No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El director prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

OpenAI, la empresa de Sam Altman que desarrolló ChatGPT, y la firma Sur Energy, del empresario satelital argentino Emiliano Kargieman, anunciaron este viernes, un día después de la concreción del rescate de EE.UU. a la Argentina, que se unen para anunciar sus planes para el desarrollo de Stargate Argentina, un proyecto pionero de infraestructura de IA que, según ellos, situaría al país a la “vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial”. Ambas empresas han firmado una carta de intención para colaborar en un proyecto de centro de datos (data center) a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA y, al mismo tiempo, generar beneficios económicos y sociales, así como un acceso equitativo a esta tecnología transformadora. El clima frío y el suministro de energía son necesarios para mantener estos data centers. Su instalación en países vecinos como Chile han generado, de todos modos, impactos ambientales en términos de energía, agua y ruido molesto, tal como detalló una reciente investigación publicada por elDiarioAR.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI. Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina y liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por “fuentes seguras, eficientes y sostenibles”, según ambas empresas.

Estructurado en el marco del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a plena escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética de la historia de Argentina. La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud (nube) de primer nivel.

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país”, declaró Kargieman. “Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”.

Esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries, comenzando por el Estado. Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración pública y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, “lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos”, según las compañías involucradas en el negocio.

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por Kargieman y su compatriota Matías Travizano, junto con el estadounidense Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center autodenominados sostenibles porque combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.

OpenAI es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de la IA que dice que su misión es “garantizar que beneficie a toda la humanidad”. OpenAI ofrece modelos de IA de última generación, como ChatGPT y API empresariales, que “están transformando la forma en que las personas trabajan, aprenden e innovan en todos los sectores de la sociedad”, según relata la firma.

AR/CRM

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó al presidente Javier Milei por la salida de divisas y la ausencia de inversiones en el país, tras la publicación del último balance cambiario del Banco Central.

“Che Milei, ‘economista experto en crecimiento con y sin dinero’…”, inició su mensaje en redes sociales usando una frase que el presidente había usado para describirse a si mismo antes de llegar al sillón de Rivadavia.

“Vos podrás gritar como energúmeno, putear en arameo y amenazar con meter ‘presos a todos’… pero hermano… los dólares se van y las inversiones no llegan…”, expresó la exmandataria, aludiendo al discurso confrontativo del presidente el jueves en La Plata en el que reivindicó su actitud “cruel” contra los “kukas” y los “empleados públicos”.

“Ya sabemos que sos cruel… lo que no podés ser, hermano, es boludo y no darte cuenta que estás yendo a un callejón sin salida”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X desde San José 1111.

Entre los datos citados por la ex mandataria, destacó que “en mayo, el sector privado no financiero se llevó al exterior 3.226 millones de dólares, récord desde 2003”, y que si se suma lo ocurrido en abril, cuando salieron 5.247 millones, “en 45 días se llevaron el 44% de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril”.

“¿Seguís pensando que los que se llevaban los dólares afuera ‘eran héroes contra la casta’?...Mirá que ahora el Presidente sos vos y se la siguen llevando igual” señaló.

También afirmó que la inversión extranjera directa tiene saldo negativo por “1.500 millones de dólares” desde diciembre de 2023 y que el superávit comercial acumulado se esfumó en “turismo emisivo” y “pago de intereses de deuda”.

“¿En serio seguís pensando que el problema de la Argentina es sólo el sector público?”, preguntó la ex jefa de Estado, y añadió: “Fíjate, porque ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer”, alertó CFK.

“Lo dicho: podrán encerrarme y proscribirme, pero el modelo económico de endeudamiento estructural, salarios pisados y dólar planchado, como siempre, va a fracasar”, insistió.

Ayer, la misión técnica del FMI concluyó su visita a Buenos Aires como parte de la primera revisión del nuevo acuerdo por USD 20.000 millones con la Argentina. No se brindó información oficial sobre sus resultados, ni hubo declaraciones del organismo sobre el evidente incumplimiento de la meta de acumulación de reservas por parte del gobierno de Javier Milei.

“Las conversaciones con las autoridades argentinas continúan siendo constructivas. En el marco de dicha revisión, continuaremos trabajando en los próximos días y brindaremos más información sobre los próximos pasos a su debido tiempo”, dijeron las fuentes del organismo consultadas por Noticias Argentinas.

MP

El ministro presidente (gobernador) del estado alemán de Baja Sajonia, el socialdemócrata Stephan Weil, visitó esta semana la Argentina acompañado de unos 40 empresarios, como, por ejemplo, la junta directiva de la automotriz Volkswagen (VW), cuyo 20% pertenece a esta provincia, y con ejecutivos de Deutsche Messe, operadora de ferias comerciales. El líder de Baja Sajonia, ubicada en el norte del país y cuya capital es Hannover, se reunió aquí con representantes de filiales de empresas alemanas en la Argentina, con altos funcionarios del gobierno de Javier Milei, como el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Weil participó de un acto por los 200 años de inmigración alemana en la Argentina y visitó las fábricas de VW en Pacheco y de la agroquímica Bayer Crop Sciences en Santa Fe, así como la Villa 31. También dialogó brevemente con elDiarioAR.

–¿Por qué vino a la Argentina?

–La Argentina es un mercado interesante para los empresarios alemanes. El acuerdo entre la UE (Unión Europea) y el Mercosur firmado a finales del año pasado debería permitir en el futuro el libre comercio entre Europa y países importantes de Sudamérica. La Argentina es una sociedad emergente con un gran potencial. Por este motivo, existe un gran interés por viajar a este país entre la comunidad empresarial de Baja Sajonia.

–¿Y qué opina del experimento libertario de Milei?

-Como invitado de este país y viéndolo desde afuera, quiero contenerme un poco. Las medidas para combatir la inflación y fortalecer la economía son sin duda necesarias. Al mismo tiempo, el poder adquisitivo ha disminuido y esto afecta especialmente a los pobres. No veo claro cómo se puede evitar que aumente la desigualdad en la sociedad en estas condiciones. Y esto se aplica también a otra cuestión muy importante: ¿se trata de reformar el Estado o de suprimirlo parcialmente? En cualquier caso, seguiré con gran interés la evolución de la situación en la Argentina.

–Qué conclusiones sacaron los empresarios que lo acompañan y qué inversiones planean hacer en la Argentina?

–Aún es pronto para hacer balance del viaje, pero tengo la impresión de que los empresarios que me acompañan están muy al tanto de la evolución de la situación en la Argentina. Algunos de ellos se plantean invertir aquí. Sin embargo, estas decisiones no se toman a corto plazo, sino que requieren un examen y una reflexión profundos.

AR

Marcelo Tarakdjian, presidente de la filial argentina de la española Telefónica Movistar, expuso este jueves en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) sobre formación e inclusión. Después de su presentación, conversó en el hotel Sheraton de Mar del Plata con elDiarioAR, aunque prefirió evitar entrar en detalles sobre la actividad de su empresa en particular.

–¿Cuáles son las propuestas concretas para crear empleo?

–Trabajamos sobre tres propuestas concretas. Una tiene que ver con generar inclusión digital y esto es a partir de enriquecer una propuesta que habíamos hecho en IDEA el año pasado.

–¿Cuál es?

–Hay algunas experiencias de otros países. Se trajo acá una experiencia muy integral que es la de India, pero también hay otras en Sudamérica, donde generás una base única de beneficiarios sociales. Eso es lo que te permite tener mejor identificado los beneficiarios sociales, poder aplicar estrategias más segmentadas de beneficios individuales y también integrar al núcleo familiar. Al no tener una base única, capaz no tenés la realidad de toda la familia integrada. A partir de una base única y sistematizada, te permite tener acciones mucho más eficientes, pero más eficaces también y más inclusivas y que integren toda la realidad del núcleo familiar del beneficiario.

–¿La segunda propuesta?

–Entendemos que hay una serie de condicionalidades que se le pueden incluir a los planes de empleabilidad, que a lo largo de varias décadas fueron cambiando de nombre, de diseño y nunca terminaron de encontrar ese objetivo que buscaban. Y tiene que ver con la segmentación. No es lo mismo un plan de empleo para un segmento de 18 a 30 años que para una persona mayor de 55 que estuvo toda su vida con un empleo informal. Entendemos que la condicionalidad educativa es fundamental para formar mientras esa persona está en un plan de empleo para poder insertarlo nuevamente en un trabajo formal.

–¿Y la tercera?

–Tiene que ver con la terminalidad educativa. Hay un ratio de que solo el 13% termina en tiempo y forma en la escolaridad secundaria. Más de la mitad de los que ingresan a la secundaria no lo terminan. Y es clave para que la gente sea empleable el día de mañana. Porque la verdadera movilidad social se da con empleo en el corto plazo y con educación en el mediano y largo plazo.

–¿Qué es lo que falta para que el conjunto de las empresas empiece a tomar más empleo?

–Claramente todavía una condición necesaria es el crecimiento. El crecimiento trae empleo. Aparte hay que dotar de todo un ambiente para que cuando se genere ese crecimiento la gente pueda tomar esa empleabilidad y que lo que crezca sea el empleo formal y no el empleo informal, que es lo que vino pasando en las últimas en las últimas décadas.

–¿Es necesario algún cambio más, además de la reforma laboral que se ya se hizo con la ley Bases?

–La ley Bases fue un buen puntapié. Todavía quedan algunos temas relacionados a los intereses de los juicios laborales.

–Además del empleo, todavía falta que se recupere el salario en el sector privado, ¿de qué depende?

–Muchas veces se dice que la inflación termina siendo una causa de empobrecimiento y de caída de los salarios reales. Porque el salario va ajustando a posterior de que se genera la inflación. Lo que debería pasar es que a partir de la reducción de la de la inflación, los salarios puedan ir recuperando.

–¿Cómo ve la situación económica y política en general de Argentina?

–Hay algunas situaciones macro que se van corrigiendo. El tema del equilibrio fiscal claramente es una de ellas. La reducción de la inflación también es otra novedad de la macro positiva. La no emisión monetaria también. Las vemos como condiciones necesarias. La expectativa está en que a partir de ese anclaje se produzca el tan esperado crecimiento en la economía, en la microeconomía, que las inversiones lleguen y permitan generar ese crecimiento.

–¿Y de qué depende ese crecimiento?

–De inversiones, de reglas claras en las condiciones para las inversiones. De que la disminución de esa inflación permita mayor crédito y a partir del mayor crédito se traduzca en mayor crecimiento económico.

–¿Y para una empresa multinacional como Telefónica la liberación del cepo es importante?

–La liberación del cepo trae previsibilidad y certidumbre. Va más allá de que sea una empresa multinacional o local. Lo que trae es una solución al tema cambiario. La previsibilidad es una de las condiciones clave que cualquier inversor necesita para poder ampliar su nivel de inversión en el país.

–¿Por qué la telefonía e Internet son de los rubros que más aumentaron los precios en 2024, mucho más que la inflación, siendo que el sector ya había quedado desregulado por la Justicia en 2021?

–Lo primero que hay que hacer es una mirada más larga. Si incluís un período mucho más largo, ves que los precios de los servicios de telecomunicaciones crecieron por debajo de la inflación, por debajo de la evolución del dólar, en línea con lo que fue la evolución del Ripte (Remuración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

–¿Pero por qué este año recuperaron más los precios del sector que antes?

–No recuperaron más, lo que hicieron fue adaptarse a los niveles de inflación de los meses anteriores.

AR

La petrolera estatal malaya Petronas no lo anunció oficialmente, pero fuentes del negocio petrolero confirman lo que este viernes publicó el diario Clarín: hay un 95% de probabilidades de que se baje de la megainversión de US$30.000 millones que venía planificando hace años con YPF para construir una planta de gas natural licuado (GNL) y exportarlo en barco al mundo.

