El Consejo de la Magistratura destituyó hoy al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti, acusado de mal desempeño por la desaparición de 144 monedas de oro mientras era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

El jury que analizó su conducta lo halló responsable por haber incumplido el deber de custodia de los bienes judicializados. Aunque desestimó la acusación directa sobre la sustracción de las monedas, que sigue siendo investigada por la justicia penal, el tribunal consideró que la gravedad del hecho impide su permanencia en el cargo.

“Quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública”, sostuvo la mayoría del tribunal, según el fallo.

La votación que decidió su remoción alcanzó el mínimo de cinco votos necesarios. Fue impulsada por el presidente del jury, José María Escobar Cello, y acompañada por los vocales Víctor Arturo Pesino, el senador Rodolfo Suárez, el diputado Manuel Quintar y el abogado Antonio Manuel Estévez. En disidencia votaron el senador Jesús Fernando Rejal y la diputada Agustina Propato, quienes propusieron aguardar el avance de la causa penal en la que Poderti ya tiene confirmado su procesamiento.

La investigación se originó tras el hallazgo del faltante de 144 monedas de oro de una caja de seguridad judicializada en la sucursal San Isidro del Banco Nación. Las pertenencias correspondían a un imputado que descubrió la desaparición cuando reclamó la restitución de sus bienes. El botín está valuado en casi 200.000 dólares.

La caja de seguridad contenía originalmente monedas, lingotes de oro, joyas y otros objetos de valor. Según la causa penal, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti accedió al menos 19 veces a esa caja, quedando cada ingreso registrado por el sistema del banco, incluso en fechas en las que se encontraba de licencia laboral.

El ahora exjuez negó haber sustraído las monedas y en su defensa alegó diversas hipótesis, incluyendo la de haber sido víctima de una represalia de una banda narco o una posible “complicidad bancaria”. Con esta destitución, Poderti deja el cargo de manera inmediata y pierde sus fueros, lo que permite el avance de la causa penal por peculado que ya fue elevada a juicio oral.

Con información de la agencia NA

La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti juró este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales.

El juramento se realizó en el Salón Bermejo y se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025. Fernández Sagasti asumió formalmente su rol como representante del Senado en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Entre los presentes estuvieron también el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.

La incorporación de Fernández Sagasti se da en el marco de la renovación de representantes legislativos en el Consejo, que contempla la participación de miembros de ambas cámaras del Congreso.

Con información de la agencia NA

El Plenario del Consejo de la Magistratura aprobó 13 ternas para cubrir cargos en juzgados y cámaras federales y dio curso a distintos expedientes, durante una sesión encabezada por su presidente, Horacio Rosatti.

Las ternas aprobadas corresponden a los concursos 356, 360, 378, 451 y 485, que incluyen cargos en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, el Juzgado Federal de Clorinda, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en diversas salas.

El Plenario también resolvió por unanimidad el pase a la Comisión de Acusación del Dictamen Nº 142/2025, vinculado a la conducta del juez Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Asimismo, se aprobó el pase a la Comisión de Acusación del expediente Nº 165/2024 y acumulados, referido a la actuación del magistrado Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N° 5 en lo Civil y Comercial de la Capital Federal.

Entre las decisiones adoptadas, se desestimó la denuncia presentada contra Gustavo Marcelo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal.

Por otra parte, el Plenario aprobó por 10 votos contra 9 la apertura de actuaciones sumarias a la agente María Inés Brenna, en el marco del Expediente 16-05598/24, caratulado “Informe Inasistencias”, y sus agregados 16-07350/24 y 16-07685/24. tQ6tDw

A favor votaron Amerio, Barroetaveña, De la Torre, Díaz Cordero, Juez, Maques, Provitola, Reyes, Vázquez y Tamarit; mientras que Lugones, Galderisi, González, Grau, Pilatti, Recalde, Siley, Tailhade y Vischi lo hicieron en contra.

Con información de la agencia NA

El Consejo de la Magistratura resolvió enviar a la comisión de Acusación las denuncias contra el juez civil y comercial federal Patricio Maraniello por presunto abuso sexual y maltrato laboral, tras una votación que unificó los expedientes en su contra. 

La medida fue aprobada por nueve votos afirmativos durante la reunión de la comisión de Disciplina, que comprendió la gravedad de las imputaciones que, de confirmarse, podrían implicar sanciones severas.

La causa había sido postergada la semana pasada, pero finalmente fue girada a Acusación, órgano que deberá avanzar con la investigación. Entre los testimonios figuran no sólo el de la denunciante sino también el de compañeros y hasta jueces camaristas que relataron conductas inapropiadas por parte del magistrado. 

Incluso describieron un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que generó el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos del juzgado.

La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau (presidente de Disciplina), Luis Juez (senador y titular de Acusación), los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi, y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. 

El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien se opuso a la unificación de denuncias como precedente institucional. Quedó fuera del pase a Acusación una presentación más reciente contra Maraniello por demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud, que continuará en Disciplina.

Las acusaciones

Maraniello había sido notificado el 19 de agosto pasado de los cargos en su contra, de acuerdo a lo que informaba Pedro Lacour en su nota para elDiarioAR de septiembre pasado.

Los testimonios que figuran en los expedientes son contundentes. Una de las trabajadoras relató que a menos de una semana de ingresar al juzgado fue hostigada por Maraniello. Por miedo a perder su empleo, aceptó una cita fuera del ámbito laboral. Allí, según su denuncia, sufrió tocamientos y besos no consentidos, y con el tiempo se vio forzada a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otra empleada declaró que recibió mensajes por redes sociales, comentarios sobre su vestimenta y acercamientos físicos forzados. Cuando se negó a los pedidos, padeció maltratos en la oficina. El hostigamiento continuó durante meses hasta empujarla a medicarse y a desarrollar ideas suicidas.

El gremio judicial también intervino. En septiembre de 2024, la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial celebró que se dispusiera “una consigna policial en el horario laboral” dentro del juzgado de Maraniello para resguardar a los trabajadores. En sus presentaciones, el sindicato sostuvo que cada vez que entrevistaban a empleados o exempleados surgían nuevos testimonios en distintos momentos y por diferentes situaciones, una suerte de trama repetida de abusos, humillaciones y acosos.

El magistrado continúa al frente de su despacho, con una página web personal donde exhibe su currículum, más de veinte libros publicados y un listado de premios académicos que contrastan con el cúmulo de denuncias que enfrenta. Esa continuidad en el cargo es lo que la exempleada denunciante puso en palabras: “Después de todo, él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera”.

El trasfondo político refuerza esa lectura. La decisión de prohibir la difusión de los audios de Karina Milei fue cuestionada de inmediato por especialistas en derecho constitucional, que recordaron que la censura previa está expresamente prohibida por la Constitución. Los eventuales daños por la publicación de una información deben repararse después, no impedirse de antemano. Para la autora de la carta, esa decisión confirma la trama de favores entre jueces federales y el poder político: “El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del Presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de ‘resguardo de la intimidad’”.

El caso expone la paradoja de un juez que carga con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual pero que al mismo tiempo dicta fallos de enorme impacto político. La propia denunciante lo sintetizó con crudeza: “El procedimiento contra un juez es altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes”. En su carta, recordó cómo el magistrado la hostigaba con frases que hoy resuenan en otro registro: “Yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos. Si no entendés que la abogacía se trata de contactos, no entendiste la carrera”.

La mujer eligió publicar su testimonio pese al temor. Lo hizo, explicó, porque “cuando una mujer elige hablar ya no habla sola: habla por muchas, habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo, podemos hacer las cosas con el miedo al lado si tenemos la fuerza de muchas. Tenemos que tener memoria. Es verdad, Marianello tiene amigos poderosos, pero los nadie somos más y más fuertes”.

El testimonio completo de una denunciante

Fui empleada del Juez Marianello

Fue una experiencia acelerada con el Poder Judicial, que muchas veces se usa para denominar como sinónimo de Justicia. El poco tiempo que pasé me mostró cómo funciona el Poder y Como la injusticia en los lugares donde deberían protegernos.

En ese tiempo viví lo que las mujeres trabajadoras viven en silencio: acoso, humillación y sobre todo miedo. Hablo porque lo que me paso a mi puede pasarle a cualquiera.

Cuando vi la noticia de la cautelar que aplicó censura previa me sorprendió por ser anticonstitucional, pero al ver quien la dictó de alguna manera tuvo más sentido. Vi la foto y en mi cabeza volví a escuchar su voz “Nunca vas a llegar a nada”, “Si no aceptas te quedas afuera”, “Cuando una persona como vos va a tener las oportunidades que podes tener si te quedas conmigo”, “yo me acuerdo de los que me acompañan y de quienes no. Yo tengo amigos muy poderosos”, “Si no entendes que la abogacía se trata de contactos no entendiste la carrera”. Cada frase retumbó nuevamente en mi cabeza llenandome nuevamente de miedo y angustia. Después de todo él sigue en su cargo protegiendo a los poderosos, y yo me encuentro afuera.

