“Ellos no piden, exigen”, dice un exministro de la Nación en un bar de un pueblo en Jujuy, con un vaso de cerveza en la mano. Le habla a otro exministro, que en ese momento estaba en funciones, después de una jornada de trabajo. El tema de la actividad era el litio, pero el de esta conversación es el poder de lobby de la industria farmacéutica. “Una vez me dijeron: ustedes pasan, nosotros nos quedamos”. Y tenían razón.

No importa si son funcionarios, empresarios, o consultores del sector: en cualquier conversación sobre la industria farmacéutica sobrevuela la influencia de apellidos poderosos como Roemmers, Sigman, Casasco en la salida de ministros que intentaron transparentar el costo de la producción de medicamentos, en la elaboración de leyes, en el financiamiento de campañas presidenciales de distintos colores, y, más recientemente, por brindar recursos para aislar y “cuidar” al presidente Javier Milei en momentos de mayor desequilibrio emocional durante la campaña electoral 2023. 

El fenómeno es mundial: es que la farmacéutica es la segunda industria que más dinero mueve en el mundo, después de la bélica. En la Argentina toma hoy color violeta.

Viva la libertad, carajo

Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner al sector en agenda durante el Encuentro Nacional de Salud, en Rosario: “A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Es que el artículo del DNU 70/2023 de desregulación que obligaba a los profesionales a indicar drogas genéricas y no de un laboratorio en particular fue uno de los primeros en ser modificado por el gobierno que se jacta de ser libertario. Vía un decreto modificatorio publicado en enero —a poco menos de un mes de la vigencia del DNU 70—, y luego la reglamentación del Ministerio de Salud, flexibilizaron la norma y permitieron a los médicos sugerir que las recetas sean de algún laboratorio en particular.

En la industria atribuyen esta marcha atrás al lobby de Cilfa y Caeme, las cámaras farmacéuticas que agrupan a laboratorios nacionales y extranjeros, respectivamente. Cilfa no esconde sus preferencias: “Más libertad es mayor prosperidad económica, menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados”, dice la voz en off de una propaganda que se repite en loop en la televisión y la radio. “Desde la industria farmacéutica nacional desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos”, continúa y termina dejando en claro: “Ahora deben estar más sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad”. Daniel Sielecki, que es el socio de Hugo Sigman en el segundo laboratorio de mayor facturación en la Argentina y miembro de Cilfa, Elea, es uno de los empresarios que más apoyó al Gobierno. Su sobrino Ian es el embajador argentino en Francia.

“Cualquier intento que hubo de desarrollo o participación del Estado, la industria no apoyó”, resume uno de los exministros de la conversación del bar jujeño.

Una industria incontrolable

La liberación de los genéricos que proponía el DNU que escribió Federico Sturzenegger es una de las tantas estrategias que utilizaron los gobiernos para influir en el precio de los medicamentos, la problemática más visible detrás de este debate, que no está saldado. La ley de genéricos, cuya reglamentación posterior no permitió que se cumpliera con el espíritu de la norma, se sancionó en 2002 para garantizar el derecho de los pacientes a elegir libremente la marca de sus medicamentos.

Otro de los métodos aplicados recientemente fueron los acuerdos de precios, utilizados por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández: “Son políticamente simbólicos, e incluso efectivos a corto plazo, pero en la práctica no evitan aumentos a mediano plazo. La industria compensa luego con aumentos fuertes apenas se liberan, como pasó a principios de este año”, asegura a este diario una fuente del sector. 

Durante la gestión de Mauricio Macri, se implementó el “precio PAMI”, un sistema de precios diferenciado (con un tope) para el mayor financista del país, con actualizaciones que iban generalmente a tasas menores a la inflación. Esto llevó a que la industria compensara el costo aumentando los precios al resto del mercado, lo que perjudicó a consumidores sin obra social y generó una brecha considerable entre los precios de referencia de PAMI y los de venta al público.

Durante la gestión Fernandez de Kirchner, también se avanzó con la posibilidad de fortalecer la producción pública de medicamentos mediante Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), sobre todo para establecer valores testigo brindando transparencia sobre los costos reales y limitando el margen de acción de los monopolios. El lobby empresario logró, una vez más, detener estos avances. 

La idea más reciente de importar medicamentos desde países como India y China surge como herramienta para presionar a la industria local para moderar precios, y fomentar la competencia en un mercado oligopólico. En diálogo con elDiarioAR, la medida es fuertemente criticada por expertos que señalan riesgos tanto en la ejecución como en los efectos reales sobre los precios.

India es el mayor productor de medicamentos genéricos en el mundo, conocido como “la farmacia del planeta”. Sus laboratorios fabrican en grandes volúmenes medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol y antibióticos genéricos. “Medicamentos que la industria farmacéutica nacional produce con buena calidad y a buenos precios”, indica la exfuncionaria y actual coordinadora de políticas públicas y equidad del HUb de Innovación en Políticas de Salud y Equidad (Hub IPSE) de la Unsam Sonia Tarragona. 

En diálogo con elDiarioAR, Tarragona asegura que la calidad de los productos varía considerablemente dependiendo del laboratorio, ya que no todos cumplen con estándares internacionales estrictos, e incluso ha habido reportes de contaminación cruzada en medicamentos. En 2022, se vincula la muerte de más de 60 niños a un jarabe pediátrico producido en la India. En la práctica, India carece de una agencia regulatoria reconocida mundialmente, como la FDA (Estados Unidos) o EMA (Unión Europea), lo que dificulta la validación directa de sus productos en Anmat. 

“La industria farmacéutica es considerada estratégica debido a su impacto en la generación de conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado. En total emplea a más de 40.000 personas de manera directa con altos niveles de formalidad, salarios y participación femenina, exporta más de USD 1.100 millones, genera casi la mitad de la inversión en I+D privada del país y permitió sostener el abastecimiento de productos esenciales durante la pandemia”, complementa Hernán Marmurek, consultor especializado en políticas productivas en salud. Según su visión, la apertura a la importación masiva de medicamentos pondría en riesgo esta estructura productiva.

Otra opacidad: el precio de los medicamentos

Detrás del debate por la importación está el aumento de los precios de los medicamentos en la Argentina, que impacta en el bolsillo de la gente de manera directa en las farmacias e indirecta a través de la estructura de costos de las obras sociales, del PAMI, del sistema de salud pública y de las prepagas. 

Pero al intentar señalar la evolución de los precios de los medicamentos aparece otra opacidad del sistema. “Me parece osado hablar de manera tan general del 'precio' de los medicamentos, porque es un sistema demasiado complejo en el que hay muchos precios, muchas marcas por droga, muchos descuentos que atraviesan el sistema de salud y que hablar de precios sin ponderar por el peso de su consumo en la población, conduce a sacar conclusiones equivocadas. Ninguna canasta que se seleccione refleja exactamente todas esas complejidades”, asegura Tarragona.

Mientras que algunos informes aseguran que el precio de algunos medicamentos aumentaron 200 y hasta 500 puntos por encima de la inflación general, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec indica que el rubro medicamentos dentro de la apertura Salud aumentó 156%, que son 7 puntos menos que la inflación en el acumulado diciembre-octubre. De acuerdo con fuentes privadas relacionadas con el sector, el aumento acumula en 2024 una variación de aproximadamente el 82%, más de 20 puntos por debajo de la inflación general. 

“Los medicamentos no aumentaron más que la inflación este año, aunque los aumentos de precios siempre son un problema, porque los medicamentos son importantes para la población”, asegura Tarragona y agrega que la particularidad del 2024 es que “probablemente la gente lo siente más por la interrupción de los programas nacionales que cubrían muchos medicamentos, desde el PAMI, pasando por Remediar, oncológicos, VIH, salud sexual y el pase a venta libre de algunos otros”.

La influencia del lobby farmacéutico en la Argentina no solo moldeó políticas y decisiones gubernamentales a lo largo de los últimos años y gobiernos sino que también puso en jaque la transparencia y la equidad en el acceso a medicamentos. Mientras los poderosos intereses de la industria continúen prevaleciendo sobre las necesidades de la población, la lucha por una regulación justa y efectiva seguirá siendo un desafío monumental. La pregunta que queda es: ¿podrá algún gobierno enfrentar este poderío y priorizar la salud pública por encima de los intereses económicos?

NR/JJD

La treintena de ejecutivos de multinacionales británicas, estadounidenses y canadienses que los escucharon juntos el 21 de marzo se fueron anonadados. Los diputados Oscar Zago y Juliana Santillán desplegaron tal nivel de superficialidad y cualunquismo que ni siquiera los más entusiastas del modelo Milei pudieron esconder alguna mueca de preocupación. Varios de los que se habían conectado virtualmente a la conferencia optaron por abandonarla discretamente apenas pudieron. Fue la avant première del papelón institucional que terminó esta semana con el jefe del bloque oficialista eyectado del cargo, justo cuando Guillermo Francos y Martín Menem acariciaban el consenso necesario para que la Ley Ómnibus ―aunque sea cercenada, en su versión “combi”― obtuviera media sanción en Diputados.

Fue al día siguiente del que Zago estuvo a punto de agarrarse a las piñas con José Luis Espert en pleno Congreso. Con esa adrenalina todavía en la sangre, soltó una frase inquietante ante los hombres de negocios. “Milei tiene esta agenda y va para adelante. Y si no puede, dice ‘yo me voy’. No tiene nada para perder”. El moderador le repreguntó si sugería que puede renunciar. “No, quiere decir que termina su mandato y se va a la casa”, aclaró. Santillán, a su turno, departió largamente sobre su “batalla cultural contra el comunismo en las redes sociales” y les contó cuando conoció a Milei, invitada una noche a ‘Intratables’, donde le propuso antes de salir al aire fingir que discutía sus puntos de vista para que él pudiera explayarse más. 

Lo fake y las redes sociales son tan estructurantes para La Libertad Avanza que no debería llamar la atención de nadie que el ministro de Economía y el propio Presidente se guiaran por un bot trucho para pulsar el ritmo de la inflación. El blooper del Jumbot, sin embargo, no niega un hecho en el que todas las consultoras coinciden: los precios de muchos bienes se frenaron en seco desde fines de marzo. Los alimentos y bebidas, particularmente, acumulan cuatro semanas de incrementos semanales por debajo del 1% y tres de ellas decrecientes (0,7%, 0,8%, 0,4% y 0,2%, según LCG). 

El problema, claro, es a qué costo. La recesión fulminante en la que se sumieron sectores clave de la economía como el comercio, la construcción y la industria preanuncia una ola de despidos de consecuencias sociales imprevisibles, justo cuando empiezan los tarifazos de servicios públicos regulados y mientras se desregulan otros, como la telefonía celular. Los alquileres, las prepagas y los colegios privados, liberados antes por el DNU 70/23, ya asestaron un golpe tal a la clase media que el propio Luis Caputo lo definió como una “guerra”, sin sonrojarse por haber dado inicio personalmente a las hostilidades. Según la consultora Equilibra, solo por la suba del 200% del agua y del 330% promedio del gas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril tiene un piso de 6 puntos. 

El 11% de inflación que registró el INDEC para marzo mantuvo la escalera descendente desde el pico de diciembre pero se mantiene en los dos dígitos y totaliza un 51,6% en el trimestre. El salario real formal privado promedio, que también se conoció esta semana, se ubicó en febrero ($609.007) por segundo mes consecutivo por debajo de la línea de pobreza para una familia tipo ($690.901). Ese sueldo medio ya perdió 19% de su poder adquisitivo entre noviembre y febrero, mientras las jubilaciones mínimas sacrificaron un 21% entre septiembre y marzo. 

Las AFJP del siglo XXI

Cuando el freno de los precios depende tanto de una sola medida ―en este caso, clavar el dólar― todos los agentes económicos desconfían. La inestabilidad del armado político oficial y la velocidad con la que eyectó a personajes inicialmente protagónicos como Zago, Osvaldo Giordano, Carolina Píparo, Guillermo Ferraro, Ramiro Marra, Omar Yasín, Emilio Ocampo o Carlos Rodríguez empiezan a impacientar al mismo establishment que festeja la audacia del ajuste y los rendimientos inéditos de acciones y bonos, que vuelan como contracara de la depresión de la economía real. 

