Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List -la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual- y ubicarla en la Watch List, en reconocimiento a una serie de reformas recientes orientadas a fortalecer la protección y la aplicación de estos derechos.

La decisión fue oficializada en el último informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cada año evalúa el estado de la propiedad intelectual en los socios comerciales. Ese reporte, conocido como Special 301, forma parte de la estrategia de Washington para presionar por estándares más estrictos en la protección de invenciones, marcas y derechos de autor, así como por mecanismos efectivos de cumplimiento en tribunales, fuerzas de seguridad y controles fronterizos.

En ese marco, la mejora en la calificación argentina se vincula con la firma, en febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países. Según el informe, ese entendimiento permitirá “mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra su robo”, en línea con uno de los objetivos centrales de la política comercial estadounidense: garantizar que los beneficios de la innovación y la creatividad retornen a su economía.

Como parte de esos compromisos, la Argentina avanzó en cambios normativos y regulatorios. Entre ellos, la derogación de limitaciones consideradas “excesivamente amplias” en materia de patentes -particularmente en el sector farmacéutico- que impedían el otorgamiento de derechos en casos que sí son aceptados en otras jurisdicciones. También se incluyeron medidas para fortalecer la persecución penal de la falsificación, mejorar los controles en frontera y habilitar herramientas judiciales más ágiles, como medidas cautelares contra la piratería.

El informe destaca además iniciativas para reforzar la aplicación de la ley, como el incremento de operativos e incautaciones en mercados señalados por la venta de productos falsificados, el desarrollo de una estrategia nacional contra la piratería y el compromiso de publicar estadísticas periódicas sobre estas acciones. A su vez, se prevé avanzar en la cooperación entre proveedores de servicios de internet, titulares de derechos y autoridades, en un contexto donde la piratería digital es uno de los principales focos de preocupación global.

En línea con lo que el propio reporte identifica como desafíos recurrentes a nivel mundial -como la falsificación, la piratería en línea y las dificultades en la aplicación efectiva de los derechos-, Estados Unidos señaló que la Argentina aún presenta problemas estructurales. Entre ellos, mencionó la persistencia de mercados físicos y digitales asociados a la comercialización de productos ilegales, así como limitaciones en la eficacia de los mecanismos judiciales y administrativos.

El documento vuelve a señalar a ferias como La Salada y zonas comerciales del barrio de Once como puntos críticos, y advierte que, si bien se registraron operativos y detenciones, la aplicación de la ley sigue siendo irregular y con demoras. En el plano digital, remarca que gran parte de las acciones contra la piratería dependen de iniciativas de los propios titulares de derechos, con resultados dispares.

También persisten observaciones en materia de patentes -particularmente en biotecnología-, protección de datos de prueba en sectores sensibles y demoras en los procesos de aprobación. Aunque el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) logró reducir el atraso, los tiempos siguen siendo elevados.

En cuanto al comercio, el acuerdo bilateral incorporó disposiciones sobre indicaciones geográficas y acceso a mercados, con el objetivo de garantizar que productos estadounidenses puedan seguir utilizando denominaciones consideradas genéricas, bajo estándares de transparencia y equidad.

Pese a estos avances, el informe deja en claro que la reclasificación no implica el cierre de las observaciones. Estados Unidos continuará monitoreando la implementación de los compromisos asumidos y mantendrá el diálogo bilateral a través de los mecanismos previstos en el acuerdo, en línea con el enfoque del Special 301, que combina evaluación, presión y negociación para promover cambios en los regímenes de propiedad intelectual a nivel global.

“Éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención”. Era la noche del 16 de septiembre de 1998 cuando el senador Eduardo Menem impulsaba la aprobación de un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en la Cámara alta. La votación finalmente fue favorable y unió al peronismo con la UCR –encabezada en el Senado por José Genoud–, y así el gobierno del entonces presidente Carlos Menem rindió tributo a su obsecuencia con Estados Unidos. 

Casi 30 años después, la sanción definitiva del tratado sigue pendiente, en medio de fuertes presiones e intereses sectoriales. Ahora otro Menem –Martín, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de aquel Eduardo– busca darle a Javier Milei –también alineado automáticamente a Washington– el tan ansiado PCT. Pero la discusión está al rojo vivo y en los últimos días escaló en un cruce de cartas e involucramiento de organizaciones de empresas norteamericanas y farmacéuticas nacionales, según pudo reconstruir elDiarioAR. En el aire del debate hay un reclamo por más de US$3,3 mil millones en juego.

El calendario en los despachos de Menem, Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tienen un círculo rojo en el próximo miércoles 30 de abril. Es el deadline en el que Estados Unidos publica su Informe 301, el ranking de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de países que no protegen adecuadamente los inventos de sus empresas. La Argentina es abonado a la “lista de vigilancia prioritaria” o “lista de chicos malos”, como planeó una fuente de la Casa Rosada. El apuro de Milei es que en el acuerdo comercial que se pactó con Trump en noviembre pasado incluía el compromiso argentino de la aprobación del PCT antes de fin de abril. Pero la coyuntura local tiene otros planes.

No hay a la vista de la semana que comienza este lunes una sesión en la Cámara de Diputados para discutir el tratado de patentes, ni siquiera un avance en la comisión de Relaciones Exteriores, que domina La Libertad Avanza y tiene el tema entre sus pendientes. La aprobación del Senado de 1998 no perdió estado parlamentario porque así corresponde con los tratados internacionales. Según dos fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR, no hay registro de otro pacto multilateral que tenga semejante demora. Sin embargo, cerca de Sturzenegger la expectativa es positiva: “El PCT se va a aprobar. Sea un mes más tarde o temprano, se va a aprobar”. Otra versión indica que el Gobierno ya no tiene apuro porque el acuerdo Trump-Milei quedó en el aire desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló la mayor parte de los aranceles del republicano, el septiembre pasado.

La guerra de las cartas

Ese “mes más tarde” es la ventana que logró abrir el lobby de los laboratorios nacionales (CILFA), que en el 13 de abril envió a la Cámara de Diputados un mail con argumentos técnicos para patear el debate. En un texto firmado por su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, y su gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Mariano Genovesi, la cámara pidió que Argentina adhiera al PCT, pero con una “reserva” en el Capítulo II. Sostienen que ese capítulo –el corazón del examen internacional de patentes– facilitaría el evergreening, la trampa legal para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos.

El Capítulo II habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Pero la evaluación libertaria es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo y como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo. La propuesta de CILFA, entonces, exigiría devolver el proyecto al Senado, lo que postergaría todo.

“El Capítulo II del PCT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la realización un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina de obligarse únicamente al Capítulo I del PCT, haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a) del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”, se lee en el texto de CILFA.

Según la cámara de laboratorios farmacéuticos nacionales, los consumidores –las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes– se ahorran un total de 3.321 millones de dólares por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares, según un estudio para 2025 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado.

En la otra vereda, la presión también es fuerte. La U.S. Chamber of Commerce (USABC) le escribió a Martín Menem una nota pidiendo que se apruebe el texto “tal como vino del Senado” en 1998. La misiva del 22 de abril argumenta “innovación, inversión, acceso a terapias, y el aislamiento de Argentina como único país del G20 fuera del PCT”. 

Hubo también tres documentos más. El 16 de abril la Universidad Austral hizo un informe técnico donde intentó rebatir “cinco mitos” que circulan en el debate parlamentario: que la reserva es práctica habitual (dice que todos los que la tuvieron la retiraron), que no afecta a solicitantes argentinos (contraargumenta que les genera costos adicionales), que los compromisos internacionales son solo formales (afirma que el acuerdo Mercosur-UE es de obligaciones concretas), que hay un problema jurídico con la enmienda de 2001 (dice que ya está resuelto), y que la adhesión colapsaría al INPI (da un argumento a favor de implementarla bien, no de no hacerla). Defiende la adhesión plena como la opción técnicamente correcta y como la que beneficia al tejido productivo local: PyMEs, universidades, CONICET, inventores individuales. 

El 20 de abril la cámara de multinacionales farmacéuticas (CAEMe), a través de Carlos Escobar Herrán, su director ejecutivo, envió una carta a la Cámara baja donde describe al Capítulo II como una herramienta que beneficia a los solicitantes para mejorar sus solicitudes antes de entrar en fase nacional. Señala explícitamente el doble estándar: hay empresas argentinas que usan el PCT desde el exterior para proteger sus inventos mientras se oponen a la adhesión local, un argumento ya usado por el Gobierno. 

Y el 22 de abril pasado también hubo una misiva de AmCham, la cámara de comercio argentina-estadounidense, firmada por su CEO, Alejandro Diaz, y enviada directamente a la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. El texto –conocido apenas una semana después de la presencia de Milei en el foro de AmCham– defiende la adhesión plena con Capítulo II, advierte que excluirlo perjudica a los solicitantes nacionales, y señala sobre la falta de adhesión al Capítulo II: “Puede ser interpretado como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual”. Usa un tono más diplomático que el USABC pero en la misma línea.

Hace dos semanas Menem tenía “todo listo” en Diputados para que avance el tratado. Se había agendado una reunión de comisiones que a última hora se levantó. Según trascendió, hubo un pedido especial de Cancillería, que maneja Pablo Quirno, para suspender el debate y demorarlo sin horizonte. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo una fuente anónima consultada entonces por la agencia NA.

En los últimos días un grupo de legisladores de distintos colores políticos viajó a Washington, justamente invitados por AmCham (la semana anterior otro grupo había ido a Boston vía la Red de Acción Política). Aceptaron el convite miembros de la comisión de RREE, que conduce Santillán. “Son viajes de lobby full”, comentó un diputado nacional de la comisión que no se subió al avión. El rumor que circula en los pasillos parlmentarios es que el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de aceptar cambios en el acuerdo, lo que obligaría a que vuelva a discutirse en el Senado. Así, podría darse otra vez la votación en la Cámara alta que un Menem –Eduardo, no Martín– encabezó aquel 16 de septiembre de 1998.

MC

Tras las quejas de muchos propietarios de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires al recibir las patentes en enero, alguna de las cuales llegaron con subas hasta el 100%, el gobierno porteño anunció que buscará ponerle un tope a los aumentos y dio marcha atrás.

El gobierno de Jorge Macri enviará un proyecto a la Legislatura para ponerle tope a la suba y que no pueda superar la inflación del 2025: es decir, un 31,5%.

Es así que difundieron este jueves un comunicado en redes en el que anuncia que “ninguna patente se actualizará por encima de la inflación”. “El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025”, subraya.

“Ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026, el Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025.”

“En este sentido, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogará los vencimientos actualmente previstos”, agrega el comunicado.

Y sostiene que, “asimismo, es importante aclarar que no hubo aumento del impuesto, sino que dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

“Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, concluyó.

Aumentos superiores al 100% en patentes: el motivo

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), habían aclarado justamente que la suba no residía únicamente en la alícuota del impuesto, sino en la base imponible sobre la cual se calcula el gravamen, un factor que suele quedar en las sombras hasta que el impacto llega al bolsillo del ciudadano.

La explicación técnica detrás de estos saltos abruptos radica en la actualización de las valuaciones de los vehículos. AGIP aclaró que el impuesto de patentes se calcula sobre el valor de mercado del automotor, el cual es provisto anualmente por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (DNRPA). Durante el último año, el precio de los autos usados y nuevos en Argentina experimentó una suba muy por encima de la inflación general, lo que se tradujo automáticamente en una base imponible mucho más alta para el 2026.

En este sentido, fuentes oficiales detallaron que, aunque la ciudad fijó un tope para ciertos sectores, miles de vehículos de gama media y alta, o modelos que tuvieron una alta demanda en el mercado de usados, sufrieron revalúos que superan largamente el 100%. Por lo tanto, el impuesto a pagar sube de forma proporcional a lo que vale el auto hoy en el mercado, independientemente de que la alícuota se mantenga estable. Para el fisco porteño, el promedio de aumento es del 22%, pero ese número se licúa cuando se analizan los casos de vehículos que mantuvieron un valor de reventa muy alto.

Ante este panorama de incrementos, desde el Ministerio de Hacienda porteño recordaron que existen mecanismos para mitigar el impacto financiero en los hogares. El beneficio más relevante sigue siendo el descuento por “Buen Cumplidor”, que otorga una reducción del 10% sobre las cuotas de 2026 para aquellos contribuyentes que no registren deudas al cierre del ejercicio anterior. A esto se le suma otro 10% de bonificación si se opta por la adhesión al sistema de débito automático, permitiendo un ahorro total del 20%.

Asimismo, para quienes tengan la posibilidad económica, el pago anual adelantado se presenta como la opción más defensiva frente a posibles actualizaciones futuras o pérdida de beneficios. En un contexto de incertidumbre económica, cancelar la totalidad del impuesto en enero permite congelar el valor y despreocuparse de las facturas bimestrales. Por el contrario, para quienes no pueden afrontar los nuevos montos, la AGIP mantiene abiertas las líneas de consulta y planes de facilidades para regularizar deudas previas y evitar que los intereses sigan encareciendo el mantenimiento del vehículo en la Ciudad.

Desde ahora, aquellos contribuyentes que tengan un Saldo a Favor (SAF) de Ingresos Brutos podrán usarlo para compensar deudas de Inmobiliario/ABL, Patentes o el mismo Ingresos Brutos, anunció el Gobierno porteño. Hoy hay más de 234.000 posibles beneficiarios que tienen saldos a favor de Ingresos Brutos.