La cautelar que frena la difusión de los audios de Karina Milei, no es censura previa es una muestra de cómo el Poder protege a los privilegiados y castiga a los que no lo son. ASI FUNCIONA UNA CASTA PROTEGIENDOSE ENTRE ELLOS. El verdadero efecto de la medida es proteger al círculo íntimo del presidente de un escándalo mediático y político. La información de interés público quedó vedada bajo un argumento tirado de los pelos de “resguardo de la intimidad”.

No, no es una decisión técnica. En términos políticos es un favor del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Refuerza la dependencia entre ciertos jueces federales y la Casa Rosada, algo que históricamente sirvió como moneda de cambio para sostener, impulsar y mantener carreras judiciales.

El proceso contra un juez inicia con la denuncia en el Consejo de Magistratura, puede denunciarse a un juez por mal desempeño, abuso de poder o inconducta. Se efectúa una investigación preliminar La Comisión de Disciplina y Acusación evalúa la admisibilidad de la denuncia, junta las pruebas y puede decidir si archiva o impulsa. Luego en un plenario del Consejo, si la denuncia prospero, pueden elevar el caso al Jurado de enjuiciamiento. El jury de Enjuiciamiento, es el paso que sigue, lo integran jueces, legisladores y abogados. En algunos supuestos debe intervenir e Senado. En criollo el procedimiento es Político, altamente político, por eso los amigos poderosos son tan importantes.

Como trabajadora, como mujer, como ciudadana sentí de nuevo la impotencia de quien observa cómo el abuso se normaliza, como la justicia está ausente.

Sí, tengo miedo. Escribo esta carta como forma de canalizar la bronca, la angustia y la impotencia. La escribo para poder poner mis palabras y mi lectura sobre lo que pasa. Pensé en grabar un video y ponerle una cara a la denuncia pero ellos son tan poderosos y yo cómo él lo decía cada vez que tenía la oportunidad no soy nadie.

Entendí que el miedo no es un obstáculo, es una señal de que soy consciente de lo importante que es lo que pasa. Ahora, con esta medida que dictó quedo sobre la mesa, expuestas las decisiones y los antecedentes de este personaje nefasto qe me toco conocer. Siento que no puedo quedarme callada y solo confiar en un sistema que deja a fuera “a los nadie” todos los días pero no pierdo la fe de que al estar en el ojo público actué la Justicia avanzando, investigando y resolviendo de forma favorable reparando a las víctimas y evitando que otros se expongan a sus garras.

No puedo cambiar lo que pasó, no puedo dejar de ser una víctima de acoso laboral y sexual. Pero puedo elegir ser una víctima responsable. No una que se calla y solo se esconde. Hablar aunque sea en la voz de otro también sana, porque libera, protege y conecta. Hablar nos muestra que no estamos solas. Hablar si alguien escucha desafía al poder.

Mi denuncia está en curso en el consejo de la Magistratura. Muchas veces nuestros representantes no nos representan. Pero este es un momento para mostrar que no nos resignamos.

Están en juego derechos importantes, fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información pública, el principio de igualdad y no discriminación en el trabajo entre otros esto es un escándalo institucional hay un triple problema JUDICIAL, un juez denunciado por dicta fallos que benefician al poder político. POLÍTICO la medida se traduce en un blindaje para el presidente y su hermana, y DEMOCRATIO se vulneran los derechos básicos de todo el pueblo Argentino.

Les pido que compartan este mensaje. No lo hago por mí, lo hago por cada trabajadora que alguna vez sintió el peso del poder encima y eligió callar por miedo

Si la justicia no nos escucha hagamos que la sociedad si lo haga. Cuando una mujer elige hablar elige denunciar ya no habla sola habla por muchas habla para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. Y eso puede empezar a cambiarlo todo. Porque aunque tengamos miedo podemos hacerlas cosas con el miedo hallado si tenemos la fuerza de muchas tenemos que tener memoria.

Es verdad Marianello tiene amigos poderosos pero los nadie somos más y más fuertes.

Resolución sobre Capuchetti

Por otro lado, la comisión también rechazó el pedido de nulidad del sumario que enfrenta la jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su actuación en la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Capuchetti había solicitado anular todo lo actuado por no haber sido notificada de la investigación en su contra mediante el artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación —que terminó empatada— fue definida por el voto doble de Grau en su rol de presidente, dejando firme el avance del sumario.

La reunión también dedicó amplio debate a la situación del juez civil Carlos Goggi, denunciado por declarar inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura. Mientras la abogada Jimena Latorre pidió investigar si existía un patrón de conducta del juez, Lugones defendió la potestad jurisdiccional de los magistrados para declarar la inconstitucionalidad de normas si así lo consideran.

Finalmente, se resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional e intereses colectivos del sector, y se solicitó a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi haya declarado la inconstitucionalidad de la ley, detallando si fueron confirmados o revocados y sus fundamentos.

Con información de agencias.

IG

Alejandro Patricio Maraniello está a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Fue quien este lunes hizo lugar a un pedido del Gobierno y ordenó el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei. Por estos días, el juez tiene otra preocupación, es que recibió seis denuncias en el Consejo de la Magistratura en las que se lo acusa de maltrato laboral, acoso sexual y abuso de poder.

Las denuncias fueron impulsadas por La Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN) que ademas reclamó a la justicia que “se adopten medidas tendientes a evitar que el titular del Juzgado del fuero N° 5, doctor Alejandro Patricio Maraniello, siga desplegando un accionar que condicione o ponga en peligro la integridad de eventuales víctimas y testigos,que trabajan allí como subordinados”, a la vez que pidió una consigna policial en el piso 10º de los Tribunales para evitar cualquier situación de violencia de género por parte del magistrado.

Maraniello está en tiempo de descuento para poder ejercer su defensa ante el Consejo de la Magistratura, ya que el 19 de agosto pasado se le comunicaron los cargos en su contra y desde entonces tiene 20 días para presentar pruebas y designar abogado.

Los cargos por los que fue denunciado son buso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento para la Justicia Nacional y están siendo tramitadas por la Comisión de Disciplina del Consejo, presidida por César Grau,

La denuncia más grave es la de una empleada quien contó que, por temor a perder su trabajo, aceptó una salida fuera del ámbito en la que que se vio forzada a mantener relaciones sexuales con el magistrado. Los acosos, según la mujer, comenzaron a la semana de comenzar a trabajar en el juzgado y se mantuvieron en el tiempo. La joven ratificó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó este martes oficialmente que el Gobierno enviará al Senado los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores para cubrir la gran cantidad de vacantes existentes.

“Esta cifra supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Este Gobierno recibió una Justicia con vacantes del 30%, es decir que uno de cada tres juzgados no tiene juez. Además, una de cada dos fiscalías no tiene fiscales”, detalló Adorni.

Dijo que el Poder Ejecutivo “espera que el Senado de la Nación tenga la sensatez de tomar esta iniciativa con responsabilidad absoluta”, ya que “los ciudadanos esperan que no haya más impunidad en la República Argentina”.

El vocero estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien precisó que actualmente existen 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores. Al respecto, recordó la “preocupación” que esas vacantes generan en organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que en los últimos tiempos recomendó al Gobierno cubrirlas.

Amerio responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Exfuncionario de la Corte Suprema, este amigo de la juventud del hombre de mayor confianza del presidente Javier Milei es además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, órgano que concursa y sanciona jueces.

Según trascendió, el envío de los pliegos a la Cámara alta se hará en tandas de 20. Además a todos los postulados hay que pedirles una declaración jurada y la actualización del currículum, que algunos no enviaron aún.

Según la ONG Compromiso Judicial, “solo entre los 602 Juzgados y Tribunales Nacionales y Federales del país, hay a la fecha 241 vacantes, de las cuales, 51 están a consideración del Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación”.

En el anuncio no hubo precisiones sobre si se cubrirán puestos clave como los de jueces federales o en la Cámara Nacional de Casación Penal.

Los jueces federales de todo el país se designan por concurso en el Consejo de la Magistratura, presidido por presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El organismo está integrado por diputados y senadores de la oposición y el oficialismo, además de jueces que representan a sus pares, abogados y académicos. 

