“Deslomado”, le gritó Nicolás del Caño a Manuel Adorni apenas el jefe de Gabinete ingresó al recinto de la Cámara de Diputados. Ubicado unos metros arriba de la banca del diputado del FIT, en el palco principal, Javier Milei se paró para recibirlo. El cambio de roles se hizo carne en la sesión por el informe de gestión: “Vamos Manuel”, lo respaldó el mandatario, aplaudiendo con fuerza y sonriendo. El primer presidente que participa de un informe de gestión y el primero, además, que se sacrifica para convertirse en el fusible de su jefe de Gabinete. 

Martín Menem y Karina Milei organizaron una puesta en escena destinada a mostrar un Gobierno sin fisuras. Mientras Adorni daba su informe, en frente, a modo de respaldo, le sonreían todos los miembros del Gabinete nacional.

El núcleo de poder ocupó el palco central: los hermanos Milei, Sandra Petovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). A la izquierda, Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y, más al fondo, a oscuras, el armador entre las sombras, “Lule” Menem. A la derecha, Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado y el asesor Santiago Caputo, escondido detrás de las cortinas. 

Afuera del Congreso, las calles parecían una zona de guerra. Decenas de camiones de Gendarmería, de la custodia de seguridad presidencial y de la Policía Federal rodeaban el Palacio, que estaba vallado con un cordón de armazones metálicos y policías de uniforme y civil que no dejaban acercarse a dos cuadras del edificio. Había cámaras y sensores de movimiento, y los uniformados que limitaban el ingreso se movían amenazantes entre el grupo de jubilados que comenzaba a agolparse, como todos los miércoles, frente al Congreso. 

“¡Chorros, narcos!”, gritaban los grupos de jubilados cada vez que algún auto atravesaba el vallado para acercarse al Congreso. A ellos no lo dejaban pasar, así que se dedicaban a cantar y gritar cada vez que pasaba un transeúnte. “Fuera Milei jefe de la casta corrupta” decía uno de los carteles que sostenían los jubilados. Otro, más al punto, rezaba: “Estas al Orni”. 

Pochoclos, 3% y genocidio en Gaza

El peronismo había definido una estrategia previo a la llegada de Adorni: no polemizar para evitar darle una excusa a que se victimizase y abandonase el recinto. Los diputados de Unión por la Patria quedaron últimos para hacer sus preguntas y buscarán aprovechar la instancia para preguntarle por el ajuste a jubilados y las universidades, así como el incremento de la morosidad y el cierre de empresas. Se diseñó un plan de acción con otros bloques opositores, como Provincias Unidas, y se acordó no armar un show para obligar al funcionario a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. 

Del dicho al hecho, sin embargo, hay un trecho. Ese era el plan, aunque la mayoría sospechaba que sería difícil de aplicar, especialmente porque los diputados de Izquierda y Marcela Pagano, a quien sus ex compañeros de La Libertad Avanza denunciaron penalmente minutos antes de que comenzara la sesión, serían los primeros en hablar. Y nadie podía garantizar ahí que no hubiera cruces. 

Premonitorio, el socialista Esteban Paulon repartió pochoclos al inicio de la sesión. Le ofreció a Menem, pero el riojano --que había sido quien había hecho el comentario jocoso de “lleven pochoclos”-- no aceptó. 

Los primeros cruces comenzaron al comienzo del discurso de Adorni, cuando el peronista Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, le acercó un papel que decía: “Todo claro menos las explicaciones”. Lilia Lemoine se paró para hacer un escándalo, y Leiva se fue raudo. Pero no a su banca, sino que se dirigió hacia donde estaba Milei y le mostró el cartel. Luego le hizo el gesto del 3% a su hermana. Karina puso mala cara. 

Cuando Adorni empezó a referirse a la alianza con Estados Unidos, estallaron los primeros gritos. Desde las bancas de la izquierda, empezaron a gritarle a Adorni y Milei: “Cómplices del genocidio palestino”. Milei recogió el guante y empezó a chicanearlos: “¿Cómo? No se escucha”, dijo, risueño. “Me escuchas muy bien”, le respondió Myriam Bregman. “Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”, gritó Milei.

Los diputados oficialistas interrumpieron a la oposición con aplausos y gritando “presidente, presidente”. También la militancia libertaria, que había cubierto las dos bandejas superiores del recinto. El show de Adorni había comenzado.

MC

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

MCM/CRM

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

MCM/MC

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó este viernes una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó hoy una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

Pero para las organizaciones ambientalistas, esa restricción vulneraba los estándares de participación pública ambiental.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Mayoraz celebró el fallo del magistrado a través de una publicación en la red social X.

“¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana“, indicó.

Y agregó: “Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3. Acá te cuento por qué el proceso es PLENAMENTE legítimo. No te dejés psicopatear”.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.

La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.

El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.

Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.

Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.

“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.

También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Con información de medios y redes

JIB/CRM

Un total de 17 diputados no pronunciaron ninguna palabra durante todo 2025 en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. El dato surge de un relevamiento elaborado a partir de las versiones taquigráficas del Congreso, utilizado para el Índice de Calidad Legislativa que analiza cada año la actividad parlamentaria.

Entre quienes cerraron el año sin intervenciones aparecen legisladores de distintos bloques. Por el oficialismo figuran Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También aparecen diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. Completa el grupo Nancy Ballejos, del PRO.

