Franco Vedia, también conocido como “Levi Callata”, vive en la comunidad de Tusaquillas, en Jujuy. Es una de las 38 comunidades ubicadas en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Donde vive, la ganadería y la agricultura locales cubren la mayor parte de las necesidades de la comunidad, pero, según él, no es una vida fácil.

“De vivir en el territorio es una vida sufrida, pero al mismo tiempo también tiene una vida cultural muy linda”, explicó Vedia.

Uno de los elementos claves de su cultura es el reconocimiento y el respeto mutuo hacia otras personas y el mundo natural. “Nuestras abuelas nos enseñaron que cada vez que cruzamos por un ojito de agua, o algún río, o algún campo, o algún cerro, hay que ir saludando como si estuviera saludando a otra persona”, describió.

Pero no todos los que llegan a esta tierra tienen las mismas tradiciones. Los humedales altoandinos, que incluyen los salares, lagos y lagunas de Argentina, Bolivia y Chile, no solo son valorados porque las comunidades que los bordean dependen de su presencia y sirven como un combatiente crucial del cambio climático, sino también porque contienen más de la mitad del litio del mundo, según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

El litio, u “oro blanco”, según FARN, se está convirtiendo rápidamente en uno de los recursos más cruciales en la transición global hacia las energías limpias. Se utiliza principalmente en la producción de vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, y se considera indispensable para los esfuerzos de descarbonización. Los humedales altoandinos son un lugar para encontrar este material gracias a sus condiciones ambientales únicas. 

“El litio es un elemento relativamente común en la naturaleza, se puede encontrar tanto en salmueras como en rocas, incluso en aguas subterráneas, océanos, ríos y lagos”, explicó Cecilia Dominguez, líder de ambiente y sustentabilidad de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. “En el noroeste argentino y chileno se han definido yacimientos de litio con concentraciones económicamente rentables que hoy son minas en operación (dos en Chile y seis en Argentina)”.

Los humedales altoandinos de Argentina se ubican principalmente en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy. El aumento de los proyectos mineros en la región ha afectado la calidad y cantidad del agua dulce disponible para las comunidades locales. Debido al impacto de la minería en su calidad de vida, las comunidades indígenas que viven allí han resistido durante años con protestas y acciones legales, según FARN.

María Laura Castillo Díaz, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN, explicó que desde que comenzó su programa hace 15 años, FARN trabaja con las comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, compartidas entre las provincias de Salta y Jujuy, para exigir el consentimiento libre e informado previo a la extracción de litio en la región.

Castillo Díaz agregó que, durante su trabajo interdisciplinario con expertos en diversos campos, su equipo ha notado que actualmente no existe mucho conocimiento de base sobre el estado actual de los humedales altoandinos. “Entonces, al no saber cómo hoy es y cómo funcionan, difícilmente uno pueda saber cuál es el impacto de una actividad sobre ellos”, señaló Castillo Díaz.

Aun así, los líderes ambientales buscan maneras de proteger estos ecosistemas en peligro. Argentina formó parte de la Convención de Ramsar, un tratado dedicado exclusivamente a la protección internacional de humedales, en 1992, y tiene 24 sitios Ramsar protegidos. Sin embargo, aún enfrenta dificultades para protegerlos, según Castillo Díaz, quien agregó que el hecho de que un sitio esté designado bajo el tratado no significa que no se puedan realizar actividades en él.

“Lamentablemente, hay sitios Ramsar en los que, por ejemplo, se desarrolla minería también y que también están siendo afectados”, destacó Castillo Díaz. “Y entonces, esa protección lamentablemente no es eficaz porque los ecosistemas terminan sufriendo también la degradación que es consecuencia de esas actividades”.

Sin embargo, las empresas mineras tienen que pasar por un largo proceso antes de poder comenzar a extraer los recursos naturales.

“El descubrimiento de un yacimiento de litio no implica que éste será una mina en operación, deben pasar varias pruebas técnicas, económicas, ambientales y sociales para convertirse en una mina”, dijo Dominguez. “Estos periodos son largos y el trabajo es progresivo”.

La zona donde vive Vedia se ve profundamente afectada por la minería de litio y tierras raras. Vedia considera que estas prácticas son insostenibles y que, si las empresas agotan el agua, su comunidad se vería obligada a reubicarse.

“La Puna es un lugar, es una zona semi-árida, entonces el agua no es abundante, sino que es un recurso muy, muy, muy preciado, porque no es que está en todos lados, sino que es subterránea y se los puede ver en los humedales”, explicó Vedia.

Vedia continuó: “Estamos hablando de un uso muy irresponsable, muy desmedida, sin garantías de protección, de reparación, entonces no hay un diálogo, no hay algo confiable, no hay algo de buena fe. Nosotros en ese sentido lo vemos, se ve como un extrativismo más que nada”.

Vedia afirmó que considera el conflicto como un fracaso institucional, ya que, desde su punto de vista, el Estado argentino y las empresas de litio intentaron iniciar la minería sin una consulta significativa, lo que llevó a las comunidades a organizar protestas para proteger su territorio y crear el protocolo Kachi Yupi para formalizar un proceso de consulta. Sin embargo, el gobierno provincial lo ignoró, imposibilitando un diálogo genuino, afirmó.

“No puede haber un diálogo eficiente si una de las partes no está dispuesta a escuchar”, dijo Vedia.

Sin embargo, Domínguez explicó que las empresas tienen sistemas integrados para tener en cuenta las voces locales a la hora de tomar decisiones.

“En las provincias con comunidades indígenas en la zona de los proyectos, se establecen mesas de trabajo donde participan las autoridades provinciales, las autoridades comunitarias y la empresa involucrada”, Dominguez señaló. “En estas mesas la empresa presenta resultados y se acuerdan los planes de monitoreo y las acciones de relacionamiento. Se relevan inquietudes y se da respuesta, realmente funcionan como un espacio de intercambio y acuerdos”.

En la región, a menudo denominada el “Triángulo del Litio”, los gobiernos deben consultar con las comunidades indígenas antes de la exploración de recursos naturales, según el Convenio 169 de la ILO. Los líderes internacionales también enfatizan que las empresas deben obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas antes de tomar medidas.

Clemente Flores es de El Moreno, comunidad indígena El Angosto, dentro de la Cuenca Salinas Grandes de Jujuy, Argentina, donde ha visto los impactos de los mineros con sus propios ojos: “Los daños no son ahora ya visibles. Son dentro de uno o dos años. Entonces, a los 10 metros, 30 metros del lugar, no pasa nada. No se secan las plantas, no pasa nada porque las plantas tienen mucha vida todavía. Pero con el corre del tiempo, eso se deteriora”.

Pero a medida que pasa el tiempo, todavía hay formas de mejorar. Según un comunicado de prensa de FARN, el 27 de junio de 2025, 10 comunidades indígenas de la Red Torna Lickana, ubicada en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, lograron que su territorio fuera inscrito como “Territorio de Vida” conservado en el Registro TICCA.

Fue el primer territorio argentino para ser “incorporado a esta plataforma global de territorios que se caracterizan por estar gestionados de forma autónoma por comunidades, que actúan como custodios mediante sus propias formas de gobernanza”, señaló FARN.

“Este logro visibiliza el papel central de las comunidades en la protección de los humedales andinos, amenazados por la demanda de minerales del Norte Global. Refleja su profunda conexión con el territorio y el valor esencial de sus conocimientos para la conservación de la naturaleza, en consonancia con lo establecido en múltiples marcos internacionales de biodiversidad”, declaró Castillo Díaz en el comunicado de prensa en inglés con motivo del Día Mundial de los Humedales.

Sin embargo, según FARN, todavía queda revitalización por hacer: Hemos perdido el 87 por ciento de los humedales del mundo en los últimos 300 años. Desde 1970, se ha perdido el 22% de su superficie a nivel mundial, de acuerdo al sitio Ramsar.

“Entendemos que hoy por hoy el mundo se ha digitalizado tanto que ya es imposible imaginar un mundo donde no haya computadoras, no haya celulares, no haya vehículos, entonces no haya internet por ejemplo”, señaló Vedia. “Pero también yo creo que es mucho más imposible todavía poder imaginar un mundo, vivir en un mundo donde no haya agua”.

*Esta nota fue publicada originalmente en el sitio de la agencia de noticias Tierra Viva acá.

En apenas dos días, el gobierno de Catamarca concentró tres charlas técnicas para avanzar con nuevas autorizaciones para proyectos de litio en el Salar del Hombre Muerto. Las instancias, organizadas por el Ministerio de Minería, se realizaron en La Ciénaga Redonda, Los Nacimientos y la Villa de Antofagasta. Las empresas expositoras fueron Río Tinto, por el proyecto Fénix, y Posco Argentina, por el proyecto Sal de Oro. Los encuentros fueron presentados como espacios de “participación ciudadana”, pero lo que se vivió fue muy distinto: falta de transparencia, incumplimientos legales, exclusión técnica y ausencia de condiciones mínimas para una deliberación real.

Cada expediente ambiental superaba las 2.000 páginas y fue puesto a disposición de la comunidad apenas dos semanas antes de las charlas. En una región con escasa conectividad digital, sin acompañamiento técnico independiente ni acceso público a los dictámenes oficiales de las áreas estatales, el proceso de consulta ambiental se transformó en un ejercicio meramente formal.

A esto se sumó una maniobra logística que agravó aún más las condiciones de acceso: dos de las tres charlas —una correspondiente al proyecto Fénix (Río Tinto) y otra a Sal de Oro (Posco)— fueron programadas para el mismo día, en distintos puntos del territorio, imposibilitando que una misma persona pudiera participar de ambas. Según denunciaron integrantes de las comunidades, la mayoría de los asistentes eran trabajadores, proveedores o contratistas vinculados a las empresas, lo que limitó aún más la pluralidad de voces. Lo que se presentó como una instancia de diálogo ambiental, terminó funcionando como un mero trámite administrativo para legitimar decisiones ya tomadas. Las puestas en escena gubernamental-minera tuvieron lugar el jueves 18 y viernes 19 de diciembre.

Posco: expediente desactualizado, impactos reconocidos y un modelo excluyente

La exposición técnica de la empresa Posco, realizada el jueves 18 por la tarde en la localidad de Los Nacimientos, puso en evidencia una serie de irregularidades graves en el proceso de evaluación ambiental. El único expediente disponible para consulta pública era una versión del 2019, completamente desactualizada. La versión 2025 no había sido revisada por ninguna de las áreas técnicas del Estado provincial. No existían dictámenes de la Dirección de Aguas, de Antropología ni de Biodiversidad. Tampoco se incluía la adenda exigida por el Poder Judicial tras el fallo que ordenó evaluar de forma integral y acumulativa todos los proyectos en el Salar del Hombre Muerto. A pesar de esta falta de validación estatal, la empresa siguió adelante con la exposición como si el expediente estuviera completo y aprobado.

Durante la charla, representantes de Posco admitieron que la etapa de construcción —actualmente en fase de cierre— ha generado impactos severos en el ambiente. Aunque no se detallaron los efectos ni las acciones previstas para su remediación, el reconocimiento oficial de estos daños marcó un punto de inflexión en la narrativa empresarial.

También reconocieron que el Salar del Hombre Muerto es una cuenca endorreica: un sistema cerrado en el que toda intervención —sin importar el punto geográfico— tiene consecuencias en el conjunto. La empresa Posco intenta justificar su operación asegurando que el agua que utilizan proviene del río Carro Grande, en Salta, pero ese curso de agua drena directamente hacia el salar. El impacto ambiental no reconoce límites administrativos y afecta de igual manera a la cuenca completa.

“Nuestra agua y nuestra salud tienen que ser respetados”

La abogada Verónica Gostissa, presente en la charla técnica, alertó sobre las consecuencias de una evaluación ambiental fragmentada, especialmente en un ecosistema cerrado como el del Salar del Hombre Muerto. Señaló que “evaluar cada proyecto por separado, sin considerar el impacto acumulativo, es una forma de invisibilizar los daños reales sobre la cuenca. No se puede hablar de sostenibilidad cuando se analiza cada intervención como si no existieran las demás”.

Su intervención puso en cuestión el enfoque institucional que habilita proyectos sin una mirada sistémica, sin estudios integrales actualizados y sin mecanismos eficaces de control público.

Aunque no lo explicitó en esta instancia, Posco impulsa su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de hasta 30 años, pero que además funciona como un mecanismo de blindaje jurídico para proyectos extractivos de gran escala. Bajo el RIGI, las empresas acceden a mayores garantías de estabilidad normativa y limitaciones a eventuales cambios regulatorios, lo que reduce de manera significativa la capacidad del Estado y del Poder Judicial para revisar, sancionar o revertir proyectos ante daños ambientales o conflictos sociales.

El intento de ingresar al RIGI refuerza las críticas al modelo minero impulsado en Catamarca: un esquema que prioriza la seguridad jurídica empresarial por sobre los derechos de las comunidades, la protección de los bienes comunes y el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales.

Por otro lado, Posco volvió a presentar promesas de empleo y desarrollo económico local, aunque los datos oficiales muestran que menos del 35 por ciento del personal contratado reside en Catamarca, y esa proporción disminuirá aún más en la etapa de explotación. La supuesta inclusión se sostiene más en el discurso que en la práctica. Así lo denunció Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad Indígena Atacameños del Altiplano y una de las voces más firmes durante la jornada. “Nos exigen hablar como técnicos, leer 2.000 páginas y responder en dos días. Eso no es participación, es simulación”, afirmó. También denunció la falta de oportunidades laborales reales para la juventud local: “Cajonean los currículums. Las empresas dicen que hay trabajo para todos, pero no es cierto”.

Mamani finalizó su intervención con un llamado a la organización comunitaria, frente al avance del extractivismo y la complicidad estatal: “Hoy tenemos el poder nosotros. Hoy tenemos que hacernos respetar como antofagasteños. Nuestro agua, nuestro medio ambiente, nuestra salud, tienen que ser respetados”.

Sus palabras condensaron no solo una denuncia concreta, sino también una advertencia frente a un modelo de saqueo que promete progreso pero profundiza las desigualdades estructurales.

Río Tinto: huellas hídricas que no se borran

En la charla del viernes 19 en la Villa de Antofagasta, la empresa Río Tinto expuso su plan de ampliación del proyecto Fénix, actualmente alcanzado por una medida cautelar judicial que prohíbe otorgar nuevas autorizaciones en el salar hasta tanto se realice un Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo e Integral. Sin embargo, esa evaluación no estaba disponible ni fue presentada en la jornada.

El expediente técnico no contaba con los dictámenes públicos de la Dirección de Aguas, Biodiversidad, Antropología ni de Protección Ambiental (Dipgam). A pesar de que la Dipgam solicitó una ampliación de información, esa solicitud no fue publicada. Tampoco estaba accesible el informe actualizado del Estudio de Gestión de Impacto Acumulativo (EGIA) realizado a partir del fallo en la Corte Provincial. La falta de documentación pública invalidaba, por sí sola, la posibilidad de formular observaciones informadas.

Durante la exposición, la empresa sostuvo que el uso de agua —740.000 litros por hora— no representa una pérdida, ya que “el agua vuelve al sistema por evaporación y precipitaciones”. Pero esta afirmación fue duramente cuestionada por la abogada Verónica Gostissa, quien advirtió que se trata de una cuenca endorreica: “El salar es una sola cuenca, pero están evaluando proyecto por proyecto. En este 'mate' del que todos toman, hay más de diez bombillas succionando al mismo tiempo desconociendo su límite”, afirmó para explicar la sobreexplotación hídrica simultánea por parte de diversas empresas sin un estudio acumulativo ni una regulación efectiva.

La advertencia pone en cuestión todo el enfoque con el que el Estado catamarqueño habilita este tipo de emprendimientos, sin un marco integral ni datos actualizados y públicos que garanticen la sostenibilidad. “El agua que sale del salar no vuelve y la salmuera también es agua por lo que necesitamos saber cuánta se extrajo desde 1997 y cuánta planean extraer en los próximos 20 años, empresa por empresa. Esa es la huella hídrica real y todavía no hay un número”, denunció frente a funcionarios de los ministerios de Minería y Agua.

Gostissa también recordó que la Corte de Justicia de Catamarca, en un fallo de marzo de 2024, prohibió otorgar nuevos permisos y exigió una evaluación ambiental integral de toda la cuenca. El proyecto Fénix, operado por Livent y hoy controlado por Río Tinto, es históricamente cuestionado por el secado de la Vega Trapiche, un humedal estratégico que se mantiene degradado a pesar de las obras de riego. La recuperación visual que muestra la empresa, indicaron especialistas presentes, no implica recarga hídrica subterránea ni restauración de sus funciones ecosistémicas.

También intervino Elizabeth Mamani, integrante de la Comunidad de Atacameños del Altiplano, quien denunció públicamente la falta de transparencia y las promesas reiteradas sin cumplimiento. “Las mismas cosas que están presentando hace siete años venimos escuchando. Cambian la firma y volvemos a lo mismo. No hay avance. La Vega del Río Trapiche sigue seca. La empresa tiene que decir qué hizo. No están siendo transparentes”, afirmó con firmeza. En relación a la supuesta recuperación ambiental, advirtió: “Se refieren a nuestros humedales como si fueran charquitos”.

A nivel internacional, Río Tinto acumula una larga trayectoria de denuncias por violaciones a los derechos humanos, impactos ambientales severos y conflictos con comunidades indígenas. Desde la destrucción de sitios sagrados de pueblos indígenas en Australia hasta los pasivos ambientales en Papúa Nueva Guinea y los vertidos contaminantes en Madagascar, su historial ha generado un fuerte rechazo en distintos países. En Serbia, su proyecto de litio fue expulsado en 2021 y nuevamente frenado en 2024 luego de masivas movilizaciones ciudadanas que denunciaron los riesgos ambientales y la falta de consulta pública efectiva.

En Argentina, su presencia quedó marcada por el accionar de Livent —empresa ahora controlada por Río Tinto—, que fue denunciada por irregularidades aduaneras y socioambientales en el Salar del Hombre Muerto. Aunque en sus recientes presentaciones la compañía intenta mostrar un nuevo enfoque de sostenibilidad y responsabilidad, muchas comunidades y especialistas advierten que la historia operativa de la empresa contradice sus promesas actuales, y que cualquier intento de “lavado verde” no puede ocultar décadas de impactos acumulados.

El telón de fondo: Jalil, YMAD y un nuevo régimen minero

Mientras se realizan estas charlas sin dictámenes ni estudios integrales, en la capital provincial se mueve el tablero político. El gobernador Raúl Jalil consolidó en las últimas semanas una serie de maniobras que reconfiguran el control del negocio minero en Catamarca.

Días después de que diputados de su sector se apartaran del bloque de Fuerza Patria —favoreciendo la conformación de La Libertad Avanza como primera minoría— el gobierno nacional oficializó la provincialización de YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio), una empresa codiciada por su volumen de regalías y contratos con multinacionales. Ahora, Jalil impulsa el cierre del Fondo Fiduciario Salar del Hombre Muerto, que hasta el momento concentraba los aportes que realiza Minera del Altiplano (MDA) por el Proyecto Fénix, y la transferencia de esos fondos al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la provincia. La medida implicará que el 1,2 por ciento del valor de ventas anuales de MDA —calculado según el precio ex factory FOB de litio— se destine a ese fondo, con adelantos mensuales autorizados por la empresa.

En paralelo, Antofagasta de la Sierra sólo recibirá el 0,3 por ciento de esas ventas. El resto quedará centralizado en manos del Gobernador. La decisión fue leída por muchas organizaciones como un intento de “provincializar las ganancias y territorializar los impactos”, consolidando un esquema donde los territorios ponen los bienes comunes y las grandes decisiones se toman en despachos a puertas cerradas.

Este modelo avanza en paralelo con la voluntad del gobierno nacional de incluir los grandes proyectos de litio dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece condiciones impositivas y aduaneras excepcionales para capitales multinacionales.

La combinación de este nuevo régimen fiscal con el vaciamiento del control territorial genera condiciones propicias para un modelo de menos regalías, menos impuestos, menos controles y más concentración de poder.

Lo ocurrido en diciembre en Antofagasta de la Sierra confirma una crisis de legitimidad en la gobernanza ambiental en Catamarca. Los procesos llamados “participativos” no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia, accesibilidad ni legalidad. Las comunidades no tienen acceso a los dictámenes, los estudios se fragmentan para evitar evaluar impactos acumulativos, los tiempos son exprés y las preguntas quedan sin responder.

El litio avanza en silencio, en reuniones cerradas, con documentos ilegibles, sin línea de base hídrica y sin una política seria de restauración de humedales. Mientras tanto, el gobernador Jalil reconfigura las estructuras legales y administrativas para maximizar el control político sobre los fondos mineros y favorecer la entrada de nuevos capitales.

El modelo se sostiene con pactos políticos, mecanismos formales y una narrativa de progreso que no resiste el menor análisis técnico o comunitario. En el corazón del litio argentino, lo que se vive no es participación: es una simulación. Y en esa simulación la democracia se evapora tan rápido como el agua del Salar del Hombre Muerto.

MC

El empleo formal no solo cae en los sectores históricamente complicados, como la industria manufacturera, sino también en aquellos que hasta hace poco eran motores del crecimiento económico, como el petróleo y la minería. Según datos de la Secretaría de Trabajo procesados por Fundar, en noviembre de 2023 había 94.600 personas asalariadas registradas en estos rubros. En septiembre de 2025, la cifra bajó a 87.500. Más de 7.000 empleos formales se perdieron en menos de un año.

El fenómeno alarma porque se da en actividades que el propio Gobierno considera “estratégicas”. Pero el repunte en la producción no está derramando en puestos de trabajo. Desde mayo de 2024, el empleo en petróleo y minería cae de forma sostenida, pese a que el país muestra signos de reactivación macroeconómica.

En el caso del petróleo, la expansión de Vaca Muerta no logra compensar la declinación de las cuencas maduras de Chubut y Santa Cruz, donde la producción se encarece, las inversiones se retraen y se aplican procesos de reducción de costos. Así, aun con mayor volumen de extracción, hay menos trabajadores perforando, trasladando o procesando hidrocarburos.

En minería, la situación es similar. A pesar del optimismo que genera el litio, el empleo que crea no alcanza a cubrir el que se pierde en otras ramas, como la minería no metalífera, muy vinculada a la obra pública y a la construcción privada. Con obras paralizadas y proyectos congelados, la demanda de áridos, cal y cemento se desploma, y con ella los puestos en canteras y plantas de procesamiento.

