Desde 2016, cuando la Corte Suprema pasó a estar integrada por cinco jueces, el poder en el máximo tribunal tiene nombres pero también un número: tres. Esa es la cantidad de jueces que se requiere para confirmar una mayoría que permita tomar decisiones tanto jurídicas como administrativas y de gestión. Es el número de cartas que los dos jueces más poderosos del máximo tribunal en los últimos 16 años, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, han estado barajando para conservar o intentar conservar el poder supremo.

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere someter a juicio político para impulsar la destitución de sus integrantes está atravesada con una interna suprema, nunca antes vista por abogados, magistrados y colaboradores que habitan el Palacio de Justicia, según reconocieron ante las consultas de elDiarioAR. Todos los consultados hablaron en off the record. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques que actualmente parecen de acero: la mayoría o el trío (integrado por el actual presidente Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

Algunos de los consultados en las últimas semanas han sostenido que la avanzada oficialista sobre los cuatro jueces podría obligarlos a unirse. Al fin y al cabo, resaltan, abroquelarse frente a un adversario común es la tendencia en el máximo tribunal últimamente. 

Otros creen que no hay vuelta atrás y que la enemistad entre Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz frente a Lorenzetti es irremediable. La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tendrá que elevar demasiado la temperatura para derretir el acero que los separa.

El diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), vicepresidente de la comisión parlamentaria y integrante del bloque que viene pidiendo el juicio político de Lorenzetti desde al menos 2017, dijo a elDiarioAR en una nota del domingo último: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte se profundizó con el fallo a favor de la demanda de Ciudad por la coparticipación de la recaudación de los impuestos nacionales, que le quitó fondos al Ejecutivo Nacional. A diferencia de otros fallos centrales del tribunal, esta vez Lorenzetti votó en sintonía con el trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz.

El juicio político contra los jueces de la Corte no prosperaría, al menos con la composición actual en Diputados y Senado: “Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados en la comisión para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, aseguró el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a este medio.

elDiarioAR se comunicó con voceros y allegados de los jueces Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti pero en los dos primeros casos declinaron responder sobre las internas de poder, las denuncias en su contra y el pedido de juicio político por el momento. En el caso del presidente del tribunal, aún no respondieron.

La otra Corte

De los siete miembros que se había conformado durante la presidencia de Néstor Kirchner, habían quedado apenas tres integrantes a finales de 2015, a causa de las muertes durante 2014 de Carmen Argibay Molina y Enrique Petracchi y la jubilación de Raúl Zaffaroni, y el retiro de Carlos Fayt en septiembre de 2015.

Lorenzetti, Maqueda y Highton siguieron en el tribunal y en 2016 el presidente Mauricio Macri nombró por decreto, saltándose el procedimiento impuesto por la Constitución Nacional, a los abogados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti (quien llegó con el apoyo de Elisa Carrió). Poco después, Macri debió enviar los pliegos de ambos jueces al Senado para cumplir con la Constitución.

La integración de cinco jueces fue impuesta por el kirchnerismo en 2006, con la sanción de  la Ley Nº 26.183, que dispuso reducir el número de ministros a partir de futuras salidas de los magistrados (que entonces eran siete).

Lorenzetti conservó la presidencia. A partir de 2016, comenzó a funcionar la mayoría de tres para sacar fallos o tomar decisiones internas de poder, pero los tríos eran circunstanciales. 

Por ejemplo, entre 2016 y 2018, existió “la mayoría peronista”, como el gobierno de Macri llamó a la alianza entre Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, quienes acordaban fallos que disgustaban al macrismo. 

Pero en 2018, el estilo “personalista” de Lorenzetti engendró otro trío, entonces conformado por los últimos dos jueces incorporados al tribunal y Highton, quienes impulsaron en las sombras el desplazamiento de Lorenzetti de la presidencia para nombrar en ese cargo a Rosenkrantz. La interna trepó a niveles inéditos, que se acrecentaron todavía más a partir de 2021.

Última etapa

La Corte quedó integrada por cuatro jueces a finales de 2021, cuando la jueza Elena Highton de Nolasco, única mujer y vicepresidenta del tribunal, decidió jubilarse aunque haía resistido su salida con un amparo. Fue luego de que el trío integrado por Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz votó a Rosatti como presidente del tribunal. 

La costumbre de votarse a sí mismo para el cargo más importante de la Corte no fue inaugurada por Rosatti. Fue una táctica del ex juez Julio Nazareno para mantenerse en la presidencia durante los 90 y ya lo había hecho Rosenkrantz en 2018, pero con el voto forzado de Lorenzetti, a quien Maqueda -otrora aliado indiscutido del juez de Rafaela- convenció de fingir el apoyo a su sucesor impuesto para guardar las formas, como contó la periodista Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte, que, junto con Los Supremos, detalla la historia reciente del máximo tribunal, las personalidades de sus integrantes y sus pujas de poder internas y externas. 

La diferencia en 2021 fue que la designación de Rosatti ocurrió en septiembre, durante un acuerdo extraordinario convocado antes de tiempo, cuando Lorenzetti se encontraba de viaje oficial por el extranjero. Highton, que había sido clave para desplazar a Lorenzetti en 2018, solicitó formalmente que se aguardara a la llegada del juez de Rafaela para la votación, pero el nuevo trío avanzó de todas formas. 

Rosatti sólo pudo ser elegido con su propio voto porque no alcanzaba sólo con el apoyo del presidente saliente, Rosenkrantz y Maqueda. Highton renunció a la Corte poco después y el tribunal quedó atravesado por la disputa de poder interno entre el nuevo trío consolidado (Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz) versus Lorenzetti, quien no renunció a disputar a su manera el poder en el tribunal. O al menos a vengarse de las “traiciones” de 2018 y 2021.

Rosatti y Lorenzetti tienen perfiles muy diferentes. “Durante su presidencia, Lorenzetti buscó siempre que los fallos reflejaran un equilibrio de decisiones que favorecieron a veces y perjudicaran otras a los grupos de poder externos a la Corte (el Gobierno de turno, Clarín, la oposición, los empresarios) y gestionó su poder construyendo una relación muy fuerte con los jueces, en especial con los federales de Comodoro Py. Rosatti, en cambio, construyó su liderazgo desde la confrontación con el gobierno actual y buscando la unión de los jueces abriendo el juego por afuera de Comodoro Py”, afirmó un jurista que conoce de primera mano el funcionamiento de la Corte. 