Además de realizar los concursos, los consejeros deben elaborar las ternas (tres candidatos) para enviar a los elegidos al Ejecutivo. Para ello, se requiere del consenso y la negociación entre todos los sectores que conforman el organismo. De allí, que el Consejo de la Magistratura se convirtió en el escenario de pujas, acuerdos y disputas entre la política y los jueces por el diseño del poder Judicial: quien tiene más poder en este organismo, tiene más jueces en el sistema.

Tras recibir la terna, el Presidente debe elegir a uno de los tres candidatos que le envió el Consejo de la Magistratura y enviar el pliego del posible juez al Senado. Luego, los senadores deben evaluar y votar el pliego o rechazarlo. En el caso de los jueces y fiscales federales y nacionales sólo se requiere una mayoría simple en la votación.

El procedimiento para nombrar fiscales federales es similar pero lo realiza otro organismo: la Procuración General de la Nación. Es por concurso y también se elabora una terna que se envía al Presidente. Luego el Senado, evalúa y vota al candidato enviado por el Ejecutivo.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia dispuso este viernes tomarle juramento el próximo lunes al designado representante del Senado en el Consejo de la Magistratura, Luis Juez, luego del conflicto de poderes que mantuvo al organismo con un miembro menos durante más de un año.

Juez, senador del PRO, reclamó pública y judicialmente el cuarto lugar en el Consejo para el Senado, luego de que el oficialismo desprendiera el bloque Unidad Ciudadana del Frente de Todos y reclamara ese lugar para el rionegrino Martín Doñate.

La Corte consideró ilegal la maniobra y se negó a tomarle juramento a Doñate, pese a la insistencia en la candidatura de la mayoría de los senadores.

El conflicto por la representación en el Consejo de la Magistratura fue precisamente uno de las causales por las cuales el presidente Alberto Fernández y gobernadores promovieron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

No obstante el cuestionamiento, la Corte definió el jueves de la semana pasada, en un fallo de trece páginas, que Juez debía incorporarse como cuarto representante del Senado, en representación de la segunda minoría.

Vale recordar que la pretensión de Juez fue rechazada por la justicia en lo Contencioso y Administrativo Federal, en primera instancia porque consideró que la conformación de los bloques no era materia “judicializable” y luego porque la Corte había tomado el caso.

Saldada la discusión en la Corte, este lunes la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto parlamentario que habilita al presidente de la Corte, también presidente del Consejo, Horacio Rosatti, para tomarle juramento al legislador cordobés.

La jura se concretará al mediodía, previsiblemente en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, y así quedará conformada finalmente la integración de veinte miembros del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte declarara inconstitucional, en diciembre de 2021, su conformación de trece consejeros aprobada por el kirchnerismo en 2006.

Con información de agencias.

IG

La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa cumplió hoy 75 años, edad límite para desempeñarse en el cargo sin aval del Congreso, y se encuentra a la espera de la aprobación del Senado para definir si continúa en sus funciones por un nuevo quinquenio. Así lo informó en una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En el escrito, la jueza explica que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ya remitió un mensaje a la Cámara Alta solicitando “el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar un nuevo nombramiento en los términos del artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional” para extender su mandato. Dicha solicitud “se encuentra en estado parlamentario conforme expediente 59/23, con resolución favorable por la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación”, por lo que la magistrada espera la culminación del trámite.

A partir de este jueves, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal quedará a cargo del vicepresidente del cuerpo, Mariano Borinsky, a fin de que ninguna decisión administrativa firmada pueda ser invalidada en caso de no conseguirse la prórroga en la Cámara Alta.

Esta mañana, también, la consejera Jimena de la Torre envió una nota al presidente del cuerpo y otra a la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez, para reclamar que se inicie el proceso para cubrir la vacante de Figueroa. “Solicito se arbitren los medios necesarios para cubrir la vacante judicial que se ha generado a raíz de lo antes indicado y, por consiguiente, se convoque a concurso público para cubrir la magistratura de la Cámara de Casación Penal en cuestión”, indicó en tanto Figueroa no está habilitada para permanecer en el cargo.

Con información de agencias.

Walter Ricardo Bento, juez federal con competencia electoral de Mendoza, fue suspendido este miércoles de sus funciones por el Consejo de la Magistratura, el cual decidió promover su proceso de destitución por “mal desempeño” en el cargo. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario de la Magistratura, presidida por Horacio Rosatti, en el que solo hubo una disidencia parcial en los 19 votos de los presentes.

El juez Bento es investigado en la justicia penal por ser supuesto líder de una asociación ilícita. Para llevar la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá seis meses para expedirse. Para el proceso fueron designados los consejeros Eduardo Vischi, Roxana Reyes y Miguel Piedecasas.

La suspensión del magistrado fue votada por Rosatti, Vischi, Reyes, Piedecasas, Diego Barroetaveña, Jimena De la Torre, Alejandra Provítola, Gerónimo Ustarroz, Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, Mariano Recalde, Hugo Galderissi, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vázquez, Alvaro González y Vanesa Siley, en tanto que Alberto Lugones lo hizo con una disidencia parcial.

Bento, nombrado en el año 2005, también fue procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, debido a que se concluyó que su nivel de vida no coincidía con sus ingresos como magistrado. La medida fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, que incluyó su prisión preventiva pero que el juez no cumplió por su cargo.

Al ser considerado líder de una asociación ilícita que cobraba dinero a imputados de narcotráfico y contrabando, el juez federal Eduardo Puigdéngolas sostuvo que Bento “en ejercicio de su función era el único que podía analizar, decidir, diagramar, coordinar y ejecutar el acuerdo ilícito y su correlativo beneficio judicial, valiéndose luego del aporte de los restantes miembros para su materialización”.

El consejero Piedecasas, al presentar el dictamen de la Comisión de Acusación, recordó que la Cámara Federal de Mendoza fue la que “puso en marcha” el caso contra Bento, quien tiene procesamientos por una decena de “graves delitos”. El documento fue finalmente aprobado esta tarde por el pleno.

Antes de la votación, el consejero por el oficialismo Tailhade pidió la palabra para remarcar que los miembros de su bloque “no pretendieron encubrir a nadie”, al criticar que “desde hace 20 o 30 días” fueron “víctimas de operaciones de prensa” en la provincia de Mendoza y a nivel nacional.

En tanto, el Consejo notificó a las cámaras correspondientes la suspensión y promoción del juicio de remoción del juez federal Bento, en notas firmadas por Rosatti. En las misivas dirigidas a los titulares de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, Manuel Alberto Pizarro, el juez supremo comunicó la determinación de “abrir el proceso de remoción” de Bento, “formular la acusación correspondiente” y “suspender en sus funciones” al magistrado federal.

Al tribunal con asiento en Mendoza, el presidente de la Corte Suprema de Justicia requirió que se notifique la suspensión a Bento y que “una vez efectuada la diligencia” y “dentro de la mayor brevedad posible”, se remita la respectiva constancia al Consejo.

Hace dos semanas, la comisión de Acusación del Consejo aprobó con el voto de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas, el inicio del proceso de destitución del juez mendocino, por el presunto mal desempeño en sus funciones.

En paralelo al proceso de la Magistratura, Bento enfrentará el próximo 26 de julio un juicio en su contra, donde se encuentra acusado de cobrar a presos por narcotráfico y contrabando a cambio de beneficios. En este complejo escenario, el mendocino ofreció su descargo en octubre del 2022 en dos etapas que sumaron más de 7 horas de exposición ante los consejeros, a quienes les dijo ser “inocente” y no haber cometido “ningún delito”.

Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a los consejeros, quienes aprobaron el proceso en la comisión con los votos de los consejeros opositores y la abstención de los oficialistas por “inconsistencias” en el dictamen.

“Nuestro bloque decidió no acompañar ese dictamen pero no se trató de una oposición al planteo acusatorio, mucho menos de un bloqueo y ni hablar de una defensa del magistrado, que claramente tiene que dar explicaciones”, señaló Tailhade. “El dictamen no estaba a la altura de la gravedad de los hechos”, amplió el también diputado y añadió que era “un dictamen acusatorio inconsistente, que no trató con seriedad la prueba que se produjo a lo largo de la investigación y que no refutó los argumentos de descargo que presentó Bento”.

Además del caso Bento, el plenario intentará acordar ternas para cubrir cargos en tribunales orales criminales y en juzgados de ejecuciones fiscales y tributarias.

LC con información de agencia Télam

Uno de los jueces trasladados de un tribunal a otro por decreto del ex presidente Mauricio Macri denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por sus eficaces ataques a la garantía de la estabilidad en la magistratura”.

