habrían implicado una subvaluación de los bienes en detrimento del Estado nacional. La práctica estándar es que el Gobierno de la Ciudad cambia la zonificación de los terrenos fiscales y vende los activos a desarrolladores inmobiliarios.

La fuente de la AABE durante la gestión Cambiemos admite que la transferencia masiva del fin del mandato obedeció a una decisión política ante la presunción de que el Ejecutivo del Frente de Todos no la llevaría a cabo. El argumento del Gobierno de Macri fue que dicha cesión compensaría la obligación asumida por el Estado nacional de pagar US$ 175 millones al Banco de Desarrollo de América Latina (BDAL, ex Corporación Andina de Fomento) por el crédito para la construcción del Paseo del Bajo, entre San Telmo y Retiro, otra obra que mereció una denuncia penal por el presunto beneficio millonario a la constructora de Angelo Calcaterra y que Bonadio y la sala de la Cámara federal compuesta por Mariano Llorens (Liverpool), Leopoldo Bruglia (trasladado al tribunal a dedo) y Pablo Bertuzzi (trasladado a dedo) cerraron abruptamente.

Al día de hoy, el Estado nacional sigue pagando el préstamo con el BDAL y los terrenos en cuestión quedaron en manos del Gobierno de la Ciudad, dijo la fuente de la AABE actual.

Por lo pronto, una cautelar emitida por un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal le impide al Ejecutivo de la Ciudad vender los lotes ubicados en el denominado Triángulo de Salguero (no es lo mismo que Costa Salguero), una de las escrituras cedidas antes del traspaso de mando. Como la AABE entiende que la cesión fue ilegal y reclama su reversión, entonces sí solicitó un amparo en los tribunales.

SL

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hicieron sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA) y señalaron que poseen 17 y 48 millones de pesos, respectivamente.

El dato que se desprende del documento indica que la titular del Senado incrementó su patrimonio en un 96% (en términos reales), ya que el año anterior había informado $16,4 millones.

En la declaración correspondiente al período 2021 Cristina Kirchner señaló que posee un patrimonio de $48.608.385.

En 2020 había declarado $16.463,095, por lo que la cifra actual representa una suba del 195%, aunque si se cuenta la inflación, el aumento real fue del 96%. La vicepresidenta no incorporó bienes durante el último período, pero sí aumentó su tenencia de dinero en el banco por $16,6 millones.

Además del dinero en efectivo, la jefa del Senado valuó en $922.147 los bienes de su casa y la herencia que recibió de Néstor Kirchner en $31.084.071.

En tanto, el mandatario nacional declaró un patrimonio de $17.833.320 para el período correspondiente a 2021. De acuerdo a su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Fernández incrementó su patrimonio en un 107% en relación con 2020.

El incremento de su patrimonio tuvo que ver con la nueva valoración que tuvo su departamento en el barrio porteño de Recoleta.

El Presidente informó los mismos bienes que en 2020, siendo su principal activo el departamento que posee sobre la avenida Callao al 1900, valuado en $12,2 millones, $10 millones más que en 2020.

Además, el jefe de Estado tiene parte de su patrimonio a través de la sociedad Inmueble Callao SA, en la que comparte acciones con su amiga de toda la vida y ex ministra de Justicia, Marcela Losardo.

Entre los bienes de Alberto Fernández también aparece un Toyota Corolla 1.8 modelo 2019, valuado en $1.455.000. 

En tanto, tiene deudas por $196.000, dinero en una cuenta bancaria por $444.617, y bienes del hogar por $756.662.

Con sus declaraciones, los integrantes del Poder Ejecutivo cumplieron con la ley de Ética Pública, que establece que los funcionarios nacionales del Poder Ejecutivo y Legislativo deben presentar una declaración jurada patrimonial anual ante la OA.

Máximo Kirchner, el que mayor fortuna acumula dentro de su familia

El diputado nacional y líder de La Cámpora declaró ante la Oficina Anticorrupción bienes por más de 523 millones de pesos. Al Inicio del año 2021 era de 400.841.818,69 pesos y concluyó el período con $ 523.382.019,69.