En algunos casos el silencio se extendió durante todo el mandato. El informe señala que Julio Pereyra terminó sus cuatro años como diputado sin intervenir nunca en el recinto. También se destaca el caso de Rocío Bonacci, que completó su segundo año en la Cámara sin tomar la palabra.

Silencio en un año de alta actividad

El contraste se vuelve más evidente si se observa el volumen de actividad parlamentaria. Durante 2025 el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas, una cifra elevada para un año electoral, cuando la actividad legislativa suele reducirse.

El segundo año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una agenda intensa en la Cámara baja. A lo largo del año se realizaron una decena de sesiones especiales, dos sesiones en minoría, tres reuniones informativas, una sesión de homenaje y una preparatoria, además de sesiones extraordinarias en febrero y diciembre.

Dentro de ese volumen de intervenciones también se contabilizan las presentaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario expuso tres veces ante los diputados y pronunció 41.556 palabras, una de esas ocasiones durante la interpelación vinculada al caso $LIBRA.

Diputados con intervenciones mínimas

Debajo del grupo que quedó en cero aparece otro conjunto de legisladores con una participación oral muy baja. Son quienes no alcanzaron las 100 palabras pronunciadas durante todo el año.

Entre ellos figuran María Sotolano, del PRO, con 62 palabras; Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal, con 25 y 24 respectivamente; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

Otros registros responden a intervenciones puntuales. La diputada tucumana Elia Marina Fernández, por ejemplo, registró 13 palabras al prestar juramento en diciembre. En el mismo grupo aparece Ricardo Daives, de Unión por la Patria, también con 13 palabras.

Más abajo figuran Gabriel Chumpitaz, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, con 10; y Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini, con 9 cada uno. Con 8 palabras aparecen Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

Otros legisladores quedaron aún más abajo en el registro: Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello, con 7 palabras; Romina Diez y Estela Mary Neder, con 6; y Luis Basterra, Luciano Laspina, Florencio Randazzo y María Luisa Montoto, con 4.

En el nivel más bajo del registro aparecen intervenciones casi simbólicas. Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron apenas dos palabras en todo el año. Y Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza quedaron anotados con una sola palabra durante 2025.

Hablar solo para votar

En varios de esos casos las intervenciones registradas no correspondieron a discursos. Se trató simplemente de respuestas obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no había computado la votación.

Por esa razón otros 43 diputados no pronunciaron discursos durante el año, aunque figuran con una o algunas palabras en las versiones taquigráficas.

La diferencia es técnica: algunos legisladores no hablaron en absoluto; otros solo dijeron “afirmativo” o “negativo” al momento de votar.

El contraste con los más activos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los legisladores con mayor presencia en los debates. El listado lo encabezó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras pronunciadas durante el año.

Su posición se explica en parte por su rol institucional al dirigir las sesiones y conceder la palabra a los legisladores. Entre quienes más intervinieron también se ubicaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, con 33.932.

Detrás aparecen otros legisladores con alta participación, como Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz.

El informe refleja así un contraste marcado dentro del mismo cuerpo legislativo. Mientras algunos diputados concentraron miles de intervenciones en el recinto, otros atravesaron todo el año sin participar de los debates o con intervenciones tan breves que apenas quedaron registradas en las versiones taquigráficas.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA

El santacruceño José Garrido fue el último en ingresar al recinto. Apenas se sentó, el tablero de la Cámara de Diputados marcó que había quórum con 129 presentes. La bancada libertaria estalló en aplausos, pero Garrido –quien responde al gobernador Claudio Vidal– tenía la cabeza gacha y no aplaudió. Tampoco lo hicieron los diputados salteños que responden a Gustavo Saénz, los tucumanos de Osvaldo Jaldo o los catamarqueños de Raúl Jalil. Los gobernadores peronistas habían colaborado con el Gobierno para dar inicio a la sesión, así como el PRO, la UCR, el MID y los misioneros roviristas, pero con bajo perfil. En el oficialismo estaban conformes, sin embargo: conseguido el quórum, la sanción de la ley es solo cuestión de tiempo.

El debate de la reforma laboral arrancó en un clima hostil. Adentro y afuera del Congreso. Las calles de la Ciudad amanecieron más vacías de lo habitual como resultado del paro general convocado por la CGT. Pero la plaza del Congreso fue vallada para impedir el paso de las primeras columnas de manifestantes. El palacio quedó rodeado por las fuerzas de Seguridad federales, que no permitieron a la prensa acercarse. “Por si cae alguna piedra”, explicó un oficial a este medio, mientras miraba de reojo la movilización.

Adentro de la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió quórum para dar inicio a la sesión entre gritos. Diputadas del kirchnerismo azuzaban a las peronistas tucumanas que estaban en sus bancas, y estas les respondían a los gritos, molestas. “Ganen las elecciones”, le respondió, furiosa, la tucumana Elia Marina Fernández.

La tensión fue escalando. Apenas iniciada la sesión, Martín Menem sometió el plan de labor –que define cómo se ordena la sesión, la votación y los tiempos de los oradores– a mano alzada antes de que pudieran hablar todos los bloques, y la bancada peronista y la izquierda estallaron a los gritos. Nicolás del Caño, Paula Penacca, Julia Strada y Agustín Rossi se agolparon debajo del estrado de Menem, interrumpiendo la sesión y exigiendo que se volviera a votar. Menem pidió continuar, pero los diputados se pararon y empezaron a aplaudir para que no se pudieran escuchar los homenajes de los primeros oradores. 