El nuevo trío tiene ciertas características llamativas: Maqueda, el juez más antiguo del tribunal -lleva dos décadas-, de bajo perfil y sin vocación de presidir la Corte, “viene votando en sintonía con Rosenkrantz, quien se encuentra en las antípodas ideológicas y jurídicas” del juez cordobés, explicó a este medio un hombre del mundo judicial. “Lo unió el adversario común, Lorenzetti”, explica otro magistrado, al tanto de las intimidades del máximo tribunal. 

ED

El Gobierno nacional oficializó este viernes la aceptación de la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia, que se hará efectiva a partir del 1 de noviembre.

El decreto de aceptación lleva el número 747 y lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro de Justicia, Martín Soria.

Highton de Nolasco, quien fue la primera mujer en integrar el máximo tribunal de justicia del país, había anunciado su renuncia al máximo tribunal el 5 de octubre último.

La jueza había ingresado a la Corte Suprema en 2004, propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández criticó este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, la tapa del diario Clarín en referencia a la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco como miembro de la Corte Suprema de Justicia.

“Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que ”el Gobierno pierde su único voto en la Corte“. Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su ”único voto“, ¿de quiénes son los cuatro votos restantes?”, posteó el mandatario.

Este martes, Highton de Nolasco comunicó públicamente algo que, horas antes, le había anticipado al Presidente vía telefónica, que dejaba a partir del 1° de noviembre su lugar en el máximo tribunal de Justicia.

Esta situación dejará a la Corte con solo cuatro integrantes y abrirá la carrera para encontrar su reemplazante. En medio de rumores de internas, acrecentadas desde el nombramiento de Horacio Rosatti al frente del tribunal, el expresidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que hay “muchos trascendidos y generan confusión. Hay que ubicarlo en un contexto histórico porque la responsabilidad institucional frente a la población es muy importante y no se puede dar una imagen de disputas internas. Creo que la Corte seguirá funcionando normalmente”.

Rosatti fue electo presidente de la Corte tras votarse a sí mismo, con el apoyo de su antecesor y ahora vice, Carlos Rosenkratz y Juan Carlos Maqueda. En la sesión virtual para determinar las autoridades del tribunal, estuvieron ausentes Highton y Lorenzetti. Este último, se justificó al afirmar que se encontraba “en un zoom, porque yo fui designado por el Estado argentino para representarlo en un organismo de Naciones Unidas que sesiona para elaborar acuerdos internacionales. No es un zoom de una conferencia que se puede suspender”, argumentó.

Ahora, Alberto Fernández deberá buscar el nombre del reemplazo de Highton, quien, aseguran, será una mujer, para acercarse algo a la paridad de género, que lejos está de primar en la Corte. Una vez propuesto al sucesor o la sucesora, el pliego irá al Senado, donde deberá ser aprobado por dos tercios de los legisladores. Justo en medio de los coletazos por las PASO del 12 de septiembre en las que el oficialismo fue derrotado en la mayoría de los distritos del país y rumbo a las legislativas, donde el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se disputarán el control de ambas cámaras. 

IG

El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti lamento este miércoles la renuncia de su colega Elena Highton de Nolasco y declaró que “no ha dado una razón específica” sobre su salida. El expresidente del máximo tribunal dijo que la dimisión se trata de “un problema interno” del organismo y que “no se puede dar una imagen de que lo único que hay son disputas internas”.

En diálogo con Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos) aseguró: “La Corte va a seguir funcionando normalmente”.

Las declaraciones de Lorenzetti ocurren luego de que la jueza Elena Highton de Nolasco renunciara este martes a su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández y luego de haber permanecido 17 años en el cargo, con lo que el máximo tribunal del país quedará con cuatro miembros y ninguna mujer.

“Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente de la República con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de Jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con efectos a partir del 1 de noviembre del corriente año”, señala la misiva fechada el 30 de septiembre pero difundida hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin mencionar los motivos, la jueza de 78 años concluyó así un período de 17 años como miembro del máximo tribunal y luego de haber conseguido mediante un amparo la extensión de hecho del límite de 75 años para ser parte de la Corte fijado en la reforma constitucional de 1994.

Por otro lado, Lorenzetti fue consultado sobre por qué no se resuelven de manera más rápida determinadas causas importantes en la Justicia: “Estamos sacando una enorme cantidad de causas penales, muchísimas”, aseguró mientras que planteó una reforma del sistema judicial: “Hay una saturación y por eso planteamos ya a todos los poderes que esto se reforme porque no hay manera de que este sistema funcione bien si no hay una reforma legal. La Corte tiene una cantidad de causas penales que no debería tener, es imposible”.

Y agregó: “En materia penal hay que hacer una reforma profunda del sistema porque no hay leyes que lo ordenen. En materia federal estamos a medio camino desde hace años entre un sistema acusatorio y otro distinto. Hay muchísimas vacantes judiciales, por eso se demora todo y hay crisis importante”

Desacuerdo con la elección de Rosatti

Ricardo Lorenzetti había cuestionado la elección de Horacio Rosatti como titular del Máximo Tribunal en una carta que le envió a sus pares, en la cual afirmó que se realizó mediante un procedimiento “irregular” por el cual se repiten “vicios moral y jurídicamente descalificados”.

Con respecto al desacuerdo, este miércoles consideró que “la elección de presidente de la Corte siempre se hizo por acuerdos ordinarios y esta fue una excepción, fue un acuerdo extraordinario. Yo no estaba simplemente en un zoom, yo fui designado por el Estado argentino para representarlo en un organismo de Naciones Unidas que sesiona para elaborar acuerdos internacionales. No es un zoom de una conferencia que se puede suspender”.

Y cerró: “Me pareció que la renovación de la Corte que iniciamos en el 2005 se basó en principios que debemos sostener. Yo no cambio mis principios. Votarse a sí mismo es una posición jurídica legítima, yo expresé la mía. Eso no significa invalidar nada del resto de la Corte”

AB

23 de septiembre de 2021: se renuevan las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti es el nuevo presidente por tres años a pesar de que Elena Highton de Nolasco había intentado seguir como vice presidenta de un nuevo período de Carlos Rosenkrantz -o del regreso de Ricardo Lorenzetti- y de que había solicitado sin éxito la postergación del acuerdo para evitar que la grieta cortesana tomara estado público, tal como sucedió con una virulencia inusitada.