Mediante un extenso documento, el juez Germán Castelli, actualmente en el Tribunal Oral Federal número siete, subrayó que “aunque resulte doloroso afirmarlo como nacional de una democracia republicana, el Estado argentino entre el 30 de julio de 2020 y el 18 de octubre de 2022 llevó adelante ataques lamentablemente eficaces contra la garantía de estabilidad en la magistratura como presupuesto de la independencia”.

Castelli recordó que fue nombrado en 2011 como juez del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín y en 2018 fue trasladado con su consentimiento al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.

El juez señaló que venía pidiendo el traslado desde 2012 y 2014, y que, finalmente, fue otorgado por el ex presidente Macri “sin que la ciudadanía objete la decisión”.

“Cuando reinaba la pandemia con sus demoledores efectos de muerte, dolor, encierro, temor y tristeza, en un antiguo pero creciente contexto de pobreza y desempleo de la población, una nueva gestión del Consejo de la Magistratura, de manera sorpresiva, prepotente e irrefrenable, inició el trámite de destitución que alcanzaba un puñado de juezas y jueces”, indicó Castelli.

Entre esos jueces aludidos por Castelli, están también los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi; a todos, la Corte Suprema les indicó que el traslado por decreto había sido incorrecto, pero les permitió continuar en sus cargos hasta que fueran nombrados sus reemplazantes.

Castelli criticó “la mediocridad de la Corte argentina como desencanto institucional”, pero no obstante la respaldó con un curioso razonamiento: “es preferible una Corte Suprema mediocre conocida, que una buena por conocer”.

“Sin dudas que la mediocridad del máximo tribunal argentino es perfectible (…) pero la urgente intervención de esa Comisión y de la Corte Interamericana pueden subsanar este puntual desvarío institucional”, añadió en su denuncia ante la CIDH.

Castelli recordó que integra actualmente un tribunal que tiene por delante el juicio contra Cristina Kirchner y otros imputados en la Causa Cuadernos.

“El actual Gobierno está compuesto por una coalición, conformada, en esencia, por el presidente y la vicepresidenta, quien, de acuerdo con la Constitución Nacional, preside el Senado, donde, a su vez, el oficialismo cuenta con mayoría”, destacó el juez.

“También registran otros procesos penales distintas personas por hechos presuntamente cometidos en aquella gestión de Gobierno. El Presidente de la Nación, a su vez, se ha pronunciado públicamente por la inocencia de su compañera de fórmula en uso de su derecho de libertad de expresión”, abundó.

La denuncia, dirigida a la secretaria ejecutiva interina de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, reclama que un tribunal internacional “declare que el Estado argentino violó los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y que “recomiende al Estado argentino se otorgue carácter definitivo al cargo del juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Con información de NA.

IG

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal decretó este viernes la nulidad de la designación del senador oficialista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, haciendo lugar a un planteo de su contrincante en la porfía, el opositor Luis Juez.

La Cámara revocó un fallo de primera instancia, el cual había avalado la designación de Doñate para el período 2022-2026.

Firmada por los jueces Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Liliana Heiland, la resolución dispuso “admitir los agravios formulados por los actores; revocar la sentencia apelada; hacer lugar a la acción de amparo y declarar la nulidad del decreto parlamentario DPP n° 86/22, en cuanto designó para integrar el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026, por la segunda minoría al senador Claudio Martín Doñate -como titular- y la senadora Anabel Fernández Sagasti -como suplente”.

Además, la resolución determinó la invalidez de la “partición del Bloque Frente de Todos”, a los efectos de la determinación del sistema de mayorías y minorías para la designación de consejeros en la Magistratura.

Para el tribunal, esa división -que la Corte Suprema había invalidado en un fallo vinculado con el período que concluyó en noviembre de 2022- “resulta inoponible a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura”.

Si bien el fallo no proclama a Juez como titular y a Luis Schiavoni como su suplente por el Bloque Frente Pro, los jueces sí hicieron lugar a su planteo, quienes reclaman para sí la representación en el Consejo.

Semanas atrás, los jueces supremos habían frenado la toma de juramento de Doñate, quien había sido designado por la presidencia del Senado para ocupar un cargo en el Consejo.

El fallo firmado hoy por la Cámara sostiene que “si bien al denegar la toma de juramento al senador Doñate la Corte Suprema no vació de contenido este juicio, (…) lo cierto es que dejó ver en esa decisión la imposibilidad de interpretar los hechos y el derecho de este caso en una forma diversa” a la resolvió a favor de Juez el año pasado.

“No cabe sino interpretar que la acordada de la Corte definió el alcance de su propio fallo y despejó toda duda que pudiera plantearse al respecto. (…) Por ese motivo, a fin de atender la superior autoridad de la Corte Suprema y sus pronunciamientos, teniendo en cuenta que ambas causas se sustancian entre las mismas partes, por la misma vía de acción de amparo y que se pide la inoponibilidad del mismo acto lesivo, se impone acoger favorablemente el recurso de los actores”, resumieron los camaristas.

LC con información de agencia NA

La Corte Suprema de Justicia fue este miércoles objeto de los pasajes más duros del discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa que dio inicio a la actividad del Congreso. “Fueron sabiendo a lo que se exponían y permanecieron en sus asientos, en silencio, en representación de sus colegas de la Corte y de todo el poder Judicial”, respondió a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal tras la finalización del acto.

En el acto institucional más importante del año, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del máximo tribunal, se apersonaron en representación de la Corte, como es tradición cada año, para escuchar a Fernández acusarlos en tono enérgico y con el dedo, incluso con la mirada, entre silbidos, festejos y aplausos de los diputados y senadores oficialistas y gritos e insultos de los opositores. 

Fue el momento más tenso, agresivo y locuaz del discurso, o más bien el único. Sin menciones directas, Fernández terminó por señalar a su propio espacio político como co-responsable por no avanzar con las reformas del sistema judicial que envió como presidente al Congreso y que, según el mandatario, habrían evitado que el avance del narcotráfico en Rosario, Santa Fe, pasaje que le valió una mueca de fastidio del juez Rosatti, oriundo de esa provincia.

Mientras el oficialismo avanza a pedido del Presidente con una investigación por presunto mal desempeño contra los cuatro jueces de la Corte en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Rosatti y Rosenkrantz acudieron a la Asamblea en representación de todo el tribunal, ya que son sus principales autoridades. Los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda no asistieron. Fue una decisión tomada este martes entre los cuatro jueces, afirmaron dos fuentes directas de la Corte.

Los jueces de la Corte debieron oír también las críticas de Fernández al tribunal que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -sentada a su izquierda- por defraudación a la administración pública a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. No pronunció la palabra “proscripción”, que utilizó la expresidenta públicamente para referirse a la sentencia.

“Hace unos meses esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la vicepresidenta de la Nación. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política”, dijo Fernández. 

“Los tribunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando a la Justicia”, dijo en referencia a las apelaciones pendientes a la condena del caso Vialidad.

Fernández también acusó a los jueces del tribunal de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura, el organismo en el oficialismo, oposición y poder Judicial se disputan el nombramiento de jueces para diseñar la Justicia a su imagen y semejanza.

A las ausencias de Lorenzetti y Maqueda, se sumó la de Eduardo Casal, procurador general de la Nación interino, el jefe de los fiscales del país. A diferencia de los jueces de la Corte, Casal no fue invitado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa por primera vez desde la asunción de Fernández, confirmó una fuente directa del organismo a elDiarioAR. “Es la primera vez desde 1994, cuando se creó el Ministerio Público Fiscal, que el titular de la Procuración no es invitado al acto institucional más importante del año”, agregó la fuente.

Casal fue blanco de un intento de juicio político, también iniciado por el oficialismo pero que no prosperó en la comisión parlamentaria. El Gobierno no ha podido nombrar -al igual que la gestión de Cambiemos- a su propio procurador debido a que no cuenta con los dos tercios de los votos del Senado. Por estar en la línea de sucesión del organismo, Casal es procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó, enfrentada por el macrismo para forzar su renuncia y nombrar, también sin éxito, a su propia jefa de fiscales.

Dinero

Tras ingresar al recinto pocos minutos antes de Fernández, Rosatti y Rosenkrantz se sentaron en el espacio reservado siempre para los jueces supremos, junto al estrado de la presidencia de la cámara de Diputados, donde Fernández daría su discurso. 

Fernández acusó a la Corte de pretender manejar los recursos públicos del Estado, de intromisión en las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de favorecer a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las provincias pobres. Todos argumentos rechazados por el tribunal. 

Con estilos y personalidades muy disímiles, Rosatti se mostró notablemente incómodo y molesto durante el discurso presidencial, mientras que Rosenkrantz esbozó miradas de desaprobación dirigidas al recinto, aunque se mostró inmutable en la mayor parte de los pasajes que le dedicó Fernández a la Corte.

“Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina”, comenzó Fernández sus pasajes más críticos. 

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Les quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, dijo el Presidente, sin censurar los silbidos provenientes del recinto ante la mención al máximo tribunal que le valieron un gesto de desaprobación de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sentado en el espacio reservado para los gobernadores.

El fallo de la Corte que en diciembre último otorgó de manera momentánea a la Ciudad una suba en la porción de impuestos nacionales que reparte el Estado Nacional entre todas las provincias y la Capital fue para financiar la policía porteña y no redujo el porcentaje que reciben los Estados provinciales sino la porción que le corresponde al Estado Nacional, de acuerdo con el fallo. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas.

Este fallo fue la motivación del oficialismo para iniciar el proceso de juicio político contra los jueces de la Corte, un proceso que no tiene posibilidades de avanzar más allá de una investigación y un dictamen de acusación de la comisión parlamentaria, ya que el oficialismo no tiene los dos tercios de los votos en Diputados para formalizar la acusación ante el Senado, ni en entre los senadores para destituir a los jueces.

Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables

Alberto Fernández

“No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y en las instancias que corresponde el desempeño de los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, dijo sobre el pedido de juicio político.

Con tono enérgico y ante los aplausos de pie y gritos de aprobación de los legisladores oficialistas, Fernández dijo: “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”.

Espionaje

Luego, el Presidente recordó sus pedidos para que avance su intento de reforma del sistema judicial, que ni siquiera fue apoyado por el oficialismo en Diputados. Resaltó un cambio central en los manejos del Ejecutivo con respecto a administraciones pasadas: 

“No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe”, pasaje que despertó reacciones de la oposición en el recinto, en medio de denuncias de hackeos y filtraciones de chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, cuyos responsables no han sido identificados.

Y se refirió a esas conversaciones filtradas: “Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos”.

La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible.

Alberto Fernández

Narcos

“Si aquella reforma de la Justicia Federal -la que envió Fernández en 2020 al Congreso y no se aprobó- hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio”, dijo Fernández.

Rosario necesita cinco jueces federales de distintas instancias. El Presidente acusó a la Corte, y en especial a Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura, porque desde hace un año el organismo no envía candidatos a jueces de Santa Fe, pero Fernández obvió decir que la provincia es una de las más afectadas por la falta de jueces y juezas federales desde hace años, incluso cuando su espacio político tenía mayor control del Consejo, y que el nombramiento de los jueces federales depende del acuerdo con el oficialismo y la oposición. 

ED

La Corte Suprema de Justicia tomó finalmente este martes juramento en el Consejo de la Magistratura a tres de los cuatro consejeros en representación del Senado, luego de decidir que el legislador oficialista Martín Doñate no puede ocupar la banca por la segunda minoría y que ese lugar le corresponde a la oposición.

El juramento, que la ley estipula debe ser tomado por el presidente de la Corte (Horacio Rosatti) como trámite final para la asunción de los consejeros, se realizó en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales.

Rosatti, también presidente del Consejo, tomó el juramento ante la mirada de los invitados del máximo tribunal y familiares de los flamantes consejeros.

Con este trámite, los senadores oficialistas María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y el opositor Eduardo Vischi, se incorporaron al organismo que elige y remueve jueces.

En cuanto a los consejeros, hubo asistencia plena de los representantes de los abogados y jueces, pero no así de los consejeros diputados del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, en desacuerdo público con la proscripción de Doñate.

En el entorno de los diputados aclararon que Tailhade y Siley decidieron privilegiar la sesión que trataba, a la misma hora, la moratoria previsional con números ajustados para el oficialismo.

El conflicto por la banca de la segunda minoría se inició a principios de 2022 cuando por unanimidad la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 del año 2006, que había reducido de veinte a trece miembros el número de integrantes del Consejo.

Quince años después de sancionada la ley, la Corte intervenía en un reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde planteaban que la reforma no respetaba el “equilibrio” de los distintos estamentos.

Para adecuarse al fallo de la Corte, el Consejo convocó a elecciones entre los abogados y jueces y volvió a requerir al Congreso que eligiera sus representantes: dos por la mayoría, uno por la primera minoría o otro por la segunda minoría.

Con la creación del sub bloque “Unidad Ciudadana” el oficialismo se arrogó la segunda minoría y reclamó la banca designando a Doñate como consejero representante.

La Corte entonces, tomando un reclamo por esa misma banca del senador del Frente PRO Luis Juez, definió que el oficialismo había incurrido en un “ardid” ilegítimo para conservar tres de los cuatro representantes.

El Senado insistió en la postulación de Doñate y fue así que la Corte, en la segunda acordada del año, dispuso por mayoría -con votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- que se tome juramento a Pilatti, Recalde y Vischi, y se deje afuera a Doñate, hasta tanto se resuelva a quién corresponde la representación.

Con diecinueve de sus miembros ya incorporados, en el Consejo aspiran a poder funcionar e, incluso, tomar decisiones llegando al quórum de 13 y dos tercios de los consejeros presentes para aprobar las ternas.

La experiencia hasta aquí indica que será difícil que el Consejo funcione por la complejidad política de un año electoral y el conflicto de poderes en carne viva.

El 16 de julio del año pasado fue la última vez que el Consejo logró aprobar en plenario ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores.

El marco de acuerdos de aquel momento entre oficialismo y oposición no alcanzó para plantear definiciones sobre los juzgados y cámaras federales vacantes en Comodoro Py y otros puntos del país.

Desde entonces, salvo para las cuestiones administrativas y de infraestructura tecnológica, el Consejo no funciona para su principal cometido: elegir jueces para que los seleccione el Poder Ejecutivo y los refrende el Senado.

Con información de Télam.

IG

La Corte Suprema de Justicia tomará juramento este martes a tres de los cuatro senadores con mandato en el Consejo de la Magistratura, en un acto que estará encabezado por el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti.

La jura de los senadores María Inés Pilatti Vergara (FdT), Mariano Recalde (FdT) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR) será a las 10 en el salón Bermejo del Palacio de Tribunales, con acceso solo para familiares e invitados por el máximo tribunal.

El acto se concretará tras la denegación por parte de la Corte de tomar juramento al senador del FdT Martín Doñate.

El máximo tribunal cuestionó que el FdT, como bloque mayoritario en el Senado, se divida para reclamar el representante por la segunda minoría, y falló a favor del senador del Frente PRO Luis Juez, quien reclamó esa banca, aunque la Cámara alta había designado dos veces al rionegrino Doñate.

Con el conflicto planteado, en su segunda acordada del año, la Corte dispuso por mayoría -con votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- que se tome juramento a Pilatti, Recalde y Vischi, hasta tanto se resuelva a quién corresponde la representación.

La decisión de la Corte y el reclamo de Doñate

El jueves 16 de febrero último, invocando que la ley “pone en cabeza del señor Presidente de esta Corte (Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley”, el máximo tribunal dispuso tomar juramento a los senadores Pilatti Vergara, Recalde y Vischi, denegando el juramento a Doñate.

“El decisorio de la Corte es demencial. Reconoce la representación del bloque Frente Nacional y Popular al disponer la toma de juramento a sus representantes Recalde y Pilatti Vergara, pero me niega el juramento como representante del otro bloque Unidad Ciudadana”, juzgó Doñate poco después de conocida la convocatoria.

El senador por Río Negro fue definitivo cuando dijo, en la red social Twitter, que la Corte “pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando”.

Doñate se refirió así a que fue elegido por el Senado para integrar el grupo de cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura, “no una sino dos veces”. pero la Corte le niega el juramento en una decisión basada en su fallo de noviembre pasado que definió que la creación del bloque Unidad Ciudadana “no obedeció a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”.

Para el alto tribunal, una de las razones para negarle la banca al rionegrino es que el “bloque mayoritario” terminaría ocupando “tres de los cuatro lugares” que corresponden a la Cámara Alta en el Consejo.

Con información de Télam.

IG

Mientras avanza la investigación del oficialismo contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia en la comisión de Juicio Político, los cuatro ministros del máximo tribunal mantienen en reserva si asistirán a la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este miércoles 1° de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández dará su discurso, sentado junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco habían recibido invitación al cierre de esta nota.

Las invitaciones para el 1° de marzo son enviadas por el Senado, presidido por la vicepresidenta, pero los invitados son elegidos por el Poder Ejecutivo. Usualmente, se cursan a último momento. Este año no es la excepción. El Senado comenzó a enviar las invitaciones este viernes, tras la publicación de la convocatoria oficial en el Boletín Oficial, y la nómina incluye a los jueces de la Corte, de acuerdo a una fuente de la Cámara alta consultada por elDiarioAR. 

