No quedó casi nada de la versión original que redactó Federico Sturzenegger, pero, después de casi medio año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo consiguió sancionar el proyecto que avanza con los desalojos exprés, encarece las expropiaciones y restituye, en giro de 180 grados, la Ley de Tierras de Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto, ahora, deberá girar al Senado para que Patricia Bullrich defina si aceptará los cambios. 

Fue una votación mucho más justa de lo esperado. Si no fuera por las abstenciones del larretista Álvaro González y de los 5 diputados cordobeses que responden a Martín Llaryora –Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Natalia Torres–, el proyecto desguazado de Sturzenegger se habría caído. La ley cosechó votos negativos en peceras que, habitualmente, el Gobierno considera que le son funcionales: no solo el peronismo votó en contra, sino también los catamarqueños de Raúl Jalil y los tucumanos de Osvaldo Jaldo.

El proyecto de Sturzenegger endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública e introduce el reconocimiento del lucro cesante a la hora de definir la indemnización, lo que encarecerá las futuras expropiaciones. “El Estado no puede de manera caprichosa y arbitraria tomar un bien que no le corresponde”, justificó el libertario Santiago Santurio, quien defendió que “el lucro cesante sea resarcido al propietario”.

También avanza con juicios sumarísimos de desalojo para recuperar inmuebles ocupados o alquilados por inquilinos en mora. El proyecto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. 

“Plantea los desalojos exprés. No digo que no tenga que existir la herramienta, pero tiene que existir una protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos. Pero uds adjudican al derecho tierra y vivienda el de un activo financiero y obligan a la gente a vivir cada vez peor”, los cruzó la camporista Paula Penacca.

No hubo muchas explicaciones, sin embargo, sobre la decisión de meter por la ventana la restitución de la Ley de Tierras, que la versión original de la ley de Inviolabilidad había intentado derogar. La decisión fue política –una maniobra de Martín Menem para evitar que la oposición consiguiera el número para voltear el DNU 70 la semana pasada–, pero no tuvo defensores en el recinto. El capítulo, sin embargo, se acompañó casi por unanimidad. 

Con 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones, el capítulo que elimina el artículo 154 del DNU 70 y restituye la ley de Tierras de 2011 fue aprobado por casi todos los bloques. La izquierda se abstuvo, así como Mónica Frade y Marcela Pagano. Votaron en contra los tucumanos del bloque Independencia.

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El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue con los tapones de punta a defender el presupuesto universitario en la Cámara de Diputados. Amparado por un fallo judicial de último momento que mandó a revisar la cautelar de la Ley de Financiamiento Universitario, el “Galleguito” se jactó de que el Gobierno estaba “a derecho”, acusó a los universitarios que movilizaron el jueves pasado de llamar a “una insurrección popular” y cuestionó a los rectores por pedir mayor presupuesto.  

El cruce se produjo en medio del debate en comisiones del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Martín Menem pretende aprobar la iniciativa el 18 de noviembre y encadenar la negociación con la eliminación de las PASO, que aguarda su tratamiento en el Senado pero dependerá del toma y daca del Presupuesto y de los acuerdos políticos provinciales. Dado que Luis Caputo y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticiparon que no participarán del debate, la defensa del Presupuesto de Javier Milei quedó en manos de sus segundas líneas. 

“Para el Ejecutivo, la ley (de Financiamiento Universitario) incumple la ley de administración financiera, que establece que una ley que no asigna los fondos adecuados se suspende en el acto. Eso se hizo, fue recurrido por el CIN y actualmente se encuentra el debate de la cuestión de fondo y la cautelar está hoy en la cámara”, arrancó el “Galleguito” Álvarez, que aprovechó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para jactarse: “El Ejecutivo está a derecho. Como siempre ha estado”. 

El bloque libertario aplaudió. El fallo judicial había llegado como anillo al dedo para un Gobierno que se resiste a cumplir la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se negó a cumplir con la sentencia del juez Martín Cormick, quien exigió actualizar salarios docentes y garantizar fondos a becas. El martes a la mañana, sin embargo, la Cámara hizo lugar a la apelación del Ejecutivo y ordenó a la Justicia a especificar si la cautelar sobre la ley de financiamiento continúa o no vigente.