“Acompañamos el esfuerzo de los que invierten, generan empleo y hacen crecer nuestra Ciudad. Menos burocracia es más tiempo, más plata y más oportunidades para los vecinos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El procedimiento es automático y 100% online. Se accede con Clave Ciudad a la Nueva Cuenta Corriente Tributaria, donde el contribuyente debe seleccionar “Operaciones” y luego “Compensar Saldo”. Desde allí se puede elegir la deuda a cancelar y aplicar el saldo a favor disponible, sin límite de montos. El sistema procesa la operación automáticamente y el resultado impacta de forma instantánea.

Esta novedad se suma a la devolución exprés de SAF implementada en enero y que ya permitió que más de 10.000 contribuyentes recuperaran su dinero en un plazo promedio de 48 horas, cuando antes el mismo trámite demoraba hasta 3 meses. En total, hasta el momento se devolvieron más de $4.100 millones.

Tanto la devolución como la compensación de Saldos a Favor son parte de una serie de cambios impulsados por AGIP para simplificar trámites, agilizar tiempos y facilitar el cumplimiento fiscal, brindando respuestas más rápidas y eficaces a las necesidades de los contribuyentes.

De esta manera, el organismo dijo que sigue “avanzando hacia una gestión tributaria más moderna y accesible, con soluciones concretas pensadas para vecinos, comercios y PyMEs que impulsan el desarrollo productivo de la Ciudad”.

MM con información de la agencia NA.

El gobierno de Javier Milei recibirá en los próximos días a Robert F. Kennedy Jr., ministro de Salud de la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el país del Norte para cerrar un acuerdo comercial que implique una baja de aranceles y modificar los requisitos para la protección de patentes en el sector farmacéutico, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a elDiarioAR.

A fines de abril, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en su informe sobre la relación con la Argentina, puso al país en la vigilancia prioritaria por posibles incumplimientos de propiedad intelectual. Entre varios sectores de la economía cuestionados, EEUU sostiene que con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, persisten preocupaciones sobre una variedad de restricciones relacionadas con la protección y aplicación de la propiedad intelectual, y el acceso al mercado.

En la reunión con Kennedy Jr., en la que participará el ministro de Salud, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Para EEUU, las políticas actuales de la Argentina, enmarcadas en la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, generan una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el Gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización”. El país norteamercano culpa a la Argentina de permitir a los laboratorios locales copiar fórmulas de remedios y no pagar las regalías correspondientes.

La negociación por los aranceles

Robert Garverick, el subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, enviado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en la Argentina a principios de mayo para analizar la suba de aranceles a las importaciones anunciada por el presidente Donald Trump.

Según se especula, la Argentina y Estados Unidos se exceptuarían recíprocamente 50 productos o algunos más, bajando a cero los aranceles (cero para entrar allá y cero para que los americanos entren en Argentina), lo que tuvo el visto bueno del Mercosur en la reunión de principios de mes.

Si bien Trump dispuso hace días una pausa 90 días para todos los países salvo China, el piso del 10% sigue vigente y las exportaciones argentinas ya pagan el arancel recíproco, según los especialistas. 

Para los alimentos representa el doble de lo que pagaban antes, mientras la tarifa para productos vegetales y químicos se multiplicó por 10. 

La ampliación de excepciones arancelarias permitirá a Argentina negociar con mayor libertad con Estados Unidos, tras la pausa de 90 días en la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, al término de la reunión el 2 de mayo de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. En Cancillería estiman que esas 50 posiciones podrían representar el 80% de lo que la Argentina exporta a Estados Unidos, unos US$ 5.000 millones.

Quién es Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista con aspiraciones ambientalistas y conocido por su férrea postura antivacunas, que fue elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud en su segundo mandato.

Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es el presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999. RFK Jr. ha escrito o editado diez libros.

Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 hasta su retirada el 22 de agosto de 2024 dando su apoyo al entonces candidato Donald Trump. RFK Jr. ha promovido teorías de conspiración y desinformación sobre las vacunas, como el vínculo no comprobado entre las vacunas y el autismo.

Desde 1986 hasta 2017, RFK Jr. fue abogado sénior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Desde 1984 hasta 2017, fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Ambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente es profesor emérito en Pace.

En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto de distrito en Manhattan. En 1984, Kennedy se unió a Riverkeeper como investigador, y fue promovido a fiscal superior cuando fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1985.

Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy & Madonna, LLP, y es un defensor de la justicia ambiental.

A través de litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.

En 2018, la Asociación Nacional de Abogados Judiciales otorgó a Kennedy y a su equipo de pruebas el Equipo de Juicio del Año por su trabajo ganando un veredicto con jurado de 289 millones de dólares en Dewayne “Lee” Johnson v Monsanto.

Trump pide a las farmacéuticas que bajen los precios de los medicamentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que solicita a las farmacéuticas que reduzcan, en un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos en el país.

El decreto instruye al Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., a negociar nuevos precios para los medicamentos y, si no se alcanza un acuerdo, entrará en vigor una normativa para igualar los precios en Estados Unidos con los de otros países donde son más bajos.

Durante la firma de la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump denunció ante la prensa que los estadounidenses están subsidiando los medicamentos de otras naciones al pagar precios más elevados por los mismos.

“Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos”, afirmó.

El mandatario aseguró que los precios de determinados medicamentos en Estados Unidos se reducirán hasta en un 90 % y declaró que las farmacéuticas pueden hacerlo de forma “voluntaria” o la Casa Blanca utilizará “el poder del Gobierno federal” para garantizarlo.

Según la prensa estadounidense, no está claro el efecto que puede tener esta orden ejecutiva en los precios, ni qué autoridad tiene el Gobierno para influir en los precios que pagan otros países.

Trump puso el ejemplo de un amigo suyo, al que no identificó con el nombre pero definió como un hombre “muy neurótico, un empresario brillante y con un sobrepeso considerable”, que lo llamó quejándose de que el precio en el Reino Unido de una inyección para bajar de peso es mucho menor que en Estados Unidos.

En 2020, antes de concluir su primer mandato, Trump firmó un decreto para invocar el mecanismo de “nación más favorecida”, que exigía que Estados Unidos pagara los precios bajos que otras naciones abonaban por los medicamentos.

El decreto, sin embargo, enfrentó obstáculos en los tribunales por la oposición de las farmacéuticas y no pudo entrar en vigor durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que lo revocó.

Con información de agencias.

IG

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, se refirió a los principales aspectos del proyecto de Ley Impositiva 2025 y destacó que para “casi el 90% de los contribuyentes, el incremento en la patente será del 13,8%, muy por debajo de la inflación proyectada”.

“Los bonaerenses que están al día con sus impuestos podrán acceder a una reducción adicional del 15% en su pago final. Es decir, no solo evitarán un aumento desmedido, sino que además pagarán menos que este año”, explicó el titular de la Agencia de Recaudación.

La medida cobra relevancia en un contexto donde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé una inflación del 35% para 2025, casi el doble del 18,3% proyectado por el gobierno nacional en su proyecto de Presupuesto.

En territorio bonaerense, ARBA administra cerca de 1,9 millones de automotores que tienen menos de 10 años de antigüedad. Los vehículos anteriores a 2014, se transfieren a los municipios, quienes se encargan de administrar el tributo.

Para incentivar el cumplimiento fiscal, la Agencia implementará nuevas bonificaciones por buen contribuyente: 5% para quienes no acumulen deuda y 10% por pago anual, que se sumarán a los beneficios vigentes.

Incluso, estos beneficios para quienes estén al día y paguen de manera anticipada todas las cuotas del año, “permitirá que las y los contribuyentes propietarios de automotores, cuya valuación es inferior a los $31 millones, paguen menos que el 2024 en términos nominales”. A modo de un ejemplo promedio, un auto que este año pagó $73.873 de Patente, dividido en 5 cuotas, en el 2025 pagará $84.067 en total; pero si accede a todos los beneficios y descuentos, pagará $71.457.

“Mientras el gobierno nacional considera 'héroes' a los evasores, desde la provincia preferimos reconocer a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones impositivas”, señaló Girard en declaraciones periodísticas. “Hoy más que nunca necesitamos fortalecer la justicia tributaria, especialmente ante políticas nacionales que privilegian a sectores concentrados y profundizan el ajuste sobre la clase media, trabajadores y pymes”, agregó. 

El funcionario remarcó que esta medida “es parte de nuestra estrategia para avanzar hacia una recaudación progresiva, donde quienes cumplen reciban un reconocimiento concreto, y los recursos recuperados se traduzcan en servicios y obras que beneficien a todos los bonaerenses”.

El proyecto de Ley Impositiva “mantiene los topes de aumento del 28% anual para el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. Además, conserva sin modificaciones las alícuotas de Ingresos Brutos para sostener el alivio fiscal sobre los sectores productivos, eliminando el cobro obligatorio de anticipos a grandes empresas y la cuota adicional en los impuestos patrimoniales”. 

Se mantiene el Régimen Simplificado que “beneficia a un millón de contribuyentes”, mientras que tributos como Sellos y Transmisión Gratuita de Bienes conservarán sus alícuotas sin ajustes adicionales.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la intención del gobierno de avanzar hacia un único registro automotor digital, eliminando las sedes físicas, y la implementación de una patente única y personal para toda la vida, como ocurre en Estados Unidos.

“¿Se van eliminar los registros automotores?”, le preguntaron al funcionario en LN+ y él contestó: “Sí, estamos en eso. La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, no 1.553 como había, porque hay 700 intervenidos”.

Señaló que el plan apunta a quitar los privilegios que hay entre quienes actualmente comandan cada registro: “Ya no tanto amigo que maneja registros, sino un órgano central y seguridad jurídica a full”.

En mayo último, el Ministerio de Justicia anunció el cierre del 40% de los casi 1.554 Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) que operan en el país, alcanzando a una de las seis oficinas de Cuyo (la de San Martín, Mendoza).

Se estima que más de 200 registros automotores están en manos de parientes o amigos de expresidentes, legisladores, jueces, intendentes, concejales o militares. Un registro automotor puede dar una ganancia mensual, luego de deducir gastos, de entre “4 y 12 millones de pesos por mes” depende de la ciudad en que funcione.

Cúneo Libarona declaró este martes que, además, se buscará finalmente la digitalización de los procesos administrativos a la hora de comprar, vender y transferir vehículos. “Todo el trámite digital, desde tu casa”.

Y sumó la implementación de la patente única y personal como en Estados Unidos: “Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde internet o el teléfono. ¿Cambiaste el auto? A otro auto. ¿Tenés dos autos? Tenés dos chapas”.

En muchos países del mundo, la patente no corresponde al auto, sino a la persona. En EE.UU., por ejemplo, en caso de comprar un usado a un particular, el comprador lleva su chapa patente y una vez acordado y abonado el precio de compra, el vendedor firma el título y un recibo con el monto y la fecha de la operación, y le entrega los papeles al comprador. Luego, acude al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de cada estado y se registra como nuevo titular.

El titular de la cartera de Justicia consideró que “hoy este sistema perverso le crea al ciudadano de bien, al joven de veintipico que se compra su primer auto, al señor mayor que no tiene plata, un costo adicional entre un 6 y 9% que va a distintas entidades”.

“Estamos trabajando, lo llamo task force, un grupo idóneo que tiene problemas laborales, tributarios, de cómo destinar los empleados, todas situaciones en este curro que no se entiende y no es sencillo. Todos, desde (Raúl) Alfonsín en adelante, intentaron disminuirlo, nosotros lo vamos a ganar, es prioridad”, enfatizó sobre la tarea a cumplir durante la gestión de Milei.

El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La efeméride fue promulgada en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo de la fecha es divulgar la función de los derechos de propiedad intelectual (PI) para fomentar el debate que estos desempeñan a la hora de alentar la innovación y la creatividad. La propiedad intelectual define el crecimiento del mundo, ya que es implementada como una herramienta estratégica vinculada al desarrollo económico de cada país.

La propiedad intelectual suele relacionarse con las creaciones de la mente humana: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes. Está protegida por legislación, como por ejemplo patentes y derechos de autor, que permiten obtener reconocimiento o ganancias. De esta manera, se procura fomentar un entorno propicio para la creatividad y la innovación.

¿Qué es la propiedad intelectual? Distintos tipos

La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico, que protege todas creaciones artísticas, literarias y científicas, tangibles o intangibles. Abarca nombres, símbolos e imágenes que se utilizan comercialmente. Con ello, se pretende evitar que cualquier obra creativa sea objeto de plagio, y en caso que suceda, se apliquen sanciones.

En la protección legal de la propiedad intelectual, se contempla la figura de las patentes. A través de ellas, se logra que las personas involucradas logren prestigio, reconocimiento y ganancias por su trabajo. Algunos tipos de propiedad intelectual son:

Lema 2023: “Las mujeres y la propidedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”

En el marco de la celebración de este día, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual selecciona un tema central todos los años. Para el 2023, es “Las mujeres y la propiedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”.

A lo largo de generaciones, las mujeres dieron forma al mundo con su ingenio y creatividad impulsando avances científicos, marcando tendencias, creando empresas y transformando el mundo en un lugar mejor. Sin embargo, pocas mujeres en la actualidad e históricamente se benefician de los derechos de la propiedad intelectual.

LC

El Gobierno porteño y bonaerense prevén para este año subas por debajo de la inflación en los impuestos como patentes e ingresos brutos. Ambos distritos incluyeron esta medida en sus Presupuesto 2023.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense sancionó, a principios de diciembre, la Ley Impositiva, que prevé subas inferiores al índice de precios. Esta ley prevé una reducción en términos reales de los impuestos patrimoniales para el 90% de los contribuyentes, al establecer para el próximo año topes menores al 60% anual.

De esta manera, el Gobierno bonaerense podrá aumentar hasta 60% los impuesto provinciales en 2023.

A partir de esta disposición, el Impuesto Inmobiliario, tanto Rural como Urbano, tendrán incrementos menores al 60%, mientras que para el Impuesto Automotor (Patentes) se estableció un tope del 40%.

