En una jornada exitosa para el Gobierno, y producto del apoyo de aliados y dialoguistas, el oficialismo logró aprobar con comodidad las leyes de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La iniciativa que defiende la “emisión cero”, pisando el financiamiento al Tesoro, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Al poner la lupa en esta votación, el dato más llamativo que emerge es la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con La Libertad Avanza por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil.

También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

El resto de los legisladores respondió a la lógica: apoyaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, el grueso de Provincias Unidas y otros bloques menores habitualmente aliados; en tanto que rechazaron la iniciativa el peronismo, la izquierda, los dos socialistas santafesinos, Encuentro Federal y algunos monobloquistas.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de la actualización de la ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

En la votación del tratado en materia de Patentes (PCT) el apoyo al Gobierno fue aún más contundente (147 afirmativos contra 93 negativos), ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron solos en la postura del rechazo.

En cambio, acompañaron la sanción no solamente el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID y otros socios frecuentes del Gobierno sino además la mayoría de los legisladores de Provincias Unidas.

Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de ausentes a la hora de votar: se trataba de diputados opositores que no querían dejar registrado un apoyo hacia el Gobierno.

En esa lista de ausentes aparecen nombres como Mónica Frade, Miguel Pichetto, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Pagano, y también diputados de Unión por la Patria como Agustina Propato y Guillermo Michel.

Con información de NA.

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logró blindar el quórum para aprobar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés). La sesión comenzó al mediodía y se espera que se extienda hasta la madrugada.

En realidad, los votos para aprobar esas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al Gobierno leyes que benefician a sus comunidades locales.

La última incorporación al temario, a pedido del macrista Fernando de Andreis, es el proyecto de “Ley Joaquín”, una iniciativa de la diputada kirchnerista Luciana Potenza que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien este miércoles anunciaba la integración de su espacio a un nuevo bloque (“Argentina Federal”, una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

El resto de los proyectos de ley, en cambio, apenas tienen relevancia simbólica, como la declaración de capitales nacionales de distintas ciudades y provincias del país.

Allí emerge, por ejemplo, la declaración de la provincia de Tucumán como capital nacional de ecoturismo, de Santa Cruz como capital nacional de natación en aguas frías, de San Juan como capital nacional de la Educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como capital nacional del cerdo negro.

Completan el rompecabezas la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La oposición más dura, ajena a este reparto de favores, madura una estrategia para golpear al oficialismo en su punto más débil: llevará al recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las magras pensiones por discapacidad.

Se trata de recrear narrativas que ya demostraron que le hacen mella al presidente Javier Milei, quien durante su incursión en la Bolsa de Comercio de Rosario recurrió a un fuerte tono discursivo para minimizar la morosidad.

El formato elegido por Unión por la Patria y sus aliados coyunturales para contragolpear al oficialismo será el pedido de apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de comisiones.

En ese sentido, se prevé una inconducente discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para incluir sobre tablas la moción de apartamiento y luego su aprobación.

Más allá de esas cuentas estériles, la oposición no estaría en condiciones de alcanzar el número, pero sí le bastará para visibilizar problemas que incomodan y mucho al Gobierno.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con información de NA.

Este viernes el presidente Javier Milei tuvo una agenda de alto impacto en la Casa Rosada: recibió al millonario inglés Maurice Ostro, que busca apalancar el Súper RIGI, también al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y un nutrido grupo de legisladores republicanos, y cerró la mañana con los representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales con operaciones en la Argentina. La reunión, encabezada por su titular Gastón Domingues Caetano, ocurre mientras el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está sin fecha para ir al recinto en la Cámara de Diputados: tiene dictamen favorable de comisión, pero el oficialismo no logra cerrar cuándo lo lleva al recinto.

La visita de CAEMe no fue un trámite de cortesía. La cámara sostuvo durante todo el debate la misma posición: que el PCT se vote sin modificaciones, tal como llegó del Senado con media sanción de 1998. Esa postura choca con el giro que el propio Gobierno aceptó hace pocos días: incorporar una reserva al Capítulo II del tratado, una concesión a los laboratorios nacionales nucleados en CILFA que las multinacionales rechazaron desde el primer momento. La reunión de hoy sucedió en ese contexto de fuerte presión de un acuerdo que involucra negociados por unos US$3,3 mil millones.

Como señal de distención, la CAEMe anunció ante Milei un compromiso de inversión de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años. Del encuentro participaron los gerentes generales de MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer, encabezados por Caetano. Junto al Presidente estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según el comunicado de CAEMe, los laboratorios asociados se comprometen a realizar una inversión total acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Salud. La Argentina tiene actualmente más de 50.000 pacientes participando en 1.000 estudios clínicos; solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos ensayos, un 8% más que el año anterior. “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina”, dijo Domingues Caetano en el comunicado. “No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo.”

El cambio en el PCT

Más allá de las fotos y compromisos públicos, en el trasfondo de discusión está el PCT, en particular la reserva al Capítulo II que trabó todo en el Congreso semanas atrás. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para las multinacionales, ese mecanismo acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse. La cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional puso sobre la mesa un número concreto: si el PCT se aprueba sin esa reserva, el perjuicio para el sector podría estimarse en más de US$3.321 millones, según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En el otro extremo, CAEMe y la AmCham —la cámara de comercio Argentina-EE.UU.— enviaron cartas a la diputada Juliana Santillán y Martín Menem oponiéndose a cualquier cambio en la letra del tratado.

Hace apenas días, el Gobierno cedió. Una fuente oficial involucrada directamente en la negociación lo confirmó a elDiarioAR sin eufemismos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, dijo al ser consultada específicamente sobre las demandas de CILFA. El cambio aceptado —incorporar la reserva al Capítulo II— implica que el texto que vote Diputados sea distinto al que aprobó el Senado en 1998, lo que obliga a que la Cámara alta vuelva a pronunciarse. De los más de 150 países miembros del PCT, solo Uruguay tiene esa reserva adoptada, desde enero de 2025.

La cadena de presiones

El lobby farmacéutico en torno al PCT fue intenso desde el arranque. Fuentes libertarias lo describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad. El cruce de intereses incluyó cartas enviadas a los diputados, frenadas de último momento en el Congreso y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria.

El encuentro fue el martes 21 de abril, en la casa de una periodista. El menú fueron empanadas; el tenor, reservado. La reunión se organizó bajo la regla de Chatham House —se puede contar qué se discutió, pero no quiénes hablaron— con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economics y experto en regímenes globales de propiedad intelectual, quien días antes había disertado en la UNSAM. Entre los comensales hubo un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y representantes de empresas norteamericanas.

En esa cena ya quedó claro que el Gobierno no cumpliría con su promesa a Trump: el PCT no se sancionaría antes del 30 de abril, como Milei se había comprometido al firmar el acuerdo comercial bilateral. También flotó la posibilidad de que hubiera cambios en la letra del texto, algo que después se confirmó con la aceptación de la reserva al Capítulo II. La sorpresa llegó el propio 30 de abril, cuando la administración Trump retiró a la Argentina de la categoría más crítica de su Informe 301, el ranking anual de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de los chicos malos del mundo”, reconoció una fuente libertaria.

Por qué no avanza

El PCT tiene dictamen favorable en Diputados —el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, fue al plenario de comisiones a defenderlo— pero no tiene fecha de sesión. En el Gobierno explican la demora por factores externos: Estados Unidos tuvo dos reveses judiciales con su propio cuadro arancelario y todavía tiene que terminar de implementar el acuerdo bilateral con la Argentina. La expectativa oficial es que a fines de junio o mediados de julio se publiquen los nuevos aranceles estadounidenses y recién entonces se despeje el horizonte para el tratado.

Desde el Congreso, la lectura tiene otro matiz. Una diputada que sigue de cerca el expediente reconoció a elDiarioAR ayer que el PCT directamente no daba para incluirlo en la sesión de la semana pasada, que tuvo como eje el debate de Zonas Frías y resultó complicada de por sí. “Tampoco podemos abrir varios conflictos a la vez”, graficó. El PCT lleva casi 30 años esperando. La visita de hoy a Casa Rosada agrega un capítulo más a esa historia.

El Gobierno acordó finalmente con las farmacéuticas y el oficialismo logró este martes en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto de adhesión al tratado de cooperación internacional en patentes (PCT) que Donald Trump le pidió a Javier Milei. La sesión en la Cámara baja está prevista para el 20 de mayo.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local. Ese cambio significará que el PCT vuelva a debatirse en el Senado, donde obtuvo media sanción en 1998.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales. Las cámaras de medicamentos argentinos habían anticipado un perjuicio de US$3,3 mil millones para el mercado local si se firmaba el PCT con su texto original.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay. El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”. También la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el proyecto: “Esta herramienta permitirá al país integrarse al comercio internacional, incentivar la innovación y generar reglas más simples para quienes invierten, producen y desarrollan conocimiento”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado. Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea.

“Esto está en el contexto de una política deliberada del Gobierno de integrar a la Argentina en el comercio internacional”, apuntó el funcionario del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Aclaró que la adhesión al tratado de cooperación no implica de modo alguno que Argentina “resigna la soberanía en materia de patentes”, “ni altera los criterios de patentabilidad locales”, y que el objetivo es “darle simplicidad a los inventores” para registrar sus invenciones.