En total, declaró 26 propiedades, dos de las cuales son por ingresos propios, y las demás son producto de la herencia realizada por la vice y de la sucesión concluida del ex presidente Néstor Kirchner. Esas propiedades representan 193.811.808 pesos.

Además, declaró depósitos en dólares por un total de 2.848.072,46. Y otros dos depósitos por 291.984.388 pesos.

Como derechos reales en el país, una vez más resultado de la herencia, declara poseer 6.201.431,49 pesos.

Dos vehículos Honda CR-V también son parte del patrimonio de Máximo Kirchner, uno modelo 2008 y el otro 2009. El valor de ambos es en total de 1.989.500 pesos.

Las tenencias accionarias de las empresas familiares también integran el patrimonio del líder de La Cámpora. Por ejemplo, de la inmobiliaria Los Sauces que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López, declaró poseer el 55% del paquete (el restante le pertenece a Florencia Kirchner) por un valor de 6.667.336,67 pesos.

En cuanto a Hotesur, firma dueña del hotel Alto Calafate, Máximo Kirchner (por herencia) es titular del 50% de las acciones y las declaró en un valor de 10.151.869,06 pesos.

DA con información de NA

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), confirmó que le solicitó a los funcionarios a su cargo que “releven información” sobre los audios en los cuales la ex vicepresidenta Gabriela Michetti le pide a Laura Alonso, titular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, que interceda para desvincular de una investigación a Gabriel Pino, quien era un allegado de la entonces titular del Senado.

“Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso”, señaló Crous en declaraciones a El Destape Radio.

Croux consideró que las grabaciones aluden “a una actividad propia de la Oficina” que encabeza, y confirmó que ya tiene “alguna documentación en estudio”, mientras se analizan otras informaciones sobre los hechos aludidos en esos registros que ayer fueron difundidos por varios medios periodísticos.

“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró”, sostiene Michetti en uno de los audios que trascendieron.

A fines de octubre de 2017, el diario Clarín consignó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad, y en la información se detallaba que Pino, como gerente del organismo, había favorecido a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones “de urgencia”.

En consecuencia, la OA encabezada por Alonso había iniciado una investigación del hecho en el que estaba involucrado Pino, que en ese momento era un agente de prensa vinculado a Michetti.

“La verdad es que no tiene una mierda que ver. Él -en definitiva, no- la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta”, le remarca Michetti a Alonso.

Y en ese sentido, la exvicepresidenta insiste: “Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible”.

Para Crous, lo difundido en esa grabación “es una situación anormal y las características de esa situación dependerá de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa”.

“Quiero ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden informaciones”, subrayó Crous.

No es primera vez que se conoce este tipo de manejos por parte de Michetti, ya que en 2020 le había comunicado al quien era el titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, Mario Cimadevilla, su malestar por la forma en la cual se había indagado al exfiscal José Barbaccia por parte de la querella del Estado.

“Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le indicó Michetti al radical Cimadevilla.

El exsenador dejó la Unidad del Ministerio de Justicia, después del escándalo que significó que la querella del gobierno no acusara a los exfiscales Barbaccia y Eamon Mullen en el juicio por el encubrimiento del atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.

LG con información de Télam

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, prepara el terreno para demandar civil y económicamente al expresidente Mauricio Macri y exmiembros de su gabinete por el acuerdo de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron a elDiarioAR tres fuentes con acceso directo al caso. El gobierno de Alberto Fernández sostiene que el exmandatario y sus colaboradores participaron de una presunta defraudación multimillonaria a las arcas públicas, acusación que niegan desde la oposición.

Como jefe de los abogados del Estado, Zannini realizó una presentación ante la jueza que investiga el caso, María Eugenia Capuchetti, solicitando que la magistrada acepte a la Procuración como actor civil en la causa penal. La jueza aceptó el pedido este miércoles, confirmó una fuente judicial, lo que le permite al Ejecutivo demandar por resarcimiento económico a Macri y a otros investigados en la causa si es que la Justicia penal da por probada la hipótesis criminal.

La cifra de la demanda civil aún está en estudio, respondió una fuente directa del caso a este medio. El crédito con el FMI fue por unos US$45.000 millones. 

Por este caso, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. Todos o algunos de ellos podrían ser alcanzados por la demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado.