La caída en la industria también se agrava. En octubre, la utilización de la capacidad instalada bajó a 61%, dos puntos por debajo del mismo mes de 2024. El sector textil fue el más golpeado, con apenas un 32,5% de sus máquinas funcionando, una señal directa del freno en el consumo interno. Según el Indec, la producción de hilados de algodón cayó un 34,7% y la de tejidos, un 34,1% interanual.

A contramano de lo habitual, el país crecerá en 2025, pero con destrucción de empleo formal. Es una anomalía que no se registraba hace al menos tres décadas. La explicación está en la composición del crecimiento, que se apoya en sectores que no demandan mano de obra intensiva, como petróleo, minería y finanzas.

El crecimiento sin empleo es posible, y ya sucede. Mientras los sectores que podrían generar trabajo genuino —como industria y construcción— siguen estancados, los que lideran las exportaciones reducen personal bajo lógicas de eficiencia y automatización.

“El problema no es cuánto crece la economía, sino cómo crece”, escribió Daniel Schteingart, investigador de Fundar y curador del sitio Argendata. Su advertencia resume una paradoja que golpea directamente a los trabajadores: los sectores más dinámicos producen más con menos gente, y los sectores más intensivos en trabajo están paralizados.

JJD

Poco después de asumir el cargo en 2023, el presidente Javier Milei anunció una iniciativa para atraer grandes inversiones al país. Dirigida a empresas nacionales o extranjeras dispuestas a invertir más de US$200 millones en el país, los beneficios que ofrece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluyen exenciones fiscales y ventajas cambiarias y aduaneras.

El RIGI, aprobado por el Congreso en julio de 2024 y en vigencia desde octubre, ya cuenta con 11 proyectos de inversión presentados por empresas nacionales y extranjeras por un total de US$15.500 millones en promesas de inversión, según fuentes del Ministerio de Economía. De esos proyectos, cuatro ya fueron aprobados por el gobierno y los demás esperan respuesta. La mayor parte se centran en energía y minería.

La expectativa del gobierno es que las ventajas cambiarias, aduaneras y fiscales del RIGI propicien un boom de las exportaciones energéticas y mineras para expandir la economía. Sin embargo, especialistas consultados por Dialogue Earth para este artículo advierten que el RIGI no ha atraído tantas propuestas de inversión nuevas como podría parecer, y que podría suponer un riesgo de desindustrialización interna al fomentar la importación de determinados equipos necesarios para estos proyectos. Además, sostienen que el RIGI no contempla la protección del ambiente en sus artículos e incluso se prioriza el acceso de parte de las empresas a recursos estratégicos, como el agua.

“Pareciera que, por debajo de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de modo discrecional y anárquico cuando, en verdad, tenemos la necesidad imperiosa de preservarlos”, sostiene la ONG argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en un análisis del RIGI.

Beneficios del RIGI

El RIGI apunta a captar inversiones en los sectores forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.

Los proyectos cuentan con 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria y ante cualquier controversia que surgiera con el Estado, las empresas pueden recurrir a tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI). Además, las autoridades provinciales y municipales de Argentina pueden ofrecer sus propios beneficios a los posibles inversores, además de los ya garantizados a nivel nacional.

Máximos referentes de los sectores beneficiados por el RIGI manifiestan un fuerte apoyo a la política. Por ejemplo, Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE) y la tercera persona más rica de Argentina, manifestó recientemente que Milei “está trabajando fuerte para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros recursos energéticos, así como de las obras de infraestructura relacionadas a ello”.

En cambio, representantes de la industria manufacturera nacional advirtieron sobre el impacto negativo del RIGI. La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) sostuvo en un comunicado que la política “atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”. Esto se debe a que las empresas pueden importar bienes de capital e insumos sin aranceles en el marco del RIGI.

Infraestructura energética

Hasta ahora, hay solo cuatro proyectos aprobados de los 11 presentados en el marco del RIGI.

El primero es el liderado por la empresa petrolera estatal argentina YPF junto a Empresa Mendocina de Energía (EMESA) para desarrollar el parque solar El Quemado, en Mendoza, de 305 MW de potencia, con una inversión de US$211 millones según fuentes gubernamentales.

El segundo es la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur por un total de US$2.486 millones para el transporte de petróleo extraído del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén, y la exportación en una futura terminal marítima en la zona de Punta Colorada en Río Negro. El proyecto, que podría estar operativo en el cuarto trimestre de 2026, es llevado adelante por YPF en alianza con las petroleras Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol y Shell Argentina. Horacio Marín, CEO de YPF, calificó a Vaca Muerta Oil Sur como “un antes y un después para la industria”.

“El sector hidrocarburífero experimenta una pujanza que se diferencia del resto de la economía, basada en el fomento a la exportación por parte del tanto del gobierno como de YPF”, explica Juan José Carbajales, experto del sector de petróleo y gas y director de la consultora Paspartú.

Otro proyecto que permitiría expandir a la industria de los combustibles fósiles, también aprobado, es la construcción de la infraestructura necesaria para amarrar en la costa de la provincia de Río Negro dos buques de licuefacción de gas. Ello permitiría exportar Gas Natural Licuado (GNL) a partir del recurso extraído de Vaca Muerta.

Inversiones mineras

Otro foco de inversiones del RIGI es en el sector minero. De los 11 presentados, seis pertenecen a este rubro y solo uno fue aprobado: la inversión de Río Tinto, por US$2.724 millones, para ampliar su proyecto Rincón de Litio en Salta, provincia del norte argentino.

También en Salta, la empresa minera surcoreana Posco ha propuesto una inversión de US$633 millones para ampliar su proyecto de litio Sal de Oro. El tercero en esta provincia es una propuesta de US$273 millones de la china Ganfeng Lithium para construir la planta de litio Pozuelos-Pastos Grandes, que actualmente se encuentra en fase de ingeniería.

Otro proyecto presentado en el sector del litio es el de la empresa australiana Galán Lithium, que implicaría una ampliación de la explotación de Hombre Muerto Oeste en la provincia de Catamarca, por US$217 millones.

En tanto, en minería de oro aparece el proyecto de la empresa Minas Argentinas en San Juan, en el centro-oeste del país, que implicaría una inversión de US$1.000 millones, Incluiría, además de la mina de oro, producción industrial de cal y un parque solar. También en San Juan, está la propuesta de la mina de cobre Los Azules, una colaboración de las empresas McEwen Cooper, la automotriz Stellantis y Rio Tinto, a partir de una inversión de US$227 millones.

En el caso de la minería, los beneficios del RIGI se complementan con un régimen promocional específico que fue aprobado por ley en la década de 1990 y que contempla facilidades similares a las ahora extendidas hacia otros sectores de la economía.

Consultado sobre la necesidad de esta doble promoción minera, Martín de los Ríos, ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, consideró que el RIGI representa un “sobreseguro” para las empresas: cuanto más haga el gobierno para persuadir a los inversores internacionales de que elijan Argentina para sus proyectos, mejor. “Algunos dicen que el RIGI es incluso más de lo que las empresas piden, pero lo cierto es que este tipo de grandes inversiones están debatiendo destinos y entonces así aumenta el atractivo nacional”, agrega de los Ríos.

Guido Bambini, investigador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostiene que muchos de los proyectos presentados ya estaban en carpeta y, lógicamente, cuando apareció la posibilidad de RIGI, se frenaron y se inscribieron una vez que entraron en vigencia los beneficios. “Es decir, no ha traccionado proyectos nuevos”, agrega.

Desprotección del ambiente

En el texto de la ley de aprobación del RIGI, no hay ninguna mención respecto de la protección del ambiente. Tampoco en la reglamentación del régimen. Es decir, no se contempla la variable ambiental a la hora de ponderar los beneficios de un proyecto para el otorgamiento de los beneficios, así como tampoco se tiene en cuenta situaciones de vulneración del ambiente para definir el cese de los privilegios.

Los pasivos ambientales, que son un riesgo de los grandes proyectos extractivos, como la minería, no son mencionados. “El propio Código de Minería de los ’90 estableció un capítulo ambiental. En el RIGI no hay alusión al tema”, indica Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Entre las críticas que realiza FARN está el artículo 193 del RIGI, que indica que los proyectos adheridos al régimen “no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones […] en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda”.

“En los proyectos de megaminería, el agua podría ser considerada un insumo por los inversores. Si el agua escasea en ese territorio, como muchas veces sucede, el abastecimiento de la población local se vería relegado”, explica Nápoli.

El interés de China

El gobierno se mostró especialmente interesado en promocionar el RIGI entre empresas chinas, considerando que China es el segundo socio comercial de Argentina. Por ello, el Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, lideró una visita al país asiático para mantener tratar de avanzar en acuerdos de inversión de parte de empresas chinas.

Sin embargo, de acuerdo al director del Consejo Argentino-Chino (CAC), Ernesto Fernández Taboada, “no se ha notado hasta el momento gran movimiento de parte de las empresas chinas respecto del RIGI”. Esto se encuadra en un contexto global que si bien registra un incremento de las inversiones chinas dentro de su estrategia global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de la cual Argentina forma parte, la porción recibida por América Latina está en caída.

Para Norma Ramiro, directora de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Asia, el RIGI despierta mucha atención en inversores extranjeros por la seguridad jurídica que provee. “Empresas de China, pero también de Corea, Japón, India y Canadá son favorables a presentar proyectos. Sin embargo, hay aspectos que hacen que el proceso sea lento, como por ejemplo el hecho de que este año es electoral y también la presencia de las restricciones cambiarias”, agrega.

El régimen estará abierto para nuevas propuestas de inversión hasta agosto de 2026. Mientras tanto, se espera que el gobierno avance en los próximos meses en la aprobación de algunos de los proyectos ya presentados.

Este artículo fue originalmente publicado en Dialogue Earth.

El Comité del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó hoy el primer proyecto minero, en el que se invertirán US$ 2.700 millones.

Se trata de Rincón de Litio, en Salta, donde la empresa Rio Tinto aumentará la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará a mediados de este año.

Así lo anunció el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en el marco del evento ArminerA, que agrupa a las principales empresas del sector. 

“Esperemos que sea el primero de varios”, dijo González, en el marco del evento organizado por IDEA y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

Rincón de Litio es el cuarto proyecto RIGI que se aprueba, pero el primero del sector minero de los siete que se presentaron desde que entró vigencia el régimen de beneficios fiscales y cambiarios, en octubre del año pasado.

Rio Tinto es la segunda empresa minera más grande del mundo y la principal productora de litio del país, después de completar la adquisición de Acardium Lithium a finales del año pasado. 

Opera dos de los seis proyectos de litio en producción en el país: Fénix, en Catamarca, y Salar de Olaroz, en Jujuy.

Con información de agencias.

IG

Si el mundo quiere mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C, la demanda de litio podría aumentar más de 40 veces para 2040, según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Este auge estará impulsado en gran medida por la necesidad de baterías de iones de litio, especialmente para los vehículos eléctricos.

América Latina alberga aproximadamente el 60% de las reservas mundiales conocidas de litio. Sin embargo, lo que promete ser una oportunidad de desarrollo es también una amenaza medioambiental para la región. Con pocas iniciativas para añadir valor al litio extraído, los países latinoamericanos dependen de la exportación de la materia prima. Este modelo corre el riesgo de reproducir las desigualdades que existen desde hace tiempo con el Norte Global, así como el impacto medioambiental y las tensiones sociales que estas conllevan.

El reciclaje de baterías se está convirtiendo en una alternativa capaz de reducir el impacto de la minería del litio. La AIE proyecta que un aumento exitoso del reciclaje podría reducir en una cuarta parte las necesidades mundiales de nuevos desarrollos mineros de litio de aquí a 2050.

En la actualidad, el mercado del reciclaje aún no llega a cubrir el 5% de la producción mundial de metales para baterías. Según los expertos consultados por Dialogue Earth, acortar la brecha con los insumos recién extraídos sería un gran paso adelante. Otros, por su parte, señalaron que en América Latina, con su abundante materia prima, los esfuerzos deberían centrarse en hacer que la minería sea más sostenible.

El camino del reciclaje

Cuando, por pérdida de autonomía o potencia, las baterías de un vehículo eléctrico llegan al final de su vida útil, aún conservan suficiente capacidad para ser reutilizadas en aplicaciones menos exigentes, sostiene Francisco Pereira, director de proyectos de Fortech, una empresa costarricense dedicada al reciclaje que desde 2023 ha puesto en marcha nuevas iniciativas para procesar baterías usadas.

Luego de someterse a pruebas de rendimiento y seguridad, los módulos o celdas aprovechables —es decir, que aún conservan una vida útil significativa— se ensamblan en nuevos sistemas para aplicaciones como almacenamiento de energía solar o eólica en viviendas e industrias y estaciones de carga de vehículos.

Las baterías agotadas, por su parte, pueden reciclarse. En una primera etapa se trituran y clasifican como cobre, aluminio, plásticos y masa negra (el polvo que contiene materiales activos como grafito, litio, cobalto, níquel y manganeso). Luego se los procesa mediante pirometalurgia —la obtención o refinación de metales utilizando calor— o hidrometalurgia, la extracción y recuperación usando soluciones líquidas u orgánicas.

Los productos resultantes pueden integrarse en un circuito cerrado, donde se convierten en materia prima para la fabricación de nuevas baterías, o pueden destinarse a un uso industrial distinto al original.

Los minerales críticos reciclados generan un 80% menos emisiones que los materiales extraídos, según el informe de la AIE, además de contribuir a reducir los residuos y el consumo de agua. Pero las complejas composiciones de las baterías, así como su elevada carga energética residual (que supone riesgos de sobrecalentamiento), hacen del reciclaje un reto tecnológico.

Solo unos pocos países cuentan con empresas capaces de llevar a cabo todos los pasos necesarios para reciclar una batería de iones de litio. Entre ellos se encuentran China, Japón, Corea del Sur, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Estados Unidos, según un estudio de 2020.

Las bajas tasas de recolección de las baterías usadas, clasificadas como residuos peligrosos, suelen ser el obstáculo más desafiante, dados los altos costos del transporte, los posibles problemas de seguridad y la diferencia de protocolos y regulaciones entre los países.

Por otra parte, extraer y reutilizar el litio también resulta trabajoso y caro, ya que aún existe un amplio rango de baterías que solo pueden desmontarse manualmente. Esto implica que el proceso se puede trasladar a zonas donde el capital humano es barato.

El reciclaje de baterías tampoco está exento de impactos ambientales y sociales. Mal manejado, podría derivar en polución por residuos desechados, contaminación del agua y emisiones dañinas, advierte la IEA.

El dilema latinoamericano

El mercado regional de minerales críticos es de alrededor de USD 180.000 millones, esto es, el 25% del mercado mundial, calcula un informe de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). La región posee al menos el 52% de las reservas de litio, el 39% de las de plata, y el 38% de las de cobre y molibdeno. Sin embargo, las tasas de recogida de minerales críticos son inferiores al 5%, contra el 30% de Japón o el 40% de Europa y Norteamérica, según la IEA.

Aunque Latinoamérica posee la mayor parte de las reservas, hay pocos procesos de valor agregado sobre el litio. La tasa de reciclaje de este metal en la región es del 0%, según el mismo informe de Olade.

La situación se vuelve aún más compleja si se tiene en cuenta la capacidad de procesamiento muy inferior de los países más allá de China, que representa alrededor del 80% de la capacidad mundial de reciclaje de baterías.

Para Félix Requejo, director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) en Argentina, los países con reservas tienen dos alternativas: “Entregar los recursos primarios, comprar las celdas y reciclarlas acá, lo cual genera divisas rápidamente pero implica un costo económico y energético; o planear una cadena cerrada de extractivismo, desarrollo de materiales, construcción de celdas y reciclaje de baterías”.

En Argentina, UniLib se proyecta como la primera planta de fabricación de celdas en Latinoamérica. Gestada en 2021, es una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de La Plata, la empresa energética de mayoría estatal YPF y el CONICET, principal organismo de ciencia público del país. Pero bajo el gobierno del presidente Javier Milei, lamenta Requejo, “a YPF ya no le interesa el tema y no hay respaldo de las universidades”, que atraviesan graves problemas de financiamiento.

De todos modos, Requejo pone en duda la conveniencia de que el país se enfoque en el reciclado de litio, ya que se trata de “procesos sumamente complejos, de elementos que la región tiene en gran abundancia. Tal vez sea mejor volcar la inversión al desarrollo de estrategias extractivas más eficientes y amigables con el ambiente”.

Los pioneros

En Colombia, la empresa Altero desarrolló una tecnología de recuperación de cobalto, litio, níquel y cobre, que luego se incorporan a la fabricación de baterías. Desde su fundación en 2018, ya reciclaron más de 250 toneladas de baterías que obtienen de celulares, computadores, tabletas, juguetes o herramientas electrónicas. El proceso asegura “las tres áreas críticas del modelo de negocio: cadena de abastecimiento, reciclaje seguro y costo-eficiente, y comercialización de los materiales recuperados”, explica el cofundador Miguel Alzate.

Su empresa, asegura Alzate, es la única de Latinoamérica en desarrollar una tecnología en seco que no requiere agua ni insumos químicos y, por lo tanto, no entraña riesgo de contaminación del agua ni de emisiones atmosféricas.

“Aspiramos a ampliar nuestra capacidad operativa en la región y establecer alianzas estratégicas que fortalezcan la cadena de suministro de materiales críticos”, comenta Alzate. Si bien el empresario pondera la disponibilidad regional de reservas, también reconoce debilidades en la infraestructura para la recogida y el tratamiento de las baterías usadas, así como en la investigación de nuevas tecnologías.

Es como un tsunami. El terremoto es la necesidad actual de hacer baterías para los vehículos, pero la ola del reciclaje va a llegar en diez años

Hernán Cáceres — Director del centro Lithium I+D+i

En Chile, el centro Lithium I+D+i, un proyecto de la Universidad Católica del Norte y la minera SQM, trabaja en esa línea, explorando áreas como nuevos materiales y celdas, procesos de reciclaje sustentables y sistemas electrónicos. “Para entrar a un proceso de reciclaje hay que tener una cantidad significativa de residuos a procesar”, aclara su director Hernán Cáceres. “En términos de electromovilidad, la penetración que hoy tiene el auto eléctrico es bajísima, y las baterías están durando más de lo esperado”.

Eso implica que, en cierto aspecto, el tiempo todavía juega a favor. “Es como un tsunami”, grafica. “El terremoto es la necesidad actual de hacer baterías para los vehículos, pero la ola [del reciclaje] va a llegar en diez años”, cuando los autos eléctricos se hayan masificado y las primeras baterías hayan caído definitivamente en desuso.

También en Chile, la startup Relitia, que se dedica al reciclaje de baterías de litio, proyecta patentar una tecnología de procesamiento de materiales con alto grado de pureza. Pero “la falta de inversión ha limitado nuestra capacidad de recibir baterías, lo que nos obliga a operar en un entorno reducido”, reconoce la CEO Nicole Briones. “Este ciclo es común entre muchas startups regionales: sin inversión, no hay planta; sin planta, no hay producción; sin producción, no hay permisos; sin permisos, no hay ventas; y sin ventas, no hay inversión”.

Una de las excepciones es Fortech, la empresa costarricense, que en 2023 gracias al apoyo de la agencia de cooperación alemana GIZ logró escalar a nivel industrial su proyecto para extraer litio, cobalto, níquel, cobre y aluminio de las baterías. Mientras que los últimos dos se destinan al reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, la masa negra se vende a compradores de Estados Unidos o Europa. En 2024 procesaron 200 toneladas de baterías, aunque tienen capacidad para 1.500 toneladas, equivalentes a 3.000 baterías de autos eléctricos según el director del proyecto, Francisco Pereira.

Costos y beneficios de la transición

Mientras las iniciativas de reciclaje en Latinoamérica avanzan de a poco, hay “señales de que la transición energética podría reproducir y amplificar las desigualdades del pasado, relegando a los países en desarrollo al final de las cadenas de valor para ver cómo otros se enriquecen explotando a su gente y poniendo en peligro su ambiente”, observó en 2024 el secretario general de la ONU António Guterres.

Para evitarlo, un panel de expertos del organismo propuso que esa transición se desarrolle ubicando a los derechos humanos, a la equidad y a la justicia en el centro de todas las cadenas de valor de minerales. El panel recomendó diseñar un marco mundial para que los materiales se obtengan y reciclen de acuerdo a las mejores prácticas y se instalen nuevas plantas de reciclado.

A su vez, la organización de investigación europea SINTEF propuso tres medidas para consolidar una economía circular de minerales críticos: implementar diseños para desmonte de baterías que faciliten la separación de materiales; invertir en técnicas de reciclaje que provean minerales de alta pureza a costos y requerimientos energéticos menores que la minería; y que la colaboración en las cadenas de valor se extienda a lo largo de todas las etapas de producción, uso y reciclaje de los minerales.

Si esos objetivos se cumplieran, “la necesidad humana de energía y transporte será satisfecha sin los costos ambientales con los que hemos aprendido a convivir”, se esperanzan los autores.

Las exportaciones de litio argentino, que tuvieron durante más de veinte años como protagonistas a las provincias de Catamarca y Jujuy, sumaron en febrero a Salta. Eramine Sudamérica, la subsidiaria local de la compañía francesa Eramet, realizó la primera exportación de 40 toneladas de carbonato de litio desde la puna salteña a China. Este año la empresa planea exportar 13.000 toneladas, aportando un crecimiento de 19% al total de exportaciones de litio del país. 

Pasados catorce años y una inversión de U$S800 millones desde la primera exploración, el proyecto Centenario-Ratones –ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar en la región conocida como la puna salteña, en el departamento de los Andes– marcó un hito para la minería en la provincia. La relevancia del hecho radica en que, tras años de que tanto Jujuy como Catamarca se llevarán los títulos de la producción de litio, la provincia inició un camino que se acelerará cuando comiencen a hacer lo mismo los otros dos proyectos que se inauguraron recientemente: Sal de Oro (de la coreana Posco) y Mariana (de la china Ganfeng Lithium) . 

Cuando los tres se encuentren produciendo a toda su capacidad hacia el 2030 (25.000tn Eramine, 25.000tn Posco y 20.000tn Ganfeng), tendrán el potencial de duplicar la producción actual de litio en Argentina ( 67.000tn según la Bolsa de Comercio de Rosario). 