“Los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, pero todavía no ha habido ninguna denuncia sobre incumplimiento de esta ley. Estoy esperando”, provocó Álvarez, y fue subiendo la temperatura del discurso. A menos de una semana de la Marcha Federal Universitaria, que terminó en represión, el subsecretario acusó a los manifestantes de tirar piedras, ocupar edificios públicos y “llamar a la insurrección popular por la república”. 

El financiamiento universitario es uno de los capítulos más delicados del Presupuesto. Cuando fue su turno de hablar, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, negó que fuera un presupuesto de ajuste y cuestionó a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclaman $11 mil billones para que las universidades puedan funcionar el año próximo. El Presupuesto prevé solo $7,3 mil billones. “Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, se quejó Torrendel. 

Álvarez, sin embargo, fue más allá. Se quejó de que el presupuesto reclamado por los rectores fuera solo para solventar “los aumentos salariales que piden los sindicatos”. “Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ha asignado. Es un privilegio”, aseguró. Los sueldos docentes, en algunos casos, no superan los $200 mil mensuales.

La oposición le saltó a la yugular, pero Álvarez rechazaba las impugnaciones con chicanas. Cuando el socialista Esteban Paulón tomó la palabra y le mostró un gráfico que mostraba la caída del salario docente por hora desde el inicio del gobierno de Milei, el funcionario lo interrumpió para decirle: “Si lo hiciste vos seguro que está mal”. El comentario generó tanto rechazo que hasta “Bertie” Benegas Lynch, que preside la comisión de Presupuesto, tuvo que reaccionar poniendo orden. El jefe de bloque peronista, Germán Martínez, se enfureció tanto que se levantó de la silla y se le acercó a Álvarez, al grito de “¿Pero qué te pasa a vos?”  

El clima continuó caldeándose. Hasta que en un momento el peronista Carlos Castagneto, a quien el libertario Andrés Leone venía insultando desde la otra mesa, se paró enfurecido y lo cruzó como para agarrarse a trompadas. Estuvieron muy cerca, rostro contra rostro, insultándose y llamándose mutuamente a pelear. Finalmente los terminaron separando los libertarios Lisandro Almirón y Santiago Santurio. 

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Martín Menem viene aplicando una nueva lógica política para evitar derrotas en el Congreso: priorizar el mal menor por sobre el principio de revelación, que rigió durante los dos primeros años de Javier Milei. El riojano negoció con los aliados para desactivar la sesión opositora que buscaba voltear el DNU 70/2023, aceptó meter la restitución de la Ley de Tierras en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, y ahora le toca ejecutar la segunda etapa de la maniobra. Este miércoles, el oficialismo sesionará en la Cámara de Diputados para sancionar la nueva versión de la ley de Sturzenegger y aprobar sus propios proyectos de emergencia en discapacidad y endeudamiento. 

El desafío de Menem será imponer los proyectos de La Libertad Avanza en dos temas que vienen siendo bandera exclusiva de la oposición hace meses. El presidente de la Cámara de Diputados aprendió por las malas –tres derrotas legislativas en solo un año– que el ajuste en discapacidad genera demasiada tensión social en las provincias como para seguir insistiendo ante los aliados. El escándalo que generó la presentación del Presupuesto 2027, con su capítulo que avanza contra todo el sistema de prestaciones de las personas con discapacidad, fue un llamado de atención. Para evitar una nueva ley de emergencia, Menem buscará impulsar su propio proyecto.

La iniciativa del oficialismo, que fue redactada por la bullrichista Laura Rodríguez Marchado, contradice abiertamente lo que propuso Milei en el Presupuesto. El proyecto retoma algunos de los puntos de la emergencia en discapacidad que impulsó la oposición el año pasado –y que Milei vetó y fracasó–, como la actualización de las prestaciones, la inclusión laboral y el nomenclador único. Pero incluye también algunas trampas formales, con las que el oficialismo pretende asegurarse que habrá un ajuste en el área. 

Una de esas trampas es que solo habilita la cobertura de salud para las pensiones por discapacidad, y no a aquellos que cobran la pensión por “invalidez laboral”. Las pensiones por discapacidad fueron una novedad de la ley de emergencia con la cual se buscaba diferenciar la “invalidez laboral” de las personas que cuentan con una discapacidad, pero no necesariamente están imposibilitados para trabajar. El problema, advierten en las organizaciones, es que todas las nuevas pensiones que está distribuyendo el Gobierno son todas por “invalidez”. Es decir que ninguno de sus beneficiarios podrá acceder a una cobertura de salud gratuita integral. 