El Gobierno ha demostrado un especial interés en este expediente. La causa data de 2019 pero en marzo fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y que había sido anunciada por Fernández en el Congreso. La medida solicitada por Zannini llega además en medio de las negociaciones de la actual administración con el FMI para un posible nuevo acuerdo. No hay denuncias del Ejecutivo contra miembros del organismo internacional por este caso. Ninguno, además, fue imputado en la causa.

La jueza Capuchetti y el fiscal Picardi deben establecer si el acuerdo con el FMI en 2018 implicó conductas delictivas de los funcionarios responsables o si se trató de una “mala política económica”, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente. El fiscal solicitó que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si los hechos configuran la comisión de delitos penales, explicó la fuente.

La denuncia

En marzo, la OA aportó a la causa informes técnicos y jurídicos del Banco Central y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como supuestas pruebas de que los exfuncionarios de Cambiemos destinaron el préstamo del organismo internacional de crédito al pago de títulos de deuda Lebacs adquiridos por individual que luego habrían fugado esos dólares al exterior. 

La querella oficial denunció que el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”, que, dice la denuncia, “en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”. La jueza ya solicitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que informe quiénes son los individuos y sociedades que se habrían beneficiado con esta operación financiera durante el gobierno de Macri.

“La primera mentira fundamental que hoy baten es el crédito del FMI. Los que dicen que se fugaron la plata y se la llevaron los amigos de Macri, la deuda es la misma. No es que debemos 50.000 millones más. ¿Por qué? Porque bajamos el déficit”, se defendió este lunes el expresidente en una entrevista con Joaquín Morales Solá en su programa Desde el Llano. “El FMI no es un banco comercial. Creían en el rumbo que habíamos tomado, por algo nos dieron la presidencia del G20, no de este rejunte que es el Grupo de Puebla”, sostuvo el exmandatario.

El actor civil

El organismo que encabeza Zannini ya era querellante en el expediente pero la figura del actor civil le permite iniciar una demanda contra los acusados del caso penal en buscar del resarcimiento económico y buscar que Macri y sus exfuncionarios paguen de su bolsillo el supuesto perjuicio al Estado por sus decisiones en torno al préstamo del FMI. 

La figura del actor civil está contemplada en el Código Procesal Penal Federal, pero no suele ser utilizada, confirmaron fuentes judiciales en Comodoro Py.  

La acción puede ser dirigida contra uno o más de los imputados por supuestos daños y perjuicios; permite reclamar medidas cautelares y restituciones, reparaciones e indemnizaciones económicas, según surge de la consulta a la normativa. En este caso, el Tesoro no identificó con nombre y apellido a los posibles demandados pero el Código le permite ir contra cualquiera de los imputados. Una vez constituido como actor civil, el Tesoro debe presentar su demanda en el plazo de tres días. 

ED

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al exmandatario Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación -un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito-, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA).

El representante del ministerio público fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales.

La Oficina Anticorrupción, en su denuncia, había acusado al expresidente de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar “apariencia” de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.

La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertaba además sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La maniobra denunciada por la OA, que encabeza Felix Crous, incluía movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administración, que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la Presidencia con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio.

En ese sentido, el fiscal González consideró pertinente solicitarle a la Inspección General de Justicia la copia de distintos documentos relativos a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), como así también requerirle a la OA que facilite la declaración Jurada Patrimonial Integral de Macri correspondiente a los años 2015 y 2016.

Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G, cuando en realidad tenía el 20 por ciento, y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las transfirió al fideicomiso ciego.

“Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, se indicó en la denuncia.

Las maniobras “consistieron en omitir deliberadamente la comunicación a la IGJ del aumento de capital social resuelto el 02/09/13, y de asentar en los libros de acciones la titularidad de las 5.064.938 acciones preferidas, se conjugan con la conducta concretada por el propio Mauricio Macri, consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción”, se relató.

Macri se alzó -según surge del texto de la denuncia- con la suma de 54.286.824 pesos “resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación, que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”.