Desafíos logísticos en la puna salteña: un camino largo y complicado

El primer despacho de carbonato de litio tuvo un trayecto logístico de 1580 km desde el salar Centenario-Ratones hasta el Puerto de Rosario, desde donde se embarcó a China. El paso de Sico, que es la frontera con Chile más cercana, hubiera significado la mitad del kilometraje. Sin embargo, la ruta no se encuentra acondicionada para tal fin, y solo están habilitados los camiones de carga: “Hoy por hoy es más barato exportar por el puerto de Rosario, porque falta infraestructura para pasar por Chile”, aseguran desde la empresa en diálogo con este diario. 

En una visita a proyectos mineros de la puna, elDiarioAR vivió en carne propia la falta de infraestructura y complicaciones logísticas de Salta: un alud provocado por lluvias en el cerro ocasionó una demora de seis horas por tres cortes en la ruta nacional 51, que conecta a la ciudad con todos los proyectos mineros de la puna. 

Y las empresas que operan allí lo tienen contemplado. Desde el área de logística de Eramine informaron a este diario que cuentan con rutas alternativas cuyas distancias pueden ser más largas (bajando por Jujuy, por ejemplo). En cada corte calculan que la demora estimada no sea mayor a los tiempos que se extienden por ir por camino alternativo. 

En diálogo con este diario, desde la propia empresa admitieron haber esperado a publicar el anuncio de la salida del camión hasta que el mismo no estuviese en camino. Febrero es temporada de lluvias en Salta y los cortes son más regla que excepción. 

Con la obra pública parada, el gobierno provincial y las mineras intentan encontrar alguna alternativa para resolverlo. 

Tecnología de extracción directa

Además de tener la particularidad de ser pionero en la comercialización de litio en Salta, el proyecto es el primero en el país que cuenta con un proceso de extracción directa de litio (EDL) a escala industrial. El método de extracción utilizado hasta ahora en el mineral ubicado en salmueras es el evaporítico, que consiste en separar el litio del resto de los minerales a través de sucesivas evaporaciones en piletones especiales, aquellos que ilustran la mayoría de las fotos de los salares en explotación.

La extracción directa no utiliza las piscinas de evaporación para hacer la purificación. En tanto, la salmuera de descarte (la que sobra luego de obtener el litio) puede ser devuelta al salar. Según la propia empresa, este proyecto recuperará el 90 por ciento del litio contenido en la salmuera natural, y tiene un período de procesamiento de 7 días, frente a los 18 meses que lleva el proceso tradicional. Además, aseguran que es más conveniente para el medio ambiente dado que “requiere la mitad del bombeo de salmuera con igual producción y permite reciclar hasta el 60 por ciento del agua insumida, por lo que requiere menos agua que con los métodos convencionales por evaporación”. 

Sin embargo, existen dudas sobre esta tecnología, que se encuentra aprobada pero es incipiente: la única experiencia a escala industrial se encuentra en China, más pequeña que la extensión del proyecto salteño y el resto se aplica a escala piloto. Un estudio publicado por la revista Nature Reviews Earth & Environment destaca que la EDL podría incluso utilizar mayores cantidades de agua que el método actual, comprometiendo su aplicabilidad en lugares áridos. Además, la investigación alerta que algunas tecnologías de extracción directa implican cambios de pH en la salmuera (calentamiento de la salmuera hasta 80ºC), y utilización de productos químicos que deben tenerse en cuenta durante las evaluaciones de impacto ambiental.

Litio en Argentina

Argentina es el segundo país con reservas de litio en salmuera (una de las formas más simples y menos costosas para la explotación) y el cuarto productor de carbonato a nivel mundial, y cuenta con operaciones desde hace treinta años. Estas condiciones, que llevaron al país a estar en la mira mundial durante el auge del precio del mineral en 2022- pasó de comercializarse de U$S20.000 promedio a U$S73.000 la tonelada entre 2021 y 2022-, hoy sirven para amortiguar el freno de inversiones de la producción de mineral, que se observan a nivel mundial a raíz de la vertiginosa caída del precio - que ronda los U$S10.000 la tonelada-.

Los números verifican esta paradoja: las exportaciones argentinas de carbonato de litio cayeron 35% en millones de dólares entre el primer semestre de 2023 y 2024; pero la producción sigue aumentando- –63% en el mismo periodo–.

Actualmente existen seis proyectos en producción en el país: Proyecto Fénix, que opera desde los 90 en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca a través de Río Tinto (ex Livent fusionada con Allkem y convertida en Arcadium Lithium). Luego el Salar de Olaroz en Jujuy, que comenzó a producir en 2016 y pertenece a la firma Sales de Jujuy, subsidiaria de Río Tinto (originalmente Allkem) y la estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). El tercero en inaugurarse, también en Jujuy, fue el proyecto Caucharí Olaroz, operado por Minera Exar desde junio del 2023, un consorcio del litio conformado por la canadiense Lithium Argentina (ex Lithium Americas), la china Ganfeng Lithium y JEMSE.

Los últimos tres proyectos puestos en marcha fueron en Salta. El Centenario-Ratones a mediados del año pasado, luego Sal de Oro de la coreana Posco ubicado en la parte norte del Salar del Hombre Muerto, en la zona fronteriza de las provincias de Catamarca y Salta. A principios de febrero se inauguró Mariana en el Salar de Llullaillaco, también en la puna salteña, operado por Litio Minera Argentina, subsidiaria de Gangfeng Lithium. 

Próximamente, se inaugurará el proyecto Salar del Rincón, también en la puna salteña. Está operado por la inglesa Río Tinto y aportará 50.000 toneladas de litio de producción. Finalmente Tres Quebradas se encuentra en el Municipio de Fiambalá, y sería el segundo proyecto en Catamarca. Propiedad de la china Zijing mining group, aportará 25.000 toneladas anuales a la producción de carbonato en el país. 

Aunque el desarrollo de los proyectos mineros continúa avanzando con expectativas, no todos los sectores de la comunidad comparten el mismo entusiasmo. En Salta y Jujuy, algunas comunidades se expresan en contra de la expansión de la minería del litio, preocupadas por los impactos ambientales y sociales. 

Sin embargo, y gracias a la lucha de más de diez años de las comunidades originarias, las empresas cuentan con un departamento especial de relación con las mismas, con las que se comprometen a emplear como proveedoras, y hacer obras de infraestructura que “queden cuando los proyectos se van”, cuenta a este diario el intendente de una de ellas. 

La comunidad próxima a Eramine son 7 familias de puesteros que viven de manera semi nomades y que se mueven entre distintos puntos del salar durante el año en búsqueda de las mejores pasturas. El poblado más cercano es Santa Rosa de Los Pastos Grandes. 

NR/MG

“Hoy es un día de gran trascendencia para la provincia de Salta y para la Argentina. Celebramos el primer hito minero del año 2025: la inauguración de esta planta industrial para producción de cloruro de litio de la empresa Ganfeng Lithium”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz durante el inicio de la producción de la primera planta de procesamiento de cloruro de litio en el Parque Industrial de Güemes.

La nueva planta es parte del proyecto Mariana en el Salar de Llullaillaco, que atravesando Tolar Grande hasta la planta industrial de General Güemes “recorrerá un camino de transformación, donde la industria convertirá un recurso en valor y desarrollo”, señaló el mandatario.

Por eso enfatizó la importancia de la industrialización del litio en Salta, consolidando a la provincia como protagonista en la era de la transición energética.

Destacó que en menos de un año se pusieron en marcha tres plantas industriales: Eramine Sudamérica en el Salar Centenario Ratones y luego, Sal de Oro de Posco, con un modelo operativo que integra distintas etapas de producción tanto en la Puna como en Güemes y cuya planta también se ubica en el Parque Industrial.

La ceremonia oficial, que marcó el inicio de la producción con el tradicional golpe de gong, contó con la presencia de Xioashen Wang, presidente de Ganfeng Lithium CO.; Jason Luo, presidente de Ganfeng Lithium Sudamérica y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

El proyecto Mariana es uno de los más importantes de Salta y su construcción “impulsó la economía local, generando más de 11.600 fuentes de empleo directas e indirectas y con un gran impacto transformador de la minería en la región”, expresó Sáenz.

Con la puesta en marcha de la planta “se inicia una nueva etapa donde 600 trabajadores serán parte fundamental en la generación de 20.000 toneladas anuales de cloruro de litio, fortaleciendo la balanza comercial minera y posicionándonos como la provincia que más minas de litio ha consolidado en fases de producción”, dijo.

Además, destacó el compromiso de la empresa con la sustentabilidad, al impulsar el uso y generación de energía solar para operar de forma autónoma, utilizando energía renovable y reduciendo su impacto ambiental.

“Avanzamos hacia un futuro donde la minería y la sostenibilidad caminan juntas, en un modelo que posiciona a Salta como protagonista del desarrollo responsable”, finalizó.

Por su parte, el presidente de Ganfeng Sudamérica se refirió a este proyecto como “un un nuevo hito en la minería de Salta y Argentina y para inaugurar un futuro próspero y sostenible”. Consideró que es uno de los proyectos emblema en Argentina y un modelo de colaboración minera entre China y Argentina. “No sólo inicia el desarrollo y progreso de la industria del litio en Salta y Argentina, sino que también aporta una gran cantidad de empleos e ingresos fiscales para la región. La industria del litio es clave para la fuerza y crecimiento económico de Salta y Argentina”, expresó Jason LUO.

En tanto, el presidente de Ganfeng Lithium CO. se refirió a la gran inversión de la empresa que en total ha invertido en el país 3.000 millones de dólares y afirmó: “En el futuro continuaremos ampliando la inversión no sólo en la construcción de proyectos y adquisición de equipos, sino también a iniciativas de desarrollo comunitario”.

Por último, el secretario de Minería de la Nación felicitó “por el logro que representa la conclusión y puesta en marcha de la planta de cloruro de litio Mariana”. Y agregó: “También felicito al Gobierno de Salta por todo lo hecho para que esta nueva planta sea una realidad. El noroeste argentino ocupa un lugar estratégico en el mapa del litio mundial. Nuestro compromiso es firme, no sólo con las metas de hoy, sino también con las generaciones futuras. Tenemos la firme convicción de que este es el camino hacia el verdadero desarrollo”.

En un contexto de ambigüedad del gobierno nacional respecto de la relación diplomática con China, las provincias vienen acelerando los contactos con el país asiático, movilizadas por las oportunidades en materia de inversiones en recursos naturales, energía, infraestructura y de ampliación del comercio.

Con distintos grados de efectividad, las provincias argentinas realizan un esfuerzo para aceitar el vínculo con Beijing, salteando a la administración central. Este movimiento enfrenta desafíos en torno a la profesionalización de los recursos diplomáticos provinciales, la disparidad del poder de negociación con China y los condicionamientos de la economía a nivel nacional.

Una relación ambigua

Durante su campaña electoral durante 2022 y 2023, el propio presidente Javier Milei aseguraba que no mantendría vínculos diplomáticos con China, ya que no haría “negocios con comunistas”. Luego, apenas asumió como gobierno en diciembre de 2023, desestimó la invitación a sumarse al bloque BRICS (formado por diez países, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), lo cierto es que a medida que pasaron los meses de gobierno y, pragmatismo mediante, la relación se recompuso.

Durante su primer año en el cargo, Milei se ha beneficiado de varias acciones de China. Por ejemplo, tras las dudas iniciales sobre la postura del nuevo gobierno, en junio de 2024 China aceptó la renovación de su multimillonaria línea de swap de divisas, que se había negociado con la administración anterior de Argentina. Esto permitió al país sudamericano retrasar el reembolso de 5.000 millones de dólares en deudas. Por ello, Milei luego declaró que “China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada”. Asimismo, en noviembre, en el marco del G20 en Brasil, Milei mantuvo una reunión bilateral por primera vez con Xi Jinping.

Sin embargo, la estrecha sintonía entre Milei y el presidente de Estados Unidos Donald Trump pone en duda el alcance del vínculo con China a la hora de sentarse a negociar cuestiones sensibles a los intereses de los Estados Unidos, como la cuarta central nuclear argentina con tecnología china, la base aeroespacial china en la provincia de Neuquén o el posible desembarco de Huawei para trabajar en las redes 5G.

En las provincias, más pragmatismo

“La relación entre las provincias y China ha logrado sortear las vicisitudes de la política nacional e incluso de las propias provincias, no solo en la presidencia de Milei sino también anteriormente con [el ex presidente Mauricio] Macri”, sostuvo Stella Maris Juste, doctora en Relaciones Internacionales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Y esto se debe a que el vínculo entre las provincias y China es muy fuerte por la presencia de intereses complementarios, según Juste: “Las provincias necesitan captar inversiones, crear empleo y mejorar la infraestructura, en tanto que China busca mejorar el acceso a recursos naturales clave, como el litio y otros minerales, y también su inserción en energía renovable y puertos”.

China encontró en las provincias interlocutores confiables para sostener la relación en estos tiempos turbulentos

Diego Cagliolo — Director de proyección estratégica al Asia en la fundación Argentina Global

En 2024, las finanzas de las provincias se vieron más presionadas a medida que aumentaban las medidas de desfinanciación del Estado. Las transferencias totales a los gobiernos provinciales y municipales cayeron un 19% interanual, según la oficina presupuestaria del Congreso.

“China encontró en las provincias interlocutores confiables para sostener la relación en estos tiempos turbulentos. Por eso Wang Wei, el embajador chino, recorre las provincias y a su vez los gobernadores recorren la Embajada”, explicó Diego Cagliolo, director de proyección estratégica al Asia en la fundación Argentina Global.

En efecto, a lo largo de 2024 se han registrado numerosos acercamientos de la dirigencia provincial a China, en general vía la embajada de China en el país.

Por ejemplo, en octubre, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, realizó una visita a China, durante la cual firmó un convenio con la empresa pesquera Hong Dong. Posteriormente, una delegación de la Cámara de Comercio de Fujian visitaron a la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en Santa Cruz, para analizar un acuerdo de exportación de carbón.

En septiembre, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el Encuentro de Vinculación Institucional y Comercial entre esa provincia y empresarios de China. Además del embajador Wang Wei, asistieron representantes de las empresas chinas ICBC, Huawei y China Energy International Group. Wang Wei adelantó el interés de una automotriz china en radicarse en Córdoba.

En agosto, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, viajó a China, donde recorrió el Centro de Investigación de Nuevas Energías y Nuevos Materiales, y visitó las instalaciones de la minera Zijin. En tanto, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reuinó con Yuan Jinfeng, presidente de la empresa Youxiangongsi de China, para evaluar inversión en renovables, y con el embajador Wang Wei.

Wang Wei también visitó la provincia de La Pampa en mayo, acompañado por representantes de las empresas Shanghai Electric Power, Goldwind, ICBC, LiuGong y Huawei, y se reunió con el gobernador, Sergio Ziliotto.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió en febrero con el embajador Wang Wei, luego de acordar, en noviembre, una inversión china de 1250 millones de dólares por parte de la empresa China Potassium Chemical Group Co (CPCG) para la construcción de dos plantas de fertilizantes en la ciudad portuaria Bahía Blanca, de la cual luego no hubo novedades. Además, se han discutido con funcionarios de la provincia de Sichuan inversiones en energías renovables, desarrollo agrícola y puertos en Buenos Aires, y la empresa china de maquinaria agrícola Ruiyuan Holdings está considerando una inversión.

Por el lado de Neuquén, en noviembre el gobernador Rolando Figueroa se reunió con el embajador Wang Wei y representantes de grandes empresas chinas del sector de la construcción, ferrocarriles y autopistas, ingeniería y fabricación de equipos, petróleo y gas y telecomunicaciones.

Relaciones multinivel Argentina-China

“China tiene una gran tradición en establecer relaciones multinivel con los países, incluyendo acuerdos subnacionales pero también a través de vínculos con universidades y think tanks. En este contexto, China encontró a las provincias argentinas como aliadas fundamentales y estables”, explicó Oriana Cherini, investigadora del CONICET en relaciones internacionales.

En 2023, de acuerdo a los datos recopilados por la Bolsa de Comercio de Rosario, China fue el primer socio comercial de las provincias de Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Pampa y Entre Ríos; y el segundo en el caso de Santa Fe y Buenos Aires.

El caso de Jujuy

Jujuy suele ser mencionada como caso testigo de la relación subnacional con China, ya que es hogar de uno de los proyectos de energías renovables más importantes del país asiático en Argentina, el parque solar Cauchari, de 315MW. La planta solar fue financiada en su mayoría por el Export Import Bank of China y construido por Power China, Shanghai Electric Construction y Talesun.

Pablo Palomares, secretario de Relaciones Internacionales de Jujuy, califica a Cauchari como un avance sustancial de la provincia en su relación con China. “Jujuy supo cómo acercarse y responderle en términos de compromiso y seriedad. Se confeccionó un buen proyecto y por ello logró sortear la crisis de la macroeconomía [nacional]”, sostuvo.

Pero además, el vínculo también se reflejó en otro tipo de acuerdos, como el programa “Jujuy Seguro Interconectado”, en desarrollo con la empresa tecnológica Zhong Xing Telecommunication Equipment Company (ZTE), para la provisión de cámaras de seguridad, tendido de fibra óptica, software y hardware.

En 2020, la experta en relaciones entre China y América Latina Margaret Myers señaló: “Funcionarios chinos y otros actores realizaron más de trece viajes a la provincia de Jujuy, y funcionarios jujeños y del gobierno nacional argentino realizaron al menos once visitas a China en los cinco años anteriores”.

La clave de la relación entre Jujuy y China es el litio. Por ejemplo, el proyecto de litio del salar Cauchari-Olaroz está controlado por Ganfeng Lithium, con sede en el este de China. El proyecto tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año.

Otro proyecto en el que Jujuy se embarcó con China es su tren solar turístico, que recorre el valle de la Quebrada de Humahuaca. Y en mayo de 2024, una delegación diplomática jujeña acordó con Gotion, con sede en la ciudad oriental china de Hefei, para construir una planta solar de 200 megavatios en el sur de Jujuy.

Litio y otros minerales

El fuerte carácter federal de Argentina se extiende a que las provincias controlen sus propios recursos naturales. Esto significa que el crecimiento experimentado por el sector del litio y el resto de la industria minera metalífera está teniendo un impacto directo en las relaciones subnacionales. Esto contrasta con Chile, por ejemplo, donde el gobierno nacional controla en última instancia los recursos naturales.

Otras provincias mineras, además de Jujuy, también están experimentando vínculos más dinámicos con China. En la vecina Salta, el proyecto de salmuera de litio-potasio Mariana, en construcción desde 2022, está controlado por Ganfeng Lithium.

Ganfeng también es copropietaria del proyecto de litio Pozuelos-Pastos Grandes en Salta, que se encuentra en fase de factibilidad; en septiembre, la provincia china de origen de Ganfeng, Jiangxi, firmó una carta de intenciones para profundizar su cooperación con Salta. Además, China participa en la extracción de litio salteño en sus salares de Arizaro y Diablillo a través de Tibet Summit Resources, mientras que Revotech Asia es propietaria del proyecto Sal de los Ángeles en el Salar de Diablillos.

En Catamarca se está desarrollando un gran proyecto de litio: Tres Quebradas, propiedad de Zijin Mining. Catamarca también ha estado discutiendo con Zijin la mejora del paso de San Francisco, que facilitaría la exportación de litio desde el puerto chileno de Coquimbo.

Catamarca Minería y Energía (Camyen), que es propiedad del gobierno provincial, anunció en 2022 que Power China financiaría cuatro plantas solares en la provincia. Construidas por Shanghai Electric Power Construction, tendrán una capacidad combinada de 600 megavatios. Se espera que la construcción comience este año.

En San Juan la empresa china Jinko Solar desarrolló el parque fotovoltaico Iglesia-Estancia Guañizuil, que fue inaugurado en 2019. Además, la provincia cuenta con el proyecto de extracción de oro y plata Veladero, con un 50% de participación de la empresa china Shandong Gold.

Los desafíos

Diego Guelar, ex embajador argentino en China (2016-2019), considera que las provincias tienen un rol fundamental a la hora de hacer atractiva una inversión para China, ya que tienen la capacidad de brindar apoyo local, conocimiento del sitio y de los actores y pueden ayudar a mejorar la convivencia. Sin embargo, “una gran cantidad de las misiones comerciales y de negocios de parte de las provincias [que van] a China no se preparan debidamente”, dijo.

Guelar explica que si bien las provincias tienen dominio de sus recursos y facultades en materia de política exterior, y China en general está interesada en invertir y comerciar con el país, conseguir que se efectivicen los proyectos es complejo. “Requiere preparación previa y en muchos casos se necesitan garantías soberanas de parte de Nación, que también hay que negociar. Pero además, se requiere conocer cómo se manejan los chinos. Si esta expertisemuchas veces falta en la dirigencia a nivel nacional, ni qué hablar en las provincias”, dijo.

Desde un punto de vista más estructural, Stella Juste considera que las asimetrías de la relación entre Argentina y China se profundizan a nivel subnacional, a favor de China. “De modo que la contracara de las inversiones en conectividad territorial, producción energética y los swaps de moneda, puede verificarse en los déficits comerciales, la primarización agrícola, la dificultad para ampliar la canasta de productos exportables con valor agregado y la dependencia financiera”, sostuvo.

Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth

YPF firmó este martes un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las empresas Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) de la India para la exportación de GNL con un objetivo estimado de hasta 10 millones de toneladas al año, informó la empresa.

Además, el acuerdo contempla la cooperación en litio y otros minerales críticos y la exploración y producción de hidrocarburos, de acuerdo al parte oficial difundido por la compañía.

De la firma del acuerdo que se realizó en la ciudad de Nueva Delhi participaron el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Sinh Puri; el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain; el director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de OIL, Ranjan Goswami; el director ejecutivo de LNG de GAIL, Satyabarata Bairagi; el vicepresidente de desarrollo de negocios de OVL, Swati Sathe; y el presidente y CEO de YPF Horacio Marín.

“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por 30.000 millones de dólares en los próximos 10 años”, destacó el presidente de YPF.

“Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del Embajador argentino en la India y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo” concluyó Marín.

La firma del MOU cerró la gira que inició el presidente de YPF en enero de este año por Israel, Corea y Japón con la finalidad de generar interés y abrir esos mercados al gas producido de Vaca Muerta.