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los primeros en advertirlo, y es quien le está reclamando al oficialismo que modifique el dictamen para poder ampliar la cobertura para todas las pensiones. Herrera Ahuad tiene una discapacidad auditiva y es un voto clave para el oficialismo, que necesita que él y los otros tres diputados misioneros y tres diputados salteños que integran su bloque, Argentina Federal, acompañen su propuesta y no la de la oposición. En el bloque provincial advierten que hay un compromiso de modificarlo, pero predomina la desconfianza.

El proyecto de la oposición, mientras tanto, apunta a prorrogar la emergencia en discapacidad que se dictó el año pasado. Es una respuesta a las demandas de las organizaciones de personas con discapacidad, y fue lo que movilizó el tema en el Congreso el año pasado. 

El oficialismo pretende, ahora, tomar el tema como propio, y el desafío de los bloques opositores es avanzar con su propuesta. Necesitan, para eso, que todos los aliados que ayudaron a boicotear la sesión del DNU 70 se alineen, ahora, con ellos. 

El otro tema es el de endeudamiento familiar, otro de los reclamos sociales que la oposición llevó al Congreso para disputar la agenda económica de Milei. La iniciativa del peronismo, junto al radicalismo díscolo, la Coalición Cívica y el socialismo, propone la creación de un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. Es un plan de reestructuración en 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. Y está destinado a todas aquellas personas que registran una mora de más de 60 días en créditos al consumo o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones.

Es un tema que al oficialismo le incomoda, ya que el endeudamiento familiar interpela directamente al corazón del programa económico libertario. En la oposición reconocen que la propuesta es solo un alivio y que el origen del problema es la caída de los ingresos y la liberalización de las tasas de interés, pero el oficialismo se niega a aceptar esa narrativa. El objetivo de La Libertad Avanza es disputar el relato del aumento de la morosidad y encarar el problema como si fuera un tema de transparencia y educación financiera. 

La verdadera apuesta de Menem, sin embargo, es que la sesión se caiga antes de llegar al tema de endeudamiento. El oficialismo solo incluyó el proyecto para desactivar la sesión de la semana pasada, que incluía estos dos proyectos, pero no tiene verdadero interés en tratarlo. Por eso es que la ley de endeudamiento está última en el temario y se espera que se debata por la madrugada: el objetivo es que, para entonces, falten demasiados diputados y se caiga la sesión por falta de quórum. 

Ley de Tierras

El primer proyecto que se debatirá el miércoles es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Menem modificó el proyecto de Sturzenegger la semana pasada, incluyendo un artículo que deroga el artículo 154 del DNU 70 y restituye la Ley de Tierras en la Argentina. Fue la maniobra que le permitió evitar el rechazo a todo el DNU 70 la semana anterior, y ahora es tiempo de continuar el plan hasta el final. 

El proyecto incluye también un capítulo de desalojos exprés y otro que encarece las expropiaciones, que ya fueron aprobados en el Senado. De aprobarse en Diputados, la ley deberá girar a su cámara de origen y definir si acepta o no los cambios. Patricia Bullrich, que está peleada con Menem, será quien defina si le salva o no el pellejo a la estrategia del riojano.

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Después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras, el rechazo se movió en dos direcciones. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma confirmaron una movilización al Palacio de Tribunales para el martes 6 de octubre a las 15, en Plaza Lavalle (Talcahuano 550), con la consigna “La Patria no se vende. La soberanía tampoco”.

Pichetto y Massot presentaron la cautelar contra el Poder Ejecutivo por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación. El objetivo es evitar que las compras de tierras rurales que se hagan mientras no rigen los límites de la Ley 26.737 se consoliden después como derechos adquiridos. El escrito advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si una ley repusiera las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas mientras tanto podrían quedar a salvo.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la derogación por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar un DNU. Señalan que el Congreso estaba en condiciones de funcionar, que el propio Ejecutivo le remitió el decreto apenas seis días después de dictarlo y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024. También afirman que la tierra rural y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para disponer de ellos debe fijarlo el Congreso. Por la urgencia, pidieron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita el informe previo que la Justicia debe pedir antes de resolver la cautelar. En subsidio, solicitaron medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las compras hechas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del proceso judicial.