“Va a seguir siendo el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) el que decida sobre patentamientos”, señaló Cacace. Al respecto, explicó que lo que introduce el PCT es una suerte de “mesa de entrada común” para todos los países adherentes, con un formulario único. Hasta ahora, un emprendedor o startup, si quería patentar mediante PCT tenía que asociarse a un inventor extranjero.

“Lo que le estamos dando a los inventores argentinos es que en lugar de que tengan que estar peregrinando por el mundo puedan presentar una sola solicitud en el INPI, y esa solicitud valerá para los 159 países”, remarcó el ex diputado nacional.

A su turno, Ferraro denunció que “estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido”. A su entender, al poner en reserva el capítulo II, se está “cometiendo un error” porque “va a reducir los beneficios prácticos” del sistema internacional de patentes.

Según dijo, dicho capítulo no altera “las condiciones de patentabilidad”, no condiciona “la capacidad regulatoria de la Argentina”, “no modifica criterios sustantivos para poder inscribir las patentes” y solamente busca “facilitar la presentación de solicitudes de patentes de invención”. “La adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”, sostuvo Ferraro, que presentó su propio dictamen de minoría. “No saquemos una media sanción con una reserva del capitulo 2 que no es escalable con la República Oriental del Uruguay”, reclamó, infructuosamente.

Por su parte, Santiago Cafiero (Unión por la Patria) explicó que el rechazo del bloque peronista está “fundado principalmente en la urgencia con la que se trató este proyecto, que no tienen otra cosa que ver con el acuerdo comercial que hizo Argentina con Estados Unidos”. “Es un acuerdo que ya se cayó porque la Suprema Corte de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado”, apuntó.

“Ese acuerdo había sido muy celebrado por el presidente de la Nación y todos sus funcionarios. Uno de los compromisos era terminar de suscribir a este tratado de patentes. Para nosotros no es ni más ni menos que hacer pasar por el Congreso un acuerdo con Estados Unidos sin beneficios aparentes para la Argentina”, resaltó. Para el ex canciller, no se le puede exigir al Congreso que trate el acuerdo con Estados Unidos “de a pedazos porque se les cayó el acuerdo marco”.

“Hoy las universidades e investigadores no están presentando patentes. Están en la plaza reclamando por presupuesto que ustedes les chorean. Les pasaron la motosierra y se cagan de la risa como recién. Les divierte la destrucción de la capacidad científica y tecnológica de la Argentina y que las universidades se queden sin recursos”, lamentó. “Las concesiones con Estados Unidos la hicieron ustedes a titulo personal sin ningún tipo de beneficio para la Argentina”, concluyó Cafiero.

MC

Una cena reservada e informal –el menú fueron empanadas– marcó el tono de las conversaciones reservadas y con fuerte interés empresarial y diplomático que hay por el tratado de patentes conocido como PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), donde están en juego unos US$3,3 mil millones. El encuentro reunió a funcionarios del gobierno de Javier Milei, representantes de compañías de Estados Unidos y hasta un experto británico en el tema, y fue en la casa de una periodista, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes que estuvieron en la comida.

El cónclave ocurrió el martes 21 de abril a la noche, una semana después de que se suspendiera a último momento un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se iba a comenzar a discutir el PCT. El tratado es clave porque fue una promesa que Milei le hizo a Donald Trump cuando firmó el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos a fines del año pasado, y que tuvo rúbrica final en febrero pasado. El libertario prometió que iba a ser sancionado antes del 30 de abril –es decir, el jueves pasado– pero no llegó a cumplir su palabra.

El paso en falso de Milei se debió al fuerte lobby por parte de la industria farmacéutica para que se pateé el debate y se incorporen cambios en la letra del tratado. El PCT ya tiene media sanción del Senado desde septiembre de 1998 –nunca perdió estado parlamentario porque es un acuerdo internacional– y el apuro del Gobierno para sancionarlo antes de mayo se debía a que este 30 de abril era el día en que Washington publicaba su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual (al cierre de esta nota aún no estaba publicado).

Este miércoles, en una decisión sorpresiva para el Gobierno, EE.UU. retiró a la Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de chicos malos del muundo”, admitió una fuente libertaria ayer.

“Veníamos observados hace 30 años en su reporte anual de comercio como que provocábamos distorsiones por la falta de respeto a la propiedad intelectual”, agregó el funcionario consultado. En el mundo empresarial también celebraron, aunque también remarcaron que sigue siendo un pendiente la sanción del PCT “para la innovación en general”.

En marzo pasado, también para sorpresa de los empresarios, el gobierno de Milei firmó la Resolución Conjunta 1/2026 que derogó la normativa vigente desde el año 2012 que restringía el otorgamiento de patentes farmacéuticas en Argentina. Fue otro guiño para el negocio de las multinacionales. El eslabón que falta es el del PCT.

Rosca de empanadas

Entre los comensales de la cena informal hubo, entre otros, un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y de empresas norteamericanas. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economic, experto en los regímenes globales de propiedad intelectual y quien el lunes pasado disertó en la UNSAM. Shadlen fue parte de la comida pero las fuentes consultadas por este medio evitaron precisiones ya que el encuentro se basó en la regla de Chatham House: se puede decir qué se habló, pero no quiénes hablaron.

Algo que sí quedó claro en la conversación fue que el Gobierno no iba a cumplir con la meta de la sanción del PCT para el 30 de abril. También flotó en el aire la posibilidad de que haya cambios en la letra chica del acuerdo en Diputados. Esa eventualidad fue confirmada luego a elDiarioAR por una fuente libertaria involucrada en la rosca parlamentaria y que estuvo en la comida.

Cualquier modificación en el PCT a instancia de la votación en la Cámara baja obligaría a una revisión en el Senado, una situación que impulsan los laboratorios nacionales (nucleados en la cámara CILFA) y que rechazan las multinacionales (vinculadas a la cámara farmacéutica CAEMe y a la AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU.).

La adhesión al PCT supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, pero el punto de mayor discusión es el Capítulo II, que –según los involucrados– facilitaría el evergreening, una “trampa legal” para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos. CILFA impulsa que en el texto a la adhesión haya una explícita “reserva” al Capítulo II, pero AmCham y CAEMe se niegan. Uruguay es un país que tiene esa posición ya adoptada, y fue uno de los puntos debatidos con el británico Shadlen en la cena. El Capítulo II también habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea.

El PCT también alcanza a las semillas y agroquímicos. El tratado impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición en el Congreso– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios. Los críticos del tratado estiman que sin restricción de patentes hay un ahorro de 3.321 millones de dólares que, entienden, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

“Lo importante para nosotros es que el PCT se trate. Es una exigencia del sector de innovación y las tecnológicas, no solo de las farmacéuticas. Y lo ideal sería que no haya modificaciones para que el trámite parlamentario sea mucho más ágil”, planteó uno de los voceros empresariales que estuvo en la cena reservada. 

La puja por incorporar o no cambios en el PCT se materializó días atrás con una serie de notas escritas de CILFA, AmCham y CAEMe que llegaron a los despachos de los diputados para explicitar su posicionamiento. En especial se enviaron a Martín Menem –presidente de la cámara– y a Juliana Santillán –titular de la comisión de Relaciones Exteriores–, como dio cuenta elDiarioAR el domingo pasado.

Lo que quedó flotando entre los comensales es que el PCT tiene todos los ingredientes de un conflicto que el Gobierno no termina de resolver: es una promesa diplomática con Washington, una batalla entre corporaciones con miles de millones en juego y, en el fondo, una discusión sobre quién paga los medicamentos en Argentina.

MC

Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List -la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual- y ubicarla en la Watch List, en reconocimiento a una serie de reformas recientes orientadas a fortalecer la protección y la aplicación de estos derechos.

La decisión fue oficializada en el último informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cada año evalúa el estado de la propiedad intelectual en los socios comerciales. Ese reporte, conocido como Special 301, forma parte de la estrategia de Washington para presionar por estándares más estrictos en la protección de invenciones, marcas y derechos de autor, así como por mecanismos efectivos de cumplimiento en tribunales, fuerzas de seguridad y controles fronterizos.

En ese marco, la mejora en la calificación argentina se vincula con la firma, en febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países. Según el informe, ese entendimiento permitirá “mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra su robo”, en línea con uno de los objetivos centrales de la política comercial estadounidense: garantizar que los beneficios de la innovación y la creatividad retornen a su economía.

Como parte de esos compromisos, la Argentina avanzó en cambios normativos y regulatorios. Entre ellos, la derogación de limitaciones consideradas “excesivamente amplias” en materia de patentes -particularmente en el sector farmacéutico- que impedían el otorgamiento de derechos en casos que sí son aceptados en otras jurisdicciones. También se incluyeron medidas para fortalecer la persecución penal de la falsificación, mejorar los controles en frontera y habilitar herramientas judiciales más ágiles, como medidas cautelares contra la piratería.

