El pasado domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un comunicado oficial para informar que recibió una amenaza de muerte a través de un video de una organización narco terrorista, donde también se amenaza al gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro. El video se volvió viral en redes sociales.

Con el fin de esclarecer el caso y encontrar a los responsables, el Gobierno ofrece una recompensa de diez millones de pesos para quienes puedan aportar datos sobre el episodio.

A través de la resolución 1295/24, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad ofrece una recompensa “a aquellos aportantes que brinden datos útiles, precisos y concretos para identificar a los miembros de la organización criminal, como así también detalles sobre las actividades delictivas desarrolladas por ellos, y los lugares de operación”.

La medida señala que “resulta necesario y urgente identificar a los autores de las mencionadas conductas delictivas, que constituyen un caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”, ya que el caso “amerita una rápida y contundente respuesta del Estado”.

Qué dice la resolución

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich indicó este lunes que los especialistas en ciberseguridad bajaran la hipótesis de que la presunta organización narco terrorista que aparece en el video en el que amenazan de muerte al gobernador Maximiliano Pullaro y a ella “puede ser de Buenos Aires” y remarcó que se van a “ocupar de endurecer las condiciones en las cárceles”.

“Manejamos la hipótesis de que podría ser una banda de Buenos Aires”, reveló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia, a la vez que añadió: “Mantener y profundizar el régimen de alto riesgo que es del que hablan ellos en el video sobre las cárceles, sin celulares y prácticamente sin visitas”.

Además, manifestó: “Vamos a lanzar un plan para reforzar las zonas de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Nosotros vamos a estar donde haya bandas y violencia. Queremos redoblar los esfuerzos contra la narcocriminalidad”.

Asimismo, reclamó al Congreso la sanción de la Ley Antimafias, que apuesta a penar a los que delinquen de manera organizada, en el período de sesiones extraordinarias al sostener que se trata de “un instrumento fundamental para lograr el éxito”.

Por su parte, destacó el trabajo conjunto con el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, y reveló que hay acuerdos para “endurecer las condiciones en las cárceles”. “Todo está en investigación. Con el Ministerio de Seguridad de la Provincia trabajamos codo a codo contra las bandas sin ningún tipo de problema”, puntualizó.

“Colaboramos con ellos para que el país y los ciudadanos de Buenos Aires vivan mejor y vivan más tranquilos, así que es nuestra obligación no mirar de dónde vienen y de qué partido son en el ámbito de la seguridad. Es una instrucción muy precisa del Presidente”, confesó, y añadió: “Donde haya violencia, donde haya bandas, donde nosotros podamos con las Fuerzas Federales apoyar y colaborar, ahí estamos”.

Tras la viralización del video, Bullrich insistió: “La reacción es redoblar los esfuerzos. Generar, mantener y profundizar este régimen de alto riesgo que los tiene en las cárceles, sin los privilegios que tenían antes en las cárceles. Sin celulares, y casi prácticamente sin visitas”.

Para la ministra, las restricciones han generado un cambio, por lo que la cartera que lidera tiene el objetivo de reforzar las garantías para que “estos delincuentes no tengan ninguna capacidad en las cárceles de acción”.

Por último, hizo anticipó que su ministerio activará el protocolo de seguridad en la próxima manifestación fechada el jueves de esta semana, que convoca parte activa del sindicalismo, y vaticinó “un fin de año tranquilo”.

Con información de agencias.

IG

El Comisario de Operaciones Especiales de la Ciudad de México, Milton Morales Figueroa fue asesinado a tiros mientras realizaba una visita familiar el domingo 21 de julio. El funcionario se desempeñaba en el equipo de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México, mismo que había reportado números favorables en la reducción del crimen en la capital mexicana. Morales Figueroa trabajó directamente con Omar García Harfuch. García Harfuch, quien fue el encargado de temas de seguridad cuando Claudia Sheinbaum fue la Jefa de Gobierno y hoy ya ha sido llamado a integrar el gabinete de la nueva presidenta, precisamente en la Secretaría de Seguridad. Morales Figueroa podía presumir en su hoja de servicio haber atrapado a los perpetradores de un atentado en contra de García Harfuch, además de haber sido central en el desmantelamiento de la organización criminal Unión Tepito.    

Una tasa de homicidios violentos igualitaria

No solo son asesinadas personas en la primera línea de combate al crimen. En el último mes se puso en conocimiento del público el saldo de violencia durante las elecciones presidenciales de 2024. 39 personas que se encontraban en carrera o habían expresado su intención de inscribirse a candidaturas fueron asesinadas desde septiembre de 2023. Distintas organizaciones civiles han dado seguimiento y arrojan resultados con variaciones, pero ninguna baja de las tres decenas. Los asesinatos de contendientes electorales, sin embargo, no son una novedad. En las elecciones anteriores, en 2018, se habló de números récord de asesinatos y de violencia. Involucrarse en política en México conlleva un aumento del riesgo de convertirse en blanco del crimen organizado, lo que por supuesto se convierte en un desincentivo para combatirlo.

A veces, inclusive, sin necesidad de que hayan formulado declaraciones duras contra el delito, hay candidatos que mueren asesinados para así enviar con estas víctimas un mensaje más simple y brutal: el de la intimidación. Un recordatorio. Como para que no se olvide quiénes son los que tienen las riendas en la mano. 

En el intento de contener la violencia, desde el sexenio del panista Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) se ha recurrido al ejército como fuerza pública con acción dentro del territorio. El enfoque de Calderón, que fue conocido como la 'Guerra contra el Narco', arrojó resultados de guerra, si no en los resultados, sí en las bajas. Hasta 2021 se estimó que 350.000 personas murieron en la conflagración. La cantidad de militares desplegados no se ha reducido en presidencias posteriores: aumentaron en el sexenio del presidente priista Enrique Peña Nieto y volvieron a aumentar en la administración de Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), hasta llegar a 150.000 efectivos desplegados.

Se trata de una constante que afecta la cotidianidad mexicana desde hace más de tres décadas. En el intento de contener esa violencia, desde el sexenio de Felipe Calderon Hinojosa (2006-2012) se ha recurrido al ejército como fuerza pública con acción dentro del territorio. El enfoque de Calderón Hinojosa, que fue conocido como la Guerra contra el Narco, arrojó resultados de guerra. Hasta 2021 se estimó que 350.000 personas murieron en la conflagración. La cantidad de militares desplegados no se ha reducido en presidencias posteriores: aumentaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y volvieron a aumentar en la administración de Andrés Manuel Lopez Obrador, hasta llegar a 150.000 efectivos desplegados. Si una promesa incumplió AMLO esa fue que los militares regresen a los cuarteles. Según datos del Banco Mundial la tasa de homicidios en 2018 llegó a 30 por cada 100.000 y desde entonces ha descendido levemente: 28 por cada 100.000 en 2021. Pálida mejora que no saca a México de la lista de países más violentos del mundo.  

No solo las drogas son negocio de cárteles 

“Si no te metes en sus negocios, no se meten contigo” más que una máxima es una plegaria. Se la repite machaconamente al comentar la situación de violencia en México. Como si por iteración eventualmente pueda llegar a ser verdad, como si pudiera proteger a quienes la dicen en voz alta. Una formulación semejante empleó el presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimento Condimentados de Guanajuato, Manuel Bribiesca, para procurar convencer que la industria turística sigue con normalidad en uno de los Estados de la República Mexicana. “Si no te metes con los malos, no se meten contigo” dijo el empresario esperando que durante las vacaciones de verano el flujo de turistas no disminuya. 

La situación dista de ser tan apacible. El negocio de los cárteles de droga en México sigue siendo el principal problema de seguridad en el país, no solo por el control que se ejerce en ciertas partes del territorio, principalmente la que asegura las rutas de transporte hacia los Estados Unidos. A ello hay que agregar los derechos de piso que las organizaciones criminales se han autorizado a cobrar a lo largo y ancho del país. Derechos de piso se cobran a productores del agro, sean quienes cultivan y comercian aguacates (paltas) como a los que hacen lo mismo con limones o a quienes circulan por determinadas carreteras.  

El problema que se centraba en los Estados de Zacatecas, Jalisco y Michoacán ha proliferado hacia otras regiones. Las zonas urbanas no se eximen de este problema y distintas investigaciones periodísticas han mostrado que en la Ciudades de México, Monterrey, Cuernavaca y otras, las organizaciones criminales cobran un montó mensual para garantizar la seguridad de todo tipo de comerciantes. Los trabajadores del transporte no se salvan de estas exacciones: sean taxistas en la pequeña ciudad de Iguala, en el sur del país, o en las ciudades del populoso Estado de México. Alejandro Desfassiaux del Consejo Nacional de Seguridad Privada afirmó en 2023 que cobros de derecho de piso se extendieron a 90% del país. 

La constante extorsión a la que se ven sometidas las personas tuvo repercusiones en diciembre de 2023. En Texcapilla, un pueblo del Estado de México, miembros de la organización criminal Familia Michoacana citaron a los pobladores para informarles a cuánto iba ascender la cuota a pagar por cada hectárea cultivada. Los pobladores asistieron a la reunión buscando negociar, pero las cosas se salieron de control. Los pobladores atacaron a los narcotraficantes y tomaron la vida de diez de ellos, perdiendo cuatro de sus propias filas. “No nos arrepentimos” declaró una campesina a un medio internacional. 