Marcelo Bonelli, periodista de ese medio, comentó que la empresa asiática tiene otro proyecto más interesante en el que invertir. No por nada en julio, poco después de que YPF ratificara esta inversión tras la aprobación del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), el embajador malayo en Buenos Aires, Nur Azman bin Abdul Rahim, prefirió esquivar una entrevista sobre el proyecto con este cronista. El desinterés se venía incubando, pese a que el gobierno de Javier Milei anunciaba la iniciativa con bombos y platillos, dado que es la principal de los US$50.000 millones de inversión que el presidente repite una y otra vez que van a venir con el RIGI.

“No sabemos todavía si Petronas se baja”, aclaran en YPF. “No saben cuál va a ser su integración final en el proyecto. En noviembre ellos tienen que tomar la decisión final de inversión porque en ese momento se licitarán las ingenierías del primer tramo de US$80 millones, que los pondrá sólo YPF o compartidos con Petronas o con otra empresa que se sume. Nuestra idea es continuar con ellos. Pero el proyecto no corre riesgo porque es mucho más grande que Petronas. Nunca se comprometieron en la inversión sino que son un socio técnico. Lo importante es la inversión que pondrán los bancos, hay que conseguirlos y es el trabajo que está haciéndose ahora”, concluyen en la petrolera estatal que preside Horacio Marín.

“Si se bajan los malayos, no está bueno”, admiten en otra de las empresas que explota Vaca Muerta, el yacimiento neuquino desde el que se transportará el gas hasta Punta Colorada, en la costa rionegrina, para exportar el gas a Europa o Asia. En cambio, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confió en Radio Con Vos, que la iniciativa continuará: “Será con Petronas o sin Petronas, pero el proyecto se va hacer, eso según lo hablado con Horacio Marín”.

Para el gobernador “habría otras alternativas de inversión”. “Estoy convencido que YPF lo puede hacer con otros socios y sociedades, con lo cual, no tengo dudas de que la planta de GNL se hará. Confío en los planes de inversión fijados por el presidente de YPF porque se están cumpliendo”, declaró Weretilneck, que disputó la radicación de las instalaciones con su par bonaerense, Axel Kicillof. Admitió “una discusión empresarial, comercial y financiera entre las dos petroleras, pero el proyecto no está en riesgo”. También descartó que vaya a mudarse. En su momento, Marín explicó que optó por Río Negro por una cuestión de costos, dada la menor distancia entre Vaca Muerta y Punta Colorada respecto de Bahía Blanca, y no a las mayores rebajas fiscales que Weretilneck ofrecía en relación a Kicillof.

La indecisión de Petronas se suma a las noticias de postergación del proyecto de hidrógeno verde también en Punta Colorada por más de US$8.000 millones que la empresa australiana Fortescue, representada en la Argentina por el exrugbier Agustín Pichot, había anunciado en 2021 y nunca concretó. Así lo explicó Pichot en el diario La Nación el pasado fin de semana: “Noruega, Brasil, Australia y los Estados Unidos son los cuatro proyectos que están encaminados. En la Argentina recién ahora sale una ley (por el RIGI). En Brasil se hizo una ley del hidrógeno, acá no, acá hicimos una ley de inversiones. Ahora falta la confianza en el país para poner US$4.000 millones. Para que alguien confíe en la Argentina, China, Nueva York o el que sea, tiene que bajar el riesgo país, no tiene que haber cepo. O sea que todavía no está. Inflación y cepo son las dos cosas que piden todos. En Nueva York, cuando vas a JP Morgan, a Meridian, a Citibank o a cualquier entidad financiera, está el tema de la confianza. ¿Sabés lo que te dicen? 'Pero (Mauricio) Macri nos dijo lo mismo'. Si Macri decía A, Alberto (Fernández) decía A y Milei dice A, hoy no tendrías problema. En Brasil, Dilma (Rousseff) dijo A, (Jair) Bolsonaro dijo A y Lula (da Silva) dijo A. En la Argentina Macri dijo A, Alberto dijo C y Milei dice B. Entonces los mercados dicen 'esperemos un poco'. Nosotros estamos avanzando. Tenemos torres de medición en Río Negro. Seguimos invirtiendo. Pero hoy el foco está en Brasil, Noruega, Estados Unidos y Australia”.

La planta de GNL representa la mayor parte del número de inversión con el que sueña Milei. Después están los US$2.500 millones que pondrá YPF para el oleoducto Vaca Muerta Sur, también en Punta Colorada, para elevar la exportación de crudo. En Salta se habla de US$9.000 millones en litio, pero la cotización del oro blanco se ha derrumbado este año y están suspendiéndose proyectos en todo el mundo, también en la Argentina. En San Juan se planifican inversiones por US$3.000 millones para que el país vuelva a producir cobre en 2030, después de dejar de extraerlo en 2018. Este mineral es junto con el litio uno de los más demandados para los autos eléctricos. Después hay otros proyectos como el de la siderúrgica Sidersa por US$300 millones o la automotriz Renault por US$350 millones. Habrá que ver cuánto se concreta o si queda como aquella afirmación de Milei en plena campaña el año pasado cuando decía que ya tenía firmado un acuerdo para conseguir las decenas de miles de millones de dólares necesarios para dolarizar.

AR/DTC

Si agosto fue el mes de los grandes lanzamientos de autos en Argentina –Volkswagen Amarok, Peugeot 2008 y Renault Kardian–, octubre ya se encamina a ser el mes de los grandes anuncios industriales. Y en esta “competencia” entre el Grupo Stellantis y Renault por dominar la agenda automotriz, el grupo al que pertenecen las marcas Fiat, Peugeot y Ram (entre otras), picó en punta.

En un evento realizado en el Polo Stellantis Córdoba (también conocido como Planta de Ferreyra), Emanuele Cappellano, presidente de Stellantis Sudamérica, anunció la inversión de nada menos que 385 millones de dólares para el desarrollo de una nueva familia de vehículos, nuevos componentes y un nuevo motor, que se fabricarán en la Planta de Ferreyra de Córdoba, de donde actualmente sale el Fiat Cronos. En el evento estuvo presente el Gobernador de la Provincia de Córdoba, Martín Llaryora, y no contó con la participación de funcionarios del Gobierno Nacional.

Los modelos que son parte de esta “nueva familia de vehículos” no fueron todavía anunciados, pero todo indica que irán por el lado de las pickups medianas, similares a las actuales Toyota Hilux o Volkswagen Amarok. Serían la Peugeot Landtrek y la Fiat Titano (que actualmente se ensamblan en Uruguay), y tal vez la Ram 1200 (que se vende en México proveniente de China). Pero tan o más importante que esos productos, la noticia es que por primera vez en la historia de la planta se fabricará motor, casi con certeza el que impulsará a las nuevas pickups. Según lo anunciado, estos nuevos productos fueron pensados para tener un alto volumen de exportación -75 % de la producción- , “llevando la producción nacional a diversos mercados de diversas regiones”, lo que hace pensar en destinos más allá de Sudamérica.

Todo este proyecto tiene una escala tan relevante que se espera la suma de muchos nuevos puestos de trabajo en la planta. Al respecto, Stellantis promete que el 50% de las nuevas contrataciones serán mujeres, manteniendo el compromiso de la compañía con la diversidad de género. También hay un compromiso con la sustentabilidad ambiental de estos nuevos desarrollos, que implica la utilización de energías renovables para todos los procesos productivos de Córdoba.

Este anuncio contempla también la compra de la empresa Suramericana –un proveedor estratégico de autopartes– y su radicación en el mismo Polo Stellantis Córdoba. Esto permitirá elevar significativamente el contenido nacional de todos los productos que salgan de la fábrica, y también mejorar la logística y por ende la competitividad.  Según Stellantis “el desafío es posicionar al polo de Córdoba como una instalación de estándar global que puede producir lo que el mercado requiera”.

RT

Anclaflex, la compañía nacional que produce y comercializa pinturas y revestimientos para la construcción desde hace más de 20 años, inauguró su nueva fábrica, en la que desembolsó US$ 10 millones. Se trata de un complejo de 11.500 m2 ubicado en el polo industrial de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Con esta apuesta, la firma duplica el tamaño respecto de la planta anterior.

El proyecto, que tiene como misión incrementar la capacidad productiva y brindar un mejor servicio, permitirá aumentar de 2.750.000 kg de productos por mes a más de 4.700.000 kg. En dicha inversión también se implementan diferentes métodos de energías renovables con la que se generará alrededor de un 30% del total de la energía necesaria.

En su nueva planta, Anclaflex produce revestimientos clásicos y de diseño, pinturas, enduidos, impermeabilizantes, micropiso cementicio, niveladores de superficies para pisos y paredes y construcción en seco. Permite al mismo tiempo la integración completa de los procesos productivos de la empresa, abarcando desde la adquisición de materias primas hasta la distribución del producto final.

“El mundo empresarial presiona por una infinidad de cosas”, reconocía un legislador de La Libertad Avanza 10 horas antes de la que la ley de Bases para la libertad y el paquete fiscal se aprobaran este miércoles un poco deshilachados y por el voto pírrico de Victoria Villarruel en el Senado. “Es todo para las empresas”, reconocía el interlocutor, mientras pensaba en las privatizaciones, el ajuste fiscal —incluida la reforma del Estado, la restauración del impuesto a las Ganancias para los empleados que más ganan, el aumento del monotributo para los que menos cobran y el fin de la moratoria previsional, todo para después cumplir la promesa de reducir los impuestos PAIS y al cheque y las retenciones, nada del IVA, que atañe al consumo—, el blanqueo impositivo y laboral, la moratoria tributaria, el alivio de Bienes Personales, la flexibilización del trabajo, la priorización de la exportación energética por sobre el abastecimiento interno y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Pero está difícil de convencer a los senadores opositores: primero se desconectan, hay que llamarlos, no atienden, se creen que su voto es el que más vale, pero si convencés a otros, puede que no valgan tanto. [El jefe de Gabinete, Guillermo] Francos es el que puede ofrecerles cosas”, reconocía el legislador en el fragor de una negociación que llegó a buen puerto para Javier Milei.

El Presidente consiguió que el Senado le aprobara sus primeros dos proyectos (ahora Diputados debe convertirlos definitivamente en leyes, o superleyes), aunque en el medio haya tenido que ceder en algunas ventas de compañías estatales, la reforma jubilatoria, la reactivación de obras públicas muy avanzadas y los condicionamientos del RIGI. También se tragó el sopapo de que no le votasen los cambios de los gravámenes a los trabajadores de altos ingresos y a los ricos.

Ya este jueves por la noche se reunieron diputados de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para analizar si ratifican lo que ellos habían votado o aceptan las modificaciones del Senado. Se trata de un proceso que primero irá a comisión y después al recinto y que se cocinará entre fines de junio y principios de julio. Una de las espadas del bloque del PRO, Diego Santilli. aboga por aceptar los cambios de la ley Bases, pero rechazar los del paquete fiscal porque considera esenciales la reimposición de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales: “Es la solución para encolumnar a todos”. Pero entre los radicales hay quienes adhieren a esta posición, como Martín Tetaz, y otros que no. “Lo que más impactó de la votación del Senado es el rechazo a Ganancias”, admite uno de los consejeros económicos del presidente, el consultor Fausto Spotorno. “Hay que ver si Diputados lo sostiene porque implicaba recaudación adicional de casi 0,4% del PBI para la Nación y las provincias”, agrega.

Pero los senadores patagónicos, incluidos los del PRO, lo voltearon para defender a los trabajadores petroleros. Además, se votó a favor de mantener el monotributo social, que pagan los que menos tienen. “En Ganancias jugó mal [Ignacio] Torres”, apunta un diputado del PRO, que prefiere guardar el anonimato, contra el gobernador chubutense de su partido.