El riojano necesitaba apurar los tiempos, e intentó continuar igual. Había una cuentaregresiva impuesta por el cronograma de Casa Rosada, que apuesta a tener la sanción completa de la reforma laboral para cuando Javier Milei abra las sesiones ordinarias el domingo 1ero de marzo. Dado que el oficialismo había aceptado eliminar el artículo 44 del proyecto –que recortaba a la mitad las licencias médicas en caso de una accidentes por fuera de la actividad laboral–, la ley tendría que volver a girar al Senado, en donde se definiría si se aceptan o no las modificaciones.

Los tiempos corrían. Menem necesita enviar el proyecto aprobado a mesa de entrada antes del viernes para que el Senado pueda dictaminarlo mañana y, así, dejar pasar una semana hasta que se habilite llevarlo al recinto. Es decir el próximo viernes 27. 

“Se está pasando de vivo”, le espetó Cecilia Moreau, furiosa. El jefe de bloque, Germán Martínez, ironizaba a su lado: “El Gobierno está ofreciendo distintos packs. Un pack quórum, das quórum, te levantás y te vas. El pack quórum votación en general y después te hacés la crítica en la votación individual. El pack me opongo en general y después voto los artículos en general. Han ofrecido packs en concepto no sé de qué”, masculló, mirando a las bancadas aliadas del Gobierno. 

Finalmente, Menem logró ordenar la sesión, sometió la votación de modo nominal y la ganó. Hubo aplausos libertarios. El caos, sin embargo, sólo entró en pausa por unos minutos. Cuando Lisandro Almirón, miembro informante de LLA, tomó la palabra para defender la ley del Gobierno, los diputados del peronismo volvieron a comenzar a los gritos. ¿Por qué? Porque Almirón pidió leer todo su discurso, una excepcionalidad que solo se permite para unos pequeños tramos del discurso. Almirón, sin embargo, continuó leyendo, como si no pasara nada.

Negociaciones finales

La sesión, se calcula, tendrá una extensión de más de 10 horas. Y, pese a los intentos de Menem de apurar los tiempos, lo más probable es que se vote pasada la madrugada. En el oficialismo están confiados que tendrán el número para sancionar la reforma laboral –calculan que tendrán unos 140 votos a favor–, pero miran con atención otra cosa: la votación en particular.

El capítulo más complicado es el corazón del proyecto: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con los fondos de la seguridad social. El peronismo, junto a un sector de Provincias Unidas, está trabajando para voltearlo en la votación en particular. Están a un puñado, pero las negras también juegan y el Gobierno, por lo bajo, está presionando a los gobernadores para que blinden el Título 2. 

Fue una sorpresa, por ejemplo, la ausencia de tres cordobeses que responden a Martín Llaryora: Alejandra Torres, Juan Schiaretti y Ignacio García Aresca. Cada uno adujo temas personales –una cuestión de salud o un viaje por Europa–, pero eran tres votos que iban a rechazar el FAL y en la oposición saltaron las alarmas: si no estaban era porque el Gobierno había presionado a Llaryora.

“La traición es de los gobernadores”, lanzó, furioso, un diputado del peronismo. Fue la línea que imperó en la bancada peronista durante todo el debate: cuando arrancaron los discursos, gran parte de los diputados optaron por apuntar los dedos contra los misioneros, salteños y jujeños que habían dado el quórum. 

“Cómo le van a explicar a Güemes la traición que hicieron los salteños que dieron quórum. O los misioneros y los tucumanos. Y no estoy hablando de ningún salteño o catamarqueño de LLA. Porque eso es honestidad intelectual: ustedes quieren castigar al trabajador. Pero los peronistas tienen un mandato popular”, lanzó la diputada sindical Vanesa Siley, durante el debate.

“Mandato de chorear”, le respondieron en las filas libertarias. A lo que Siley, enojada, retrucó: “Los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los chorros”.

MCM

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

El Gobierno refuerza su mano dura represiva a instancias de la huelga de la CGT contra la reforma laboral y busca restringir el trabajo de cobertura periodística. El Ministerio de Seguridad Nacional creó un protocolo para supuestamente “preservar la integridad física de periodistas” que trabajen este jueves: armó un espacio específico en las afueras del Congreso para la prensa que cubrirá la posible sesión en la Cámara de Diputados y la movilización popular. El anuncio motivó sendas denuncias del sindicato de prensa y de ATE contra la cartera de Alejandra Monteoliva por “amenazas”.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, consideran un intento de amedrentamiento y restricción al derecho a la protesta y a la libertad de prensa, de cara a la movilización prevista frente al Congreso contra la reforma laboral. Este miércoles el Congreso ya apareció todo vallado en sus alrededores: las fuerzas de seguridad crearon una “zona estéril” sobre la avenida Entre Ríos para separar posibles manifestantes del edificio legislativo.

La semana pasada, el 11 de febrero, el operativo de las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso de la Nación contó con 800 efectivos. Hubo 24 detenciones (todas luego liberadas) y 562 personas heridas, según una reconstrucción del Mapa de la Policía.