“No puede soslayarse que los $ 54.286.824 fueron transferidos en concepto de dividendos por la firma Latin Bio S.A., cuyos accionistas mayoritarios son Agro G S.A., titular del 29,75% del capital social, y Juliana Awada, cónyuge de Mauricio Macri, quien resulta titular del 20,25% de dicho capital”, según se indicó en la denuncia.

Además, se informó que, entre quienes conformaron el directorio de Latin Bio S.A, se encuentran el exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia de Macri, Pablo Clusellas; y Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, primos segundos del exJefe de Gabinete Marcos Peña, según se denunció.

De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, “lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G S.A”.

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED

La Oficina Anticorrupción (OA) denunció al expresidente Mauricio Macri por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de omisión “maliciosa” en sus declaraciones juradas vinculada a transferencias de acciones entre la empresa Agro G SA y el Fideicomiso Ciego de Administración creado cuando asumió el cargo.

La denuncia quedó a cargo por sorteo de la jueza María Servini y se presentó en base al inciso 3 del artículo 268 del Código Penal referido al “enriquecimiento ilícito de funcionarios”, informaron fuentes judiciales.

Dicho inciso prevé que “será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo”.

Además, la OA dispuso “remitir a la Unidad de Información Financiera (UIF) copia de la documentación, para su conocimiento e intervención según su competencia, ante la posible existencia de maniobras constitutivas de la figura típica contemplada y sancionada en el art. 303°, inc. 1° y 4° del Código Penal”, es decir, lavado de activos.

Según la presentación de la OA, las maniobras se hicieron con operaciones de acciones de la firma Agro G SA que “le permitieron al Fideicomiso Ciego de Administración hacerse de $ 54.286.824 entre 2017 y 2020, suma que el 20/02/20 al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Mauricio Macri”.

“Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G SA, la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos”, agregó la denuncia.

Macri habría omitido además “maliciosamente” declarar “su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción”

“Así las cosas, queda claro que las conductas clandestinas de Agropecuaria del Guayquiraró S.A. y maliciosas de Mauricio Macri, han tenido como finalidad última a la vez que ocultar que la adquisición de las 5.064.938 de acciones preferidas por parte de este último se consumaron con dinero espurio, el exteriorizarlas para darle apariencia lícita”, consigna la denuncia.

El expresidente “se alzó con $ 54.286.824 resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos”, añadió el texto.

“Las maniobras clandestinas de Agro G. S.A. fueron desplegadas con la finalidad de ocultar la titularidad de Mauricio Macri de las 5.064.938 de acciones preferidas, y que el mencionado era un socio parcialmente oculto, en tanto sólo daba a publicidad y cumplía con las obligaciones legales respecto de una parte de su tenencia accionaria”, concluyó.

AB.

La pandemia de coronavirus y el clima de urgencia que impuso para tomar decisiones y articular políticas profundizaron una falencia ya estructuralmente asociada a la gestión del Estado argentino. Durante 2020, el Gobierno movilizó 7 puntos del PBI en medidas vinculadas a paliar la crisis provocada por el Covid-19, pero de acuerdo con una evaluación global elaborada por International Budget Partnership (IBP) la rendición de cuentas de los dos principales gastos fue “limitada” y arrojó los peores puntajes en algunos ítems clave como fuentes de financiamiento, adquisiciones y auditorías. 

“En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos”, apuntó Julieta Izcurdia, coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ONG que estuvo a cargo del relevamiento en la Argentina. Según su modo de ver, los vacíos más grandes aparecen en el origen de los presupuestos (cuánto se asigna, por qué y de dónde salen esos fondos) y en la rendición de cuentas posterior, donde se contempla también el análisis del impacto de las políticas instrumentadas. La ejecución es, de algún modo, la etapa sobre la que hay mayor registro. 

La encuesta se realizó a 120 países y en la Argentina tomó como referencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (ATP) por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. Según se argumentó, el IFE representó el 75% del total de gasto social, mientras que el ATP significó el 63% del gasto en el sector privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.

La urgencia de la pandemia no alcanza para explicar la falta de transparencia en la gestión de recursos en la Argentina, sino que remite a algo más estructural. De hecho, el país ha recibido puntajes similares en la encuesta general que la organización realiza cada dos años. Además, la organización señala que “la acción urgente no tiene que proceder a expensas de la rendición de cuentas” y retoma un mensaje que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también transmitió a los gobiernos un año atrás: “Hagan lo que sea necesario, pero guarden los recibos”.