5 de octubre de 2021: Elena Highton de Nolasco presenta su renuncia a la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de noviembre sin tiempo para reconocimientos o una dulce despedida.

Quizás en su fuero íntimo venía pensando en su partida pero, indudablemente lo sucedido en el proceso de renovación de autoridades de la Corte Suprema de Justica adelantó tiempos o detonó decisiones por cuestiones con las que no estaba dispuesta a lidiar.

Con más luces que sombras, la primera jueza de la Corte Suprema de Justicia en períodos democráticos deja un legado importante con impronta feminista y perspectiva de género. Gran jurista pero mejor persona con mucha muñeca judicial para desentrañar casos y darle al derecho civil una definitiva impronta constitucional y convencional.

Sin lugar a dudas, la vacante debe ser cubierta por una mujer. El decreto 222/03 mediante por el cual Néstor Kirchner se autolimitó en la porción constitucional que le otorga la Constitución argentina al Presidente o Presidenta dentro del mecanismo de designación de los jueces y juezas de la Corte Suprema de Justicia, estableció como parámetro de selección la diversidad de género. Sería impensado en pleno siglo 21 que el máximo tribunal argentino tuviera una composición unívocamente “machirula”. Se enterraría definitivamente una de las banderas que todavía flamean en la alameda ideológica de Alberto Fernández.

El decreto 222/03 establece un procedimiento que comienza con la imposición de un plazo de 30 días desde que se produjo la vacante para que el Presidente presente a su candidata a la sociedad. Tal vez los tiempos electorales estiren el plazo original hasta que las urnas establezcan el nuevo conglomerado de representación política.

La exigencia de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores para lograr el acuerdo y concretar la designación obliga al Gobierno y a la oposición a buscar una candidata de consenso de forma previa. Si no vendrá el bloqueo automático, la especulación política y la exasperante imposición de preferir un vacío institucional hasta que pueda poner en la Corte Suprema de Justicia “a una de las mías”.

Del ámbito judicial, de la academia, del ejercicio de la profesión surgirá el nombre de la candidata. El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público que tuve el honor de integrar estuvo formado por cinco mujeres con plenas capacidades para cumplir dicho rol conformando una suerte de “masia” para el presidente Fernández.

Con afecto y respeto, ojalá la vida le depare a Elena Highton de Nolasco lo mejor para su vida. Una nueva era comienza en la Corte Suprema de Justicia.        

Profesor de derecho constitucional UBA y UNLPam

AD/WC

Elena Highton de Nolasco era la principal y más frecuente interlocución entre Alberto Fernández y la Corte Suprema. Sin la jueza, que presentó su renuncia, el teléfono rojo entre el Presidente y el tribunal se reducirá a la fluctuante, y minada de recelos, con Ricardo Lorenzetti, que con otro libreto pero la misma coreografía se movió junto a Highton en el polémico trámite de elección de Horacio Rosatti como presidente de los cortesanos.

Hay, según entienden en la cima del Gobierno, un hilo que enlaza todo el proceso: la auto votación de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la abstención de dos miembros y la carta pública de Lorenzetti. La renuncia de Highton se traduce en el oficialismo como una señal de malestar frente a la degradación del tribunal, deterioro que en Casa Rosada fechan en el inicio de la presidencia de Mauricio Macri, con el DNU que designó a los cortesanos que, desde octubre, son el presidente y el vice del tribunal.

Alberto Fernández, según trascendió en Gobierno, se enteró este martes por un llamado de la jueza, un rato antes de difundir la carta de renuncia. Casi de inmediato, el presidente transmitió lo que tenía en agenda desde hacía tiempo: que frente a la eventual salida de Highton, la jueza de más edad del tribunal, propondría a una mujer, como parte de un plan que en su momento conversó con Cristina Kirchner orientado a buscar paridad en el máximo tribunal.

Claro que en la hoja de ruta K, ese mecanismo suponía la ampliación de la Corte, posibilidad que Fernández nunca explicitó pero que dirigentes del kirchnerismo plantearon abiertamente y que la oposición rechazó antes de que haya una posición pública al respecto.

La renuncia de Highton se traduce en el corazón del Gobierno como otro reflejo de que la Corte “no está funcionando bien”. En el oficialismo, con una tensión explícita con el tribunal, se tientan con comparar la “actuación complicada” de la Corte con los tiempos de Julio Nazareno, emblema de la Corte de los '90. Fue Néstor Kirchner, tras asumir en 2003, quien encabezó una demanda de “depuración” que derivó, luego, en el nombramiento de nuevos cortesanos, entre ellos Highton de Nolasco.

Aparece en esa analogía un punto de sintonía entre el Gobierno y Lorenzetti, quien usó la misma referencia -a Nazarenno- para cuestionar el proceso de elección de Rosatti y Rosenkrantz. En ese episodio se produjo un hecho que, en algún punto, pudo anticipar la dimisión de Highton: hasta unos minutos antes del acuerdo con el que se elegirían a las nuevas autoridades de la Corte, la jueza tenía previsto participar pero se “bajó” de la votación sobre la hora con lo que debilitó la posición de los electos porque en el proceso participaron 3 de los 5 integrantes, y dos de los que lo hicieron se votaron a sí mismos. Que Highton no haya votado terminó por debilitar a los electos y, en un ajedrez lineal, pareció validar la queja de Lorezetti.

Sin plazos para tener que enviar un nombre, Fernández administrará nombres y tiempo. No hay certezas pero un colaborador deslizó que difícilmente haya una propuesta antes de la elección del 14 de noviembre para evitar que la designación aparezca cruzada por la tensión electoral.

Queda, hacia adelante, un ejercicio difícil de costura política porque la designación de un cortesano requiere del voto de los dos tercios del Senado, número para el cual es necesario un acuerdo entre el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC).

PI

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto, de conformidad con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

Esta facultad fue reglamentada por medio del decreto 222/03 del Poder Ejecutivo de la Nación de junio de 2003, que establece ciertos criterios para la selección del candidato propuesto. Entre ellos, dispone atender a las circunstancias relativas a la composición general de la Corte en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal, así como también a los requisitos atinentes a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que deben reunir los postulantes.