El acto oficial, con el pleno de Diputados, el Senado y el Gabinete en el recinto, además de expresidentes, es la oportunidad de Fernández para anunciar el envío de proyectos de ley al Congreso o solicitar la sanción de leyes pendientes, pero es también el momento en el que el Presidente tendría a los jueces de la Corte de cuerpo presente frente a sus críticas al máximo tribunal y el Poder Judicial. 

Este año, la habitual tensión entre ambos poderes alcanzó su pico máximo con el pedido de juicio político del Gobierno a los cuatro magistrados y la apertura de una investigación en la comisión parlamentaria por presunto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Habrá que esperar para ver si asisten a la convocatoria o dan un faltazo histórico, respondieron dos fuentes con acceso a los ministros de la Corte ante las consultas de este medio. Desde que el oficialismo aumentó la presión sobre el tribunal, el habitual hermetismo de los magistrados supremos se potenció y son escasas las decisiones institucionales que trascienden en el Palacio de Justicia.

En los últimos tres años, no todos los magistrados estuvieron presentes en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En 2020, sólo acudieron Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, quien renunció a su cargo a finales de 2021. Entonces, Lorenzetti se reportó enfermo y no trascendieron las razones de ausencia de Rosatti.

En 2022, cuando el clima de tensión escalaba entre el Gobierno y los supremos por el fallo del tribunal que modificó la composición del Consejo de la Magistratura -el organismo que selecciona y controla a los jueces nacionales-, los cuatro jueces asistieron. 

Ocho horas

El jueves, mientras se celebraba la sesión de la comisión parlamentaria, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda mantuvieron una reunión de acuerdo y firmaron sentencias. Rosenkrantz se encontraba de licencia pero regresará esta semana a sus funciones.

El jueves último por la mañana, el clima en la Corte se tensó más de lo habitual de los últimos meses. Un ex funcionario del tribunal y cinco letrados que trabajan codo a codo con los jueces debieron presentarse ante la comisión de Juicio Político para declarar como testigos frente a los diputados, en una sesión que se transmitió en vivo y se extendió por casi ocho horas.

Sin embargo, el resultado de la sesión hacia dentro de la Corte terminó amortiguando, al menos temporalmente, la inquietud. Desde la perspectiva del tribunal, en la mayoría de los interrogatorios, los diputados demostraron “desconocimiento sobre a quiénes estaban interrogando y sobre el funcionamiento de la Corte” y una “evidente falta de preparación” para las entrevistas a los testigos.

En muchos casos no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años. 

A casi seis horas de iniciada la sesión del jueves, el diputado José Luis Gioja (San Juan) comenzó a interrogar a Alejandro Daniel Rodríguez, funcionario de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema, para consultarle cuál había sido el criterio adoptado por la Corte para determinar que el Estado Nacional debe entregarle el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. “Desconozco porque yo no participé del proyecto de esa sentencia”, respondió Rodríguez.

“Ah, estamos muertos, entonces.. estamos cagados”, se lamentó en voz alta y con espontaneidad el sanjuanino, ante las risas de sus colegas y la mirada sorprendida de la presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos), y el rostro inmutable del testigo. Es que el cuestionario de Gioja se basaba en la presunta participación o conocimiento de Rodríguez en el expediente que motivó el pedido de juicio político a la Corte.

Rodríguez terminó explicando cuál es el procedimiento ante los juicios que se originan en la Corte. La situación se repitió con otros testigos, como el último de la lista del jueves, Roberto Miguel Ángel Saggese, interrogado por el diputado Ricardo Herrera (La Rioja), quien comenzó leyendo las preguntas. “Bueno, se nos ha encomendado una serie de preguntas respecto del caso Muiño (en referencia al fallo Muiña, que aplicó la Ley del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad)”. “No puedo contestarle porque no participé en ese caso”, respondió el funcionario de la Corte. El resto de sus respuestas al interrogatorio fueron variantes de esa frase.  

La “obsesión Robles”

Como balance, en la Corte se inquietaron más porque los funcionarios del tribunal debieron informar públicamente sus domicilios y permanecer a disposición de la comisión durante casi ocho horas que por las preguntas que debieron responder. 

Hay otro hecho que inquieta a muchos en el tribunal: la citación a María Burdín, vocera del juez Lorenzetti, para declarar como testigo el martes 7 de marzo ante la comisión parlamentaria. La funcionaria mantiene un enfrentamiento con otros funcionarios de la Corte que responden a los colegas de su jefe.

En el tribunal también se preguntan por qué el oficialismo dedicó la mayor parte de los interrogatorios a la “obsesión con Silvio Robles”, como definió una de las fuentes consultadas por elDiarioAR a los reiterados intentos por obtener información sobre Silvio Robles, vocero y mano derecha de Rosatti, presidente de la Corte, e involucrado en la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. En el oficialismo, apuestan a que, como mínimo, la exposición a Robles en la comisión alimente sospechas sobre Rosatti a través de los medios de comunicación.

Además, el oficialismo debió dar marcha atrás con una de las medidas más duras que votó su mayoría en la comisión hace diez días: admitió que tendrá que pedirle a un juez federal el cruce de llamadas entre el asesor de Rosatti y el ministro D’Alessandro.

La Corte cree que a través de Robles no habría posibilidad de avanzar en la investigación contra presunto mal desempeño de Rosatti. Las preguntas de los diputados oficialistas giraron en torno a si Robles accede a los secretarios letrados de los jueces; si recibe informes de los fallos del tribunal; si integra grupos de chats con funcionarios de la Corte; si una inundación ocurrida a finales de enero en el Palacio de Justicia afectó la oficina del vocero -suspicacias sugeridas por el diputado Leopoldo Moreau porque el episodio sólo afectó el despacho y antedespacho de Robles, incluyendo su computadora-; entre otras cuestiones sobre el protagonismo y nivel de toma de decisiones de Robles en la Corte.

El día anterior al acto del 1° de marzo en el Congreso, la Corte tomará juramento a los senadores que deben asumir como consejeros de la Magistratura, el organismo que elige y controla a los jueces nacionales y federales, en medio de la polémica por la decisión de tribunal de no tomar juramento a Martín Doñate, uno de los senadores elegidos por Fernández de Kirchner para asumir en el Consejo en representación del oficialismo en el Senado. 

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, presentó este jueves un planteo de nulidad de la acordada de la Corte que excluyó a Doñate de asumir en el Consejo, donde se debate quién será juez y quién no. A su vez, la asunción de Doñate quedó cuestionada judicialmente por la oposición y el tribunal declaró invalido que el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta se haya partido en dos para que el oficialismo nombre representantes por la mayoría y la minoría en el organismo.

ED

El senador nacional Martín Doñate consideró este domingo como “contradictorios y extralimitados” los argumentos de la Corte Suprema (CSJN), que rechazó tomarle juramento como integrante del Consejo de la Magistratura y advirtió que el máximo tribunal pretende “arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad”.

“Causa estupor la lectura de los insólitos fundamentos de la CSJN, no solo por contradictorios y extralimitados, sino porque se inspiran en los consejos del oscuro Sr. Robles que, además de vocero y operador del cortesano Rosatti, funge como asesor vía chats de Juntos por el Cambio (JxC)”, escribió Doñate en una serie de posteos publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Así apuntó el legislador a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y quien había sido acusado de sugerir al exministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, sobre cómo proceder en la causa iniciada por la controversia sobre la conformación del Consejo de la Magistratura.

Con la Acordada 2 del jueves pasado, la Corte denegó la jura en el Consejo a Doñate, pero confirmó que sí lo haría -en fecha a confirmar- a María Inés Pilatti Vergara (FdT), a Mariano Recalde (FdT) y a Eduardo Alejandro Vischi (UCR).

“El decisorio de la Corte es demencial. Reconoce la representación del bloque FNyP (Frente Nacional y Popular) al disponer la toma de juramento a sus representantes (Recalde) y (Pilatti Vergara), pero me niega el juramento como representante del otro bloque (Unidad Ciudadana)”, advirtió Doñate.

Cuestionó, en este punto, que los ministros de la Corte hayan aplicado “el antecedente Juez (en alusión al senador macrista Luis Juez) según el cual la división de los bloques se debió a un ardid”.

“Para la Corte, hay 21 senadores que conforman un bloque cuya formación se debió a un ardid lícito (FNyP) y 14 senadores cuyo bloque se conformó mediando ilicitud (Unidad Ciudadana)”, ironizó Doñate.

También evaluó que “la incongruencia es de tal magnitud que lo hacen fundamentados en sentencia de fecha 8/11/2022 en autos Juez”, una resolución que pretende “limitar la conformación de los bloques a los procesos eleccionarios”.