El informe destaca además iniciativas para reforzar la aplicación de la ley, como el incremento de operativos e incautaciones en mercados señalados por la venta de productos falsificados, el desarrollo de una estrategia nacional contra la piratería y el compromiso de publicar estadísticas periódicas sobre estas acciones. A su vez, se prevé avanzar en la cooperación entre proveedores de servicios de internet, titulares de derechos y autoridades, en un contexto donde la piratería digital es uno de los principales focos de preocupación global.

En línea con lo que el propio reporte identifica como desafíos recurrentes a nivel mundial -como la falsificación, la piratería en línea y las dificultades en la aplicación efectiva de los derechos-, Estados Unidos señaló que la Argentina aún presenta problemas estructurales. Entre ellos, mencionó la persistencia de mercados físicos y digitales asociados a la comercialización de productos ilegales, así como limitaciones en la eficacia de los mecanismos judiciales y administrativos.

El documento vuelve a señalar a ferias como La Salada y zonas comerciales del barrio de Once como puntos críticos, y advierte que, si bien se registraron operativos y detenciones, la aplicación de la ley sigue siendo irregular y con demoras. En el plano digital, remarca que gran parte de las acciones contra la piratería dependen de iniciativas de los propios titulares de derechos, con resultados dispares.

También persisten observaciones en materia de patentes -particularmente en biotecnología-, protección de datos de prueba en sectores sensibles y demoras en los procesos de aprobación. Aunque el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) logró reducir el atraso, los tiempos siguen siendo elevados.

En cuanto al comercio, el acuerdo bilateral incorporó disposiciones sobre indicaciones geográficas y acceso a mercados, con el objetivo de garantizar que productos estadounidenses puedan seguir utilizando denominaciones consideradas genéricas, bajo estándares de transparencia y equidad.

Pese a estos avances, el informe deja en claro que la reclasificación no implica el cierre de las observaciones. Estados Unidos continuará monitoreando la implementación de los compromisos asumidos y mantendrá el diálogo bilateral a través de los mecanismos previstos en el acuerdo, en línea con el enfoque del Special 301, que combina evaluación, presión y negociación para promover cambios en los regímenes de propiedad intelectual a nivel global.

“Éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención”. Era la noche del 16 de septiembre de 1998 cuando el senador Eduardo Menem impulsaba la aprobación de un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en la Cámara alta. La votación finalmente fue favorable y unió al peronismo con la UCR –encabezada en el Senado por José Genoud–, y así el gobierno del entonces presidente Carlos Menem rindió tributo a su obsecuencia con Estados Unidos. 

Casi 30 años después, la sanción definitiva del tratado sigue pendiente, en medio de fuertes presiones e intereses sectoriales. Ahora otro Menem –Martín, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de aquel Eduardo– busca darle a Javier Milei –también alineado automáticamente a Washington– el tan ansiado PCT. Pero la discusión está al rojo vivo y en los últimos días escaló en un cruce de cartas e involucramiento de organizaciones de empresas norteamericanas y farmacéuticas nacionales, según pudo reconstruir elDiarioAR. En el aire del debate hay un reclamo por más de US$3,3 mil millones en juego.

El calendario en los despachos de Menem, Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tienen un círculo rojo en el próximo miércoles 30 de abril. Es el deadline en el que Estados Unidos publica su Informe 301, el ranking de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de países que no protegen adecuadamente los inventos de sus empresas. La Argentina es abonado a la “lista de vigilancia prioritaria” o “lista de chicos malos”, como planeó una fuente de la Casa Rosada. El apuro de Milei es que en el acuerdo comercial que se pactó con Trump en noviembre pasado incluía el compromiso argentino de la aprobación del PCT antes de fin de abril. Pero la coyuntura local tiene otros planes.

No hay a la vista de la semana que comienza este lunes una sesión en la Cámara de Diputados para discutir el tratado de patentes, ni siquiera un avance en la comisión de Relaciones Exteriores, que domina La Libertad Avanza y tiene el tema entre sus pendientes. La aprobación del Senado de 1998 no perdió estado parlamentario porque así corresponde con los tratados internacionales. Según dos fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR, no hay registro de otro pacto multilateral que tenga semejante demora. Sin embargo, cerca de Sturzenegger la expectativa es positiva: “El PCT se va a aprobar. Sea un mes más tarde o temprano, se va a aprobar”. Otra versión indica que el Gobierno ya no tiene apuro porque el acuerdo Trump-Milei quedó en el aire desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló la mayor parte de los aranceles del republicano, el septiembre pasado.

La guerra de las cartas

Ese “mes más tarde” es la ventana que logró abrir el lobby de los laboratorios nacionales (CILFA), que en el 13 de abril envió a la Cámara de Diputados un mail con argumentos técnicos para patear el debate. En un texto firmado por su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, y su gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Mariano Genovesi, la cámara pidió que Argentina adhiera al PCT, pero con una “reserva” en el Capítulo II. Sostienen que ese capítulo –el corazón del examen internacional de patentes– facilitaría el evergreening, la trampa legal para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos.

El Capítulo II habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Pero la evaluación libertaria es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo y como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo. La propuesta de CILFA, entonces, exigiría devolver el proyecto al Senado, lo que postergaría todo.

“El Capítulo II del PCT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la realización un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina de obligarse únicamente al Capítulo I del PCT, haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a) del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”, se lee en el texto de CILFA.

Según la cámara de laboratorios farmacéuticos nacionales, los consumidores –las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes– se ahorran un total de 3.321 millones de dólares por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares, según un estudio para 2025 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado.

En la otra vereda, la presión también es fuerte. La U.S. Chamber of Commerce (USABC) le escribió a Martín Menem una nota pidiendo que se apruebe el texto “tal como vino del Senado” en 1998. La misiva del 22 de abril argumenta “innovación, inversión, acceso a terapias, y el aislamiento de Argentina como único país del G20 fuera del PCT”. 

Hubo también tres documentos más. El 16 de abril la Universidad Austral hizo un informe técnico donde intentó rebatir “cinco mitos” que circulan en el debate parlamentario: que la reserva es práctica habitual (dice que todos los que la tuvieron la retiraron), que no afecta a solicitantes argentinos (contraargumenta que les genera costos adicionales), que los compromisos internacionales son solo formales (afirma que el acuerdo Mercosur-UE es de obligaciones concretas), que hay un problema jurídico con la enmienda de 2001 (dice que ya está resuelto), y que la adhesión colapsaría al INPI (da un argumento a favor de implementarla bien, no de no hacerla). Defiende la adhesión plena como la opción técnicamente correcta y como la que beneficia al tejido productivo local: PyMEs, universidades, CONICET, inventores individuales. 

El 20 de abril la cámara de multinacionales farmacéuticas (CAEMe), a través de Carlos Escobar Herrán, su director ejecutivo, envió una carta a la Cámara baja donde describe al Capítulo II como una herramienta que beneficia a los solicitantes para mejorar sus solicitudes antes de entrar en fase nacional. Señala explícitamente el doble estándar: hay empresas argentinas que usan el PCT desde el exterior para proteger sus inventos mientras se oponen a la adhesión local, un argumento ya usado por el Gobierno. 

Y el 22 de abril pasado también hubo una misiva de AmCham, la cámara de comercio argentina-estadounidense, firmada por su CEO, Alejandro Diaz, y enviada directamente a la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. El texto –conocido apenas una semana después de la presencia de Milei en el foro de AmCham– defiende la adhesión plena con Capítulo II, advierte que excluirlo perjudica a los solicitantes nacionales, y señala sobre la falta de adhesión al Capítulo II: “Puede ser interpretado como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual”. Usa un tono más diplomático que el USABC pero en la misma línea.

Hace dos semanas Menem tenía “todo listo” en Diputados para que avance el tratado. Se había agendado una reunión de comisiones que a última hora se levantó. Según trascendió, hubo un pedido especial de Cancillería, que maneja Pablo Quirno, para suspender el debate y demorarlo sin horizonte. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo una fuente anónima consultada entonces por la agencia NA.

En los últimos días un grupo de legisladores de distintos colores políticos viajó a Washington, justamente invitados por AmCham (la semana anterior otro grupo había ido a Boston vía la Red de Acción Política). Aceptaron el convite miembros de la comisión de RREE, que conduce Santillán. “Son viajes de lobby full”, comentó un diputado nacional de la comisión que no se subió al avión. El rumor que circula en los pasillos parlmentarios es que el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de aceptar cambios en el acuerdo, lo que obligaría a que vuelva a discutirse en el Senado. Así, podría darse otra vez la votación en la Cámara alta que un Menem –Eduardo, no Martín– encabezó aquel 16 de septiembre de 1998.

MC

Tras las quejas de muchos propietarios de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires al recibir las patentes en enero, alguna de las cuales llegaron con subas hasta el 100%, el gobierno porteño anunció que buscará ponerle un tope a los aumentos y dio marcha atrás.

El gobierno de Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura para ponerle tope a la suba y que no pueda superar la inflación del 2025: es decir, un 31,5%.

Es así que difundieron este jueves un comunicado en redes en el que anuncia que “ninguna patente se actualizará por encima de la inflación”. “El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025”, subraya.

“Ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025.”

“En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, agrega el comunicado.

Y sostiene que, “asimismo, es importante aclarar que no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, concluyó.