En tanto, para los Ingresos Brutos se mantiene el universo de pequeñas y medianas empresas (pymes) beneficiadas por la alícuota diferenciada, a través del la suba del 95% del monto máximo de facturación.

Cuánto habrá que pagar en 2023 en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prevé para el primer mes del próximo año una suba del 6,2% en el ABL. Según estableció la administración porteña, se tomará en cuenta la inflación de cinco meses atrás, que en agosto fue del 6,2 en la Ciudad.

Sin embargo, para el resto del 2023, se seguirá actualizando el valor del tributo de manera mensual y progresiva, a diferencia de anterior metodología, que se aplicaba el incremento total directamente en la primera cuota.

En cuanto a las patentes, desde hace varios años, la alícuota es fija y no sufrirá modificaciones para el próximo año.

De esta manera, los porcentajes impositivos vigentes son:

En relación a esto, en el Presupuesto porteño para el 2023 se dejó en claro que “con la idea de atenuar el impacto de posibles incrementos en las valuaciones del parque automotor, para el 2023 se implementará un tope al impuesto, teniendo como referencia la inflación registrada durante el período noviembre 2021-octubre 2022 por el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA)”.

Los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado in extremis a un acuerdo limitado en lo relativo a la exención de las patentes para las vacunas contra el Covid-19 después de una intensa reunión ministerial de seis días en Ginebra. La decisión llega tras más de 20 meses de debates encallados en torno a la propuesta inicial de India y Sudáfrica y deja fuera, al menos por el momento, los tratamientos y diagnósticos relacionados con el Covid-19. Mientras que la OMC celebra el acuerdo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su decepción por lo que consideran un fracaso y creen que no mejorará el acceso mundial a las herramientas contra el virus.

De acuerdo con la decisión adoptada por la conferencia ministerial de la OMC, su máximo órgano de decisión, un país podrá autorizar el uso, sin el consentimiento del titular de los derechos, de la materia de una patente –que incluye los ingredientes y procesos de fabricación– requerida para la producción y el suministro de vacunas contra el Covid-19 “en la medida necesaria” para hacer frente a la pandemia. Es decir, a grandes rasgos, habilita la posibilidad de que un país permita a una empresa utilizar una patente sin la autorización del propietario y sin temor a acciones legales.

Pero el acuerdo está lejos de la propuesta original de exención de octubre de 2020, apoyada por decenas de países empobrecidos y más ambiciosa, que pedía renunciar temporalmente no solo a la protección de la propiedad intelectual sobre las patentes, sino también a los secretos comerciales, los derechos de autor y los diseños industriales.

Solo para las vacunas

A diferencia de lo que reclamaban inicialmente India y Sudáfrica, la medida solo se aplica a las vacunas, aunque finalmente se ha abierto la puerta a que, en un plazo máximo de seis meses, los países decidan sobre su ampliación para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y tratamientos de COVID-19, algo por lo que habían venido empujando algunos miembros, como los del grupo africano, y que ha sido uno de los puntos críticos del debate, según explicaron fuentes comerciales a elDiario.es. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también había pedido una exención que se extendiera a estas otras herramientas.

“La ampliación del alcance de los productos será importante para que esta decisión tenga sentido”, ha escrito en Twitter Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, que reúne a expertos en el campo del acceso a los medicamentos y piensa que la decisión es un “compromiso diplomático” que no se materializará.

No está claro el efecto que tendrá. Expertos y activistas por el acceso a medicamentos creen que la decisión habría sido más útil para las tratamientos y otras tecnologías sanitarias, y creen poco probable que la renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas sea todo lo que se necesita para facilitar su desarrollo y producción, ya que también es necesaria la transferencia de conocimientos técnicos. “Es difícil imaginar algo con menos beneficios que esto como respuesta a una emergencia sanitaria mundial”, ha dicho James Love, director de la organización Knowledge Ecology International, en referencia al acuerdo.

Otro de los elementos a despejar era la duración, que se planteaba entre tres y diez años. Finalmente, la medida se podrá aplicar durante los próximos cinco años, prorrogables en función de las circunstancias de la pandemia. Se revisará anualmente.

No todas las naciones pueden hacer uso de ella, y este ha sido otro de lo puntos controvertidos. Podrán hacerlo los países en desarrollo, aunque “se alienta” a los que tengan capacidad “existente” de fabricación de vacunas a “comprometerse de forma vinculante” a no acogerse a la decisión. Los ojos aquí están principalmente sobre China, que el 10 de mayo expresó su voluntad de no beneficiarse. En el documento aprobado, se ha optado por esta fórmula en lugar de la opción de excluir a los países en desarrollo cuyas exportaciones representaran en 2021 más del 10% de las exportaciones mundiales de dosis, algo que afectaba directamente al gigante asiático.

En un primer análisis, el Medicines Law & Policy señala que los países con capacidad de fabricación son precisamente los que con mayor probabilidad podrán poner en práctica la decisión y cree que las consecuencias de esta limitación “podrían ser incluso más graves si la decisión se amplía para incluir la terapéutica y el diagnóstico”. “Desde el punto de vista de la salud pública, lo ideal es que los países con capacidad de producción hagan pleno uso del nuevo mecanismo y puedan fabricar y exportar rápidamente”.

Tras más de un año de negociaciones estancadas, el documento que ha dado pie al acuerdo surgió en mayo de un proceso informal llevado a cabo con el llamado 'Quad' –Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos–. La organización multilateral funciona por consenso y en todo este tiempo han seguido existiendo diferencias importantes sobre cómo adaptar las normas comerciales internacionales destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual –el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)– en respuesta a la pandemia, con Reino Unido y Suiza entre los países más reticentes, según fuentes de Ginebra. En la reunión de los últimos días, los ministros han estado estudiando un texto entre corchetes, por ejemplo sobre el alcance, hasta llegar a la versión actual del proyecto de decisión ministerial, que incluye varios cambios.

Las negociaciones tuvieron que ampliarse un día más para poder llegar a un acuerdo. “Muchos dudaron de que la OMC pudiera llegar a un resultado sobre una exención de los ADPIC para la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19. Lo hemos conseguido”, ha tuiteado Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense. “Las conversaciones fueron largas y difíciles, pero llegamos a un resultado significativo para conseguir más vacunas seguras y eficaces para los que más lo necesitan”.

Tras la conferencia, que ha desembocado en el denominado el “paquete de Ginebra” –que también contiene una serie de decisiones sobre las subvenciones a la pesca, la seguridad alimentaria y la agricultura, y la reforma de la OMC–, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que el acuerdo “contribuirá a los intentos en marcha para desconcentrar y diversificar la capacidad de fabricación de vacunas, de modo que una crisis en una región no deje a otras aisladas”. En una rueda de prensa, dijo: “Ahora tenemos algo en la mano”.

La Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha emitido una declaración en la que califica el acuerdo como una “señal peligrosa”.

Fuertes críticas de las ONG

Varias voces de la sociedad civil han expresado su decepción con el acuerdo, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones que más ha abogado por la exención como solución a la disparidad en la vacunación mundial, y cree que la decisión de insuficiente. MSF reconoce que se han introducido algunos cambios en el acuerdo que “mitigan algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo”. “Pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para el Covid-19 y que incluyera a todos los países, y nos decepciona que esto no se haya ni siquiera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo”. 

A su juicio, este acuerdo no ofrece, en general, “una solución eficaz y significativa” para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, “ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas” ellas y no se aplica a todos los países. “Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas”. La organización humanitaria teme que siente un “precedente negativo” para futuras crisis sanitarias. 

En la misma línea se ha expresado la Salud por Derecho, que junto a casi 300 organizaciones de todo el mundo, ha lanzado una declaración conjunta en la que critican con dureza a la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos por, dicen, “su rol principal en el bloqueo de una exención propuesta” hace por Sudáfrica e India y tachan el acuerdo de “escandaloso fracaso”.

Según el Medicines Law & Policy, las características más amplias de la exención propuesta por India y Sudáfrica se perdieron cuando, tras el giro de EEUU en mayo de 2021, la UE presentó su contrapropuesta, que se centraba en el uso de las llamadas flexibilidades existentes en los ADPIC de las licencias obligatorias –un proceso que muchos países han argumentado que es muy engorroso– y esta “se convirtió en el núcleo del borrador” que se ha puesto delante de los ministros. Cuando se conceden las licencias obligatorias, un gobierno permite a los fabricantes genéricos producir sin autorización del propietario de las patentes –a quienes obliga a licenciarlas de manera “no voluntaria”–.

A juicio del Medicines Law & Policy, la decisión que ahora se adopta permite a un país de la OMC que reúna los requisitos necesarios utilizar una patente relacionada con las vacunas sin el consentimiento del titular de los derechos –que, según matizan, es una licencia obligatoria–, utilizando cualquier mecanismo legal nacional, como una orden ejecutiva, un decreto de emergencia, una autorización de uso gubernamental u órdenes judiciales o administrativas. “Esto puede hacer que la emisión de una licencia obligatoria sea fácil y rápida y ayudará a los pocos países que actualmente no tienen mecanismos de licencia obligatoria viables, pero no amplía sustancialmente el espacio legal que los países ya tienen bajo los ADPIC”.

“No olvidemos que las discusiones sobre la exención en la OMC tienen su origen en la negativa de empresas como Pfizer y Moderna a compartir su propiedad intelectual, tecnología y conocimientos técnicos para la fabricación de la vacuna contra el Covid, incluso con plataformas de intercambio de tecnología como el Pool de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP( de la OMS y el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas”, dice la organización, que cree que si la decisión contribuye a empujar a las empresas a compartir la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos de fabricación necesarios en el futuro para producir medicamentos y vacunas, “puede que no todo haya sido en vano”. De momento, en su opinión, no quedan más recursos.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, ha dicho que la decisión reitera en gran parte derechos ya establecidos respecto a las licencias obligatorias e “incluso añade inexplicablemente más barreras administrativas al uso de las flexibilidades existentes”. Para James Love, el acuerdo es un resultado “limitado y decepcionante” en general “que se describe con mayor precisión como una excepción estrecha y temporal a una restricción a la exportación, no una exención”. También cree el periodo de cinco años limita severamente la utilidad de la medida. Sin embargo, aunque no espera que el texto afecte a la desigualdad en lo relativo a las vacunas, cree que hay algunos resquicios de esperanza, entre otras razones porque devuelve la atención a los gobiernos nacionales para que muevan ficha.

La vacunación mundial contra el Covid ha estado marcada por enormes disparidades. Según la OMS, alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores de 60 años se han vacunado en todo el mundo, pero estas tasas son mucho más bajas en los países de bajos ingresos. Casi 18 meses después de la administración de la primera vacuna, más de 60 países aún no han alcanzado una cobertura del 40%. En estos momentos, la oferta de vacunas es suficiente, según dijo hace unos días el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS y otros actores han explicado que, en muchos países, la variante ómicron ha reducido el riesgo percibido del virus y las personas y los gobiernos se centran en otras prioridades de salud. 

IG

Se llama Corbevax y es una vacuna contra la COVID-19 relativamente barata, fácil de fabricar y libre de patentes. El origen de esta fórmula se encuentra en el Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, donde fue diseñada por un equipo codirigido por la científica María Elena Bottazzi. La institución anunció en diciembre la autorización de emergencia en India tras los resultados del ensayo de fase III –los datos completos aún no han sido publicados–.

Corbevax utiliza una tecnología tradicional basada en proteínas recombinantes, lo que permitirá su producción a gran escala, según dice Bottazzi en una entrevista con elDiario.es. La compañía india Biological E planea fabricarla a un ritmo de 100 millones al mes a partir de febrero. La investigadora nacida en Génova y criada en Tegucigalpa confía en que la vacuna sea ampliamente accesible para inocular a la población mundial y cubrir la brecha de acceso creada, dice, por tecnologías más nuevas y más costosas.

¿En qué momento y por qué se lanzaron a investigar una vacuna contra este coronavirus?

La verdad es que empezamos hace diez años, porque ya teníamos un programa para desarrollar prototipos para el SARS y el MERS. Cuando vimos la secuencia de la proteína espiga del SARS-CoV-2, parecida en un 80% a la del SARS, teníamos ya la ingeniería, los procesos, los ensayos… la estrategia para pasar de un descubrimiento de laboratorio a la producción. Ya habíamos fabricado un prototipo de una vacuna del SARS. Rápidamente en enero de 2020, cuando vimos la similitud, pensamos que lo más fácil era replicar los mismos procesos y, en efecto, tuvimos que hacer muy pocas modificaciones. 

Para abril, ya teníamos un esquema y empezamos a trabajar con otros actores que nos ayudaron a crear un consorcio de aliados para poder desarrollar esta vacuna. El objetivo siempre fue hacer una descolonización: para nosotros, era más urgente transferirla a los países de bajos y medianos ingresos, mientras mirábamos también la posibilidad de hacerlo aquí, en Estados Unidos. Pero no ha sido fácil avanzarla en los países de altos ingresos y nos hemos dedicado a proveer el conocimiento a India, Bangladesh, Indonesia, países en África y en Latinoamérica. Colaboramos en diferentes aspectos con quien quiera. Es ciencia abierta porque no mantenemos los datos en secreto.

¿Por qué no ha sido fácil en los países ricos?

Porque su estrategia era [obtener] una tecnología un poco más rápida, tal vez innovadora, que afortunadamente terminó funcionando. A veces, se tiene la percepción de que en las proteínas recombinantes, en las que se basa nuestra vacuna, los procesos de ingeniería y producción llevan más tiempo. Crear una secuencia de ARN mensajero es más fácil, pero hemos visto que escalar la producción no lo es tanto.