A nadie le escapa que en 2017 los mercados vivieron la misma fiesta y que su final en 2018 fue tan abrupto como catastrófico. Por eso, así como los petroleros y mineros apuran el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con el que insiste el nuevo proyecto de Ley Bases de esta semana, un puñado de cazadores de oportunidades procura asegurarse nuevos negocios o blindar los suyos por ley antes de que sea tarde. Mientras toda la política luce hipnotizada por los movimientos de Milei, el lobby está más activo que nunca. 

Hay para todos los gustos. El dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, consiguió por ejemplo que fueran removidos del proyecto oficial los artículos que ponían a sus marcas (Red Point, Master y Kiel) en igualdad de condiciones impositivas con las de la multinacional Phillip Morris, que desde hace ocho años batalla en Tribunales para que los cigarrillos producidos por la firma de capitales locales paguen el mismo Impuesto Interno Mínimo que ella, hoy de $792,73 por paquete. En ese lapso, con esa ventaja fiscal, Sarandí copó más del 40% del mercado. Francos aplazó el tema para “más adelante”, tal como recomendaron desde el macrista Cristian Ritondo hasta el kirchnerista Carlos Castagneto, receptivos con la posición de Otero. 

También hay gremialistas atentos. Incluso mientras maduraba el llamado al paro general de la CGT del 9 de mayo, abogados de sindicatos como Sanidad y Comercio se reunieron con diputados del bloque Hacemos Coalición Federal y de la UCR para interesarse sobre los Fondos de Cese Laboral que podrían empezar a proliferar si prospera en el Congreso la reforma laboral que la justicia frenó del DNU. La idea del Gobierno es que reemplacen las indemnizaciones por despido sin causa, como ya ocurre en la UOCRA, y que el empleador aporte a esos fondos un 8% mensual de cada sueldo. Administrarlos puede llegar a ser tan rentable como las AFJP de los 90, un negocio al que ―como la salud y las ART―  tampoco le hizo asco la desprestigiada dirigencia sindical.

Otro lobby que se activó es el de los laboratorios. El conflicto lo desató la vacuna contra la aftosa, cuya importación anunció el vocero Manuel Adorni que habilitará para abaratar los costos de los ganaderos. El autor intelectual es otra vez Federico Sturzenegger (¿lo blanquearán como funcionario en la recién creada Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo?) y quienes lo convencieron ―según contaron fuentes del sector a elDiarioAR―  son el dueño de Tecnovax, Diego La Torre, y el extitular del SENASA durante el menemismo y la Alianza, Bernardo Cané. 

Tecnovax quiere importar de Brasil las dosis que allá prácticamente se regalan porque la inoculación dejó de ser obligatoria, pero las vacunas brasileñas son bivalentes y no tetravalentes como las que producen los locales Biogénesis Bagó y CDV. Los dueños de hacienda protestan por el costo de la inmunización, que llevan adelante ONGs de productores y veterinarios en coordinación con el SENASA. El riesgo de relajarla es que Argentina pierda el status de “país libre de aftosa” que le abrió los mercados más cotizados de Europa. 

Vientos de guerra

De esos costos hablaron los popes de la Sociedad Rural el martes al caer la noche con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo, virtual número dos de Luis Caputo, por cuya omnipresencia en temas agrícolas y ganaderos podría terminar por renunciar también como secretario de Bioeconomía el desgastado exdecano de la Facultad de Agronomía de la UBA, Fernando Vilella. Los ruralistas le agradecieron a Pazo que haya activado la rebaja de aranceles para la importación de agroquímicos y fertilizantes, pero le aclararon que apenas representan un 3% de los costos en trigo, cuya siembra empieza en un par de semanas. Según el sitio especializado Bichos de Campo, técnicos como Javier Buján “predicen que el efecto desaliento puede ser tan grande que los niveles productivos del próximo verano podrían llegar a ser los que se lograban en los peores tiempos de intervención de Guillermo Moreno en ese mercado”.

El verano, igual, es el larguísimo plazo. La urgencia es que liquiden la cosecha de soja que ya comenzó. Los productores esperan un guiño y Caputo orejea una carta: desmantelar algunas restricciones de las que todavía rigen para la compra de dólares en el mercado financiero. Eso haría subir los dólares “bolsa” (MEP) y “contado con liquidación” (CCL) y, como los exportadores pueden liquidar un 20% de sus granos en este último mercado, mejoraría sus ingresos en pesos. 

Los que saquen la cuenta en dólares no se van a tentar tanto porque lo que ganan por un lado lo pierden por el otro. Pero Milei siempre prioriza el impacto al contenido. Como en su tercera visita a Estados Unidos desde que asumió, donde cruzó piropos y selfies con Elon Musk y manejó un Tesla, sin que el magnate nacido en Sudáfrica anunciara ni la más mínima inversión en Argentina. 

Lo de Musk tiene cada vez más de “vaporware”, como se refieren peyorativamente en EE.UU. a los lanzamientos que hacen desarrolladores con bombos y platillos para conseguir inversores y que después no llegan a comercializarse con éxito. No solo viene de enterrar a su última criatura, el sistema de transporte Hyperloop, sino que Tesla acaba de perder el primer puesto como vendedora de autos eléctricos a manos de la china BYD y la ex Twitter (que rebautizó X) facturó en 2023 la mitad que el año anterior, en gran medida por los anunciantes que lo abandonaron por las expresiones racistas, violentas y machistas de su comprador.

Más que el humo, un riesgo para el futuro inmediato son los vientos de guerra que soplan cada vez más fuerte en el mundo. Así tituló la charla interna que ofreció el martes para los gerentes de DirecTV de toda Latinoamérica su principal accionista, Adrián Werthein, también directivo del Congreso Judío Mundial. Es el primo de Gerardo, el embajador de Milei en Estados Unidos, quien se abrió hace un par de años del holding familiar. 

Es lo mismo sobre lo que acaba de advertir el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, en su carta anual a los accionistas del mayor banco estadounidense. “Ya no podemos mantener una falsa sensación de seguridad basada en la ilusión de que las dictaduras y las naciones opresivas no utilizarán sus poderes económicos y militares para promover sus objetivos, particularmente contra lo que perciben como débiles, incompetentes y desorganizadas democracias occidentales”, escribió. 

Milei le dijo esta misma semana a Alejandro Fantino, antes de partir a Miami, que “Argentina ya está en el radar” de posibles atentados terroristas y que “la diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien”. La guerra puede estar más cerca de lo que parece.

AB/DTC

Con el comienzo del año y arrastrando aún los excesos de los días festivos, en los que hemos sido más permisivos con algunos de esos comportamientos alimenticios que no hacen demasiado bien a nuestra salud, decidimos incorporar nuevos propósitos para vivir de forma más saludable en los meses siguientes. Entre ellos se encuentra a menudo ponerse al día con el estado de salud, chequeo médico y analítica mediante.

Aunque hoy en día un análisis de sangre es algo rutinario, no era algo tan común hace apenas unas pocas décadas. Solo en la segunda mitad del siglo XX los análisis de sangre permitieron realizar pruebas hormonales, marcadores tumorales, pruebas de función hepática y renal, entre otros. Hoy en día las pruebas se han ampliado con el uso de la genética y la proteómica para diagnosticar enfermedades, y con una reducción del coste y el tiempo necesario para obtener los resultados.

En la mayoría de los casos, un análisis de sangre anual es un trámite y no hay malas noticias. Pero ¿Qué análisis de sangre debería hacerse? Hay algunos análisis básicos que muchos médicos solicitan anualmente, mientas que otras pruebas más especializadas dependen de los antecedentes familiares, el historial médico personal y nuestro estado de salud actual.

Solo en la segunda mitad del siglo XX los análisis de sangre permitieron realizar pruebas hormonales, marcadores tumorales o pruebas de función hepática y renal

Una vez tengamos los análisis, nuestro profesional médico debe decirnos qué significan en contexto, pero siempre es bueno tener una idea de qué es lo que estamos mirando cuando vemos esa larga lista de números. Para Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión de Endocrinología, metabolismo y nutrición del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, estos son los valores que no deberían faltar en nuestro análisis de sangre anual:

Hemograma  

Panel de bioquímica sanguínea

Un análisis de sangre es un puzle complejo en el que los distintos valores pueden verse influidos por otros y requerir pruebas adicionales para ofrecer un diagnóstico, por eso requerirá siempre de la valoración de un médico

Otras pruebas no tan habituales

Según el doctor Rodríguez Jiménez, hay otras pruebas que no se suelen incluir en los análisis rutinarios y que puede ser interesante añadir al análisis anual: 

Un análisis de sangre es un puzle complejo en el que los distintos valores pueden verse influidos por otros y requerir pruebas adicionales para ofrecer un diagnóstico, siempre tendiendo en cuenta las enfermedades preexistentes. Por eso no es recomendable entrar en pánico prematuramente cuando los valores se salen del rango y tampoco nos podemos confiar si todos los valores están en su sitio. El médico de cabecera o el especialista son quienes finalmente darán una interpretación de los resultados y proporcionará en su caso el tratamiento adecuado.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo y autor del libro Tu mejor yo publicado por Oberon.

Los laboratorios clínicos de la provincia de Buenos Aires cobrarán un “bono adicional compensatorio” de $5.000 a los afiliados de prepagas que no han actualizado sus aranceles con el sector.

La decisión, que apunta a afrontar los mayores costos del sector, afectará a cerca de un millón de afiliados de Avalian, AMFFA, Escribanos, OSMECON, Luis Pasteur, Swiss Medical, Prevención Salud, Galeno, Federada 25 de junio, OSDEPYM y Uno Salud.

El presidente de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires (FABA), Cladio Cova explicó que durante 2023 “se registró un aumento de los salarios de los empleados de los laboratorios nucleados bajo el Sindicato de Personal de Sanidad, según la paritaria de abril-diciembre, de 137%; los insumos y reactivos sufrieron un incremento promedio del 360%, los alquileres un 200% y el IPC interanual alcanzó el 211,4%”.

“En este mismo lapso, las empresas de medicina prepaga otorgaron, a los prestadores bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, un incremento de aranceles de 131%, monto claramente insuficiente para hacer frente al servicio que brindamos a sus beneficiarios”, añadió.

Y recordó que, también, la Superintendencia de Servicios de Salud “obligó a las prepagas a trasladar, al menos, el 90% de los incrementos que les aplicaban a las cuotas de sus afiliados, que resultó ser un techo en los incrementos otorgados”.

Cova señaló que en función del DNU 70/2023, que desregula la actividad de las empresas de medicina prepaga, los bioquímicos solicitaron a esas empresas una actualización arancelaria que cubra el costo de funcionamiento de los laboratorios.

Pero aclaró que “ante la respuesta insuficiente, se definió el cobro de un bono adicional compensatorio, no reintegrable, a cargo de los beneficiarios de $5000, que entrará en vigencia en los próximos días y afectará a cerca de un millón de bonaerenses.

Con información de agencias.

IG

María Laura Román se enteró a través de un programa de Mariana Fabbiani que su vida corría riesgo. La rosarina estaba de siete meses cuando se resbaló en su casa y, para proteger la panza, apoyó fuerte el brazo derecho en el piso sin saber que llevaba implantes mamarios PIP. El tirón fue fuerte e inmediato. En la televisión la doctora Virginia Luna enumeraba los riesgos de estas poseer prótesis. Laura la contactó enseguida por teléfono y, tras realizarse una mamografía, supo que debía enfrentar el peor escenario: una prótesis rota que afectaría a su salud, su psiquis y le impediría amamantar a su hijo.