El comunicado de Monteoliva se conoció este martes y anunció “medidas de seguridad para la prensa” en el Congreso entre los días 18, 19 y 20 de febrero. El Gobierno anunció que se estableció una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles periodísticos y se recomendó a periodistas y camarógrafos “evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad”, bajo advertencia de que hacerlo podría implicar una “autopuesta en peligro”. 

El ministerio abre el paraguas a un año de la represión que hirió a Pablo Grillo, cuando una granada de gas lacrimógeno de Gendarmería impactó en su cabeza mientras registraba fotografías de una protesta de los jubilados. “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, reza el comunicado de Seguridad Nacional.

Para SiPreBA, esas disposiciones “limitan el ejercicio de la libertad de expresión” y buscan “promover la desmovilización con amenazas de represión”. En un comunicado, el sindicato sostuvo que las condiciones impuestas a trabajadores y trabajadoras de prensa son “incompatibles con las convenciones de derechos humanos” y que el Gobierno “traslada la obligación estatal de protección de la protesta y de quienes trabajamos en su registro y cobertura”.

La organización también cuestionó el argumento de la “autopuesta en peligro” y lo vinculó con antecedentes recientes. Señaló que la actual ministra utiliza “la misma estrategia” que su antecesora Patricia Bullrich cuando, tras la represión en una manifestación, intentó responsabilizar a Grillo por las heridas gravísimas que sufrió: “Disparó bien”, llegó a decir la actual senadora sobre el accionar del gendarme Héctor Guerrero. “La Justicia, dos veces, señaló lo contrario”, recordó el sindicato a partir del procesamiento en primera instancia y en cámara federal del cabo de Gendarmería.

La cantidad de periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de prensa agredidos por fuerzas de seguridad durante coberturas de manifestaciones aumentó un 66% en 2025 respecto del año anterior, según el último Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina, presentado en diciembre pasado. Por su lado, Amnistía Internacional denunció un grave deterioro de la libertad de expresión y de reunión en el país y cuantificó más de 2.500 personas heridas durante manifestaciones y un aumento sostenido de la represión estatal.

Por su lado, ATE intimó este miércoles vía carta documento a Monteoliva para que “se abstenga de reprimir y criminalizar la protesta”. También exigió a la ministra que “garantice la integridad de trabajadoras y trabajadores de prensa y manifestantes”. “No podemos naturalizar que no te dejen protestar. Que se atenga a la Constitución, la ley y los fallos judiciales vigentes”, sostuvo “Tano” Catalano.

La CGT convocó a la huelga para este jueves si finalmente el oficialismo confirma la sesión, pero no llamó a una movilización. La central obrera espera que el paro general sea lo suficientemente contundente, sobre todo en el transporte. Sí habrá movilizaciones y actos por fuera de la convocatoria gremial. La izquierda y los gremios combativos harán un acto al mediodía en las inmediaciones del Congreso. Y la UTEP hará un paro activo en distintos puntos del país, con ollas populares y cortes.

MC

Luego de la media sanción del Senado a la reforma laboral, el oficialismo busca agilizar el debate del proyecto en Diputados. La iniciativa, que se tratará este miércoles en plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda) de la Cámara Baja, sufrió una modificación importante: se eliminó el artículo 44, que cambiaba el régimen de licencias. Durante el mediodía del martes, el Gobierno decidió retirar por completo el artículo ante la insistencia de los aliados y dialoguistas.

Tras este cambio, el oficialismo apuesta a firmar el dictamen en el debate en las comisiones lideradas respectivamente por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto “Bertie” Benegas Lynch desde las 14, para luego llevar el proyecto al recinto el jueves. El objetivo del oficialismo es convertir en ley una de sus iniciativas clave antes del 1 de marzo, día de inauguración de las sesiones ordinarias, con la exposición del presidente Javier Milei en el Congreso.

El oficialismo buscaba que el proyecto se apruebe tal como viene del Senado para dejar el camino allanado a la sanción. No obstante, los bloques de la oposición presionaron por cambios, entre ellos el PRO, liderado por Cristian Ritondo, principal aliado de los libertarios en el Congreso.

El jueves abrirían el recinto para sancionar con modificaciones el proyecto y por tal motivo el debate regresará al Senado. La Cámara Alta deberá aceptar esas modificaciones, la senadora Patricia Bullrich ya diagramó para este viernes y siete días más tarde, como exige el reglamento del Cuerpo llevar la iniciativa al recinto el viernes 27 de febrero.

Los libertarios integrantes del Senado y de Diputados vienen reuniéndose desde hace varios días, pero este martes se terminó de diagramar la estrategia parlamentaria. Para ello fue fundamental la reunión de este lunes en la Quinta de Olivos entre la presidente del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el jefe de Estado, Javier Milei.

Los cambios

El jefe del bloque del PRO en la Cámara Baja advirtió que hay más pedidos: “Vamos a pedir en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”.

Ritondo criticó los cambios al proyecto inicial del oficialismo: “Hubo un mal manejo para discutir los cambios al dictamen del proyecto de reforma laboral (en el Senado), y hay cambios con los que no estoy de acuerdo”.

El reclamo choca de lleno contra la postura del bloque violeta. De hecho, la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, le envió un fuerte mensaje a la oposición dialoguista al anticipar que no aceptarán cambios al proyecto: “La ley ya está, es esta”. Pero luego consensuaron eliminar el artículo que modificaba las licencias médicas.