Nosotros siempre hemos buscado tecnologías más genéricas, para las que ya hay un ecosistema, de tal manera que alguien que recibe la transferencia no tiene que empezar de cero, porque ya tiene las fábricas y precedentes de haber producido proteínas en levadura. Por eso creímos que podía ser una tecnología complementaria a las innovadoras, a las tecnologías como el ARNm [que utilizan Pfizer/Biontech y Moderna] y los adenovirus [AstraZeneca/Oxford y Janssen]. Pero la selección de dónde invertir se enfocó bastante en las tecnologías nuevas, y se prestó atención a las convencionales un poco más tarde. 

¿Cuáles han sido sus fuentes de financiación?

El programa de coronavirus que empezamos en 2011 estuvo financiado por una subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) [una entidad pública del Gobierno de EEUU] para trabajar con un grupo de virólogos y expertos en coronavirus. En 2016, solicitamos más subvenciones pero no nos las concedieron. Pero continuamos con el proyecto con fondos internos, hasta cierto punto. En febrero de 2020, cuando pedimos ayuda, nos dieron una pequeña subvención para poder hacer estudios preliminares.

Pero después no logramos captar fondos del Gobierno federal de EEUU. Buscamos otra alternativa: seguir solicitando subvenciones, pero al mismo tiempo encontrar fundaciones y otras entidades de filantropía. Así logramos un portfolio algo diversificado. Así que hemos tenido una variedad de entidades: ciertos fondos federales, fundaciones con subvenciones o donaciones, individuos que tienen dinero y decidieron contribuir y algo de crowdfunding también. También hemos sido beneficiarios de una subvención de una empresa de vodka que estaba interesada en la respuesta a la pandemia en Texas.

Y con nuestros aliados, el acuerdo es que cada uno intente buscar sus propios fondos, a ver qué podemos conseguir. Biological E buscó por sus propios medios: el Gobierno indio, entidades europeas, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Nosotros seguimos buscando aquí en EEUU.

¿Ha sido entonces la financiación la mayor dificultad que se han topado en el camino?

El dinero siempre es difícil, pero no ha sido lo único. La dificultad es encontrar los aliados adecuados, y aunque los tengas, tienen que tener no solo la capacidad científica, sino también el apoyo de los líderes de sus países para hacer avanzar un programa de desarrollo. También, obviamente, el dinero que necesitan para pagar la producción y los estudios clínicos, porque nosotros solo les damos la tecnología.

¿Qué diferencia su vacuna de las que se están utilizando ya en todo el mundo?

La nuestra es una proteína recombinante. Tal vez, la más parecida es la de Novavax, que es una partícula de una proteína recombinante. La nuestra no es una partícula, son proteínas monoméricas. Es igual a la vacuna de la hepatitis B. Se utilizan de nuevo estas fermentaciones microbianas usando levaduras. Son formulaciones muy simples. Son vacunas muy convencionales que se han usado desde hace más de cuatro décadas, especialmente para vacunas pediátricas. 

Dicen que la suya es la “vacuna contra la COVID-19 del mundo”, ¿tiene que ver con que es más tradicional?

Sí. Cualquier productor con capacidad para fabricar vacunas basadas en levaduras puede replicarla. Los componentes son de bajo coste, tiene economía de escala porque se puede producir en grandes cantidades. Su estabilidad y almacenaje es convencional, requiere refrigeración de dos a ocho grados. Tiene un tiempo largo de estabilidad, no tiene fechas cortas de caducidad. Lo más importante es que se puede replicar no solo en los países de altos ingresos: [los productores] no necesitan aprender algo nuevo, porque ya existe. El tipo de control de calidad que se necesita para este tipo de proteína tampoco es algo nuevo.

¿En qué punto se encuentran los ensayos de la vacuna?

Biological E, el primero de nuestros aliados, ya ha terminado dos fases III [que tienen como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia] que recibieron la autorización en India. Ahora están terminando un estudio pediátrico para extender esa autorización a partir de los cinco años. Y también están elaborando un estudio para evaluar la vacuna como refuerzo en combinación con otras, como Covidshield (la versión de la vacuna de AstraZeneca del Serum Institute de India) o Covaxin (desarrollada por Bharat Biotech en India).

La intención ahora es seguir haciendo estudios para evaluar continuamente a medida que se van introduciendo al mercado. India compró 300 millones de dosis. Nuestros otros aliados están siguiendo el mismo proceso. La idea es que después todos obtengan la precalificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y se está colaborando con otras agencias reguladoras estrictas y regidoras de varios países.

¿Qué resultados han arrojado los ensayos? Los datos aún no se han publicado.

A final de este mes se van a publicar las fases I y II, y ahora están acabando los manuscritos de la fase III. Lo que se hizo para la fase III se considera un puente inmunológico [un tipo de estudio], en el que se ve la eficacia basándose en los anticuerpos neutralizantes y un correlato de protección. Demostraron más del 80% de eficacia contra las variantes delta y beta del virus, y más del 90% contra el virus de Wuhan. Ahora están terminando los resultados contra ómicron.

Han dicho que no patentarán su invención. ¿Por qué?

Nuestro centro siempre ha trabajado en enfermedades tropicales desatendidas, a las que acompaña esta idea de que hay cero incentivos, de que con tecnologías complicadas y caras nadie va a desarrollar una vacuna contra un parásito intestinal, por ejemplo. Cuando empezamos a trabajar en coronavirus, vimos que hasta cierto punto también son desatendidas. No había urgencia. Decidimos que no íbamos a patentar nuestra tecnología porque ya la integramos dentro de nuestro portfolio de desatendidas. Y ahora, en un caso de emergencia, aún más.

Moralmente, nos preguntamos qué necesidad hay de patentar. Más bien, decidimos que aprovechen los datos publicados para que cualquiera pueda adaptarla y adoptarla. Quitamos, como mínimo, esa barrera para no poner más inconvenientes a aquellos que quieran aprender. Es un buen prototipo para aprender de cero porque son tecnologías más sencillas.

Moderna anunció que no haría valer la patente de su vacuna. ¿En qué se diferencia esta decisión de la suya?

En nuestro caso, el conocimiento está ahí, publicado, pero también tenemos el compromiso de que si necesitan que lo hagamos en conjunto, nuestros laboratorios están abiertos para recibir científicos. Podemos hacer los codesarrollos compartiendo intelectualmente durante el proceso, en lugar de decir: “Aquí está la receta, averigüen ustedes cómo hacerlo”.

Se ha hablado mucho, en abstracto, de la necesidad de transferir conocimiento y tecnología para expandir la fabricación de vacunas. ¿Qué quiere decir en su caso?

Tenemos llamadas mil veces a la semana, compartimos los experimentos, revisamos cómo se hacen los procesos, escribimos los informes juntos, evaluamos los datos juntos, resolvemos las dificultades juntos. Es un proceso iterativo de colaboración, no es simplemente leer una receta en un libro y dejarlo ahí. Nuestros científicos interactúan, obviamente con la COVID-19 no ha sido tan fácil ir a verlos y que ellos vengan a vernos, pero en ciertas ocasiones sí hemos tenido la oportunidad de abrir las puertas de nuestro laboratorio para que vengan y vean cómo se hace en la vida real.

¿Con qué productores están trabajando, además de Biological E?

Con Bio Farma en Indonesia, Incepta en Bangladesh y el grupo Immunity Bio, que trabaja en un consorcio con varios países en África, incluyendo Botsuana.

¿Proponen entonces un modelo opuesto al visto hasta ahora en el desarrollo de vacunas anti-COVID?

No sé si es opuesto, pero es definitivamente diferente y es esencial, especialmente cuando queremos avanzar productos que eventualmente son de salud pública, y más aún cuando se necesitan de manera urgente. La esperanza es que esto cambie un poco el paradigma de que solo las multinacionales pueden desarrollar los productos.

Se pueden forjar más alianzas para descolonizar la capacidad, que sea local y que, en un caso de emergencia, se siga colaborando con las multinacionales, pero también que haya alternativas para evaluar diferentes tecnologías. Que la tecnología convencional no sea algo innovador no implica que no funcione. Es mejor diversificar todo en este mundo, porque si algo no funciona, tienes una alternativa. Así que es una manera complementaria, no busca reemplazar.

La desigualdad ha atravesado hasta ahora la vacunación mundial. ¿Qué piensa de esta falta de acceso?

Para nosotros lo importante es intentar que se haga una especie de bola de nieve, producir más y más este inventario de vacunas. Aunque los fabricantes están mejorando los niveles de escala, producción y almacenaje, si queremos resolver esta pandemia en 2022 necesitamos más vacunas que sean producidas, evaluadas, autorizadas y finalmente usadas. Hay muchas personas que no se quieren vacunar por cualquier motivo. Quizás esta vacuna traiga otra alternativa que mejore su confianza. 

¿Van a participar en el mecanismo de reparto equitativo COVAX y en C-TAP, la plataforma para compartir conocimiento de la OMS?

Como institución de investigación y desarrollo estamos en conversaciones junto a los productores, que están en discusiones para poder determinar esa colaboración con COVAX y esa contribución a la OMS. 

Ha comparado su vacuna con la de Novavax, que era prometedora, pero se ha topado con problemas de producción. ¿Se puede enfrentar la suya también a estos obstáculos?

La nuestra no tiene problema a la hora de escalar [la producción]. Desafortunadamente, la vacuna de Novavax es excelente, pero en efecto no ha sido fácil de producir porque la partícula es compleja, y obviamente los reactivos también lo son, aunque creo que podrán superarlo. Pero la cuestión no es competir, sino sumar en la solución. De ahí la urgencia de que se evalúen rápido estas proteínas. Varias compañías están produciendo proteínas recombinantes, y la verdad es que se van a necesitar todas.

¿Cuándo espera que se empiece a inmunizar a la población con su vacuna?

En India ya está autorizada. Apenas se sepa cómo se va a distribuir y utilizar, imagino que Biological E o el Gobierno lo anunciarán. La idea es que en los próximos tres meses empecemos a ver realmente esta distribución.

Agentes de ARBA controlaron 871 vehículos de alta gama y notificaron $20.435.273 de deuda correspondiente al Impuesto a los Automotores, durante una serie de operativos realizados en la costa atlántica, zona norte del AMBA y otras localidades bonaerenses, se informó oficialmente.

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, estuvo al frente de las acciones de fiscalización y subrayó que “los controles se enfocaron en vehículos de lujo con el objetivo de reducir incumplimientos y mejorar la cobrabilidad entre quienes poseen capacidad económica como para estar al día con sus impuestos”.

“Como resultado de estos operativos, logramos recuperar en el momento $1.752.309 de deuda de patente que correspondía a autos importados, suntuarios o de alto valor de mercado, y se establecieron compromisos de pago por más de $15,5 millones”, precisó.

Remarcó que, “si bien ARBA trabaja para mejorar la cobrabilidad en todos los segmentos, dado que contamos con recursos escasos para fiscalizar, lo hacemos empezando por quienes más tienen, porque ser inflexibles con el incumplimiento en esos segmentos es condición necesaria para construir una sociedad más igualitaria”.

Las acciones, que contaron con el apoyo de la Policía de la Provincia se extendieron a través de distintos puntos de control fiscal que la Agencia de Recaudación montó en zonas de Tigre, San Isidro, Tandil, Mar del Plata y otras localidades de la costa, el interior y norte del área metropolitana bonaerense.

En todos los casos, la labor se centró en detectar, notificar y recuperar deuda del Impuesto a los Automotores entre contribuyentes que poseen vehículos de alto valor.

Dado que ARBA cuenta con la facultad de retener, en determinadas condiciones, camionetas o autos de lujo que acumulan deuda, muchas de las y los contribuyentes intimados resolvieron abonar en el momento la mitad de lo que debían, a través de medios de pago electrónico, y se comprometieron a cancelar el resto en un período de 10 días.

Girard apuntó que “en el marco de los controles, nos encontramos en San Isidro con el caso del propietario de una Toyota 4x4 que debía alrededor de $444 mil de Patente, deuda que canceló en el momento con tarjeta de débito en uno de los puestos móviles que dispuso la Agencia en el lugar del operativo”.

El director de ARBA destacó el caso de un vecino de Nordelta al que se le notificaron más de $2 millones de deudas en el impuesto automotor e inmobiliario.

“Por un lado, una camioneta Jeep Grand Cherokee Limited, que debía $764.383 y el de una Mercedes Benz GLA 250 4 matic con deudas de Patente por $330.229; por los otros dos autos, también debía casi $80 mil. Además, tenía $1.186.000 de deuda en el Impuesto Inmobiliario Urbano. En este caso, el contribuyente fue notificado y emplazado a ponerse al día para evitar así el inicio de reclamos de deuda por la vía judicial”, dijo.

Estos operativos de fiscalización vehicular forman parte del conjunto de acciones que la Agencia de Recaudación realiza habitualmente para reducir el incumplimiento y la evasión fiscal en todo el territorio bonaerense.

“Hace seis años que vivimos una crisis muy profunda y hay gente que está pasando momentos muy difíciles. Estamos recuperándonos, y queremos que esa recuperación les llegue a todas y todos. Para lograrlo, es fundamental el despliegue de políticas públicas orientadas a tal fin, lo cual requiere el fortalecimiento de los recursos del Estado. Por eso debemos ser inflexibles con quienes tienen la posibilidad de comprar estos vehículos de alta gama, pero después especulan y no pagan la Patente”, opinó.

Analizó que “tienen que cumplir porque la Provincia hace un gran esfuerzo para apuntalar el crecimiento de la actividad y el empleo y para transferir ingresos a quienes la pasan mal, y el hombro lo tenemos que poner todos y todas. No es momento para la especulación ni para el sálvese quien pueda”, remarcó.