La transparencia fue especialmente débil a la hora de informar el impacto del IFE y el ATP en las personas y empresas beneficiarias, y la participación ciudadana en la formulación y ejecución de dichas políticas fue prácticamente inexistente, lo que excluye a la población afectada de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones. 

Izcurdia señaló que, por el tiempo que tardó en adaptarse el funcionamiento en el Congreso y la urgencia de las decisiones, la mayoría de las medidas fueron tomadas por la vía del Ejecutivo, sin que el Poder Legislativo ejerciera su rol de vigilancia. Asimismo, el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la participación ciudadana fue considerada “muy limitada”. Para la especialista, dar respuesta de manera abierta y responsable no es solo una manera de reducir los riesgos de corrupción, sino también una oportunidad para asegurar resultados más equitativos y efectivos.

Control interno

La AGN aún no auditó cómo el Ejecutivo gestionó ambos programas sociales pero tiene pendiente hacerlo en su plan de acción de 2021. Aún así, el organismo de control no medirá el impacto de estas políticas, confirmó una fuente de la AGN ante la consulta. 

La Oficina Anticorrupción (OA) sí presentó un proyecto ante los ministerio de Desarrollo Social y Trabajo con recomendaciones para mejorar la transparencia en la gestión del IFE, el ATP y otros planes de asistencia social, pero aún no han avanzado en los cambios, explicó una fuente del Ejecutivo. La OA también viene trabajando un proyecto similar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con mayores avances, afirmó la misma fuente.

“Es muy difícil medir el impacto de estas políticas sociales —sostuvo uno de los funcionarios que trabaja para incrementar la transparencia—, pero se puede al menos mitigar el riesgo de posibles irregularidades o desvíos de fondos”. Tarde o temprano, aseguró, el Estado deberá reforzar la transparencia en las políticas sociales para evitar que una denuncia estalle de la noche a la mañana sin que las alarmas hayan dado aviso.

En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos.

Julieta Izcurdia — Coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Entre las recomendaciones, la OA sostiene que los propios ministerios deben auditar estos programas sociales; crear su propia área de transparencia; desarrollar protocolos para la distribución de los programas; garantizar la trazabilidad de los fondos; abrir más datos a la ciudadanía; y cumplir una correcta rendición de cuentas.

Antecedentes

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se creó en marzo de 2020 y consistió en tres rondas de $10.000 que alcanzó en cada una a más de 9 millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, de casas particulares, informales y cuentapropistas de menores ingresos en cada ronda. El presupuesto total fue de $263.000 millones y en el Gobierno aseguran que se trata de la política de mayor alcance en la historia argentina, un poco de casualidad. La estimación oficial del alcance era mucho menor, de alrededor de 3 millones de beneficiarios, y terminó captando a un universo mucho más grande. Por eso también en 2021 se decidió no continuar con esa política y hacer una puntería más fina con otros instrumentos como el Repro II y la Tarjeta Alimentar. 

Anses hizo un análisis de impacto detallado sobre la primera ronda del IFE, que arrojó que el 62% de la ayuda fue para trabajadores informales y que más de la mitad (56%) lo recibieron mujeres. 

Por otra parte, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se creó en abril de 2020 y, a través de él, el Estado se hizo cargo del pago de parte de la masa salarial de las empresas privadas que evidenciaran una afectación considerable por la pandemia. Implicó un desembolso de $236.377 millones que, según datos oficiales, alcanzaron al 60% de las empresas empleadoras y a casi tres millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado registrado.

El ATP se extendió hasta diciembre de 2020 y tuvo diferentes etapas. Durante los últimos dos meses de 2020 se reintrodujo una versión del Programa de Recuperación Productiva (Repro) —un instrumento que se había usado en el país frente a la crisis financiera internacional de 2008/2009— para poder seguir atendiendo a las empresas de los sectores no críticos que aún necesitaran asistencia pero que ya no estaban incluidas en las dos últimas rondas del ATP. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer cuatrimestre ya se ejecutó el 97,4% del presupuesto previsto para el Repro II, previo a la última ampliación presupuestaria dispuesta a principios de mayo.