El fallo que originó ambas reacciones es del 29 de septiembre y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 a pedido del CECIM, y rechazó la demanda. La Corte no dijo si el DNU es constitucional. Resolvió por una cuestión procesal: sostuvo que los excombatientes no tenían legitimación para promover una acción colectiva, porque “la soberanía territorial es una atribución propia del Estado” y no un bien colectivo que una asociación civil pueda defender en tribunales. El tribunal aclaró además que no se pronunciaba sobre la validez constitucional del artículo ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.

Ese argumento es el que más críticas recibió entre los convocantes a la marcha. “Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno”, señalaron las organizaciones. Para las centrales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, la Corte “con su actitud cipaya, elige atropellar la voluntad y las necesidades de los argentinos”. En el comunicado agregaron que “al dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras, le abren la puerta a los grandes fondos extranjeros”. A la convocatoria adhieren también ATE, la UTEP y otras organizaciones sociales y políticas.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, ponía un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, limitaba al 30% de ese cupo lo que podían tener personas de una misma nacionalidad, fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohibía a los extranjeros comprar inmuebles que contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes o que fueran ribereños de ellos. El DNU de Javier Milei eliminó todas esas restricciones en diciembre de 2023. Con el fallo de la Corte, la derogación volvió a producir plenamente sus efectos.

La pulseada tiene otra fecha en el Congreso. El jueves 15, a las 14, Unión por la Patria y otros bloques pidieron una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023. Para abrirla se necesitan 129 diputados sentados. Si las dos cámaras rechazan el decreto, queda derogado. Los otros caminos son una nueva ley que reponga los límites o que cada provincia legisle sobre sus tierras rurales.

La jugada de Pichetto y Massot, sin embargo, tiene también una subtrama: los legisladores no quieren voltear el DNU porque allí también se deroga la ley de alquileres -entre otras normas- que no quieren que se restituya. Si la cautelar tiene efecto, podría desinflar la jugada opositora en Diputados para el 15 de octubre.

El reclamo avanza así por tres vías a la vez: los tribunales, la calle y el recinto.

La oposición se juega a una súper-sesión en Diputados contra el Gobierno. Confirmó este jueves un pedido para que Martín Menem abra el recinto de la Cámara baja el próximo 15 de octubre con un temario de fuerte carga hacia Javier Milei. Intentará voltear el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, entre otras medidas desreguladoras, y también apuntan a prorrogar la emergencia en Discapacidad y aprobar una ley por el endeudamiento familiar. La fecha, a su vez, coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

La nota formal pide la sesión especial para el jueves 15 a las 14 y el temario tiene tres puntos: el Orden del Día 433, que establece una ley de endeudamiento familiar; el Mensaje 0001/24, que es la comunicación del Poder Ejecutivo sobre el DNU 70/23 “de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; y el Orden del Día 350, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El pedido es multipartidario y lleva 32 firmas de ocho bloques distintos. Unión por la Patria aporta 16 y por el interbloque Provincias Unidas firmaron seis. Completan la lista Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda; Natalia de la Sota, de Córdoba, la exlibertaria Marcela Pagano, y Jorge Fernández, de Primero San Luis. Junto al peronismo y la izquierda aparecen espacios dialoguistas, que hasta hace pocos días dudaban en ir contra el megadecreto completo, y diputados de provincias cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.

El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de un tribunal inferior que había repuesto la Ley de Tierras (26.737). El máximo tribunal resolvió por una cuestión procesal: entendió que la agrupación de excombatientes de Malvinas que había ido a la Justicia no estaba legitimada para pedir la cautelar. En la práctica, el fallo volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros sin los límites que fijaba esa ley. Ante las críticas, este jueves la Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez del decreto, que la controversia “no ha sido resuelta” y que la decisión sobre el DNU sigue en manos del Congreso, puntualmente de Diputados.

Ese último punto explica la ofensiva. La Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo hizo el 14 de marzo de 2024, en la primera derrota legislativa del gobierno de Milei. Desde entonces, el decreto quedó a la espera de Diputados, donde nunca llegó al recinto. Si la Cámara baja lo rechaza por mayoría simple de los presentes, el DNU 70 queda derogado, aunque la misma ley deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Primero la oposición tendrá que conseguir el quórum de 129 diputados.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Con su artículo 154, el DNU 70 eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y las restricciones sobre inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua y sobre las zonas de seguridad de frontera. Además derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Sociedades del Estado, y habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas. También liberó las cuotas de la medicina prepaga, permitió a los trabajadores llevar sus aportes a obras sociales ajenas a su sindicato, quitó topes en el mercado de tarjetas de crédito y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas, entre más de 300 artículos.