En las fiscalizaciones sobre vehículos, la Agencia de Recaudación puede efectuar retenciones cuando las deudas de Patente equivalen al 10% o más de la valuación fiscal, o bien cuando sus titulares registran el 30% de las cuotas impagas. Además, esos rodados deben estar incluidos en la nómina de automotores morosos que se publica en arba.gob.ar.

Si la o el propietario opta por no pagar el 50% de la deuda exigible, el organismo lleva a cabo el secuestro del automotor, labrando un acta de procedimiento y realizando la notificación en el domicilio fiscal del contribuyente. En esas circunstancias, el vehículo es trasladado a un depósito y se realiza la comunicación pertinente al juez correccional de turno.

Con información de agencias.

IG

La Moratoria 2021 de la AGIP está vigente desde febrero de este año, con el propósito de acompañar a las personas que no pudieron pagar el ABL y Patentes de los períodos adeudados entre enero 2019 y octubre 2020. 

Cómo pagar la boleta

La Cuota Moratoria 2021 podrá abonarse en un solo pago, ingresando a la página de la AGIP. Hay que seleccionar el impuesto adeudado, ir a “Tu Boleta” y hacer click en “Deuda Registrada”. La factura podrá abonarse de manera online o en efectivo en Pago Fácil y Rapi Pago (hasta $50.000), o Provincia NET (hasta $100.000). 

En el caso de pagos online, se aceptan tarjetas Visa y Mastercard, de crédito y débito. También está disponible la opción de abonar en cajeros automáticos, homebanking, PagoMisCuentas, Link Pagos, VISA Home y Master Consultas. La boleta puede aparecer como “Cuota 219”.

Por otro lado, quienes no pudieron cumplir en 2020 con su plan de pago de cualquier impuesto tienen tiempo hasta el martes 31 para rehabilitarlo, en las mismas condiciones que el plan original. Para hacerlo, hay que ingresar a la web de la AGIP con Clave Ciudad, ir a la sección de “Servicios” y seleccionar “RePCa - Rehabilitación de Planes Caídos”. Después, hay que hacer click en “Reactivar Plan” y completar el CBU al que se le debitarán las cuotas. Para más detalles sobre el trámite, se puede consultar el tutorial.

MGF

El Parlamento Europeo apoya negociar la liberación de patentes de las vacunas contra el coronavirus. Así se ha decidido este jueves, con 355 votos a favor, 263 en contra y 71 abstenciones. La votación evidencia la evolución del debate en los últimos meses: la Eurocámara en abril votó en contra; en mayo, a favor de la iniciativa de India y Suráfrica, pero dentro de una resolución sobre el sida. Y en junio, después de un debate específico mantenido hace un tres semanas se ha aprobado una resolución que incluye una enmienda aprobada por un voto de diferencia que pide “apoyar las negociaciones en favor de una suspensión temporal de los acuerdos de propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19”.

Populares, liberales y ultraconservadores votaron en contra de esa enmienda presentada por los Verdes y, mayoritariamente, en contra de la resolución –PP y Ciudadanos han votado en contra; Vox, se ha abstenido–.

Dos enmiendas más explícitas, presentadas por The Left (el grupo de Unidas Podemos), fueron rechazadas, en las que se pedía a la Comisión Europea “que garantice que los resultados de la investigación financiada total o parcialmente por programas de la Unión u otros fondos públicos, incluido el futuro HERA, sigan siendo de dominio público o estén sujetos a licencias no exclusivas”, y otra que defendía que “durante una pandemia y una epidemia, el derecho a la salud debe prevalecer sobre el derecho al beneficio, y que las patentes no deben constituir un obstáculo a la producción de vacunas y medicamentos para salvar vidas ni utilizarse para obtener beneficios y ganancias adicionales”.

En efecto, en el debate de la Eurocámara sobre la resolución relativa a las patentes se evidenció que conservadores, ultraconservadores, liberales, el Consejo (los Gobiernos) y la Comisión Europea no apuestan por la liberación de las patentes, como se plasmó en la propuesta del Ejecutivo comunitario ante la OMC.

Así, el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario y encargado de Comercio, Valdis Dombrovskis, dijo en el pleno: “Ampliar la producción y compartir las vacunas a precio de saldo a los países de rentas bajas y medias es la manera más eficaz de luchar contra la pandemia en el mundo en este momento”. Y añadió: “La Unión Europea quiere examinar las propuestas para una suspensión temporal y limitada de los derechos de propiedad para compartir licencias. Pero esto va a requerir tiempo para que surta efecto, y por eso primero tenemos que apostar por ampliar la producción y que aquellos países que ya han vacunado a gran parte de la población sigan nuestro ejemplo y compartan su producción inmediatamente con los países que más necesiten las vacunas. Ampliar la producción y compartir las vacunas a precio de saldo de producción es la manera más eficaz de luchar contra la pandemia en el mundo en este momento”.

Augusto Santos Silva, ministro de Exteriores portugués y presidente de turno del Consejo de la UE, defendió en su intervención: “En cuanto a la suspensión del acuerdo a la OMC de los derechos de propiedad, la Unión Europea quiere discutir cualquier propuesta sobre la suspensión de los derechos de propiedad. Pero tenemos que saber lo que proponen. Por ejemplo, parece que la propuesta estadounidense no es la misma que las propuestas que nos han llegado de India y de Suráfrica. Pero en la situación actual, la rapidez y la aumento de la capacidad de producción son fundamentales. Por eso, a corto plazo, la prioridad de la Unión Europea es la de incrementar la producción de vacunas contra la COVID-19 para conseguir una vacunación global”.

En ese mismo debate, la presidenta de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, defendió que “la Comisión Europea que apoye en la Organización Mundial del Comercio la suspensión temporal de patentes para compartir licencias y asegurar la distribución planetaria de las vacunas. Reconocemos el papel que la propiedad intelectual ha jugado a lo largo de la historia como motor de progreso económico, pero las extraordinarias circunstancias de una pandemia que ha matado a más de tres millones de personas y llevado a decenas de millones a la indigencia, requiere soluciones extraordinarias. Es la hora de decidir qué lugar queremos ocupar en la historia. Porque ponerse del lado de los monopolios de las farmacéuticas en una pandemia simplemente supone permitir que muchas personas mueran cuando realmente podrían salvarse”.  

El vicepresidente del grupo popular europeo, Esteban González Pons, dijo: “Estamos ante una emergencia humanitaria internacional. Incentivemos, pues, acuerdos entre empresas para que multipliquen las vacunas que fabrican. Pero tratándose de algo tan estratégico como la salud pública, protejamos a nuestros investigadores de las ambiciones de Rusia o de China, que, por cierto, jamás compartirán sus avances. Fabriquemos vacunas para todos, pero no corramos el riesgo de no saber quién fabrica las nuestras”.

El vicepresidente de Renew Europe y portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano, por su parte, afirmó que el debate se estaba produciendo “a causa de una maniobra política del presidente de los Estados Unidos para ocultar un hecho sangrante, la realidad es que EEUU ha estado operando bajo una prohibición de las exportaciones de vacunas y de componentes hasta este momento. Tenemos un problema urgente, que es la vacunación.¿Quién va a investigar en vacunas en el futuro si piensa que la propiedad intelectual va a ser eliminada?”

Enmienda previa en resolución sobre el sida

En mayo pasado, sin embargo, el Parlamento Europeo llegó a pedir la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus por medio de una enmienda presentada por el grupo de La Izquierda dentro de una resolución aprobada para “Acelerar el progreso y abordar las desigualdades para poner fin al sida como una amenaza para la salud pública para 2030”.

La enmienda fue aprobada por 293 votos a favor, 284 en contra y 119 abstenciones, y pedía a la UE “que apoye la iniciativa de India y Suráfrica en la Organización Mundial del Comercio para una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas, equipos y tratamientos contra la COVID-19, e insta a las compañías farmacéuticas a compartir sus conocimientos y datos a través de la herramienta Technology Access Pool (C-TAP) de la OMS”.

“Gracias a nuestra enmienda, el Parlamento Europeo ahora apoya oficialmente la exención del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y envía un mensaje claro al Consejo ya la Comisión, que se han opuesto constantemente a la propuesta de India y Suráfrica en la OMC. Ha llegado el momento de que dejen de defender las ganancias de las grandes farmacéuticas por encima de la vida de las personas. La inacción mata y el mundo nos está mirando”, dijo entonces Manon Aubry (Francia Insumisa), copresidenta de La Izquierda (antes GUE, el grupo de UP, Syriza, Die Linke, EH Bildu...).

Un mes, en abril, la misma enmienda presentada en una resolución sobre los certificados covid fue rechazada con el voto del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D) y los liberales (Renew Europe). Esta vez, sin embargo, los socialistas han votado a favor, al igual que los Verdes, que ya lo hicieron en abril.

Las organizaciones de derechos de datos personales y defensa de la privacidad han advertido que los pacientes carecen de una comprensión clara del modo con que se puede usar la información sobre su salud, empleo, contacto o detalles de ubicación domiciliaria si esta es  recopilada por entidades privadas durante la campaña de vacunación Covid-19.

Algunos defensores ya han expresado su preocupación de que la información pueda usarse para marketing, publicidad dirigida o desidentificación para venderse a la industria multimillonaria de datos de salud.

“Esta [vacuna] es un milagro de la ciencia moderna, y es muy importante que llegue lo más rápido posible a todas las personas, y sin embargo, todas las preguntas secundarias se han dejado de lado”, dijo Adam Tanner, profesor asociado en Instituto Universitario de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvad, en la ciudad de Cambridge del estado de Massachusetts.

Tanner, autor del libro Nuestros cuerpos, nuestros datos: Cómo las empresas ganan miles de millones vendiendo nuestros registros médicos, que explora el mercado de datos de salud no identificados, se pregunta: “¿Qué les sucede a todas estas personas cuyos datos ahora tiene un gran volumen?”

Los defensores de la privacidad advierten que las farmacias minoristas, en particular, están desdibujando la línea entre la salud pública y el comercio. Por ejemplo, la empresa Walgreens -que opera como la segunda cadena de farmacias más importante de los EEUU- requería que todos los clientes que buscaban una cita para recibir la vacuna crearan una cuenta, incluida la suscripción a los correos electrónicos de marketing, informó el sitio web de noticias de tecnología ReCode.

La empresa también alentó a las personas que buscan programar citas para vacunarse a unirse a su programa de lealtad, que proporciona datos a la rama de publicidad de la farmacia, Walgreens Advertising Group.

Los hospitales sin ánimo de lucro también se han sumado a este clima de aparente tranquilidad. RWJBarnabas Health, un gran grupo hospitalario de Nueva Jersey que opera el centro médico de la ciudad de Jersey, pidió a los pacientes que reciben una vacuna allí que firmen un formulario, que en una de sus partes, aclara: “Entiendo que pueden ser contactados como parte de las actividades de marketing del hospital”, y que también los pacientes podrían recibir comunicaciones “como parte de sus actividades de recaudación de fondos”.

EEUU tiene protecciones de información de salud relativamente sólidas para las personas en virtud de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros de Salud, mejor conocida como HIPPA. Esta ley regula cómo los hospitales, las farmacias, los médicos y las aseguradoras pueden compartir la información médica de las personas.

Sin embargo, permite la venta de datos “anónimos” y, en una era en la que gigantes de los datos como Google se asocian con proveedores de atención médica, los tribunales están considerando hasta qué punto HIPAA protege la información personal. Un riesgo distintivo es que, en asociación con grandes corporaciones que ya poseen una gran cantidad de datos de consumidores, los registros médicos de las personas podrían ser efectivamente “re-identificados”.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también parecen preocupados por la forma en que las entidades privadas recopilan datos en la campaña de distribución de vacunas y advirtieron contra el uso de datos personales con fines comerciales.

“Se prohíbe a los proveedores utilizar cualquier información recopilada en el curso de su participación en el programa de vacunación de los CDC Covid-19 ... con fines de marketing comercial”, escribió la agencia. La agencia continuó: “Dichos datos no se pueden vender ni proporcionar a ninguna otra entidad, excepto según lo requiera el acuerdo del proveedor”.

Sin embargo, los expertos en privacidad se muestran escépticos de que dicha orientación sea suficiente.

“Me sorprendería si eso tuviera algún efecto legalmente vinculante”, dijo Lee Tien, abogado senior y experto en privacidad de organización sin fines de lucro de San Francisco, Electronic Frontier Foundation. “Me encantaría si lo fuera, pero me sorprendería”.

En una declaración, RWJBarnabas dijo que “se compromete a proteger la privacidad del paciente y realizar cualquier divulgación sujeta a la autorización del paciente y utilizar solo los datos identificados del paciente según lo permitan las leyes estatales y federales, como se establece en nuestro consentimiento”. El grupo hospitalario también dijo que revisaría, “y, si es necesario, hará cambios a nuestras políticas de acuerdo con las pautas de los CDC del 2 de abril de 2021”.

Tanner dijo que se les pide a los pacientes que envíen todo tipo de información que podría ser útil tanto desde el punto de vista médico, por ejemplo, para evitar reacciones adversas graves a las vacunas, pero que también la misma información podría ser útil para las empresas privadas.

En su propio ejemplo, se le pidió que actualizara su dirección con CVS para recibir una vacuna. Esta importante información es vital para los vacunadores, sin duda, pero también podría utilizarse para comercializar a Tanner en el futuro sin que se pueda probar que se haya obtenido como resultado de la campaña de vacunación.

“Esa información es médicamente útil, pero también es útil para las ventas y el marketing, así que solo estoy planteando la pregunta: ¿los datos están debidamente protegidos en medio de esta importante campaña de vacunación?”, dijo.

Y agregó, “La respuesta está todavía un poco turbia.” 