GAIL es una de las principales empresas de gas de la India, con la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos. Es responsable de la gestión de los contratos de compra de GNL en el país.

OIL es la empresa integrada de petróleo y gas de la India. Con participación del Estado y más de 60 años de operaciones, la compañía produce más de 3 millones de toneladas año de crudo. Se ubica como la tercera productora de petróleo de la India

OVL es la segunda petrolera más grande de la India. Es una subsidiaria de la estatal Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) con operaciones en 17 países. Su producción representa casi el 15% del total de la India.

Argentina LNG es un proyecto para la licuefacción de gas para su exportación a los mercados mundiales. Comprende desde la producción de gas en bloques dedicados en Vaca Muerta, su transporte a través de gasoductos dedicados hasta una terminal de procesamiento (offshore/onshore) en Río Negro en las costas del Océano Atlántico.

Con información de agencias.

IG

Tras el primer año de gobierno de Javier Milei, la Argentina se adentra en la etapa con mayores desafíos ambientales de su historia reciente. Con un negacionista del cambio climático en el poder, un gobierno al mando de una “batalla cultural” contra los ambientalistas y conservacionistas y una cartera reducida a una subsecretaria de Estado, 2025 será un año para la resistencia, la unidad y el diálogo por parte de las organizaciones no gubernamentales, las asambleas de ciudadanos y las comunidades indígenas dedicadas a la protección del ambiente y la biodiversidad.

Este será también un año electoral, en el que los argentinos deberán renovar parte de las bancas del Congreso y en el que el Gobierno pondrá a prueba el nivel de aprobación de la sociedad a sus políticas económicas, sociales y ambientales.

Al clima electoral y la alta imagen positiva de Milei, se suma la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, un aliado que potencia las ideas y objetivos del gobierno libertario.

Además, el Gobierno tiene dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, que fija la doctrina también en cuestiones ambientales. Uno de los dos candidatos es el abogado Manuel García Mansilla, perteneciente al sector más conservador del derecho, que viene de representar y defender a la corporación petrolera. Podría llegar a la Corte en 2025.

La Argentina finaliza un año en el que petroleras y mineras avanzaron en el proceso administrativo para concretar varios proyectos de extracción de minerales, como el litio en el noroeste del país, o petróleo y gas natural en el sur y en el mar Argentino. Esos desarrollos han despertado las críticas y protestas de comunidades locales y pueblos indígenas por rehuir la consulta previa, libre e informada y forzar audiencias públicas sin participación ciudadana real, con promesas de trabajo a poblaciones empobrecidas y aisladas.

“Creo que el principal desafío es la desarticulación de las narrativas impuestas, como por ejemplo que Argentina necesita dólares y los dólares van a venir de los combustibles fósiles”, sostuvo Hernán Pérez Orsi, activista e investigador de océanos y energía. “Las recurrentes crisis económicas han puesto a la sociedad en la búsqueda de una solución fácil, rápida y efectiva sin contemplar la sustentabilidad (social, financiera y ambiental). La carne, el trigo y la soja le están dejando a los fósiles ese pedestal en la eterna e infructuosa búsqueda de Eldorado para la economía”, afirmó. 

El avance sobre los bosques nativos también se agudizó en 2024, explicó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace. La Justicia avanzó durante 2024 en un expediente contra empresarios y autoridades de la provincia del Chaco por la tala de bosques nativos y prohibió transitoriamente la deforestación, pero el caso planteará serios desafíos en 2025: las órdenes judiciales, aseguró Cruz, no se están cumpliendo.

“Tendremos la COP30 en Belén (Brasil) sobre Cambio Climático y la estrategia que estamos llevando adelante muchas organizaciones es llevar toda la temática de biodiversidad de la COP16 a las discusiones climáticas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre. “Argentina tiene mucho que aportar y el desafío es incentivar al Gobierno Nacional y a los gobiernos regionales a formar parte de este proceso”, afirmó. “La intención es levantar la vara en la discusión sobre cambio climático”, dijo Jaramillo.

Entre los desafíos para 2025, Jaramillo también sostuvo que como “el gobierno de Milei anunció que el proceso de ajuste se va a mantener, será necesario identificar los puntos donde va ser necesario reforzar el control y la fiscalización del Estado sobre los emprendimientos productivos o extractivistas”.

A los potenciales conflictos sociales y ambientales motivados por la política oficial de Milei y los gobiernos provinciales de distintos signos políticos, se suma la decisión del Gobierno de suspender la normativa que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de las tierras en litigio. “Uno de los desafíos es evidenciar más la violacion de los derechos indígenas en Argentina. Es una discusión social que se tiene que abrir, una discusión sobre la historia de Argentina”, reflexionó Orlando Carrique, dirigente del pueblo originario Mapuche-Tehuelche y vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.

Resistencia en el norte, en el centro y en el sur

Tanto los proyectos de litio como de petróleo y gas, de acuerdo a las denuncias de las comunidades locales e indígenas, atentan contra la forma de vida de los habitantes de dos zonas clave para el ambiente y la biodiversidad, el turismo y la pesca artesanal: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, donde las petroleras y el Estado quieren desarrollar tres proyectos para exportar gas y petróleo de Vaca Muerta; y Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy, en la frontera con Bolivia, donde tres petroleras buscan litio a través de sus propias empresas mineras. 

Además, en 2025 continuará el avance de la extracción de petróleo en la cuenca Norte del mar Argentino, a 350 kilómetros mar adentro de la ciudad de Mar del Plata, el balneario más ícono de Argentina. También se profundizó la extracción offshore en la cuenca Austral del mar argentino, en la provincia de Tierra del Fuego.

“Todo lo que tiene que ver con proceso de explotación de minerales o de hidrocarburos, que además está apalancado por un régimen oficial de inversiones (el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI) van a traer, sin duda, consecuencias ambientales para Argentina”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Nápoli explicó que en 2025 algunos focos de conflicto se van a potenciar. Un desafío central será pelear un lugar en esa agenda: la del poder. Al tratarse de un año electoral, 2025 será casi monotemático tras el inicio de la campaña política  y el Parlamento tendrá poca actividad. “Por eso, creo que el trabajo en 2025 se va a concentrar mucho en los territorios, a nivel local, y en las provincias”, agregó Nápoli. “Es en esos lugares donde hay que estar cada vez más sólidos en la defensa de los territorios, en el acompañamiento a las comunidades locales y originarias”, sostuvo el ambientalista. 

En la zona de periglaciares, en la región andina del país, en la frontera con Chile, la minería está posando los ojos nuevamente sobre los glaciares de montañas y si bien en 2024 parte de la oposición y los ambientalistas lograron frenar una modificación de la ley que protege estas áreas, el temor es que Milei cambie las reglas por decreto. 

La pelea también será en el exterior

“Si no conseguimos respuesta en las audiencias públicas, lo estaremos llevando a tribunales. Y si no conseguimos la respuesta de los tribunales, también lo haremos a nivel internacional, tanto en las casas matrices de las empresas como ante los financiadores y los organismos multilaterales”, explicó Nápoli. 

La diputada Margarita Stolbizer alertó también sobre el incumplimiento de Argentina en la  implementación de convenios y compromisos ambientales a nivel internacional. “El despegue o la disociación de la agenda de futuro de la Argentina con respecto a los países de la OCDE y de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030) son retrocesos en materia ambiental y tienen costos a nivel internacional. Esa es una de las deudas más grandes que tenemos”, advirtió la diputada por el partido GEN y el bloque Consenso Federal.

En los organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya existen casos argentinos sobre materia medioambiental y derechos indígenas sobre los que se esperan novedades en 2025. Representantes de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes presentaron sus demandas en una audiencia pública y solicitaron la creación de zonas libres de minería.

Otro caso, esta vez de la provincia de Catamarca, en la frontera con Chile, también llegó ante la ONU y la CIDH. Allí, en el Salar del Hombre Muerto, una comunidad indígena resiste el avance minero por el litio. 

La resistencia en los bosques

Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, coincide con Napoli. “El desafío principal es mantener la resistencia y persistencia de las organizaciones de base que defienden los bosques nativos, los glaciares, los humedales en distintas regiones del país. Mientras eso se mantenga va a ser posible alzar la voz y seguir denunciando lo que está sucediendo”, opinó Cruz.

Desde Greenpeace Argentina vienen denunciando el avance del sector agroexportador y ganadero sobre los bosques nativos del Chaco Argentino, en el noreste del país, en las fronteras con Brasil, Bolivia y Paraguay. Sólo en los primeros diez meses de 2024, la organización detectó la desaparición de más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en la región. Por eso, la ambientalista resume el desafío 2025 con una frase: “No callarnos en ningún momento y usar todas las herramientas a nuestro alcance de manera colectiva y pacífica”.

Esa resistencia será necesaria frente a lo que los gobiernos provinciales de Salta, Santiago del Estero y Chaco se proponen: cambios en los mapas de Ordenamientos Territoriales, que establece qué zonas de bosques nativos se pueden talar y qué otras deben ser conservadas. Santiago del Estero y Salta ya anunciaron que ampliará las zonas a deforestar. Chaco está evaluando cómo modificar un mapa regresivo ya propuesto.

La cuarta provincia del Chaco argentino, Formosa, no ha anunciado un nuevo ordenamiento pero la provincia tiene prácticamente toda su superficie boscosa catalogada como zona verde, es decir, donde el monte (como se conoce aquí al bosque nativo) puede ser destruido. Incluso ha avanzado sobre zonas que operan como corredores biológicos en el Gran Chaco para especies clave como el yaguareté, en peligro de extinción en esta región, explicó Cruz.

Además, la activista alertó: “Estamos preocupados por las amenazas de desalojos de campesinos. Cuando son desalojados se da paso a proyectos que no implican la conservación de los bosques”.

Pueblos indígenas en alerta

A principios de diciembre de 2024, Milei eliminó a través de un decreto la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos en sus territorios. La decisión presidencial contradice al artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce “la preexistencia étnica” de los pueblos originarios y garantiza “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Orlando Carriqueo es dirigente del pueblo Mapuche-Tehuelche en la Patagonia argentina y  uno de los voceros de la Coordinadora del Parlamento de este pueblo originario en la provincia de Río Negro. Sostiene que entre los desafíos de Argentina en 2025 el principal es “ponerle un freno a los procesos extractivos” y diseñar la estrategia de ya no litigar contra el Estado argentino sino ante los tribunales internacionales.

“El Poder Judicial es funcional a la línea política, no aplica los convenios internacionales ni las normas ambientales y el derecho indígena. Indefectiblemente, esta lucha terminará en los tribunales internacionales y va a llevar su tiempo”, dijo Carriqueo.

El dirigente indígena plantea que otro desafío será litigar contra las empresas mineras y petroleras que no respetan el derecho a la consulta previa, libre e informada cuando operan en territorios de los pueblos originarios.

Sobre el decreto de Milei que permitirá los desalojos de sus pueblos, Carriqueo sostiene que habrá resistencia y que a pesar de esta crisis hay una ventana a un mundo posible. “Otro mundo posible desde otra mirada del buen vivir. Es uno de los desafíos más grandes para 2025: aportar a una mejor manera de vida”.

En defensa de la biodiversidad 

Más allá de que no existan condiciones propicias para la defensa de los derechos ambientales, las organizaciones tienen el desafío de seguir impulsando sus agendas. “Hay una agenda que nos quedó trunca y que debemos seguir impulsando: la protección de los humedales, por ejemplo”, resaltó Nápoli. La demora de este proyecto de ley arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, como el inmobiliario, forestal y agropecuario, han logrado frenarlo en el Parlamento en varias oportunidades. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

“En la COP16 de Biodiversidad el Estado argentino presentó una estrategia nacional de biodiversidad, que fue desarrollada con participación ciudadana”, destacó Jaramillo. “Va a ser un desafío ver y promover la real implementación de aquí al 2030”, agregó el ambientalista. 

El biólogo e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) Luciano Valenzuela destaca tres aspectos importantes para la conservación de la fauna marina que están sufriendo complicaciones: un gobierno negacionista del cambio climático que se retira de los acuerdos internacionales; los sistemas de monitoreos que están en gran proporción dependiendo de los trabajos de científicos y científicas que también están sufriendo la falta de financiamiento del Estado Nacional y la destrucción de las instituciones científicas; y un tercer aspecto: se están introduciendo cambios en la actividad pesqueras, con más desregulación y liberalización de la actividad.

“Las ONGs no están bajando los brazos, todo lo contrario, están fortaleciendo sus alianzas para lograr cosas y se están apoyando en los gobiernos provinciales en algunos casos. como en el caso de Chubut para el monitoreo de ballenas francas australes”, explicó Valenzuela.

Desde la organización Aves Argentinas, su director ejecutivo, Hernán Casañas reflexionó: “Tenemos muchos desafíos pero seguir integrando prácticas productivas verdaderamente sustentables es uno de ellos. Las formas en las cuales producimos va a tener un efecto categórico en el futuro de la biodiversidad del planeta y esas formas de producción tienen correlato con las formas de consumo que tenemos”.

Además, sostuvo, “hay que seguir atendiendo a la necesidad de más áreas protegidas que se transformen en motores de desarrollo a través del ecoturismo. Es un desafío hacerle entender al Gobierno que eso no se debe detener”.

Pérez Orsi también destaca que “los impactos sobre los ecosistemas clave del mar Argentino, que genera la exploración petrolera mar adentro, han quedado expuestos y corroborados por la comunidad científica”. 

“El movimiento socio ambiental continúa utilizando todas las herramientas de las que dispones que son muy escasas frente al arsenal del aparato del establishment, pero con una ventaja estratégica fundamental -dijo Pérez Orsi-: el tiempo está de nuestro lado. Mientras más se demore el avance de la frontera hidrocarburífera en el mar, más cerca estaremos de que se conviertan estos proyectos en económicamente inviables”. 

El desafío es mantenerse “unidos y motivados en una discusión que es de largo aliento y donde hay fuerzas desiguales”, aseguró el investigador y activista. 

*Esta nota se publicó en Mongabay Latam el miércoles 15 de enero.

Si el balance ambiental de Argentina en los últimos años ha sido negativo, la llegada del economista Javier Milei a la Presidencia ha significado la agudización de un panorama sombrío para el ambiente. Negacionista del cambio climático, detractor del sistema científico y convencido de que los ambientalistas son “vagos socialistas”, Milei lidera un gobierno que ha desplegado abiertamente una política contraria a garantizar los derechos socioambientales. La ciencia, según Milei, debe estar al servicio del aparato productivo y la naturaleza, al servicio del ser humano.

“Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó durante la campaña electoral de 2023.

Milei llegó al poder en diciembre de 2023 con más del 55% de los votos en la segunda vuelta electoral. Asumió en medio de una profunda y recurrente crisis económica y altos índices de inflación, que su Administración se ha jactado de haber dominado a tiempo para evitar una hiperinflación. Sin embargo, la pobreza, la marginalidad y la desigualdad no paran de crecer. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Fue la cifra más alta en dos décadas.

En un contexto de reducción del aparato estatal, la política ambiental del Gobierno ha sido reducir al mínimo la capacidad del Ejecutivo de intervenir, controlar y fiscalizar a las corporaciones extractivistas y contaminantes. “Ha sido un año de gran turbulencia en general y en particular en lo ambiental”, afirmó Andrés Nápoli, director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cuáles son las deudas ambientales de Argentina en el 2024? Mongabay Latam analizó con expertos, científicos, organizaciones ambientales, activistas y congresistas el primer año de Javier Milei detrás del sillón presidencial. El panorama es preocupante.

Lo grave: la flexibilización de las normas ambientales

El año comenzó con la transformación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en una Subsecretaría de Estado, reduciendo la capacidad, recursos e importancia de la cartera ambiental dentro de la estructura de gobierno. Milei nombró a Ana Vidal de Lamas en el cargo, quien trabajó para la cartera durante la gestión de la polémica María Julia Alsogaray, en la década de 1990, y luego se desempeñó como asesora legal ambiental de empresas.

Vidal de Lamas viene de asesorar a bancos y empresas para gestionar permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental. Es también una negacionista. La funcionaria a cargo de diseñar la política ambiental cree que el cambio climático es “natural y cíclico” y “tiene poco que ver con la industrialización y el ser humano”, según admitió en una entrevista con Dialogue Earth.

Un buen ejemplo del rumbo que tomará el país en la lucha contra el cambio climático es que el gobierno de Milei retiró a la comitiva argentina de la cumbre del clima COP29, realizada en Azerbaiyán, en noviembre. “Es un signo de alta preocupación, que deja abierta una posición del gobierno argentino quizá contraria a la permanencia en el Acuerdo de París, lo que tendría implicancias fuertes en temas climáticos y ambientales, pero también productivos”, indicó a este medio Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Fundación Vida Silvestre.

Este 2024 también finaliza sin presupuesto. “Vamos camino a dos años con un presupuesto prorrogado por falta de acuerdo en el Parlamento”, afirmó la diputada Margarita Stolbizer (GEN/Consenso Federal). “Eso hace que el Congreso de la Nación no pueda ni siquiera discutir cuáles son los recursos destinados a las áreas de Ambiente, entre otras cuestiones centrales para la sociedad”, agregó la legisladora nacional. “Mientras tanto vemos que el Gobierno va cada vez más para atrás en materia ambiental”, dijo Stolbizer.

Dos puntos positivos: el Gobierno no consiguió que el Congreso derogue la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques, algo que había planteado en su monumental “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que fue enviado al Parlamento por el gobierno de Milei a fines de 2023.

La Ley Bases era un compendio de 238 artículos que buscaban modificar leyes centrales para la protección del ambiente, entre otras materias. Además de intentar avanzar sobre la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, el proyecto de Milei incluía modificaciones a otras leyes clave en la protección del ambiente, como la Ley de Quema y el manejo del fuego. El objetivo del Ejecutivo era ceder en protección para favorecer la inversión.

Las protestas de organizaciones ambientalistas, científicos y diputados de la oposición frenaron el embate de Milei. Sin embargo, tras la negativa de la mayoría de la cámara de Diputados, Milei firmó un decreto para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), que permitía la administración del Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos y que ahora, sin este fondo, podrá ser manejado de manera arbitraria por parte del Ejecutivo, alertó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace, en diálogo con Mongabay Latam.

En cuanto a la Ley de Glaciares, que tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, especialmente ante el avance de la minería en la región andina, el Parlamento quedó dividido, pero ganaron los votos a favor de no modificar la legislación vigente. Sin embargo, “todo está a tiro de decreto”, resumió Stolbizer, en referencia al temor de la oposición y los ambientalistas de que Milei cambie la ley mediante un decreto.

Lo crítico: inversión sobre conservación

“Las palabras son acciones” es una frase histórica del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, pero los argentinos nunca la habían vivido tan encarnizadamente hasta 2024. Las agresiones, insultos y desacreditación de Milei hacia ambientalistas, investigadores y científicos pobló los discursos y publicaciones en la red social X del Presidente.

Las palabras de agresión se enmarcaban en un proceso de hechos y acciones de gobierno que ponen al sistema productivo por encima de todo. Dos de esos hechos fueron el desfinanciamiento del aparato científico en el Estado por parte del Ejecutivo Nacional y la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los apartados dentro de la Ley Bases para atraer grandes inversiones extranjeras o locales en minería e hidrocarburos, entre otros rubros, sin ningún tipo de perspectiva socioambiental.

Tres escenarios naturales son de los más perjudicados de 2024: el golfo San Matías, en la provincia de Río Negro; las Salinas Grandes, en el noroeste; y el Gran Chaco argentino, en el noreste del país.

En los tres casos, la situación se profundizó con el gobierno de Milei pero se trata de problemáticas que vienen de años atrás: comenzaron hace décadas -como el caso de la deforestación en el Gran Chaco argentino-, o durante el gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como el caso del golfo San Matías y el avance de las petroleras sobre el negocio del litio. Por otro lado, Argentina se había comprometido en la Cumbre Climática de Glasgow a alcanzar la meta de deforestación cero para 2030, pero el país está cada vez más lejos del objetivo.

“El monitoreo de deforestación de los primeros 10 meses del año arrojó que se desmontaron más de 100 000 hectáreas de bosques nativos en el Gran Chaco argentino (que abarca cuatro provincias de Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero). El 50% de esos desmontes son ilegales”, explicó Cruz, desde la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

En la provincia de Chaco, donde la Justicia ordenó suspender la tala del monte -así se le llama a los bosques nativos en esta región-, la ganadería y la soja siguen avanzando sobre la vegetación autóctona, afirmó Cruz en diálogo con Mongabay Latam.

“Aquí, en el Gran Chaco argentino es donde sobreviven los menos de 20 ejemplares de yaguaretés (jaguares) de la región”, aseguró la activista, quien recordó que su organización presentó en 2019 un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nombre del felino más grande de América -en Ppeligro Crítico de extinción- que aún no ha sido tratado. El máximo tribunal admitió su competencia en el caso y anunció que se haría una audiencia pública para debatir la problemática de la deforestación pero aún no avanzó en ese camino.

El año finaliza además con malas noticias en Salta: el gobernador Gustavo Sáenz anunció que la provincia modificará su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos para permitir el desmonte de 700.000 hectáreas más, el equivalente a 3.500 veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires. Es una superficie monumental.

Santiago del Estero también va hacia un nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que establece el mapa de lo que se puede deforestar y lo que no. Chaco ya lo hizo en 2024, aumentando la superficie a deforestar. El ordenamiento se actualiza cada cinco años, por ley.

“Las propuestas son regresivas, promueven más deforestación, y no incluye la participación de la sociedad en el debate, especialmente de los pueblos indígenas y campesinos que habitan estos bosques”, dijo Cruz.

Lo urgente: la carrera por la explotación de litio y petróleo

En el noroeste, tres petroleras (Tecpetrol, del grupo Techint; Pan American Energy y Pluspetrol) avanzan sobre un terreno sagrado en busca de litio: Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia.

Aquí, una treintena de comunidades indígenas Kolla y Atacama se oponen a la explotación del litio en la cuenca ante los riesgos de escasez de agua en una zona seca. Es, además, una área sagrada para la cultura de estos pueblos. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos—, las petroleras, mineras y el gobierno local han continuado con sus planes en la región.

Entre 2023 y 2024, estas petroleras lograron torcer la unidad de las comunidades y forzaron la licencia social para avanzar con la aprobación de cuatro comunidades de forma aislada, como explicó Mongabay Latam en una investigación conjunta con elDiarioAR. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse, aunque no le será tan fácil.