Claro que para un presidente que se enorgullece de haberse “sobregirado” en un ajuste de 7% del PBI sobre jubilados, obra pública y servicios esenciales, un 0,4% se puede compensar con otros recortes... Pero a este legislador del partido de Mauricio Macri también lo inquietan los pobres millonarios que tributan Bienes Personales: “Al cabo de pocos años, los tipos pierden un 27% de su patrimonio en el exterior con la alícuota actual del 2,25%”. En realidad no son tan pocos años: sólo en el irrisorio caso de que alguien mantuviera su patrimonio sin ningún rendimiento, pese a que los bonos de Estados Unidos ofrecen 4,26% anual, deberían pasar 14 años para que su activo se reduzca 27%. Pero el diputado insiste: “Es una locura que no pasa en ningún lugar del mundo. Así se nos van los Mercado Libre, los Globant”. No se refiere a las empresas sino a sus dueños, que se fueron a vivir a Uruguay para dejar de tributar por su riqueza en el exterior. Son Marcos Galperin, Martín Migoya, Guibert Englebienne y Martín Umaran.

Es verdad que pocos países desarrollados mantienen tributos como Bienes Personales, pero gravan tanto el patrimonio como la Argentina, con impuestos como el de la herencia o con mayores cargas del tributo inmobiliario y la patente. Con todo, el legislador amarillo celebra la aprobación de las primeras leyes de Milei: “Es bueno porque es un mensaje para los inversores del exterior. No te va a recuperar la economía en lo inmediato, los salarios no se van a recuperar, 2024 está jugado. Pero en 2025 en alianza con los libertarios vamos a ganar las [elecciones] legislativas y los nuestros (en referencia a lo que fue Juntos por el Cambio) que no se unan nos van a venir a chupar la pija (sic)”.

Un consultor de empresas coincide sólo en parte con el análisis del diputado, en lo referido a que el repunte económico quedará para otro año. “En lo inmediato, puede haber un veranito con los bonos, las acciones, el dólar, pero no es suficiente para motorizar la inversión real. Pensá que las leyes aprobadas no son tan ambiciosas como lo que se habían presentado en diciembre. Lo importante es que el Presidente no perdió la votación porque si no, hoy estaríamos en otro país”, advierte sobre la eventual debacle de los mercados que hubiese provocado una derrota legislativa.

Más allá del contenido de las leyes, un rechazo hubiese puesto en entredicho la gobernabilidad. “Al final, la ley Bases y el paquete fiscal salió a los codazos, no tienen un impacto directo sobre la vida de la gente y de las empresas, que dependerán de otros decretos que salgan por las facultades extraordinarias. Pero las empresas hoy están pensando si despiden personal o si no les conviene hacerlo por si hay repunte a fin de año, mientras que los empleados les piden adelantos de sueldo para sobrevivir”.

Un poderoso empresario de la Unión Industrial Argentina (UIA) advierte que “hay mucha preocupación porque no se sabe cuándo se toca el piso” de la depresión económica. “No hay plata. El gobierno anterior volcaba plata con el gasto público y ahora eso ya no va más. El déficit cero es el nuevo Evangelio. El salario no se va a recuperar porque no podemos aumentar si nos caen las ventas y tenemos que bajar los precios. La agenda del Gobierno ahora es bajar la inflación y recién en 2025 será la inversión y el empleo, con proyectos de YPF y las mineras”.

El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, siempre repetía que necesitaba el RIGI para exportar gas natural licuado (GNL) con la malaya Petronas. Este miércoles, en una jornada del portal Econojournal, lo mismo dijeron los representantes de otras firmas locales: Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy (PAE), gestionada por los Bulgheroni aunque controlada por la británica BP; y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

Igualmente, en el sector energético hay dudas por la postergación del aumento de tarifas de distribución y transporte, que había prometido el secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero que suspendió Caputo para bajar la inflación al 4,2% en mayo, el menor nivel en dos años, y mantenerla a raya en junio.

El citado dirigente de la UIA duda de que sea positivo para la industria que en el RIGI se haya incluido a último momento que los grandes inversores mineros, petroleros, tecnológicos, agroforestales y de infraestructura deban proveerse al menos en parte (20%) en la Argentina: “Tenemos que ver de qué es ese 20%, no puede ser sólo de obra civil, por ejemplo, galpones. Igualmente, la ley Bases es buena porque el Gobierno necesitaba mostrar gobernabilidad, que tenía capacidad de negociar y seducir a la oposición. No podía gobernar cuatro años por decreto”.

Un ejecutivo de uno de los grupos económicos más cercanos a Milei considera que las leyes aprobadas apuntan a uno de los tres ejes que, según él, requiere la economía argentina: el ordenamiento macroeconómico. Los otros dos son la baja de la inflación y la salida del cepo cambiario.

El índice de precios al consumidor (IPC) viene cayendo entre el “mayor ajuste fiscal de la historia humana”, en palabras del jefe de Estado, una recesión que devino depresión y las marchas atrás en la desregulación de las prepagas y del sendero de aumentos de tarifas. Para eliminar el cepo falta tiempo, sobre todo porque no quieren devaluar, pero ayuda la renovación del swap con China —“la dictadura comunista”, según Milei, que antes se preocupaba por su base espacial en Neuquén— mientras Caputo insistirá en rogarle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ejecutivo citado advierte, igualmente, que la ley Bases y el paquete fiscal son condiciones necesarias pero insuficientes para el despegue económico. ¿De qué depende este último? “De seguir trabajando en los tres ejes”, responde. Como es de costumbre en estos reclamos empresariales, el arco se va corriendo cada vez que nos acercamos a él.

Entre los economistas de la City que más aciertan en sus pronósticos en los relevamientos del Banco Central y la consultora FocusEconomics, María Castiglione, de C&T Asesores Económicos, califica la aprobación de las leyes como “positiva” porque eran esperadas por los “inversores que miran la Argentina” para demostrar que, más allá de la victoria electoral de Milei, el apoyo popular en las encuestas y su ajuste sostenido, también logra consensos políticos sobre algunas reformas y recortes.

Sin embargo, a Castiglioni le preocupa que estén en duda los cambios de Ganancias y Bienes Personales porque no sólo le proveían al Gobierno de ingresos adicionales sino porque lo primero le permitiría cumplir su promesa de bajar la alícuota del PAÍS del 17% al 7% y lo segundo es la zanahoria para el blanqueo. Uno de los principales banqueros del país admite que la amnistía impositiva puede llegar a recaudar US$20.000 millones, no los US$117.000 millones que reunió Macri en 2016/2017. También descarta que el incipiente repunte del crédito motorice la reactivación sino que “puede ayudar si hay recuperación”.

Más optimista, Castiglione evalúa que, aunque no se puedan privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y la Radio y Televisión Pública, el Gobierno podrá meterles motosierra para en un futuro intentar otra vez venderlas. Y se ilusiona con que el proyectado Pacto de Mayo, ese que busca podar el gasto público del 40% al 25% del PBI, de un nivel de país desarrollado a otro de naciones pobres salvo Irlanda, pueda materializarse en Pacto de Julio.

Otro colega suyo, Orlando Ferreres, en cuya consultora trabaja el asesor oficial Spotorno, coincide en que “desde el punto de vista político” la votación del Senado “es una buena noticia para el Gobierno, que tendrá una amplia variedad de leyes aprobadas, aunque para la macroeconomía de corto plazo hay riesgo de perder algunos puntos de ingresos fiscales claves”. “En líneas generales, se espera una compresión del riesgo país y repunte de los activos, aunque esto puede verse moderado por la limitación del paquete fiscal”, advierte Ferreres, exviceministro de Economía de Carlos Menem, el “mejor presidente desde el retorno de la democracia”, según Milei.

“Es un paso importante, aun cuando no sea la propuesta original del Gobierno o lo que salió de Diputados”, se suma Juan Miguel Massot, investigador de la Universidad del Salvador, a los optimistas. “Es importante por algunas cuestiones económicas, como monotributo —esta reforma evita que las categorías más altas salten al oneroso régimen autónomo—, el RIGI y las facultades extraordinarias, y desde lo político, porque era una señal muy esperada por los inversores, trayendo también un poco de tranquilidad al ciudadano de a pie al afianzar cierto nivel de confianza con su impacto en el dólar, la inflación, la actividad económica”, completa Massot. El consultor Hernán Hirsch, en cambio, rescata que “el mayor impacto es político” porque, de haber sido rechazadas las leyes, hubiera escalado el conflicto entre Milei y la oposición y porque ocurre en simultáneo con la renovación del swap chino, que evitó una fuerte caída de las reservas del Banco Central. Es decir, la casta política y los rojos de Beijjing le salvaron los papeles al autopercibido “primer presidente liberal libertario de la historia humana”. “Los opositores nos dicen: ya les dimos lo que querían, ahora nos toca a nosotros gobernar”, admite el legislador de La Libertad Avanza citado al inicio.

AR/JJD

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países ricos y algunos otros más al que aspira a ingresar Javier Milei, la tiene clara cuando analiza la inversión estatal. En sus informes habla de “la importancia de invertir estratégicamente en infraestructura pública de calidad para potenciar el desarrollo de América Latina y Caribe, sobre todo en sectores tan vitales como el transporte sostenible, las telecomunicaciones y la gestión del agua”. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñaba Guillermo Francos antes de asumir como ministro del Interior, coincide en que “la inversión pública será clave para reactivar las economías latinoamericanas y empezar a corregir las enormes brechas que separan a los latinoamericanos ricos de los pobres”, aunque “no podemos seguir aceptando que entre un 10% y un 30% se siga perdiendo debido a la mala gestión y corrupción”. Es decir, el BID llama a depurar la obra pública de sus vicios, pero no por ello eliminarla, como plantea Milei. Pero el Presidente ha puesto la motosierra sobre la inversión estatal, recortó, por ejemplo, 98,1% la destinada a trenes y así es que no sorprende que los ferrocarriles choquen un día dejando 90 heridos en la línea San Martín o se descompongan después en el medio camino dejando a los pasajeros caminando por las vías del Roca.

En el último informe de ejecución del gasto que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) sobre datos oficiales hasta abril, se advierte que la inversión pública cayó el mes pasado 74,3% en términos reales (ajustada por inflación). En el primer cuatrimestre acumula una baja del 80,8%, “que denota una virtual paralización”, en especial los giros a las provincias para obras, que se redujeron 96,3%. En el documento se menciona la menor inversión en Enarsa (-55,9%), la empresa energética estatal que tenía a su cargo terminar de completar las tres plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró en 2023, y el Fondo Fiduciario de la Vivienda Social. No es de extrañar entonces que ahora falte gas en estaciones de servicio que cargan gas natural compromido (GNC) o que haya riesgo de cortes en fábricas y grandes comercios si el invierno resulta más crudo de lo habitual. Tampoco sorprende ver complejos de casas a medio hacer en el conurbano o el interior.

“Los gastos de capital (inversión) dentro de la estructura de gastos de la administración pública nacional pasaron de representar el 6,8% del gasto primario (antes del pago de deuda) del período enero-abril de 2023 al 2% en el mismo período de 2024, una caída de 4,8 puntos porcentuales”, señala el informe de ASAP. La inversión ejecutada por el propio Estado nacional, que incluye la Dirección Nacional de Vialidad, es decir rutas, bajó 85% y las de las empresas estatales, como las de ferrocarriles o Corredores Viales, que administra carreteras con peajes, un 67,8%.

En Corredores Viales directamente no se invirtió un peso: cayó 100% el giro de gasto de capital allí. Tampoco hubo plata para invertir en las empresas Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Ferrocarriles Argentinos. Sólo se giro algo para la firma Operadora Ferroviaria, pero igual invirtió 88,6% menos que hace un año. Y no es que con el gobierno Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa se desembolsaba demasiado en la materia...

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), clave para asistir a los aviones de todo el país, es otra firma estatal más que no recibió ni un peso para inversión en lo que va del año. En cambio, al menos Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que abastece sólo a la capital y el conurbano, recortó lo invertido pero a la mitad, 48,6%. Es decir, algunas obras de agua potable y cloacas continúan.