Además del PRO, otros espacios también buscarán cambios en el proyecto, como Provincias Unidas, encabezado por Gisela Scaglia, que trabaja en una alternativa para el capítulo de indemnizaciones.

El foco del espacio está puesto en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema obligatorio para financiar indemnizaciones por despido. Según la propuesta en análisis, el fondo se integraría con un 3,5% de recursos vinculados a la ANSES: 1% a cargo de grandes empresas y 2,5% correspondiente a pymes.

También, legisladores de provincias productoras, en especial Córdoba y Santa Fe, preparan de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) destinado a empresas nacionales y extranjeras sin antecedentes penales tributarios ni deudas fiscales.

NB

La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.

Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.

El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:

El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.

Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad. 

El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei. 

Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron: 

Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:

“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.

Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.

En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). 

MC

El Gobierno se enfrenta a la hora clave de la negociación que abrió con los gobernadores y la oposición dialoguista luego del triunfo en las legislativas de octubre: la votación por el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. La sesión está cargada de expectativa por las conversaciones de último momento en las que se enfrascó el oficialismo para salvar el proyecto, con el ministro Diego Santilli encerrado en el despacho de Martín Menem desde temprano por la mañana. 

Los libertarios consiguieron el quórum con lo justo a las 14.30, gracias a un salvataje de último momento del PRO y el espacio de Miguel Pichetto. Desde entonces se espera una sesión de al menos 13 horas. No solo se discutirán las partidas de gastos para el próximo año, sino también el proyecto de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por el Equilibrio Fiscal y Monetario. 

La estrategia del oficialismo –empoderado por ser la primera minoría tras la suma de bancas desde la victoria electoral– está en cerrar el apoyo de los diputados que responden a los gobernadores aliados. En el aire está en discusión desde el envío de recursos para las provincias a espacios de poder en la Auditoría General de la Nación (AGN). Sin embargo, hay temas incómodos que se incorporaron en las últimas horas en el debate.

El articulado que busca derogar las leyes de emergencia universitaria y en discapacidad –que se conoció ayer en pleno tratamiento en comisión– se convirtió en un escollo para la votación. Hay espacios opositores cercanos a la Casa Rosada que acompañaron esas leyes y ahora están recalculando qué hacer: ¿votarán en contra de lo que aprobaron en su momento?

Los libertarios tendrían los votos para la aprobación en general del proyecto de Presupuesto pero la duda está abierta sobre la votación en particular. En la reunión de Labor Parlamentario hubo un cruce sobre cómo se ordenará la sesión, porque el oficialismo busca que los artículos se voten por capítulo. La oposición más dura quería votar artículo por artículo. La duda se saldó en el recinto: el oficialismo consiguió imponer por mayoría que se vote por capítulo. La definición se revelerá durante la noche o la madrugada, entre gallos y medianoche, luego de los discursos de los diputados.

En ese marco, si la mayoría circunstancial del oficialismo apoya el capítulo que contiene el artículo 75 (de derogación de Discapacidad y Universidades), también se caería la prórroga a la Emergencia en Pediatría, que benefició principalmente al hospital Garrahan. Las tres leyes fueron sancionadas por el Congreso, luego vetadas por Javier Milei y posteriormente consiguieron la insistencia de ambas cámaras parlamentarias con los dos tercios de los votos.

“No me gusta que compren votos”, exigió Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuando reclamó que la votación del Presupuesto 2026 sea por artículos y no por capítulo. La iniciativa libertaria la encabezó en el recinto el jefe de la bancada Gabriel Bornoroni.

Además de la derogación de las leyes sociales, el Presupuesto de Milei esconde otros recortes importantes:

MC

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El texto libertario incorporó el art. 75, que impone derogar las leyes de emergencia en discapacidad y universitaria “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, reza el artículo: la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió por el aumento otorgado a discresión a los trabajadores.

El oficialismo parte de una ventaja numérica para la media sanción: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado por el diálogo con gobernadores afines. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo. 

Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los mandatarios provinciales, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

MC

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

Cristian Ritondo amagó hasta último momento con vengarse de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, por haberle robado sus diputados. Durante días, en la previa de la jura de los nuevos diputados, el jefe del PRO negoció un acuerdo con el peronismo y Provincias Unidas para hacerse con el control de las comisiones, claves en la relación de fuerzas del Congreso. Llegaron a circular, incluso, los borradores de cuántos lugares tendría cada partido. Pero cuando llegó el momento de imponer el número en el recinto, el PRO y la UCR decidieron plegarse a la voluntad del riojano.

“Ayer a la noche teníamos 145 votos para sacarle las facultades a Menem. Pero se dieron vuelta los radicales y arrastraron consigo a Ritondo”, admitió uno de los diputados peronistas que estaban detrás de las negociaciones. Las conversaciones habían comenzado hace unos días, cuando se empezó a hacer evidente que La Libertad Avanza se quedaría con la primera minoría de la Cámara de Diputados. Con 95 diputados propios, el oficialismo podía hacerse con el control de la mayoría de las comisiones que deberán tratar, a partir del 10 de diciembre, el Presupuesto y la reforma laboral.

Fue una maniobra autodefensiva, ya que el objetivo era hacerse cargo de la distribución de las sillas en las comisiones para evitar que Menem incurriera en una “creatividad aritmética” para quedarse con la mayoría. Pero también vengativa: Ritondo por el robo de diputados, Germán Martínez, el jefe de Unión por la Patria, porque la última vez que le dio a Menem la facultad de organizar las comisiones el peronismo se quedó con menos sillas. 