El caso PIP es uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia mundial que se desató en 2010 a partir de constatarse la adulteración de un millón de prótesis mamarias fabricadas entre 2001 y 2010 por la empresa francesa PIP y certificados por la empresa alemana TÜV, responsable de realizar los controles de calidad. El caso dio lugar a una mega demanda internacional que busca hacer justicia a medio millón de víctimas en 60 países.

“Me hice la cirugía en 2007 con un fin estético; no tenía hijos y, como me gustaban mis lolas, no quería que se me cayeran”, recuerda María en diálogo con el elDiarioAR. Segundos después, reconsidera: “Que loco que tengamos que estar dando explicaciones o justificando la decisión…”. 

La profesora de inglés, quien hoy tiene 53 años, estaba realizando tratamientos de fertilización cuando decidió ir a comprar las prótesis: “Me dieron para elegir entre brasileras o francesas. Fui por las más caras, las europeas”, cuenta. Cinco años después de la cirugía, María Laura quedó embarazada naturalmente. Sin embargo, el accidente doméstico y una estafa alterarían su vida: “La silicona migró al centro de la axila derecha, donde se nota que hay protuberancia y silicona mezclada con tejidos”.

Luego de escuchar y evaluar las recomendaciones profesionales de los cirujanos, se sometió a una intervención para cambiar sus prótesis por unas inglesas. Pero hasta el día de hoy el miedo continúa intacto. “Desde ese día, todos los años antes de hacerme estudios mamarios, vuelve el miedo”, lamenta. “El temor vuelve y nunca deja de doler”, cierra. 

El sueño de Bárbara de Amonarraiz de concretar su proyecto inmobiliario en Monte Hermoso se derrumbaba al enterarse que era una afectada más por los implantes defectuosos. “Me asusté un montón cuando fui a mi escritorio, abrí el cajón y vi la fecha de las prótesis: 2007”. 

En Argentina, 20 mil mujeres se colocaron implantes PIP entre 2002 y 2010, año en el que ANMAT prohibió su comercialización, uso y recomendó que las personas se sometieran a controles periódicos para determinar el estado de sus implantes.

Inmediatamente Bárbara intentó realizar una consulta con Héctor Méndez, su médico de cabecera. “Me dijo que había cerrado la clínica, se había jubilado y que no tenía registro de la historia clínica”, recuerda totalmente decepcionada. “Sentí que tenía una bomba de tiempo en mi cuerpo”, agrega.

Fue entonces cuando comenzó a consultar dentro de una lista “oficial” de cirujanos y dio con el profesional indicado que haría el recambio de sus prótesis: Alberto Ferriols. “En mi caso las prótesis no estaban afectadas porque estaban implantadas de forma retromusucular. No estaban rotas, solamente sudadas en aceite industrial o de aviación, no estaban rellenas con siliconas”, explica Bárbara que aclara que “no fue fácil ni para mi ni para el doctor que me tuvo que intervenir 6 veces y realizar más de 4 toilette quirúrgicos”.

“Mi inconveniente quedó en lo estético; he perdido el arco submamario izquierdo, tengo cicatrices, una asimetría importante entre la mama izquierda y la derecha y eso por supuesto ha afectado no solamente a mi psiquis sino que también mi día a día”, manifiesta Bárbara. “He puesto mi cuerpo, espíritu y dinero con el fin de recuperar mi salud y mi belleza”, agrega.

Hoy, Bárbara de 63 años, cumple su sueño de llevar adelante el añorado proyecto inmobiliario en Monte Hermoso. Sin embargo, lamenta no sentirse cómoda con un traje de baño. “La malla es un gran inconveniente en una zona donde yo vivo que es playa, por eso trabajo todo el verano para evitar ir a la playa”. “Soy una víctima del abandono jurídico, médico y de la mala praxis. Que la ley actúe y exponga”. cierra.

AB/MG

En el marco de una inflación que no da tregua, los medicamentos subieron por arriba del nivel general de precios en mayo, que fue de 5,1%. De esta manera, casi el 60% de los productos se ubicaron por encima del Índice de precios al consumidor (IPC) del quinto mes del año.

Según un informe del Observatorio de Costos de la Unión Argentina de Salud (UAS), la asociación que nuclea a las entidades de medicina, las mayores subas se observaron en los anticonceptivos (8,2%); la levotiroxina (7,9%), que se utiliza para tratamientos de la tiroides, y un broncodilatador (7,7%), para tratar afecciones como el asma.

El ibuprofeno, en tanto, aumentó 7,6% y el alprazolam, que se utiliza para tratar la ansiedad, un 7,5%.

En 2020, los medicamentos aumentaron  diez puntos porcentuales más que la inflación (46,1% contra 36,1%) y esta tendencia se mantuvo hasta finales de 2021. En ese momento, el Gobierno acordó con la industria farmacéutica un “congelamiento” hasta principios de 2022. Eso, según el informe, logró que el incremento de este rubro quedara equiparada a la inflación del año pasado.

Pero en 2022 los precios de los medicamentos volvieron a subir. En los primeros seis meses de 2022 registraron un incremento de 37,3%. De esta manera, explicó Cilfa, “crecen levemente por encima de los precios generales de la economía que en el mismo lapso crecieron 36,2%”.

Según un cálculo propio de Cilfa, si se tiene en cuenta los medicamentos expedidos al PAMI, que son el 40% del total, el “verdadero incremento” en el primer semestre fue del 33,4%. El sector farmacéutico alegó, además, que la cadena de suministros del sector a nivel global “está bajo una fuerte presión de limitaciones de oferta e incrementos muy importantes de los costos de transporte y logística desde hace ya más de dos años”.

Brecha de precios en los medicamentos

De acuerdo con la UAS, los aumentos de precios de los medicamentos generaron distorsiones en los valores de mercado. Un relevamiento de la consultora PXQ detectó que un ibuprofeno de un laboratorio determinado puede resultar hasta un 177% más caro que otro similar. En particular, la brecha de precios es del 49% en el caso del paracetamol y del 69% en el caso de los anticonceptivos.

“El estudio de mercado de PxQ arroja otro patrón importante: en comparación con los Estados Unidos, el impacto del costo de los medicamentos en relación al salario es mucho más alto en nuestro país. A un paciente de la Argentina, le cuesta un 411% más comprar un iboprofeno de 600 mg que a un estadounidense, un 354% más acceder a una buscapina de 10 mg, un 292% más pagar una aspirina de 500 mg y un 128% más abonar un paracetamol de 500 mg”, arrojó el texto.

DL

El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, considera que “pronto podremos retomar una vida normal” y dejar atrás lo peor de la pandemia de COVID-19. Bourla, en una entrevista concedida este domingo al diario francés Le Figaro, calculó que ese momento puede llegar “en primavera” y lo asoció a “las herramientas” que suponen “las pruebas, las vacunas y los primeros tratamientos”. Las dos últimas de esas herramientas son fabricadas y comercializadas por Pfizer.

La farmacéutica estadounidense, cuya vacuna contra el COVID-19 supone más de la mitad de todas las dosis adquiridas y administradas en España y el 60% de los acuerdos de compra de la Comisión Europea, prevé doblar en 2021 sus ingresos respecto al nivel prepandemia. A eso hay que sumarle el lanzamiento del tratamiento antiviral Paxlovid, que está siendo evaluado por la Agencia Europea de Medicamentos pero que ya recibió el visto bueno para su uso de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 10 de enero que ya está comprometida la compra de 344.000 dosis de este antiviral.

Antes de acabar 2021, la compañía revisó sus cálculos y elevó la previsión de ventas hasta superar los 70.000 millones de euros, reflejando “tanto los resultados de Comirnaty (la vacuna contra el COVID-19) como del resto de las líneas de negocio”, describió la empresa en su Guía financiera para 2021. En los ejercicios de 2019 y 2020, Pfizer comunicó ingresos de 35.000 millones de euros. Las cifras definitivas del año pasado se conocerán en febrero.

El directivo del laboratorio comentó que se sienten “orgullosos de nuestros resultados en el tercer trimestre del año (cerrado definitivamente), pero estamos más orgullosos todavía de lo que estos resultados financieros indican en términos del impacto positivo que estamos teniendo en vidas humanas por todo el mundo”.

La vacuna del mundo rico

Desde luego, la acción de todas las vacunas contra el COVID-19 ha supuesto una herramienta crucial tanto para salvar vidas como evitar casos graves de la infección. En Europa, estos medicamentos evitaron más de 470.000 muertes en personas mayores de 60 años, 90.000 de ellas en España, desde que comenzaron a usarse hasta noviembre de 2021, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y el ECDC. “Sin la vacuna, la situación sería completamente como la de marzo de 2020”, contaban los expertos a principios de enero con la sexta ola y la variante ómicron multiplicando por mucho los casos en España, aunque con un impacto muy distinto en casos graves y muertes.

Aunque la vacuna más utilizada en el mundo es la de Oxford-AstraZeneca, el producto de Pfizer se impuso, al menos, en el mundo rico. Y eso se tiene que contar en las cuentas. El precio del producto varía según quién lo compre: la Unión Africana paga 5,9 euros de media por dosis, Suráfrica o Brasil 8,5, EEUU unos 17 euros y la Comisión Europea entre 12 y 20 euros, según la recopilación de la ONU. Si la primera la inyectan en 182 países, la segunda es aplicada en 151. En esa lista luego viene Sinopharm con 86, Moderna con 85 y Janssen con 80 Estados.

Pero la crisis de imagen que AstraZeneca padeció sobre todo en la Unión Europea –que compra a Pfizer con los precios más altos– hizo que la marca estadounidense viera cómo se multiplicaban sus pedidos. Los casos de efectos adversos del producto de AstraZeneca (muy infrecuentes) provocaron restricciones en su uso y, por lo tanto, se despejó el camino comercial para Pfizer.

Las dosis de refuerzo

La estrategia de dosis de refuerzo que la misma farmacéutica puso encima de la mesa en julio pasado al anunciar que un tercer pinchazo “seis meses después del segundo obtiene de cinco a diez veces más anticuerpos neutralizares para la variante original y la beta del virus” y generaba defensas contra la delta, ha terminado por generalizarse en los estados ricos. Aún más tras la llegada de ómicron: España certificó el jueves pasado que habrá refuerzo para todas las personas mayores de 18 años. Aun así, esos pedidos extra no engordarán los ingresos del año recién terminado.

Con todo, Pfizer calcula ahora que Cominarty le proporcionará finalmente 31.000 millones de euros en ventas en 2021 con un margen de beneficio por encima del 25% –antes de impuestos–. Al comenzar el ejercicio, la compañía adjudicó a su producto estrella contra la COVID unos ingresos de 12.000 millones de euros, 2,5 veces menos. Al mismo tiempo vaticinaba que la demanda podría alargarse durante años.

La revisión al alza se basa en “los acuerdos adicionales de suministro que se han firmado desde julio”. Los patrones de encargos con los que trabaja la farmacéutica indican que 2021 se cerraría con la entrega de 2.800 millones de dosis. De hecho, en los nueve primeros meses, con datos ya cerrados, Pfizer ingresó en total unos 49.000 millones de euros, un 91% más que en el mismo periodo de 2020.

Mientras, los países empobrecidos siguen sin vacunas

Mientras tanto, los problemas de acceso a las vacunas de los países empobrecidos siguen siendo acuciantes: no llegaron dosis para cubrir a la población; se mantuvieron los cuellos de botella y no se alcanzó un acuerdo para suspender temporalmente las patentes de las vacunas y conseguir así multiplicar la producción.

En octubre pasado, fracasó una nueva ronda en la Organización Mundial del Comercio para intentar levantar provisionalmente patentes. Solo un mes después, Europa intentaba blindarse ante el surgimiento de la variante ómicron detectada en Suráfrica. En esos momentos había más población, concentrada en los países ricos, con una tercera dosis que personas con alguna dosis puesta en los estados más pobres. La situación no cambió mucho y, a pesar del blindaje, en solo un mes, ómicron era ya la variante del SARS-CoV-2 detectada en el 47% de los análisis realizados en España.