En cuanto a la distribución geográfica de la desinversión, “esta pronunciada tendencia negativa impactó a la mayoría de las provincias, donde las reducciones anuales superaron el 75%”, según ASAP. “Sin embargo, Jujuy y Río Negro presentaron descensos menos severos, con caídas del 68,5% y 57,5%, respectivamente”, se refiere la asociación a las provincias gobernadas por el radical Carlos Sadir y el provicialista Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro, que pasó de apoyar a Massa a negociar respaldos a las leyes que pretende Milei. “Por el contrario, La Rioja se destacó como la provincia más perjudicada, con una reducción de casi el 100%, seguida por Chubut, que experimentó una disminución del 98,5%”, advierte ASAP. Es decir, castigo a dos gobernadores rebeldes: el riojano Ricardo Quintela, que puso en marcha el bono Chacho para pagar a empleados estatales y es uno de los más férreos opositores; y el chubutense Ignacio Torres, que es del PRO pero protagonizó varias peleas con el Presidente por los recursos.

AR/MG

Según el relevamiento de la consultora, la inversión en maquinaria y equipo registró para el segundo mes del año una contracción del 4,7%, acumulando para los primeros dos meses una baja del 8,2%. En detalle, los equipos importados registraron un avance del 5,9%, mientras que los de origen nacional cayeron un 15,5%.

En tanto, la inversión en el sector de la construcción mostró en febrero una contracción del 17,7% anual, siguiendo con la aceleración de las tasas de caída que viene mostrando el sector en los últimos meses, acumulando para el primer bimestre un descenso del 17,3%.

De esta forma, “la inversión sigue registrando tasas negativas en la comparación anual, aunque se mantiene en niveles mayores a los de diciembre pasado”, indicó el trabajo.

En el detalle por rubro, la construcción y los equipos durables muestran una aceleración en su caída, mientras que la compra de maquinaria importada muestra una recuperación, relacionada, quizás, a la estabilidad cambiaria.

"En los próximos meses difícilmente se observe una mejora significativa, debido a la recesión y al cepo", señaló OJF.

No obstante, añadió: “Si la baja de la tasa de interés se sostiene, podríamos ver alguna mejora en los niveles de inversión a partir de un mayor acceso al crédito, especialmente, si en los próximos meses el Gobierno logra reducir la inflación significativamente, comenzar a desarmar los controles cambiarios y mostrar mayor estabilidad económica en general”.

DM con información de agencia NA

Una de las noticias internacionales de la semana fue el hallazgo de un superdepósito de cobre anunciado por una start-up financiada por los multibillonarios Bill Gates y Jeff Bezos en Zambia. Se trata de uno de los descubrimientos más importantes del último siglo en ese país, y de un recurso estratégico para la transición verde y la descarbonización que lideran las industrias de Estados Unidos y China.

El descubrimiento –fruto de años de exploración e inyecciones de capital– excitaría a cualquier libertario vernáculo, listo para celebrar los fantásticos avances de la libertad de empresa, que Gates y Bezos reflejan a través de la elevada cotización de las acciones de sus compañías y el crecimiento estratosférico de sus cuentas bancarias. 

Sin embargo, el Financial Times señaló días atrás que el hallazgo de la start-up norteamericana ocurre justo cuando el “gobierno de Estados Unidos está embarcado en una ofensiva de seducción y un impulso de la infraestructura en África” para adelantarse en la competencia “con China por el control de minerales críticos para la defensa, las energías renovables y los vehículos eléctricos” en dicho continente. 

Algún desconfiado podría decir que Estados Unidos mira de reojo lo que pasa con las starts-up en África, pero el diario británico precisa que el gobierno de Joe Biden está respaldando el desarrollo de una vía férrea para transportar minerales, que conecte las minas de la República Democrática del Congo y Zambia con el puerto de “Lobito” en Angola, con un claro destino exportador a través del Océano Atlántico. Un proyecto que, como muchos otros en el continente africano, es posible que se haya desarrollado en la estratégica “Reunión de Líderes de Estados Unidos y África” que se celebró en Washington DC a fines del 2022, y en la que Biden y el presidente de Zambia se tomaron una hermosa foto conjunta.

Italia es otro de los países en los que el Estado no se resigna a que el mercado afecte el interés estratégico nacional. La primera ministra, Giorgia Meloni, con quien Milei y sus hermanos de Vox en España han mostrado cierta comunión, protagonizó los últimos días una intensa disputa con el conglomerado automotriz que reúne las firmas Fiat-Chrysler, de Italia, y PSA (Peugeot-Citroen) de Francia por decisiones de la compañía.

“El Estado puede dar un paso atrás allí donde su presencia no es necesaria, mientras que debe dar un paso adelante”, dijo la dirigente italiana como parte de un ataque rotundo a la familia Agnelli, propietaria de Fiat, que aceptó unirse a PSA con el consiguiente traslado de su casa matriz fuera del territorio italiano, entre otras decisiones que la primera ministra interpreta como contrarias al interés nacional. 

Meloni, además, lanzó una crítica solapada al Gobierno francés (que, en realidad, es más bien una expresión de envidia), al decir que la fusión entre Fiat-Chrysler y PSA “escondía una adquisición por parte de Francia”, cuyo Estado conserva un 6,1% de las acciones del grupo empresarial a través del Banco Público Francés de Inversiones. Ahora, el Gobierno italiano baraja la opción de comprar un porcentaje de acciones similar al del Estado galo para recuperar poder de decisión en el conglomerado industrial.

Aunque en unos meses se celebran elecciones al Parlamento europeo, y el nacionalismo siempre es un gran traccionador de votos, el fondo de la embestida empresarial de Meloni muestra la necesidad de elevar el número de empleos en la industria automotriz en su país. La primera ministra le ha dicho a la empresa y al sindicato que el número de unidades producidas debe pasar de 750 mil a 1 millón.

El caso de Italia es muy similar al de Francia en la esfera espacial o al de Bruselas, la capital política de la Unión Europea, que esta semana debió sentarse a negociar los objetivos de su agenda verde con el sector agropecuario tras una masiva protesta de tractores en las principales capitales. Alejada de cualquier dogmatismo, la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, anunció una marcha atrás en la restricción del uso de pesticidas, y abrió las puertas a una nueva serie de subsidios para impulsar la competitividad de los agricultores europeos. 

Los ejemplos de un Estado protagonista sobran y se verán más a menudo en sectores como el de los automóviles eléctricos o el desarrollo de la Inteligencia Artificial. A la luz de los últimos años, pocos se atreverían a negar que el mundo Occidental ha encontrado cierto encanto en aquel proverbio chino puesto en práctica por el líder comunista Deng Xiaoping que decía: “La mano visible del Estado, y la mano invisible del mercado, lejos de estar en contradicción, se complementan y refuerzan una a otra”. Otra cosa es que los libertarios no lo quieran ver.

Nació en Bielorrusia, realizó su doctorado en Harvard sobre historia de la Ciencia. Viajó, enseñó e investigó en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa sobre el cruce entre tecnología, política y democracia con un ojo puesto en las infraestructuras que habilitan la comunicación cibernética y otro en los Estados y mercados que se tensionan o alían para conseguirlo. Habla ocho idiomas que sigue cultivando con clases online desde su casa en Calabria, Italia.

Hace diez años posó su interés sobre un proyecto surgido en la Chile de Allende que condensa mucho de lo que Evgeny Morozov cree acerca del potencial de la tecnología como infraestructura para una alternativa al capitalismo hegemónico. Se trata del Proyecto Cybersyn, también nombrada a veces como “la internet socialista”: una iniciativa de un grupo de ingenieros que buscaba poner en una red de teletipos a distintos equipos de trabajadores y centralizar los datos en tiempo real desde las empresas nacionalizadas de Chile para planificar mejor la gestión económica del país.

Con una investigación profunda, que recorre las ramificaciones –por momentos frenéticas– de una experiencia política, humana, social y tecnológica, Morozov armó un podcast al que le puso un título provocador: Santiago Boys. Una respuesta a los Chicago Boys, una declaración de que otro mundo es –o pudo haber sido– posible. Pero también, acaso, otro socialismo: uno mejor planificado. Aunque el proyecto perdió potencia incluso antes del Golpe de Estado de 1973.

“La experiencia del gobierno de Allende fue muy interesante porque ellos tuvieron todos los elementos que yo estoy buscando en el mundo de hoy. Hubo un reconocimiento de que faltaba una organización internacional para facilitar el acceso a las tecnologías avanzadas a los países como Chile o Argentina, todos los países subdesarrollados, que pudo tener la misma ambición del Fondo Monetario Internacional pero con la tecnología. Si bien la región tiene una experiencia muy fea con el FMI y Estados Unidos tiene mucha influencia –por eso hoy la institución es ferozmente criticada por distintos países del mundo–, la idea inicial del FMI fue facilitar el acceso al capital para el desarrollo. La idea de los cuadros técnicos de Allende fue crear una institución similar al FMI por ejemplo, donde en vez de ofrecer capital sería posible ofrecer también las tecnologías, las patentes, propiedad intelectual, sin crear dependencias tecnológicas y sin implicar a las empresas como ITT, que más tarde crean dependencia. Para mí esta es una intervención a nivel global que hoy en día muchos gobiernos no hacen, ni tampoco reconocen la importancia que tiene. Por ejemplo, para facilitar el acceso a la inteligencia artificial hoy sería mejor crear instituciones de este tipo en vez de continuar con el modelo de donde cada país tiene que negociar con OpenAI, con Amazon, en una relación asimétrica”, dice en una entrevista con elDiarioAR de visita en Argentina, en el marco de una gira por el Cono Sur.

La mención a ITT no es anecdótica: la nacionalización de la sede chilena de esta poderosa empresa de telecomunicaciones estadounidense fue un punto crítico en la articulación de la oposición internacional a Allende: “Tenemos que darle reconocimiento a la confrontación de Allende con ITT porque Allende pagó mucho, en el sentido político, por continuar esta lucha contra una multinacional de lo que hoy en día llamamos big tech”. 

Cuando estudiaba en Harvard, trabó relación con el filósofo e intelectual brasileño Roberto Unger, ex funcionario de Lula, y luego estudio portugués y español. Latinoamérica le interesa como región, entre otras cosas, porque observa un potencial de ofrecer alternativas al poder de Silicon Valley como rector de nuestro vínculo con la tecnología: “Con la ausencia de políticas más radicales en el campo digital en Europa, comencé a estudiar más el contexto latinoamericano porque ahora aquí creo que hay más espacio político y geopolítico para confrontar con Silicon Valley como conjunto de los factores económicos y geopolíticos y no tan solo como una fuerza de innovación que dice cómo adaptarse a los imperativos digitales. Esta es la lectura principal en Europa de hoy”.

—¿Cómo llegaste al proyecto Cybersyn?

—Este proyecto es un punto de referencia para las fuerzas progresistas de izquierda en Europa, en los Estados Unidos, como uno de los únicos proyectos constructivos tecnológicos. Constructivos en el sentido de que normalmente ahora el debate sobre big techs, sobre las plataformas digitales, es un debate regulatorio: regular, hacer algo con la propiedad de datos para regular un poco la inteligencia artificial, hacerla más ética, más moral, etcétera, etcétera. Pero no hay proyectos que quieren construir una infraestructura diferente para también gestionar la economía de manera diferente, una economía que no sería la de mercado, la liberal. El Proyecto Cybersyn, en este contexto intelectual, histórico, parece un milagro muy particular, porque nace en el contexto de Salvador Allende de Unidad Popular, al que no reconocemos como un período avanzado de adelantos tecnológicos. Un contexto muy turbulento, sí, con muchos problemas políticos, geopolíticos, pero no es un contexto como Silicon Valley o, no sé, la Florencia del Renacimiento. Entonces creo que también hay un debate casi esotérico sobre cómo podemos recuperar, reiniciar una discusión sobre la planificación y cómo podemos planificar usando big data, usando la inteligencia artificial. El Proyecto Cybersyn me parecía una punta de entrada de estos temas. 