El miedo a una represalia ha llevado a cientos de personas a dejar el pueblo. El Estado de México dispusó que para disuadir las intenciones de venganza de la Familia Michoacana se desplegarían efectivos policiales para vigilar y hacer rondines. En junio de 2024 los pobladores de Texcapilla denunciaron que la vigilancia policial se había reducido. Temen, seis meses después, que la Familia Michoacana cobre venganza si hay laxitud en los relevos y tareas policiales. Mientras tanto, se denuncia que los policías del Estado pagan a superiores para no tener que vigilar Texcapilla. 

Claudia frente al desafío 

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha presumido que durante su gestión al frente de la Ciudad de México se redujeron los índices de criminalidad: los homicidios se habrían reducido a la mitad y los crímenes de alto impacto en 60%. Sheinbaum ha afirmado durante los debates que antecedieron a su elección que la violencia debe ser combatida en sus orígenes: la desigualdad, la marginación, la injusticia. Destaca que las políticas punitivas bañaron a México en sangre, pero que el abordaje del humanismo mexicano de la cuarta transformación -denominadores oficialistas para la ideología y el proceso político del Movimiento de Regeneración Nacional- ha mostrado ser efectivo para contener los delitos. Sin embargo una de sus propuestas es fortalecer la presencia de la Guardia Nacional -conformada por efectivos del ejército- en la seguridad interna.  

La masiva votación por Sheinbaum, más alta que aquella con la que fue elegido AMLO, haría pensar que una parte importante de la ciudadanía considera que el sexenio que termina no fue malo tampoco en temas de seguridad. Los opositores insistieron todo el primer semestre de 2024 que la política de Lopez Obrador fracasó por todo lo alto y en redes sociales es frecuente el comentario de que los delincuentes viven en permanente impunidad. Sheinbaum no ha mostrado amilanamiento. Mientras han surgido voces que piden un modelo como el que Nayib Bukele aplicó en El Salvador, Sheinbaum insiste en que la violencia no se soluciona con violencia, y seguirá la máxima de Lopez Obrador de “abrazos y no balazos” aun apoyada en la Guardia Nacional.

AGB

Un total de cuatro ataques a diferentes colectivos se registraron este lunes en Rosario, sin heridos que lamentar, lo que derivó en un paro de choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en esa ciudad santafesina, al cual se plegaron también los taxistas.

De esta manera, este martes no habrá medios de transporte ni urbano ni interurbano, tras la medida adoptada por la UTA alrededor de las 23:00.

Un rato después, los taxistas anunciaron que se sumaban a esta medida de fuerza al menos hasta las 6:00, momento en que harán una asamblea para determinar cómo continuarán con el reclamo. 

En total hubo cuatro ataques a colectivos, alrededor de la misma hora y presuntamente en forma coordinada.

Entre ellos, un Expreso en Las Flores, un coche de la línea 143 en Saladillo, una amenaza dejada en el asiento del fondo de un colectivo 110 y una colectivera de la 126 que escuchó tres disparos cuando circulaba por las calles Crespo y Virasoro. 

Esos ataques se sumaron a la amenaza escrita este lunes a la madrugada en otro micro, lo que derivó en un parate de varias horas en el transporte urbano de Rosario.

Este lunes por la noche, una vez decretada la huelga, los choferes decidieron guardar los colectivos en los galpones.

Una nueva nota con un mensaje intimidatorio, esta vez en una unidad de la línea 110 se sumó al que dejaron a la mañana en un 153 afuera del galpón de Provincias Unidas y Rueda.

Durante la noche, casi en simultáneo se denunciaron otros dos ataques: a un interno del Expreso interurbano sobre la autopista Rosario-Buenos Aires, cuando el chofer circulaba solo, sin pasajeros, ya que se dirigía al lugar donde comenzaría su recorrido nocturno.

El hecho ocurrió a la altura del arroyo y en principio se habló de piedrazos, pero luego se dijo que fue una balacera que afectó una puerta y un vidrio, sin personas heridas.

Asimismo, un colectivo de la 143 urbana también fue agredido en Oroño y Batlle y Ordónez, barrio barrio Las Flores, y se intentaba confirmar de qué eran los impactos que tenía en la carrocería.

Por último, una conductora de un coche de la línea 126, denunció que escuchó tres disparos de arma de fuego cuando circulaba por Crespo y Virasoro. 

Con información de NA.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó al Comité de Crisis por los aumentos de casos de delitos terminados en homicidio y la violencia que sufre la ciudad santafesina de Rosario, como consecuencia de la penetración del narcotráfico.

En una resolución publicada este viernes se indica que la funcionaria y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su carácter de copresidentes del Comité de Crisis, le solicitarán al ministro deDefensa, Luis Petri, “el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario”.

El Comité de Crisis, de acuerdo con la Resolución 127/2024, “será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido” por Pullaro, “y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich y Pullaro, dice la disposición oficial, “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. “El Comité de Crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, se agrega.

En los consideración de la resolución se subraya que “en los últimos días se han producido en la ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

El jueves, en efecto, un chofer de la línea K de trolebuses de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encontraba en grave estado. Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Este hecho se produjo horas después de que mataran a dos taxistas en Rosario. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El corresponsal del diario La Nación en Rosario, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico, marcó un dato relevante: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

JJD

Este viernes por la madrugada, desconocidos pasaron en moto por la casa de los padres de un alto funcionario del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, tiraron tiros al aire y dejaron un cartel colgado en la reja. “Deja de hacerte el pillo. Atte: La Mafia”, también contenía el nombre a quien iba dirigido el mensaje. Se investiga si tiene relación con la banda de Los Monos, ya que muchos de sus integrantes están detenidos allí, incluido el líder, Ariel “Guille” Cantero.

Primero se le dio intervención a la justicia provincial, pero horas después el caso quedó en manos de la Justicia Federal, por quien era el destinatario de las amenazas.

Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora a cargo de la investigación, dispuso medidas de seguridad para los funcionarios y sus familiares. Ordenó una serie de medidas en busca de determinar quiénes fueron, las cuales ya se pusieron en marcha y se mantienen bajo reserva. Se descuenta que se incluya el rastrillaje con las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los ocupantes de la moto. Ocurrió durante la madrugada en uno de los barrios de Ezeiza.

La semana pasada, había sido amenazado el director del módulo de la cárcel de Ezeiza donde están alojados Los Monos. Se trató de un episodio de “características similares”, se señaló. Por eso, se cree que detrás de estas amenazas estarían los responsables de la sanguinaria banda de narcotraficantes que se hizo famosa por su violencia en la ciudad de Rosario. “Está firmado: La Mafia. El mensaje es claro”, dijeron a Infobae las fuentes consultadas.

“Si me preguntás, este nuevo ataque tiene que ver con cómo reaccionan cuando se les aprieta el zapato. Se están quejando nuevamente del régimen de condición que están teniendo”, dijo un funcionario judicial que investiga a grupos narco. “¿Qué banda es? Todavía no sabemos”, añadió.

La amenaza se da en medio de la escalada de tensión en ese penal federal por los controles y restricciones que desde hace semanas se les aplican a 25 presos rosarinos de alto perfil que tienen vinculación con Los Monos, entre ellos Jorge “Ema” Chamorro y Cristian “Pupi” Avalle, quienes debieron ser hospitalizados una semana atrás luego de un incendio intencional.

En el mismo penal están alojados otros célebres integrantes de Los Monos: Carlos Damián “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, quienes gerencian la barra brava de Newell’s Old Boys por orden de Cantero.

Con información de elciudadanoweb.com

LC

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era…) Tenía virtudes y otras no tantas. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia… El que me decía: 'Yo no pude, pero vos sí, y yo soy feliz con eso'. Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

El autor del texto publicado en Instagram el pasado domingo es Miguel Ángel Torrén (1988, Villa Constitución, Santa Fe), capitán del Argentinos Juniors, club de la primera división del fútbol argentino. El despedido es José Sixto, alias 'Coki', acribillado a balazos en la noche del sábado en su casa de Rosario, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires.

“Bastante sufrimos todos”. Antes de Coki, Miguel Ángel perdió a otros tres hermanos en muertes violentas.

En 2009, una discusión durante un partido de fútbol terminó con Walter Torrén (32 años) asesinado de un balazo. Once años después, Gabriel Francisco (36) apareció muerto a golpes, a tres cuadras del lugar del asesinato de su hermano, en el oeste de la ciudad. Los homicidas pudieron haber sido policías o dos cuñados, según testigos, aunque no está clara la causa del deceso. A metros de allí, Luis Anastasio Torrén (43) fue ejecutado por sicarios el 25 de agosto de 2021. Horas antes habían herido a el hijo de éste, de 15 años.

Coki, de 42 años, fue el 129° asesinado en Rosario en lo que iba de año. Al momento de ser escrita esta nota, la cifra asciende a 133

Cuatro sujetos llegaron en motos hasta la casa de José Sixto (42) en el barrio Godoy el pasado sábado por la noche. “¡Coki! ¡Coki!”, lo llamaron. En cuanto asomó, le descerrajaron ocho tiros, cinco de los cuales impactaron en el torso de la víctima.

Coki, de 42 años, fue el 129° asesinado en Rosario en lo que iba de año. Al momento de ser escrita esta nota, la cifra asciende a 133, casi todos, víctimas de una guerra narco descontrolada. Entre ellas, niños alcanzados en forma accidental o premeditada, parte de una pesadilla que la tercera ciudad argentina en cantidad de habitantes consideraba impensable hasta hace no mucho.