Mientras tanto en el golfo San Matías, al sur del país, las petroleras buscan desarrollar tres proyectos hidrocarburíferos en una zona protegida por ley hasta 2022, cuando la ley se modificó en la provincia de Río Negro a medida de las demandas de las compañías.

Un oleoducto que transportará crudo desde el yacimiento Vaca Muerta (provincia de Neuquén) hacia Punta Colorada, en el preciado golfo; un gasoducto; y un buque de licuefacción son los tres proyectos que ponen en riesgo una zona de migración de la ballena franca austral y sus crías, entre otras especies.

El golfo San Matías es vecino de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Patrimonio de la Unesco. “Por la proximidad con Península Valdés y otras áreas protegidas marinas, estos proyectos aumentan los riesgos de colisión de las ballenas con buques -principal causa de muerte de la especie- y de posibles derrames en una zona altamente frágil”, explicó Jaramillo a Mongabay Latam.

Esta biorregión permite la vida de diferentes especies de aves y mamíferos marinos que se alimentan y/o reproducen en los golfos. Además de la ballena franca austral, puede encontrarse el elefante marino del sur, el lobo marino de un pelo sudamericano, el pingüino de Magallanes, cormoranes, orcas, delfín común, delfín oscuro, aves playeras, el caballito de mar y un gran número de especies de condrictios, entre muchas otras, afirman desde el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. “Además de los posibles derrames y microderrames, el incremento del tráfico marino, el impacto acústico y la probabilidad de colisión entre las naves y las diferentes especies se transforman en un riesgo inminente”, aseguraron los científicos, ambientalistas y conservacionistas del Foro.

Una de las grandes preocupaciones de los expertos consultados es el riesgo de que las empresas puedan iniciar sus inversiones sin contar con la licencia social. “Las empresas hacen lo que les permiten o lo que pueden hacer en los países, por eso tienen un determinado estándar de funcionamiento en sus casas matrices y otro determinado estándar, tanto legal como de funcionamiento, en los países como los nuestros”, afirmó Nápoli.

Lo malo: la parálisis política

Desde el punto de vista legislativo, el balance también es negativo. “No hemos podido avanzar en ninguna de las leyes ambientales que estaban en la agenda parlamentaria en 2024”, explicó a Mongabay Latam la diputada Margarita Stolbizer.

Stolbizer es una de las 257 diputados nacionales y de las pocas que impulsan las temáticas ambientales en el parlamento.

Los diputados abandonaron a finales de año el tratamiento de un proyecto de ley para gestionar emisiones de gas metano en la exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. El objetivo es reducir el impacto de estas emisiones en el medio ambiente. “Teníamos un acuerdo general en comisión parlamentaria y estábamos en condiciones para firmar dictamen y de repente no pudimos avanzar más. Hubo una aparente orden del Ejecutivo”, aseguró la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo sucedió con el proyecto de ley para ampliar la extensión del Parque Nacional de Monte León, en la provincia de Santa Cruz. Esta área natural protegida protege la biodiversidad de la estepa y costa patagónicas, como el pingüino de Magallanes, y mantiene sitios de valor paleontológico.

“Otra de las grandes deudas que tenemos es sacar la ley de envases”, agregó Stolbizer. Se trata de un proyecto que se encuentra en el Congreso desde al menos 2021, pero nunca logra avanzar. Su objetivo es que los productores y fabricantes se responsabilicen por la gestión de los residuos plásticos que generan los productos que comercializan.

Si de deudas ambientales se trata, el proyecto de ley para proteger los humedales se ha convertido en un emblema de la morosidad parlamentaria. Stolbizer aseguró que tampoco se logró tratar ese proyecto en 2024. La demora ya arrastra más de una década. Los lobbies de grupos económicos, especialmente inmobiliarios, forestales y agropecuarios, han logrado frenarlo. Los humedales en la Argentina ocupan casi 277 000 kilómetros cuadrados, el 9,5 % de la superficie del país, según un estudio de 2022 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El objetivo de neutralizar a la comisión parlamentaria de Ambiente, según Stolbizer, fue un éxito del oficialismo.

La Corte Suprema y otros tribunales de Río Negro y Chubut también declinaron intervenir en cuestiones ambientales a pedido de las comunidades locales. Uno de los casos más resonantes fue la negativa del Poder Judicial para mediar en el conflicto del golfo San Matías, tras los amparos presentados tanto por ciudadanos de Río Negro como de la vecina provincia de Chubut para frenar los proyectos hidrocarburíferos en el golfo. Los distintos tribunales rechazan las presentaciones al no reconocer el derecho de los ciudadanos a intervenir o inician un derrotero judicial haciendo pasear al expediente de juzgado en juzgado.

Otro caso central fue la decisión de la Corte Suprema de dejar de intervenir en el saneamiento del Riachuelo-Matanza, en la ciudad y provincia de Buenos Aires, ícono argentino de la contaminación de ríos por parte de industrias. “Fue una decisión errónea. Nos hemos presentado ante la Corte para pedir una rectificación de esa resolución. Todos los tribunales tienen derecho a intervenir en un caso y a cerrarlo cuando consideren que está cumplido. Pero este caso estaba absolutamente incumplido, largamente incumplido”, dijo Nápoli.

Lo bueno: resistir unidos

“Ha sido un año en el que resistir cada día ha sido lo importante. Las organizaciones campesinas, indígenas se han dedicado a resistir”, afirmó Cruz desde el Chaco argentino. En Salta, por ejemplo, vecinos de la localidad de San Lorenzo se han organizado, han denunciado y han podido frenar la tala de bosque nativo, destacó Cruz.

A casi 2.000 kilómetros de allí, las comunidades costeras del golfo San Matías junto a organizaciones ambientalistas también le hacen frente al avance de tres proyectos hidrocarburíferos de las petroleras más poderosas del país en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. Lo mismo sucede en el noroeste del país frente a la exploración de litio. Las comunidades, en ambos casos, exigen ser consultadas antes de la instalación de los proyectos extractivos en sus territorios.

“Voy a rescatar la unidad del movimiento ambiental. Me parece que ha sido un año positivo para eso y se pudo manifestar en varias ocasiones en las presentaciones que hicimos más de 150 organizaciones en la Cámara de Diputados por el tema de la Ley de Bases y con la desaparición de los bosques nativos”, afirmó Nápoli.

Jaramillo, de Fundación Vida Silvestre, coincide con destacar este punto positivo de 2024: “La Ley Bases generó una alarma en el sector medioambiental que llevó a una rápida coalición de organizaciones que respondió ante los avances del Gobierno”, sostuvo. “El sector está unido y organizado, atento para llamar la atención a nivel nacional e internacional para que los logros socioambientales alcanzados en los últimos años se mantengan vivos”.

Como palabras y acciones van de la mano en el gobierno de Milei, durante la firma del Pacto de Mayo, el 9 de julio, el Presidente llamó a la explotación de los recursos naturales, sin contemplar la dimensión ambiental ni las demandas de las comunidades locales y de las organizaciones de la sociedad civil, destacó Jaramillo.

“Milei habló entonces de ‘minorías ruidosas’ a las que no había que darles importancia, en referencia al movimiento ambientalista. Esas minorías no son tan minorías y no son tan ruidosas pero sí lo que buscan es promover un verdadero modelo de desarrollo sostenible, en el que el acceso a recursos económicos no sea a costa de la pérdida de la salud de nuestro ambiente y el bienestar de las personas”, precisó el experto.

Tras aquel discurso del Presidente, unas ochenta organizaciones ambientales y sociales se unieron en un comunicado para rechazar las palabras del mandatario

La unidad también se vio en la provincia de Chubut, donde organizaciones empresariales, vecinos, ambientalistas y científicos se juntaron para iniciar una batalla legal contra los proyectos en el golfo San Matías.

Además, durante 2024, fiscales y jueces respaldaron con acciones judiciales algunos reclamos centrales. Por primera vez, en Chubut, existió una condena por ecocidio. Se trató de una sentencia contra un empresario que destruyó una zona de nidificación de pingüinos en Punta Tomba para extender su proyecto ganadero. Se conoce el caso como “la masacre de pingüinos”.

Un segundo caso es la decisión de un fiscal y una jueza federales de la provincia de Chaco de frenar la deforestación de bosques nativos e investigar la conexión del ministro de Producción local con el negocio de los desmontes.

“En los papeles ha sido positivo, pero en la práctica eso no es real, lamentablemente”, dijo Cruz, de Greenpeace. “Esto tiene que ver con la falta de control por parte de la provincia de Chaco porque nosotros vemos a través de las imágenes satelitales cómo avanzan los desmontes día a día con la destrucción de las topadoras (excavadoras)”.

Nápoli también destaca que se esté trabajando en la creación de nuevas áreas naturales protegidas. “Las últimas áreas naturales que se han creado en la Argentina han venido de la mano del financiamiento del exterior y del trabajo, fundamentalmente, de las organizaciones locales. Por lo cual es un espacio importante para seguir trabajando, con diálogo con las autoridades de segundo nivel, con las cuales se puede seguir tratando”. Este es ahora uno de los desafíos de Argentina para el 2025.

Nota: se corrigió epígrafe de la foto principal, en el que faltaban datos de contexto. Corrección realizada el 22 de diciembre de 2024 a las 8:52 AM.

ED/DTC

Martin Schorr es investigador del CONICET, docente de las universidades de Buenos Aires, San Martín y Quilmes, y autor de varios libros, el último coescrito con Francisco Cantamutto y Andrés Wainer, Con exportar más no alcanza (aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso). En base a este trabajo, analiza el modelo económico de Argentina y la falta de debate sobre ciertos temas. También señala que actualmente el modelo exportador solo funciona con altas tasas de pobreza.

—El libro, por un lado, cuestiona la idea de lo que ustedes llaman el mandato exportador y la consigna de que con aumentar las exportaciones alcanza para resolver el problema de la restricción externa. Pero, al mismo tiempo, el libro dice: No se promueve el aislacionismo ni tampoco se niega la importancia de las exportaciones. ¿Cuál es el eje de la crítica a lo que ustedes llaman el mandato exportador, el consenso exportador, este clamor que hay muchas veces en la clase dirigente sobre la necesidad de aumentar las exportaciones?

—Nosotros discutimos dos o tres ejes que hoy tienen bastante consenso. El primero es un reconocimiento de que lo mejor que se puede hacer para generar un esquema de crecimiento que nos permita subsanar estructuralmente, se plantea, los problemas de escasez de divisas tiene que ver con la idea de un modelo traccionado por exportaciones. Esto tiene dos o tres beneficios desde el punto de vista del planteo. El primero es que libera dólares, libera divisas y esto es fundamental para atacar los problemas de la restricción externa o la escasez de dólares. El segundo es que permite pagar la deuda externa, que es el otro gran planteo que subyace a estos argumentos. Y, finalmente, que si la economía crece traccionada por exportaciones, la torta aumenta y por esa vía estamos en condiciones de encarar una estrategia de redistribución del ingreso. Nosotros discutimos las tres cosas con este argumento, que nadie está planteando no exportar, sino por lo menos tensionar este argumento. El primer elemento muy importante del punto de vista del planteo es que en esta mirada, que es compartida por neoliberales y también por mucha heterodoxia, la distribución del ingreso se presenta como el punto de llegada, como una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones, pero eso es una promesa que nunca llega, que tiene que ver con ciertas debilidades del planteo y que en definitiva nos hace pensar o plantear que la distribución del ingreso quizás tenga que ocupar otro lugar. El segundo elemento en esta idea del crecimiento traccionado por exportaciones que no aparece en las reflexión es quién exporta. Porque hay toda una idea muy difundida de “Argentina exporta por año tantos miles de millones de dólares” y en realidad son no más de 100 empresas que concentran aproximadamente el 75% de lo que se exporta desde el país, que en la medida que son todas empresas muy transnacionalizadas, muy concentradas y demás, buena parte de los dólares que generan por las exportaciones después van al Banco Central por otras ventanillas a conseguir dólares para mandar afuera, para pagar deudas, para fugar divisas, para distintos pagos de dividendos, utilidades, etcétera A punto tal que si vos hacés el neto de cuánto le dan a la economía y cuánto se llevan te da una perspectiva negativa como tendencia.

Y el tercer elemento es el tema de la deuda, que me parece que ahí hay dos cuestiones de fondo. La primera es que en estas miradas se asume como que la deuda necesariamente hay que pagarla y que no se puede discutir nada del proceso de endeudamiento largo que viene teniendo Argentina en las últimas ya largas décadas. Y en segundo lugar es que es un modelo que articula los intereses de intereses muy concretos de la clase dominante, fundamentalmente del capital financiero internacional, los acreedores de la deuda con esta gran cúpula exportadora transnacionalizada. Entonces ahí también hay un tema que termina siendo un modelo muy funcional a lo que se llama el poder económico o el círculo rojo. Bueno, estos tres elementos que acabo de mencionar no aparecen en el planteo, sobre todo el segundo, esta idea de hay que exportar, exportar, exportar para resolver estos problemas de restricción externa que no contempla que Argentina en los últimos 30 años se ha cansado de tener superávit comercial y nos hemos cansado de tener crisis en el sector externo. Por lo tanto, ahí hay otros elementos que están jugando que no aparecen en este discurso.

—Ustedes lo que plantean es que el problema de la restricción externa no es la generación de divisas, sino la retención de esas divisas, porque se van por distintas vías. Ahora, ¿cómo se hace? Ustedes dicen: ya no se exporta más para crecer, sino para sostener el flujo de salidas y solo después, si se puede, con lo que queda, crecer. ¿Cómo se hace para alterar esa lógica, para desbaratar esa trampa?

—Ahí hay dos elementos fundamentales por el lado de la oferta y la demand. Por el lado de la oferta de divisas, es muy importante que sepamos o que tengamos presente qué exporta Argentina. Argentina exporta en un 80% producción primaria y en el mejor de los casos, con algún agregadito de valor. Pero esto tiene dos problemas importantes centrales. El primero es que Argentina es un país productor de materias primas, pero no tiene esa producción mayor articulación con la estructura económica. No es como, qué sé yo, Noruega, que exporta un montón de hidrocarburos, pero ese crecimiento le tracciona mucha demanda de producción industrial que abastece al sector petróleo. Entonces tenés un problema que es que el horizonte de crecimiento es chiquito. Entonces ahí hay un primer elemento que hace pensar que capaz que la torta no va a crecer tanto afianzando este tipo de estructura productiva y de inserción internacional. Y el segundo elemento es que cuando vos estudiás en el largo plazo la evolución de los precios y la demanda mundial de estas cosas que Argentina exporta, ves mucho comportamiento oscilante, mucha erraticidad. Y esto es un problema porque incorpora a la dinámica económica interna los problemas, los vaivenes del mercado mundial y cualquier estornudo a nivel internacional te repercute internamente y esto es habitual. Entonces ahí hay un problema y por el lado de la demanda yo creo que es muy importante tener en cuenta qué es lo que explica las salidas de divisas. Y ahí hay cuatro elementos que nosotros identificamos en el trabajo. El primero es un problema de estructura productiva que arrastramos de larga data y que los sucesivos embate del neoliberalismo han hecho que la estructura económica de la Argentina sea muy dependiente de importaciones.

Entonces, toda la discusión alrededor de la política industrial y sobre todo de la política de sustitución de importaciones, tendría que ocupar en ese debate un lugar. El segundo elemento fundamental y estructural es la deuda externa, que es un elemento muy condicionante. El tercero es algo que se discute poco, que es que Argentina es una economía muy extranjerizada. Y esto es un problema porque el capital extranjero que se radica en el país no viene a desarrollar y a hacer que los argentinos vivamos mejor, sino centralmente a ganar lo más que puede para remesar utilidades y distintas cosas al exterior que implican salida de divisas. Y el último elemento es lo que se llama, por poner un registro que todos escuchamos, fuga de capitales, fuga de divisas, formación de activos externos, que tiene mucho que ver con dos cosas. Por un lado, mucha dolarización de ganancias financieras, de sectores de muchísimo poder adquisitivo. Este es un elemento muy importante. Y, en segundo lugar, la falta de instrumentos de ahorro en pesos en una economía tremendamente volátil, que por lo tanto el dólar oficia de reserva de valor. Entonces te diría, por el lado de la oferta, es un modelo de una tasa de crecimiento en el mejor de los casos chiquita. No arrastra mucho al conjunto de la economía. Por el lado de la salida de divisas, tiene mucho que ver con el comportamiento de actores muy ligados al poder económico y sectores de altísimo poder adquisitivo.

—De los años de lo que fue el Frente para la Victoria primero, después el Frente de Todos, ¿ahí ustedes qué elemento consideran central para explicar que no se haya podido desbaratar este problema? Porque fue algo que sucedió durante los años del del Frente para la Victoria, primero, después del Frente de Todos, que tuvo un superávit comercial excepcional. Incluso esto lo discutió Cristina, lo discutió Guzmán, se admitió que había superávit comercial y se perdieron. No se pudo acumular reservas bajo el Frente de Todos. Pero es algo que que sucedió también durante el Frente para la Victoria y con control de cambios, que algunos dicen: ese es el problema, que hoy lo mantiene Milei. ¿Cuál es el elemento central que llevó a que la restricción externa se profundizara o no se pudiera revertir?

—Creo que tiene que ver con las cuatro cosas que charlamos antes. Primero, una gran debilidad en términos de estrategia industrial. Realmente se hizo muy poco en materia de política industrial y sobre todo en materia de política de sustitución de importaciones. En segundo lugar, la deuda aparece siempre como un elemento que no se cuestiona más allá de las renegociaciones y de las reestructuraciones. Tercero, fueron planteos que consolidaron estructuralmente un predominio muy fuerte del capital extranjero que sin cepo o sin controles de cambio, para ser más justos, te termina remitiendo al exterior entre el 70 y el 80% de las utilidades que genera cada año. Y finalmente, la fuga, que también fueron momentos donde más allá incluso de los controles de cambio, tuviste procesos de fuga fuerte. Entonces te diría fueron momentos donde hubo muchísimo superávit comercial, pero donde finalmente la confluencia de estos elementos más estructurales que dan cuenta que la restricción externa es un tema mucho más complejo que quelas exportaciones no alcanzan a las importaciones, bueno, confluyeron críticamente en esos escenarios.

—Milei ganó las elecciones. Estamos quizás hoy en otro escenario. Te pregunto por la crisis justamente de estas dos corrientes, tanto la de neodesarrollistas, que podemos identificar con el peronismo, o neoliberales. Uno podría decir el menemismo, Macri. Y tiene una política que combina, por un lado, un régimen de grandes inversiones, el RIGI, obviamente pensado para Vaca Muerta, pensado para la minería, pensado para el litio. Ese gran endulzante, si querés, o esa gran oferta para las grandes inversiones combinada con control de cambios que todavía no lo desactivó. La salida del cepo es una promesa de campaña, pero estamos casi a un año de gobierno y lo mantiene el control de cambios. A diferencia de lo que hizo por ahí Macri, que de entrada decidió eliminar todos los controles. ¿Cómo lo definirías a Milei en este mix? ¿En qué medida representa algo nuevo? ¿En qué medida es un mix de lo que ya existía?

—A tu caracterización le agregaría algo más, que es el 60% de pobres, 50 y pico % de pobres. ¿Por qué? Porque este modelo exportador que estuvimos conversando tiene o está conducido por actores que viven del mercado mundial. No es el poder económico de otro tiempo que necesitaba que los salarios fueran altos, que la demanda interna traccionará un ciclo económico que devolvía en ellos en mayor rentabilidad. Acá es distinto. En la medida en que la mira está puesta en el mercado mundial, los salarios nuestros, cuanto más bajos, mejor. Entonces, en esa mirada, lo que combina claramente Milei es el mandato exportador en su máxima expresión, porque todo está hecho para pagar la deuda. Estos esquemas, como el RIGI, están muy asociados a este capital transnacional que conduce la salida exportadora, porque la condición de posibilidad de esa salida es el infraconsumo de una parte importante de la sociedad. Y te diría que lo que vos identificas como novedoso, que sería el control de cambio, en realidad tiene que ver con cómo administra en un escenario de escasez de divisas la cuestión para que el tipo de cambio no se le vaya por las nubes. Pero me parece que está claro que está orientado a profundizar este tipo de inserción con la condición de posibilidad muy fuerte que es esta cuestión de los salarios bajos, de un país tremendamente desigual y donde, en definitiva, la condición de posibilidad de la inserción exportador es el infraconsumo de amplias capas de la sociedad.

—Obviamente los datos de pobreza Milei los profundizó en estos seis meses. Venían de antes ya. El Frente de Todos había dejado, no sé, arriba del 40% de la población debajo de la línea de pobreza. Y es un modelo efectivamente que está planteado para Vaca Muerta, el agronegocio, el litio y deja afuera a la mitad de la población económicamente activa. Y ustedes dicen: no hay un actor social que impulsa el desarrollo económico, un desarrollo económico alternativo. ¿Cuál debería ser ese actor social en la Argentina en este contexto? ¿Quién debería sentirse interpelado por esta discusión?

—Al revés te lo planteo. Esa fuerza social hoy del modelo alternativo no está. Está clarísimo. Y parte de la derrota y el triunfo de Milei tiene que ver con esa ausencia. Ahora, ¿qué discute hoy el mundo a partir de la pandemia para acá muy claramente? Te diría tres cosas. Primero y fundamental, la desigualdad. Lo estamos viendo en el foro del G20, que la desigualdad aparece como un problema a problematizar y que la manera más importante de corregirla tiene que ver con la cuestión impositiva. Nosotros acá estamos en un país que tiene un 50 o 60% de pobres y uno de los alicientes que estamos discutiendo hoy tiene que ver con reducción de impuestos para los sectores de alta capacidad contributiva. O sea, estamos yendo a contramano. Lo segundo que se está discutiendo mucho a nivel internacional es la política industrial. O sea, después de largas décadas donde para los países periféricos nos quedaba el lugar de ser proveedores de materias primas, hoy el mundo en general está discutiendo cómo hacemos para repensar y volver a aplicar esquemas de política industrial donde el proteccionismo va a ocupar un lugar fundamental. Acá estamos discutiendo cómo hacer para apuntalar todavía más la reprimarización y la inserción exportadora.