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio

Toda crisis sanitaria tiene un punto de inflexión. O varios: cadenas de eventos que en silencio o con estruendos tuercen el curso de los hechos, alteran de un volantazo su rumbo hasta eventualmente disiparse y quedar como una herida supurante tanto en los cuerpos como en las mentes de quienes la padecieron. 

Por lo general, estos sucesos-bisagra suelen ser identificados con pinzas a posteriori por historiadores, aquellos detectives y guardianes del tiempo quienes suelen también fragmentar el río de los acontecimientos en eras y edades para su mejor estudio, así como para garantizar su preservación en la frágil memoria del mundo.

Desde el establecimiento de los programas nacionales de inmunización, la introducción de las vacunas contra enfermedades infecciosas ha sido uno de estos momentos disruptivos. Gráfico tras gráfico se ve lo mismo: después de la incorporación de vacunas contra la difteria (1940), la polio (1956), el sarampión (1968), el meningococo (1999) se aprecia una marcada disminución en su incidencia, como la bajada en picada de una montaña rusa.

El 2 de diciembre de 2020 el Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la primera vacuna contra el coronavirus. Entonces, el rumbo de la pandemia se alteró. 

Desde entonces, se han aplicado más de de 1,24 mil millones de dosis en 174 países a un ritmo actual de 18,9 millones de dosis por día. En los países con tasas de vacunación más altas -Seychelles, Israel, Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, San Marino, Bahrein, Chile, Estados Unidos, Reino Unido- los casos de Covid se han estabilizado o disminuido. 

Pero la ciencia -que embanderó las esperanzas del planeta desde el inicio de los ensayos clínicos- ya no basta. Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.

Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.

Desde que aterrizó el primer pinchazo en un brazo, el mundo se dividió en dos: de un lado los ciudadanos vacunados, del otro aquellos que aguardan. Con el avance de las campañas, las fracturas se pronunciaron. Ahora hay países con vacunas donde gente no se quiere vacunar y naciones sin vacunas donde personas no dudarían un segundo en arremangarse si llegara la oportunidad. 

Es el nuevo desequilibrio. En la India, por ejemplo, solo 9 de cada 100 personas han recibido una dosis, en comparación con 64 en Estados Unidos. La OMS dijo en abril que de todas las vacunas administradas en el mundo solo el 0,2 % había sido en países de bajos ingresos.

“Estas vacunas son un triunfo sin precedentes para la ciencia -indica Rachel Cohen, directora regional de la ONG Drugs and Neglected Diseases initiative-, pero si solo el 20% o el 30% del mundo termina beneficiándose, ¿cuál es el punto de la innovación?”.

En este marco de desigualdad, con el ininterrumpido hedor proveniente de los crematorios al aire libre en la India y el avance rampante de nuevas variantes del coronavirus, un tuit trajo nuevos aires de esperanza. Con 240 caracteres, Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, sacudió al planeta: “Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias -publicó junto a un comunicado el miércoles 5 de mayo-. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas para la COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en las negociaciones de la OMC para que eso suceda”.

¿Será esta declaración uno de los tan esperados puntos de inflexión de la pandemia? Solo el tiempo lo dirá. 

 Capitalismo salvaje

El 2 octubre del año pasado, India y Sudáfrica presentaron en conjunto ante la Organización Mundial del Comercio una propuesta radical. En el punto 3 del texto, decía: “Dado el contexto actual de emergencia mundial, es importante que los miembros de la OMC trabajen juntos para garantizar que los derechos de propiedad intelectual no creen barreras al acceso oportuno a productos médicos asequibles, incluidas las vacunas y medicamentos para combatir la COVID-19”.

En otras palabras, proponían una exención temporal de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y medicamentos para la COVID-19 mientras dure la pandemia con miras a facilitar un acceso más amplio a las tecnologías necesarias para la producción de dosis y drogas. No fue una petición muy descabellada: de hecho, se basa en un artículo del Acuerdo de Marrakech, que estableció la OMC, que permite la suspensión de los derechos de propiedad intelectual en “circunstancias excepcionales”.

De prosperar, esta disposición permitiría a cualquier empresa farmacéutica del mundo producir vacunas contra el coronavirus utilizando tecnología desarrollada por sus competidores sin el temor a ser demandados por infringir los derechos de propiedad intelectual. Sus impulsores señalan que esto aumentaría el número de sitios de producción y, por lo tanto, reduciría la brecha cada vez mayor entre los países ricos y vacunados y las naciones más pobres.

Durante diez reuniones en siete meses, los miembros de la Organización Mundial de Comercio se han visto las caras y han debatido la propuesta sin llegar a un acuerdo. 

La Organización Mundial de la Salud fue de las primeras instituciones en apoyar la petición. Le siguieron más de cien países de ingresos medios y bajos y 375 ONGs, como Médicos sin Fronteras.

En cada reunión convocada en Ginebra, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Japón y Brasil -que albergan hoy a los principales grupos farmacéuticos- la bloquearon. 

Es que hay mucho en juego. No solo vidas. Mientras que para la mayoría la pandemia acarrea únicamente muerte y desolación, para un pequeño pero poderoso grupo ha significado ganancias extraordinarias. Un poder no solo económico sino también de influencias: de hecho, se estima que la “guerra por las vacunas” es el primer  conflicto geopolítico global del siglo XXI. 

Lejos han quedado las épocas de los virólogos Jonas Salk y Albert Sabin que se negaron a patentar sus vacunas contra la polio. 

Hasta hace un año desconocidas por el público general, compañías como Moderna y BioNTech son las grandes ganadoras de la crisis sanitaria: el precio de sus acciones se ha disparado en pocos meses. Ante las dificultades que han tenido sus rivales AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sanofi, estos laboratorios se han convertido en fabricantes de referencia. El gigante Pfizer anunció que planea recaudar 26 mil millones de dólares en 2021 solo con las ventas de su vacuna. Moderna estima 19,2 mil millones.

Las razones que argumentan los países opositores a la propuesta de India y Sudáfrica son de lo más diversas: aducen que se trata de un ataque a la innovación, que sabotea las enormes inversiones de las empresas en el desarrollo de medicamentos y vacunas, o que le entregarían en bandeja de plata secretos científicos y tecnológicos a Rusia, China, Irán y Corea del Norte.    

Mientras en India se reportaban 3.449 nuevas muertes, The Wall Street Journal salió en defensa del sector Big Pharma con un editorial titulado “El gran robo de las patentes de Biden”: “Este robo de patentes no terminará bien para Estados Unidos ni para el mundo (...). Los gobiernos europeos se han opuesto a la exención porque se dan cuenta de que sienta un precedente terrible. Una vez robada, la propiedad intelectual de innovaciones revolucionarias como las vacunas de ARNm Moderna y Pfizer-BioNTech no se puede devolver. (...) Así será menos probable que inversores financien nuevas investigaciones sobre medicamentos si creen que su propio gobierno los traicionará bajo presión política”. 

Un día después, el comité editorial de este periódico alineado con los intereses de Big Pharma prosiguió: “De un solo golpe, Biden ha destruido decenas de miles de millones de dólares en propiedad intelectual de EE.UU. Ha sentado un precedente destructivo que reducirá la inversión farmacéutica y ha cedido la ventaja estadounidense en biotecnología, una industria de crecimiento clave del futuro”.

Déjà vu

El apoyo de la administración Biden a la propuesta de la India y Sudáfrica fue sorpresivo por una razón: Estados Unidos ha sido históricamente un acérrimo defensor de los derechos de propiedad intelectual.

Fue en abril, con el aumento de la brecha entre los países ricos con vacunas y los países pobres arrollados por nuevas olas, cuando el debate en la OMC se aceleró. Al mismo tiempo que la tragedia se encrudecía en la India, ex-jefes de Estado y premios Nobel firmaron una carta abierta pidiéndole al presidente de Estados Unidos que apoyara una exención de las reglas de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus.

En países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.

Además, el presidente estadounidense contaba con la presión de su propio partido: diez senadores demócratas, incluidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, lo instaron a priorizar a las personas sobre las ganancias de las compañías farmacéuticas.

Biden, entonces, se decidió e inclinó la balanza. “Esto marca un cambio importante en la política de los Estados Unidos a favor de la salud pública”, dice Matthew Kavanagh, investigador de salud global en la Universidad de Georgetown.

Hay muchas razones para apoyar una distribución global de vacunas, argumentos que le deberían importar a los países ricos que, con el acaparamiento de vacunas y el llamado “vacunacionalismo”, pusieron al mundo en la desigual situación en la que se encuentra hoy: en países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.

Según The Economist Intelligence Unit, es posible que ciertos países no tendrán una parte significativa de su población vacunada recién hasta 2024. 

Los defensores de la propuesta de la India y Sudáfrica consideran que la petición está justificada por el hecho de que las farmacéuticas se han beneficiado de miles de millones de dólares y euros que recibieron de fondos públicos. De hecho, pese a mostrarse como los paladines y vencedores del momento, ninguna de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas es puramente el resultado del trabajo del sector privado. 

“¿Por qué las corporaciones farmacéuticas deben tener monopolios, a través de patentes y otras exclusividades, y obtener ganancias de productos que fueron desarrollados con dinero de los contribuyentes?”, se pregunta la activista y investigadora francesa de ciencias sociales Gaëlle Krikorian de Médicos Sin Fronteras.

No es la primera vez que el enfoque lucrativo de la industria farmacéutica y el vacunacionalismo de los países ricos se ha interpuesto en la salud global: en los '90, en el apogeo de la pandemia de VIH/sida, los elevados precios de los medicamentos antirretrovirales condujeron a la muerte de al menos 11 millones de personas en África mientras la prevalencia de la enfermedad se desplomaba en los países de ingresos altos. 

En 2004, cuando resurgió la gripe aviar (H5N1), los países ricos tuvieron acceso prioritario a las vacunas. Lo mismo volvió a suceder en 2009 durante la pandemia de gripe A (H1N1). Los países desarrollados hicieron grandes pedidos anticipados de la vacuna, comprando casi todas las dosis que posiblemente podrían fabricarse. Muchos de estos países de altos ingresos prometieron donarlas. Sin embargo, la mayoría de ellos incumplieron sus promesas.

El nuevo orden mundial

Para que la propuesta de India y Sudáfrica prospere debe contar con el consenso de los 164 miembros de la OMC. Algo que parece hoy poco probable. El apoyo de Biden al menos sacudió el tablero. Y las piezas se fueron reacomodando. 

Al mismo tiempo que se expandía una ola de indignación en el sector farmacéutico -cuyas acciones se vieron instantáneamente afectadas-, el anuncio fue celebrado tanto por el presidente francés Emmanuel Macron como por el gobierno español y por Vladimir Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que espera “tener discusiones activas y constructivas con todas las partes en el marco de la OMC para alcanzar un acuerdo efectivo y equitativo”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que el bloque estaba dispuesto a discutir cómo la propuesta podría ayudar a abordar la crisis actual de una manera eficaz y pragmática. Esto fue antes que Alemania, sede BioNTech y CureVac -dos de los principales desarrolladores de vacunas de tecnología ARN mensajero-, se opusiera firmemente a la propuesta de renunciar a las protecciones de patentes para las vacunas contra el coronavirus.

“El factor limitante para la producción de vacunas son las capacidades de fabricación y los altos estándares de calidad, no las patentes”, indicó la canciller alemana Angela Merkel. “La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y esto debe seguir siéndolo en el futuro”.

La situación, así, sigue estancada. El mundo sigue siendo bipolar: de un lado, las farmacéuticas que aumentan sus ganancias y del otro, los muertos que se apilan. 

De hecho, incluso con el apoyo de Estados Unidos probablemente los gobiernos en pugna no se pondrán de acuerdo sobre los detalles de la exención durante varios meses más. Los opositores -entre los que se encuentra Bill Gates- piensan que aunque se aprobase la propuesta de la India y Sudáfrica no tendría efectos inmediatos. Las vacunas son productos biológicos complejos que requieren no solamente el equipo adecuado sino también los conocimientos técnicos específicos con el fin de asegurar su calidad. 

En esto influirá la cooperación o no de los titulares de patentes. Empresas farmacéuticas de países como India, Bangladesh, Indonesia, Senegal, Egipto y Sudáfrica -con tradición en producir medicamentos genéricos- afirman tener la capacidad de producir en unos pocos meses si los fabricantes occidentales aceptan compartir su tecnología, es decir, si proporcionan la “receta” para elaborar la vacuna. Si se niegan, las empresas tendrán que reconstruir el proceso de fabricación desde cero, lo que podría llevar entre nueve y doce meses.

Los fabricantes de vacunas señalan que la aparición de nuevos competidores incluso podría significar una traba a la producción actual. En estos momentos, muchas de las materias primas y componentes críticos necesarios para fabricar las vacunas escasean. “Ya estamos bajo presión para abastecernos nosotros mismos”, advirtió el jefe de Moderna, el multimillonario francés Stéphane Bancel. “Si se suman más competidores pidiendo materias primas, eso no mejorará la situación”. 

Además, los nuevos productores tendrían que realizar ensayos clínicos de sus vacunas, solicitar su autorización y luego ampliar la fabricación, lo que podría llevar entre 12 y 18 meses. 

“Creo que sería ingenuo pensar que de repente, esto se resolverá”, afirmó la nueva Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala quien ha intentado acercar las posiciones con una tercera alternativa: alentar acuerdos de licencia voluntaria, como la asociación entre AstraZeneca y el Serum Institute de India.