El fútbol como salvación

Miguel Ángel Torrén porta señas de identidad reconocibles en el mundo entero. Es uno de los jugadores de fútbol más veteranos de la liga argentina. Desde hace 13 años, defiende para Argentinos Juniors, el “Bicho de La Paternal”, club de Buenos Aires que vio nacer a Diego Armando Maradona. Rosario, la ciudad en que creció, principal puerto agroexportador del mundo y bastión cultural de la Argentina, vio nacer a otro colega de Torrén, compañero de generación: Lionel Messi.

Los hermanos Torrén eran seis; quedan dos. Su madre murió electrocutada hace 32 años, a causa de una precaria conexión en un hogar humilde. Miguel Ángel pudo eludir un destino de privaciones gracias a los clubes del barrio. Empezó en el más próximo, llamado Venezuela. Celestino Velázquez, un cazador de talentos, lo detectó jugando al fútbol descalzo en una plaza, lo reclutó para su club, Itatí, lo alojó en su casa familiar y lo anotó en la escuela. “(Los Velázquez) me enseñaron el respeto, la humildad, lo que estaba bien, qué camino debía tomar”, contó el capitán de Argentinos Juniors al diario deportivo Olé tiempo atrás.

Las redes sociales de Miguel Ángel cuentan la vida que pudo construir. Aparecen Natalia, su pareja desde los 15; tres hijos —todos jugadores de las inferiores de Argentinos Juniors—, mates, viajes, el Bicho de La Paternal por todas partes, rostro curtido y mirada sostenida, propia del tipo de defensor que es. La tristeza, sin embargo, se deja ver poco. 

Como Messi, Torrén se inició profesionalmente en Newell’s Old Boys, uno de los dos grandes de Rosario. Allí jugó tres años, entre 2005 y 2008, y luego pasó a Cerro Porteño de Paraguay. El jugador estaba en Asunción cuando se enteró del primer asesinato de un hermano, en 2009. Al año siguiente inició su carrera en Argentinos.

Alguna estela dejó Maradona en ese emblema de La Paternal, barrio de clase media por antonomasia, cerca del centro geográfico de la capital argentina. Astros como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín, Alexis Mac Allister, tres ligas locales y una final intercontinental contra Juventus vinieron después de Diego. “Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors acompañamos a nuestro capitán”, expresó la institución el domingo, conocido el cuarto asesinato de un hermano Torrén. El capitán se atiende con Patricio, el psicólogo del equipo.

Esta semana, el defensor de Argentinos Juniors hizo llegar un audio a un periodista. “Eran grandes (sus hermanos, todos mayores que él), tenían sus familias, ellos deciden de qué forma vivir y qué quieren hacer. Más que aconsejarlos otra cosa no podía hacer…, pero cuando pasan estas cosas, a uno le pega mucho. Fui creciendo, formé mi hermosa familia, con una gran mujer que me acompaña en todo momento”. Resiste: “Si me quedo tirado en casa y no me levanto de la cama, me voy a meter en un pozo ciego del que no voy a poder salir”.

Desbande

El drama de Torrén es el drama de Rosario.

Desde hace una década, la violencia transita más que nunca por los 112 barrios humildes y villas de emergencia de la ciudad. El epicentro de las balaceras hoy pasa por los barrios Ludueña, Empalme Graneros, La Cerámica y 7 de Septiembre, en el noroeste. Poco tiempo atrás, la zona crítica estaba en el centroeste, a unas treinta cuadras del centro, y antes en el sur, cerca de la entrada desde Buenos Aires. “La violencia va girando de acuerdo a las disputas entre bandas narcopolicales”, cuenta a este medio Facundo Peralta, fundador en 2003 de la organización social Causa.   

La Cerámica, un pequeño barrio con alta conflictividad entre bandas, vivió días de terror cuando se desató el conflicto entre dos familias hace tres semanas. “Nadie podía circular ni a andar en bicicleta. Son días en que las escuelas, si permanecen abiertas, igual están casi vacías”, indica Juan Pablo Casiello, secretario general de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, principal sindicato docente de la provincia.

Peralta y un grupo de amigos y vecinos de Villa Banana, centro-oeste de Rosario, crearon Causa como un espacio de contención para las infancias y los adolescentes. Dos décadas después, la organización maneja un club especializado en fútbol y jockey “con 500 pibes”, una escuela de cuidado, oficios y recreación para personas de los cero a la primera juventud, un centro de rehabilitación para adicciones y una biblioteca popular.

Cuando nació Causa, Argentina comenzaba a salir de la peor crisis económica de su historia. El régimen de convertibilidad del peso con el dólar había colapsado en 2001 y el país transitaba una desocupación superior a veinte por ciento y salarios por el piso, sin la vasta red de planes sociales que se crearía y tornaría permanente en los años posteriores.

Giro en el negocio

Tras más de una década de políticas neoliberales regidas por el peronista conservador Carlos Menem (1989-1999) y el radical conservador Fernando de la Rúa (1999-2001), la Rosario de las grandes y pequeñas industrias, del tren y los pequeños campos de los “gringos” (inmigrantes europeos) había quedado bastante atrás.

Ciudad de migrantes por excelencia, de todo el noreste de Argentina desde siempre, europeos a principios de siglo y de países limítrofes en la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, Rosario podía ser considerada la ciudad estandarte de la aspiración igualitaria que, con multiplicidad de problemas y traumas a cuestas, había conducido la narrativa argentina hasta entonces. Desde fines de la década de 1990, el quiebre social es un rostro ineludible de la gran ciudad fundada a orillas del río Paraná.

La situación social era peor hace veinte años, pero Peralta afirma que el peso de la violencia es ahora mucho peor. “El territorio está bajo el control total de las bandas narcopoliciales. Antes las organizaciones populares y una parte virtuosa del Estado teníamos capacidad de disputar las calles, hoy mandan ellos”, describe.

El hito que selló el giro de la violencia en la ciudad fue el asesinato, en mayo de 2013, de Claudio “el Pájaro” Cantero, líder de Los Monos, la banda que hasta entonces dominaba el negocio narco de Rosario. La cartera de negocios de Los Monos incluía el narcotráfico, protección a terceros, juego, barrabravas del fútbol y usura financiera. Su cohabitación con la Policía de Santa Fe, una de las más corruptas y violentas de la Argentina, daba lugar a todo tipo de delitos, pero, de algún modo, mantenía la situación encauzada.

Los Monos tenían al clan de los Alvarado como principales competidores, y de estos últimos se escindió Luis “Gringo” Medina, ejecutado con veinte tiros en diciembre de 2013, a la salida del principal hotel-casino de la ciudad, el mismo en el que Messi celebró su casamiento con Antonella Roccuzzo en 2017.

El cúmulo de detenciones y asesinatos que afectó los principales clanes de Rosario hizo que el negocio del narcotráfico se desbandara, tanto por disidencias de los Monos y Alvarado que vieron vía libre para encarar su propia aventura, o por nuevas bandas que se disputan anárquicamente pequeños territorios.

El lugar de Rosario

Ese cambio en la logística delictiva convive con las sucesivas crisis económicas que frustran las expectativas de hacer una vida normal y crecer desde un barrio marginado y una sucesión infinita de recambios en las cúpulas policiales que caen en la medida en que se conocen sus vinculaciones con el narco.

La ubicación geográfica de Rosario la torna un destino propicio para la llegada de droga producida en Paraguay, Bolivia y Perú, y su gigantesco puerto cerealero es la vía de salida hacia Europa. Los carteles de droga de Colombia y Brasil tienen su propia historia, pero la onda expansiva de la “guerra contra el narcotráfico” en esos países también llega a Rosario: cartón lleno.

Así es cómo atrocidades de ejecuciones narco transitan la crónica cotidiana. Rosario, con más de 20 homicidios anuales cada 100.000 habitantes, quintuplica el promedio de Argentina y se acerca a los países del norte de Sudamérica y Centroamérica. Las zonas humildes viven la peor parte. Rosario tiene 1.300.000 habitantes, amplios barrios de clase media y zonas opulentas que hacen su vida aparte de lo que pasa a pocos minutos de distancia, por más que ese aislamiento se está tornando cada vez más difícil, advierte Peralta.

Ausencias

Hay días en que el taller de carpintería Pura Lija, las clases de arte de la Escuela Popular Corazón de Barrio y los equipos de fútbol y jockey del Club 27 de febrero, administrados por Causa, tienen bajas en la matrícula. Son chicos heridos en su físico o en su psique, traumatizados por una pesadilla familiar. Amenazados o reclutados por los narcos, ellos o sus padres.

“Perdimos a chiquitos y chiquitas asesinados, porque eran blanco o porque pasaban por ahí. En 2022, de 288 homicidios, 29 fueron de menores entre cero y 17 años”, cuenta Casiello, de AMSAFE.

Una tarde de otoño de 2018, una banda llegó con armas al club que estaba en manos de Los Monos y que ahora maneja Causa. En silencio, niños, jóvenes y padres se hicieron a un costado, tomaron sus cosas y se fueron. “Fue un momento de tensión. Nunca chocamos, nos corrimos [nos fuimos]”, relata Peralta, de 40 años, licenciado en Ciencias Políticas, militante de izquierda sin partido. Conoce la atmósfera, olfatea los peligros de Villa Banana, su lugar de nacimiento y del que vivió cerca hasta los 25. “Involucramos al Estado y al día siguiente volvimos y armamos partidos de fútbol”.