Ritondo y Martinez conversaron, a su vez, con Gisela Scaglia, la santafesina que encabeza el flamante bloque de Provincias Unidas. También con Nicolás Massot y la izquierda. El objetivo era poder asestarle algún golpe a Menem, que todavía celebraba haberse hecho con el bloque más grande de Diputados. Pero terminó fracasando. 

El derrumbe del acuerdo opositor funciona como un anticipo de la nueva dinámica de poder en el Congreso. Al menos por los próximos tres meses. Menem, por un lado, convenció a Pamela Verasay, la nueva jefa del bloque radical. Y Verasay, junto a Diego Santilli, que llegó temprano al Congreso para reunirse –y calmar– a Ritondo, convencieron al PRO. 

El intento de rebelión había sido sofocado con rapidez. Menem se quedó con la facultad de ordenar la distribución de las comisiones según su propio criterio de proporcionalidad. Y la nueva hegemonía del oficialismo fue ratificada. 

Un empate técnico hecho a medida de LLA

Todo estaba preparado para que Provincias Unidas (PU) se convirtiera en la tercera fuerza de la Cámara de Diputados. Scaglia, incluso, ya estaba preparada para ocupar la Vicepresidencia Tercera de la Cámara de Diputados cuando, en el medio de la sesión, se conoció la noticia: el PRO y la UCR habían ratificado que se unían en un interbloque, junto al MID, y le robaban un diputado a PU (el santacruceño José Garrido) para disputarle el tercer lugar. Juntos por el Cambio renació de las cenizas, y LLA tenía un flamante nuevo aliado. 

Durante varias horas se especuló que Menem cerraría un interbloque con los gobernadores radicales. Pero, finalmente, los seis radicales acordaron con Ritondo, que ya había cerrado con Oscar Zago, para competir por la tercera fuerza. Se quedaron con 22 diputados propios, entre los que se encontraba el santacruceño Garrido y el correntino Diógenes González. González, originalmente, iba a integrar PU porque responde a Gustavo Valdés, pero el gobernador correntino está negociando para quedarse con la presidencia del partido, por lo que prefirió mandarlo a integrar el bloque radical. 

PU, mientras tanto, también tendrá 22 diputados. Un bloque heterogéneo, armado con alambres, para tener fuerza para negociar los lugares en las comisiones y en los organismos públicos, que incluye a diputados muy distintos entre sí. Lo integrará, por ejemplo, la ex libertaria Lourdes Arrieta, que arrastró consigo el cordobés Juan Brugge porque ambos son parte de la Democracia Cristiana. Estará también Miguel Ángel Pichetto con Massot, quienes amagaron con cortarse solos, enojados ante la insistencia del gobernador Maximiliano Pullaro de poner a Scaglia como presidenta del bloque.

Este empate llevó a que, durante la sesión preparatoria, no se pudiera definir la Tercera Vicepresidencia. La pelea de los próximos días será entre los dos interbloques para ver quién tendrá más lugares en las comisiones. 

Los armados de los gobernadores del Norte, en cambio, son una incógnita. Gustavo Sáenz apenas logró cerrar un bloque con los misioneros, pero falló a la hora de incluir a los catamarqueños de Raúl Jalil que rompieron con la bancada peronista. Los tucumanos y los sanjuaninos, mientras tanto, cerraron bloques separados.

En los próximos días el tablero terminará de ordenarse. La hegemonía de LLA, sin embargo, es clara. Con 95 diputados propios, el oficialismo no quedó tan lejos de UxP (que tiene 93), pero su predominancia es clara. Lo repiten, con resignación, en las propias filas peronistas: “Todos quieren arreglar con el Gobierno, ¿por qué amagaron con autonomizarse ahora?”.

MCM/MG

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales de este miércoles es un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminó de condensarse este martes cuando cada bloque definió la lista final de los diputados que los integrarán.

Después de mucha “rosca” y de remar desde atrás, La Libertad Avanza logró este martes remontar la cuenta y superar a Unión por la Patria (UxP) en número de diputados nacionales, por lo que luego de que juren los 127 representantes electos en la sesión preparatoria, el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría, con la presencia en el recinto del presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La segunda fuerza política contaba con 96 ediles, pero el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

De esa manera, a UxP le quedaron 93 legisladores y LLA, que tenía 94, pasó a tener uno más con la llegada de Francisco Morchio, proveniente del PRO.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

De esta manera, el riojano podrá recostarse en un ladero de su confianza cuando necesite descansar durante las sesiones y evitar cisnes negros inoportunos que le costaron más de un dolor de cabeza en el pasado reciente.

Quien sonaba para vicepresidente primero era el mendocino Luis Petri, pero finalmente el saliente ministro de Defensa no sería el elegido porque recién abandonará su cargo en el Gabinete un par de días después de la sesión preparatoria.

Para la vicepresidencia tercera se libraba hasta altas horas de la noche una sorda disputa entre tres nuevos interbloques que tomarán forma a partir del 10 de diciembre: Provincias Unidas, el armado de un segundo grupo de gobernadores del Norte Grande y la casi segura alianza entre el PRO y la UCR.