Aumentos superiores al 100% en patentes: el motivo

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), habían aclarado justamente que la suba no residía únicamente en la alícuota del impuesto, sino en la base imponible sobre la cual se calcula el gravamen, un factor que suele quedar en las sombras hasta que el impacto llega al bolsillo del ciudadano.

La explicación técnica detrás de estos saltos abruptos radica en la actualización de las valuaciones de los vehículos. AGIP aclaró que el impuesto de patentes se calcula sobre el valor de mercado del automotor, el cual es provisto anualmente por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA). Durante el último año, el precio de los autos usados y nuevos en Argentina experimentó una suba muy por encima de la inflación general, lo que se tradujo automáticamente en una base imponible mucho más alta para el 2026.

En este sentido, fuentes oficiales detallaron que, aunque la ciudad fijó un tope para ciertos sectores, miles de vehículos de gama media y alta, o modelos que tuvieron una alta demanda en el mercado de usados, sufrieron revalúos que superan largamente el 100%. Por lo tanto, el impuesto a pagar sube de forma proporcional a lo que vale el auto hoy en el mercado, independientemente de que la alícuota se mantenga estable. Para el fisco porteño, el promedio de aumento es del 22%, pero ese número se licúa cuando se analizan los casos de vehículos que mantuvieron un valor de reventa muy alto.

Ante este panorama de incrementos, desde el Ministerio de Hacienda porteño recordaron que existen mecanismos para mitigar el impacto financiero en los hogares. El beneficio más relevante sigue siendo el descuento por “Buen Cumplidor”, que otorga una reducción del 10% sobre las cuotas de 2026 para aquellos contribuyentes que no registren deudas al cierre del ejercicio anterior. A esto se le suma otro 10% de bonificación si se opta por la adhesión al sistema de débito automático, permitiendo un ahorro total del 20%.

Asimismo, para quienes tengan la posibilidad económica, el pago anual adelantado se presenta como la opción más defensiva frente a posibles actualizaciones futuras o pérdida de beneficios. En un contexto de incertidumbre económica, cancelar la totalidad del impuesto en enero permite congelar el valor y despreocuparse de las facturas bimestrales. Por el contrario, para quienes no pueden afrontar los nuevos montos, la AGIP mantiene abiertas las líneas de consulta y planes de facilidades para regularizar deudas previas y evitar que los intereses sigan encareciendo el mantenimiento del vehículo en la Ciudad.

Desde ahora, aquellos contribuyentes que tengan un Saldo a Favor (SAF) de Ingresos Brutos podrán usarlo para compensar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o el mismo Ingresos Brutos, anunció el Gobierno porteño. Hoy hay más de 234.000 posibles beneficiarios que tienen saldos a favor de Ingresos Brutos.

“Acompañamos el esfuerzo de los que invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra Ciudad. Menos burocracia es más tiempo, más plata y más oportunidades para los vecinos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El procedimiento es automático y 100% online. Se accede con Clave Ciudad a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, donde el contribuyente debe seleccionar “Operaciones” y luego “Compensar Saldo”. Desde allí se puede elegir la deuda a cancelar y aplicar el saldo a favor disponible, sin límite de montos. El sistema procesa la operación automáticamente y el resultado impacta de forma instantánea.

Esta novedad se suma a la devolución exprés de SAF implementada en enero y que ya permitió que más de 10.000 contribuyentes recuperaran su dinero en un plazo promedio de 48 horas, cuando antes el mismo trámite demoraba hasta 3 meses. En total, hasta el momento se devolvieron más de $4.100 millones.

Tanto la devolución como la compensación de Saldos a Favor son parte de una serie de cambios impulsados por AGIP para simplificar trámites, agilizar tiempos y facilitar el cumplimiento fiscal, brindando respuestas más rápidas y eficaces a las necesidades de los contribuyentes.

De esta manera, el organismo dijo que sigue “avanzando hacia una gestión tributaria más moderna y accesible, con soluciones concretas pensadas para vecinos, comercios y PyMEs que impulsan el desarrollo productivo de la Ciudad”.

MM con información de la agencia NA.

El gobierno de Javier Milei recibirá en los próximos días a Robert F. Kennedy Jr., ministro de Salud de la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el país del Norte para cerrar un acuerdo comercial que implique una baja de aranceles y modificar los requisitos para la protección de patentes en el sector farmacéutico, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a elDiarioAR.

A fines de abril, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en su informe sobre la relación con la Argentina, puso al país en la vigilancia prioritaria por posibles incumplimientos de propiedad intelectual. Entre varios sectores de la economía cuestionados, EEUU sostiene que con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, persisten preocupaciones sobre una variedad de restricciones relacionadas con la protección y aplicación de la propiedad intelectual, y el acceso al mercado.

En la reunión con Kennedy Jr., en la que participará el ministro de Salud, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Para EEUU, las políticas actuales de la Argentina, enmarcadas en la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, generan una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el Gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización”. El país norteamercano culpa a la Argentina de permitir a los laboratorios locales copiar fórmulas de remedios y no pagar las regalías correspondientes.

La negociación por los aranceles

Robert Garverick, el subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, enviado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en la Argentina a principios de mayo para analizar la suba de aranceles a las importaciones anunciada por el presidente Donald Trump.

Según se especula, la Argentina y Estados Unidos se exceptuarían recíprocamente 50 productos o algunos más, bajando a cero los aranceles (cero para entrar allá y cero para que los americanos entren en Argentina), lo que tuvo el visto bueno del Mercosur en la reunión de principios de mes.

Si bien Trump dispuso hace días una pausa 90 días para todos los países salvo China, el piso del 10% sigue vigente y las exportaciones argentinas ya pagan el arancel recíproco, según los especialistas. 

Para los alimentos representa el doble de lo que pagaban antes, mientras la tarifa para productos vegetales y químicos se multiplicó por 10. 

La ampliación de excepciones arancelarias permitirá a Argentina negociar con mayor libertad con Estados Unidos, tras la pausa de 90 días en la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, al término de la reunión el 2 de mayo de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. En Cancillería estiman que esas 50 posiciones podrían representar el 80% de lo que la Argentina exporta a Estados Unidos, unos US$ 5.000 millones.

Quién es Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista con aspiraciones ambientalistas y conocido por su férrea postura antivacunas, que fue elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud en su segundo mandato.

Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es el presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999. RFK Jr. ha escrito o editado diez libros.

Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 hasta su retirada el 22 de agosto de 2024 dando su apoyo al entonces candidato Donald Trump. RFK Jr. ha promovido teorías de conspiración y desinformación sobre las vacunas, como el vínculo no comprobado entre las vacunas y el autismo.

Desde 1986 hasta 2017, RFK Jr. fue abogado sénior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Desde 1984 hasta 2017, fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Ambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente es profesor emérito en Pace.

En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto de distrito en Manhattan. En 1984, Kennedy se unió a Riverkeeper como investigador, y fue promovido a fiscal superior cuando fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1985.

Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy & Madonna, LLP, y es un defensor de la justicia ambiental.

A través de litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.

En 2018, la Asociación Nacional de Abogados Judiciales otorgó a Kennedy y a su equipo de pruebas el Equipo de Juicio del Año por su trabajo ganando un veredicto con jurado de 289 millones de dólares en Dewayne “Lee” Johnson v Monsanto.

Trump pide a las farmacéuticas que bajen los precios de los medicamentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que solicita a las farmacéuticas que reduzcan, en un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos en el país.

El decreto instruye al Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., a negociar nuevos precios para los medicamentos y, si no se alcanza un acuerdo, entrará en vigor una normativa para igualar los precios en Estados Unidos con los de otros países donde son más bajos.

Durante la firma de la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump denunció ante la prensa que los estadounidenses están subsidiando los medicamentos de otras naciones al pagar precios más elevados por los mismos.

“Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos”, afirmó.

El mandatario aseguró que los precios de determinados medicamentos en Estados Unidos se reducirán hasta en un 90 % y declaró que las farmacéuticas pueden hacerlo de forma “voluntaria” o la Casa Blanca utilizará “el poder del Gobierno federal” para garantizarlo.

Según la prensa estadounidense, no está claro el efecto que puede tener esta orden ejecutiva en los precios, ni qué autoridad tiene el Gobierno para influir en los precios que pagan otros países.

Trump puso el ejemplo de un amigo suyo, al que no identificó con el nombre pero definió como un hombre “muy neurótico, un empresario brillante y con un sobrepeso considerable”, que lo llamó quejándose de que el precio en el Reino Unido de una inyección para bajar de peso es mucho menor que en Estados Unidos.

En 2020, antes de concluir su primer mandato, Trump firmó un decreto para invocar el mecanismo de “nación más favorecida”, que exigía que Estados Unidos pagara los precios bajos que otras naciones abonaban por los medicamentos.

El decreto, sin embargo, enfrentó obstáculos en los tribunales por la oposición de las farmacéuticas y no pudo entrar en vigor durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que lo revocó.

Con información de agencias.

IG

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, se refirió a los principales aspectos del proyecto de Ley Impositiva 2025 y destacó que para “casi el 90% de los contribuyentes, el incremento en la patente será del 13,8%, muy por debajo de la inflación proyectada”.