—Después de años de crisis, la pandemia y diversos escenarios políticos radicalizados hay como una sensación de que “no hay alternativa” para pensar un mapa de poder distinto: ¿qué te enseñó un proyecto como Cybersyn en ese sentido? 

–Este proyecto puede enseñarnos la necesidad de soñar de un modo más radical. También a intentar construir infraestructuras alternativas en vez de aceptar lo que Silicon Valley, el capitalismo digital de hoy, presenta como inevitable. Creo que la lógica del “No hay alternativa” está más presente en el capitalismo digital, en la economía digital que en el capitalismo tradicional, porque hay esta tendencia a presentar la innovación como un proceso autónomo que tiene su lógica propia y entonces el único modo de aprovechar la innovación es adaptarse. En el caso de Cybersyn o proyecto Synco ellos no quisieron adaptarse, quisieron construir un sistema para facilitar un proyecto alternativo económico. Entonces para mí es imposible entender Cybersyn sin entender la importancia de la nacionalización de las empresas que, por ejemplo, en algunos casos Pinochet aceptó, como la nacionalización de las empresas de cobre, y la nacionalización de ITT. Según mi visión y la de muchos economistas políticos del período, esta era la opción racional, que también fue articulada con una base en teorías de desarrollo diferentes de hoy. 

— Desde Argentina se ve cómo la Unión Europea avanza con el frente regulatorio sobre las Big Tech. ¿Por qué decís que Latinoamérica tiene más potencial contestatario respecto de Silicon Valley?

— Porque en Europa este discurso de regulación es casi una excusa para no hacer nada más ambicioso. Muchos analistas piensan que la regulación es solo el primer paso para hacer las cosas más ambiciosas, pero casi nunca ocurre esto. Porque hay una creencia ideológica muy fuerte en el poder de la competencia. Entonces está esta ideología que dice que si los gigantes digitales tienen las reglas más fuertes para competir entre ellos, esto puede producir un simulacro casi de la soberanía tecnológica. Pero esto no ocurrió en los últimos quince, veinte años. Los políticos europeos no pudieron rechazar este hecho. Entonces Emmanuel Macron por ejemplo empezó a hablar de la importancia de la soberanía tecnológica pero solo en el contexto neoliberal. O de la seguridad nacional. Para políticos como Macron, hay dos modos de proteger o avanzar en la soberanía tecnológica: una es crear más startups para innovación –que no ayuda mucho a avanzar esta agenda porque en muchos casos ya capturadas por capitales de riesgo norteamericanas– y, por otra parte, hay un discurso sobre la seguridad nacional, pero tampoco ayuda mucho porque no hay alternativas europeas a empresas como Palantir. Falta una política industrial en este campo. La política industrial europea no puede reconciliarse con una política que no sea neoliberal porque hay obstáculos políticos y económicos, por ejemplo, para crear empresas estatales. Esto no es posible porque los arreglos de la Unión Europea ponen muchos obstáculos. O los subsidios, que normalmente ha creado la industria digital en Estados Unidos y China, en la mayor parte de Europa están prohibidos.

—En el caso de países de menor escala y poder en el mapa geopolítico ¿Es posible aspirar a la soberanía digital? 

— La soberanía digital es un objetivo utópico. Pero es importante tener una política de desarrollo. Lo mismo podemos decir por ejemplo de la sustentabilidad. Es un objetivo abstracto pero es necesario tener alguna secretaría de sustentabilidad o de soberanía tecnológica en los gobiernos. Cómo hacerlo es otra pregunta, pero el hecho de que sea difícil no significa que no tengamos que proseguir con este proyecto. Es claro que en América Latina el único modo de hacer este tipo de resistencia a Silicon Valley es crear coaliciones regionales, proyectos internacionales para financiar infraestructuras alternativas. Por ejemplo, yo no sé por qué no hay alternativas a Large Language Models, estos modelos de lenguaje, entre los países de América Latina donde todo el mundo –con la excepción de Brasil– habla español, hay muchos recursos ya digitalizados, en las bibliotecas hay una política fuerte de Open Access para los artículos académicos. Me parece una elección muy lógica hacer algo en el marco regional. Pero antes de iniciar este proyecto necesitamos un reconocimiento de la necesidad de luchar por la soberanía tecnológica y yo creo que los gobiernos todavía no ven la importancia. Porque ellos no reconocen el conjunto de los costos, los obstáculos que crea la dependencia creciente de los servicios de la computación para el desarrollo del país. Porque los costos al inicio parecen pequeños pero con el tiempo, para también rentabilizar los modelos de Silicon Valley, de las plataformas, normalmente crecen. . 

— Vos escribiste sobre el solucionismo tecnológico –esto de buscar resolver cualquier problemática por medio de la tecnología y la cuantificación– hace casi diez años. ¿Qué significó la pandemia para esa tesis en particular con una digitalización acelerada en muchos aspectos de la vida? 

—Cuando yo articulé este concepto, no tenía un enfoque muy claro, entonces fue un concepto que inserté en el libro sin desarrollar un marco teórico muy fuerte. Después pasé mucho tiempo buscando modos para crear más conexiones, por ejemplo, con la crítica al neoliberalismo. Establecer más contactos con marcos teóricos existentes para crear un contexto intelectual para también entender la lógica histórica del solucionismo, porque yo no quise nunca presentar el solucionismo como una tendencia eterna del mundo occidental. Quise presentar solucionismo como un fenómeno histórico. Para mí hoy en día el solucionismo, antes de la pandemia también, es la etapa más eficiente del neoliberalismo donde los neoliberales aceptan y reconocen el hecho que hay muchos problemas en el mundo, muchos de ellos incluso creados por el capitalismo. Reconocen esto para crear condiciones en las cuales pueden ofrecer las soluciones lucrativas, rentables, a todos estos problemas, en los que el mercado sería la solución principal, pero un mercado presentado solo como la extensión de la innovación tecnológica y la ciencia. Continuar con el programa básico del neoliberalismo que quiere privatizar, mercantilizar, todas las soluciones pero hacerlo con una lógica, con una retórica casi humanitaria.

La pandemia aceleró este proceso porque hubo una crisis social, económica, política, donde las empresas doblaron esta lógica retórica humanitaria y solucionista. Y al mismo tiempo pudieron experimentar con muchas aplicaciones y presentarse como la parte esencial del estado de bienestar casi, que para ellos sería la mejor solución después de la pandemia porque el objetivo real de las empresas digitales es penetrar en todas las instituciones públicas y ofrecer servicios de computación e inteligencia artificial. 

— ¿Qué podrían hacer los Estados o qué podrían haber hecho? En la mayoría de los países, el mercado lleva la delantera en esto de facilitarles la vida cotidiana a las personas y el Estado va mucho más lento. ¿Cómo podría ser una propuesta de innovación al servicio del interés público?

— Yo no veo alternativas sin fortalecer el Estado. En todo el mundo, no solo en Argentina o América Latina, después de diez, quince, veinte años de una política neoliberal que negó la importancia de este sector es claro que las soluciones públicas no son del nivel de Silicon Valley o empresas como Mercado Libre, que tienen inversiones enormes en desarrollo e innovación. Es claro que el nivel de inversiones en economía digital privada es tan alto, tan grande, que es muy difícil esperar que un Ministerio pequeño acá en Argentina pueda hacer resistencia a ellos con aplicaciones desarrolladas durante hackathons organizados por el gobierno. Creo que tenemos que ser realistas en este campo pero es importante contestar la ideología de Silicon Valley. Y por eso yo quise redescubrir también la experiencia chilena, porque ellos no tuvieron este sesgo que tenemos hoy, que pensamos que ante cada problema el primer paso es una llamada a McKinsey o The Lloyd u Oracle o Google. Ellos tuvieron un problema, y recurrieron a un consultor inglés, Stafford Beer, OK, pero la solución no fue delegar todo esto a una empresa privada, sino invitar a Stafford Beer a Chile, desarrollar una solución adecuada, local, con todas las necesidades del gobierno local. Entonces yo creo que el sector público y también los movimientos sociales decimos que la parte no comercial de la sociedad, que no es de las empresas o de startups, también es capaz de innovaciones. El problema es que no existen instituciones económicas, sociales o legales que puedan fomentar no solo el nacimiento de una innovación sino también la difusión en el país, en el mundo. No existen en tal cantidad como las instituciones del capital económico y financiero. Por esto las personas que inventan algo interesante con las tecnologías digitales normalmente hoy tienen solo una opción, que es crear una startup, buscar el capital y continuar en Silicon Valley explotando los datos de los usuarios. Los sistemas alternativos que permitirían hacer otras cosas e innovar en un contexto económico internacional diferente no existen. Tenemos que crear eso también. Pero no hay reconocimiento que eso es necesario. Este es el problema.

—Escribiste sobre la desilusión de internet en relación a su rol democratizante. A partir de eventos como el escándalo de Cambridge Analytica o la victoria de Trump hay más conciencia de los efectos negativos de las plataformas sociales ¿Creés que algo cambió con eso o solo hay un estado de paranoia inconducente? 

— Yo creo que techclash desde el inicio tuvo un enfoque un poco ambiguo, un poco apolítico y un poco populista en el sentido de muy demagógico. Entonces tuvo este aspecto de “las big tech son empresas gigantescas, tenemos que hacer algo contra ellas”, pero sin entender bien. Estos pensadores tienen el enfoque de la democracia liberal, entonces se preocupan mucho por los aspectos políticos pero con una perspectiva donde la economía no existe. No tienen un análisis económico, no tienen un análisis geopolítico, y no entienden bien que hoy en día la economía digital, los modelos de negocios de la economía digital de los Estados Unidos, representan la frontera última de su modelo capitalista, en el sentido de que para hacer algo contra estas empresas sería necesario desarrollar otro modo de desarrollo en el país y evitar también la dominación de otros países por parte de los Estados Unidos todavía por medio de las plataformas digitales. Este aspecto fue completamente ignorado por el debate mainstream. Pero cuando Mark Zuckerberg apareció en el Senado durante su testimonio sobre qué hacer con Facebook, etcétera, él, de modo muy claro, comunicó que regular los big techs, regular Facebook, quiere decir que China va a ganar esta batalla global. Entonces yo creo que techclash como un fenómeno populista no pudo producir resultados concretos porque para mí fue un equivalente liberal del trumpismo, en el sentido de que fue una crítica muy fuerte, una crítica del capitalismo, pero sin hablar de las dinámicas del capitalismo. 

NS/DTC

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó hoy el presunto ajuste propuesto por algunos sectores de la oposición que, según su criterio, apunta a reducir las inversiones en educación púbica“.

“Venimos de una época en la que se cerraron 33 escuelas, se paralizaron las obras de infraestructura escolar y se bajaron los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras de la comunidad educativa”, indicó durante su recorrida por la Escuela Secundaria Agraria N°1 de Colonia Ancalo, municipio de Florentino Ameghino, en referencia a a la gestión de María Eugenia Vidal en la gobernación bonaerense.

“De eso se trata el ajuste que hoy proponen nuevamente desde algunos sectores: de que no haya ni tractores ni inversiones que brinden más y mejor educación pública a los pibes y pibas de Ameghino y del resto de la provincia”, agregó.

De la visita al municipio también participó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quien puso en funcionamiento una nueva ambulancia de alta complejidad para la atención de pacientes en estado crítico. “Vamos a continuar avanzando con la integración del sistema de salud para, a través de un Estado presente, garantizar la atención de todos y todas las bonaerenses”, prometió el funcionario.

“Nosotros entendemos que el Estado está para reconocer el derecho de todos los pibes y pibas a un futuro mejor y para construir una sociedad en la que todos partamos desde un lugar parecido”, explayó el mandatario provincial de Unión por la Patria que ahora busca su reelección.