La Organización Mundial de la Salud lanzó el programa COVAX para conseguir que los países con pocos recursos tuvieran vacunas y evitar casos como el que puso de manifiesto ómicron: si el virus circula masivamente en grandes poblaciones sin vacunar puede variar. El programa no consiguió generalizar la vacunación completa en la parte del mundo más desfavorecida.

Según los datos de la ONU, COVAX se aseguró 2.100 millones de dosis, aunque suministró 987 millones a 144 países. La Unión Europea, por ejemplo, tiene aseguradas más de 3.000 millones. El director médico de Pfizer en España, Juan Álvarez, defendía finales de noviembre de 2021 la rentabilidad de su empresa a y exponía que “para seguir investigando las farmacéuticas necesitan ingresos”.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó el uso del quinto test individual de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2 a partir de muestras nasales o de saliva, se informó oficialmente en las últimas horas.

En su resolución, la ANMAT indicó que el autotest desarrollado por Laboratorios Jayor “reúne las condiciones de aptitud requeridas para su autorización” y, en ese sentido, “corresponde autorizar la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) del producto médico”.

Asimismo, destaca que en los “rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda 'Autorizado por la ANMAT PM 2123-61', con exclusión de toda otra leyenda no autorizada y/o contemplada en la normativa vigente”.

La Anmat ya había aprobado la semana pasada el uso de cuatro pruebas de autoevaluación de venta exclusiva en farmacias, pertenecientes a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

Este quinto autotest aprobado (Immunobio) estará disponible a partir del 20 de enero en droguerías y farmacias de todo el país y será comercializado por Laboratorios Jayor, indicó la empresa.

Desde el laboratorio fabricante señalaron que el nuevo autotest autorizado sirve para detectar tanto la cepa Delta como Ómicron y será de venta libre.

Funcionamiento

Y explicaron que para realizar la prueba se deberá tomar una muestra a nivel nasal o por saliva y la realización demandará entre 15 y 20 minutos. Para facilitar la carga de su resultado, se habilitará una aplicación móvil, en la que los usuarios deberán indicar si la prueba arrojó positivo, negativo o error.

En tanto, los locales habilitados a comercializar los autotest tomarán los datos del paciente, registrarán la fecha y la hora de compra y le harán firmar una declaración jurada en la que se comprometerá a reportar el resultado lo antes posible. Asimismo, se trazará un número de serie del producto para realizar el seguimiento correspondiente, se indicó.

Con ese objetivo, los pacientes que acusen síntomas al momento de la compra deberán indicar el resultado antes de las 24 horas. En caso de no hacerlo, el farmacéutico tendrá que informar de esa situación a las autoridades sanitarias.

Los datos se alojarán en la base informática farmacéutica y serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) por las agrupaciones farmacéuticas habilitadas.

Por último, se aclaró que los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19, mientras que los negativos serán catalogados como “negativo, sin clasificar” y las pruebas inválidas deberán repetirse para definir el resultado.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno estableció que las personas deberán reportar a las farmacias el resultado de los test de autoevaluación de coronavirus y éstas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, en tanto que si se utilizan en instituciones sanitarias serán éstas las que deben notificar.

El mecanismo fue fijado mediante la resolución 28/2022 firmada por la ministra de Salud Carla Vizzotti que, además de establecer el procedimiento de notificación, aprobó las condiciones de empaque del producto y habilitó a las jurisdicciones a que puedan ingresar como caso confirmado a aquellas personas que den positivo al autotest.

En tanto que los individuos particulares sólo podrán comprar el autotest en farmacias habilitadas y las droguerías y laboratorios sólo le podrán vender a éstas.

En el caso de las instituciones públicas o privadas que compren el autotest deberán designar “un profesional de la salud responsable de informar el destino, uso y reporte de los resultados a las autoridades sanitarias de su jurisdicción”.

Los mecanismos de notificación

En referencia al mecanismo de notificación, que está regulado en el anexo 1 de la resolución, el Ministerio estableció que “los resultados del test deben ser reportados de forma individualizada (atento al código de barra de cada empaque) una vez abierto dentro de las 24 horas de realizado, y dentro de los siete días de adquirido cuando no hubiera sido utilizado, ya sea por el usuario individual o por un responsable de reporte en caso de gran volumen de test”.

Y continuó: “En el caso de que el producto sea adquirido por un usuario en una farmacia adherida, el reporte de uso siempre se hace a la farmacia en la que se adquirió para lo cual el dispondrá de los siguientes canales alternativos: directamente en el punto de venta (farmacia) de forma presencial o telefónica, una página web y otros que puedan desarrollarse”.

En este contexto, serán las farmacias las que deberán notificar “los resultados de los test dispensados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) a través de los usuarios habilitados, para lo cual se otorgarán los accesos al SISA pertinentes”.

La resolución estableció que “si el farmacéutico no recibe el reporte del usuario una vez abierto el empaque dentro de las 24 horas y dentro de los siete días de adquiridos cuando no hubieran sido utilizados, debe informar de esa situación a la autoridad sanitaria jurisdiccional”.

En ese caso, la autoridad podrá inhabilitar el punto de venta para la dispensa de test de autoevaluación Covid-19 “si se advierte que la carga en el SNVS no se ha efectivizado”.

Los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19 en el SNVS y se clasificarán como casos probables, los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”.

En tanto que los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.

Un caso clasificado como “probable” deberá cumplimentar con las recomendaciones emitidas por la autoridad sanitaria de la jurisdicción vigentes al momento de realizar el test.

Los test de autoevaluación fueron aprobados la semana pasada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y funcionan a base de una muestra de saliva o hisopado nasal.

La resolución

Anexo 1:Los reportes

Anexo 2: Condiciones de empaque

Con información de agencias.

IG

Con la mirada puesta en la temporada turística y ante el desborde de casos positivos de Covid, el Gobierno de Córdoba anunció este lunes que se incorporarán laboratorios privados y farmacias al testeo y análisis que se vienen realizando actualmente por el Estado provincial.

En una conferencia de prensa, el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardozo informaron que se pondrá en marcha la “Estrategia de fortalecimiento sanitario”, con la que se incorporan 53 farmacias -21 en Capital y 32 en el interior- y 120 laboratorios privados -32 en Capital y 88 en el interior- para vacunación Covid-19 y testeos. De esta manera buscan descomprimir los cuellos de botella que se producen en los centros de testeo, en los que se observan filas de hasta 10 horas para hisoparse.

Este domingo en Córdoba hubo 3.601 casos y 56 internaciones; además de cuatro pacientes fallecidos. Mientras que en CABA se registraron 3.959 casos positivos.

“Estamos atravesando la tercera ola de la pandemia. Se trata de conciliar el combate de la tercera ola con la ejecución de una buena temporada turística en nuestra provincia. El derecho a vacacionar es de las familias cordobesas y quienes vienen de otras provincias”, señaló Schiaretti al anunciar la ampliación de centros de testeos, un reclamo que vienen realizando los propios voluntarios como el personal de salud y los vecinos.

Según el diagrama dispuesto por el Gobierno de Córdoba “se ampliarán los centros fijos de testeos y de vacunación en 13 distritos: Villa Carlos Paz, Villa Cura Brochero, Mina Clavero, La Falda, Unquillo, Colonia Caroya, Jesús María, Miramar, San Francisco, Alta Gracia, Villa María, Río Cuarto y Santa Rosa de Calamuchita”; además se reforzará la atención en los hospitales del corredor turístico: el Hospital Domingo Funes de Villa Caeiro; el Hospital Provincial de Villa Dolores; el Hospital “Luis Bellodi” de Mina Clavero, “Eva Perón” de Santa Rosa de Calamuchita y “Arturo Illia” de Alta Gracia.

Los turistas incluidos

 “Córdoba va a vacunar a los cordobeses sino también a los turistas que vengan desde afuera y quieran hacerlo porque le corresponda por el calendario”; anunció también el gobernador; y agregó que con la incorporación del sector privado se agilizará la atención: “Queremos evitar largas filas para poder testearse. Queremos que se vacunen los cordobeses”.

La provincia de Córdoba atravesó este fin de semana los 600 mil contagios de Covid; y desde diciembre de 2021 lidera la cantidad de contagios por habitante, principalmente de la variante Ómicron.

“Esto es muy importante porque si hay algo que permite enfrentar la variante Ómicron, es que haya más vacunación y más testeos. Esperamos y aspiramos que ANMAT apruebe el autotest porque va a permitir que no haya largas filas para hacerse el testeo correspondiente. Lo vamos a usar como una práctica habitual en la provincia”, anunció el gobernador sobre las gestiones que realiza la Provincia ante la Nación para que se autoricen los test individuales.

Por su parte, el ministro de Salud, Diego Cardozo sostuvo que “Córdoba tiene 900 laboratorios privados. La idea es que de modo progresivo y paulatino se puedan sumar más si la situación lo justifica”.

Sí a los festivales

En verano, Córdoba despliega una serie de ofertas turísticas cuyos tanque son los festivales de Doma y Floclore de Jesús María; de Folclore de Cosquín y el Cosquín Rock que se realiza en la comuna de Santa María de Punilla: “Vamos a mantener nuestros festivales activos con protocolos específicos”, informó el ministro Cardozo, donde la Cruz Roja será la encargada de fiscalizar el pase sanitario.

El próximo jueves 6 de enero comienza el Festival de Doma y Folclore de Jesús María en esta ciudad ubicada a sólo 49 kilómetros al norte de esta Capital. El Gobierno cordobés dispuso desde el 5 de enero hasta el 19 de enero una serie de protocolos específicos para eventos masivos como este tipo de festivales, además de recitales y conciertos. El Festival de Doma finaliza el 17 de enero, por lo que queda contenido dentro de los protocolos vigentes. En los boliches habrá un nuevo aforo de 500 personas.

El 2 de diciembre del año pasado llegó a Córdoba procedente de Emiratos Arabes Unidos el primer pasajero con la variante Ómicron, un vecino de la localidad de Colonia Caroya, que está separada de Jesús María sólo por una avenida. Ese brote generó contagios en nueve personas, la mayoría familiares y amigos del viajero, pero fue contenido.

Mientras que el Festival Nacional de Folclore de Cosquín se desarrollará desde el 22 de enero hasta el 30 de enero. Y el Cosquín Rock, se desarrollará el 12 y 13 de febrero.

Además, este año debuta Carlos “La Mona” Jiménez, el monarca del cuarteto cordobés, con el Festival Bum Bum que se desarrollará el 15 y 16 de enero en el Hipódromo Córdoba de esta capital, donde actuarán músicos urbanos como L-Gante, Damas Gratis, Los Palmeras, Piñón Fijo, Los Caligaris, Karina la Princesita, La Banda de Carlitos, Lorena Jiménez y Chadia Rodríguez.

Fracaso del manejo de pandemia

El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Gastón Vacchiani le dijo a elDiarioAR que “este anuncio es una muestra más del fracaso del Gobierno de la Provincia en el manejo de la pandemia. Trasladar a los privados una cuestión que se puede hacer desde el sistema público si se contratara personal; además es algo muy previsible, era una situación que estábamos esperando todos hace tiempo. Tercera ola y tercera vez que el Gobierno de la Provincia improvisa sobre la marcha; deja que la población se contagie para después actuar, no tomando las previsiones que en este caso no eran grandes restricciones, sino controlar y evitar las flexibilizaciones que se permitieron, eventos masivos en lugares cerrados, sin barbijos, sin control”.

Vacchiani aseguró que “el Gobierno es el responsable de este tsunami que estamos viviendo en la provincia de Córdoba; además no se tomaron previsiones en los hospitales públicos ni en los lugares donde se hisopa, donde las condiciones de trabajo de ese personal, principalmente en los centros de testeo, son inhumanas; o los vacunadores que tienen becas y cobran $ 20 mil, súper precarizados. Es un clásico de este Gobierno: precariedad, bajos salarios, improvisación”.