“Los bonaerenses que están al día con sus impuestos podrán acceder a una reducción adicional del 15% en su pago final. Es decir, no solo evitarán un aumento desmedido, sino que además pagarán menos que este año”, explicó el titular de la Agencia de Recaudación.

La medida cobra relevancia en un contexto donde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé una inflación del 35% para 2025, casi el doble del 18,3% proyectado por el gobierno nacional en su proyecto de Presupuesto.

En territorio bonaerense, ARBA administra cerca de 1,9 millones de automotores que tienen menos de 10 años de antigüedad. Los vehículos anteriores a 2014, se transfieren a los municipios, quienes se encargan de administrar el tributo.

Para incentivar el cumplimiento fiscal, la Agencia implementará nuevas bonificaciones por buen contribuyente: 5% para quienes no acumulen deuda y 10% por pago anual, que se sumarán a los beneficios vigentes.

Incluso, estos beneficios para quienes estén al día y paguen de manera anticipada todas las cuotas del año, “permitirá que las y los contribuyentes propietarios de automotores, cuya valuación es inferior a los $31 millones, paguen menos que el 2024 en términos nominales”. A modo de un ejemplo promedio, un auto que este año pagó $73.873 de Patente, dividido en 5 cuotas, en el 2025 pagará $84.067 en total; pero si accede a todos los beneficios y descuentos, pagará $71.457.

“Mientras el gobierno nacional considera 'héroes' a los evasores, desde la provincia preferimos reconocer a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas”, señaló Girard en declaraciones periodísticas. “Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la justicia tributaria, especialmente ante políticas nacionales que privilegian a sectores concentrados y profundizan el ajuste sobre la clase media, trabajadores y pymes”, agregó. 

El funcionario remarcó que esta medida “es parte de nuestra estrategia para avanzar hacia una recaudación progresiva, donde quienes cumplen reciban un reconocimiento concreto, y los recursos recuperados se traduzcan en servicios y obras que beneficien a todos los bonaerenses”.

El proyecto de Ley Impositiva “mantiene los topes de aumento del 28% anual para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Además, conserva sin modificaciones las alícuotas de Ingresos Brutos para sostener el alivio fiscal sobre los sectores productivos, eliminando el cobro obligatorio de anticipos a grandes empresas y la cuota adicional en los impuestos patrimoniales”. 

Se mantiene el Régimen Simplificado que “beneficia a un millón de contribuyentes”, mientras que tributos como Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes conservarán sus alícuotas sin ajustes adicionales.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la intención del gobierno de avanzar hacia un único registro automotor digital, eliminando las sedes físicas, y la implementación de una patente única y personal para toda la vida, como ocurre en Estados Unidos.

“¿Se van eliminar los registros automotores?”, le preguntaron al funcionario en LN+ y él contestó: “Sí, estamos en eso. La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, no 1.553 como había, porque hay 700 intervenidos”.

Señaló que el plan apunta a quitar los privilegios que hay entre quienes actualmente comandan cada registro: “Ya no tanto amigo que maneja registros, sino un órgano central y seguridad jurídica a full”.

En mayo último, el Ministerio de Justicia anunció el cierre del 40% de los casi 1.554 Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) que operan en el país, alcanzando a una de las seis oficinas de Cuyo (la de San Martín, Mendoza).

Se estima que más de 200 registros automotores están en manos de parientes o amigos de expresidentes, legisladores, jueces, intendentes, concejales o militares. Un registro automotor puede dar una ganancia mensual, luego de deducir gastos, de entre “4 y 12 millones de pesos por mes” depende de la ciudad en que funcione.

Cúneo Libarona declaró este martes que, además, se buscará finalmente la digitalización de los procesos administrativos a la hora de comprar, vender y transferir vehículos. “Todo el trámite digital, desde tu casa”.

Y sumó la implementación de la patente única y personal como en Estados Unidos: “Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde internet o el teléfono. ¿Cambiaste el auto? A otro auto. ¿Tenés dos autos? Tenés dos chapas”.

En muchos países del mundo, la patente no corresponde al auto, sino a la persona. En EE.UU., por ejemplo, en caso de comprar un usado a un particular, el comprador lleva su chapa patente y una vez acordado y abonado el precio de compra, el vendedor firma el título y un recibo con el monto y la fecha de la operación, y le entrega los papeles al comprador. Luego, acude al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado y se registra como nuevo titular.

El titular de la cartera de Justicia consideró que “hoy este sistema perverso le crea al ciudadano de bien, al joven de veintipico que se compra su primer auto, al señor mayor que no tiene plata, un costo adicional entre un 6 y 9% que va a distintas entidades”.

“Estamos trabajando, lo llamo task force, un grupo idóneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo. Todos, desde (Raúl) Alfonsín en adelante, intentaron disminuirlo, nosotros lo vamos a ganar, es prioridad”, enfatizó sobre la tarea a cumplir durante la gestión de Milei.

El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La efeméride fue promulgada en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo de la fecha es divulgar la función de los derechos de propiedad intelectual (PI) para fomentar el debate que estos desempeñan a la hora de alentar la innovación y la creatividad. La propiedad intelectual define el crecimiento del mundo, ya que es implementada como una herramienta estratégica vinculada al desarrollo económico de cada país.

La propiedad intelectual suele relacionarse con las creaciones de la mente humana: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes. Está protegida por legislación, como por ejemplo patentes y derechos de autor, que permiten obtener reconocimiento o ganancias. De esta manera, se procura fomentar un entorno propicio para la creatividad y la innovación.

¿Qué es la propiedad intelectual? Distintos tipos

La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico, que protege todas creaciones artísticas, literarias y científicas, tangibles o intangibles. Abarca nombres, símbolos e imágenes que se utilizan comercialmente. Con ello, se pretende evitar que cualquier obra creativa sea objeto de plagio, y en caso que suceda, se apliquen sanciones.

En la protección legal de la propiedad intelectual, se contempla la figura de las patentes. A través de ellas, se logra que las personas involucradas logren prestigio, reconocimiento y ganancias por su trabajo. Algunos tipos de propiedad intelectual son:

Lema 2023: “Las mujeres y la propidedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”

En el marco de la celebración de este día, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual selecciona un tema central todos los años. Para el 2023, es “Las mujeres y la propiedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”.

A lo largo de generaciones, las mujeres dieron forma al mundo con su ingenio y creatividad impulsando avances científicos, marcando tendencias, creando empresas y transformando el mundo en un lugar mejor. Sin embargo, pocas mujeres en la actualidad e históricamente se benefician de los derechos de la propiedad intelectual.

LC

El Gobierno porteño y bonaerense prevén para este año subas por debajo de la inflación en los impuestos como patentes e ingresos brutos. Ambos distritos incluyeron esta medida en sus Presupuesto 2023.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense sancionó, a principios de diciembre, la Ley Impositiva, que prevé subas inferiores al índice de precios. Esta ley prevé una reducción en términos reales de los impuestos patrimoniales para el 90% de los contribuyentes, al establecer para el próximo año topes menores al 60% anual.

De esta manera, el Gobierno bonaerense podrá aumentar hasta 60% los impuesto provinciales en 2023.

A partir de esta disposición, el Impuesto Inmobiliario, tanto Rural como Urbano, tendrán incrementos menores al 60%, mientras que para el Impuesto Automotor (Patentes) se estableció un tope del 40%.

En tanto, para los Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas (pymes) beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del la suba del 95% del monto máximo de facturación.

Cuánto habrá que pagar en 2023 en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé para el primer mes del próximo año una suba del 6,2% en el ABL. Según estableció la administración porteña, se tomará en cuenta la inflación de cinco meses atrás, que en agosto fue del 6,2 en la Ciudad.

Sin embargo, para el resto del 2023, se seguirá actualizando el valor del tributo de manera mensual y progresiva, a diferencia de anterior metodología, que se aplicaba el incremento total directamente en la primera cuota.

En cuanto a las patentes, desde hace varios años, la alícuota es fija y no sufrirá modificaciones para el próximo año.

De esta manera, los porcentajes impositivos vigentes son:

En relación a esto, en el Presupuesto porteño para el 2023 se dejó en claro que “con la idea de atenuar el impacto de posibles incrementos en las valuaciones del parque automotor, para el 2023 se implementará un tope al impuesto, teniendo como referencia la inflación registrada durante el período noviembre 2021-octubre 2022 por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA)”.

Los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado in extremis a un acuerdo limitado en lo relativo a la exención de las patentes para las vacunas contra el Covid-19 después de una intensa reunión ministerial de seis días en Ginebra. La decisión llega tras más de 20 meses de debates encallados en torno a la propuesta inicial de India y Sudáfrica y deja fuera, al menos por el momento, los tratamientos y diagnósticos relacionados con el Covid-19. Mientras que la OMC celebra el acuerdo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su decepción por lo que consideran un fracaso y creen que no mejorará el acceso mundial a las herramientas contra el virus.

De acuerdo con la decisión adoptada por la conferencia ministerial de la OMC, su máximo órgano de decisión, un país podrá autorizar el uso, sin el consentimiento del titular de los derechos, de la materia de una patente –que incluye los ingredientes y procesos de fabricación– requerida para la producción y el suministro de vacunas contra el Covid-19 “en la medida necesaria” para hacer frente a la pandemia. Es decir, a grandes rasgos, habilita la posibilidad de que un país permita a una empresa utilizar una patente sin la autorización del propietario y sin temor a acciones legales.