El artículo 110 de la Constitución Nacional consigna que los jueces de la Corte conservan su empleo mientras dure su buena conducta. El sistema constitucional argentino consagra, como garantías de la independencia del Poder Judicial –y, por consiguiente, de la seguridad jurídica del pueblo de la República- la inamovilidad de los jueces y la irreductibilidad de sus remuneraciones.

La reforma constitucional de 1994 introdujo una modificación al artículo 99 de la CN, por la cual será necesario un nuevo acuerdo para los magistrados –ya sean de la Corte Suprema o de tribunales inferiores- una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Dicho nombramiento se hará por cinco años y podrá ser repetido indefinidamente.

Requisitos

Para ser juez de la Corte se requiere ser abogado, con un mínimo de ocho años de ejercicio en la profesión, una edad mínima de 30 años, y las demás calidades necesarias para ser senador (art. 111 CN), a las que se añaden las condiciones establecidas por el decreto 222/03.

Deben publicase el nombre y los antecedentes de quien se considere idóneo para la cobertura de la vacante en un plazo máximo de 30 días de producida en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días, así como en la página oficial del Ministerio de Justicia.

El postulante debe presentar una declaración jurada de sus bienes en los términos indicados en la ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188).

Pondrá también de manifiesto ciertos aspectos de su desempeño profesional con las limitaciones que imponen las normas de ética vigentes.

Todos los ciudadanos se encuentran facultados para presentar observaciones respecto de los candidatos, así como las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, quienes las hacen llegar al Ministerio de Justicia y pueden ser abordadas en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Senado luego de la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a su remoción, de acuerdo con el art. 53 de la CN, es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema por causas de mal desempeño, por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, por voto de la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. A su vez, el art. 59 de la CN establece que corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. El fallo requiere también de dos tercios de la mayoría de los miembros presentes y tiene como único efecto la destitución del acusado al que puede declarar incapaz de ocupar empleo alguno de honor, de confianza o a sueldo en la Nación (art. 60 CN).

El presidente de la Corte y el vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del Tribunal y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones (art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional).

El presidente de la Corte integra la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía. Asimismo, presidirá la Cámara de Senadores en los casos en que la Cámara de Diputados formule acusación en juicio político al presidente de la República.

Composición de la Corte Suprema

En lo que respecta a la composición y residencia de la Corte, la Constitución Nacional de 1853 dispuso, en su artículo 91, que el Poder Judicial de la Nación sería ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta por nueve jueces y dos fiscales. Posteriormente, la reforma de 1860 suprimió la residencia obligatoria en la Capital, como también lo referente a la cantidad de jueces, para que el Congreso fijara el número que considerara adecuado.

En 1862, la Ley Orgánica de la Justicia Federal –Ley 27- determinó que la Corte estaría integrada por cinco miembros y un procurador general.

En 1960, por ley del Congreso de la Nación, se llevó a siete el número de jueces, hasta que en 1966 se volvió a la composición anterior de cinco jueces y un procurador general, integración que se mantuvo hasta 1990, cuando se elevó nuevamente el número a nueve (ley 23.774).

La ley 26.183, aprobada en ambas Cámaras y promulgada el 15 de diciembre de 2006, dispone la reducción del número de jueces de la Corte Suprema a cinco.

Cómo fue la designación de los últimos dos jueces

A días de asumir, en diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a los dos jueces para los puestos que estaban vacantes en la Corte. Finalmente, envió los pliegos al Senado y en junio de 2016 se aprobó el ingreso de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al máximo tribunal de Justicia. En ese entonces, para lograr el guiño de los dos tercios de la Cámara alta, el oficialista Juntos por el Cambio necesitó del acompañamiento de algunos legisladores del Frente de Todos, como Miguel Ángel Pichetto. Finalmente, la Corte tuvo cinco miembros gracias al voto favorable de 58 senadores, contra 12 negativos.

Así, se designó a Rosenkrantz, rector de la universidad privada de San Andrés, doctor en Yale y exasesor del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), aliada del partido liberal Propuesta Republicana (PRO), de Macri. Y a Rosatti (flamante presidente de la Corte), que fue ministro de Justicia del Gobierno de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005, hasta que renunció.

Con información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

IG

En una carta fechada el 30 de septiembre, la ministra la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, informó al presidente Alberto Fernández su decisión de renunciar al máximo tribunal de Justicia el próximo 1° de noviembre. En realidad, le había avisado antes a través de una comunicación telefónica, según revelaron desde Casa Rosada. A partir de esa fecha, se abrirá el camino para que el Gobierno proponga un reemplazo para la vacante de la magistrada, que deberá ser avalado por el Congreso.

La jueza, de 78 años, no participó, al igual que Ricardo Lorenzetti, de la audiencia del 22 de septiembre pasado en la que se designó como nuevo presidente de la Corte a Horacio Rosatti. Ese día, sólo votaron tres miembros del Tribunal: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y el propio Rosatti, que se eligió a sí mismo. Lorenzetti se había excusado de participar por tener otra actividad y Highton de Nolasco tampoco estuvo en la elección, en desacuerdo por la ausencia de su colega, hechos que pusieron al desnudo la interna entre los cinco miembros de la Corte. Días después, Lorenzetti, en una extensa misiva que envió a sus colegas, sostuvo que la designación de Rosatti “violó la tradición de la Corte en la materia y las reglas de la cortesía”.

Highton de Nolasco se convirtió, en 2004, en la primera mujer en acceder a la Corte durante un gobierno democrático, ya que la primera jueza en integrar el máximo tribunal, Margarita Argúas, había sido designada en la dictadura de Roberto Marcelo Levingston.​

Fue propuesta en 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner para reemplazar a Eduardo Moliné O'Connor y se desempeñó como vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia entre 2005 y 2021.

La carta de renuncia

Elena Inés Highton de Nolasco fue miembro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y doctora en Derecho y Ciencias Sociales, y se convirtió en junio de 2004 en la primera mujer designada para ocupar el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la democracia.