GM

La llegada de Carlos Melconian al Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea para elaborar un plan económico con miras al cambio de gobierno es un movimiento de alto voltaje, imposible de naturalizar. Apuesta fuerte de una facción del establishment, solo la reciente historia de fracasos y la urgencia mayúscula ayudan a explicarla. Creada el 6 de julio de 1977 por un grupo de empresarios entre los que estaban Fulvio Pagani, Pedro Venturi y Piero Astori -padre de la actual presidenta, Pía Astori-, la reconocida usina cordobesa de ideas liberales acaba de dar un paso que da cuenta de sus propias ambiciones e ilustra, al mismo tiempo, sobre la orfandad de ideas en las que está sumido el poder económico en la Argentina. 

A 20 años del estallido del modelo de Convertibilidad ideado por Domingo Cavallo, el economista emblema de la institución, la Fundación Mediterranea decidió retomar un sendero que había abandonado después de la experiencia traumática de 2001. Para eso, eligió apelar a otro economista que figura bien arriba entre los preferidos del mercado y dio sus primeros pasos en el sector privado con una temporada larga en el Estudio Broda.

Para la Fundación Mediterránea, la incorporación de Melconian no es apenas un trámite: implica un salto de proporciones notables en busca de mayor influencia y un desplazamiento que, incluso por algunos en el interior de la entidad, es considerada una renuncia a los objetivos que se fijaron, un año después del inicio de la última dictadura militar, un grupo de 34 empresas entre las que se destacaban Arcor y Agrometal. Pretendían, entonces, crear un faro económico desde el centro del país, una meta que se cumplió pero no estuvo exenta de contradicciones. 

Después de que el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando De la Rúa llevara a la práctica el programa que había diseñado junto a un grupo de colaboradores y la economía terminara en un colapso que incluyó la caída del gobierno, la entidad había preferido resguardarse en el perfil bajo y mantenerse lejos de la política partidaria. El desembarco de Melconian como titular del IERAL y Enrique Szewach como Director Ejecutivo y Facundo Martínez Maino como parte de la nueva conducción rompe con esa política de dos décadas y tiene sus riesgos. 

Para la lógica institucional, sentar a un hijo de Buenos Aires en el directorio del IERAL tensiona desde los estatutos a la historia de la Fundación. Para la política, como toda gran apuesta, tiene un destino incierto. 

Ex presidente del Banco Nación -Szewach era su mano derecha-, el economista que primero no pudo y después no quiso ser ministro durante la administración Macri es autor de una avalancha de consignas que le garantizan los primeros planos y muestra desde hace años una vocación innegable por ocupar el sillón que hoy retiene Martin Guzmán. Ni perfil bajo ni apartidario: mediático y con una historia política bien nítida, que une a Menem con Macri.

¿Regreso a las fuentes o traición a la historia?

La elección del consultor estrella de la City para ocupar el lugar que Cavallo tuvo primero que nadie puede ser leída como una continuidad en las ideas del liberalismo hard que cuenta con la capacidad de penetrar de manera recurrente en el corazón de clases medias y trabajadoras. Sin embargo, rompe con otras dos tradiciones de la Fundación Mediterránea. La primera es la del origen, cuando los economistas del think tank nacido en Córdoba como asociación civil sin fines de lucro pretendían ofrecer una visión alternativa a la del puerto de Buenos Aires. Así sucedió desde su creación hasta el momento en que los pesos pesados de la entidad decidieron convocar al hincha de Racing nacido en Valentín Alsina. Para los cordobeses orgullosos, Melconian es un porteño más y su desembarco implica mudar al territorio de Horacio Rodríguez Larreta el eje geográfico con el que funciona la entidad desde 1977. 

Cuentan los memoriosos que la Fundación tardó años en abrir su sede en la Capital Federal. Tuvo primero filiales en el Comahue, en Mendoza, en San Juan, en Tucumán, en Salta y en Misiones hasta que, después de mucho tiempo, Sebastián Bagó padre logró que sus socios habilitaran el alquiler de unas oficinas en las Galerías Jardín. “Cuando Cavallo venía a Buenos Aires tenía una oficina donde quedarse pero era una oficina boba porque era la única que no producía informes, no hacía investigaciones ni presentaba propuestas de políticas”, recuerda un antiguo colaborador del ex ministro. Más adelante, el economista Jorge Vasconcelos comenzó a elaborar información propia. 

La segunda ruptura que genera el aterrizaje de Melconian ilustra sobre un cambio en el mapa del poder económico. Si cuando la Mediterránea apareció en escena sus principales promotores eran empresas del sector industrial, el arribo del ex titular de la consultora Macroview representa el ascenso de dos sectores que desplazaron a la industria en las últimas décadas: los bancos y los laboratorios. No es casual que hayan sido Sebastián Bagó y Jorge Brito hijo los grandes artífices del salto de Melconian y que otros grupos empresarios se hayan declarado sorprendidos por la movida que se anunció a principios de diciembre, de manera intempestiva y durante un almuerzo en el Palacio Duhau del Park Hyatt. Apenas conocida la noticia, estallaron los mensajes en los grupos de WhatsApp y los pedidos de explicaciones. “Hace meses que sabíamos que un grupo de empresarios medianamente subterráneo, pero poderoso, había encendido el radar buscando un cascarón semivacío para colonizar y armar algo por fuera de la estupidez de las fundaciones macristas y afines en JxC. Bagó fue la polea de transmisión”, le dijo a elDiarioAR uno de los dueños que integra la Fundación. 

Bagó es sindicado como el empresario que actuó como polea de transmisión y logró atraer a otros que no necesariamente formaban parte de la Fundación, pero estaban dispuestos a financiar la operación. En Buenos Aires, varias fuentes coinciden en mencionar a Eduardo Eurnekian y Alejandro Bulgheroni como dos de los promotores del salto de Melconian (allegados a Bulgheroni desmienten la versión). Entre las autoridades de la asociación figura el cordobés Euclides Bugliotti y miembros de las familias Astori, Bagó, Brito, Urquía, Roggio y Riba. El director de Techint, Luis Betnaza, es uno de los vocales. No todos estaban de acuerdo con la elección. Según pudo saber este diario de dos fuentes bien informadas, la multinacional Arcor, propiedad de una de las familias fundadoras, estuvo al margen de la decisión. 

Sin embargo, Roberto Urquía, el cordobés que es dueño de la cerealera Aceitera General Deheza, fue uno de los impulsores del fichaje de Melconian. El propio Urquía se lo confirmó a este diario y aseguró que “desde el primer momento” se anotó entre los que buscaron lograr el “mayor consenso posible” para que el ex funcionario de Macri asumiera en lugar del cordobés Mario Capello. En 2019, Urquía estuvo entre los empresarios que primero expresaron su respaldo a Alberto Fernández: lo recibió en la sede de su empresa y lo acompañó el día que el entonces candidato del Frente de Todos disertó en la Fundación. Alberto, que había ido acompañado por el propio Urquía, Felipe Solá, Eduardo De Pedro y Fernando “Chino” Navarro, hizo ese día una de las promesas que no cumplió y le dijo al auditorio lo que quería escuchar: anunció que no habría quita en la reestructuración de la deuda privada y prometió una salida uruguaya para la Argentina. No pudo ser. 

Invertir en Melco

La elección de Melconian como presidente del IERAL tiene razones y justificaciones. Un miembro histórico de la Fundación, que accedió a hablar con elDiarioAR, aseguró que el cambio con respecto a la conducta de las últimas dos décadas se debe a la crisis por la que atraviesa la Argentina. Si tras el fin traumático de la Convertibilidad y la era Cavallo, la entidad decidió replegarse sobre sí misma, el fracaso económico de Macri y la debilidad del Frente de Todos en varios niveles llevaron a un grupo de dueños a la conclusión de que era necesario dar un paso más y volver a prescindir de los partidos políticos. “Inevitablemente tenés que subir el perfil para que te escuchen. Necesitamos lograr una repercusión adecuada en el mundo político. No alcanza con lo que producís si tu trabajo tiene un alcance limitado al universo de los especialistas”, le dijo a este diario uno de los socios de la Fundación. Más que el autor de un programa para sacar a la Argentina de la crisis, Melconian sería así el canal de expresión de ideas ya concebidas y el mejor interlocutor para lograr que la dirigencia política le preste atención a los economistas identificados con la ortodoxia económica. 

Por lo menos tres aspectos justifican la preocupación del grupo que lideran Bagó y Brito. En primer lugar, el valor de las empresas argentinas que no dejan de caer desde 2018 y el temor a una crisis más profunda que pueda desatarse en el corto plazo. En segundo lugar, en la Mediterránea advierten que los líderes de los distintos partidos políticos suelen demorar hasta último momento las definiciones económicas; solo reaccionan cuando ya es tarde y es muy difícil torcer el curso de los acontecimientos. En ese tipo de perspectiva coinciden quienes están en las antípodas de Domingo Cavallo, como el propio Jorge Remes Lenicov, el último economista que se inmoló con la megadevaluación, a la salida de una crisis que dio inicio a un ciclo de varios años de crecimiento. 

En tercer lugar, la conciencia generalizada de que no hay recetas mágicas para estabilizar la macroeconomía, recuperar la actividad económica y retomar la senda de alta rentabilidad que pretende la facción más escuchada del establishment. Si bien el final de Macri y la pandemia pulverizaron los ingresos y elevaron muchísimo los márgenes de ganancia en sectores específicos, las entidades que nuclean al empresariado se quejan de la presión tributaria, de la brecha cambiaria y de la inestabilidad macro. 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, las dificultades elocuentes del Frente de Todos para resolver la encrucijada de la deuda, el Covid 19 y las contradicciones internas reforzaron la convicción empresaria de que hace falta elaborar un programa propio para ofrecerle a las dos coaliciones que dominan la escena política desde 2015. Más sintomático todavía es lo que admiten algunos miembros de la Mediterránea: después de duplicar la inflación, elevar la deuda en dólares, devaluar, profundizar la recesión y elevar la pobreza, la primera plana de los economistas del macrismo no hizo todavía ninguna autocrítica. Lo dicen incluso quienes se reconocen amigos de quienes fueron presentados en sociedad por Macri como el mejor equipo de los últimos 50 años.  Dos años después, Juntos no hizo una evaluación objetiva y desapasionada; mucho menos una autocrítica. Por eso, el temor creciente en las familias del Círculo Rojo es que la oposición llegue otra vez al poder y quiera hacer lo mismo, como producto de una amnesia temeraria. “Si es así, se van a poner a la economía otra vez de sombrero”, aseguró a elDiarioAR un economista del Ieral. 

Enfrentado con Marcos Peña y el gobierno de los CEOS, Melconian fue parte del ensayo de Cambiemos pero duró poco más de un año y se mantuvo como uno de los críticos más duros del rumbo económico de Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Frente a un escenario que no ofrece salida virtuosa, ahora se declara “metido en una tarea apolítica” y ya le habla a los que se postulan para suceder a Alberto Fernández. Lo hace siempre con un lenguaje llano que recuerda al de Juan Carlos De Pablo y viene adornado por una consigna de hierro que apuesta a ampliar el alcance de sus consignas: “para traducírselo a mi tía”, repite. La tía de Melco, fase superior de la Doña Rosa de Bernardo Neustadt. 

Pese a eso, el repertorio del recién llegado no presenta demasiadas innovaciones, como lo demostró hace apenas una semanas y después del rechazo opositor a la sanción del Presupuesto de Guzmán. “Si vos querés bajar la inflación, tenés que cortar la emisión y si tenés que cortar la emisión, tenés que cerrar las cuentas públicas y si querés cerrar las cuentas públicas, te tenés que meter en jubilaciones, en planes, en tarifas o en recaudación que no da más. Entendés por qué entonces damos vueltas como el perro que se muerde la cola”, dijo en Radio Mitre. Para Melconian, Argentina está “con 10, 12, 14 puntos del PBI de gasto infinanciable” como parte de un proceso en el que entró durante los años kirchneristas y no salió nunca más. “Tiene nombre y apellido, son 3 puntos de tarifas, 3 puntos de jubilaciones y 3 puntos de planes, asignaciones y demás”, agregó. De todas maneras, el titular del Ieral coincide con los que advierten que el acuerdo con el Fondo, que va a incluir la reducción de la emisión, el cuidado de las reservas y el aumento de tarifas para recortar subsidios, será “muy amarrete con el crecimiento”. Por eso, sostiene, si no hay un violento cambio de expectativas que genere un shock de confianza, los programas del Fondo son recesivos. 