Un tema desespera a Peralta. “No somos conscientes ni sabemos el impacto en la subjetividad de los pibes y las pibas que va a tener esto, que es inédito. No tenemos noción de cómo va a impactar en sus cabezas”, explica.

Se transformó en algo habitual que escuelas públicas de barrios de trabajadores, ni siquiera precarios, cierren algunos días porque se sienten en peligro.

Perdimos a chiquitos y chiquitas asesinados, porque eran blanco o porque pasaban por ahí. En 2022, de 288 homicidios, 29 fueron de menores entre cero y 17 años

Juan Pablo Casiello, de AMSAFE

Casiello explica a este medio que los narcos comenzaron a disparar contra escuelas de noche como mera demostración de poder, como ocurrió en los barrios Ludueña y Empalme Graneros el sábado de Semana Santa. “Buscan legitimarse ante otras bandas mostrando impunidad”. Ello lleva al sindicato a alertar por la peor de las hipótesis, que es que esa carrera descontrolada termine en ataques a colegios en horario hábil.

La escuela Brigadier López, oeste de la ciudad, 550 alumnos, comenzó a recibir mensajes intimidantes, hasta que días atrás encontró marcas de disparos en rejas externas. Los directivos suspendieron las clases un día y convocaron a la comunidad educativa. El pasado martes, las imágenes televisivas mostraron el abrazo solidario a la escuela de maestras, alumnos y padres. Los niños juegan, saludan a cámara y exhiben murales y dibujos con corazones, frases sobre la paz y los colores de Argentina. “Queremos que éste siga siendo un lugar hermoso”, pide una maestra.

El proceso de apropiamiento del territorio lleva a los narcos a manejar el negocio inmobiliario. En forma creciente, las bandas usurpan casas para establecer bocas de expendio o cocinas de droga. Sus contrapartes, en extrema indefensión, son migrantes de Paraguay, Bolivia y Perú y de las provincias del norte, como Corrientes, Chaco y Formosa, algunos de ellos desplazados indígenas tobas, wichis o qom. Cuando la situación se torna muy crítica, familias indígenas regresan al bosque para encontrar sosiego, y los niños se desconectan de la escuela, indica el sindicalista.

El papel de la política

El mapa lo terminan de completar la política y el poder judicial. En Santa Fe, una provincia con ciudades importantes, infinidad de pueblos, muchos recursos agropecuarios y tradición industrial, la competencia política estaba hasta hace poco dividida en tres coaliciones. La hoy gobernante peronista, en sus facciones de centroizquierda y centroderecha; la conservadora, con el PRO de Mauricio Macri y otros peronistas de derecha; y el centrista Frente Progresista (Partido Socialista, UCR y otros conservadores), que gobernó entre 2007 y 2019. Las tres fuerzas tienen motivos para acusarse, al menos, de ineficiencia en el manejo de la fuerza de seguridad, con ejemplos puntuales de abierta protección a narcopolicías.

Cuando la situación se torna muy crítica, familias indígenas regresan al bosque de Chaco para encontrar sosiego, y los niños se desconectan de la escuela

Hoy, todos los conservadores y progresistas conforman un nuevo frente para desalojar al peronismo del poder provincial, algo altamente factible. Esta semana, el eje de la discusión entre los dos principales candidatos del frente opositor fue la acusación de complicidad con el narco.

“Que hay sectores cómplices en la política, no cabe ninguna duda, pero lo más habitual es que los candidatos juegan, no a enfrentar el problema, sino a sacar tajada electoral”, evalúa el docente Casiello.

¿Hubo en estos años casos de chicos que hayan podido esquivar un destino similar al de los hermanos de Torrén, si no de muerte temprana, de una vida algo más alejada del abismo?

Responde Peralta, de Causa: “Sí, un montón, y es lo que nos mantiene en pie. Muchos de los pibes que pasaron por la escuela son compañeros nuestros, no perdimos la batalla cultural. El compañero que conduce el taller Pura Lija, Carlos, es carpintero. Hace muebles de cocina, trabaja en edificios, casas particulares. Empezó conmigo, tiene 36 años y los pibes que laburan con él, 20”. 

Las letras AGC, acrónimo Autodefensas Gaitanistas de Colombia, la más poderosa organización de narcotraficantes, lucen en su bandera verde y blanca y suelen verse pintadas con aerosol en edificios y calles en gran parte del país y en las rutas más importantes para transportar cocaína hacia EEUU. Por primera vez, hablaron con el periodismo, y lo hicieron con el Washington Post. En una investigación exclusiva publicada en la capital norteamericana el primer lunes de abril, con testimonios de la alta jerarquía de la organización  que muy pocas veces han accedido a hablar con periodistas.

Con una autodenominada misión de ser “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”, la organización fue fundada en el 2007 por Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, líder paramilitar quien a diferencia de otros compañeros  desestimó el proceso  de desmovilización abierto por la Ley de Paz y Justicia del  primer gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010)  a cambio de reducción de condenas-  y asumió el control de las rutas de la droga. La organización tomó su nombre de Jorge Eliécer Gaitán, el líder carismático del Partido Liberal cuyo magnicidio en 1948 desencadenó una serie de disturbios conocida como el Bogotazo, que causó la muerte de 2585 personas.

 A pesar de la persecución a los grupos ilegales por parte del gobierno colombiano a fines de la década del 2000, que tuvo como saldo la muerte, la cárcel o la extradición a EEUU, las AGC reforzaron su poder, expandiéndose a la mayoría de las regiones del país y llegando a contar con 9,000 miembros. En mayo de 2022, el grupo convocó a un paro armado de cuatro días en represalia de que su exlíder fuera extraditado a EEUU por cargos de narcotráfico. El ex presidente Duque, en ejercicio de su segundo mandato (2018-2022)  había descripto a Dario Antonio Úsuga, mejor conocido por su alias “Otoniel”, como el “narcotraficante más temido del mundo, asesino de policías, de soldados, de líderes sociales y reclutador de niños”. En una demostración de fuerza, sus camaradas bloquearon carreteras, quemaron autos, paralizaron negocios y prohibieron a los residentes salir de sus casas.

Las ACG en lugar de apoyar al Gobierno a contener a las guerrillas, como los paramilitares, lo confrontó con un deliberado propósito: de convertirse algún día en un partido político nacional. “¿Por qué no?” se pregunta  Jerónimo, líder político de la organización con quien sostuvo la entrevista el Washington Post . Las conversaciones con el Gobierno podrían traer “el reconocimiento, a nivel internacional, de quiénes somos como organización”, agregó. “Nos han hecho ver como unos criminales, personas non gratas para la sociedad”.

Desde el oficialismo, Danilo Rueda, el Alto Comisionado por la Paz declaró  que Colombia no considera que las AGC sean “políticas”, porque su objetivo es “subvertir el orden constitucional”. Describió la influencia del grupo como una especie de “gobernanza” criminal para el control social y la “protección y generación de riqueza”. Una  gobernabilidad que no lo clasifica como una entidad política.

Modus operandi: gobiernan donde el Estado no llega

La presencia de las AGC no siempre a primera vista es evidente. En el norte rural de Colombia, un mosaico de fincas ganaderas y plantaciones de banano, no hay puntos militarizados ni  hombres armados en las carreteras. Sin embargo, los habitantes reconocen siempre la presencia de los integrantes de esta organización, llamada por el gobierno  Club del Golfo que además de su bandera tiene su escudo y estatutos y que muy usualmente en las comunidades rurales desempeña el papel de la Policía y los jueces, resolviendo disputas entre los lugareños.

En un pueblo del norte de Antioquia, una pancarta de las AGC cuelga sobre un camino pavimentado, considerado un lujo raro en esta parte del país que fue pagado en parte por el grupo, junto con las luces de la cancha de fútbol, ​​las camisetas del equipo local y un nuevo embalse que la comunidad espera reforzará su suministro de agua. Las AGC patrocinan fiestas comunitarias para el Día de la Madre, eventos familiares en la escuela y traen juguetes para todos los niños en Navidad. Llegan donde el Estado no ha llegado.

Según las autoridades colombianas y los defensores de DDHH las AGC han ejercido su control a través del desplazamiento forzado, la extorsión, el asesinato de policías y el reclutamiento de menores. Se benefician de la minería ilegal y dominan las redes de distribución de drogas del país mediante el suministro de cocaína a los cárteles mexicanos. El grupo sostiene que solo gana dinero cobrando impuestos a los cárteles que operan en su territorio.

Las  relaciones peligrosas entre AGC y el Gobierno

El abogado Ricardo Giraldo, contratado por la AGC para reunirse con el Alto Comisionado  Rueda, fue cancelado por el presidente Petro cuando acusó al grupo de fomentar la violencia en la huelga minera en el Bajo Cauca antioqueño. Las AGC negaron su participación y publicaron una declaración en video, de menos de dos minutos y con fecha del 26 de marzo donde responsabilizaron al gobierno de la “problemática que pueda causar dicha decisión apresurada” de reanudar los ataques militares.  Con el argumento que deben ser considerados un grupo armado político como cualquier otro en Colombia, los miembros del Clan sostienen que se mantendrán en la búsqueda de paz: “Seguiremos creyendo en la promesa de paz que prometió el entonces candidato Gustavo Petro a todos los colombianos y lo condujo a ser el Presidente de la República, quien hoy nos cierra las puertas de tener la oportunidad de vivir en paz con nuestras familias y con nuestro pueblo”, declara el comandante “Javier”, quien aparece proyectado en el video.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Gobierno ha sugerido que los miembros de las AGC se entreguen voluntariamente al sistema judicial a través de un proyecto de ley que les haría una “oferta atractiva”, incluyendo sentencias más leves. Sin embargo, el riesgo de prisión y extradición, así como otros elementos, hace que la oferta del gobierno no sea viable para los líderes de las AGC, quienes están exigiendo un sistema de justicia transicional que les permita decir la verdad a las autoridades a cambio de “garantías”.  En contra réplica,  “Si esa verdad no se blinda en un sistema de justicia que te dé garantías, se abrirá la puerta a otro conflicto” sostiene el entrevistado líder gaitanista Jerónimo.