Y el último elemento es que de la pandemia para acá ha vuelto al foco de la cuestión, en el marco de cómo atenuar la desigualdad, la importancia de la demanda interna, de los mercados internos y no tanto de los mercados mundiales, porque la pandemia generó un trastoque a nivel global muy fuerte. Bueno, ahí tenés tres ejemplos de tres cosas que se están discutiendo y que sin duda podemos pensarlas desde cierto campo nacional popular como una ventana de oportunidad que tiene que ver en parte con sectores del capital vinculados a la expansión del mercado interno, con obviamente una parte importante de la clase trabajadora. Pero lo que destaco acá es que en esta mirada de las ventanas de oportunidad que te ofrece el escenario internacional es como que acá estamos caminando para el otro lado. Wue lo haga Milei, que lo hagan las fuerzas neoliberales, está bien porque siempre pensaron esto y nunca pensaron otra cosa. Ahora lo dramático es que un amplio sector de la heterodoxia esté planteando un camino totalmente opuesto a esto que abrió el escenario internacional.

—Hablabas del proteccionismo y obviamente está la figura de Trump ahora, desde el resultado de las elecciones, como un elemento nuevo. ¿Cómo te imaginás esa relación? Lo vimos a Milei con Trump la semana pasada en Mar-a-lago, enamorado el presidente argentino del presidente de Estados Unidos. Pero hay un conflicto potencial, justamente por el proteccionismo de Trump. ¿Cómo te imaginás esa relación Argentina-Estados Unidos, gobernada por estos presidentes con un Trump proteccionista?

—Creo que básicamente va a ser una frustración para Milei, porque claramente la mirada de Trump va por otro lado. Me llama la atención tanto alineamiento con alguien que está claro que está pensando en una cosa muy distinta a este esquema que se está discutiendo acá. Y lo mismo con China. Me parece que ahí hay claramente una lectura de lo que es la geopolítica y la ecuación de las grandes potencias, que es totalmente fuera de tiempo y lugar, te diría. Lo cual me parece un escenario más preocupante todavía, porque acá esto que vos preguntabas o mencionabas al comienzo, esto de la cuestión del cepo, de mantener el control de cambio que en definitiva es cómo administro la escasez de divisas, es un problema en ese escenario, porque las inversiones no vienen, porque todavía tenés que resolver el frente financiero, que no está para nada claro que Argentina pueda volver a corto plazo a un proceso de endeudamiento fuerte, como en otros experimentos neoliberales. Y esta mirada de pensar que con exportar alcanza pierde de vista esta figura del creciente proteccionismo y cierta cerrazón de los países principales.

—Justamente una de las escenas de estos días fue Milei con Xi Jinping. Vos decís que también ahí hay una equivocación en un Milei que intenta, como dicen los medios de de Estados Unidos o de Europa, un giro pragmático después de haber dicho: con los comunistas con no voy a negociar. ¿Ves un error también en ese acercamiento?

—Creo que lo tienen agarrado de pies y manos, más allá de que se haga el estadista y qué se yo y todas sus bravuconadas, básicamente en dos cosas: por el lado financiero, con el tema del swap, y con el lado comercial también, porque el principal país de destino de nuestras exportaciones primarias fundamentalmente es China. Entonces ahí claramente el alineamiento se da por porque no le queda otra, digamos.

—Por tu recorrido, por tu formación, conocés a muchos de los exfuncionarios del equipo económico del peronismo, de las distintas administraciones. ¿Cómo se da este este debate? No sé si cambian ahora que no están en el poder muchos de ellos estos planteos. Hay receptividad, hay una negación a a discutir estos temas, hay una admisión en privado y un discurso para lo público. ¿Cómo podés describir ese debate?

—Por muchos de ellos, que fueron compañeros de estudio y amigos de la vida, hay un afecto. La pelota no se mancha, dijo alguien. Pero no hay debate. No hubo espacio para la discusión cuando estuvieron gestionando la política económica, la política productiva y tampoco ahora. De hecho, sinceramente, este libro no ha sido discutido en ese ámbito. Y un poco el objetivo del libro era abrir un debate ahí adentro. En eso no nos ha ido bien. Te diría que hay muy poca receptividad a discutir estas cosas. Pero sí donde vemos más receptividad es en el espacio de las fuerzas sociales. Como que con el correr del tiempo que el libro está circulando nos damos cuenta que en espacios vinculados al sindicalismo, a los movimientos sociales, a ciertos sectores de una burguesía industrial más chica, una burguesía de lo que se llaman las pymes, ahí empieza como a circular la necesidad de pensar el modelo alternativo.

—¿Cómo lo ves a Axel Kicillof en este contexto, habiendo sido ministro de Economía de Cristina, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sabemos el debate que hay dentro de lo que era el kirchnerismo, pero algunos lo imaginan como un candidato posible a presidente que exprese algo distinto a lo del kirchnerismo. ¿Puede él tomar alguno de estos planteos? ¿Lo ves como el mismo que fue ministro en su momento y va a ser una continuidad de eso?

—No lo sé. No tengo ninguna relación con ese grupo. Pero sí veo que hay gente que las tres cosas que hablamos antes -desigualdad, política industrial y mercado interno- eso forma parte de su reflexión y sus preocupaciones, con lo cual me parece que es un espacio por lo menos a considerar bien.

—Al final en el libro se habla de la inversión extranjera directa y esta idea de, bueno, se anula lo que puede venir como inversión extranjera directa con lo que se va por remisión de utilidades, que es hoy una de las grandes demandas de no sé si el poder económico, de las Cámaras de Comercio que representan a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es que Milei libere el cepo para que eso pueda fluir todavía más. ¿Cómo te imaginás esa relación con esos actores al mismo tiempo desde el Estado? ¿Hay que pensar en otra estrategia? ¿Hay que dejar de lado a esos actores que vienen, obviamente, con la zanahoria de la inversión? ¿Hay que pensar en una estrategia más ligada a las pymes, más ligada a la industria? Porque finalmente la inversión extranjera directa siempre tiene esa cuenta. Y ese mensaje un poco de: si no, nos vamos a otro lado, si ustedes no nos dan lo que pedimos.

—Después no se van. Pero sí, está claro que lo que vos decís es cierto, no va por ahí desde nuestro punto de vista. Ahora, en un escenario global como el que estamos viviendo, está claro que el apostar a cierto sector del capital más chico, con un anclaje territorial más concreto, etcétera, no solo se resuelve con política distributiva, que hay esta idea de que si repartimos mejor lo que tenemos, esto va a generar una rueda económica virtuosa. Ahí nosotros vemos que eso necesariamente tiene que ir acompañado de política industrial. Por eso yo destacaba tanto lo que está pasando a nivel global últimamente, esta cuestión del proteccionismo y esta cuestión de repensar los alcances de la política industrial de mejora de competitividad más allá del estímulo que pueda provenir de que la rueda sea traccionada por el mercado interno. Y ahí sí, efectivamente, hay una gran cantidad de actores que comulgarían con un planteo de estas características. ¿El problema cuál es hoy? Que los tenés a todos híper atomizados, en algunos casos peleados entre sí. Pero más allá de eso, todavía eso no comulga en una fuerza social que dé impulso a un planteo alternativo como el que estamos hablando.

—¿Qué lugar le otorgas en este mapa, en esta discusión y en este planteo de “con exportar más no alcanza” al litio y a la idea de la transición energética basada en minerales críticos? ¿Replica un modelo conocido que se dio con Vaca Muerta, con el agronegocio o en este contexto ves que tiene algo de novedoso el planteo sobre el litio, que trae jugadores como Elon Musk, Rio Tinto, la minera canadiense, que también acaba de cerrar un acuerdo para comprar en Argentina los activos de mineras que tienen intereses en el litio. ¿Ves lo mismo que en los casos anteriores? ¿O ves que en este contexto hay algo distinto?

—Lamentablemente te tengo que contestar que veo lo mismo en términos de una especialización primario-exportadora bajo control transnacional y con provincias que terminan funcionando como economías de enclave. Te diría que incluso hasta tiene menos anclaje en términos de de tracción de actividad económica que Vaca Muerta, por ejemplo.

—Ahí hay una cuestión con los gobernadores. En teoría son las provincias desde la reforma del 94 las dueñas de los recursos naturales. Y los gobernadores muchas veces parece como que se emanciparan incluso de o juegan con el poder local nacional o se emancipan en muchos casos diciendo: bueno, yo voy a priorizar este ciclo de negocios, voy a garantizar para mi provincia. ¿Cómo ves la figura de los gobernadores? En este caso podemos hablar de Jalil, de Catamarca, una provincia con recursos como el litio, Sáenz, de de Salta. Hay otras provincias que están pesando en esta discusión y justamente no sé si son un poder paralelo, son un poder que se emancipó del poder nacional.

—Dos cosas con tu reflexión. La primera es que hay otros modelos de gestión del litio, lo que hace Chile y lo que hace Bolivia. En Argentina la participación estatal en la captura de esta renta extraordinaria es ínfimo. Este es un primer nivel de análisis. Y el segundo que yo creo que es importante, tiene que ver con lo que decías antes: en la medida en que son provincias muy ricas, porque tienen el recurso natural, pero la explotación del recurso es no local, no son capitales catamarqueños, capitales jujeños, la renta se va. Entonces son provincias que le ofrecen al modelo nacional una renta extraordinaria. Los estados agarran un pedacito muy chiquitito de esa renta, producto del esquema impositivo existente, con lo cual son provincias tremendamente ricas que terminan quedando sin recursos para financiar una política de cambio estructural que las saque del monocultivo, de la monoproducción. Entonces es el peor de los escenarios: una renta extraordinaria que se te va, una renta extraordinaria controlada por capitales transnacionales y una renta que tiene muy poco anclaje en el territorio. Esto es economía de enclave en su máxima expresión. Entonces, el rol de los estados subnacionales en eso es muy funcional a consolidar este tipo de estrategia.

—Mencionabas movimientos sociales, sectores del sindicalismo, ¿qué surge de eso? Porque pareciera que hay un consenso de hierro en la clase dirigente, sectores políticos, poder económico, incluso formadores de opinión, que esto no se discute. Pero queda afuera de ese consenso exportador la mayor parte de la sociedad argentina o que no lo discute o que no está comprendida en la cuenta de Vaca Muerta, el litio y el agronegocio. ¿Qué aparece en esas discusiones, en esas conversaciones con el activismo social, con el sindicalismo?

—Aparecen dos cosas que algunas nosotros las tratamos y otras no. La primera es el tema ambiental. Eso realmente es muy importante empezar a incorporarlo en la cuenta económica, el daño al medio ambiente y a las condiciones de vida de la gente de esos lugares. Y lo segundo que aparece mucho es la deriva represiva y de vulneración de derechos para garantizar la expansión de estos negocios, sea el agronegocio, sea el litio, o sea la explotación en Vaca Muerta de temas hidrocarburíferos. Eso es muy preocupante. Quizás acá a Buenos Aires no nos llega tan amplificado, pero tiene una deriva represiva y de vulneración de derechos muy, muy clara. Y también tiene algo muy interesante para estudiar y para reflexionar, que es cómo el poder económico transnacional penetra en estos territorios aplicando la figura de la responsabilidad social empresaria, que es, bueno, hago algo, no sé, pinto una escuela, pinto un hospital como una manera de ir comprando voluntades a nivel de los territorios y genera despelotes en términos sociales y políticos importantes.

—¿Ese consenso exportador es nuevo, es relativamente nuevo, o hubo una confluencia que pudiéramos que podemos ubicar en los últimos años donde alguien se comió a alguien o un sector convenció al otro? ¿O siempre hubo un acuerdo entre neoliberales, neodesarrollistas?

—Para mí, si vos me decís una fecha, es los últimos 20, 25 años. Por supuesto, el consenso se fue construyendo y el encontrar estos denominadores comunes de el modelo exportador, el pagar la deuda, la distribución del ingreso como el punto de llegada, es una cosa que se ha ido perfeccionando con el correr del tiempo. Pero claramente las últimas dos décadas se inscriben en este mandato.

Entrevista realizada por Diego Genoud en su programa Fuera de Tiempo (Radio Con Vos).

DG/CRM

“Sabemos lo que les pasa a los salares cuando se les saca el agua: disminuye su biodiversidad al disminuir las lagunas y pueden secarse completamente. Es un daño impresionante”, afirma Cristina Dorador, bióloga chilena y una de las científicas que más ha estudiado los salares. Es también doctora en Ciencias Naturales e integró la Convención Constitucional de Chile en representación de la Región de Antofagasta. Dorador sabe que la experiencia chilena es otro escenario que Argentina podría repetir en el futuro. 

En una entrevista con elDiarioAR y Mongabay, la científica se remonta a los inicios para explicar la importancia de estos sistemas de vida llamados salares. “Los salares son ecosistemas acuáticos, que en el pasado fueron grandes lagos, grandes paleolagos, que con el tiempo se fueron evaporando, secando y también separando entre sí”, explica Dorador.

“Estos legados de antiguos lagos son fundamentales para el lugar donde están porque estamos hablando de una zona que es bastante árida”, dice Dorador. “Son los reservorios de agua de los Andes”, agrega. “Además, concentran la mayor biodiversidad de la zona, tanto del Altiplano como de la Puna. Por lo tanto, son fundamentales para el funcionamiento del ecosistema, pero también para los ciclos biogeoquímicos: estos salares están produciendo gases, pero también están concentrando otro tipo de elementos en reservorios, como CO2, metano y otro tipo de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, sostiene la bióloga. 

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

Allí, la compañía logró el acuerdo parcial de la comunidad indígena de Rinconadillas, dividida por la posibilidad de que la petrolera explore y encuentre litio en la porción de la laguna que forma parte de su territorio. La preocupación con respecto al uso del agua y a las consecuencias en el medio ambiente divide a la comunidad jujeña.

Tecpetrol sostiene que de encontrar litio en la laguna aplicará un sistema más moderno de extracción de litio, que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de este mineral en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Los salares tienen implicancias en el clima local y en la vida de las personas que habitan en la zona, asegura Dorador. La científica precisa que a diferencia de otros lugares del mundo donde el litio se encuentra en roca, en el norte de Chile, el sur de Bolivia y el norte de Argentina, zona conocida como “el Triángulo del litio”, este mineral se encuentra en los salares. “Se trata de un mineral que está concentrado en un ecosistema acuático. Por ello se habla de una minería del agua”, asegura. 

Básicamente, para obtener este mineral, hay que sacarlo del agua. “El litio se encuentra contenido en salmueras: agua con alta concentración de sal, que están generalmente en las partes más profundas de los salares. Por lo tanto, hay que bombearla hacia la superficie”, detalla Dorador. La forma más común de extracción es a través de pozas o piletas de evaporación, que muchas veces se hace en la superficie de los salares mismos. Estas piletas llegan a ser tan grandes que se alcanzan a ver desde el espacio, explica la experta. “Luego, se saca esa costra salina, se deposita una cubierta de un plástico de alta densidad y se pone esta salmuera que ha sido bombeada a la espera de que empiece a precipitar la sal”. Eso hace que al evaporar el agua aparezca la sal y se cosechen distintas sales. Así, hasta obtener una salmuera concentrada en litio. 

Este proceso, explica Dorador, altera el paisaje y genera un impacto significativo en las fuentes hídricas. “Hay un uso del agua que puede ser muy disruptivo y ocasionar cambios importantes en el ecosistema”, asegura la bióloga, que ha seguido de cerca el impacto ambiental de la minería de litio en algunos de los salares más importantes de Chile.

“Lamentablemente, nosotros tenemos experiencia sobre destrucción y extinción de salares”, dice Dorador desde Chile. “Hay casos emblemáticos de desecación de salares para esta industria como es el Salar de Punta Negra, el Salar de Lagunillas, la afectación en el Salar de Llamarada y otros. De hecho han habido juicios ambientales al respecto de parte del Consejo de Defensa del Estado, que ha denominado que estos sistemas han sido afectados de forma irreversible, irreparable”.

Las consecuencias de los nuevos sistemas, como los que Tecpetrol dice que aplicará, aún están por verse.

ED

Con promesas de trabajo y provisión de servicios básicos, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint logró ingresar a la zona más conflictiva para la minería de litio: la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, en la Puna jujeña, como informa elDiarioAR junto a Mongabay en esta investigación conjunta. 

La compañía de la familia Rocca dividió a Rinconadillas, una comunidad de 82 familias y logró así la licencia social para operar en ese territorio y extraer el ansiado “oro blanco” en una zona catalogada como la Séptima Maravilla Natural del país. Aquí, otras comunidades se oponen al avance de las mineras. 

La necesidad de trabajo convenció a parte de los habitantes de Rinconadillas y le concedió la victoria a la empresa, que arrastra un pasado de causas de corrupción, sobornos y abandono de las comunidades afectadas por su actividad.

Tecpetrol es parte del grupo económico Techint, también dueño de la empresa Tenaris, uno de los principales productores de caños de acero sin costuras del mundo, destinados a la construcción de oleoductos y gasoductos para la industria fósil. El grupo Techint es propiedad de la segunda familia más rica de Argentina, los Rocca, y es liderado por Paolo Rocca, quien ocupa el puesto 529 de los más ricos del mundo, con una fortuna de U$S5.600 millones, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes de 2024.

Tecpetrol, división petrolera de Techint, tiene operaciones de gas y petróleo en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es el proveedor del 18% del gas que se consume en Argentina, gracias a sus explotaciones en Fortín de Piedra, en el yacimiento Vaca Muerta, la mayor reserva de gas y petróleo no convencionales del país, y entre las principales del mundo (la segunda en gas y cuarta en petróleo a nivel global).

Techint, la empresa madre de Tecpetrol, carga con una mochila de antecedentes judiciales en causas de corrupción, como el caso Lava Jato en Brasil y los cuadernos de la corrupción en la obra pública en Argentina. La principal compañía del grupo, Tenaris, ha pagado multas en los Estados Unidos por dos causas distintas en las que admitió haber realizado pagos ilegales a funcionarios públicos para obtener contratos en Brasil y Uzbekistán. 

En Argentina, además, sus ejecutivos admitieron haber realizado pagos ilegales a un funcionario público en el caso de los cuadernos de la corrupción, pero la Justicia cerró el caso a favor de los acusados.

A pesar de haber admitido pagos ilegales en al menos tres países, Techint siempre sale airoso de los tribunales, sea por acordar millonarios pagos en multas o por decisiones de jueces y fiscales.

Esta compañía de combustibles fósiles, que arrastra antecedentes judiciales de alto calibre, inició la expansión de sus inversiones en el litio en 2023, cuando adquirió el 100% de las acciones de la minera canadience Alpha Lithium, buscando ingresar en el negocio de la transición energética. A través de la compra, la petrolera de Techint heredó los derechos de exploración y explotación en concesiones mineras en tres salares de la provincia de Salta: el Tolillar, el Salar del Hombre Muerto y Arizaro, los dos últimos en etapa de exploración. 

La inversión se dio como parte del crecimiento de Argentina en el sector y de su integración al conocido “Triángulo del litio”, junto a Bolivia y Chile. “Actualmente generamos sólo el 5% de la producción global, si bien tenemos 24% del total de los recursos”, afirmó Andrea Rocca, presidente de la Unidad de Transición Energética de Tecpetrol, sobre las proyecciones de Argentina de expandirse en el negocio.

Tecpetrol buscaba desembarcar en el negocio litífero desde hacía al menos tres años. En febrero de 2022, la petrolera activó una planta piloto de extracción directa de litio en Olacapato, en la Puna salteña, la provincia vecina a Jujuy. En su sitio web señaló que su objetivo estaba dirigido a extraer litio de Jujuy: “La planta se construyó para probar la tecnología a utilizar en Guayatayoc, un salar que estamos explorando en Jujuy”. La compañía respondió a Mongabay Latam y elDiarioAR que se trata de una planta que evita las cuestionadas piletas de evaporación, principal método de extracción de litio en la zona, que implica el uso de mayor cantidad de agua. 

Tecpetrol aún no había desembarcado en la laguna ni contaba con la licencia social de las comunidades indígenas para operar en sus territorios pero ya daba por sentado que lo lograría. De hecho, ante la consulta de estos medios en abril de 2024, confirmó en ese momento que la empresa estaba “en una etapa muy temprana, trabajando con las autoridades y las comunidades locales a fin de obtener la licencia social y ambiental”.

Un modus operandi

El equipo periodístico de elDiarioAR y Mongabay intentó obtener respuestas de Tecpetrol y Techint tras la asamblea de junio último, en la que parte de la comunidad de Rinconadillas dijo “sí al litio” y aprobó el ingreso de la petrolera para la exploración en la Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, la compañía no quiso responder más preguntas ni consultas.

“Las empresas mineras y las corporaciones saben muy bien que la estrategia es divide y vencerás”, explica Melisa Argento, investigadora de Conicet. La experta añade que, básicamente, se trata de dividir a las comunidades entre “ganadoras” y “perdedoras”. Las comunidades ganadoras son las que van a recibir los beneficios de las mineras. “Las otras son las relegadas, las olvidadas, a las que también se les destruye el territorio, su forma de vida, la agricultura, la pastura, los animales se les mueren, tienen conflictos territoriales todo el tiempo con las empresas”. Dijeron “no al litio”, pero pagaron igual las consecuencias ante la falta de unidad de las comunidades. Justamente, lo que el grupo inicial de 38 comunidades buscaba evitar.

“La promesa de empleo puede valer para la primera etapa, cuando las empresas están en la fase de construcción y pueden contratar mano de obra local, pero después el trabajo se tecnifica y vuelve a haber una expulsión, una desocupación en la región”, sostiene la investigadora. Luego, en las comunidades pueden crecer otros rubros como gastronomía, empleo de seguridad, limpieza y mantenimiento.

“En Catamarca, otra provincia donde se extrae litio, la empresa Livent —hoy Arcadium— opera en el Salar de Hombre Muerto, en la zona de Antofagasta de la Sierra. Es la casuística de todo lo que estamos diciendo”, asegura Argento. La investigadora explica que hay que mirar allí para ver lo que pasará en Jujuy durante los próximos 25 años: “La injusticia socioambiental permanente y la vega del Río Trapiche seca”, afectando la provisión de agua a los pobladores de la zona. 

En Catamarca, por ejemplo, el progreso no se tradujo en beneficios para las comunidades linderas al salar. Y las consecuencias se sintieron cuando la minera intentó ampliar su explotación, explicó Argento. “Cuando la comunidad decidió resistir el avance de la segunda etapa de Livent en la zona, tuvieron persecución, hostigamiento, al punto de que las familias decidieron salirse de la resistencia. En la lucha quedaron muy pocos y son muy atacados”, explica. El equipo periodístico intentó comunicarse con Livent pero no fue posible obtener una respuesta de la compañía.