Quién banca

Fue Cavallo, precisamente, el que planteó la necesidad de que la Fundación volviera a las fuentes. En 2020, a 43 años de la creación de la entidad, disertó vía Zoom ante un foro de 600 empresarios y sostuvo que el rumbo de un gobierno influenciado por Eduardo Duhalde y José Ignacio de Mendiguren hacía imperioso un mayor protagonismo de la Mediterránea. Según afirman desde Córdoba, las palabras del “padre de la criatura”, tal como él mismo se definió alguna vez en relación a la Convertibilidad, tuvieron un eco que derivó, un año y medio después, en la convocatoria a Melconian. 

La incorporación de un consultor estrella que es desde hace dos décadas candidato a ministro de Economía no es gratis y, según coinciden los especialistas consultados por elDiarioAR, excede “el precio de mercado” que un grupo de empresarios abonaría por disponer de un plan económico. Se paga por la posibilidad cierta de que Melconian y sus colaboradores cumplan finalmente su sueño y lleven adelante las ideas que propaga el establishment con escaso éxito, no casualmente, desde el estallido de la Convertibilidad. 

¿Cuánto cuesta el plan Melconian? Nadie arriesga ni ofrece una cifra. De acuerdo al testimonio de una de las personas que conoce bien el funcionamiento interno, la Fundación y el IERAL son jurídicamente dos instituciones separadas y es la Mediterránea la que financia al Instituto mes a mes. La llegada del socio histórico de Roberto Santangelo vino acompañada por un grupo de empresas que fueron invitadas por la familia Bagó y sus aliados. Una posibilidad que se menciona sería que aumente la cuota que las compañías que invierten en Melconian para salir de la crisis argentina. La Fundación tiene, además, financiamiento de organismos de crédito internacionales como el BID, el BM y la CAF. 

Entre las consultoras del mercado, prima el hermetismo y se dividen entre los que tienen más o menos respeto por las tesis del reemplazante de Cavallo. Para los críticos, los dueños que decidieron convocar al equipo del ex titular del Banco Nación no demandan la elaboración de un plan como el que le reclaman desde hace dos años a Guzmán. Eso, se supone, ya forma parte del trabajo que la Mediterránea viene haciendo desde hace décadas. Desde esa perspectiva, los fondos destinados a cubrir los honorarios del “dream team” del que ya se habla no apuntan a pagar el trabajo que está comenzando sino a lograr que una voz más escuchada amplifique las consignas de siempre de las elites empresarias, oriente la discusión pública y se posicione para llevar adelante ese programa -sin gradualismo, inocencia ni culpa- a partir de 2023. 

Consultada para esta nota, la directora ejecutiva de la Fundación Mediterránea, Myriam Martínez, pidió tiempo para responder las consultas de este diario y quedó en transmitir el pedido al equipo del nuevo titular del IERAL.

DG

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció formalmente el acuerdo consensuado con la industria farmacéutica para estabilizar los precios de los medicamentos desde el 1 de noviembre y sostenerlos hasta el 7 de enero, en el marco de una política más amplia con los laboratorios.

En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y representantes de las cámaras que nuclean a los laboratorios, Vizzotti también anticipó la conformación de una mesa de trabajo para implementar las estrategias en análisis con el sector.

Por su parte, Feletti destacó que el acuerdo para fijar los precios de los medicamentos acordado con la industria farmacéutica forma parte de una política ideada para asegurar “consumos esenciales garantidos y una buena expansión de la economía en la salida de la pandemia”.

En ese sentido, aseguró que lo que se pretende es “recuperar estándares de vida y que eso no se vea frustrado por precios de consumos esenciales”, como alimentos y medicamentos, de modo que “el margen de consumo para el resto de bienes sea mucho mayor”.

El secretario de Comercio Interior explicó, respecto a los medicamentos, que se fijó el 1 de noviembre como fecha de inicio del acuerdo para no generar “un daño gravoso” a las farmacias que atienden al público y que “ya se habían estoqueado y tenían notas de crédito” por precios vigentes durante el mes de octubre.

De todas formas, destacó que en los próximos meses se avanzará con la industria farmacéutica en una serie de mesas de trabajo para ver cómo abordar “las problemáticas de costos, abastecimientos y funcionamiento del mercado de medicamentos”.

Además de los funcionarios, participaron Alejandrina Arauz por la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (Capgen); Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme); Marcelo Burstein de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) y Eduardo Macchiavelo, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

Con información de agencias.

IG

El Gobierno y las cámaras fabricantes de medicamentos anunciaron este lunes un acuerdo para congelar los precios de los remedios hasta el 7 de enero de 2022, al tiempo que decidieron retrotraer los valores al nivel que tenían el 1° de noviembre.

En un comunicado conjunto, los representantes de los laboratorios informaron que en el marco “de colaboración y buen diálogo iniciado en el Ministerio de Salud el día jueves último, respecto de la evolución de la economía y de los precios de los medicamentos, CAEME, CILFA y COOPERALA han manifestado a la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional que las empresas asociadas a cada una de las cámaras han mostrado su disposición a retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes 1° de noviembre”.

Además, de acuerdo al comunicado, las tres principales entidades, que nuclean a laboratorios nacionales y extranjeros, decidieron “mantener dichos precios estables hasta el día 7 de enero del 2022″, aunque se aclara que cada laboratorio asociado ”ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa“.

En el escrito dado a conocer este lunes, las cámaras del sector dejaron en claro que la industria farmacéutica presente en la Argentina “mantiene su buena voluntad y colaboración con el Gobierno. Asimismo, reitera su compromiso en trabajar por el acceso equitativo, tal como lo viene realizando desde hace muchos años a través de diversos convenios con los distintos actores del sistema de salud”, concluyeron.

Farmacéuticos acompañan la “intervención del Estado”

El director del Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar), Rubén Sajem, expresó este lunes el apoyo de la entidad a “la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población”.

“A esta situación se llegó por la irresponsabilidad de los laboratorios que estuvieron fijando precios por encima de la inflación durante el último año y medio”, sostuvo Sajem al referirse a la negociación encarada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Comercio Interior con las principales cámaras que nuclean a la industria farmacéutica.

En declaraciones a Télam Radio, el directivo indicó que la medida puede afectar a las “farmacias más chicas y no los grandes laboratorios, que son los formadores de precios”.

Como mecanismo alternativo al congelamiento, Sajem sostuvo que en el sector “preferimos una regulación controlada de los precios con mecanismos como la prescripción por nombres genéricos; es decir, que los médicos no incluyan marcas en las recetas”.

Sajem se refirió de esta forma a la Ley de Prescripción de Medicamentos Genéricos sancionada en 2002, que establece que toda receta y/o prescripción médica u odontológica debe efectuarse expresando el nombre genérico del medicamento y no la marca.

“Es una ley vigente del año 2002 pero hay que tener voluntad de aplicarla y también educar a la población para que se acostumbre a pedir alternativas de la misma droga en las farmacias ya que las marcas más conocidas son hasta 4 veces más caras”, señaló el director de Ceprofar.

“Apoyamos la regulación y la intervención del Estado para que los medicamentos sean accesibles para toda la población. Vivimos épocas donde las personas tenían que comprar tres medicamentos pero debían optar por uno solo porque no les alcanzaba el dinero. No queremos volver a eso”, concluyó Sajem.

La semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, anunció un acuerdo con los laboratorios para retrotraer los precios de “todos los medicamentos” a los vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos el 7 de enero próximo.

Este lunes, a través de un comunicado conjunto, Caeme, Cilfa y Cooperala explicitaron la decisión de “retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes 1 de noviembre y, asimismo, su voluntad de mantener dichos precios estables hasta el día 7 de enero del 2022”.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los precios de los medicamentos aumentaron 65,9% entre septiembre de 2020 y octubre de este año, con un ritmo de incremento por encima de la inflación y de la variación del tipo de cambio.

Según el estudio, en los primeros meses de la pandemia los precios se incrementaron 14,7%, equivalente a un promedio de 1,4% mensual acumulativo; mientras que a partir de septiembre de 2020 y hasta octubre de 2021, la suba fue de 65,9%, a un ritmo de 4% mensual acumulativo.

Con información de agencias.

IG

El ensayo (Provent) incluyó a 5.197 participantes de 87 instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, España, Francia y Bélgica a quienes se les asignó al azar el tratamiento (AZD7442) o placebo en una relación de 2:1.

“Más del 75% de los participantes tenían comorbilidades, que incluyen afecciones que, según se ha informado, causan una respuesta inmunitaria reducida a la vacunación”, señaló un comunicado que, además, indicó que “en el momento de la selección, no estaban vacunados y tenían una prueba serológica de Sars-CoV-2 en el lugar de atención negativa”.

Según informó la compañía, el tratamiento redujo el riesgo de desarrollar Covid-19 sintomático en un 77% en comparación con el placebo. El ensayo acumuló 25 casos de Covid-19 sintomático en el análisis primario.

No hubo casos graves ni muertes relacionadas con coronavirus en las personas tratadas con AZD7442, mientras que en quienes recibieron placebo hubo tres casos de Covid-19 grave, que incluyeron dos muertes.

También se informó que el tratamiento fue bien tolerado y los análisis preliminares mostraron que los eventos adversos se equilibraron entre los grupos de placebo y los tratados con AZD74422.

“Los datos de Provent muestran que una dosis de AZD7442, administrada en una forma intramuscular conveniente, puede prevenir rápida y eficazmente el Covid-19 sintomático. Con estos resultados, AZD7442 podría ser una herramienta importante en nuestro arsenal para ayudar a las personas que pueden necesitar más que una vacuna para volver a su vida normal”, indicó Myron Levin, profesor de Pediatría y Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos.

El objetivo sería poder asistir a personas que, por algún motivo, no logran protección con las vacunas o bien a aquellos que tienen un mayor riesgo de infección por su actividad.

Según AstraZeneca, AZD7442 podría brindar hasta 12 meses de protección contra Covid-19, y se administra mediante inyección intramuscular.

Los hallazgos preliminares “in vitro” de investigadores de la Universidad de Oxford y la Universidad de Columbia habían demostrado que AZD7442 neutralizaba las variantes virales del SARS-CoV-2 emergentes, incluida la variante Delta.

AZD7442 es una combinación de dos LAAB, tixagevimab (AZD8895) y cilgavimab (AZD1061), derivados de células B donadas por pacientes convalecientes después del virus SARS-CoV-2.

La compañía informó que seguirá realizando un seguimiento de los participantes durante 15 meses y cuando hayan concluido se enviarán los resultados completos a una revista con revisión de pares para su publicación.

En base a estos resultados, AstraZeneca preparará la presentación reglamentaria de los datos de profilaxis a las autoridades sanitarias para una posible autorización de uso de emergencia o aprobación condicional de AZD7442.

NB con información de agencia Télam.

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED

Con la ausencia de los cinco proveedores de vacunas contra el Covid-19, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) encabezó este martes la comisión informativa convocada para escuchar e interrogar a los laboratorios que firmaron contratos con el Estado nacional. Las farmacéuticas habían sido citadas “bajo apercibimiento de ley”, y en acuerdo con el interbloque de Juntos por el Cambio, pero Massa anunció que ninguna de ellas se presentaría ante los diputados. 

Durante la reunión sí expusieron de manera virtual representantes de Pfizer -en negociaciones con el Ministerio de Salud- y del Laboratorio Richmond, que producirá en el país la vacuna Sputnik V.I.D.A., tras firmar un acuerdo con el Fondo de Inversión Ruso.