Pero el acuerdo está lejos de la propuesta original de exención de octubre de 2020, apoyada por decenas de países empobrecidos y más ambiciosa, que pedía renunciar temporalmente no solo a la protección de la propiedad intelectual sobre las patentes, sino también a los secretos comerciales, los derechos de autor y los diseños industriales.

Solo para las vacunas

A diferencia de lo que reclamaban inicialmente India y Sudáfrica, la medida solo se aplica a las vacunas, aunque finalmente se ha abierto la puerta a que, en un plazo máximo de seis meses, los países decidan sobre su ampliación para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y tratamientos de COVID-19, algo por lo que habían venido empujando algunos miembros, como los del grupo africano, y que ha sido uno de los puntos críticos del debate, según explicaron fuentes comerciales a elDiario.es. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también había pedido una exención que se extendiera a estas otras herramientas.

“La ampliación del alcance de los productos será importante para que esta decisión tenga sentido”, ha escrito en Twitter Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, que reúne a expertos en el campo del acceso a los medicamentos y piensa que la decisión es un “compromiso diplomático” que no se materializará.

No está claro el efecto que tendrá. Expertos y activistas por el acceso a medicamentos creen que la decisión habría sido más útil para las tratamientos y otras tecnologías sanitarias, y creen poco probable que la renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas sea todo lo que se necesita para facilitar su desarrollo y producción, ya que también es necesaria la transferencia de conocimientos técnicos. “Es difícil imaginar algo con menos beneficios que esto como respuesta a una emergencia sanitaria mundial”, ha dicho James Love, director de la organización Knowledge Ecology International, en referencia al acuerdo.

Otro de los elementos a despejar era la duración, que se planteaba entre tres y diez años. Finalmente, la medida se podrá aplicar durante los próximos cinco años, prorrogables en función de las circunstancias de la pandemia. Se revisará anualmente.

No todas las naciones pueden hacer uso de ella, y este ha sido otro de lo puntos controvertidos. Podrán hacerlo los países en desarrollo, aunque “se alienta” a los que tengan capacidad “existente” de fabricación de vacunas a “comprometerse de forma vinculante” a no acogerse a la decisión. Los ojos aquí están principalmente sobre China, que el 10 de mayo expresó su voluntad de no beneficiarse. En el documento aprobado, se ha optado por esta fórmula en lugar de la opción de excluir a los países en desarrollo cuyas exportaciones representaran en 2021 más del 10% de las exportaciones mundiales de dosis, algo que afectaba directamente al gigante asiático.

En un primer análisis, el Medicines Law & Policy señala que los países con capacidad de fabricación son precisamente los que con mayor probabilidad podrán poner en práctica la decisión y cree que las consecuencias de esta limitación “podrían ser incluso más graves si la decisión se amplía para incluir la terapéutica y el diagnóstico”. “Desde el punto de vista de la salud pública, lo ideal es que los países con capacidad de producción hagan pleno uso del nuevo mecanismo y puedan fabricar y exportar rápidamente”.

Tras más de un año de negociaciones estancadas, el documento que ha dado pie al acuerdo surgió en mayo de un proceso informal llevado a cabo con el llamado 'Quad' –Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos–. La organización multilateral funciona por consenso y en todo este tiempo han seguido existiendo diferencias importantes sobre cómo adaptar las normas comerciales internacionales destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual –el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)– en respuesta a la pandemia, con Reino Unido y Suiza entre los países más reticentes, según fuentes de Ginebra. En la reunión de los últimos días, los ministros han estado estudiando un texto entre corchetes, por ejemplo sobre el alcance, hasta llegar a la versión actual del proyecto de decisión ministerial, que incluye varios cambios.

Las negociaciones tuvieron que ampliarse un día más para poder llegar a un acuerdo. “Muchos dudaron de que la OMC pudiera llegar a un resultado sobre una exención de los ADPIC para la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19. Lo hemos conseguido”, ha tuiteado Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense. “Las conversaciones fueron largas y difíciles, pero llegamos a un resultado significativo para conseguir más vacunas seguras y eficaces para los que más lo necesitan”.

Tras la conferencia, que ha desembocado en el denominado el “paquete de Ginebra” –que también contiene una serie de decisiones sobre las subvenciones a la pesca, la seguridad alimentaria y la agricultura, y la reforma de la OMC–, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que el acuerdo “contribuirá a los intentos en marcha para desconcentrar y diversificar la capacidad de fabricación de vacunas, de modo que una crisis en una región no deje a otras aisladas”. En una rueda de prensa, dijo: “Ahora tenemos algo en la mano”.

La Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha emitido una declaración en la que califica el acuerdo como una “señal peligrosa”.

Fuertes críticas de las ONG

Varias voces de la sociedad civil han expresado su decepción con el acuerdo, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones que más ha abogado por la exención como solución a la disparidad en la vacunación mundial, y cree que la decisión de insuficiente. MSF reconoce que se han introducido algunos cambios en el acuerdo que “mitigan algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo”. “Pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para el Covid-19 y que incluyera a todos los países, y nos decepciona que esto no se haya ni siquiera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo”. 

A su juicio, este acuerdo no ofrece, en general, “una solución eficaz y significativa” para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, “ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas” ellas y no se aplica a todos los países. “Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas”. La organización humanitaria teme que siente un “precedente negativo” para futuras crisis sanitarias. 

En la misma línea se ha expresado la Salud por Derecho, que junto a casi 300 organizaciones de todo el mundo, ha lanzado una declaración conjunta en la que critican con dureza a la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos por, dicen, “su rol principal en el bloqueo de una exención propuesta” hace por Sudáfrica e India y tachan el acuerdo de “escandaloso fracaso”.

Según el Medicines Law & Policy, las características más amplias de la exención propuesta por India y Sudáfrica se perdieron cuando, tras el giro de EEUU en mayo de 2021, la UE presentó su contrapropuesta, que se centraba en el uso de las llamadas flexibilidades existentes en los ADPIC de las licencias obligatorias –un proceso que muchos países han argumentado que es muy engorroso– y esta “se convirtió en el núcleo del borrador” que se ha puesto delante de los ministros. Cuando se conceden las licencias obligatorias, un gobierno permite a los fabricantes genéricos producir sin autorización del propietario de las patentes –a quienes obliga a licenciarlas de manera “no voluntaria”–.

A juicio del Medicines Law & Policy, la decisión que ahora se adopta permite a un país de la OMC que reúna los requisitos necesarios utilizar una patente relacionada con las vacunas sin el consentimiento del titular de los derechos –que, según matizan, es una licencia obligatoria–, utilizando cualquier mecanismo legal nacional, como una orden ejecutiva, un decreto de emergencia, una autorización de uso gubernamental u órdenes judiciales o administrativas. “Esto puede hacer que la emisión de una licencia obligatoria sea fácil y rápida y ayudará a los pocos países que actualmente no tienen mecanismos de licencia obligatoria viables, pero no amplía sustancialmente el espacio legal que los países ya tienen bajo los ADPIC”.

“No olvidemos que las discusiones sobre la exención en la OMC tienen su origen en la negativa de empresas como Pfizer y Moderna a compartir su propiedad intelectual, tecnología y conocimientos técnicos para la fabricación de la vacuna contra el Covid, incluso con plataformas de intercambio de tecnología como el Pool de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP( de la OMS y el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas”, dice la organización, que cree que si la decisión contribuye a empujar a las empresas a compartir la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos de fabricación necesarios en el futuro para producir medicamentos y vacunas, “puede que no todo haya sido en vano”. De momento, en su opinión, no quedan más recursos.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, ha dicho que la decisión reitera en gran parte derechos ya establecidos respecto a las licencias obligatorias e “incluso añade inexplicablemente más barreras administrativas al uso de las flexibilidades existentes”. Para James Love, el acuerdo es un resultado “limitado y decepcionante” en general “que se describe con mayor precisión como una excepción estrecha y temporal a una restricción a la exportación, no una exención”. También cree el periodo de cinco años limita severamente la utilidad de la medida. Sin embargo, aunque no espera que el texto afecte a la desigualdad en lo relativo a las vacunas, cree que hay algunos resquicios de esperanza, entre otras razones porque devuelve la atención a los gobiernos nacionales para que muevan ficha.

La vacunación mundial contra el Covid ha estado marcada por enormes disparidades. Según la OMS, alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores de 60 años se han vacunado en todo el mundo, pero estas tasas son mucho más bajas en los países de bajos ingresos. Casi 18 meses después de la administración de la primera vacuna, más de 60 países aún no han alcanzado una cobertura del 40%. En estos momentos, la oferta de vacunas es suficiente, según dijo hace unos días el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS y otros actores han explicado que, en muchos países, la variante ómicron ha reducido el riesgo percibido del virus y las personas y los gobiernos se centran en otras prioridades de salud. 

IG

Se llama Corbevax y es una vacuna contra la COVID-19 relativamente barata, fácil de fabricar y libre de patentes. El origen de esta fórmula se encuentra en el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, donde fue diseñada por un equipo codirigido por la científica María Elena Bottazzi. La institución anunció en diciembre la autorización de emergencia en India tras los resultados del ensayo de fase III –los datos completos aún no han sido publicados–.