“No habrá  ‘Paz Total’ nunca”  declaró  el jurista Giraldo,  “si es por vía del sometimiento: eso está claro y lo que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quieren es negociación y diálogo, pero no se van a jugar a esa ley de sujeción, que entre otras, va a ser un gran fracaso”.

La paz es una construcción, no un destino

El episodio pone en cuestión si la Paz Total propuesta por el presidente Petro retrocede o se ha detenido con el riego de postergarse estáticamente; a la vez que evidencia que no es posible obtener resultados rápidos.  En cuestión de días, el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acordaran una agenda base para retomar el diálogo y, luego, el mismo gobierno levantó el cese al fuego que había instaurado para abrir conversaciones con el Clan del Golfo.  

La decisión del presidente  Petro llega cuando está en discusión en el Congreso su proyecto de ley de sometimiento, que busca que grupos sin reconocimiento político como el Clan del Golfo dejen las armas a cambio de penas bajas en la cárcel y de que sus capos se queden con el seis por ciento de sus fortunas, con un tope de 10 mil salarios mínimos, algo más de 11 mil millones de pesos. Sin embargo, abogados de personas vinculadas al grupo no lo consideran un incentivo suficiente si no se garantiza la no extradición.

Sin embargo, más allá de toda declaración de intenciones, la gran pregunta que se abre es cómo seguirá este proceso. El principal riesgo que puede correr es no contar con la participación de la sociedad civil o que esta sea arrastrada por temas más controversiales como la dejación de armas, el sometimiento a la justicia o la participación en política de los excombatientes. Las lecciones del pasado, en especial las de 2016 cuando el ex presidente Juan Manuel Santos convocó a la ciudadanía para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz que fue negociado entre el gobierno de Colombia y el grupo guerrillero más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre el 2012 y el 2016, con el objetivo de finalizar el conflicto interno armado que duró más de 50 años, sin que su pedagogía fuera suficiente y sin que la apropiación de su contenido por parte de la ciudadanía  pudiera desmarcarse de la idea de que, esencialmente, se trató de un pacto entre ejércitos.  Como resultado del plebiscito donde votaron 12.783.898 personas  el “no” ganó por un estrecho margen del 0,42% por encima del “sí”. El mayor porcentaje correspondió a la abstención, que fue del 62,57 por ciento.

Los cambios en las realidades desde el momento de ese Referéndum a los días actuales no parece que han llegaron con igual prontitud y en algunas regiones simplemente no han comenzado a llegar, entre ellas el conflicto entre el gobierno del presidente Petro y las AGC. A seis meses de mandato, Petro mantiene una imagen positiva en desmedro de una oposición que se ha disgregado y el apoyo ciudadano de Pacto de cese al fuego es de 62,0 por ciento.  En este marco, la cancelación oficial a la tregua respecto al Clan del Golfo ratifica la complejidad de la medida entre compromisos precisos y exigibles de los grupos armados, pero también pone a prueba la capacidad de que los funcionarios del Estado para tener iniciativas para  interpretaciones creativas y audaces ante los requerimientos de parte de esos mismos grupos.

AGB

Desde hace tres días, el terror se adueñó de Natal, la bella capital de Río Grande del Norte visitada por turistas de todo el mundo, argentinos incluidos. Bandas de delincuentes, a las órdenes de las dos poderosas organizaciones criminales, incendian y ametrallan comercios, edificios públicos y cuarteles policiales. Las acciones han paralizado la ciudad, con escuelas y hospitales cerrados, además de colectivos y autos que no pueden circular. La violencia narco se repitió en otras 29 ciudades, con al menos tres personas muertas y 38 detenidas durante las operaciones en la que intervinieron fuerzas de la policía y del ejército.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, determinado a enfrentar la pobreza, se encuentra de pronto con un drama mayor: las facciones del narcotráfico que operan en todo el país.

No es la primera vez que se instala el pánico en una ciudad importante de Brasil. Ya ocurrió antes en San Pablo, en Ceará y en el estado de Amazonas. Tal como advierte el columnista Josias de Souza, cualquiera fuera en el pasado la orientación política y social del gobierno en Brasil, “el emprendimiento delictivo (del tráfico de drogas) prevaleció sobre el Poder Ejecutivo”. En Natal, que estos días es víctima de los atentados de bandas mafiosas, actúan en forma conjunta el Sindicato del Crimen (sic) y el Primer Comando de la Capital (PCC), de origen paulista. El lugar tiene un atractivo especial: es uno de los puertos de la región dónde se embarcan las drogas rumbo a África y Europa.

El célebre PCC, que nació en los presidios de San Pablo hace casi 40 años, hoy pelea por el dominio de las rutas internacionales hacia el continente europeo. A medida que va creciendo en el negocio del narcotráfico, también aumenta su influencia en el Congreso y las Asambleas legislativas de los estados provinciales. Con esta nueva onda de violencia, provocada junto al Sindicato del Crimen, quieren evitar que se transfiera a sus “líderes” a prisiones de Río de Janeiro. Buscan, además, mantener los beneficios carcelarios de los jefes mafiosos, y que se han visto en riesgo. No hay que olvidar que los presidios brasileños están abarrotados con este segmento social de mandamases, que controlan sus propias bandas desde las celdas.

El gobierno de Río Grande del Norte, comandado por Fátima Bezerra (del PT, reelecta el año pasado), consideró que los atentados son “una reacción” a la eficacia de las fuerzas de seguridad. Pero los especialistas juzgan anodino ese argumento y destacan que hay otros problemas: celdas llenas de delincuentes, en condiciones pésimas de salubridad, con alimentación en estado putrefacto, suciedad extrema y enfermedades múltiples. A esto se suman diversas torturas ejercidas por los agentes carcelarios. Así lo reveló una inspección realizada por autoridades nacionales en diciembre último. Al decir de los especialistas del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), “la inseguridad continuará creciendo si Brasil no cambia su percepción de los presos, a los que ve y trata como bichos”.

Según el relato del Foro, en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro, la ciudad de Natal pasó a ser el punto de partida de las drogas hacia Holanda y Bélgica. Del puerto capitalino salen en la actualidad grandes cantidades de cocaína, procedente de Colombia, que ingresan en territorio brasileño a través de la frontera amazónica.

El Primer Comando de la Capital se instaló en esa región del Nordeste hace al menos 15 años e intentó, desde entonces, establecer alianzas con mafias locales. Fue así que, en 2012, nace el Sindicato del Crimen. El PCC consiguió de esta forma garantizar su expansión nacional;  y, a partir de ese momento, lo que le permitió hacerse con las rutas principales del transporte de la cocaína y pasó a tomar control de la mayoría de las prisiones nordestinas y amazónicas.

Hay con todo “una realidad paralela”, como señala Bárbara Coloniese, del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura: el Estado no ha emprendido acciones de resocialización de los detenidos, que no trabajan ni estudian; y además las “prácticas de violencia carcelaria están enraizadas”. En definitiva, son las falencias de los organismos federales las que explican la ferocidad de los atentados.

El gobierno de Lula da Silva envió a Natal, el miércoles, una dotación 100 agentes policiales de la Fuerzas Nacional. Pero esta acción oficial, promovida por el ministro de Justicia, Flavio Dino, se mostró hasta ahora insuficiente, al punto que los ataques se han propagado a 40 ciudades de Río Grande del Norte. Este es el primer levante de las mafias de la drogas producido en el gobierno Lula y se estima que no será el único.

EG

La Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal desplegaron un “complejo y coordinado” operativo de seguridad en el que se “detectó, previno y frustró” una fuga de película en uno de los penales más importantes del país.

Esteban Lindor Alvarado, el rosarino condenado a prisión perpetua por asociación ilícita y homicidio, intentó salir del penal de Ezeiza. El escape del capo narco, incluía como elemento central para la fuga un helicóptero que fue secuestrado junto a otros elementos importantes.

Según fuentes policiales, durante los últimos días, en “hermético silencio y coordinación”, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la Procunar, detectaron un plan de fuga que permitió la detención de narcos que integran el círculo de confianza de Alvarado. El líder criminal cumple condena a prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“Los investigadores lograron obtener información de inteligencia criminal que permitió conjurar un plan que llevaba más de 6 meses de planificación y que implicó la compra de un helicóptero en el extranjero mediante complejas maniobras de lavado de activos”, informaron desde los organismos de seguridad.

Los detalles del operativo se mantuvieron en estricta reserva para garantizar su éxito. “La investigación continúa y hay secreto de sumario”, afirmaron fuentes de con acceso al operativo al sitio web Data Clave. En principio los detenidos son cuatro en total, incluido Alvarado.