“La comunidad global comenzó este año con el objetivo singular de poner fin a la pandemia de Covid-19. Esto solo sería posible si se vacunaran cada vez más personas en todo el mundo y lo antes posible”, sostiene Prabhash Ranjan, profesor en la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad del Sur de Asia, Nueva Delhi. “Dada la enorme demanda, la producción de vacunas debe incrementarse y seguirse asegurando una distribución más amplia y equitativa. Una exención de propiedad intelectual por sí sola no puede realizar tal tarea. No obstante, podría ser un paso importante para lograrlo”.

FK

El debate de las patentes está atravesando a la Unión Europea desde que lo puso sobre la mesa esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hay países, como España o Italia, que se han manifestado públicamente a favor de que haya que moverse en esa dirección, y otros como Alemania, donde se producen millones de dosis, que se han alineado con los intereses de las farmacéuticas. En todo caso, el común denominador de los 27, reunidos en una cumbre informal en Oporto, fue señalar los problemas generados por las trabas a las exportaciones de países como Estados Unidos y Reino Unido. En paralelo, la UE ha exportado más de 200 millones de dosis.

“Hay muchos avances en Europa en la producción y entrega de vacunas”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, después de la cena del viernes por la noche en la que se habló de la situación de las vacunas: “Somos conscientes de que debemos permanecer atentos ante el riesgo de mutaciones y variantes y queremos apoyar la investigación. Otro asunto importante que discutimos anoche fue el lanzamiento de los certificados covid. Y acordamos que en la cumbre del 25 de mayo retomaremos este asunto para asegurar que podamos alcanzar un acuerdo sobre esto”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó: “Me complace informar de que el trabajo está bien encaminado para que el sistema de Certificado Verde Digital esté operativo en junio. Queremos que los europeos disfruten de un verano seguro y relajado. Pero no debemos socavar los esfuerzos de vacunación en curso; abrámonos de manera cautelosa y coordinada. La UE está liderando el esfuerzo mundial para vacunar. Para ello, deben levantarse todas las restricciones a la exportación. Instamos a todos los países a hacer esto. De esta manera, deben continuar los esfuerzos para aumentar la capacidad de producción. Y estamos listos para discutir otras propuestas sobre cómo apoyar el acceso a las vacunas”.

“Debemos estar abiertos al debate sobre las patentes y analizar las licencias, pero son asuntos para el largo plazo”, zanjó Von der Leyen, tras la cumbre de Oporto.

Pero el asunto que más divide a la UE es cómo asegurar que las vacunas lleguen a todo el mundo lo antes posible. “Europa está muy comprometida con la solidaridad internacional. Somos la única democracia que exporta masivamente vacunas. Iniciamos y apoyamos mucho la iniciativa COVAX. En cuanto a la propiedad intelectual, no creemos que a corto plazo pueda ser una solución mágica, pero debemos estar preparados para discutir este tema tan pronto como se pongan sobre la mesa propuestas concretas”.

Es decir, la UE, como hizo el viernes la Comisión Europea, señala que Estados Unidos, de momento, no ha presentado una propuesta detallada sobre su propuesta de levantar las patentes.

“También creemos que debemos alentar a todos nuestros socios a facilitar las exportaciones para asegurar que haya tantas dosis como sea posible y que se puedan movilizar en cualquier parte del mundo”, dijo Michel: “Todos coincidimos en que necesitamos hacer todo lo posible para aumentar la producción de vacunas en todo el mundo”.

“Hoy en día no hay una fábrica en el mundo que no pueda producir dosis para países pobres debido a patentes”, argumentó este sábado el presidente francés, Emmanuel Macron, a preguntas de la prensa: “La prioridad hoy no son las patentes, es la producción. ¿Qué está bloqueando la producción hoy? Lo primero es abrirse a la exportación. De lo que producimos en la UE, permitimos exportar el 50%. Es necesario que los anglosajones dejen de prohibir las exportaciones. La segunda palanca es preparar las fábricas, como lo hemos hecho cada vez más en Europa, para producir más vacunas con la transferencia de tecnología. La tercera palanca es la donación de dosis. Se trata de hacer lo mismo que hicimos en la época del VIH: si la propiedad intelectual bloquea, hay que poder levantarla, pero de forma limitada. Decir que la vamos a romper no incentiva a los inventores: la innovación debe ser recompensada, si bien debemos poder liberarla cuando bloquea el acceso”.

Y añadió: “Es un debate falso, la urgencia es producir más”. El primer ministro italiano, Mario Draghi, por su parte, también atacó a Biden por las exportaciones y propuso una derogación temporal de las patentes bajo ciertas condiciones. “En Europa hay que seguir acelerando la vacunación con transparencia y aumentar la producción de forma segura”, dijo Draghi, quien también advirtió a “aquellos países que aún bloquean las exportaciones”.

“Hay millones de personas sin acceso a las vacunas que están muriendo”, señaló Draghi este sábado en una rueda de prensa: “Aún hay que conocer los detalles de la propuesta de EEUU”.

“Si vamos un poco más allá, vemos que la cuestión es mucho más compleja. Porque, en primer lugar, la producción de estas vacunas es muy compleja, requiere tecnología, requiere especialización y requiere organización. Esta producción debe ser segura. Por tanto, la liberalización de las vacunas sin patente no garantiza esta seguridad. Antes de llegar a la liberalización de las vacunas, conviene hacer otras cosas más sencillas. Por ejemplo, quitar el bloqueo de exportación que hoy mantienen Estados Unidos y Reino Unido. La Unión Europea exporta hoy tantas dosis como las que ha distribuido a sus ciudadanos, es decir, el 50% de la producción de la Unión se destinó a los mercados de Canadá a los Estados Unidos y al Reino Unido”.

“Lo segundo que hay que hacer”, manifestó Draghi, es acelerar la producción a través de la transferencia de tecnología con la identificación de nuevos sitios de producción. “El mérito de esta propuesta de Biden es que ha abierto una puerta y me parece que el Consejo Europeo es bastante unánime al respecto. Esta es una puerta abierta, veamos qué significa. Luego, lo consideraremos y decidiremos. Evidentemente hay quienes protegen más y hablan del carácter sagrado de la patente. Y hay quienes son más abiertos en esto, pero hay consenso en seguir adelante”.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, afirmó en la rueda de prensa posterior a la cumbre: “No hemos dicho que no en mayúsculas a la liberación de patentes, pero creemos que lo urgente ahora es acelerar la producción”.

El Gobierno español, por su parte, decía este jueves que la suspensión de patentes “marca el camino”, pero avisaba de que “no es suficiente”. El Ejecutivo llevó a la Cumbre Social Europea de Oporto una propuesta en forma de non paper en la que pide “reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas y acelerar su distribución por todo el planeta”.

En el documento, titulado 'Iniciativa vacunas para todos' y al que tuvo acceso elDiario.es, el Gobierno expone que la vacunación global presenta “numerosos desafíos que tienen que abordarse de forma simultánea y coordinada”. Para ello, exponen tres pilares principales: “reforzar la transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas y acelerar su distribución por todo el planeta”.

Así, el Gobierno cree que la propiedad intelectual “no puede ser un obstáculo” para acabar con la pandemia“ y enfatiza la importancia de mejorar la plataforma de tecnología mancomunada C-TAP, ya existente, como una herramienta para compartir todo tipo de conocimiento acerca del virus.

España también propone la creación de una plataforma que garantice un enlace adecuado entre la producción y la demanda de la vacuna en los diferentes países en el mundo, así como medidas encaminadas a la mejora del comercio. “Todos los países deben comprometerse a relajar los obstáculos al comercio, incluidas las sanciones a la importación y exportación de bienes”, reza el documento.

Por último, invita a los países a ampliar sus contribuciones al mecanismo COVAX para asegurar su eficiencia e invitan a crear una alianza público-privada entre aerolíneas, estados, organizaciones internacionales y otros actores relevantes, como GAVI, para “impulsar la distribución de las vacunas”.

Este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba a su llegada a la cumbre social de Oporto en una declaración sin preguntas: “La propuesta del presidente de Estados Unidos va en la buena línea, pero nos parece insuficiente”.

Sánchez defendió que hay que ser “más ambiciosos” acelerando “el proceso de transmisión de tecnología y conocimiento al conjunto de países” y reforzando “la capacidad de fabricación” y acelerando “la distribución”.

Este viernes también trascendió una carta firmada por España con Francia, Bélgica, Dinamarca y Suecia enviada al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente de turno de la UE, el portugués António Costa, en la que piden un esfuerzo adicional para que las vacunas lleguen a todo el mundo.

Eso sí, la carta no menciona expresamente las patentes. Habla de “unir a los actores públicos y privados para aumentar la producción mundial y la distribución de vacunas efectivas, accesibles y seguras, garantizando que se comparte proactivamente el know-how [el conocimiento para fabricarlas] y la tecnología”.

“Si la UE no da un paso adelante, otros llenarán el vacío y usarán las vacunas como herramienta geopolítica”, avisan con la mirada puesta en Rusia y China: “Las vacunas se han convertido en una cuestión de política de seguridad, y la UE no puede permitirse quedar atrás. Un aumento de la capacidad de producción europea es una prioridad clave”.

Bruselas cierra un contrato con Pfizer de hasta 1.800 millones de dosis

Hace prácticamente un mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se disponía a negociar un acuerdo con Pfizer para 1.800 millones de vacunas de aquí a 2023, con vistas a las nuevas variantes y a inmunizar a los menores de edad.

“Tenemos que centrarnos en tecnologías que están funcionando, las vacunas de ARN mensajero son un claro ejemplo”, afirmó entonces Von der Leyen, en detrimento de Janssen y AstraZeneca, las dos con efectos secundarios infrecuentes con trombos y la segunda con graves problemas en las entregas, hasta el punto de que Bruselas ha acudido a los tribunales.

Y este sábado, en la cumbre informal de Oporto, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha comunicado que acaba de cerrar un contrato de 900 millones de dosis más una opción por otras 900 millones para 2021-2023.  

Katherine Tai, representante de Comercio Exterior de EEUU, ha anunciado el apoyo de la administración Biden a la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas contra la COVID-19, una medida a la que EEUU llevaba meses oponiéndose. La OMS califica la decisión de “histórica”. ¿Y qué dice la Unión Europea?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este jueves que la UE “está lista para discutir cómo la propuesta de Estados Unidos de una exención sobre la protección de la propiedad intelectual para las vacunas contra la COVID-19 podría ayudar a lograr el objetivo de combatir esta crisis”.

Hasta ahora, EEUU –como otros países ricos, entre ellos el bloque de la Unión Europea, Japón o Canadá– se había opuesto sistemáticamente a la medida, propuesta el pasado octubre por India y Suráfrica en la OMC, a favor de una exención temporal de derechos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, de vacunas y otros productos contra la COVID-19.

“Estamos listos para discutir la propuesta de EEUU para una exención de las protecciones de propiedad intelectual para la COVID-19”, ha dicho Von der Leyen: “A corto plazo, sin embargo, hacemos una llamada a todos los países productores de vacunas para que permitan la exportación y eviten medidas que interrumpan las cadenas de suministro”. Esta apelación a las exportaciones es un mensaje a la Casa Blanca.

Lo que ha dicho Von der Leyen este jueves viene a enmendar lo que le dijo hace dos semanas a The New York Times, cuando dijo: “No soy para nada amiga de la liberación de patentes”.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha intervenido posteriormente en el debate para apuntar que su posición, si bien no compartida por todos los presidentes europeos –el francés, Emmanuel Macron, sí se ha manifestado a favor de levantar las patentes–.

Michel habla de “la tercera vía”, que tiene que ver con la idea de “compartir tecnología” defendida por la Organización Mundial del Comercio hace dos meses.

“Estamos preparados para evaluar como la propuesta de EEUU pueda ayudar a afrontar la crisis de la pandemia, pero mientras tanto, animamos a todos los países a permitir exportaciones”, ha abundado la portavoz de la Comisión Europea, Dana Spinant, en relación con el discurso de Von der Leyen: “La UE estaba informada de la decisión de Biden antes de ser anunciada, y la presidenta ha subrayado que estamos listos para debatir cualquier solución que pueda ayudar a acelerar la vacunación en el mundo, incluida la propuesta de EEUU. Estamos preparados para abordar este asunto y cualquier otra solución pragmática. El proceso estará en manos de la OMC, no en las nuestras, y no sabemos qué tiempos tendrá la discusión. Siempre hemos dicho que lo más importante es aumentar la producción porque es clave para tener más vacunas en el mundo, y podemos estudiar cualquier idea que avance en eso”.

El asunto será abordado por los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre informal de Oporto el viernes por la noche.

El debate en la OMC llevaba meses estancado, con posiciones muy alejadas entre decenas de naciones, principalmente del sur, que apoyan la medida sugiriendo que podría ayudar a aumentar el suministro, y un grupo de miembros, principalmente aquellos con industrias farmacéuticas y biotecnológicas importantes, que se habían negado hasta ahora.

Las medidas en la OMC se adoptan por consenso de todos los miembros, por lo que, aunque un cambio en Washington –la principal potencia económica del mundo– es importante, la iniciativa requiere también el apoyo del resto de países.

Von der Leyen ha hecho estas declaraciones en el discurso de apertura de la conferencia sobre el Estado de la Unión, que se organiza cada año en Florencia (Italia).

“Las exportaciones de Europa llegan a más de 90 países de Covax, además de a nuestros aliados, como Canadá y Reino Unido”, ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea: “Nuestros queridos amigos británicos han recibido un total de 28 millones de dosis del continente hasta el momento. Incluso se han enviado 72 millones de dosis a Japón, y también muchos millones a nuestros amigos en Singapur, México o Colombia, solo por nombrar algunos”.