En aquella ocasión, la votación en el Senado contó con 51 votos afirmativos y 5 votos en contra: el radical Rodolfo Terragno y el justicialista Antonio Cafiero cuestionaron que había sido jueza durante la dictadura, mientras que otros legisladores le reprocharon sus posiciones respecto a la despenalización del aborto.

Nacida en 1942 en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner como sucesora de Eduardo Moliné O'Connor, que fue destituido por el Senado en diciembre de 2003, en el marco de la ofensiva oficialista para renovar el supremo tribunal.

Casada con Alberto Nolasco y madre de dos hijos, Highton se graduó como abogada, procuradora y escribana en la Universidad de Buenos Aires, en 1966, y obtuvo un diploma de Honor.

Entre 1969 y 1980 completó tres doctorados en la UBA, con orientación en Relaciones Internacionales y Derecho Civil y realizó cursos en la escuela de Leyes de Harvard y en el Judicial College de Nevada.

Tras dedicarse al ejercicio liberal de la Abogacía, Highton ingresó al Poder Judicial como defensora de incapaces y ausentes y en mayo de 1979 fue nombrada jueza de la Nación. En junio de 1994, en el Gobierno del expresidente Carlos Menem, fue ascendida a camarista, cargo que desempeñó hasta 2004.

Además, fue miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, la Sociedad de Profesionales en Resolución de Disputas, la Fundación Libra y la Consultora Internacional del Banco Mundial para el Departamento Técnico de América Latina.

La postulación de Highton, en aquel momento, fue impugnada por la organización Pro-Vida y sectores ultracatólicos en virtud de los argumentos que la juez esgrimió respecto del aborto.

Durante su carrera cosechó varias distinciones: la UBA le dio en dos oportunidades el premio a la producción científica, fue becaria del gobierno de Canadá y también logró varios premios internacionales otorgados en los Estados Unidos, entre ellos el que le dio el Foro Mundial de Mediación por actuación destacada. Durante los últimos quince años participó de diversas comisiones de estudio creadas por el Ministerio de Justicia para elaborar proyectos de ley vinculados con la mediación y la solución alternativa de los conflictos judiciales.

Al cumplir los 75 años, edad en que debería dejar su lugar en la Corte, Highton de Nolasco consiguió permanecer en su puesto mediante un amparo.

IG

Horacio Rosatti fue nombrado este jueves por sus pares como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia y sucederá en el cargo a Carlos Rosenkrantz -será vicepresidente-, cuyo mandato de tres años vence a fin de este mes.

La votación se hizo de manera virtual, a partir del mediodía. Para elegir al presidente de la Corte se necesita tener una mayoría de tres votos o más. Sólo votaron tres magistrados: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y el propio Rosatti, que se votó a sí mismo. Se ausentaron Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco.

Los cinco jueces del máximo tribunal de Justicia habían acordado dejar la definición sobre la sucesión después de las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre.

Rosatti presidirá la Corte desde el 1 de octubre de este año hasta el 30 de septiembre de 2024.

Lorenzetti se excusó de participar del encuentro virtual por “estar participando de las reuniones UNIDROIT, en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council”, según consta en la acordad dada a conocer por la Corte. Al estar ausente Lorenzetti, Highton solicitó la postergación del acuerdo extraordinario, pero el resto de los miembros continuaron con la votación al considerar que “la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado”. Highton decidió no votar.

Rosatti fue dirigente del peronismo en la provincia de Santa Fe y fue el segundo ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner, en tiempos en los que el actual presidente Alberto Fernández era el jefe de Gabinete. Asumió ese cargo el 26 de julio de 2004, en reemplazo de Gustavo Beliz, y renunció al año, cuando fue sucedido por Alberto Iribarne. También fue procurador del Tesoro (en 2003), Convencional Constituyente (en 1994) e intendente de la capital provincial (1995-1999).

IG

La Corte Suprema puso este miércoles un límite al intento de Farmacity de expandir su negocio en la provincia de Buenos Aires. La decisión del máximo tribunal llegó a casi una década desde que empezó el reclamo de la cadena de farmacias fundada por Mario Quintana, exvicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, como adelantó elDiarioAR el 6 de junio.

La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense que excluye a las sociedades anónimas. La Corte determinó que “el legislador local ha ejercido sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes”, explicó un comunicado del máximo tribunal.

El reclamo de Farmacity fue analizado por cuatro jueces. La decisión final fue firmada por tres de los jueces que intervinieron en el caso: Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Martín Irurzun (presidente de la Cámara Federal porteña, quien participó como conjuez convocado exclusivamente para este caso). La segunda conjueza convocada para analizar el caso, la presidenta de la Cámara Federal de Corrientes, Mirta Gladis Sotelo de Andreu, votó en disidencia. 

La exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires constituye una reglamentación razonable.

El tribunal estuvo integrado de esa manera porque los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó. El presidente de la Corte debió apartarse del caso debido a que fue abogado de Farmacity y el estudio jurídico que integraba lleva adelante la demanda ante el máximo tribunal. El juez Rosatti se excusó después de que la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) pidiera su apartamiento. El argumento de COFA fue que la directora del área jurídica de Farmacity, Andrea Gualde, trabajaba junto a Rosatti cuando el actual juez era el Ministerio de Justicia de Néstor Kirchner. 

Los fundamentos del fallo

En el fallo de este miércoles, los jueces Lorenzetti y Highton indicaron que “la norma impugnada (por Farmacity) pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable”, según explicó un comunicado de la Corte. “En este sentido, se consideró que la parte actora no había probado que la aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional”, ya que “son normas complementarias que pretenden avanzar en la concreción de políticas públicas comunes en orden a la protección de derechos fundamentales de la población y, en particular, de los consumidores de productos farmacéuticos”, agregó el comunicado que resume los principales puntos del fallo.

Lorenzetti y Highton también consideraron que “la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad” y que “la exigencia de la titularidad de las farmacias limitada a los sujetos indicados en la norma busca garantizar la independencia profesional real para evitar que, eventualmente, se afecte el nivel de seguridad y calidad del abastecimiento de medicamentos a la población”.

El juez Irurzun afirmó en su fallo que las limitaciones de la ley bonaerense no van en contra de “los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional” y que los legisladores de la provincia, al sancionar dicha ley, entendieron que “sólo determinadas formas societarias por sobre otras permitirían cumplir más adecuadamente los fines” de protección de la salud y que eligió “un modelo en el cual el conocimiento, la inmediatez, la responsabilidad y la individualización de quien lo dispensa prevalece por sobre todo interés comercial”.