“Y en ese desquicio institucional por medio de un acto administrativo pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando”, subrayó el senador.

Además de incluir en sus posteos artículos periodísticos que revelaron una serie de chats que involucraban a Robles y D'Alessandro, Doñate concluyó: “No hay parangón para tomar de referencia sobre esta verdadera cloaca cortesana. Así no hay país ni república que se sostenga”.

MB con información de agencia de noticias Télam

La Corte Suprema denegó este jueves tomarle juramento al senador Martín Doñate pero sí permitir que asuman los otros tres representantes del Senado, mediante una acordada firmada por los cuatro jueces del tribunal.

Remitiendo a su decisión del 8 de noviembre pasado, que invalidó la asunción de Doñate en favor del legislador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, la Corte dispuso que no se incorpore el senador del oficialismo pero sí a María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischi.

En ese antecedente, la Corte declaró “inoponible la partición del Bloque Frente de Todos a los fines de la conformación del Consejo de la Magistratura, en tanto y en cuanto, mediante dicha maniobra, ese bloque mayoritario pretendió que uno de los bloques escindidos (Unidad Ciudadana) desplazara al bloque que representa a la segunda minoría (Frente Pro), violando de ese modo la pluralidad representativa consagrada en la ley 24.937”.

La decisión llegó a través de una acordada, que son las normas de funcionamiento para la Corte, y con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

“Este Tribunal consideró que la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”, señalaron los jueces cuestionados por el Congreso a través del trámite del juicio político.

Con información de Télam

Los senadores del Frente de Todos (FdT) Mariano Recalde, Martín Doñate y María Inés Pilatti Vergara presentaron este jueves una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, solicitándole que “cumpla la ley” y les tome juramento como integrantes del Consejo de la Magistratura, para que “el órgano vuelva a funcionar”.

Los senadores realizaron una presentación donde exigieron que se les tome juramento para concretar la conformación constitucional de la Magistratura, y aseguraron que “evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado”, según detallaron en un comunicado de prensa.

“Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación posterga la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, argumentando que las designaciones 'se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento'”, reclamaron.

Los senadores que faltan ser nombrados son Recalde y Pilatti Vergara, del bloque mayoritario Frente Nacional y Popular; Eduardo Vischi, por la primera minoría de la Unión Cívica Radical; y Doñate por la segunda minoría de Unidad Ciudadana.

En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas”, pero que no es competencia de la Corte “estudiar” esas designaciones.

Recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”, y consideraron que su accionar es “discriminatorio”, ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”.

Se refieren al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya juró como consejera, a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicaron los jueces supremos en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.

Por último, los consejeros designados expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso. “Este accionar representa una grave amenaza para la salud institucional de la República”, aseguraron.

LC con información de agencia Télam

Como en un primer round de una larga pelea de box, oficialismo y oposición se midieron el jueves pasado en el inicio del debate por el juicio político a la Corte Suprema. Se dieron golpes bajos, con chicanas verbales y acusaciones cruzadas, pero ningún contrincante logró desestabilizar a su rival.

Es probable que la disputa alcance otro nivel el jueves próximo, cuando en la comisión de Diputados se expongan la totalidad de los argumentos de las 14 denuncias vigentes contra los jueces. Hay más de 60 imputaciones de supuestos delito. Será entonces cuando el Frente de Todos busque profundizar su “plan desgaste” contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. 

En ese operativo contará con la presencia de más de diez expositores, autores de los distintos proyectos de jury: diputados, senadores y particulares. La carta “especial” será poner también en ese lugar a legisladores de Juntos por el Cambio, principalmente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, que acusan solo al juez Lorenzetti por sus años como titular del máximo tribunal.

El saldo del primer round

La primera jornada del juicio político dejó en el oficialismo cierta sensación de satisfacción. “Fue un buen comienzo. Estamos bien, llevando adelante el proceso con seriedad”, aseguró a elDiarioAR una de las espadas legislativas más importantes de la comisión. 

La “fortaleza” que intenta mostrar el kirchnerismo es indirectamente proporcional con los votos que necesita para que el juicio avance en el recinto. Ante esa debilidad, aprovechará cualquier ventaja que le de la oposición para sacar rédito propio. “Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos –por Juntos por el Cambio– asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios”, señaló otra voz en el kirchnerismo, Vanesa Siley, legisladora y miembro del Consejo de la Magistratura, en AM750.

La 'fortaleza' que intenta mostrar el kirchnerismo es indirectamente proporcional a los votos que necesita para que el juicio avance en el recinto

El oficialismo espera que el calendario juegue a su favor, porque el expediente de juicio político con despacho de comisión tiene un plazo de tres años para ser tratado en el recinto. El tema será si las elecciones estarán de su lado, porque el FdT necesita acumular la mayoría absoluta en el Congreso en los comicios de este año y en las legislativas de 2025. Con la crisis interna, parece una misión imposible. El jefe del bloque, Germán Martínez, recordó los tiempos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner: “En 2002 no había consenso. En 2003 sí lo hubo. Estoy convencido de que a medida que vayamos avanzando con fundamentos y pruebas, el consenso va a estar mucho más claro que ahora”, dijo en radio Con Vos.

El flanco débil de la estrategia sin fecha de vencimiento podría ser la parálisis del Congreso, que de alguna manera ya se siente. “Esto los va a perjudicar más que beneficiar, porque a la gente no le importa este tema. Alejan al votante no politizado que toda fuerza necesita para ganar en primera vuelta o en la segunda”, entendió una diputada de JxC, bloque que se propuso vaciar todos los debates. La situación obligó a que hasta Máximo Kirchner –poco habitué a mostrarse en los pasillos parlamentarios– se presentase esta semana a la comisión de Recursos Naturales para que el FdT tuviera quórum para crear un nuevo parque nacional en Chaco. 

El miércoles próximo podría haber otra postal de la división política: el oficialismo buscará reabrir la Comisión de Previsión y Seguridad Social para debatir la moratoria previsional –que beneficiará a unas 800.000 personas–, pese a que la ley tiene dictamen: figuró en el temario de la última sesión que se frustró por falta de quórum. A su vez, el bloque del FdT ya emitió dos solicitudes para que se reabran las comisiones que presiden opositores y que tienen en agenda parte del temario de las sesiones extraordinarias.

Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos –por Juntos por el Cambio– asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios

Vanesa Siley — Diputada del FdT

Las acusaciones y los acusados

La comisión de Juicio Político volverá a la actividad el próximo jueves desde las 11. Será el momento en que expongan algunos de los autores de los 14 expedientes que se analizan en el marco del proceso a los cuatro miembros de la Corte. El FdT tendrá como portavoces a los diputados Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Pablo Carro y Eduardo Valdés, y a la senadora Juliana Di Tullio.

Bajo la denuncia general de “mal desempeño en sus funciones”, válido por la Constitución Nacional, las acusaciones apuntan a distintas acciones de los magistrados en los últimos años. Cargan las tintas de los expedientes el fallo de la Corte de diciembre, en el que ordenó a la Nación devolverle a CABA el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.

El impulso que le dio el Gobierno a la embestida a los cortesanos ganó volumen después de que se revelaran chats entre Silvio Robles –vocero de Rosatti– y Marcelo D’Alessandro –ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia–, justamente anticipando la medida que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. Esos son algunos de los argumentos en el pedido de jury que firmaron un grupo de diputados, tomando como base el reclamo del presidente Alberto Fernández y distintos gobernadores. 

Otro hecho del año pasado también se ventilará en el jury: la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el órgano que nombra y remueve jueces– que impulsó Cristina Fernández de Kirchner hace 15 años. Finalmente se retrotrajo su composición a 20 miembros, con el titular del máximo tribunal a la cabeza –hoy Rosatti–, tal como disponía una ley ya derogada. 

El fallo por la coparticipación en favor de CABA, el freno a la reforma de la Magistratura, el beneficio del '2x1' a un represor y el manejo de la obra social de los judiciales son parte de los argumentos del oficialismo para buscar enjuiciar a la Corte

El beneficio del “2x1” que Rosenkrantz y Rosatti le otorgaron al represor Luis Muiña en 2017 –Lorenzetti y Maqueda votaron en disidencia– está en varios de los expedientes de pedido de juicio. Los jueces –junto a la ex ministra Elena Highton de Nolasco– declararon en su momento aplicable la ley 24.390, vigente entre 1994 y 2001, pero que entonces estaba derogada. La sentencia fue revertida gracias a una movilización popular y tras una ley del Congreso que restringió la aplicación de aquel beneficio.