ACM con información de agencias.

La situación educativa en Argentina es crítica. En 2019, el país obtuvo el peor desempeño de su historia en las evaluaciones internacionales de aprendizaje (ERCE) de la UNESCO y, según las estadísticas resultantes, el 46% de los alumnos de tercer grado carece de competencias básicas de comprensión lectora. Sin embargo, la inversión en educación está lejos de ser una prioridad para los dirigentes nacionales y provinciales: 12 de 24 provincias redujeron la proporción de su presupuesto destinada a gastos educativos entre 2004 y 2021.

¿Cuántas provincias redujeron su inversión en educación entre 2004 y 2021?

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza son las que mas lo hicieron en ese período de 17 años: 8,8% y 7,3% respectivamente es el porcentaje en redujeron el dinero destinado a educación. En el extremo opuesto, Salta y Neuquén se erigieron como las provincias que más aumentaron la participación de esta área en su presupuesto: 8,1% en la provincia del Noroeste Argentino (NOA) y 6,6% en la patagónica.

Salta, además, se destaca como la segunda provincia que más porcentaje de sus recursos totales destinó a gastos para enseñanza en 2021, detrás de la Provincia de Buenos Aires, con 28,8% y 30,8%, respectivamente. CABA, por su lado, no sólo presentó una variación negativa entre 2004 y 2021, sino que también destacó como la jurisdicción que menor proporción de su presupuesto asignó a educación con un 16,7%. Le sigue Santa Cruz que invirtió en esta área el 17,6% de sus recursos provinciales.

La Ley de Educación Nacional, aprobada en 2006, establece que la inversión en esta área no puede ser menor al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, hasta el 2021, esta meta sólo se alcanzó en tres oportunidades: 2009, 2013 y 2015. Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Financiamiento educativo provincial”, que trabaja sobre los presupuestos de las jurisdicciones subnacionales dado que ─luego de la descentralización de competencias que se dio entre las décadas de 1970 y 1990─ de ellas depende el 75% del financiamiento educativo.

“La descentralización educativa dispuesta en el país requiere profundizar los análisis sobre las posibilidades de financiamiento a cargo de las provincias, que concentran una proporción importante de los recursos necesarios para dar cumplimiento al umbral establecido por la Ley de Educación Nacional”, señaló Javier Curcio, autor del informe.

El documento fue elaborado con participación también de Martín Nistal y Víctor Volman.

“Identificar la situación de cada jurisdicción y las brechas existentes es crucial para asegurar el cumplimiento efectivo del derecho a la educación de calidad en todo el territorio”, agregó Curcio en relación a la deuda de múltiples provincias con los aprendizajes.

¿Cuál es la proporción de gastos en salarios y en inversión en infraestructura para la educación?

El informe de Argentinos por la Educación expone, además, que la mayor parte del dinero asignado a educación es destinado al pago de sueldos. Para el 2021, a nivel nacional, el 90% del gasto se utilizó para financiar al personal docente y no docente de los establecimientos educativos: 78% corresponde a salarios del sector público, mientras que el 12% restante fue dirigido al sector privado.

Sin embargo, a nivel subnacional, pese a que en todos los casos supera el 65%, la inversión en salarios exhibe mayores brechas. Chubut y Neuquén son las dos provincias con proporción del presupuesto destinada al financiamiento de personal más elevada: el porcentaje asciende al 91% y 86% respectivamente. En el extremo contrario, se destacan San Luis ─con inversión del 66%─ y Formosa y CABA ─ambas con 69%.

La magnitud del gasto en salarios docentes deja poco margen para la inversión en capital que permita mejorar las instalaciones y, en consecuencia, las condiciones de aprendizaje de los alumnos, especialmente de aquellos que asisten a escuelas públicas. “Es muy notoria la baja participación de gasto destinada a la inversión en infraestructura. Aquí la desigualdad se presenta en forma solapada, dado que se gasta más en subsidiar a las escuelas de gestión privada que en bienes de capital de las escuelas públicas, lo cual es posible que afecte la calidad de la prestación del servicio educativo por deficiencias edilicias o falta de equipamiento”, explicó Jorge Lo Cascio, economista y magíster en Educación.

El docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Juan Doberti, ratificó la excesiva participación del componente salarial en los gastos para enseñanza y subrayó la importancia de una mejor coordinación y comunicación entre Nación y provincias para la asignación del presupuesto. “En un país federal, con un financiamiento compartido entre la Nación y las provincias, deben plantearse mecanismos para que los esfuerzos económicos de ambos niveles de gobierno sean complementarios y no sustitutos y, asimismo, los escasos recursos se empleen de un modo que combine la eficiencia con la equidad entre estratos sociales y regiones del país”, expresó.

En este contexto, y dado el bajo rendimiento de los alumnos locales y la calidad de sus aprendizajes, el informe de Argentinos por la Educación reafirma la necesidad de resarcir la deuda educativa del estado con los estudiantes. No se trata solo de invertir una elevada proporción del presupuesto en enseñanza, sino de hacerlo de manera eficiente y equitativa a fin de potenciar los aprendizajes de todos los chicos a nivel nacional.

ACM/MG

Las decenas de miles de turistas que visitan cada año las Salinas Grandes de Jujuy y después postean en redes sociales sus fotos paveando en ese paisaje plateado primero debieron andar al menos una hora de auto entre curvas y contracurvas, algunos al borde del mareo y medicados con Dramamine, por la Cuesta del Lipán desde Purmamarca. Las Salinas está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Por eso hay que andar lento, evitar comilonas, algunos copian la costumbre local de ponerse unas hojas de coca entre los dientes y la pared lateral de la boca y otros se toman una Cafiaspirina. Todo sea para evitar dolores de cabeza, vómitos y mareos. Si seguimos dos horas más por esa ruta nacional 52 hacia Chile, con más zigzags pero menos pronunciados, llegamos a la que en dos meses se convertirá en la mayor mina de litio de la Argentina, en el Salar de Olaroz, en el mismo desierto de la Puna donde falta el aire y el agua y sobran inversiones contra el calentamiento global, para reemplazar dentro de 12 años en diversos países desarrollados los autos a petróleo por los eléctricos.

Al salir de la 52 e ingresar al camino de ripio se divisa entre las montañas, las tolas y tolillas (arbustos bajos) y las vicuñas, las instalaciones de Gemar, una proveedora de camiones y grúas para la industria litiera que armaron las comunidades indígenas atacameñas, que están a favor de la actividad, a diferencia de la mayoría de las de Salinas Grandes y la vecina Laguna de Guayatayoc, preocupadas por el uso del agua en su explotación. Antes de bajar del vehículo para entrar al yacimiento, un empleado de Sales de Jujuy pasa con la pipeta a controlar el alcohol cero en sangre. Los recursos naturales son de las provincias, pero su explotación está concesionada a esta empresa que controla la australiana Allkem (66,5%), la quinta mayor litiera del mundo, originaria del país que lidera en producción global (la Argentina está cuarta), y en la que participan el grupo japonés Toyota (25%) y la estatal Jujuy Energía y Minería (Jemse), que por norma se queda con el 8,5% de todos los proyectos de la provincia y espera cobrar así, más pronto que tarde, sus ganancias, una vez que se recupere el capital invertido por sus socios. Sales de Jujuy comenzó a producir en 2015, tiene una capacidad para extraer 13.000 toneladas anuales, pero en junio sumará otras 25.000, con lo que superará al menos durante dos años a la otra única mina que ya obtiene litio hoy en la Argentina, Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, de la norteamericana Livent. Este yacimiento catamarqueño extrae 20.000 y en 2025 sumará 30.000.

Apenas se baja del vehículo hay que pasar por el consultorio médico del campamento donde trabajan 350 personas. En la entrada, un cartel electrónico cuenta que llevan 157 días sin accidentes laborales y 533 sin incidentes ambientales, a diferencia de Livent, con un derrame reciente por el vuelco de un camión con químicos. Estamos a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Se controla la presión y la saturación de oxígeno, con el oxímetro que tanto se popularizó en la pandemia. Después, una charla de medidas de seguridad, donde se advierte que los vientos de hasta 45 kilómetros por hora pueden cerrar de golpe puertas de vehículos e instalaciones, y luego, a ponerse casco, anteojos de sol, pechera reflectante y punteras en el calzado y a recorrer.

“Acá es donde se derriban todos los mitos del litio”, arranca la gerenta de comunicaciones de Sales de Jujuy, Inés Casañas. Ella defiende la “necesidad” de la actividad porque el mundo debe dejar de consumir petróleo para sus autos y reemplazarlos con baterías de litio ante la crisis climática que ya sentimos con olas de calor que se traducen en cortes de luz o sequías graves. La polémica radica en el uso del agua en una zona de por sí desértica, donde desde hace siglos viven pobladores con sus llamas, vicuñas, cabras y lo poco que allí pueden plantar. El primer paso de la producción consiste en extraer de pozos de 300 a 600 metros de profundidad litros y litros de salmuera, agua con una altísima concentración de sal, ocho veces más que la permitida para el consumo humano, como en el mar. Allí mezclado está el litio y otros minerales. “Es agua salobre, no es potable, no la podemos tomar los seres humanos, ni los animales”, aclara Casañas.

En el pueblo más cercano de la mina, Olaroz Chico, la máxima autoridad, el coordinador de la comunidad atacameña del lugar, Mario Gerónimo, cuenta que “no falta agua, ni se contaminó” desde que comenzó la explotación hace ocho años. Antes la mayoría de sus pobladores se dedicaba a otros proyectos mineros, como la extracción de bórax, que después se cerraron cuando se acabó el mineral. Ahora Olaroz Chico tiene 280 habitantes, el cuádruple de los que tenía antes de que arrancara el litio. “Muchos volvieron”, cuenta Gerónimo. El 40% de los empleados de Sales de Jujuy son de las diez comunidades del pueblo originario Atacama y el 75% son de la provincia. Como los indígenas son dueños de las tierras donde se extrae el mineral, la comunidad recibe una compensación económica que se tradujo en la construcción de una plaza, una escuela técnica con albergue y un polideportivo, además de empleos y contratos como proveedores de camiones, combis, catering o mantenimiento. Algunas familias debieron mudarse de sus tierras ancestrales por el yacimiento y recibieron otras compensaciones como empleo para sus hijos. Los mineros ganan 160% más que el promedio de los trabajadores. Gerónimo sostiene que en su comunidad “sólo unos pocos está en contra del litio”.

Una mina puede que no altere la provisión de agua en la zona, ¿pero qué sucederá cuando en esas tierras se multipliquen los proyectos para extraer salmuera aquí y allá para abastecer a todo el mundo de litio? Porque, a diferencia del petróleo, no en todo el planeta hay este mineral blanco y la Argentina cuenta con las terceras reservas mundiales, detrás de Australia y Chile. Entre Jujuy, Salta y Catarmarca, hay seis minas que están punto de sumarse a las dos que ya producen, hay otras 10 detrás en carrera y 20 con trabajos de exploración avanzada. “Con empresas de la zona que todavía no han empezado a producir, tenemos una alianza estratégica para analizar la no afectación de napas de agua dulce. Y hay un trabajo combinado entre el sector privado y el Estado en pos de cuidarlas”, cuenta Casañas. En las Salinas Grandes, donde hay carteles contra el litio, la presidenta de la comunidad colla Santuario Tres Pozos, Verónica Chávez, advierte: “No es, como dicen, que ellos van a salvar al planeta... Nosotros tenemos que dar la vida para salvar al planeta”. Gerónimo, de Olaroz Chico, la contradice: “Ellos tienen que venir a ver la realidad”. La polémica está servida y la Corte Suprema ha intervenido para analizar las iniciativas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, a pedido de sus comunidades. Sólo en una de ellas, Lipán, se votó a favor del litio.