Además de las detenciones y el secuestro del helicóptero, se avanzó diversos domicilios de varias provincias, requisas en la cárcel federal de Ezeiza, allanamientos en un aeródromo privado, se secuestraron armas, automóviles, elementos tecnológicos y gran cantidad de dinero en efectivo.

En el caso intervienen el juez federal Ernesto Kreplak y los fiscales federales Diego Iglesias y Cecilia Incardona.

Los preparativos

Los investigadores accedieron a las conversaciones en el teléfono del piloto, al que apodan Lobo, donde quedaron registradas charlas vía WhatsApp con Alvarado -que usaba una foto de perfil con la cara de Al Capone- eran frecuentes.

Este 4 de marzo decían:

Lobo: Esta semana vamos a laburar al detalle, sabés…

Alvarado: Sí, sí. ¿Querés que hagamos la red? Bien hecha, bien atada.

Lobo: A mí me gustaría saber si aerodinámicamente no es perjudicial para nada, sería mucho mejor para la operación, pero de última. Lo estuvimos viendo ahí con el “Gringuito”, de bajar sin las puertas atrás y en los patines, ustedes suben, pegan el salto y se ve como que es viable también la operación, pero bueno, déjame que investigo un poquito lo de la red, más que nada por el tema aerodinámico.

Gringuito fue identificado como Gianluca Orpianesi, detenido este viernes en Gualeguaychú, de donde iba a partir el helicóptero. Lobo y Alvarado hablaron incluso de cómo podría subir a la aeronave, de “una red atada a los patines”.

“Para mí va a ser lo mejor y en la aerodinámica no afecta porque va ser tipo red de arco. Con sogas más gruesas”, especificó Alvarado. El piloto, en otro momento, le sugiere comprar “dos GoPro”, para tal vez filmar la fuga.

“Lobo, miro videos y no se van ni a rescatar. Va a ser tan rápido, que no le vamos a dar tiempo a nada, tenés que encarar directo como te marqué yo”, le dijo el capo. Así, establecieron un tiempo de aterrizaje: “Máximo, 20 segundos”.

La fuga consistía en aterrizar el helicóptero en el patio o la cancha de fútbol del módulo donde Alvarado estaba preso y luego volar hacia un punto en General Rodríguez. Allí, los esperarían miembros de su banda, armados y con una flota de vehículos a disposición.

Indagatorias y un prófugo 

Los cuatro detenidos por el intento de fuga de Alvarado de la cárcel de Ezeiza serán indagados este lunes por la Justicia Federal, mientras los investigadores continúan la búsqueda de un quinto sospechoso apodado Lobo, quien que era el piloto del helicóptero y logró escapar cuando aterrizó la aeronave en un campo del partido bonaerense de General Rodríguez.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que tres de los detenidos serán indagados por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por el delito de “facilitación de evasión y asociación ilícita” mientras que el cuarto, que es el propio Alvarado, será imputado por el delito de “asociación ilícita y evasión en grado de tentativa”.

Marco Estrada González, el capo narco que implantó el terror en la villa 1-11-14 fue uno de los pioneros, pero otros continuaron con la modalidad donde la cárcel no es un impedimento para seguir manteniendo el negocio del narcotráfico.

En su caso se comprobó que, estando detenido en el penal de máxima seguridad de Marcos Paz, seguía dando órdenes para mantener el negocio del narcotráfico en la villa de Bajo Flores. Su logística se mantuvo intacta, hasta poco antes de ser finalmente deportado a Perú tras recibir una condena en 2022.

Este fue uno de los casos que expuso la Procuraduría de Narcocriminalidad sobre la delicada situación que se da en varios penales federales de la Argentina, donde los capos narco mantienen intacta su estructura. Sus celdas no son un impedimento para mantener el negocio.

Otro de los casos que expuso la fiscalía especializada, conducida por Diego Iglesias, es el de Mario Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”. A través de teléfonos celulares, cartas escritas de puño y letra encriptadas y las visitas que recibía de familiares, continuaba manejando el negocio de la droga. En su propia celda, se le secuestró una tablet con la cual enviaba y recibía correos electrónicos.

Desde la Unidad 43 hubo otro caso, donde el narco Alejandro González impartió órdenes para mantener el negocio de la droga en la zona Sur, más precisamente el partido de Lomas de Zamora. Llegó a ordenar el asesinato de un miembro de un clan rival.

Otro ejemplo es el de Néstor Rojas, detenido en el penal de Ezeiza, quien ordenó meter un cargamento de droga a nuestro país desde Paraguay mediante el uso de teléfonos celulares.

Más conocido es el caso de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de “Los Monos”, quien impartía órdenes en el manejo de la droga y hasta encargó un secuestro extorsivo. Tenía un teléfono fijo en la Unidad 1 de Coronda, en la provincia de Santa Fe. Además, cuando estuvo un tiempo detenido en la Unidad 6 de Rawson, daba órdenes por teléfono sobre tareas del narcotráfico.

El informe elaborado por la Procuraduría expone casi una veintena de casos, donde capos narco siguen manejando el negocio de la droga y delitos conexos como las balaceras desde el interior de la cárcel. Mediante teléfonos celulares, tabletas, teléfonos fijos, visitas y otros métodos ingeniosos, siguen manteniendo el negocio y el terror asociado al narcotráfico.

El informe fue hecho a raíz de varias tareas de investigación que se realizaron en los últimos años, y fue entregada al Procurador interino en 2021. Sin embargo, en la situación actual nada cambió, ya que al día de hoy se sigue dando la misma modalidad.

LC con información de agencia NA

Policía Federal allanó los penales de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza por orden de juzgados federales de Morón, Rosario y fiscales de esta última ciudad en búsqueda de narcos que siguen operando desde esos establecimientos de máxima seguridad, entre ellos el líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero.

Los operativos los hace Policía Federal por orden del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, y el de Morón, Jorge Rodríguez, en trabajo conjunto con la PROCUNAR, la fiscalía anti drogas a cargo de Diego Iglesias, así como fiscales que investigan el crimen organizado en Rosario que encabezan Matías Edery y Luis Chiapa Pietra. 

La búsqueda de celulares es porque se sospecha que desde esos penales se imparten órdenes para cometer distintos hechos de violencia -Cantero se encuentra en Marcos Paz-, y en este caso en particular se trata de dos hechos recientes: la balacera en noviembre al instituto de Marcos Paz y el asesinato en Rosario de Lorenzo Altamirano, quien fue secuestrado y abandonado en la puerta de la cancha de Newell's Old Boys con disparos en su cuerpo.

Junto al cuerpo de Altamirano, quien fue dejado en el lugar con tres disparos, los asesinos dejaron un cartel: “Damián Escobar y Leandro Vinardi. Gerardo Gomes! Dejen de sacar chicos del club para tirar tiro en Rosario”.

Vinardi, Escobar y Cristian Avalle, este último también mencionado en otro cartel en otra balacera protagonizada ese mismo día, son laderos de Cantero y los tres están presos en Ezeiza. Por eso, parte de los allanamientos consistieron en ir a sus celdas para ver si se da con algún indicio de aquel caso.

En Rawson, están detenidos Leandro “el Gordo” Vilches, Rodolfo Héctor Marini y Alexis Camino, ellos tres pertenecientes a una facción rival, por lo que se sospecha que se está protagonizando un enfrentamiento interno entre distintos grupos de la banda “Los Monos”.

El otro hecho por el cual allanaron a Cantero en Marcos Paz es porque en noviembre pasado al frente de ese penal, en una obra lindante donde se está haciendo una ampliación del complejo, un auto disparó doce balazos lo que fue interpretado como un apriete por la detención allí del líder de la banda narco criminal.

LC con información de agencia NA

A horas de la balacera en el frente de un supermercado que pertenece a la familia de la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, cuya investigación está en curso y no hay detenidos en la causa, en un hecho que sacudió al arco institucional del país, el ministro del Interior, Wado de Pedro, firmó este viernes en Casa Rosada un convenio con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que habilitará a las fuerzas de Seguridad de la provincia para la utilización del SIS (Sistema de Identificación Segura) y el financiamiento para la adquisición de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial de última generación para la ciudad de Rosario, con el fin de brindar apoyo a la política de seguridad en la provincia.

El acto tuvo lugar en el Salón de los Escudos donde de Pedro y Perotti firmaron el primer convenio con una provincia para la aplicación de esta tecnología, desarrollada por el RENAPER, que pondrá a disposición sus capacidades en materia de identificación para apoyar el trabajo del Gobierno Provincial y sus fuerzas policiales.

Mediante el uso de este sistema, los efectivos del Gobierno provincial podrán realizar la identificación biométrica inmediata y segura de prófugos o personas con antecedentes penales.

Por otra parte, en esta primera etapa, Interior otorgará financiamiento para la instalación en la zona de Rosario de cámaras de vigilancia de última generación en la vía pública, permitiendo el reconocimiento facial inmediato de personas con pedido de captura en la vía pública en Rosario.

La firma del convenio se produjo un día después de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en Rosario.

Este jueves, el presidente Alberto Fernández expresó que “el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio” en la ciudad en Rosario, y consideró que “algo más habrá que hacer” para combatirlo.

“Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije 'pongámonos en marcha ya', porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer”, indicó ayer Fernández durante su discurso en La Poma, Salta, donde entregó la vivienda 90.000 de su gestión.