En ese plano también hay una denuncia contra Rosatti por supuesto encubrimiento al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cuando era intendente de Santa Fe. La denunciante, ex detenida-desaparecida Patricia Isasa, también expondrá el jueves. Además, al presidente de la Corte lo apuntan por frenar la llamada Comisión Interpoderes, un espacio que se encarga de apurar los procesos a los genocidas. Por ese expediente el abogado Pablo Llonto dará su testimonio. 

A Rosatti desde el oficialismo también le achacan violar la división de poderes. Aseguran que buscó “condicionar” al Ejecutivo y Legislativo, cuando en declaraciones públicas –luego de que el Senado votó ampliar la Corte a quince jueces– pidió que se tenga en cuenta la opinión de la Justicia. Y Rosenkrantz está señalado por “conflicto de intereses” al fallar sobre grandes empresas que fueron clientes suyas, como YPF, Claro, supermercado Día, Grupo América y Pan American Energy.

El supuesto desmanejo por parte de la Corte de la Obra Social del Poder Judicial es motivo de varios pedidos de jury. La base es un informe de una Comisión de Auditoría, que desde 2008 señaló contrataciones irregulares y gastos sin control.

Carrió, contra Lorenzetti y el FdT

“Vamos a exponer con los ejes de nuestro juicio político”, avisaron a elDiarioAR en el bloque que responde a Carrió, que mantiene firme sus denuncias contra Lorenzetti, y que el FdT incorporó en el tratamiento del juicio a la Corte para hacer mella en JxC. “No somos tontos y tenemos oficio”, respondieron ante la posibilidad de quedar “expuestos” a la jugada kirchnerista. 

“Habla mal de ellos poner como ejemplo nuestro juicio político porque es de hace más de cinco años y a ellos nunca les interesó. Deberían estudiar más, pero son vagos”, chicaneó la voz opositora. Por la fuerza de Carrió expondrá la diputada Paula Oliveto.

La CC señala a Lorenzetti por sus años al frente del tribunal. Lo acusan por supuestos negociados en la administración de la Corte y con hacer la vista gorda a reclamos de algunos jueces que denunciaban narcotráfico. También por crear una red de espionaje ilegal.

En la comisión el jueves expondrán además representantes de la Asociación Argentina de Juristas, de la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, y los particulares Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez. Será una larga jornada cargada de tensión, que calentará aún más el clima para la audiencia de la semana siguiente, en la que se prevé votar la viabilidad de los pedidos de juicio político. Nuevos cruces entre el oficialismo y la oposición estarán a la orden del día.

MC

El Gobierno apretó el acelerador en el inicio del año electoral y oficializó ayer por la tarde un temario de sesiones extraordinarias en el Congreso que plantea 27 iniciativas para apenas seis semanas. A priori es un listado ambicioso, teniendo en cuenta que en 2022 hubo un tercio menos de leyes sancionadas que el año anterior. 

Mientras desde la Casa Rosada se buscó cargar contra la oposición para que “se sienta” a debatir durante el verano, voces en Juntos por el Cambio recogidas por elDiarioAR acusaron al oficialismo de montar “un show” parlamentario. El variopinto temario promete discusión: mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó con un paquete de leyes económicas que necesita para su gestión –desde el cual intentaría apalancar una candidatura presidencial–, se recargó aún más la agenda sobre la Justicia. 

El Frente de Todos no solo iniciará el promocionado juicio político a la Corte Suprema, sino que Alberto Fernández también pidió que se debatan las reformas de ampliación del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura. Son iniciativas que tuvieron media sanción en el Senado el año pasado, pero que el oficialismo prácticamente no puede darle tratamiento en Diputados porque no llega a tener quórum propio –solo tiene 117 legisladores propios–.

“Que la oposición entienda que debe sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”, exigió ayer la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, para argumentar el llamado a extraordinarias entre el 23 de enero y el 28 de febrero. Durante ese periodo de tiempo, el Congreso solo puede tratar el temario enviado por el jefe de Estado, aunque no es obligatorio que efectivamente todas las iniciativas se voten. La agenda se “libera” a partir del 1 de marzo, cuando inician las sesiones ordinarias a partir del discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. 

Diputados: el paquete Massa vs. el avance a la Justicia

De los 27 proyectos parlamentarios para extraordinarias, la mayoría se concentran en la Cámara Baja, lo que desnuda la estrategia –si es que la hay– del oficialismo. Además del “paquete judicial” mencionado, que solo generaría ruido político y mediático, está el “paquete económico” que lleva la firma del ministro tigrense. La dificultad para el jefe del Palacio de Hacienda es que la oposición ya avisó que “los ataques” a la Justicia obturarían cualquier otro debate parlamentario.

En el apartado económico para debatir en Diputados están el blanqueo de capitales y la nueva ley que agrava el lavado de activos, claves ante los recientes acuerdos firmados de intercambio financiero con Estados Unidos y el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI). También hay una modificación del Presupuesto 2023 –sin conocerse el detalle si incluirá la suba de algunos impuestos– para fondear el pago a la coparticipación que la Nación debe restituir a la Ciudad de Buenos Aires, como anticipó en diciembre este medio. 

Massa también envió el proyecto de ley para “blindar” el Indec y darle mayor autarquía, así como la renovación del plan de pago de Deuda Previsional, que le permitiría jubilarse a más de 800 mil personas sin los aportes necesarios. Y en lo que presentó ayer en parte como “Programa fortalecimiento productivo argentino”, el Congreso debería avanzar con leyes que ya se venían conversando en 2022, como la Agroindustrial, la de promoción de nuevas energías –el caso del hidrógeno verde– o la creación de un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Algunas de esas iniciativas ya han dado pasos tímidos en comisiones, y otras ni siquiera tuvieron una primera discusión. En JxC son cautos en adelantar su acompañamiento, ya que no confían en que el oficialismo tenga sanas intenciones, sobre todo por la avanzada judicial. “Es un delirio en el que mezclan todo. Son más leyes que todo lo que sacaron en un año. Las razones por las que hacen eso pueden ser muchas pero es poco serio”, dijo una importante espada legislativa del interbloque opositor. “Es un show”, remató el encumbrado diputado, apenas conocido el temario de extraordinarias.

“Que las extraordinarias contengan el pedido de juicio político y las reformas a la Corte o al Consejo de la Magistratura es colocar como prioridades temas que no son los de la agenda de la ciudadanía. Si el Presidente no quiere ser un hipócrita, debería preocuparse por cómo bajar el 94 por ciento de inflación”, dijo a elDiarioAR Soledad Carrizo, secretaria parlamentaria del bloque de la UCR en Diputados.

El resto de la agenda parlamentaria para la Cámara baja es de baja intensidad política, pero varios proyectos quedaron frenados hacia el final del año pasado, cuando se rompieron los puentes entre oficialismo y oposición, cristalizado en el fracaso de la renovación de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo. Allí están la creación de universidades nacionales, como iniciativas sociales y de salud, ciencia y ambiente, aunque no fueron incluidas las disputadas leyes de Humedales o Alquileres.

Senado: CFK y el pliego del procurador

Con el antecedente de que las reformas del Consejo de la Magistratura y de la ampliación de la Corte avanzaron en el Senado, la Cámara Alta tiene para las extraordinarias como agenda de alto voltaje el pliego de Daniel Rafecas como procurador general. La iniciativa se la impuso Fernández a su vice, Cristina Fernández de Kirchner, que durante todo el 2022 “planchó” el tratamiento del nombramiento del jefe de los fiscales.

El pliego necesita de los 2/3 de los votos para ser aprobado, por lo que sí o sí el FdT necesita el apoyo de parte de JxC. En principio, el arco opositor estaba de acuerdo, pero mucha agua corrió desde que se ingresó por primera vez el proyecto, en los inicios del Gobierno actual. 

“Hasta que el juicio político contra la Corte no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno”, amenazó esta semana el senador Martín Lousteau, que en su momento se había mostrado a favor de Rafecas, al igual que Elisa Carrió. Ayer en un importante despacho opositor en la Cámara Alta también ponían reparo a la iniciativa oficialista. “Puro relato. 26 temas para 6 semanas”, acotó un operador del radicalismo a este medio. 

Habrá que esperar también si el interbloque oficialista se muestra unido o se exponen las diferencias entre el cristinismo y el peronismo, que tienen bloques propios: Unidad Ciudadana, y Frente Nacional y Popular, respectivamente. Esta semana la vicepresidenta continuaba en el sur, junto a su familia.

Otros puntos del temario de extraordinaria que deberían tratarse en extraordinarias son la ley de alcohol cero, la nueva norma para médicos residentes, un régimen de promoción de la innovación tecnológica, la norma de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y la demorada creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, aprobada en Diputados en julio del año pasado.

MC/MG