El gerente de asuntos públicos de Sales de Jujuy, José Alioto, admite que el “impacto acumulado es algo que habrá que controlar cuando haya más proyectos produciendo”. Es que habrá muchos. “Somos los campeones mundiales de inversiones de litio, no hay país que esté recibiendo más inversiones que la Argentina en la actualidad”, cuenta Alioto antes de ir a almorzar al comedor de la mina. Allí se hace cola con la bandeja para ir poniéndole platos, unas imágenes de la Virgen los custodian, todos uniformados de azul, hay muchos varones, algunas mujeres y un cartel grande que advierte “No es no”, en contra del acoso sexual. Los empleados de la zona no duermen allí, pero otros se quedan siete días seguidos trabajando y durmiendo en el campamento y después descansan otros siete.

La Argentina es el cuarto productor mundial, detrás de Australia, Chile y China, pero va camino de convertirse en el segundo. Allkem no sólo está invirtiendo para ampliar su mina en el Salar de Olaroz sino también para comenzar a producir el año próximo en Sal de Vida, en Catamarca. Con US$ 1.500 millones sextuplicará su producción actual. ¿Por qué, a pesar de su incertidumbre económica y el cepo cambiario, la Argentina lidera en inversión en litio? Empresas no sólo australianas sino de Canadá, otro país de tradición minera, y China son las que más apuestan, pero también las hay de capitales locales -José Luis Manzano y Pluspetrol, de las familias Rey y Poli- y de Estados Unidos. Alioto identifica varias respuestas: porque la Argentina dispone de un recurso “de muy buena calidad”, “porque es de las provincias y lo defienden más allá de los cambios de gobiernos provinciales”, por la estabilidad fiscal por 30 años que asegura la ley minera de los 90, “porque son proyectos de largo plazo que miran más allá de la coyuntura” y por los costos. Entre estos está la carga tributaria.

¿Por qué la Argentina supera en inversiones a Chile y Bolivia, los otros países del llamado Triángulo del Litio? Alioto advierte que regulaciones ambientales han frenado iniciativas chilenas, al tiempo que en el Salar de Uyuni boliviano es difícil la separación del litio del magnesio con el que suele surgir de la salmuera a la vez que es el Estado el que pretende liderar las inversiones. Bolivia quedó relegado al décimo puesto en extracción mundial. El presidente de Chile, Gabriel Boric, en tanto, anunció esta semana que busca crear asociaciones público-privadas para extraer el litio con respeto al medio ambiente.

Hay una discusión sobre cuánto tributan las litieras en la Argentina. Livent incluso está investigada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una supuesta subfacturación de exportaciones. No es el caso de Sales de Jujuy, que tiene este asunto en regla. Pero un estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señala que en Chile el litio paga más impuestos que en la Argentina. Compara los datos de un antiguo proyecto de allá, SQM Salar, con Sales de Jujuy y advierte que la tasa efectiva de tributación de la chilena en el periodo 2011/20 fue del 42,6% de sus ingresos, frente al 3,4% de la mina argentina, pero hay que tener en cuenta que esta última comenzó más tarde, sus datos comerciales aparecen en 2017, y recién está recuperando la inversión. Para comparar peras con peras, la CEPAL simula cuánto tributaría un proyecto de litio que haya empezado en 2021. El resultado es que la Argentina es donde la tributación efectiva sería menor, entre el 10% y el 44%, según distintas hipótesis, mientras que en Chile llega a entre el 13% y el 57% y en Bolivia, entre el 16% y el 63%. Un país puede atraer más inversiones porque cobra pocos impuestos, regalías y retenciones, como sucede con el litio en la Argentina, pero puede correr el riesgo de que así quede poca ganancia para el país. O puede pretender que el Estado se quede con mucho, pero acaba consiguiendo poca inversión y, por tanto, bajos beneficios. El desafío radica quizá en conciliar ese equilibrio para recaudar lo mayor posible sin desalentar la radicación de capitales.

Otro reto es el ambiental. Y también está el de la industrialización del litio. “Estamos para colaborar en lo que sea”, es la respuesta diplomática del gerente de asuntos públicos de Allkem cuando se le pregunta por la producción de baterías en la Argentina, una idea que por ahora sólo están en el estadio de pruebas por parte de Y-Tec, la división tecnológica de YPF. Por ahora, se las produce en China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y Alemania y después los autos eléctricos se elaboran en el gigante asiático, Europa y la superpotencia norteamericana. En la Argentina apenas hay proyectos de empresas locales que fabrican los auto Tito, Volt o Sero Electric. El carbonato de litio de Sales de Jujuy va 100% a Toyota en Japón, donde se los convierte en hidróxido de litio, y de allí se destina a las fábricas de baterías.

En Sales de Jujuy hay litio para extraer por 40 años, pero la oportunidad, según Allkem, está en los próximos 20 porque después comenzará el reciclado de baterías. El suyo es un gran negocio, si se tiene en cuenta que la tonelada que exporta esta firma subió del piso de US$ 3.000 en el que cayó por la pandemia de 2020 a los actuales US$ 53.000, en la medida en que el mundo lo demanda más por el avance de los autos eléctricos. Pero Alioto reivindica que no se trata sólo de una actividad minera sino química. De los pozos que extraen la salmuera se lleva el líquido a la planta de cal, que viene de San Juan y otros rincones de Jujuy. Allí se le inyecta agua industrial, que también es salobre. La idea es quitarle el magnesio, que quedará como residuo y que la idea es reutilizarlo para hacer caminos, entre otros usos. La salmuera ya sin magnesio va a 70 enormes piletones que ocupan 1.500 hectáreas en total. Allí reluce su color verde, pero no son aguas del Caribe para zambullirse sino otras más parecidas a las del Mar Muerto, de hasta 6 metros de profundidad. Además hay que andar abrigado, la máxima es de 15 grados, la mínima de menos 20. Con el viento y la acción solar a 3.900 metros sobre el nivel del mar, durante seis meses se va evaporando la salmuera para que quede una mayor concentración de litio. Membranas impermeables impiden que se derrame la salmuera en la tierra: no quieren que caiga nada, no porque sea un material contaminante, sino demasiado valioso, el llamado “oro blanco”. El liquido se va pasando de piletón en piletón hasta que después se deriva a la planta de carbonatación, donde se le aplica soda ash, que se importa de Estados Unidos. Para algunos clientes se lo purifica con dióxido de carbono, que provee la francesa Air Liquide, con producción argentina. Finalmente, se pasa al secado y embolsado. El proceso total del pozo a la bolsa con el polvillo de carbonato de litio demora un año.

AR

El ministro de Economía, Sergio Massa, quiere que se investigue si fue intencional o incluso un sabotaje el incendio de ayer de pastizales en las islas del Delta de Paraná, uno de los tantos que azotan la zona a pesar de la ley de manejo del fuego y ante la falta de una norma que proteja los humedales. Pero más allá del castigo que corresponde a quienes provocaron la quema de las torres de alta tensión dentro de esos campos, la pregunta es cómo un siniestro así causa que 40% del país -unos 19 millones de personas- se quede sin electricidad por tres horas, un tipo de incidente que no suele ocurrir en países ricos ni tampoco en los vecinos latinoamericanos.

Nicolás Arceo, de la consultora Economía y Energía, cuenta que ayer se incendió una línea que estaba sobrecargada por la alta demanda de un día de verano con elevada temperatura. “Si tuvieras más inversión en transporte eléctrico, tendrías líneas alternativas para funcionar”, advierte el ex vicepresidente de YPF en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “Para evitar estos apagones por fallas en el transporte, deberías invertir en el segundo mallado del anillo del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, más líneas que te comunican con los centro de generación. Pero hay una discusión de si vale la pena hacer esa inversión para evitar cortes durante 20 días de mucho calor en el año, como hacen países desarrollados pero no necesariamente los de ingresos medios como el nuestro, o si conviene invertir más en gasoductos, dada la escasez de recursos que tiene el país. Tener un sistema de Primer Mundo es caro. Pero es verdad que necesitás invertir en transporte, algo que no sucede desde 2013. Necesitás invertir tanto en el anillo para dar más robustez como en líneas para incorporar energías renovables y generación en general”, señala Arceo. Uno de los problemas para el despliegue de más parques solares y eólicos, necesarios ante la crisis climática, radica en la falta de conexión de ellos a través de redes con los centros de consumo.

Arceo es un economista crítico tanto del congelamiento de tarifas que impuso el kirchnerismo, por su impacto en la inversión, como de los tarifazos del gobierno de Mauricio Macri, dado que ofrecieron una rentabilidad excesiva a los operadores privados. Pero recuerda que el sistema establece que las inversiones para ampliar la red de transporte, a diferencia de las de distribución, dependen del Estado y no de las empresas concesionarias. Y en ese sentido observa que sólo se amplió en serio la infraestructura de alta tensión entre 2006 y 2013, es decir, entre el gobierno de Néstor Kirchner y el de su esposa, pero al final del kirchnerismo ya dejó de invertirse. Tampoco se mejoró el transporte eléctrico en el gobierno de Carlos Menem ni en los de Mauricio Macri o Alberto Fernández. En la era Menem sí hubo inversiones en generación y distribución para terminar con los cortes programados de la gestión de Raúl Alfonsín, aunque en 1999 un apagón de la privatizada Edesur despertó otra vez las alarmas.

El mayor desde 2019

El corte masivo de ayer fue el mayor desde 2019, cuando ocurrió otro, también por falta de inversión en redes alternativas de transporte, pero en una situación bien distinta. Duró 13 horas, afectó a 50 millones de personas, es decir, no sólo a casi toda la Argentina sino a países vecinos. Era la mañana del Día del Padre, 18 de junio de 2019, cuando se cayó una línea de transmisión, mientras otra se encontraba en mantenimiento, y entonces se desconectó la central que por aquellas horas estaba abasteciendo a casi todo el país, la hidroeléctrica Yacyretá. Era el final del otoño, el consumo era bajo en ese momento del día, pero el equipo energético del gobierno de Macri había maximizado el ingreso de electricidad de la central argentino-paraguaya para ahorrar costos, según recuerda Arceo. Cuando dejó de funcionar la línea que traía esa energía, casi el país entero se quedó sin luz. Ayer, en cambio, fue la central nuclear de Atucha, en Zárate, la que quedó desconectada por el incendio en la línea que une Campana con General Rodríguez, y los afectados llegaron al 40% de la población.

Julián Gadano, director en la Fundación Argentina Global y ex subsecretario de Energía Nuclear de Macri, recuerda que el apagón de 2019 tuvo que ver con un “by-pass” de la red en el Litoral, pero el corte de ayer se vinculó con un sistema de transporte “sobreexigido por mucha demanda por temperaturas extremas”. “Hace mucho que no hay inversión en transporte ni para su expansión ni para su fortalecimiento, sólo para su mantenimiento. No está mal la red, pero funciona bien siempre que no haya un problema importante, es decir, que no se te cae algún gran generador o una línea. Para solucionar esto, se requiere una inversión muy grande, de entre 10 y 15 mil millones de dólares, que es lo que la Argentina gasta en subsidios a la energía por año. Es un debate si queremos hacer esa inversión para resolver 20 días al año porque en general tenés problemas cuando estás sobredemandado o cuando pasa algún evento impredecible, como el que nos pasó a nosotros”, plantea este integrante de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio. “Yo me inclino a que deberías tener esas redundancias”, se refiere Gadano al refuerzo del anillado de la red. “Pero alguien puede decir muy razonablemente que no tiene sentido gastar 15 mil millones por 20 días al año. Los países del Primer Mundo lo tienen. Pero muchos no”, añade este sociólogo.