La disputa por las comisiones

Más allá de la renovación de autoridades, el tamaño final de los bloques y de los interbloques es fundamental porque determinará la cantidad de representantes que cada espacio político podrá contar en cada una de las comisiones.

Al capturar la primera minoría, La Libertad Avanza se garantizará un integrante más que Unión por la Patria en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener un mayor control político sobre la oposición que el que tuvo durante el 2024 y lo que va de este año.

Conforme a la distribución de los bloques e interbloques, las comisiones tendrán un fuerte componente bipartidista, y quedarán muy pocos lugares por fuera de la polarización para las fuerzas del medio.

Provincias Unidas (con el impulso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut) se encaminaba a reunir una veintena de legisladores sumando los resabios de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), los radicales díscolos que se agrupaban en Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade). 

Los gobernadores de las provincias de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca daban pelea y se esforzaban por lograr un armado con un volumen mayor.

Con las salidas del santafesino José Nuñez y del rionegrino Sergio Capozzi con destino a Provincias Unidas (que se sumaron a una seguidilla de fugas previas) y del entrerriano Francisco Morchio a La Libertad Avanza (por orden del gobernador Rogelio Frigerio), el PRO profundizaba el estado de anemia general, reteniendo apenas una docena de legisladores propios.

En ese contexto, apuró las negociaciones con el bloque de la UCR (también magro, reducido a solo siete diputados) de forma tal de armar un interbloque, al que también se integraría el MID (Oscar Zago y Claudio Falcone) y Coherencia.  

Al cierre de esta nota, La Libertad Avanza llegaba a 95 diputados nacionales y escondía debajo de la manga una carta adicional para jugar en caso de que las circunstancias lo obliguen a hacerlo: un diputado proveniente de una provincia del norte que estaría dispuesto a saltar al bando libertario.

Con este número le alcanza para superar a Unión por la Patria, cuyas esperanzas se terminaron de desvanecer este martes cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

La bancada que seguirá presidiendo el santafesino Germán Martínez, con la camporista Paula Penacca ratificada como secretaria parlamentaria, arrancaría la nueva etapa con una tropa de 93 diputados y mantendrá el nombre de Unión por la Patria (no cambiará a Fuerza Patria).

Renuncias y juras

Antes de la sesión preparatoria estaba prevista otra reunión plenaria en el recinto programada para las 11 con el objetivo de efectivizar las renuncias de los diputados nacionales que tenían mandato hasta 2027 pero que decidieron anticipar su salida por diversas razones (para asumir una banca en el Senado, en la Legislatura porteña, etcétera). 

Esas renuncias habían sido notificadas por escrito el jueves pasado a la Presidencia de la Cámara, pero este martes se conoció que Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) retiraba esa medida, producto de los obstáculos que viene teniendo para asumir la banca que ganó para el Senado.

Así las cosas, la rionegrina seguirá, al menos por ahora, siendo parte del elenco libertario en Diputados, luego de que se frenara su jura en la Cámara alta en medio de una catarata de impugnaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico.

La ceremonia de jura de nuevos diputados nacionales prevista para este miércoles a las 13 será un punto de quiebre que marcará un rediseño del equilibrio de poder, una reconfiguración de fuerzas en el tablero legislativo.

Este nuevo mapa del poder parlamentario, cuyo bosquejo inicial ya había empezado a dibujarse el 26 de octubre tras el resultado electoral, terminará de condensarse este miércoles, que inaugurará un nuevo sistema de pesos y contrapesos, con un escenario mucho más favorable a La Libertad Avanza que el que tuvo en los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei.

El nuevo álbum del Congreso

El álbum del nuevo Congreso estará compuesto por diputados que renovaron sus bancas, otros que retornan después de un tiempo y otro grupo importante de legisladores que harán su debut en la Cámara baja.

También hay una lista de diputados que presentaron su renuncia anticipada, y que serán reemplazados por candidatos suplentes que compitieron en 2023.

Entre ellos se encuentra la macrista Silvia Lospennato, que asumirá la banca que ganó en mayo pasado para la Legislatura porteña; Diego Santilli (flamante ministro de Interior).

También están aquellos como Nadia Márquez y María Emilia Orozco que tenían mandato en Diputados hasta 2025 pero que ganaron bancas para el Senado y ya juraron el viernes pasado.

En la misma situación se encuentra el rionegrino peronista Martín Soria, mientras que Itai Hagman presentó su renuncia pero para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años en la misma Cámara baja.

El trostskista Christian Castillo, por su parte, renunció como producto de la tradición histórica de rotación de bancas de la izquierda, y le cederá su lugar a Néstor Pitrola.

Los que renuncian

La Libertad Avanza: Nadia Marquez, María Emilia Orozco 

Unión por la Patria: Itai Hagman, Martín Soria

PRO: Silvia Lospennato y Diego Santilli

Frente de Izquierda: Christian “Chipi” Castillo

Los que repiten

La Libertad Avanza: Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Javier Sanchez Wrba, Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y Aníbal Tortoriello

Unión por la Patria: Itai Hagman, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Agustina Propato

UCR: Pamela Verasay 

Defendamos Córdoba: Natalia de la Sota

Los que vuelven

La Libertad Avanza: Luis Petri

Unión por la Patria: Agustín Rossi, Teresa García, Horacio Pietragalla

Provincias Unidas: Juan Schiaretti, Gisela Scaglia, Martín Lousteau 

Frente de Izquierda: Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Néstor Pitrola

Caras nuevas

La Libertad Avanza: Sebastián Pareja, Karen Reichardt, Alejandro Fargosi, “Tronco” Figluolo, Virginia Gallardo, Patricia Holzman, Nicolás Emma, Laura Soldano, Diego Hartfield

Unión por la Patria: Juan Grabois, Jorge Taiana, Caren Tepp, Guillermo Michel, Kelly Olmos, Sebastián Galmarini, Jimena López, Huguito Moyano, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Fernanda Miño, Adriana Serquis.