Al inicio de la comisión informativa, Massa aclaró que AstraZeneca hará su presentación por escrito; y que representantes del organismo Covax -que funciona como intermediario con los laboratorios extranjeros- expondría más adelante, posiblemente también por escrito. Se espera que la próxima semana. 

¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?

Sergio Massa — Durante la exposición de Pfizer.

Massa informó, además, que las farmacéuticas que dependen de los Estados de Rusia (el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso) y China (Sinopharm) responderán vía Cancillería las preguntas de los diputados de las comisiones parlamentarias de Salud y Legislación General.

Tanto antes como después de la exposición de Pfizer, oficialistas y opositores manifestaron o infirieron la posibilidad de modificar la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, sancionada a finales de 2020 para posibilitar los acuerdos con los laboratorios.

La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas, pero éstas no se adecuaron a los requisitos de Pfizer, explicó este martes ante los diputados el gerente general de ese laboratorio, Nicolás Vaquer, aunque no precisó por qué, a pesar de las insistencias de legisladores de todos los bloques. 

Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

“¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?”, le preguntó Massa al ejecutivo en nombre de varios diputados. Vaquer reiteró: “Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual”. Previamente, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo durante la reunión que la oposición está dispuesta a debatir las modificaciones necesarias para acelerar y aumentar la entrega de vacunas.

En el caso de Richmond, el presidente del laboratorio nacional, Marcelo Figueiras, respondió: “No tenemos un acuerdo con el Gobierno nacional” para producir la vacuna Sputnik V.I.D.A. “Nuestro acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión no es confidencial”, agregó, tras remarcar que envió una copia a la oposición. 

“El Fondo Ruso ha visitado muchos laboratorios en Argentina”, respondió Figueiras al diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), ante las dudas de la oposición sobre si el laboratorio, con buena llegada al Gobierno, había tenido ventajas sobre otras farmacéuticas locales para fabricar la vacuna rusa de manera exclusiva en el país. 

“Las primeras semanas fabricaremos 500 mil dosis semanales”, afirmó el empresario. “No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro”, aseguró el presidente de Richmond, quien inició su presentación solicitando una baja en los impuestos. “Es muy difícil invertir en estos proyectos de alto costo biotecnológico si no se encuentra una promoción impositiva”, sostuvo. “Debemos pagar sólo US$10 millones de derechos de importación de maquinaria productiva”, dijo. “Otros gobiernos nos llaman para que invirtamos en otros países pero aquí nos quedamos”, agregó el empresario.

El contrato que no fue

El ejecutivo de Pfizer aseguró que el actual marco legal para la provisión de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la farmacéutica busca negociar con el Ejecutivo. El gerente también afirmó que el gobierno de Fernández no le solicitó “pagos indebidos” ni intentó imponer un socio local como intermediario en la provisión de las dosis. Así lo había sugerido la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Vaquer declaró que Pfizer firmó el 11 de julio de 2020 un acuerdo de confidencialidad con el Ejecutivo y que el primer ofrecimiento del laboratorio al Gobierno fue el 25 de julio de 2020. “El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre. El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y demostró interés para las vacunas que pudiéramos entregar antes de marzo de 2020”, dijo Vaquer ante los diputados.

Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

En 2020, Pfizer ofreció al Gobierno proveer “13,2 millones de vacunas, a ser entregadas a partir de diciembre” de ese año, según el representante del laboratorio. Detalló además que las entregas requeridas por el Ministerio de Salud constaban de una primera entrega de un millón de dosis antes de finales 2020: otros dos millones durante el primer trimestre de 2021; y otros 5 millones para el segundo trimestre. El resto sería entregado después. Pero el acuerdo nunca se selló.

El debate sobre la indemnidad

La mayoría de las preguntas de los diputados al representante de Pfizer giró en torno a por qué la ley actual, especialmente votada para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, no encuadra con los requisitos de protección legal que exige el laboratorio.

El representante sostuvo que ese conflicto está siendo discutido por los abogados del laboratorio con el Ministerio de Salud en una mesa de negociación para concretar el acuerdo y no brindó mayores detalles. 

Aseguró que las cláusulas de indemnidad son las mismas impuestas en 116 países donde firmaron y están proveyendo vacunas y cuya necesidad se basa en “los riesgos inusuales y sin precedentes” en la producción de las dosis, teniendo en cuenta que la velocidad y escalas de producciones son “requeridas por los gobiernos” de distintos países. 

El gerente dijo que las cláusulas también se deben a la necesidad de “intercambiar información con el Ejecutivo” que no sería de acceso público y dijo que Pfizer tiene “un cumplimiento contractual del 99,99%” en el mundo. También afirmó que el laboratorio proyecta producir 3.000 millones de dosis en 2021.

Desarrollar una vacuna lleva “de siete a diez años para producir” y “de 10 moléculas que se prueban, sólo una termina dando resultados”, dijo Vaquer. “Pfizer asumió los riesgos de acelerar esos procesos que llevan meses a semanas y de semanas a días” y “empezó a invertir para que si la vacuna era aprobada se esté en condiciones de entregarla al mundo”, justificó el gerente general en torno a los requisitos legales que el laboratorio impone en sus contratos.

“Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales”, dijo antes de las preguntas de los diputados y ante los señalamientos de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) en las últimas semanas.

No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro.

Marcelo Figueiras — Presidente de Laboratorio Richmond.

La vacuna local

Ante las preguntas de los diputados opositores, Figueiras declaró: “No hemos recibido de parte del Gobierno ninguna indicación de si nosotros debíamos o podíamos fabricar (la vacuna rusa), sino que a través de nuestros socios nos invitaron a participar”, afirmó en referencia al laboratorio indio que trabaja en conjunto con Richmond.

La diputada Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) solicitó a Figueiras explicaciones sobre la suba de las acciones que percibió Richmond en la bolsa de comercio tras el anuncio del acuerdo. “El mercado de capitales argentino es chico y somos el único laboratorio nacional que cotiza en bolsa”, respondió Figueiras. Polledo había dicho que las acciones registraron una suba del 33% en una sola rueda.

Polledo también le preguntó sobre la transferencias de acciones de la compañía tras la visita de Alberto Fernández a la planta de producción del laboratorio el 5 de febrero. El empresario respondió: “Fue una transacción que se hizo (por parte de) alguien totalmente ajeno a nosotros, un empresario que le compró (acciones) a otro” y “no tiene nada que ver con la visita del Presidente a la planta”.

Los acuerdos

El país firmó cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). De los cinco proveedores contratados, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD.

Hasta el sábado último, Argentina había recibido un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021: 58.924.000 dosis, según había informado el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, como informó este medio en base a datos oficiales. 

ED

Representantes de los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus exponen este martes ante las autoridades de la Cámara de Diputados, los presidentes de los diferentes bloques y los referentes en materia de salud sobre “el estado contractual vigente o en discusión” con el Estado argentino acerca de la provisión de dosis.

Los directivos participan desde las 10 de la reunión que se realiza en el Salón Delia Parodi y que es de carácter público, reservada a un número acotado de legisladores y televisada por el canal institucional de la Cámara.

La decisión de convocar a los representantes de los laboratorios fue resuelta el miércoles pasado por el presidente del cuerpo, Sergio Massa, que contó para ello con el respaldo de la mayoría de los bloques legislativos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el objetivo de la reunión con los laboratorios es “tener la máxima información en un tema que es de gran sensibilidad para la sociedad” y anunció que se conformará un observatorio en el Congreso. Massa habló previo a que comiencen a exponer los representantes de los Laboratorios Pfizer, Nicolás Vaquer y Miguel del Pino, y del Laboratorio Richmond Marcelo Figueiras.

Los directivos fueron citados “bajo apercibimiento de ley”, una herramienta legal con la que cuenta el Poder Legislativo para evitar posibles evasivas ante sus convocatorias.

En la reunión están las autoridades de la Cámara, los jefes de los bloques y los presidentes de las comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Acción Social; en tanto que el resto de los integrantes de ésta última se conectan por vía remota, en el marco del cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

La decisión de convocar a los representantes de los laboratorios surgió tras las declaraciones cruzadas de los últimos días entre diferentes involucrados en el tema, en relación a los contratos, la cantidad de vacunas y los cupos de las mismas contemplados en fondos internacionales.

En ese sentido, la resolución firmada por Massa se funda “en la necesidad de establecer criterios comunes en cuanto al control y seguimiento de los contratos de provisión de vacunas contra la Covid-19”.

Además, la Presidencia de la Cámara subrayó que está facultada por ley para “citar a los representantes de las empresas laboratorios que fueron parte de contratos en curso de ejecución o que se encuentran bajo discusión en punto a la producción y provisión vacunas con el Estado nacional”.

“Resulta necesario dar intervención a las autoridades de las respectivas comisiones permanentes de incumbencia, a los fines de la consideración mencionada”, añaden los fundamentos de la resolución para dar alcance a los órganos parlamentarios antes mencionados.

Entre los convocados por Diputados se encuentran directivos de Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm y del Instituto Gamaleya -productor de la vacuna rusa Sputnik-, según enumeraron fuentes parlamentarias.

En ese caso se llevaría adelante un esquema en el que cada laboratorio expondría por turnos ante los diputados, y al término de esos testimonios, los funcionarios harían sus consideraciones; por lo que no habría cruces entre empresarios e integrantes de la cartera sanitaria.

Sobre la reunión del martes, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos), destacó la importancia de esclarecer “información incorrecta” sobre las vacunas y las tratativas para su adquisición y aseguró que la oposición “se ha esmerado desde el inicio de pandemia en cuestionar todo”.

“Es una convocatoria pedida por el presidente de la Cámara y que tiene que ver con la cantidad de información incorrecta que ha circulado: plazos de entrega, cumplimientos e incumplimientos de los contratos, sobre todo por parte de un grupo de la oposición que se ha esmerado desde el principio de la pandemia en cuestionar todo”, afirmó en declaraciones periodísticas.

Por su parte, el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que desde esa fuerza política quieren “ayudar a que lleguen más vacunas” contra el coronavirus al país y señaló que “es importante escuchar el martes a todos los laboratorios”, cuyos directivos expondrán en el Congreso.

“Desde el Congreso queremos ayudar a que lleguen vacunas, está en juego la vida de millones de personas; por eso es importante escuchar a todos los laboratorios el martes, tal como se lo pedimos al presidente de la Cámara de Diputados. Si hay que cambiar la ley, avancemos rápido”, subrayó el dirigente del radicalismo cordobés.

Cecilia Moreau: “Queremos saber si van a seguir cumpliendo las entregas”

La vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, dijo este lunes que en la reunión con los laboratorios que producen vacunas contra el coronavirus se buscará saber, entre otras cuestiones, “si se van a seguir cumpliendo las entregas” de los fármacos.

“Todos los laboratorios fueron invitados y esperemos que participen. Había algunos que tenían dificultades, como el de la India, porque no había ningún representante de la empresa en Argentina. Veremos quién concurre”, sostuvo la legisladora nacional en diálogo con Radio 10.

Moreau comentó que aún no recibieron la confirmación de los laboratorios, pero supone que “en la jornada de hoy” ya sabrán quiénes participarán.

Al respecto, sostuvo que, aunque a ningún laboratorio “le debe haber gustado” la convocatoria, tienen que dar cuenta al Congreso sobre los contratos firmados como indica la ley, y agregó que “obviamente no habrá preguntas sobre la fórmula de las vacunas”.

“Queremos ver cuál es el ritmo de vacunación que calculan que vamos a seguir teniendo, si se van a seguir cumpliendo las entregas como imaginamos y si el año que viene va a haber innovaciones, cuando estas vacunas seguro queden viejas”, completó.

Al ser consultada sobre las controversias alrededor de las vacunas de Pfizer, Moreau dijo que el laboratorio “debería ir” al encuentro puesto que un grupo de diputados de la oposición “metió miedo” y “generó revuelo” alrededor de los contratos.