El enojo de Perotti con Aníbal Fernández

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, repudió en las últimas horas de forma “total” los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, sobre la victoria de los narcos en Rosario.

Luego de la amenaza contra el capitán de la Selección Nacional de fútbol Lionel Messi, Perotti encabezó una reunión con su ministro de Seguridad, el jefe de la Policía y el titular de la Corte Suprema de Santa Fe, entre otros funcionarios locales.

“Rechazamos las expresiones del ministro de Seguridad. Repudio total a esas expresiones”, se quejó el mandatario provincial, luego de que Aníbal Fernández afirmara: “Los narcos han ganado”.

En conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Seguridad provincial, Perotti agregó: “Nosotros creemos que es una situación que podemos superar y que Rosario va a estar siempre en manos de rosarinos y rosarinas de buena fe y no de estas lacras”.

Además, el gobernador se refirió a las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que señaló que “algo más que hay hacer” en Rosario desde lo nacional.

“Me parece una respuesta mejor que la del Ministro, porque hay que hacer algo más. Si esto es lo que tiene el Ministro para dar, no alcanza. Rosario espera y necesita algo más”, enfatizó.

Al ser consultado sobre si debía renuncia Aníbal Fernández, algo que fue reclamado por la oposición, Perotti sostuvo: “El Presidente es quien nombra y remueve a sus colaboradores, no es una valoración nuestra, sí es mi deber como gobernador expresar cuando no estoy de acuerdo, y en eso sí no estoy de acuerdo”.

El encuentro del Comité de Seguridad santafesino se dio después de que un supermercado perteneciente a la familia de Antonella Roccuzzo fuera baleado en horas de la madrugada.

En el lugar se encontró una nota que decía: “Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”.

Con información de agencias.

IG

Las balaceras en la ciudad de Rosario es un fenómeno violento que creció a niveles impensados y que amerizó la atención directa de la Justicia: tres fiscales especializados en ese tipo de hechos donde se dan a diario una decena de casos.

Las fiscalías especializadas en las balaceras son tres y en las mismas están la fiscala Valeria Haurigot y los adjuntos Pablo Socca y Federico Rébola, este último quien interviene en la causa que tuvo como víctima a la familia de Antonela Roccuzzo por los disparos que recibió un supermercado propiedad del padre de la esposa de Lionel Messi.

Todas se crearon en septiembre de 2020 a partir que se observó un fenómeno violento en aumento por parte de las organizaciones vinculadas al narcotráfico y que es utilizar la violencia como negocio, concretamente balaceras a viviendas particulares, pero también a institutos penitenciarios, medios de comunicación, casas de funcionarios y otros lugares.

Desde entonces, esas tres fiscalías intervienen en los múltiples hechos que se dan con un nivel que hoy en día marca unos diez casos diarios, según fuentes consultadas por Noticias Argentinas.

Muchas de las balaceras se comprobó que fueron ordenadas por capos narcos que están detenidos en cárceles de máxima seguridad, y donde se les secuestraron teléfonos celulares.

A Guillermo Cantero, líder de la banda Los Monos, incluso, le encontraron una línea fija en su celda de Marcos Paz, un penal de máxima seguridad y del cual se sospecha ordenaba los ataques violentos además del negocio del narcotráfico.

Unidad de Balaceras

La Unidad de Balaceras surgió en mayo de 2022 de “un trabajo mancomunado y dirigido con apoyo de la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA)”, aseguraron en su momento desde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y trabaja allí personal especializado para este tipo de abordajes integrales con el objeto de brindar apoyo a los investigadores.

La Unidad Especial aborda las causas complejas que están relacionadas a extorsiones y balaceras y su misión es desarticular las bandas criminales que actúan en diferentes barrios de la región.

Con información de NA.

IG

La Justicia federal de Rosario, encargada de investigar y juzgar el narcotráfico y la criminalidad organizada en la ciudad más afectada por la violencia narco, tiene actualmente 18 cargos creados y sólo 10 están ocupados por jueces y fiscales titulares. Es decir, más del 40% de los cargos están vacantes, de acuerdo a las estadísticas públicas y las consultas oficiales realizadas por elDiarioAR. La parálisis no tiene un año ni dos, lleva varios años y descansa en las espaldas de opositores, jueces, abogados, académicos y oficialistas, incluido el presidente Alberto Fernández y el Senado, presidido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Ganaron los narcos”, dijo este jueves el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, en declaraciones a Todo Noticias (TN).

A la falta de jueces y fiscales titulares, se suma otra parálisis: el gobierno de Fernández (a través del Ministerio de Justicia), el Congreso Nacional y la Procuración General de la Nación debían implementar juntos el sistema acusatorio en la Justicia federal de la provincia de Santa Fe a partir de 2020. 

El sistema acusatorio es el mismo que utilizan Estados Unidos y toda Latinoamerica. Fue votado por las distintas fuerzas políticas en el Congreso y cambia el procedimiento: los fiscales pasan a estar a cargo de las investigaciones, los tiempos se acortan, se agilizan los juicios y se aplican herramientas que permiten multiplicar los recursos humanos, como la figura de los fiscales auxiliares. 

Se creó una comisión bicameral en el Congreso especialmente dedicada a implementar este sistema en tandas de dos provincias. El acusatorio ya funciona en Salta y Jujuy y la Bicameral, presidida por el Frente de Todos, debía ponerlo a funcionar en Santa Fe y Mendoza a partir de diciembre de 2019, sin éxito.

En la Asamblea Legislativa del miércoles, el Presidente dijo en su discurso: “Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”.

Ni la reforma judicial de Fernández ni las propuestas para crear nuevos cargos judiciales suenan a soluciones posibles en Rosario. “No se necesita que se creen más juzgados ni más fiscalías. Con que se completen las vacantes actuales y se implemente el acusatorio, avanzaremos mucho. Pero el problema de Rosario es multicausal: no sólo faltan jueces y fiscales federales. Se trabaja con una policía mal paga, mal capacitada y corrupta. Gran parte de la clase política está cooptada por el narco y el crimen organizado ha cooptado grandes sectores sociales, financieros y económicos”, explicó a elDiarioAR uno de los hombres que mejor conoce la problemática de esta ciudad y trabaja día a día en contacto con jueces, fiscales, funcionarios y policías en territorio rosarino.    

Quién elige a los jueces

Los jueces federales de todo el país se designan por concurso en el Consejo de la Magistratura, presidido por presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, desde hace un año. El organismo está integrado por diputados y senadores de la oposición y el Frente de Todos (FdT), además de jueces que representan a sus pares, abogados y académicos. 

Además de realizar los concursos, los consejeros deben elaborar las ternas (tres candidatos) para enviar a los elegidos al Ejecutivo. Para ello, se requiere del consenso y la negociación entre todos los sectores que conforman el organismo. De allí, que el Consejo de la Magistratura se convirtió en el escenario de pujas, acuerdos y disputas entre la política y los jueces por el diseño del poder Judicial: quien tiene más poder en este organismo, tiene más jueces en el sistema.

Tras recibir la terna, el Presidente debe elegir a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura y enviar el pliego del posible juez al Senado. Luego, los senadores deben evaluar y votar el pliego o rechazarlo. En el caso de los jueces y fiscales federales y nacionales sólo se requiere una mayoría simple en la votación.

El procedimiento para nombrar fiscales federales es similar pero lo realiza otro organismo: la Procuración General de la Nación. Es por concurso y también se elabora una terna que se envía al Presidente. Luego el Senado, evalúa y vota al candidato enviado por el Ejecutivo.

¿Y en Rosario?

Rosario tiene cuatro juzgados federales de primera instancia. De los cuatro, uno no tiene juez titular. Es decir, el 25% de la Justicia federal de primera instancia, que debe iniciar las investigaciones por narcotráfico, está vacante. Al menos desde principios de 2022, El Presidente envió el pliego de su candidato al Senado en los últimos meses, según el sitio del Consejo de la Magistratura. 

La Cámara Federal de Apelaciones debería tener otros seis jueces. Su función es revisar las sentencias de los jueces de primera instancia y permitir que avancen las investigaciones. En junio de 2022, Fernández envió al Senado el pliego de su candidata a camarista de la Sala B. También envió otro cargo para la Sala A del tribunal. El Senado votó a la jueza propuesta por el Presidente y ya está en funciones. El otro cargo permanece vacante, de acuerdo al sitio del Consejo de la Magistratura.

La ciudad tiene dos tribunales orales federales, que son los encargados de llevar adelante los juicios por narcotráfico y dictar sentencias. Uno de los tribunales está totalmente vacante. El Ejecutivo envió dos pliegos al Senado y aún debe enviar el tercero para completar los cargos del tribunal número 2. 

De las siete fiscalías federales de Rosario, sólo tres tienen fiscales titulares. El resto se cubre con fiscales subrogantes: faltan dos fiscales titulares de primera instancia; además de un fiscal general de Cámara que mantenga las apelaciones de los fiscales contra los planteos de las defensas de los acusados de narcotráfico; y un fiscal titular de tribunal oral para llevar adelante los juicios, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público Fiscal a las que accedió este diario.  

Sólo por caso, en mayo último el procurador Eduardo Casal envió una terna de candidatos para cubrir la fiscalía federal número 2 de Rosario, pero el presidente todavía no eligió a su candidato para enviar el pliego al Senado. 

ED

Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, habló este jueves sobre la balacera que sufrió un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo en la ciudad de Rosario, y la amenaza que recibió su hijo: “Messi te estamos esperando, Javkin es narco no te va a cuidar”.

“Estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”, dijo Celia, según trascendió de un mensaje que le envió a Maite Peñoñori, panelista del programa Intrusos, quien lo publicó en su cuenta de Twitter.

En medio del movimiento ocurrido tras el ataque a tiros, la familia Roccuzzo decidió abrir las puertas del supermercado. Desde el entorno familiar trascendió en la prensa local que la decisión de abrir el local tuvo que ver con la intención de tranquilizar los ánimos en el barrio rosarino.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando al menos dos personas balearon el supermercado y dejaron una amenaza para Messi, donde también mencionaron al intendente Pablo Javkin.

LC con información de agencia NA

El presidente Alberto Fernández dijo que “el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio” en Rosario, y consideró que “algo más habrá que hacer” para combatirlo, luego de que un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro del fútbol Lionel Messi, fuera atacado a balazos esta madrugada.

“Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije 'pongámonos en marcha ya', porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer”, declaró el Presidente durante un discurso en La Poma, Salta.

Asimismo, el mandatario señaló que “en Rosario el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio” y, en este sentido, aseveró que “hay que hacer algo por los rosarinos y santafesinos, que son argentinos”.

Fernández reflexionó sobre el trabajo mancomunado que se está haciendo por “la Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo para seguir desarrollándose y por la Argentina que está en la Poma y que necesita definitivamente del apoyo del estado nacional para seguir creciendo”. Lo hizo en el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad en la ciudad salteña, con las que se alcanzan las 90.000 viviendas otorgadas en todo el país.

Más temprano, fuentes oficiales informaron del diálogo que el Presidente mantuvo con el intendente Javkin. Según confirmaron, el jefe de Estado y el jefe comunal “intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo”.

Además, desde la Casa Rosada se aclaró que en el diálogo de hoy, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios. “Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después”, señalaron las fuentes. Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada.

“Messi te estamos esperando, Javkin es narco no te va a cuidar”

El supermercado que pertenece a la familia paterna de Roccuzzo, sufrió una balacera en la madrugada de este jueves en la ciudad de Rosario, por delincuentes que dejaron una nota intimidatoria para el capitán de la Selección Argentina.

El hecho ocurrió minutos antes de las tres de esta madrugada en el “Supermercado Único”, ubicado en la calle Lavalle al 2500 de dicha ciudad, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Fuentes judiciales indicaron quelos autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban en una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación. La fiscalía informó que “se constataron 14 impactos en el frente del local comercial” y “se recogieron 12 vainas servidas en el lugar”, mientras que la nota manuscrita fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

“Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación”, agregaron desde la fiscalía.

LC con información de agencia Télam

El presidente Alberto Fernández habló con Pablo Javkin, el intendente de Rosario, luego del ataque a tiros a un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y la amenaza mafiosa a su esposo, el futbolista Lionel Messi.

El diálogo se produjo mientras el mandatario se trasladaba al distrito salteño de La Poma, donde encabezó un acto de entrega de viviendas. “Hablé con el Presidente, que estaba en helicóptero llegando a Salta. Hablamos un ratito y quedamos en hablar de nuevo después”, declaró el rosarino.

En diálogo con Radio Rivadavia, el intendente afirmó que durante la breve charla el jefe de Estado “se solidarizó” ante el violento hecho. “Intercambiamos opiniones sobre cuáles son las hipótesis que tiene cada uno”, añadió Javkin, quien recordó el encuentro que mantuvo la semana pasada con el mandatario.

En ese sentido, el jefe comunal de Rosario subrayó que, a su entender, el violento panorama narco en la ciudad “se puede resolver y rápido” con “más presencia en calle y más control en cárceles”. “Tiene que haber accionar para defendernos. Tienen que priorizar a Rosario”, reclamó.

Furioso por este nuevo ataque violento, Javkin dijo: “Me calienta la alevosía del hecho, la no persecución, la impunidad”. “Acá dudo de todo. Tuve una reunión hace dos días con el gobernador (de Santa Fe, Omar Perotti) y las Fuerzas Federales y provinciales en la que hablamos del delito en la ciudad de Rosario y una de las zonas que mencionamos es muy vecina a ese lugar y fuimos muy explícitos en relación a la falencia de las Fuerzas en su despliegue para el cuidado de esos barrios y eso hoy sucedió ahí. Dudo de todo y de todos. No dudo del gobernador, pero sí de la Policía de Santa Fe”, lanzó.

En esa línea, Javkin reconoció que “siempre la primera hipótesis es una banda mafiosa” vinculada al narcotráfico, aunque advirtió que en este caso “no hay una extorsión” contra la familia Roccuzzo. “Yo soy intendente, aparezco mencionado en la nota, pero no tuve ninguna notificación de ninguna Fuerza de Seguridad: me enteré por un periodista. Es algo a esclarecer de manera urgente”, dijo en referencia a la amenaza al futbolista.

Y concluyó: “Hablé con el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) y le dije que dudo de que en esto no tengan involucramiento las personas que tienen que cuidarnos, incluidas las Fuerzas que tiene desplegadas el Ministerio acá. También hablé con el Presidente y le planteé lo mismo. Por acción u omisión esto sucede y en las zonas donde planteamos que debía haber Fuerzas cuidándonos”.

El intendente también reclamó la presencia de Alberto Fernández en Rosario, para conocer de primera mano la situación de violencia que padece la ciudad desde hace décadas. Fuentes oficiales indicaron que en esa primera conversación telefónica, Javkin “no le pidió que fuera”. “Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después”, señalaron allegados al Presidente.

LC con información de agencia NA

El director técnico de Newell's Old Boys de Rosario, Gabriel Heinze, dijo este jueves que el ataque al supermercado del suegro de Lionel Messi lo “aleja” de un posible regreso a la Argentina para vestir la camiseta de su club.

“Me acabo de enterar. Empecé muy temprano (a trabajar) y me lo comunicaron. Esto lo aleja a Leo y a cualquier otro chico que le gustaría volver”, lamentó el entrenador en conferencia de prensa.

“Pienso que es una locura. Estoy pensando que es nuestro jugador y también por la relación que tengo, pero también por lo que le pueda pasar a otra personas. Te hace pensar si vale la pena, si te dan lugar para hacer las cosas que uno siente, en una ciudad tan linda...”, comentó Heinze a los periodistas en el predio de Bella Vista.

El ataque al supermercado de la familia Roccuzzo sucedió en la madrugada de hoy cuando dos individuos se bajaron de una moto y uno de ellos baleó el frente del local antes de dejar el siguiente mensaje: “Messi, te estamos esperando, (Pablo) Javkin es narco y no te va a cuidar”.

El ataque a Messi recibió un repudio generalizado de diferentes figuras públicas y del propio intendente de la ciudad santafecina, Pablo Javkin, admitió dificultades para controlar la situación por no manejar a la Policía de la localidad.

LC con información de agencia Télam

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, aseguró este jueves que la balacera contra el supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa del 10 de la Selección Lionel Messi, es un hecho “típico de los que sucede en Rosario desde hace más de 20 años” y, aunque consideró que los narcos “ganaron”, dijo que la “situación hay que revertirla”.

“Los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo, por eso estamos con personal de las cuatro fuerzas trabajando en el lugar, porque estamos convencidos que es el camino”, declaró el funcionario a la prensa, al tiempo que contó que dialogó con el presidente Alberto Fernández sobre el tema.

El ministro explicó que el ataque a tiros al frente del supermercado, en el que dos sicarios dejaron una nota amenazante contra la familia Messi, lo “sacudió a primera hora de la mañana” pero aseguró que “fue algo típico de lo que sucede en Rosario hace 20 años”.

“Desde que asumí, dijimos que íbamos a instalar a personal avezado, que sigue trabajando allí. Vamos a profundizar esa tarea”, dijo Fernández y aclaró que el lugar donde ocurrió el ataque mafioso no estaba “dentro de las fajas” elaboradas en el mapa del delito en el que trabajan las cuatro fuerzas federales de seguridad y la policía provincial.

Por otra parte, el funcionario nacional cuestionó al intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, quien exigió al Gobierno Nacional mayor seguridad: “El intendente de una ciudad de una provincia tiene que hablar con la gente de la provincia”, apuntó.

“El año pasado se hicieron 2050 procedimientos con 2077 detenidos, no es que hay tierra de nadie. Las personas detenidas son todas con antecedentes. Es una situación compleja que hay que atacarlas definitivamente. A las acciones siempre vamos a encontrar reacciones y trabajamos con todo lo que tenemos”, dijo el titular de la cartera, quien agregó que en Santa Fe fueron asignados 3500 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad federales.

Por otro lado, Fernández explicó que los hechos que se registran en Rosario están vinculados a ajustes entre cuatro grandes bandas vinculadas al narcomenudeo y mencionó a los clanes familiares de “los Funes, los Cantero o los Alvarado”.

“El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande y alguien tiene que hacerlo para revertirlo”, sentenció Aníbal Fernández y cuestionó al gobierno de Mauricio Macri: “En cuatro años no hicieron nada, en 2022 detuvimos 2077 personas porque fuimos a ello. Hay personas que estaban detenidas con sentencia firme que los dejaban salir. Algo esta pasando, yo no les cargo las tintas a (al gobernador Omar) Perotti porque lo heredaron, fueron 20 años”, finalizó.

LC con información de agencia Télam