Corbevax utiliza una tecnología tradicional basada en proteínas recombinantes, lo que permitirá su producción a gran escala, según dice Bottazzi en una entrevista con elDiario.es. La compañía india Biological E planea fabricarla a un ritmo de 100 millones al mes a partir de febrero. La investigadora nacida en Génova y criada en Tegucigalpa confía en que la vacuna sea ampliamente accesible para inocular a la población mundial y cubrir la brecha de acceso creada, dice, por tecnologías más nuevas y más costosas.

¿En qué momento y por qué se lanzaron a investigar una vacuna contra este coronavirus?

La verdad es que empezamos hace diez años, porque ya teníamos un programa para desarrollar prototipos para el SARS y el MERS. Cuando vimos la secuencia de la proteína espiga del SARS-CoV-2, parecida en un 80% a la del SARS, teníamos ya la ingeniería, los procesos, los ensayos… la estrategia para pasar de un descubrimiento de laboratorio a la producción. Ya habíamos fabricado un prototipo de una vacuna del SARS. Rápidamente en enero de 2020, cuando vimos la similitud, pensamos que lo más fácil era replicar los mismos procesos y, en efecto, tuvimos que hacer muy pocas modificaciones. 

Para abril, ya teníamos un esquema y empezamos a trabajar con otros actores que nos ayudaron a crear un consorcio de aliados para poder desarrollar esta vacuna. El objetivo siempre fue hacer una descolonización: para nosotros, era más urgente transferirla a los países de bajos y medianos ingresos, mientras mirábamos también la posibilidad de hacerlo aquí, en Estados Unidos. Pero no ha sido fácil avanzarla en los países de altos ingresos y nos hemos dedicado a proveer el conocimiento a India, Bangladesh, Indonesia, países en África y en Latinoamérica. Colaboramos en diferentes aspectos con quien quiera. Es ciencia abierta porque no mantenemos los datos en secreto.

¿Por qué no ha sido fácil en los países ricos?

Porque su estrategia era [obtener] una tecnología un poco más rápida, tal vez innovadora, que afortunadamente terminó funcionando. A veces, se tiene la percepción de que en las proteínas recombinantes, en las que se basa nuestra vacuna, los procesos de ingeniería y producción llevan más tiempo. Crear una secuencia de ARN mensajero es más fácil, pero hemos visto que escalar la producción no lo es tanto.

Nosotros siempre hemos buscado tecnologías más genéricas, para las que ya hay un ecosistema, de tal manera que alguien que recibe la transferencia no tiene que empezar de cero, porque ya tiene las fábricas y precedentes de haber producido proteínas en levadura. Por eso creímos que podía ser una tecnología complementaria a las innovadoras, a las tecnologías como el ARNm [que utilizan Pfizer/Biontech y Moderna] y los adenovirus [AstraZeneca/Oxford y Janssen]. Pero la selección de dónde invertir se enfocó bastante en las tecnologías nuevas, y se prestó atención a las convencionales un poco más tarde. 

¿Cuáles han sido sus fuentes de financiación?

El programa de coronavirus que empezamos en 2011 estuvo financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) [una entidad pública del Gobierno de EEUU] para trabajar con un grupo de virólogos y expertos en coronavirus. En 2016, solicitamos más subvenciones pero no nos las concedieron. Pero continuamos con el proyecto con fondos internos, hasta cierto punto. En febrero de 2020, cuando pedimos ayuda, nos dieron una pequeña subvención para poder hacer estudios preliminares.

Pero después no logramos captar fondos del Gobierno federal de EEUU. Buscamos otra alternativa: seguir solicitando subvenciones, pero al mismo tiempo encontrar fundaciones y otras entidades de filantropía. Así logramos un portfolio algo diversificado. Así que hemos tenido una variedad de entidades: ciertos fondos federales, fundaciones con subvenciones o donaciones, individuos que tienen dinero y decidieron contribuir y algo de crowdfunding también. También hemos sido beneficiarios de una subvención de una empresa de vodka que estaba interesada en la respuesta a la pandemia en Texas.

Y con nuestros aliados, el acuerdo es que cada uno intente buscar sus propios fondos, a ver qué podemos conseguir. Biological E buscó por sus propios medios: el Gobierno indio, entidades europeas, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Nosotros seguimos buscando aquí en EEUU.

¿Ha sido entonces la financiación la mayor dificultad que se han topado en el camino?

El dinero siempre es difícil, pero no ha sido lo único. La dificultad es encontrar los aliados adecuados, y aunque los tengas, tienen que tener no solo la capacidad científica, sino también el apoyo de los líderes de sus países para hacer avanzar un programa de desarrollo. También, obviamente, el dinero que necesitan para pagar la producción y los estudios clínicos, porque nosotros solo les damos la tecnología.

¿Qué diferencia su vacuna de las que se están utilizando ya en todo el mundo?

La nuestra es una proteína recombinante. Tal vez, la más parecida es la de Novavax, que es una partícula de una proteína recombinante. La nuestra no es una partícula, son proteínas monoméricas. Es igual a la vacuna de la hepatitis B. Se utilizan de nuevo estas fermentaciones microbianas usando levaduras. Son formulaciones muy simples. Son vacunas muy convencionales que se han usado desde hace más de cuatro décadas, especialmente para vacunas pediátricas. 

Dicen que la suya es la “vacuna contra la COVID-19 del mundo”, ¿tiene que ver con que es más tradicional?

Sí. Cualquier productor con capacidad para fabricar vacunas basadas en levaduras puede replicarla. Los componentes son de bajo coste, tiene economía de escala porque se puede producir en grandes cantidades. Su estabilidad y almacenaje es convencional, requiere refrigeración de dos a ocho grados. Tiene un tiempo largo de estabilidad, no tiene fechas cortas de caducidad. Lo más importante es que se puede replicar no solo en los países de altos ingresos: [los productores] no necesitan aprender algo nuevo, porque ya existe. El tipo de control de calidad que se necesita para este tipo de proteína tampoco es algo nuevo.

¿En qué punto se encuentran los ensayos de la vacuna?

Biological E, el primero de nuestros aliados, ya ha terminado dos fases III [que tienen como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia] que recibieron la autorización en India. Ahora están terminando un estudio pediátrico para extender esa autorización a partir de los cinco años. Y también están elaborando un estudio para evaluar la vacuna como refuerzo en combinación con otras, como Covidshield (la versión de la vacuna de AstraZeneca del Serum Institute de India) o Covaxin (desarrollada por Bharat Biotech en India).

La intención ahora es seguir haciendo estudios para evaluar continuamente a medida que se van introduciendo al mercado. India compró 300 millones de dosis. Nuestros otros aliados están siguiendo el mismo proceso. La idea es que después todos obtengan la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y se está colaborando con otras agencias reguladoras estrictas y regidoras de varios países.

¿Qué resultados han arrojado los ensayos? Los datos aún no se han publicado.

A final de este mes se van a publicar las fases I y II, y ahora están acabando los manuscritos de la fase III. Lo que se hizo para la fase III se considera un puente inmunológico [un tipo de estudio], en el que se ve la eficacia basándose en los anticuerpos neutralizantes y un correlato de protección. Demostraron más del 80% de eficacia contra las variantes delta y beta del virus, y más del 90% contra el virus de Wuhan. Ahora están terminando los resultados contra ómicron.

Han dicho que no patentarán su invención. ¿Por qué?

Nuestro centro siempre ha trabajado en enfermedades tropicales desatendidas, a las que acompaña esta idea de que hay cero incentivos, de que con tecnologías complicadas y caras nadie va a desarrollar una vacuna contra un parásito intestinal, por ejemplo. Cuando empezamos a trabajar en coronavirus, vimos que hasta cierto punto también son desatendidas. No había urgencia. Decidimos que no íbamos a patentar nuestra tecnología porque ya la integramos dentro de nuestro portfolio de desatendidas. Y ahora, en un caso de emergencia, aún más.

Moralmente, nos preguntamos qué necesidad hay de patentar. Más bien, decidimos que aprovechen los datos publicados para que cualquiera pueda adaptarla y adoptarla. Quitamos, como mínimo, esa barrera para no poner más inconvenientes a aquellos que quieran aprender. Es un buen prototipo para aprender de cero porque son tecnologías más sencillas.

Moderna anunció que no haría valer la patente de su vacuna. ¿En qué se diferencia esta decisión de la suya?

En nuestro caso, el conocimiento está ahí, publicado, pero también tenemos el compromiso de que si necesitan que lo hagamos en conjunto, nuestros laboratorios están abiertos para recibir científicos. Podemos hacer los codesarrollos compartiendo intelectualmente durante el proceso, en lugar de decir: “Aquí está la receta, averigüen ustedes cómo hacerlo”.

Se ha hablado mucho, en abstracto, de la necesidad de transferir conocimiento y tecnología para expandir la fabricación de vacunas. ¿Qué quiere decir en su caso?