Sismos inducidos

Los antecedentes de Tecpetrol no están vinculados al negocio del litio, pero sí a la extracción de gas. En la provincia de Neuquén, la empresa cambió para siempre la vida en un paraje rural, Sauzal Bonito. Este pueblo de unos 300 habitantes, se ubica a 48 kilómetros al suroeste de Añelo, la ciudad base de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional más importante del mundo y cuarto en petróleo no convencional a nivel global. Aquí, los combustibles fósiles se extraen mediante el mecanismo del fracking. 

Sauzal Bonito es el pueblo más cercano al yacimiento de gas que explota Tecpetrol en Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Desde que la petrolera de Techint se instaló allí para desarrollar la actividad del fracking, la localidad comenzó a temblar. 

Los sismos coincidían con el inicio de las operaciones de fracking, explicó a Mongabay y elDiarioAR el geógrafo Javier Grosso Heredia, quien dirige el Observatorio de Sismicidad Inducida junto a Guillermo Tamburini Beliveau. El organismo ya contabilizó casi 500 sismos inducidos desde finales de 2018 hasta julio de 2024 en esta zona de Vaca Muerta, informó Grosso Heredia. 

“Nunca existió un reconocimiento de la responsabilidad de Tecpetrol en la producción de los sismos ante los habitantes de Sauzal Bonito”, afirma Grosso Heredia. “La empresa tampoco hizo público cómo es su sistema de semáforos sísmicos, que ayudaría a informar y actuar preventivamente ante los sismos en el pueblo”, agrega el geógrafo. “Sin embargo, sí aportó 500 millones de pesos (unos US$526.000 al valor del cambio actual) para la construcción de viviendas antisísmicas”, explica el investigador. La petrolera no admite la conexión entre el fracking y los sismos, pero accedió a financiar un paliativo para los vecinos. 

El caso de Sauzal Bonito llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en marzo de 2022, ante un amparo ambiental presentado por la Comunidad Mapuche Lof Wirkaleo, habitantes de Sauzal Bonito y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) contra la provincia de Neuquén. Sin embargo, el caso aún no fue tratado por los jueces del tribunal.

La extracción de litio en el salar de Catamarca y el fracking en la provincia de Neuquén son evidencia de los problemas que podrían llegar con la explotación en Guayatayoc. El primer conflicto es notorio y se ve en las grietas que amenazan con romper del todo la unidad de las 38 comunidades indígenas que hace 14 años y en bloque se oponían a la llegada de la minería.

ED

Un gigante se ha instalado en Rinconadillas, una comunidad indígena de 82 familias, ubicada a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de la Puna, en la provincia de Jujuy. En esta pampa de sal, Tecpetrol, la petrolera de la multinacional ítalo-argentina Techint, pretende extraer litio. Tiene la mirada puesta en la Laguna de Guayatayoc, donde hasta hace apenas unos meses era impensado que la minería litífera pudiera avanzar y conquistar un área habitada por 38 comunidades indígenas, que llevan más de 14 años resistiendo al inminente desembarco de las compañías mineras. El viernes 15 de noviembre representantes de comunidades indígenas de la cuenca se presentaron en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su reclamo.

“Nosotros no vamos contra el litio, nos preocupa el agua y el medio ambiente. Nos puede afectar mucho si hay esa actividad porque necesita de mucha agua”, le dijo a Mongabay Latam y a elDiarioAR Raúl Callata, presidente de la comunidad de Rinconadillas. Entonces, era principios de junio y las cartas no estaban echadas. 

En esta región del noroeste argentino se extiende la cuenca de Salinas Grandes —una de las Siete Maravillas Naturales de Argentina—, que incluye a la Laguna de Guayatayoc, el segundo espejo de agua más grande de Jujuy. Es una cuenca compartida entre Jujuy y su vecina, la provincia de Salta. 

Los ríos y arroyos que se forman en este ecosistema alimentan un humedal de altura, donde conviven desde tres clases distintas de flamencos, suris (ñandúes) y vicuñas hasta animales de pastura que las comunidades crían para su supervivencia.

Aquí, una decena de empresas buscan desarrollar trabajos de exploración en busca de litio. Su meta: satisfacer la demanda mundial de “oro blanco”, un mineral clave para la transición hacia el uso de energías limpias que no beneficia hoy a la Argentina y menos a las comunidades de la cuenca de Salinas Grande que le dijeron “No al litio” en 2010.

“La extracción de litio conlleva un impacto ambiental cuando se realiza sin el adecuado análisis acumulativo de impactos, como usos del agua, pero también un impacto en la forma de vida ancestral (cultural, social y comunitaria) de las comunidades indígenas, que cohabitan el territorio hace muchísimos años de manera colectiva. La llegada de la empresa crea un conflicto y una ruptura interna en su tejido social”, afirma Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

¿Cómo logró Tecpetrol aterrizar en una zona que lleva años oponiéndose a la minería? La compañía se movía en territorio hostil. El grupo organizado de comunidades indígenas había impedido hasta el momento el desarrollo de la minería de litio en sus territorios. Hasta el 21 de junio de 2024, cuando la petrolera consiguió lo que se había propuesto: obtener la licencia social para operar en una porción de la cuenca, pero a costa de dividir a las comunidades. 

“No al litio”

El clima que esperaba a la petrolera era difícil. Desde 2010, unas 38 comunidades Kolla y Atacama se oponían a la explotación del litio en esta cuenca. Sin embargo, a pesar de medidas como el bloqueo de rutas, de enfrentar a las maquinarias, protestas, y de reclamos a las gobernaciones y las demandas judiciales —que incluyen presentaciones ante la Corte Suprema de la Nación y la CIDH—, las mineras y los gobiernos de Salta y Jujuy han continuado con sus planes en la región. En la Puna, la minería de litio llegó para quedarse. Pero no le será tan fácil.

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc basan su economía en el turismo comunitario —Salinas Grandes es una de las zonas más visitadas de Jujuy—, el pastoreo de animales, la elaboración y venta de tejidos, así como la extracción de sal. Esto quiere decir que cualquier movimiento de mineras en la zona puede afectar directamente su economía.

“Cuando en 2010 y 2011 llegaron las empresas a Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, querían comprar voluntades y hacer intervención en las comunidades”, explica Melisa Argento, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con experiencia en la relación entre las comunidades indígenas y las mineras.

Las comunidades acordaron que decidirían en bloque ante cualquier intento de las mineras de ingresar en la cuenca.

Las primeras grietas

Durante 2023, la unidad se quebró. La ausencia del Estado de la provincia de Jujuy, como denuncian las comunidades, la crisis económica y el lobby de las empresas fue mermando en algunas de estas sociedades aisladas y vulnerables. Dos petroleras que pretendían buscar litio en las salinas desembarcaron en la cuenca. La primera fue Pluspetrol, de la mano de su división minera, Litica. La segunda fue Pan American Energy (PAE), con su minera Lithos (actualmente denominada Lithion Energy). Lo hicieron a través de promesas de trabajo y sustituyendo al Estado de la provincia de Jujuy, ausente en todos los aspectos de la vida de la población indígena: salud, educación, trabajo, bienestar social e infraestructura, según pudo corroborar el equipo periodístico en la zona.

La siguiente grieta entre las comunidades sería abierta por una tercera petrolera, Tecpetrol.

Clemente Flores es un histórico dirigente de la comunidad de El Moreno, parte de la cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc, ubicado en el departamento Tumbaya, a 3600 metros sobre el nivel del mar y al pie del cerro más alto de Jujuy, el Chañi, de 5896 metros de altura. Flores es uno de los defensores ambientales de este territorio. 

“Estamos más complicados que antes porque las empresas ahora tienen más apoyo del Estado provincial y nacional. Tienen más libertad y acciones en las comunidades. Nosotros no estamos hablando de litio, estamos hablando del agua”, dijo Flores a Mongabay Latam y elDiarioAR en junio. “Nos quitan el agua de la Puna”. 

Flores asegura que las empresas hacen un “trabajo político” junto al Gobierno. También plantea que existen distintas formas de actividad económica en la zona que no dañan el ambiente ni ponen en riesgo la provisión de agua dulce en la región y que no son incentivadas por el Estado, en alusión a la ganadería, el turismo, la venta tejidos y sal. 

—¿Cómo sigue la pelea de las comunidades en este contexto?— preguntamos.

—No te puedo contar la estrategia. No sé si me estás preguntando eso para nosotros o para decírselo a las empresas. Perdóname pero hoy dudamos de todo. Estamos tan preocupados por todo. 

En la Puna, donde el viento hace mella, la desconfianza erosiona todo a su paso. 

Verónica Chávez es dirigente de la comunidad Santuario Tres Pozos, también en la cuenca. Mientras se aprestaba para exponer ante la asamblea de la CIDH, dijo a Mongabay y elDiarioAR: “Lo que no queremos es que la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc sea saqueada”. “Este paisaje es visitado por el mundo y queremos que nos ayuden a proteger esa hermosa cuenca y el territorio a lo ancho y largo de la provincia de Jujuy”, afirmó Chávez. “La decisión de una comunidad o de parte de una comunidad puede perjudicar a todas las comunidades, por eso vamos a seguir luchando colectivamente”, agregó la dirigente indígena. 

La conquista de Rinconadillas

Desde 2023, cuando obtuvo la autorización del gobierno de Jujuy para explorar litio en la Laguna de Guayatayoc, Tecpetrol puso en marcha una estrategia de acercamiento con la comunidad de Rinconadillas, cuyo territorio coincide con otra porción de la cuenca que la petrolera desea explorar en busca de litio. 

En esta comunidad, su comunicación vía terrestre depende del buen estado de la ruta provincial 11, que luego de 20 kilómetros la conecta con la ruta nacional 52, pavimentada. Por este tramo, las familias acceden a Las Salinas Grandes y al pueblo de Purmamarca, una vez atravesada la sinuosa Cuesta de Lipán. 

Los días en Rinconadillas son casi todos iguales, tranquilos. De día, reina el sol; de noche, el cielo es un mar profundo de nubes. En sus menos de 100 casas, algunas centenarias y de piedra, hay una escuela, un centro comunitario, tres posadas para turismo, una iglesia, un salón en el que se reúnen las tejedoras, un paupérrimo puesto sanitario y una plaza, en donde hay servicio de internet abierto pero no hay señal de telefonía. 

Este bucólico paisaje, de cinco cuadras de largo por tres de ancho, esconde varios problemas. El agua que se consume tiene altísimos niveles de fluoruro, desaconsejados para el consumo humano porque supera el límite que recomienda el Código Alimentario Argentino, explicaron los habitantes al equipo periodístico durante una visita a la comunidad en junio de 2024. Los habitantes exhiben en sus dientes un desgaste fuera de lo normal. La Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno jujeño puso en marcha un proyecto piloto que busca garantizar agua apta para el consumo humano, al menos por unas horas durante el día. 

La comunidad indígena tenía sus dudas sobre el litio. Raúl Callata, presidente de la comunidad y también cocinero de la escuela de Rinconadillas, admitió que el emprendimiento minero atrajo de inmediato a los jóvenes. “La falta de trabajo los obliga a pensar que es posible y se muestran dispuestos a darle el visto bueno”, contó en junio de 2024, días antes de que una parte de la comunidad decidiera dar el visto bueno a Tecpetrol para explorar la laguna en busca de litio.

Rinconadillas tenía programado reunirse en asamblea para decidir si otorgaría la licencia social a Tecpetrol —es decir, su permiso para operar en la porción de territorio de la comunidad— el 27 de julio de 2024. Mongabay y elDiarioAR visitaron a la comunidad entre el 6 y el 8 de junio último para documentar la forma de vida de la comunidad y dialogar con sus habitantes sobre las distintas posturas con respecto a la presencia de Tecpetrol. 

También consultó a la petrolera sobre sus actividades en la zona. Tras la visita y la consulta, todo se precipitó, aseguraron los habitantes consultados, quienes solicitaron no dar a conocer sus nombres por la fuerte división que ahora impera en la comunidad. Se convocó a una asamblea extraordinaria en Rinconadillas para el 21 de junio, cinco semanas antes de lo programado. 

En las asambleas, un integrante de cada familia vota. La invitación a la asamblea del 21 de junio se realizó apenas dos días antes y excluyó a los vecinos que no viven en Rinconadillas de lunes a viernes por motivos laborales porque trabajan, por ejemplo, en Purmamarca, que está a 100 kilómetros de distancia. “Cuando se deben tomar medidas importantes, siempre se notifica a las familias con una semana de anticipación, como mínimo, y se les avisa a todas, incluso a las que están residiendo en otros lugares”, dijo uno de los vecinos consultados. “Pareciera que a propósito hicieron todo rápido”, afirmó. 

Sobre un total de 82 familias censadas, solo llegaron a la votación representantes de 51 familias, un número suficiente para que se realizara la asamblea. Con tolerancia de media hora, en una de las mañanas más frías del año, la deliberación comenzó a las 9. Hubo varias exposiciones, pero la mayoría fue de quienes se mostraron a favor de darle el visto bueno a Tecpetrol y tras dos horas quedó en claro que no habría consenso, por lo que se votó a mano alzada. “Lastimosamente, nos ganaron”, señaló un asambleísta consultado.

Sobre esos 51 representantes, 29 votaron a favor de otorgarle la licencia social a Tecpetrol y 22 se opusieron. “Hay familias que están divididas debido a que la discusión interna no se había agotado, porque así como se aceptó que un representante de la empresa nos informe sobre los supuestos beneficios antes de la asamblea, se pretendía escuchar los argumentos de especialistas que se oponen a la actividad minera y que tienen sus razones. Pero esto último no se hizo”, aseguró uno de los vecinos consultados. “Ahora nuestra comunidad es vista como traidora” por el resto de las comunidades de la cuenca, lamentó la fuente.

Ecos de la asamblea

La novedad no tardó en llegar a los miembros de las 34 comunidades de la zona que continúan oponiéndose al desembarco de las mineras. Las primeras en expresarse en contra de Rinconadillas fueron las de Tusaquillas, ubicada a 31 kilómetros, y Santuario Tres Pozos, a 20 kilómetros de Rinconadillas. A través de comunicados, indicaron que el grupo “continúa defendiendo el agua y el territorio”, que las comunidades “no están de acuerdo con la decisión de algunos miembros de la comunidad de Rinconadillas” y que “no se respetó el Reglamento de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc”. 

Waldo Barconte tiene 31 años y oficio en Rinconadillas. Es tejedor, lo aprendió de sus padres y de sus abuelos. Con un telar que tiene en su casa y junto a su esposa, realiza diversos productos, como mantas rústicas —“las que más se venden”, cuenta—, que luego negocia su padre en Purmamarca o Tilcara. Complementa esos ingresos fabricando bloques de cemento pero desde diciembre no vende ni uno. “Está parado todo”, dijo. 

Aun con una rutina diaria de trabajo, opinó a favor de otorgar la licencia social a la minería. “No hay trabajo en el pueblo y podría ser una fuente de ingresos para los jóvenes, que cada vez se dedican menos a las artesanías o a la cría de animales. La mayoría quiere tener celular e internet, estamos modernizados”. ¿Lo hablan entre tus amigos?, preguntaron Mongabay y elDiarioAR: “Sí, tenemos algunas dudas pero la necesidad es mayor y por eso decimos 'sin miedo al éxito, vamos', después se verá”.

Tras la asamblea del 21 de junio, en la que un sector de la población de Rinconadillas decidió por el sí al litio de manera anticipada y sin la participación de todos los habitantes del paraje, el sector de la comunidad que quedó excluido de la asamblea presentó una acción de amparo ambiental ante la Justicia junto a representantes de otras comunidades de la cuenca, como El Moreno y Santuario Tres Pozos, explicó la abogada que tramita la acción, Alicia Chalabe.

Sin embargo, tras la asamblea del 21 de junio, Tecpetrol dio por superada la etapa, dio un nuevo paso y presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante la provincia de Jujuy. José Gómez, secretario de Minería e Hidrocarburos de Jujuy, dijo a Mongabay Latam y elDiarioAR que para el gobierno de la provincia la exigencia legal de realizar una consulta previa, libre e informada se cumplió. La asamblea del 21 de junio es la confirmación de ello, sostuvo el funcionario en diálogo con el equipo periodístico.

“El Estado de Jujuy no tenía ninguna injerencia ni conocimiento del proyecto. Se trató de una consulta entre privados: la empresa y la comunidad”, afirmó Gómez. Con la aprobación de parte de la comunidad de Rinconadillas para el desembarco de la compañía en la zona, la licencia social está concedida, según el funcionario. 

—El resto de las comunidades de la cuenca reclaman que la consulta previa, libre e informada debería haber sido realizada con el bloque de todas las comunidades. ¿Cuál es la posición del gobierno de Jujuy frente a este reclamo? —preguntó el equipo periodístico.

—¿A usted le gustaría que yo decida sobre qué puede hacer usted en su casa? —respondió el funcionario, defendiendo la decisión de la asamblea del 21 de junio—. Las comunidades tienen derecho a su autodeterminación y a decidir sobre el uso de sus territorios. Estamos hablando de una exploración con un impacto muy acotado. La perforación, que vendría más adelante, sí puede tener más impacto porque hay que hacer caminos y una plataforma en el salar.

—¿Por qué cree que existe tanta resistencia al litio por parte de la mayoría de las comunidades de la zona?

—Son posicionamientos ideológicos. Se oponen al desarrollo. Las comunidades a veces son usadas por sectores con intereses económicos que no quieren el desarrollo —aseguró Gómez, aunque no identificó a dichos sectores. Actualmente, debido a los controles oficiales y a la cultura y estrategia de trabajo de las mineras es impensado que pueda dejarse sin agua a la comunidad. 

Una sociedad dividida

En la comunidad de Rinconadillas se habla del litio en las esquinas, en la plaza o a la salida de la misa, que se celebra una vez por mes. El domingo 9 de junio, por la mañana, un representante de Tecpetrol mantuvo una reunión informativa en el salón comunitario para quienes quisieran oír sobre la exploración. Fue la tercera. Por una instrucción expresa de las autoridades comunitarias, no hubo registro en video, fotos o audio de ese encuentro. “Nadie quiere quedar pegado porque ya se mira mal a Rinconadillas desde otras comunidades —como Tres Pozos y Alfarcito— porque dicen que no se hace lo suficiente para oponerse a la explotación”, sostuvo el vecino que pidió no ser identificado.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, es el único guía de turismo del pueblo, oficio para el que se capacitó con Las Warmis, una organización de mujeres de La Quebrada de Humahuaca que trabaja por el desarrollo regional a través de la capacitación y la generación de emprendimientos. “Eso me cambió porque tomé conciencia de nuestro origen, de dónde venimos”, dice. Sarapura es uno de los miembros de la Cooperativa Espejo de Sal, que ofrece servicios turísticos y está integrada por las comunidades indígenas de Alfarcito, Sauzalito, Santa Ana, Barrancas, Susques, Cerro Negro —de La Poma— y Rinconadillas. “Desarrollamos un turismo vivencial, que los turistas compartan nuestras actividades. La pandemia fue un golpe muy fuerte, nos estamos recuperando”, cuenta.

Reflexivo, se opone a la minería. “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso también espantará a los suris, vicuñas y flamencos, entre otras especies”, afirma. 

“Es lamentable que a los jóvenes sólo les interese la minería habiendo tantas otras cosas por hacer, como la agricultura y la ganadería. Ya lo hablamos en la cooperativa y hay roces. Por eso tememos invertir mucho en turismo y que dentro de unos años los paisajes estén destruidos y nos obliguen a irnos. Es triste el desarraigo, tener que comenzar todo de nuevo en otro lado”, precisa preocupado por el futuro de sus dos hijos.

Coincide con esta postura Herminia, de 38 años, madre soltera de cuatro hijos, que se dedica a la cría de llamas, teje y cocina para los turistas. “Ya lo pensé y no quiero la minería, mis hijos tampoco. En unos años quedará todo destrozado y esto será puro desierto para nuestros nietos y sus hijos”, señala. En junio, admitió que desde Tecpetrol había cierta premura para que la comunidad tome una decisión. “Quieren que firmemos rápido para que ellos puedan explorar y hay un grupito de mayores y jóvenes que está apurando, que dice que estamos perdiendo oportunidades”, sostiene.

“A mí me gustaría que haya consenso, que no se tenga que votar porque eso provocará roces. Lamentablemente, el pueblo está dividido”, adelantaba en junio Raúl Callata. El consenso, finalmente, no fue posible.

ED

Jujuy, Salta y Catamarca promocionaron durante años a sus salares de altura como exclusivos destinos turísticos pero en los últimos años ese interés perdió terreno porque esos mismos lugares se han convertido en el objetivo de empresas que van en busca de la extracción de litio, favorecidos por políticas locales y nacionales. Se trata de ecosistemas que tienen características especiales por encontrarse a más de 3.000 metros altura sobre el nivel del mar y porque son el hábitat de comunidades de flamencos, entre ellos, el andino, cuya colorida presencia se destaca. Todos los años, desde septiembre, estas esbeltas aves emprenden uno de los mayores desafíos de sus vidas: volar desde las lagunas en donde pasaron el invierno, en Santa Fe y Córdoba, hasta los “mares de sales” de la alta montaña para reproducirse. Hoy esta ruta está en peligro por el auge de la actividad minera.

Elegantes, de plumaje rosado y de poco más de un metro, pico prominente y de punta negra, patas largas y amarillas, el flamenco andino ya formaba parte de la vida cotidiana de los pueblos originarios y su presencia no pasó desapercibida. Tanto, que dentro del ajuar de “Las niñas de Llullaillaco”, los cuerpos de menores momificados hallados en 1.999, en la cima del volcán del mismo nombre, en Salta, se encontraron plumas de flamencos, informó Enrique Derlindati, doctor en Ciencias Biológicas, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. De acuerdo a su datación, esos restos tendrían 500 años de antigüedad. 