La presidenta de la Comisión Europea ha defendido la estrategia de vacunación europea: “Se han distribuido alrededor de 200 millones de dosis de vacunas dentro de la Unión Europea: 200 millones. Son suficientes vacunas para vacunar a más de la mitad de la población adulta europea al menos una vez. Ni China ni Rusia se acercan siquiera. En este momento, mientras hablo, estamos vacunando a 30 europeos por segundo. Esto significa que, desde el comienzo de este discurso, más de 12.000 europeos han recibido un pinchazo. A estas alturas, estamos casi acostumbrados a escuchar tales cifras todos los días. Pero Europa nunca ha visto algo así: una campaña de vacunación masiva a escala continental”.

Y ha añadido: “Por tanto, estoy segura de que seremos capaces de alcanzar nuestro objetivo: administrar las dosis suficientes para que el 70% de los adultos europeos estén vacunados ya en julio. Estados Unidos tiene un objetivo similar. Y esto muestra cuánto están alineadas nuestras campañas de vacunación a estas alturas. Algunos podrían decir: países como EE UU y el Reino Unido han sido más rápidos al principio. Pero yo digo: Europa logró este éxito sin dejar de estar abierta al mundo. Mientras que otros se quedan con la producción de vacunas, Europa es el principal exportador de vacunas en todo el mundo. Hasta ahora, se han enviado al resto del mundo más de 200 millones de dosis de vacunas producidas en Europa. Europa exporta tantas vacunas como entrega a sus propios ciudadanos. Y para ser claros, Europa es la única región democrática del mundo que exporta vacunas a gran escala”.

La UE, encomendada a Pfizer

La presidenta de la Comisión Europea ha pedido estar preparados “para la próxima etapa de esta pandemia. Necesitamos reforzar y prolongar la inmunidad. Tendremos que vacunar a los niños y adolescentes. Y es posible que tengamos que adaptar y volver a producir vacunas en función de las variantes, tanto en Europa como en el resto del mundo. Y para todo esto, necesitamos una mayor capacidad de producción en Europa. Por eso, me complace informarles de que estamos cerca de firmar un nuevo contrato con BioNTech-Pfizer. Entregará 1.800 millones de dosis de vacunas entre finales de año y 2023. Y seguirán otros contratos. Esto muestra claramente que nuestras inversiones están dando sus frutos: invertimos en una tecnología prometedora pero completamente nueva, el ARNm, y en el ingenio de científicos como Uğur Şahin y Özlem Türeci”.

“Hoy en día”; ha abundado Von der Leyen, “las vacunas de ARNm son la columna vertebral de nuestra campaña de vacunación y una pieza central de la estrategia de preparación de Europa. Esta es nuestra póliza de seguro común contra la próxima ola de la COVID-19. Y quiero que estemos por delante de la curva”.

Votación en la Eurocámara: los grandes partidos, en contra

Hace dos semanas, los principales grupos del Parlamento Europeo –populares, socialistas y liberales, además de los ultraconservadores– tumbaron una enmienda del texto sobre el certificado covid relativa al levantamiento de las patentes. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox votaron en contra de levantar las patentes de las vacunas contra la COVID-19, mientras que los Verdes y La Izquierda –UP, ERC, Bildu, PNV, Junts– votaron a favor de las enmiendas presentadas.

“La enmienda iba en un reglamento que no tenía nada que ver (Certificado Verde). Es como legislar sobre pasaportes y recorte de emisiones de CO2 en un mismo informe. No se votaba suspender licencias”, argumenta el eurodiputado socialista Nicolás González Casares, quien también apunta: “Para abrir las patentes necesitamos un acuerdo de los Estados dentro de la Organización Mundial del Comercio”.

La presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, afirmaba este jueves: “Pleno apoyo a la Administración Biden-Harris para liberar las patentes de las vacunas contra la COVID-19. Circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias. ¡Nadie puede quedar atrás!”

El Gobierno argentino celebró el respaldo de la administración de Joe Biden a la exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, una propuesta impulsada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio (OMC), rechazada hasta ahora por las principales potencias y resistida por los fabricantes de los inoculantes.

“La Argentina recibe con alegría el respaldo del gobierno de Joe Biden a la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid”, escribió el canciller Felipe Solá en su cuenta en Twitter sobre la decisión que implicó un giro de 180 grados en la postura que venía sosteniendo el Gobierno estadounidense en relación a la iniciativa impulsada por India y Sudáfrica en el ámbito de la OMC, a la que se sumó la mayoría de los países de bajos y medianos ingresos, entre ellos, Argentina.

El jefe del Palacio San Martín evaluó que la exención de las patentes de las vacunas contra el coronavirus “implica una gran posibilidad de aumento de la producción”, ya que “muchos países podrán verse liberados de esa limitación”.

La Casa Blanca sorprendió este miércoles al anunciar su respaldo a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la Covid, un pedido que hasta ahora las principales potencias del mundo rechazan en la OMC.

“Se trata de una crisis sanitaria mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias. El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero, en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de esas protecciones para las vacunas contra la Covid-19”, aseguró la representante comercial estadounidense Katherine Tai en un comunicado, citado por la agencia de noticias Sputnik.

“Estamos a favor de la exención en la OMC, estamos a favor de lo que los impulsores de la exención están tratando de conseguir, que es mejor acceso, más capacidad productiva y más dosis administradas”, explicó también en una entrevista, publicada por el sitio de noticias Bloomberg.

Estados Unidos cambió su posición en uno de los temas más sensibles en este momento de la pandemia, cuando unos pocos países -en general productores- concentran la gran mayoría de las dosis del mundo y el resto sufre de importantes retrasos en la producción y problemas en la logística para obtener suficientes vacunas para cumplir con sus metas de inmunización.

Justo hoy los embajadores de los países de la OMC reanudaron las discusiones sobre la propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus, una iniciativa impulsada en principio por India y Sudáfrica, dos potencias regionales muy golpeadas por la pandemia, a la que se sumó la mayoría de los Gobiernos de países de bajos y medianos ingresos, entre ellos Argentina.

“Los miembros deben compartir sus vacunas, aquellos que han pedido más de lo que realmente necesitan deben compartir con otros, ya sea a través de la instalación de Covax u otros mecanismos. Aquellos que tienen materias primas deben permitir que estas fluyan a través de las cadenas de suministro para que todos los que puedan fabricar puedan aprovecharlas”, volvió a pedir la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

DA con información de agencias

En todo el mundo se alza el mismo clamor. Organizaciones sociales y políticas, economistas, ONGs, referentes culturales y un centenar de países exigen que se liberen las patentes y otras formas de propiedad intelectual y de secreto industrial que ponen un cepo a vacunas, antivirales, sueros anti-Covid, kits de detección e incluso mascarillas. Lo pide incluso la OMS, pero tampoco alcanza. Un puñado de empresas patentó las fórmulas o diseños de modo de gozar de un monopolio e impedir a otros potenciales fabricantes que las produzcan. El resultado: en lugar de tener miles de plantas y laboratorios fabricando vacunas, fármacos e insumos médicos en todo el mundo, tenemos unos pocos entregando cargamentos a cuentagotas, que deben fletarse en costosos vuelos a puntos distantes del planeta. A esta altura podríamos haber estado mucho mejor equipados para enfrentar la pandemia y dar un giro decisivo. En cambio, las personas seguirán enfermando y muriendo durante muchos meses más. La ineficiencia e irracionalidad del capitalismo en todo su esplendor: primero las ganancias, luego la vida. Agréguese a eso la inequidad total por la que se permitió que los países ricos compren a esas empresas más dosis de vacunas de las que podrían usar, mientras los más pobres se quedan sin nada. ¿Pondremos los muertos que esto cause en la cuenta del capitalismo, así como cargamos los de Pol Pot y Stalin en la del comunismo?

Hasta el momento, los laboratorios y los países más ricos anuncian planes nebulosos de “cooperación” y de “donaciones”, pero se niegan a liberar las patentes y el secreto industrial. ¿La excusa? Sin patentes no hay estímulo a la innovación. La vulgata liberal repite lo mismo: sin emprendedores privados ávidos de patentes no tendríamos inversión. Y sin inversión privada no hay descubrimientos científicos. No alcanzan las ganancias (que tendría cualquiera que hoy fabrique vacunas y fármacos y los venda): hay que garantizarles además patentes monopólicas. Si no, se quedan sin incentivo, les da fiaca y nos dejan sin nada. 

Quienes así razonan tienen el privilegio de ser inmunes a la evidencia. Porque lo que repite esa vulgata es incomprobable o sencillamente falso. Para empezar, un par de datos ya conocidos: la primera vacuna que se aprobó, Sputnik V, fue enteramente desarrollada por una institución estatal. Lo mismo vale para la de Sinopharm y la que está lanzando Cuba. Pero incluso en las que patentaron empresas privadas el grueso del financiamiento que condujo a su descubrimiento no vino del sector privado sino del público. Sólo en Estados Unidos los laboratorios (incluyendo Pfizer, aunque diga que no) recibieron 14.000 millones de dólares del Estado. Eso, sin contar además que cada innovación se apoya en costosas investigaciones de base previas que realizan las universidades y los sistemas científicos estatales. Muchas veces el emprendedor privado llega a último momento, coloca la cereza en la punta y se lleva todo el helado. Buen ejemplo es el de la vacuna de AstraZeneca: 97% de los fondos para su desarrollo vinieron del sector público. La industria que se enriquecerá con ella aportó casi nada.

No está para nada claro que haya una relación necesaria entre patentes e innovación. Muchos de los fármacos más importantes –morfina, penicilina, quinina, oxitocina y muchos más– se crearon sin relación con ninguna patente. Algunos de los inventos e innovaciones más importantes de la historia de la humanidad se dieron sin que sus creadores tuvieran la expectativa de obtener monopolios o siquiera ganancias. La lista es larga, pero incluye cosas como los rayos X y justamente las vacunas. Incluso el que creó la de la polio en 1955, Jonas Salk, rechazó enfáticamente la idea con una frase famosa “¿Acaso se puede patentar el sol?”. No fue el único. El científico inglés John Sulston se apuró a secuenciar el genoma humano e ir liberando al público sus hallazgos parciales con el propósito deliberado de llegar antes que un empresario estadounidense que aspiraba a lo mismo y así evitar que fuese patentado. En su caso, fue el deseo de NO patentar lo que apuró una innovación que salva vidas y con la que las farmacéuticas hoy hacen dinero. Y un ejemplo incluso más notable: ¿Qué sería del mercado sin Internet? ¿Cómo habrían hecho su fortuna algunos de los hombres más ricos del mundo –desde Jeff Bezos hasta Marcos Galperin– sin la red? Pues bien, la Internet fue enteramente desarrollada por empleados del Estado. El mercado, que hoy no puede vivir sin ella, no tuvo ninguna participación en la concepción o el diseño de la red de redes, que no está patentada. Ni ahora ni nunca la innovación requirió ni exigió monopolios sobre el conocimiento. 

Y no es sólo que las patentes no son necesarias: es peor aún. Los especialistas en economía de la innovación coinciden en que están funcionando como un obstáculo, impidiendo o ralentizando las transformaciones tecnológicas. Es decir, al revés de lo que plantean sus defensores, no estimulan la innovación, sino que la desincentivan. La gran mayoría de las patentes que registran hoy las grandes empresas no son de novedades que planean aplicar a la producción. Son sencillamente modos de complicarle la vida a posibles competidores. Las corporaciones acumulan patentes estratégicamente, buscan patentar cualquier cosa por las dudas, para tener la posibilidad de litigar contra otros en caso de que lo necesiten, para bloquear posibles desarrollos de la competencia o como carta de negociación. La parte menor de las miles de patentes que se registran cada año está realmente enfocada en la producción de algún bien. Hoy es tal la maraña de patentes y derechos adquiridos, que quien quiere ponerse a producir algo necesita abogados especializados que hagan todo un chequeo minucioso para ver si le estarán pisando la huerta a alguien más o, simplemente, si le darán la ocasión a un competidor a hacerles un juicio. Eso alimenta una verdadera burocracia de mercado que termina desincentivando innovaciones: muchos potenciales creadores se desaniman ante la perspectiva de recombinar conocimientos para generar algo nuevo y que al final aparezca alguien con el monopolio sobre algún componente o procedimiento parecido que los obligue a terminar pagando, en lugar de ganando. O simplemente deciden no ir por el camino de la innovación, porque el costo de desenredar la maraña es demasiado alto. Sólo los grandes jugadores quedan en el juego. Italia, por caso, recién comenzó a permitir patentamiento de fármacos en 1978. Para entonces el país inventaba más del 9% de los nuevos medicamentos que aparecían en el mundo. Luego de introducir las patentes, su participación disminuyó. 

El sistema de patentes está fuera de control. Lo que empezó hace siglos como un modo muy limitado, local y de corta duración para premiar a quien inventaba una máquina útil, se volvió en las últimas décadas un corset mundial impuesto a través de la OMC que avanza en la monopolización de cualquier cosa. Ya no solo son máquinas: se patentan medicamentos, genes, semillas y hasta organismos vivos. Incluso llegaron a patentar en EEUU conocimientos amazónicos milenarios, como la ayahuasca, o un condimento tradicional indio, la cúrcuma, decisiones que costó una larga disputa revertir. Como en todo, el capitalismo avanza con la lógica de la desposesión, apropiándose de trabajo, recursos naturales o, en este caso, saberes colectivos que deberían mantenerse en el dominio público. 

Que exista la posibilidad de mantener patentes de vacunas en medio de una pandemia muestra con claridad meridiana la contradicción entre la defensa de una noción falsa de libertad y las libertades verdaderas a las que aspiramos como sociedad. La libertad de patentar un conocimiento (que inevitablemente es fruto de esfuerzos colectivos y acumulados) conspira contra la libertad de hacer un uso racional de ese conocimiento para beneficio de la mayoría. En este caso, nada menos que para salvar millones de vidas.

EA