“Ha habido tanto lobby que estaría bueno que den explicaciones sobre qué es lo que realmente quieren”, remarcó.

Con información de agencias.

IG

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, con el apoyo de los principales bloques legislativos, firmó la resolución que cita bajo apercibimiento de ley a los representantes de las empresas laboratorios productores de la vacuna contra el Covid 19 a fin de dar explicaciones sobre el estado contractual vigente o en discusión y otros temas relacionados con el Ministerio de Salud del Poder Ejecutivo Nacional.

La reunión informativa queda prevista para el martes 8 de junio a las 10 horas en el Salón Delia Parodi, con el apoyo de los principales bloques opositores. Fueron convocados a la misma las autoridades de la Cámara de Diputados y presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Legislación General y Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja.

“Con el apoyo de los dos principales bloques emite una resolución que cita bajo apercibimiento de ley a los laboratorios proveedores de vacuna o en trámite de aprobación a que rindan cuentas”, confirmaron fuentes cercanas al titular de Diputados.

Además de Pfizer, se convocará a autoridades de AstraZeneca, del Instituto Gamaleya, Sinopharm y a representantes del Fondo Covax, y otros laboratorios que tengan vacunas autorizadas, con trámite de solicitud de aprobación o acuerdo de prueba, para que den precisiones sobre los contratos que firmaron o que se están negociando, así como la metodología de entrega, plazos, costos y cantidad de dosis, entre otros puntos.

“Lo dije hoy al mediodía: sería acertado que el Presidente de la Cámara baja cite a los laboratorios que proveen vacunas, incluyendo a Pfizer, y también al Gobierno a que brinden explicaciones en la comisión de Salud”, tuiteó esta noche Negri, atribuyéndose la autoría de la propuesta.

La resolución se funda “en la necesidad de establecer criterios comunes en cuanto al control y seguimiento de los contratos de provisión de vacunas contra la Covid-19”.

La Presidencia de Diputados subrayó que está facultada por ley para “citar a los representantes de las empresas laboratorios que fueron parte de contratos en curso de ejecución o que se encuentran bajo discusión en punto a la producción y provisión vacunas con el Estado nacional”.

“Resulta necesario dar intervención a las autoridades de las respectivas comisiones permanentes de incumbencia, a los fines de la consideración mencionada”, añaden los fundamentos de la resolución. La reunión será de carácter reservado, agregaron los informantes.

DA

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Argentina firmó contratos para acceder a 58.924.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 y se comprometió a pagar a las farmacéuticas un total de al menos US$478.254.000, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Estas dosis no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la cartera a cargo de Carla Vizzotti tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por elDiarioAR y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Según la respuesta oficial, se trata de cantidades comprometidas a entregar por los laboratorios contratados (ver más adelante). La inversión equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante (según el Banco Mundial, la Argentina tiene casi 45 millones de habitantes), según el análisis de los datos aportados. El monto total es sólo por las dosis, ya que no se obtuvieron datos sobre posibles costos extra, como garantías y logística.

La información fue solicitada en el marco de un proyecto transnacional que integra elDiarioAR con la alianza “Vigila la pandemia”*, que integran medios de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Panamá, y liderado por Convoca.pe, y que se lanzará en los próximos días. La alianza periodística se une para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción durante la crisis sanitaria por el Covid-19 en América Latina. Busca, además, transparentar la información sobre la compra-venta de vacunas que se disputan las naciones. 

Llegó sólo el 15%

De las más de 58,9 millones de dosis que los laboratorios se comprometieron a entregar a Argentina, el país recibió, al 19 de abril, casi 9 millones de dosis, según informó la agencia oficial Télam. Es alrededor del 15% de las dosis contratadas, según el cruce de los datos entregados por Salud. Se esperaba un nuevo cargamento de otro millón de vacunas destinadas a aplicar la segunda dosis a ciudadanos ya vacunados, que llegarían entre hoy domingo y el miércoles 28 de abril y se sumarían a esos 9 millones.

“Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores”, dijo entonces la ministra Vizzotti en una conferencia de prensa, el 14 de abril último, ante los cuestionamientos por las demoras en las entregas y el ralentizado ritmo de la vacunación. Ese día, la funcionaria anunció que el sistema de salud estaba en estado “crítico” ante la escasez de camas de terapia intensiva por la segunda ola de contagios que atraviesa el país. 

En marzo, la falta de entrega de las vacunas forzó al Estado a posponer la aplicación de la segunda dosis en la población ya vacunada para poder alcanzar un mayor número de inmunizados. 

En la solicitud de acceso a la información realizada el 19 de marzo por ACIJ y elDiarioAR, el ministerio de Salud ha informado sólo aquellos datos de la adquisición de vacunas que no están alcanzados por las cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas: informó el listado de proveedores de vacunas con los que el Estado Nacional ha firmado acuerdos e indicó cantidades contratadas y su precio unitario en dólares. 

Contratos en cuentagotas

El Estado Nacional firmó entre octubre de 2020 y marzo de 2021 cinco acuerdos con los proveedores para obtener un total de 58.924.000 dosis de cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta oficial. 

De los cinco proveedores, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad), AstraZeneca (por cantidad, aunque aún no entregó ninguna dosis de su contrato directo) y Sinopharm (la vacuna más cara contratada). 

Luego le sigue el contrato con Fundación GAVI (que intercedió para que Argentina recibiera vacunas AstraZeneca, aunque el país pagó por adelantado y hasta el momento sólo recibió el 11,2% de lo que acordó). En quinto lugar, está el acuerdo comercial con Serum Institute de India (el que menos dosis vendió pero el único que entregó el 100% del contrato).

Sputnik V

El proveedor que se comprometió a entregar la mayor cantidad de dosis es Limited Liability Company Human Vaccine LLC, responsable de la entrega de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. El 9 de diciembre de 2020, Argentina firmó un contrato para acceder a 30 millones de dosis, a un precio de US$9,95 cada una (se requieren dos dosis por persona), informó Salud a este medio. Total comprometido: US$298.500.000. 

Hasta el momento, el proveedor entregó entre el 24 de diciembre y el 19 de abril 5.267.745 dosis, poco más del 17,5% de lo comprometido en el total del contrato. Surge del relevamiento de artículos de Télam y comunicados del Ministerio de Salud. El titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, dijo a fines de enero en una entrevista de CNBC que las demoras para completar algunas entregas se deben a la alta demanda mundial.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció la semana última que Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V en la Argentina, que ya fue enviado al Centro Gamaleya, en Moscú, para que se realice el control de calidad y la empresa pueda comenzar a fabricar las dosis en su planta local. La producción en el país está prevista para junio, según el anuncio del organismo ruso. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado de la entidad.

India, China y Covax

La empresa Serum Institute of India PVT LTD se comprometió el 9 de febrero de 2021 a enviar 580.000 dosis de Covishield, la vacuna fabricada en India en alianza con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina pactó el precio de la unidad en US$4.10 la dosis (se requieren dos dosis por persona). Total del contrato: US$2.378.000, según el cruce de los datos informados por Salud. La compañía entregó el 17 de febrero el 100% de las dosis pactadas, de acuerdo con un comunicado oficial.

La vacuna más costosa es proveída por la compañía Sinopharm International Hong Kong LTD. El 18 de febrero y el 10 de marzo de 2021, se contrató un total de 4 millones de dosis a US$20 la unidad, informó Salud. Total: US$80 millones. Esta vacuna también requiere la aplicación de dos dosis.

Entre febrero y marzo, la fabricante entregó dos millones de dosis al país (el 50% de lo pactado). Entre hoy y 28 de abril, se espera un nuevo cargamento con otro millón de vacunas para la aplicación de la segunda dosis de personas ya vacunadas. 

En septiembre de 2020, Argentina firmó acuerdo con GAVI Alliance, que gestiona el mecanismo Covax (Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19, que trabaja junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales). Así lo reveló France 24, tras acceder a copia del convenio.

En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, informó el 3 de febrero que para acceder a esta alianza Covax y obtener 9.070.000 millones de vacunas (de distintas marcas), Argentina debió pagar por adelantado unos US$32,1 millones (entre costos y la garantía). Fue “el costo para entrar” al programa internacional, dijo el funcionario. 

De aquel convenio general por 9.700.000 vacunas, hasta el momento, Fundación GAVI sólo pudo proveer el 11,2% de ese acuerdo con Argentina (que ya está pago), informó Salud a elDiarioAR. En ese marco, explicó el Ministerio, el 17 de octubre de 2020 firmó un acuerdo puntual para la provisión de 1.944.000 dosis a US$4 cada una. Un total de US$7.776.000 (que deberían descontarse de los US$32,1 millones ya entregados por el país). 

Al 18 de abril, Argentina había recibido, el 52,3% de este primer contrato firmado el 17 de octubre con el mecanismo Covax: 1.017.000 dosis de la marca AstraZeneca, que se entregaron a través de este programa, por fuera del contrato directo de la farmacéutica con el Gobierno. Aún resta que el país acceda a otras 927.000 dosis de este contrato puntual para completar las 1.944.000 vacunas pactadas. Además, quedan otras 7.126.000 vacunas pendientes de entrega por el convenio marco con GAVI Alliance, que ya se pagó.

El convenio Covax es un “compromiso de adquisición” y se realiza con la Fundación GAVI, que dirige el programa internacional. Esta adquiere vacunas a los proveedores internacionales y luego hace acuerdos para distribuirlas en los países de “manera equitativa”, según Covax. El contrato comercial se rubrica luego entre el país y el productor de la vacuna, según explicó Salud en su respuesta. 

El affair AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca, que desarrolló su vacuna junto a la Universidad de Oxford, obtuvo el segundo contrato más importante con Argentina, firmado el 6 de noviembre de 2020: se pactó la provisión de 22,4 millones de dosis por un total de US$89,6 millones (cada dosis cuesta US$4 y se requieren dos por persona). La compañía no entregó ningún cargamento por este contrato, a pesar de que Argentina le pagó por adelantado el 60% del contrato, como informó elDiarioAR y luego reconoció la ministra Vizzotti en una entrevista con el programa Brotes Verdes, el 20 de abril último.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación orientada a determinar si el Estado Nacional fue perjudicado ante el incumplimiento del contrato con la farmacéutica, informó una fuente con acceso directo a la investigación. Este viernes, el juez del caso, Julián Ercolini, ordenó a AstraZeneca SA (representación local del laboratorio) y al Ministerio de Salud que entreguen copia del contrato comercial y de los recibos de pagos realizados, confirmaron tres fuentes de la investigación. elDiarioAR se comunicó con la compañía para conocer su versión de los hechos y las razones de las demoras en la entrega de vacunas, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

El contrato formal es con la compañía AstraZeneca UK, Ltd, con sede central en Londres, según informó Salud a elDiarioAR y ACIJ. El 5 de marzo se firmó también un contrato con AstraZeneca AB, con sede central en Suecia. El ministerio de Salud no aclaró las diferencias entre estas dos compañías, que pertenecen a la misma farmacéutica, y si ambos contratos son parte del mismo acuerdo con AstraZeneca. 

Vizzotti explicó en dicha entrevista que la farmacéutica está a tiempo de cumplir con su contrato porque el acuerdo era entregar las vacunas durante el primer semestre de 2021 y que espera que lleguen pronto, incluso antes de que estén disponibles las dosis de la Sputnik V fabricadas en Argentina. La vacuna de AstraZeneca contratada por Argentina contiene un principio activo (materia prima) fabricado en el país por mAbxience, del empresario Hugo Sigman, pero se envasa en México. 

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

El gráfico “Contratos informados por Salud” se actualizó el 25 de abril a las 23:29.

*La alianza “Vigila la pandemia” es liderada por Convoca.pe e integrada por Runrunes y El Pitazo (Venezuela), Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, México) y la participación de elDiarioAR (Argentina) y La Prensa (Panamá).

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