Este investigador estudia a estas aves desde la primera vez que las vio, en 1994, cuando era estudiante. “Quedé fascinado, hipnotizado por su belleza, por el colorido de su plumaje que contrastaba con los marrones de las montañas y con el blanco salino”, rememora sobre ese encuentro en la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En la actualidad es una Reserva de Biosfera, declarada por la UNESCO; Sitio Ramsar (biodiversidad de relevancia internacional) y Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA) que, además, integra la Red de Humedales para la Conservación de Flamencos Altoandinos y la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

Derlindati señala que los lugares de nidificación coinciden, “lamentablemente”, con el Triángulo del Litio que está formado por zonas de alturas de Argentina, Chile y Bolivia, por lo que la presión sobre los espacios de reproducción es constante y a esto hay que agregar que se trata de ecosistemas muy frágiles. “El avance no se detiene y es preciso tomar medidas porque favorecer su presencia es un reflejo de una buena salud de estos ecosistemas. La actividad litífera explotó en los últimos años y se pueden adoptar medidas sin que se generen conflictos de intereses pero es necesaria una fuerte decisión de política ambiental”, señaló. Urge porque, explicó en base a estudios, la explotación de litio mediante salmueras, el método más económico, ya provocó que esta familia de flamencos haya sido declarada “vulnerable” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Migración

Para evitar los duros fríos del invierno en la alta montaña, que serían imposibles de soportar para sus frágiles cuerpos, estas aves migran a la Pampa Húmeda y se instalan en la laguna Mar Chiquita, en Córdoba; y en las lagunas Setúbal y Melincué, en Santa Fe, entre otras. Los primeros estudios de esta migración se realizaron en los años 90 por investigadores que colocaron dispositivos (anillos) en 2.000 ejemplares, a través de los que se hizo un seguimiento satelital para determinar su ruta anual. Así se observó, por ejemplo, que en verano, partiendo de Mar Chiquita, cubren hasta 1.800 kilómetros hacia las lagunas de la Puna, en un tiempo de entre 17 a 20 horas. “Es una verdadera proeza que hacen de un solo tirón y en un vuelo activo, moviendo las alas, porque los flamencos no planean. Y eso les demanda mucha energía”, contó Derlindati a elDiarioAR. Esto implica, además, el plus de que para acceder a las zonas de reproducción y nidificación también deben elevarse hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar, en algunos casos. Y lo hacen. 

También en los años 90 comenzó a realizarse un censo de las colonias de flamencos cada cinco años, que se concreta a través del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), más otras instituciones y organizaciones ambientalistas. En 2025 debería realizarse el séptimo censo. En esos estudios se detectó que de las tres especiales de flamencos (andino, puna y chileno), el andino –exclusivo de los Andes– redujo su presencia, cuyo número actual ronda los 80.000 ejemplares. Pero lo más alarmante es la reducción de los ejemplares jóvenes y si eso continúa, podría poner al borde de su desaparición a algunas bandadas. “Estas aves, además, tienen un modo de alimentación que es muy específico, con crustáceos, microorganismos, algas y diatomeas, por lo que no cambian de lugar. Si se ve afectado, mueren”, contó el investigador. 

La causa de este descenso tiene una única respuesta y obedece al avance de la minería litífera. “Ya

Ya casi no hay lagunas que no hayan sido intervenidas por las empresas, que en pocos meses montan verdaderas ciudades

Enrique Derlindati — Biólogo y docente de la Universidad Nacional de Salta

casi no hay lagunas que no hayan sido intervenidas por las empresas, que en pocos meses montan verdaderas ciudades, lo que implica un enorme tráfico de vehículos. Justo en los mismos lugares en donde estas aves se reproducen y nidifican en sitios aislados, lo que provoca que los flamencos huyan por las exploraciones que se están realizando y avanzan“, indicó el salteño.

–¿Es posible hacer algo, en este escenario?, le consultó elDiarioAr.

–Es posible, se requiere de mucha voluntad y decisión. Hay que encontrar instancias de acuerdo y de diálogo con las empresas, como en Chile, por ejemplo, en donde se han recuperado colonias de flamencos en algunas lagunas de altura en las que estaban al borde de su desaparición.   

–¿Cree que las empresas puedan colaborar en la conservación de los flamencos?

–Entiendo que algunas están más dispuestas que otras y como en los últimos años se han generado a nivel internacional estándares de calidad en los procesos de explotación, que incluyen certificaciones sobre el cuidado de la fauna y la flora, las empresas están más dispuestas a participar de acciones de cuidado mediombiental.

–¿Qué medida concreta podría adoptarse?

–Una muy efectiva y que está probada en Chile, sería que las empresas reduzcan sus actividades en los meses de lluvia, de noviembre de febrero, cuando los flamencos necesitan de las lagunas para vivir. En ese período también se ve afectado el desarrollo de las tareas mineras, así que se podría llegar a acuerdos.

–¿Qué rol le cabe a los gobiernos provinciales, que son los responsables de regular la actividad minera?

–Es fundamental que estos gobiernos se comprometan porque las empresas avanza hasta donde la legislación se los permite y hay que actualizar las leyes. Por ejemplo, la Ley Ambiental de Salta es de 2001 y urge su actualización, de la misma manera que en otras provincias. 

–¿Además de la minería del litio en la región andina, corre riesgo la ruta de los flamencos por la presión de la actividad agrícola en la Pampa Húmeda?

–En esas zonas de humedales también está en peligro el hábitat de los flamencos porque algunos ya se secaron, fueron drenados y transformados para la actividad agrícola y para urbanizaciones, en menor medida. No se toma conciencia que se puede convivir con estas aves pero hasta ahora el avance no las contempla y los humedales se están transformando de manera total, desapareciendo.

–¿Hay riesgo de que se extingan los flamencos si nada cambia? 

La extinción es un proceso natural y que estuvo siempre presente pero lo que no se debe naturalizar es la actual tasa de extinción de especies, que es muy veloz, producto de la presión de la humanidad. En un proceso natural una extinción permite y le da paso a que surjan nuevas especies u otras que las reemplazan, eso es lo que la humanidad alteró y plantea dilemas éticos sobre hasta dónde llegaremos.

Crece la presión  

En algunas regiones andinas de nuestro país, para que las empresas puedan realizar exploraciones en busca del “oro blanco”, el litio, deben contar con la licencia social que otorga la comunidad originaria de la zona de interés y que controla ese territorio ancestral. En junio, la petrolera Tecpetrol, de la multinacional ítalo-argentina Techint, logró su objetivo en la Puna jujeña: la aprobación de un sector de la comunidad indígena de Rinconadillas, ubicada en un pasaje aislado, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en lo más alto de esta región, para explorar la Laguna de Guayatayoc. Así se pudo establecer por una investigación de la alianza entre Mongabay y elDiarioAR, en base a testimonios y documentos de la asamblea local.

Una característica de esta zona es que se encuentra pegada a Las Salinas Grandes y ambas son el destino anual de los flamencos. La creciente presión de la minería del litio, favorecida por los gobiernos provinciales, ha provocado que algunas comunidades, de las 38 que existen en esa cuenca, ya hayan otorgado la licencia social para las exploraciones. Para algunos, una mala noticia por el impacto que generará.

Idelfonso Sarapura, de 35 años, el único guía de turismo de Rinconadillas, en diálogo con este medio, reflexionó: “Cualquier acción genera un impacto ambiental, social y cultural, hasta la turística, pero la actividad minera impactará de muchas maneras, en el agua, en el paisaje, en la flora y la fauna. En unos años, pasaremos de una gran planicie a tener obras artificiales, con inmensos piletones y un gran movimiento vehicular. Todo eso espantará a los surys, vicuñas y flamencos, entre otras especies, una gran pena. Cuando eso ocurra, prefiero irme del pueblo.

DC/MG

Un grupo de científicos descubrió el depósito de litio más grande del mundo en la Caldera McDermitt, un volcán extinto situado entre los estados de Nevada y Oregón, Estados Unidos. Según las estimaciones, este yacimiento alberga entre 24 y 40 millones de toneladas de litio, lo que lo convierte en el más grande conocido hasta la fecha. La caldera tiene una extensión de 45 kilómetros de largo y 35 kilómetros de ancho, y este hallazgo podría cambiar el panorama global de la producción de litio.

El litio es un mineral esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, tecnologías claves para la transición energética hacia fuentes limpias. Hasta ahora, países como Bolivia, Chile y la Argentina, que forman el famoso “Triángulo del Litio” en América del Sur, dominaron la producción mundial de este recurso. Bolivia, por ejemplo, alberga alrededor de 23 millones de toneladas de litio en sus salinas de Uyuni, cifra que hasta este descubrimiento, representaba una de las mayores reservas conocidas.

Este importante hallazgo en Estados Unidos fue realizado por los geólogos y vulcanólogos Thomas Benson, Matthew Coble y John Dilles, quienes publicaron los detalles en la revista Science Advances. El depósito se encuentra en la Caldera McDermitt, situado entre los estados de Nevada y Oregón.

Impacto en Argentina: ¿una oportunidad o una amenaza?

La Argentina es uno de los principales productores de litio en el mundo, con grandes proyectos de extracción en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. En los últimos años, nuestro país experimentó un auge en la inversión internacional en este sector. De acuerdo con datos actualizados, la Argentina alberga más de 20 millones de toneladas de reservas de litio y en 2023 se consolidó como el cuarto productor mundial, exportando más de 40.000 toneladas de carbonato de litio anuales. Además, las proyecciones indican que la producción de litio argentina podría triplicarse para 2025, alcanzando entre 175.000 y 200.000 toneladas anuales.

El descubrimiento en Estados Unidos podría representar un desafío, ya que ese país podría aumentar su autosuficiencia en litio y reducir su dependencia de las importaciones, lo que afectaría a los mercados internacionales. Sin embargo, también abre nuevas oportunidades. La Argentina podría beneficiarse indirectamente de la mayor demanda mundial de litio impulsada por la transición energética y el crecimiento de la industria de vehículos eléctricos. Con una producción creciente y menores costos operativos en sus salares, Argentina aún tiene una posición ventajosa en la cadena global de suministro.

Este hallazgo en Estados Unidos podría llevar a un reajuste en el equilibrio del mercado, pero no necesariamente eliminaría la relevancia de los productores sudamericanos. A corto plazo, Argentina debe seguir capitalizando su capacidad productiva y atraer inversiones en infraestructura y tecnología de extracción más sostenible. Además, con el impulso de una demanda global sostenida, la oferta de litio argentino seguirá siendo competitiva, especialmente considerando que las reservas norteamericanas pueden tardar años en ser plenamente explotadas.

JJD

Cumplir con los objetivos del cambio climático requiere avanzar en la transición energética. Avanzar en la transición energética requiere acelerar la sustitución de vehículos tradicionales, propulsados por combustibles fósiles, por vehículos eléctricos. Sustituir los vehículos tradicionales por eléctricos demanda la producción de baterías eléctricas capaces de almacenar energía. Y las baterías eléctricas necesitan de un insumo fundamental: el litio. De toda esta cadena de demandas se derivan las oportunidades económicas de nuestro país: Argentina tiene grandes reservas de un mineral fundamental para mitigar el cambio climático.

Sin embargo, contribuir con la mitigación del cambio climático global tiene como contrapartida riesgos ambientales y sociales a nivel local, puntualmente en los sitios de extracción de los minerales en el noroeste argentino. Los componentes de litio que se utilizan para la producción de baterías no se producen solos: primero hay que extraer el mineral de los salares de la Puna argentina, en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Esta extracción, y su posterior procesamiento, conlleva riesgos relevantes, como la alteración del balance hídrico de las cuencas donde se ubican los salares; la afectación a la biodiversidad de estos ecosistemas; el desplazamiento de pueblos indígenas y la afectación a otros sectores productivos que utilizan los mismos recursos (agua y recursos humanos, por ejemplo).  Atender estos impactos no sólo es un fin en sí mismo, sino también una condición para la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

¿Cómo se logra esto? La respuesta por excelencia es: con regulaciones. Con reglas que digan qué se puede y qué no se puede hacer, cómo hay que hacer ciertas cosas y qué consecuencia hay por no cumplir los requisitos para hacerlas. En primer lugar están las leyes que sanciona y controla el Estado para regular la vida social en general y las actividades económicas en particular. Pero las regulaciones públicas no son las únicas que organizan la actividad minera: también existen los llamados estándares privados. Los estándares privados son un conjunto de reglas, pero escritas y controladas por actores no estatales, como empresas y ONGs.

Simpatías y diferencias entre las regulaciones públicas y privadas

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las regulaciones privadas y las regulaciones públicas? ¿Unas y otras tienen las mismas exigencias con las empresas mineras? ¿Convergen o divergen? Tomemos, por ejemplo, el estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés), que es el que se está utilizando para certificar el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, operado por la empresa estadounidense Arcadium Lithium (ex Livent). 

IRMA es una iniciativa transnacional que surgió de una alianza entre diversos actores: empresas mineras, empresas demandantes de minerales para usos industriales, ONGs, comunidades locales afectadas por la actividad, asociaciones sindicales y entidades financieras. La certificación, en particular, consiste en desarrollar una auditoría externa que evalúa el cumplimiento de varios requisitos a lo largo de una serie de dimensiones, como la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y la integridad empresarial. El resultado de la auditoría se refleja en un puntaje en una escala de 0 a 100 y refleja el desempeño de la empresa. Es decir, es un mecanismo por el cual se acredita que una empresa minera, en un proyecto determinado, cumpla con ciertos requisitos deseables para el desarrollo responsable de la minería. 

¿Qué vemos si comparamos IRMA con la normativa que regula la actividad minera en Catamarca, compuesta tanto por normas nacionales (como la Ley General del Ambiente) como por provinciales (por ejemplo, la resolución ministerial 74/2010)? En principio, vemos que se parecen bastante en materia de evaluación de impacto ambiental, que es un mecanismo clave de control y rendición de cuentas en materia ambiental. Ambas exigen a la empresa minera un informe de impacto ambiental previo al comienzo de las distintas etapas de un proyecto minero y el contenido de ese informe es muy parecido. En este aspecto, IRMA y la regulación pública convergen.

En materia de participación ciudadana y comunitaria, otro mecanismo clave en el control y la rendición de cuentas, la regulación pública e IRMA también tienden a parecerse, aunque con algunas diferencias. Ambas regulaciones prevén formas de participación temprana, continua e informada para la ciudadanía y la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, mientras la legislación pública se basa principalmente en instancias de consulta, IRMA exige involucramiento, que representa una forma más intensa de participación. En este punto, convergen parcialmente.

Pero las divergencias más grandes aparecen en la consulta previa, libre e informada (CPLI) a los pueblos indígenas: mientras la normativa pública habla de llevar adelante una consulta a los pueblos indígenas afectados, IRMA exige a las empresas obtener el consentimiento de esos pueblos. Esta es una diferencia sustancial. En un caso, el resultado importa. En el otro, no. IRMA detalla a su vez cuestiones procedimentales que no están presentes en la legislación local: el gran problema con la CPLI es que no está claro cómo debe llevarse adelante el proceso de consulta ni cuál es la consecuencia de no llevarla adelante, ni mucho menos de no obtener el consentimiento. Aquí hay un gran vacío legal por cubrir.

El mercado y el Estado: complementar, no reemplazar

Hasta acá, expusimos una paradoja: los estándares privados voluntarios pueden ser más completos y exigentes que la regulación pública. Es decir, las empresas (o el mercado) se (o le) imponen estándares sociales y ambientales más exigentes que los que impone el Estado. Aunque esto se vuelve menos paradójico si pensamos que las empresas mineras tienen sus propios motivos para demostrar el cumplimiento de estándares sociales y ambientales de calidad. No sólo es una exigencia del mercado (en particular, de demandantes de litio, como las empresas automotrices), sino también es importante para contar con la aprobación de la sociedad y de las comunidades, y de esa forma operar sin riesgo de conflictos que pongan en peligro el normal desarrollo de la actividad.

¿Está bien tener regulaciones privadas más robustas que las públicas? En principio, no parece ser, por sí solo, algo negativo. Pueden complementar a la legislación estatal generando un esquema doble de rendición de cuentas que garantice mayor seguridad. Y este tipo de certificaciones muchas veces son necesarias no sólo para contribuir a la sostenibilidad social y ambiental de la actividad, sino también por motivos económicos, dado que permiten mantener mercados, acceder a nuevos y diferenciar productos. El problema está en apoyarse exclusivamente en los estándares privados que son iniciativas voluntarias cuyo incumplimiento no tiene consecuencias operativas: en todo caso, el incumplimiento de ciertos requisitos se traduce en una mala calificación, lo que empeora la imagen de la empresa frente a sus accionistas, posibles inversores y consumidores. No es poco, pero es insuficiente.

Estos incentivos de mercado no son despreciables en absoluto: las preferencias de accionistas, inversores y consumidores pueden incentivar comportamientos positivos por parte de las empresas mineras y ser un mecanismo de procesos de sostenibilidad social y ambiental. Pero no pueden ser el único mecanismo. El fin último debe ser fortalecer la regulación pública, es decir, las normas que son sancionadas y aplicadas por autoridades directa o indirectamente elegidas por la ciudadanía y que deben rendir cuentas ante ella por sus acciones. Normas cuyo incumplimiento acarrea consecuencias operativas concretas, como la denegación de un permiso, la paralización de un proyecto o la obligación de restaurar o indemnizar un daño ambiental, y cuya aplicación es respaldada por la fuerza pública. Para decirlo claramente: no se trata de descartar las certificaciones privadas (por el contrario, impulsarlas puede traer beneficios tanto en materia social y ambiental como económica), sino de no apoyarse exclusivamente en ellas. Deben complementar, no suplir. 

Las iniciativas privadas podrán reemplazar sólo transitoriamente la falta de iniciativa de un Gobierno nacional que —en el mejor de los casos— parece no tener interés en liderar una estrategia de sostenibilidad social y ambiental de la actividad o que, en una mirada más detenida, parece ir a contramano de ese objetivo. Pero más temprano que tarde debemos fortalecer la regulación pública y garantizar su implementación efectiva si queremos tener una minería de litio responsable y sostenible, que le permita a Argentina aprovechar las oportunidades que brinda el contexto internacional.

El autor es investigador de Recursos naturales de Fundar.

TA/DTC

No importa que Javier Milei viaje a Estados Unidos sólo a fotografiarse con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, o que niegue que el ser humano es responsable del cambio climático. Al gobierno demócrata de Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, aspirante a sucederlo, le interesa que la Argentina provea de litio, pero también de otros minerales usados por los autos eléctricos, como cobre, manganeso y cobalto.

Así lo manifestó su subsecretario para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández, nacido en Cuba, que vino este miércoles y jueves a Buenos Aires a firmar un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en esos minerales críticos y a lanzar un proyecto de US$500.000 para asesor técnicamente a la Argentina en el diseño de su plan de transición energética.

Fernández se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la canciller Diana Mondino —que hasta el año pasado decía desconocer lo que era el cambio climático— y el secretario de FInanzas, Pablo Quirno. “Vinimos a mejorar las relaciones”, anunció el subsecretario ante periodistas en el Palacio Bosch, residencia del embajador norteamericano. “Estamos en un momento clave en que el mundo necesita minerales críticos para descarbonizar. Y la Argentina tiene varios de esos mineras críticos para llegar a esa meta. Vamos a necesitar 42 veces más de litio que en la actualidad para alcanzar la meta en 2050. Esa una necesidad para el mundo y una oportunidad para Argentina. Queremos proyectos que beneficien a las comunidades, respeten las leyes y el medio ambiente para que los países no deban decidir entre el desastre ambiental y el crecimiento económico”, sostuvo más allá de que fue una minera norteamericana Livent la que secó una vega (valle inundable) en su proceso de extracción de litio en Catamarca. “No conozco (el caso), no digo que los otros son diablos y nosotros somos ángeles”, después de reclamar que las empresas de China, que controlan el negocio en la Argentina junto a las de Canadá y Australia, respeten las “reglas laborales y ambientales”.

Este viernes representantes de cinco provincias mineras se reunirá con “más de 200 compañías internacionales interesadas en invertir en Argentina”, anunció Fernández como parte del nuevo memorando. Son firmas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros 13 países, algunas financieras y otras pequeñas exploradoras y grandes explotadoras de yacimientos. Contó que él se encontró este jueves con empresas y que una de ellas le comentó “muy favorablemente” sobre el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que impulsó el gobierno de Milei. “Dijeron que fue algo que les facilito tomar una decisión”, elogió Fernández, que antes había viajado a Buenos Aires como abogado de un estudio de Estados Unidos, Gibson Dunn & Crutcher, y que había sido subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del gobierno de Barack Obama.

El funcionario exigió que China “no usen su posición dominante en minerales críticos”. Cuenta con dos tercios de ellos. “China está inundando el mercado de litio y la tonelada bajó de US$85.000 a 12.000 el último año porque es monopolista y quiere destruir la competencia. Por eso, buscamos la manera de diversificar la cadena de suministros. Nunca es bueno tener un solo vendedor”, añadió Fernández. Eso sí: reconoció que la ley de reducción de la inflación (IRA, según sus siglas en inglés) favorece la importación de litio de los “pocos países que tienen acuerdos de libre comercio” con el suyo, pero “cuando necesitas 42 veces” más de ese mineral, “quieres decir que el mercado esté abierto y Estados Unidos es un mercado pero no es el único”. Con esto quiso decir que lo que la Argentina no pueda exportar a la superpotencia lo podrá colocar fácilmente en otras naciones.

“Argentina tiene una de las reservas de litio, y también de cobre, más importantes del mundo”, destacó. Pero también mencionó la necesidad de manganeso y cobalto para las baterías y las computadoras de los autos. “Es una realidad a nivel mundial: las agencias expertas dicen que vamos a requerir estos minerales”, dijo. Cuando elDiarioAR le preguntó por el negacionismo climático de Milei, Fernández contestó que lo sabía, pero que “la República Argentina ha reafirmado su compromiso con el Acuerdo de París”. De ahí que Estados Unidos le dará asistencia técnica en el plan de energía limpia. “El cambio climático es una realidad, puedes discutir el origen, pero no que debemos descarbonizar”, añadió. También alegó que él representa a Estados Unidos y por eso evitó opinar sobre el coqueteo de Milei con el rival electoral de Harris.

“Nosotros apoyamos el esfuerzo de este gobierno para estabilizar la economia e impulsar el crecimiento. Hay que buscar la forma de minimizar el costo social, que es importantísimo”, alertó Fernández. “Es un país con grandes posibilidades y ha sido elegido hacer crecer la economia de manera equitativa. Siempre hemos apoyado países quieren hacer crecer la economia y hacer decrecer la desigualdad”, sorprendió el subsecretario, dado que Milei nunca habla de la igualdad como un objetivo.

AR/JJD