Ante la consulta de elDiarioAR a voceros de Farmacity, la compañía “lamentó el fallo que dificulta a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito que, entendíamos, estaba plenamente ajustado de derecho”. Pese a su desacuerdo con la decisión de los supremos, la empresa afirmó que continuará “con total apego a las leyes dentro del marco definido por el fallo de la CSJN, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario”. Tal fue la respuesta difundida por su equipo jurídico y de comunicación.

El voto en disidencia

La jueza Sotelo de Andreu falló a favor de Farmacity y entendió que “la norma en cuestión carecía de razonabilidad” ante la imposibilidad de advertir “cuál es la finalidad pública perseguida al excluir a ciertos tipos societarios de la posibilidad de ser propietarios de establecimientos farmacéuticos”, dice el comunicado que resume el fallo. Además, la magistrada consideró que había “una violación al principio de igualdad, al permitir a ciertas personas jurídicas ser propietarias de farmacias y a otras no”.

El legislador (bonaerense) eligió un modelo en el cual el conocimiento, la inmediatez, la responsabilidad y la individualización de quien lo dispensa prevalece por sobre todo interés comercial.

Antecedentes

La empresa fundada por Quintana busca desde 2012 desembarcar en la provincia de Buenos Aires. Patrocinada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, Farmacity planteó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley bonaerense, que excluye a las sociedades anónimas de la lista de titulares de farmacias. Su planteo fue rechazado en primera instancia, por un tribunal de apelaciones y por la Corte provincial. En 2017, el caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. 

En abril de 2018, el procurador interino Eduardo Casal (ahora en la mira del Gobierno) opinó en favor de Farmacity. Casal firmó un dictamen avalando el pedido de inconstitucionalidad de la empresa, en contra de una resolución previa del Ministerio de Salud bonaerense.

ED

La Corte Suprema se prepara para definir una fallo en torno al conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la presencialidad en las escuelas durante la segunda ola de la pandemia. De los cinco jueces, cuatro llegaron este lunes a un solo punto de acuerdo: la Ciudad tiene autonomía para organizar su sistema educativo, como las provincias, según afirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales del máximo tribunal. Así lo reconocerán en el esperado fallo ante la demanda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, las discusiones entre los ministros de la Corte seguían girando este lunes en torno a otros dos puntos centrales sobre los que aún no hay acuerdo general, como adelantó el viernes este medio: por un lado, cuál es el alcance de esa autonomía en el contexto de la emergencia sanitaria. 

“Está claro que la Ciudad es autónoma en lo educativo pero los jueces también analizan que las decisiones en materia de salud pública son facultades concurrentes (pertenecen en común al Estado federal y a las provincias)”, explicó una fuente del máximo tribunal. “Ante esto, los jueces deben establecer o recomendar la mejor forma de que Ciudad y Nación conjuguen esas facultades”, que en este caso, parecen haber colisionado. 

En segundo lugar, los jueces deben decidir si tomarán o no una definición taxativa sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, agregaron fuentes judiciales en el Palacio de Justicia. La medida dispuso el 15 de abril la virtualidad de las aulas porteñas y generó la demanda de la Ciudad ante la Corte para pedir que se declare inconstitucional ese DNU. 

La mayoría en la Corte apunta a abrirse de lo categórico: “El fallo no ordenaría que se abran o que se cierren las escuelas”, graficó una fuente del máximo tribunal sobre la demanda presentada por la Ciudad contra el decreto presidencial. 

Durante la habitual reunión de los martes, los jueces apuestan a terminar de acomodar sus votos e intentarán fijar una postura de mayoría en el que al menos tres jueces coincidan en cómo resolver estos puntos del conflicto, informaron las fuentes consultadas.

Está claro que la Ciudad es autónoma en lo educativo pero los jueces también analizan que las decisiones en materia de salud pública son facultades concurrentes (pertenecen en común al Estado federal y a las provincias).

Este lunes al mediodía, dos de los magistrados, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, presentaron de manera interna el primer voto, en este caso, uno conjunto, que trabajaron durante unos diez días, según fuentes judiciales. Ricardo Lorenzetti, además, preparaba su propio voto, al igual que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien elaboraba un escrito por separado. 

Aún así, los cuatro coinciden en reconocer un punto ya tratado en otros casos en los que entran en juego las facultades de la Ciudad: su autonomía se equipara a las de las provincias. Resta llegar a un acuerdo en el resto de las cuestiones.

El factor Highton

Un fallo por unanimidad está descartado. Los jueces de la Corte son cinco. La jueza Elena Highton de Nolasco no votará. La magistrada ya dejó asentada su posición: considera que la Corte no es tribunal competente para dirimir en este caso porque sostiene que solo puede hacerlo en un conflicto entre Nación y las provincias. Para Highton, la Ciudad de Buenos Aires no tiene el mismo nivel de autonomía que la Constitución Nacional le reconoce a los 23 estados provinciales del país porque no son equiparables como jurisdicciones. 

Algunos de los jueces analizan “bajar línea” al poder político y evitar fallar de manera categórica sobre la constitucionalidad del DNU. Apuntan a “consideraciones y recomendaciones” para desmarcarse de la pelea entre Ciudad y Nación y a instar a una resolución adoptada por la política y no por el tribunal, explicaron las fuentes consultadas.

La Corte Suprema está en condiciones de fallar sobre el conflicto pero no tiene plazo. El fallo se espera entre este martes y el jueves debido a las expectativas mediáticas y políticas, entre otras variantes, pero la fecha dependerá de si Rosatti, Maqueda, Lorenzetti y Rosenkrantz terminan de pulir sus puntos de desencuentro. 

Antecedentes

El 15 de abril, el Presidente firmó un decreto especial con restricciones a la circulación y a la presencialidad en las escuelas de las dos jurisdicciones con mayor incremento de casos de Covid-19: la Ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Ante la medida, el gobierno porteño presentó una demanda ante la Corte para solicitar una medida cautelar que deje en suspenso el DNU de Fernández y que además falle sobre el fondo de la cuestión: si la imposición presidencial sobre la educación es inconstitucional.

El Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que el DNU de Fernández es inconstitucional. Su dictamen no es de carácter vinculante y por ende los jueces no deben obligatoriamente seguir ese camino.

El viernes, el Presidente extendió las medidas de restricción vigentes hasta el 21 de mayo para mitigar el avance del Covid-19. ¿Qué cambia para la demanda de la Ciudad si el decreto del 15 de abril caducó pero las mismas medidas se extienden con un nuevo decreto?

Si bien el DNU anterior pierde vigencia, al dictarse un nuevo decreto muy semejante al anterior, la cuestión de fondo sigue siendo la misma, afirmó ante la consulta de elDiarioAR Alberto Garay, abogado especializado en Derecho Constitucional y Procedimientos Civiles.

Al conflicto judicial y ante un posible fallo adverso, Fernández dijo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley “para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional”.

ED

La disputa política por el regreso a las clases virtuales o la permanencia de los alumnos en las escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires se definirá, por el momento, en dos frentes centrales en la Justicia, que tendrán que decidir quién tiene razón en su planteo: la Ciudad de Buenos Aires o el Ejecutivo Nacional, según los fallos, resoluciones, dictámenes y fuentes consultadas por elDiarioAR. Todo indica que, además, la disputa en la instancia federal podría terminar también en el máximo tribunal del país, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. ¿Qué pasará mientras tanto con las clases hasta que la Justicia se expida?

Hasta este martes por la mañana, los alumnos de educación inicial, primaria y secundaria de la Ciudad debían continuar asistiendo a las escuelas de manera presencial. Así surge de los escritos analizados y la consulta a las autoridades de Nación, de la Ciudad y fuentes judiciales de la Corte. La definición más urgente vendría del fuero federal, sostienen en el máximo tribunal.

Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra la provincia de Buenos Aires.

Este escenario actual fue ordenado por la Justicia porteña el domingo por la noche y dispuesto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta horas más tarde, que debió acatar la orden que tanto esperaba: el Ejecutivo porteño apoya la presencialidad en las aulas al sostener que las clases en las escuelas no generan más contagios de Covid-19 en relación a otros ámbitos de la Ciudad, dijo el jefe de gobierno porteño en una conferencia de prensa.

En la provincia de Buenos Aires, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, evaluaba acudir a la Corte Suprema bonaerense para presentar su amparo contra el decreto del gobernador Axel Kicillof, que replicó la medida de Alberto Fernández en su territorio, según informó uno de sus asesores la mañana del martes. Pero este mediodía la municipalidad informó en un nuevo comunicado que seguirá insistiendo con su planteo en una instancia inferior al máximo tribunal bonaerense: la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro. Mientras tanto, hasta que no intervenga la Justicia, en la Provincia las clases serán virtuales hasta al menos el 30 de abril.

Las dos instancias judiciales que deben tomar una definición sobre la problemática que mantiene a millones de porteños en vilo son la Corte Suprema de la Nación, por un lado, y la Justicia federal con asiento en la Capital Federal, por el otro (intervendrá Esteban Furnari, juez de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal). En esta última, en la Corte plantean que eventualmente también podrían tener que intervenir, pero que quien define en lo inmediato sobre las clases presenciales o virtuales es el fuero federal y que el máximo tribunal intervendría luego si una de las partes presenta un recurso extraordinario ante la Corte.

Ambas instancias resolverán, al mismo tiempo, sobre dos cuestiones diferentes: si el decreto de Alberto Fernández es o no inconstitucional (lo debe determinar la Corte) y, por otro lado, si se ordena a la Justicia porteña inhibirse de intervenir ante la falta de competencia en la materia. El Ejecutivo también pidió al fuero federal anular el fallo dictado por tres camaristas de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó el domingo por la noche sostener la presencialidad en las escuelas porteñas (es el planteo sobre el que deberá fallar el juez federal, si hace lugar al pedido realizado este lunes por el Ejecutivo Nacional en el fuero federal). 

Pero primero corresponde resolver si hay un conflicto de competencia entre la Justicia federal y la Justicia de la Ciudad. Según una fuente de la Corte, le corresponde a una instancia inferior: la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal. Luego el fuero federal debería resolver si debe revocar la cautelar ordenada en el fallo del domingo y revertir la orden de abrir las escuelas porteñas. La Corte intervendría en esta causa sólo ante un recurso extraordinario de alguna de las partes, sostiene la fuente consultada en el máximo tribunal. “Muchos de los conflictos de competencia suelen llegar a la Corte”, explica una fuente del máximo tribunal.

Se trata de dos causas diferentes y van a correr por vías paralelas, explicó una fuente del máximo tribunal del país. 

Causa I

En la Corte, el fallo girará en torno al decreto de Fernández, que dispuso el regreso a las clases presenciales en la Ciudad y parte del conurbano bonaerense (el Área Metropolitana de Buenos Aires, AMBA) ante el sostenido incremento de casos positivos de Covid-19 en los últimos dos meses.  

El gobierno de la Ciudad busca dejar sin efecto ese decreto. Si el máximo tribunal declara que la orden presidencial es inconstitucional (como planteó el gobierno porteño), las clases seguirán siendo presenciales. De lo contrario, podría obligar a Rodríguez Larreta a acatar lo que ordenó el Presidente en el decreto.

¿Qué pasa con las clases mientras la Corte decide? Como ya existe un fallo de la Justicia porteña y como las causas van en paralelos y son dos expedientes distintos, las clases en la Ciudad siguen siendo presenciales hasta que la Justicia (en la Corte o en el fuero federal) falle lo contrario.

El máximo tribunal aún no falló sobre el fondo de la cuestión: si declara o no que el decreto de Fernández que obliga a la Ciudad y el AMBA a regresar a la virtualidad escolar 

Lo que hizo la Corte este lunes fue habilitar el análisis del caso: dijo que es competente para tratar el planteo de la Ciudad. Ahora deberá analizar el fondo y fallar sobre el planteo de la Ciudad. Ese fallo podría definir si el decreto que impuso la virtualidad es o no constitucional y por lo tanto, si la Ciudad y la provincia de Buenos Aires están obligadas o no a acatarlo. 