PRO: Fernando De Andreis, Antonela Giampieriu

Innovación Federal: Oscar Herrera Ahuad 

Llegó el día para José Luis Espert: se le acaban los fueros parlamentarios y desde hoy estará a merced de la justicia, que lo investiga por sus vínculos con Federico Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos por sospechas de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Este martes “el Profe”, que tuvo que tirar la toalla como candidato de Javier Milei, deja finalmente su banca, que no abandonó pese al escándalo: se tomó licencia cuando estalló el escándalo por una revelación de elDiarioAR en plena campaña legislativa y se aferró a su dieta de $5,5 millones en bruto.

El fiscal Fernando Domínguez de San Isidro estaba esperando esta jornada para avanzar aún más en la investigación sobre Espert. Busca comprobar hasta dónde lleva la conexión entre Espert y Machado, que quedó plasmada en un contrato por un 1 millón de dólares para asesorar a una supuesta empresa en Guatemala, de los cuales el economista cobró al menos US$200.000. Los investigadores judiciales aún están tratando de abrir los dispositivos electrónicos que secuestraron en distintos allanamientos semanas atrás para establecer las comunicaciones entre las puntas de la supuesta trama delictiva.

Espert quedará entonces librado a su propia suerte. Aunque el Gobierno no puede soltarle la mano del todo porque el ya ex diputado podría comenzar a hablar. Hay otros puntos que conectan a Espert-Machado con la Casa Rosada. El empresario de la aviación Sergio Mastropietro fue el celestino de esa sociedad y ahora tiene su propia nubarrón encima: está sospechado de lavar el dinero de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad, que comandaba Diego Spagnuolo en los papeles y Miguel Calvete en las sombras, entre un puñado mucho más amplio de personajes que alcanzan hasta un amigo íntimo de Santiago Caputo: el ex funcionario en el ministerio de Economía mileísta Javier Cardini.

Ya sin Espert, el oficialismo de La Libertad Avanza sacará pecho este miércoles de convertirse por fin en primera minoría en la Cámara baja: logró robarle diputados al PRO, al radicalismo y hasta convenció a gobernadores peronistas de alejarse del kirchnerismo. Martín Menem liderará entonces un bloque de 95 flamantes libertarios para buscar durante el verano el Presupuesto 2026, la reforma laboral y cambiar la ley de Glaciares que quieren los Milei y ya negocian dentro del Congreso Diego Santilli –como ministro del Interior– y Patricia Bullrich –como jefa en el Senado–. 

Con 95 “héroes” estará más cerca del quórum de los 129 aunque todavía lejos. Necesitará negociar aún más con el dolido Cristian Ritondo del PRO y los gobernadores centristas, que buscan avales para tomar deuda en sus provincias (por estas horas se supo que el ministro de Economía del santafesino Maximiliano Pullaro, Pablo Olivares, está en Nueva York tratando de colocar bonos por mil millones de dólares).

La primera minoría sí le permitiría a Menem reelegirse este miércoles como presidente de la Cámara y manejar la lapicera para las comisiones: además de las sensibles –como Presupuesto o Asuntos Constitucionales–, podrá blindar finalmente la comisión de Juicio Político, que nunca se concretó desde aquel escándalo de las sillas entre Lilia Lemoine, Marcela Pagano y Oscar Zago. Los dos últimos ya fueron expulsados de las fuerzas del cielo. También, más presidencias de comisiones permitirá ostentar más contratos de asesores.

Pero una piedra en el zapato que aún tendrá el Gobierno será la de Lorena Villaverde. Hoy ostenta un triple cargo: es diputada, es senadora electa y está señalada de narco. Sin decidirse a si buscará pelear en comisiones en el Senado para conseguir su banca, al menos ya dio un paso atrás: retiró su renuncia a la Cámara de Diputados.

Si finalmente se queda entre la bancada de Menem, el “fantasma narco” de Machado-Espert continuará sobrevolando a LLA. Villaverde fue detenida el 15 de julio de 2002 en Sarasota, Florida, acusada de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo y el cubano Jesús Ferrer. Villaverde fue arrestada, se declaró “no culpable”, sus socios se arrepintieron, ella fue enjuiciada y logró la excarcelación –detalles que reveló La Nación–. 

En una fecha incierta volvió a la Argentina donde por esas vueltas de la vida aparece ligada a Fred Machado: tras un paso por Tigre se instaló nuevamente en Río Negro, donde forjó vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro del empresario. “No tengo vínculos con el narcotráfico ni con Fred Machado”, dio su versión de los hechos ayer en Infobae. 

La causa por narcotráfico en EE.UU. se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. Pero en la Argentina su impacto político recién comienza. Y si el viernes pasado apareció en el Senado pero se fue antes de la jura, este miércoles podría mostrarse en Diputados para acompañar la jura de los nuevos legisladores libertarios.

MC