Tenemos llamadas mil veces a la semana, compartimos los experimentos, revisamos cómo se hacen los procesos, escribimos los informes juntos, evaluamos los datos juntos, resolvemos las dificultades juntos. Es un proceso iterativo de colaboración, no es simplemente leer una receta en un libro y dejarlo ahí. Nuestros científicos interactúan, obviamente con la COVID-19 no ha sido tan fácil ir a verlos y que ellos vengan a vernos, pero en ciertas ocasiones sí hemos tenido la oportunidad de abrir las puertas de nuestro laboratorio para que vengan y vean cómo se hace en la vida real.

¿Con qué productores están trabajando, además de Biological E?

Con Bio Farma en Indonesia, Incepta en Bangladesh y el grupo Immunity Bio, que trabaja en un consorcio con varios países en África, incluyendo Botsuana.

¿Proponen entonces un modelo opuesto al visto hasta ahora en el desarrollo de vacunas anti-COVID?

No sé si es opuesto, pero es definitivamente diferente y es esencial, especialmente cuando queremos avanzar productos que eventualmente son de salud pública, y más aún cuando se necesitan de manera urgente. La esperanza es que esto cambie un poco el paradigma de que solo las multinacionales pueden desarrollar los productos.

Se pueden forjar más alianzas para descolonizar la capacidad, que sea local y que, en un caso de emergencia, se siga colaborando con las multinacionales, pero también que haya alternativas para evaluar diferentes tecnologías. Que la tecnología convencional no sea algo innovador no implica que no funcione. Es mejor diversificar todo en este mundo, porque si algo no funciona, tienes una alternativa. Así que es una manera complementaria, no busca reemplazar.

La desigualdad ha atravesado hasta ahora la vacunación mundial. ¿Qué piensa de esta falta de acceso?

Para nosotros lo importante es intentar que se haga una especie de bola de nieve, producir más y más este inventario de vacunas. Aunque los fabricantes están mejorando los niveles de escala, producción y almacenaje, si queremos resolver esta pandemia en 2022 necesitamos más vacunas que sean producidas, evaluadas, autorizadas y finalmente usadas. Hay muchas personas que no se quieren vacunar por cualquier motivo. Quizás esta vacuna traiga otra alternativa que mejore su confianza. 

¿Van a participar en el mecanismo de reparto equitativo COVAX y en C-TAP, la plataforma para compartir conocimiento de la OMS?

Como institución de investigación y desarrollo estamos en conversaciones junto a los productores, que están en discusiones para poder determinar esa colaboración con COVAX y esa contribución a la OMS. 

Ha comparado su vacuna con la de Novavax, que era prometedora, pero se ha topado con problemas de producción. ¿Se puede enfrentar la suya también a estos obstáculos?

La nuestra no tiene problema a la hora de escalar [la producción]. Desafortunadamente, la vacuna de Novavax es excelente, pero en efecto no ha sido fácil de producir porque la partícula es compleja, y obviamente los reactivos también lo son, aunque creo que podrán superarlo. Pero la cuestión no es competir, sino sumar en la solución. De ahí la urgencia de que se evalúen rápido estas proteínas. Varias compañías están produciendo proteínas recombinantes, y la verdad es que se van a necesitar todas.

¿Cuándo espera que se empiece a inmunizar a la población con su vacuna?

En India ya está autorizada. Apenas se sepa cómo se va a distribuir y utilizar, imagino que Biological E o el Gobierno lo anunciarán. La idea es que en los próximos tres meses empecemos a ver realmente esta distribución.

Agentes de ARBA controlaron 871 vehículos de alta gama y notificaron $20.435.273 de deuda correspondiente al Impuesto a los Automotores, durante una serie de operativos realizados en la costa atlántica, zona norte del AMBA y otras localidades bonaerenses, se informó oficialmente.

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, estuvo al frente de las acciones de fiscalización y subrayó que “los controles se enfocaron en vehículos de lujo con el objetivo de reducir incumplimientos y mejorar la cobrabilidad entre quienes poseen capacidad económica como para estar al día con sus impuestos”.

“Como resultado de estos operativos, logramos recuperar en el momento $1.752.309 de deuda de patente que correspondía a autos importados, suntuarios o de alto valor de mercado, y se establecieron compromisos de pago por más de $15,5 millones”, precisó.

Remarcó que, “si bien ARBA trabaja para mejorar la cobrabilidad en todos los segmentos, dado que contamos con recursos escasos para fiscalizar, lo hacemos empezando por quienes más tienen, porque ser inflexibles con el incumplimiento en esos segmentos es condición necesaria para construir una sociedad más igualitaria”.

Las acciones, que contaron con el apoyo de la Policía de la Provincia se extendieron a través de distintos puntos de control fiscal que la Agencia de Recaudación montó en zonas de Tigre, San Isidro, Tandil, Mar del Plata y otras localidades de la costa, el interior y norte del área metropolitana bonaerense.

En todos los casos, la labor se centró en detectar, notificar y recuperar deuda del Impuesto a los Automotores entre contribuyentes que poseen vehículos de alto valor.

Dado que ARBA cuenta con la facultad de retener, en determinadas condiciones, camionetas o autos de lujo que acumulan deuda, muchas de las y los contribuyentes intimados resolvieron abonar en el momento la mitad de lo que debían, a través de medios de pago electrónico, y se comprometieron a cancelar el resto en un período de 10 días.

Girard apuntó que “en el marco de los controles, nos encontramos en San Isidro con el caso del propietario de una Toyota 4x4 que debía alrededor de $444 mil de Patente, deuda que canceló en el momento con tarjeta de débito en uno de los puestos móviles que dispuso la Agencia en el lugar del operativo”.

El director de ARBA destacó el caso de un vecino de Nordelta al que se le notificaron más de $2 millones de deudas en el impuesto automotor e inmobiliario.

“Por un lado, una camioneta Jeep Grand Cherokee Limited, que debía $764.383 y el de una Mercedes Benz GLA 250 4 matic con deudas de Patente por $330.229; por los otros dos autos, también debía casi $80 mil. Además, tenía $1.186.000 de deuda en el Impuesto Inmobiliario Urbano. En este caso, el contribuyente fue notificado y emplazado a ponerse al día para evitar así el inicio de reclamos de deuda por la vía judicial”, dijo.

Estos operativos de fiscalización vehicular forman parte del conjunto de acciones que la Agencia de Recaudación realiza habitualmente para reducir el incumplimiento y la evasión fiscal en todo el territorio bonaerense.

“Hace seis años que vivimos una crisis muy profunda y hay gente que está pasando momentos muy difíciles. Estamos recuperándonos, y queremos que esa recuperación les llegue a todas y todos. Para lograrlo, es fundamental el despliegue de políticas públicas orientadas a tal fin, lo cual requiere el fortalecimiento de los recursos del Estado. Por eso debemos ser inflexibles con quienes tienen la posibilidad de comprar estos vehículos de alta gama, pero después especulan y no pagan la Patente”, opinó.

Analizó que “tienen que cumplir porque la Provincia hace un gran esfuerzo para apuntalar el crecimiento de la actividad y el empleo y para transferir ingresos a quienes la pasan mal, y el hombro lo tenemos que poner todos y todas. No es momento para la especulación ni para el sálvese quien pueda”, remarcó.

En las fiscalizaciones sobre vehículos, la Agencia de Recaudación puede efectuar retenciones cuando las deudas de Patente equivalen al 10% o más de la valuación fiscal, o bien cuando sus titulares registran el 30% de las cuotas impagas. Además, esos rodados deben estar incluidos en la nómina de automotores morosos que se publica en arba.gob.ar.

Si la o el propietario opta por no pagar el 50% de la deuda exigible, el organismo lleva a cabo el secuestro del automotor, labrando un acta de procedimiento y realizando la notificación en el domicilio fiscal del contribuyente. En esas circunstancias, el vehículo es trasladado a un depósito y se realiza la comunicación pertinente al juez correccional de turno.

Con información de agencias.

IG

La Moratoria 2021 de la AGIP está vigente desde febrero de este año, con el propósito de acompañar a las personas que no pudieron pagar el ABL y Patentes de los períodos adeudados entre enero 2019 y octubre 2020. 

Cómo pagar la boleta

La Cuota Moratoria 2021 podrá abonarse en un solo pago, ingresando a la página de la AGIP. Hay que seleccionar el impuesto adeudado, ir a “Tu Boleta” y hacer click en “Deuda Registrada”. La factura podrá abonarse de manera online o en efectivo en Pago Fácil y Rapi Pago (hasta $50.000), o Provincia NET (hasta $100.000). 

En el caso de pagos online, se aceptan tarjetas Visa y Mastercard, de crédito y débito. También está disponible la opción de abonar en cajeros automáticos, homebanking, PagoMisCuentas, Link Pagos, VISA Home y Master Consultas. La boleta puede aparecer como “Cuota 219”.

Por otro lado, quienes no pudieron cumplir en 2020 con su plan de pago de cualquier impuesto tienen tiempo hasta el martes 31 para rehabilitarlo, en las mismas condiciones que el plan original. Para hacerlo, hay que ingresar a la web de la AGIP con Clave Ciudad, ir a la sección de “Servicios” y seleccionar “RePCa - Rehabilitación de Planes Caídos”. Después, hay que hacer click en “Reactivar Plan” y completar el CBU al que se le debitarán las cuotas. Para más detalles sobre el trámite, se puede consultar el tutorial.

MGF