Antes de fallar sobre el fondo, la Corte necesita escuchar los argumentos del Ejecutivo Nacional a favor de la legalidad del decreto para imponer esta medida sobre la educación de dos jurisdicciones. Por eso, este lunes la Corte comunicó al Estado Nacional que tiene un plazo de cinco días para realizar su presentación. 

Causa II

En la otra instancia que interviene, el fuero federal, todo gira en torno al fallo del domingo por la noche. El Ejecutivo Nacional se presentó este lunes ante ese fallo de la Justicia porteña (la Cámara de Apelaciones en los contencioso administrativo de la Ciudad ordenó al gobierno porteño continuar con las clases presenciales, a pedido de una fundación que presentó un amparo). 

La jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Santiago Cafiero, planteó al juez federal Esteban Furnari que los tribunales porteños no tendrían potestad para decidir contra la medida dispuesta por el Presidente y que el magistrado federal debe ordenar a la Justicia porteña que se inhiba de intervenir. Si el juez hace lugar a dicho planteo, debe solicitar a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad (el tribunal que falló el domingo) que le remita la causa y se inhiba.

Si el tribunal porteño se rehúsa, la disputa entre ambos se define en la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo Federal, que interviene en las demandas contra el Estado Nacional, y que deberá determinar quién es competente en la causa. Mientras tanto, la orden del tribunal porteño dictada el domingo sigue vigente y las escuelas siguen abiertas, explicó una fuente judicial de la Ciudad experta en la materia. Esta última fuente considera que la Corte debería intervenir en última instancia para destrabar el conflicto sobre la competencia. En el máximo tribunal, respondieron ante la consulta que antes deberá intervenir un tribunal de apelaciones inferior a la Corte, que recién intervendría si una de las partes interpone un recurso extraordinario para que lo analicen los jueces supremos.

Ahora bien, si el juez federal falla en contra del planteo de Nación, el fallo del domingo quedaría firme, aseguró una fuente de la Corte. El resultado para los porteños es el mismo: las clases siguen siendo presenciales, por ahora.

Aceite y aceto

A esta ensalada jurídica se suma un segundo planteo ante el fuero federal. Luego de la presentación de Nación, la exministra Patricia Bullrich se presentó ante el mismo fuero con un planteo contrario. Interviene, por el momento, otro juez, par de Furnari. Bullrich planteó que se declare inconstitucional el decreto de Fernández. Es el mismo argumento de la Ciudad ante la Corte, pero en el fuero federal, una instancia inferior pero que puede actuar con mayor rapidez que el máximo tribunal en caso de un amparo. Ahora bien, como Bullrich no es una damnificada directa del decreto presidencial, el juez deberá analizar si tiene entidad para presentar ese amparo.

En el Palacio de Justicia, sede de la Corte, también se hablaba este lunes de una presentación del ministerio de Salud de la Nación solicitando que la Justicia de la Ciudad se declare incompetente para intervenir en el caso (a pesar de que ya lo hizo con un amparo específico, el de la fundación). La cartera de Carla Vizzotti presentó un escrito ante el tribunal que falló el domingo para solicitar que el fuero se abstenga de seguir interviniendo, según el escrito al que accedió ese martes elDiarioAR. La ministra fue en el mismo sentido que la Jefatura de Gabinete pero en una vía distinta: se lo pidió directamente a la Justicia porteña, mientras que Jefatura lo planteó en el fuero federal. Una estrategia doble.

¿Qué pasa en Provincia?

A este escenario, se sumó este lunes otro frente pero relacionado con las clases en la provincia de Buenos Aires. Luego del decreto de Fernández, el gobernador Axel Kicillof firmó su propio decreto para ratificar la virtualidad de las clases en su jurisdicción.

El intendente del partido de Vicente López, Jorge Macri (Junto por el Cambio), presentó este lunes al mediodía un amparo ante la Justicia de San Isidro solicitando que declare inconstitucional el decreto de Kicillof y habilite que continúen las clases presenciales en los municipios afectados por la medida del gobernador, según el escrito al que accedió este medio. La respuesta que obtuvo Jorge Macri este martes es que su amparo contra la gobernación debe plantearse ante la Corte Suprema bonaerense, máximo tribunal de la Provincia.

“Entendemos que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires declinará su competencia para atender amparos, tal como surge del antecedente Municipio de Avellaneda contra PBA”, informaron el martes al mediodía. Acudirá a la Cámara Contencioso Administrativa de San Isidro para apelar el fallo del juez de primera instancia que rechazó su competencia para tratar el amparo.

Trasfondo del trasfondo

La decisión de la Corte de este lunes se tomó en el marco de una pelea jurídica: si el máximo tribunal es o no competente para decidir sobre los planteos que hace el gobierno de la Ciudad contra decisiones del Estado Nacional. La resolución a favor de intervenir fue por mayoría, no fue unánime: la jueza Elena Highton de Nolasco votó contra la Ciudad y sostuvo, como viene planteando en otros expedientes, que la Ciudad no tiene potestad para reclamar ante la Corte por decisiones del Ejecutivo Nacional. 

La discusión sobre si el gobierno porteño puede acudir ante la Corte Suprema de la Nación ya fue discutida entre los ministros del máximo tribunal. La Constitución Nacional habilita a los gobiernos de las provincias a presentarse ante la Corte en estas circunstancias. Highton sostiene que la Ciudad no puede equipararse a las provincias. Sus colegas, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Rosenkrantz establecieron que sí puede equipararse.

El conflicto por las clases presenciales o virtuales quedó enmarcado no sólo en torno a la crisis general desatada por la pandemia del Covid-19 sino también es la contienda política entre el oficialismo y Juntos x el Cambio y hasta en cuestiones mucho más profundas que una pelea en año electoral: vuelve a poner sobre la mesa qué alcance tiene la autonomía de la Ciudad. 

*Esta nota se actualizó el martes 20 de abril a las 09:38 horas y a las 11:35. Se modificó además el título original luego de que, ante sucesivas consultas que continuaron durante la mañana del martes, se planteara una diferencia entre la postura de una fuente de la Corte y la de una fuente de la Justicia porteña sobre el rol de la Corte en la disputa. Las posturas se explican en el artículo y tienen que ver con los tiempos de intervención de la Corte en la causa originada por el Estado Nacional en el fuero federal.

ED