Durante el primer cuatrimestre del año el presupuesto inicial aprobado aumentó $47.904 millones. Entre las partidas que tuvieron mayores subas con relación a su crédito inicial se encuentran la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y servicio de logística y distribución ($29.215 millones) y el Programa Repro II ($22.198 millones).

Otros países

La calificación de IBP es el resultado de una evaluación complementaria que el organismo internacional sumó a la Encuesta de Presupuesto Abierto que realiza cada dos años. Se trató de una medición rápida de la rendición de cuentas en los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por los gobiernos entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020.  

En líneas generales, IBP observó que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a la crisis de manera transparente. Sólo 4 países de los 120 evaluados tuvieron niveles adecuados de rendición de cuentas (Australia, Filipinas, Noruega y Perú), otros 29 registraron “algún” nivel de transparencia (entre los que están Brasil, Chile, Costa Rica y Estados Unidos), en 55 países “limitado” (donde se ubica la Argentina) y en 32 “mínimo”. El informe revela que más de la mitad de los países pasó por alto al Poder Legislativo a la hora de aprobar estas medidas de emergencia. A su vez, más de dos tercios no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios. 

ED/DT

Once días después de las palabras de Alberto Fernández en el Congreso, discurso en que anunció una querella criminal contra la gestión Cambiemos por el acuerdo con el FMI, la Oficina Anticorrupción (OA) radicó este viernes ante la Justicia una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.

El escrito, de más de 30 páginas, se presentó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 5 ya que allí cursa actualmente una causa penal con el mismo objeto, en la que se vienen acumulando varias denuncias presentadas desde 2019 por el acuerdo con el Fondo.

La OA, a cargo del exfiscal Felix Croux, avanzó con la denuncia sobre la bases de los informes elaborados por el Banco Central (BCRA) y una auditoria de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre “los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”, según el escrito al que accedió elDiarioAR.

Los supuestos delitos denunciados son “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos”. Según la OA, el préstamo con el FMI fue “destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”.

El escrito denuncia que el gobierno de Cambiemos ejecutó “un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional” que, agrega, “en los próximos años deberá afrontar el pago de enormes cuotas del capital y sus intereses, circunstancia que implicó una transferencia extraordinaria, indebida y fraudulenta de activos desde el sector público hacia una parte del sector privado”.

La denuncia dela OA se basa en informes técnicos y jurídicos del BCRA y de la SIGEN, pero aporta además elementos de carácter político como el rol y las declaraciones de funcionarios de los Estados Unidos para sostener el planteo de que el préstamo del FMI, el más grande en la historia del organismo, habría tenido un objetivo político. “La razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”, indica la querella.

La denuncia apunta a Macri; a Nicolás Dujovne en su rol de Ministro de Hacienda; a Luis Andrés Caputo, en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y se extiende a Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como presidentes del BCRA, quienes, dice el escrito, “tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos”.

“Los imputados violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI, eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto, omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma, soslayando la emisión del dictamen de viabilidad del Ministerio de Economía y la autorización del Jefe de Gabinete de Ministros para el inicio de las negociaciones de la operación y evitando la opinión previa del Banco Central de la República Argentina respecto del impacto de la operación en la balanza de pagos”, apunta el texto.

La OA pide, en la misma línea, direccionar la investigación en un sentido: determinar qué personas y empresas se beneficiaron con las operaciones con dólares, que considera una “maniobra ilícita” pero además pide “determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”. El mismo planteo viene realizando el fiscal del caso, Franco Picardi, quien había solicitado a fines de diciembre último una auditoría de organismos oficiales, según el dictamen.

En este aspecto, la denuncia se refiere a un “universo hiperconcentrado” que “accedió a la divisa norteamericana en el pequeño mercado cambiario local”.

En la causa, la jueza Capuchetti y el fiscal Picardi buscan establecer si el acuerdo con el FMI implicó conductas delictivas de los funcionarios responsables o si se trató de una mala política económica, sostuvo una fuente judicial con acceso directo al expediente.

PI