Los apagones masivos por fallos en el transporte son distintos que los cortes de luz por falta de inversión en la distribución, como sucede con frecuencia en verano en el área de Edesur, que ahora está bajo la lupa de un veedor estatal. “El sistema argentino está organizado de manera tal que la inversión en transporte corre por cuenta del Estado, pero en la distribución minorista deben hacerla las distribuidoras. En el AMBA, como están atrasadas las tarifas, prácticamente no hay inversión en distribución. Contrariamente a lo que piensa la gente, las distribuidoras no reciben subsidios, como sí reciben los generadores. A veces el Estado les hace algunas obras. Entonces la red se va deteriorando por falta de inversión, que a su vez es por falta de remuneración. Es así de simple. Está peor Edesur que Edenor por dos motivos. Porque Edesur heredó una peor red de lo que era la estatal Segba -el servicio se privatizó en 1992- y porque en su origen sus accionistas privilegiaron hacer caja en lugar de hacer inversiones”, recuerda Gadano. Edesur estuvo controlada primero por la chilena Enersis, hasta que en 1999 esta fue adquirida por la española Endesa. Y a su vez, Endesa pasó en 2009 a manos de la italiana Enel. Ahora es Enel es la que busca comprador para Edesur, como parte de su plan para retirarse de la Argentina.

AR

Los ahorristas que tengan dinero en una cuenta de Mercado Pago podrán invertir el dinero en un fondo común de inversión de bajo riesgo junto al capital de otros usuarios. A diferencia de lo que sucede con un plazo fijo tradicional, la propuesta de la fintech no exige un mínimo tiempo de permanencia y carece de un piso o techo respecto al monto a colocar. Permite, además, que los pesos invertidos estén siempre disponibles para ser usados o retirados, mientras se consiguen rendimientos diarios.

La inversión ofrecida por Mercado Pago, pese a las ventajas anteriores, genera una renta inferior a la de los depósitos bancarios tradicionales. Hoy en día, la tasa de interés nominal anual del plazo fijo es de 75% y no se modifica. El rendimiento anual de la propuesta de la fintech varía y la tasa se estima en base a la rentabilidad de los últimos 30 días, por lo que puede ser mayor o menor de lo esperado.

La tasa actual es de 62,4% anual, es decir que la renta bruta por mes es de 5,1%, un valor equivalente a la inflación de diciembre de 2022. Si bien, desde el Ministerio de Economía se busca bajarla al 60% en 2023, se espera un índice de precios al consumidor más elevado del proyectado por la cartera de Sergio Massa para el primer mes del año. Cálculos privados estiman que, en enero, la inflación oscila entre un 5,5% y 6%. Si este fuera el caso, el fondo común de inversión de Mercado pago podría perder atractivo ante otras formas de inversión para enfrentar la devaluación de la moneda nacional.

Los honorarios de la Industrial Asset Management, administradora del fondo, y el Banco Industrial, agente de custodia ─que corresponden a 2,94% y 0,15% anual respectivamente─ se deducen de forma automática. Los rendimientos informados en la cuenta de cada usuario ya incluye estos y otros costos de operación.

Cómo generar rendimiento a través de Mercado Pago

De acuerdo con información del sitio Web oficial de la fintech, el usuario puede elegir si desea invertir todo el dinero de su cuenta de forma automática o si desea invertir una parte de forma manual. A continuación, paso por paso, como hacerlo:

1. Descargar la app de Mercado Pago desde Google Play o App Store.

2. Registrarse o iniciar sesión con una cuenta existente

3. Elegir la opción “Invertí tu dinero”, que se encuentra debajo del dinero disponible en la cuenta.

4. Aceptar el Reglamento y los Términos y Condiciones.

5. Para invertir todo el dinero de la cuenta automáticamente, ingresar al Detalle de rendimientos y seleccionar la opción “Configurar inversión”. Activar la opción de invertir todo el dinero para que la operación se realice siempre de forma automática. En caso de invertir una parte, la operación debe realizarse manualmente cada vez que haya un nuevo ingreso a la cuenta.

ACM

Habitualmente se utiliza la analogía de “poner una piedrita en una puerta giratoria” para definir a los efectos de los controles de capitales  o cepo, como le decimos en la Argentina. Hasta el propio presidente Alberto Fernández usó la metáfora cuando estaba en campaña, señalando al cepo como un problema para la economía. Pero no fue consecuente. 

La piedrita traba la salida de capitales y eso sirve para cuidar las reservas y evitar devaluaciones, pero viene a un costo muy elevado para la sociedad porque la piedrita también traba los ingresos de capitales de todo tipo. Nadie trae capitales a un lugar donde no se los puede llevar. Encima, con un tipo de cambio que sin duda está sobrevaluado, el que entra sabe que está comprando pesos caros y evalúa que cuando quiera irse (o cuando lo dejen) seguramente el precio del dólar será mucho más caro en términos reales. O, análogamente, tendrá que recurrir a los dólares de mercado que hoy valen el doble que el oficial.  

Estos conceptos que pueden parecer teóricos tienen un correlato muy fuerte en la realidad. En el año 2022 la entrada de fondos para inversión extranjera directa fueron sólo US$570 millones medidos en base caja, según el informe que produce el Banco Central. Este es el menor valor en al menos 20 años. 

El BCRA empezó a contabilizar los flujos que cruzan la frontera en 2003 y hasta ahora el valor más bajo era de US$732 millones del año pasado y luego US$897 millones de 2003 que, ajustados por inflación, serían más de US$1.500 millones de la actualidad. Dentro de los US$570 millones hay casi US$200 millones de los sectores estrella en la Argentina de hoy que son minería y petróleo, pero estos sectores tienen regímenes especiales que les permite algo más de flexibilidad. 

En el cepo de Cristina Fernández de Kircher (2012-2015) los incentivos eran similares, pero la brecha cambiaria no era del 100% como en la actualidad y la apreciación cambiaria no era tan grave, aunque lo terminó siendo hacia 2015. Para ponerlo en contexto, Cristina puso un cepo con un dólar que era casi 25% más caro de lo que es en la actualidad allá por noviembre del 2011. Pese al lío del cepo, algunas compañías se animaban a tomar alguna pérdida entrando dinero al dólar oficial porque no veían un tipo de cambio tan malo hasta 2014.

Una curiosidad del cepo de la década actual es que para algunas compañías ni siquiera está abierta la posibilidad de que, ante cualquier eventualidad, usen el dólar de mercado y se vayan. Como se sabe, comprar dólares MEP o contado con liquidación es una posibilidad que no está abierta a todo el mundo. Por caso, los importadores tienen vedada esa posibilidad. Y casi todas las compañías multinacionales industriales tienen algún componente importado. Así que ni siquiera puedan apretar el botón de eyección. Todo atenta contra traer plata, y hay que decir que los que traen plata tienen algunos regímenes especiales.  

En las cuentas nacionales la inversión extranjera se mide de manera distinta porque cuenta la reinversión de utilidades de multinacionales como parte de la inversión. Eso es una práctica estándar en todos los países. Pero en la Argentina del cepo es como hacer trampa al solitario porque en buena medida es dinero que saldría en forma de dividendos, pero el Banco Central no autoriza. Mucho de ese dinero, en teoría reinvertido, termina en fondos comunes de inversión, depósitos a plazo fijo y bonos. Algunas multinacionales aprovechan para comprar máquinas u oficinas nuevas y en ese sentido se podría decir que la inversión extranjera neta son más que los US$570 millones mencionados, pero no mucho más.    

Este número de inversión es quizás el más incómodo de los muchos datos que revelan las inconsistencias de vivir con cepo de manera permanente. En general se entiende que frente a la emergencia, como ocurrió en septiembre de 2019, hay un argumento para fijar controles. El problema es que los controles se multiplicaron y la situación pasó de medida de emergencia a política permanente. 

Otro ejemplo de lo mal que hace el cepo es la falta de financiamiento al sector privado. Con un dólar barato, no hay nadie que quiera traer plata del exterior. Al contrario, el mejor negocio para una empresa con deuda en dólares es repagar esos préstamos. Desde que se puso el cepo el sector privado devolvió préstamos en dólares en términos netos por más de US$21.000 millones. El último mes que el sector privado ingresó plata (neta) en forma de préstamos fue marzo del 2019. La estimación es que los próximos meses seguiremos pagando préstamos porque no hay incentivos para hacer lo contrario.  El ingreso de dólares para inversiones de portafolio fue apenas US$69 millones en 39 meses de cepo. 

Y todo esto sin entrar a discutir los gigantes problemas para importar bienes y servicios que hacen que casi todas las semanas escuchemos de alguna firma que tiene que parar por falta de insumos.  

En resumen, con el cepo es muy difícil crecer y salir del estancamiento de más de 10 años que padece la Argentina. Pero el Gobierno no parece tener ninguna respuesta y seguramente será el próximo el que lo resuelva, o al menos lo intente. Si no se cuenta con inversiones extranjeras, si no se consiguen préstamos del exterior y tampoco vienen siquiera los dólares financieros a proveer liquidez al mercado local, ¿de dónde se va a financiar el crecimiento? Vivir con lo nuestro, seguro no es la respuesta correcta.

No sólo las empresas emiten obligaciones negociables (ON), es decir, títulos de deuda. En los últimos dos años también se han financiado así dos organizaciones no gubernamentales (ONG), las asociaciones civil Techo, que se dedica al fomento de la vivienda, y Sumatoria, que apoya proyectos sociales, verdes y sustentables. Sumatoria lanzó este lunes su tercera ON.

“Sumatoria apoya con préstamos a instituciones de microcréditos, a empresas de triple impacto, que son las que integran el impacto social y ambiental al negocio, y a emprendedores de la economía popular que necesitan quizás 10 millones de pesos para seguir creciendo”, explica el fundador y director de Sumatoria, Matías Kelly, que fue secretario de Economía Social en el gobierno de Mauricio Macri. “Primero arrancamos con grandes donantes, como el Banco Galicia o la Fundación Alimentar, pero tenés un límite. Entonces buscamos inversores que no quieren perder su plata e invierten en nosotros. Con lo que aportan donantes e inversores, podemos bajar la tasa de nuestros créditos al 40%”, explica Kelly. “No regalamos la plata sino que valoramos el impacto social y ambiental”, aclara.

La nueva ON de Sumatoria alcanza los $ 120 millones, con un plazo de 24 meses, a tasas fijas y variables y con el respaldo de los bancos Comafi, Galicia y Santander. Las primeras dos ON fueron por $ 30 millones y $ 60 millones, respectivamente, a tasa Badlar, que hoy está a 69%, o una fija del 50%. Los nuevos fondos se destinarán a 10 proyectos desarrollados en áreas de Inclusión financiera; agroecología, orgánicos y alimentación saludable; conservación y regeneración; y economía circular de las organizaciones Creando Conciencia (cooperativa de recicladores), Educacion Alimentaria Transformadora, Fundación León, OMLA, Optimizar Forestal, Pro Mujer, RFG, Santa María del Recuerdo, Nuevos Surcos y Zafrán, con un impacto en más de 8.000 personas de manera directa e indirecta. Los créditos serán garantizados en forma simultánea por 14 sociedades de garantía rcíproca (SGR): Acindar Pymes SGR, Affidavit SGR, Argenpymes SGR, Aval Federal SGR, Bind Garantías SGR, Confiables SGR, Crecer SGR, Cuyo Aval SGR, Fidem SGR, Integra Pyme SGR, Potenciar SGR, Resiliencia SGR, Solidium SGR y Unión SGR. “Muchas compañías de seguros y fonos de inversión, que por norma deben invertir en pymes, invierten en nuestras ON”, comenta Kelly. Pero los clientes de cualquier banco o sociedad bursátil también pueden suscribir la ON.

Sumatoria también ha apoyado a organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y las cooperativas textiles de ex detenidos Hombres y Mujeres Libres y Kbrones. “Cuando el sistema financiero mira a la UTT, le da miedo prestarle, le asigna mucho riesgo, le sube mucho la tasa. Las fintech les cobran 200%. Pero nosotros les prestamos. Muchas veces, estas organizaciones nunca antes habían recibido créditos de nadie. Llevamos prestamos en total US$ 2 millones, con 0,5% de riesgo de retrasos en las devoluciones”, explica el director de Sumatoria.

AR