Sin embargo, en la oposición sostienen que buena parte del decreto ya no está en juego. Algunos ítems fueron absorbidos por leyes posteriores aprobadas por el Congreso: lo referido a privatizaciones quedó en la Ley Bases y el capítulo laboral, que la Justicia había suspendido, fue reemplazado por la Ley de Modernización Laboral. Si el DNU cae, el efecto concreto se concentraría en las normas derogadas que no tuvieron reemplazo legislativo, como la Ley de Tierras, la de Alquileres, las de Góndolas y Abastecimiento y la regulación de prepagas.

Los otros dos puntos del temario funcionan, en parte, como imán para el quórum. La emergencia en discapacidad vigente vence el 31 de diciembre de este año. La prórroga la extiende un año más, hasta fines de 2027. Se trata de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó en 2025 e impuso tras insistir contra el veto de Milei, y cuya aplicación el Gobierno resistió alegando falta de financiamiento. Si no se renueva, el régimen de emergencia caduca en menos de tres meses, mientras el oficialismo aún negocia una salida intermedia con un nuevo proyecto de ley que está en discusión.

La ley de endeudamiento familiar busca dar respuesta a un fenómeno que el Gobierno minimiza como “un problema entre privados”. Según datos del Banco Central procesados por el CEPA, en junio la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, por encima del pico de la pandemia.

El 15 de octubre será, así, una prueba de fuerza para el Gobierno en la Cámara baja. Si la oposición consigue sentar a 129 diputados, el oficialismo podría sufrir en un mismo día la caída de su megadecreto fundacional y dos leyes que la Casa Rosada rechaza. Si no lo consigue, el DNU 70 seguirá vigente casi tres años después de su firma.

MC

Los diputados de La Libertad Avanza ingresaron al recinto casi a la par que los del peronismo, este mediodía de miércoles. Fracasado el intento oficialista de boicotear la sesión, Martín Menem hizo lo único que podía hacer para evitar quedar expuesto ante la derrota: bajar a dar quórum con el resto de la oposición. Casi por unanimidad, los bloques opositores y oficialistas acordaron un cronograma de trabajo para dictaminar hacia fin de mes los proyectos de endeudamiento familiar y de emergencia en discapacidad. Solo los radicales mileístas se rehusaron a dar quórum.

El oficialismo intentó ponerle buena cara y fingir que todo había marchado de acuerdo al plan, pero era difícil tapar la derrota. Por primera vez en el año, la oposición había logrado imponerse en la Cámara de Diputados para avanzar con su propia agenda. La última vez había sido durante el debate del Presupuesto 2026, en diciembre, cuando la oposición volteó el capítulo que derogaba las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Desde entonces, la agenda había sido controlada por Menem. Hasta ahora.

“Se les escapó la tortuga”, sonreía, eufórico, uno de los armadores opositores en la previa de la sesión, que consiguió quórum con facilidad. El emplazamiento de las comisiones para tratar la emergencia en discapacidad, que se dictaminará el 23 de septiembre, se aprobó por unanimidad. Los libertarios, incluso, jugaron a aplaudir con la oposición cuando el tablero mostró el resultado en verde (votos favorables). Lo mismo sucedió con el emplazamiento para tratar los 50 proyectos por endeudamiento, aunque con una salvedad: el santacruceño José Garrido, en soledad, votó en contra.

Quienes estaban enojados eran los radicales que comanda la mendocina Pamela Verasay, que quedaron en offside negándose a dar quórum para la sesión opositora. “¿Por qué nos exponen así? Hace dos semanas les dije que tenían que habilitar las comisiones, que el tema de discapacidad era delicado”, se quejó una espada radical que juega en tándem con el oficialismo.

A Menem le sucedió lo que otras veces: jugó al límite y, cuando vio que la presión sobre los aliados no surtía efecto, pegó el volantazo antes de estrellarse. Si habían perdido era cuestión de que no se notara.

En el Gobierno creyeron que los gobernadores de siempre –Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rolando Figueroa (Neuquén)– se plegarían a último momento a la estrategia oficialista. Les prometieron recursos y una solución para las personas con discapacidad, que denuncian que el Gobierno no está cumpliendo con la compensación a los prestadores que establece la ley. Pero los gobernadores, esta vez, no les creyeron. Y el Gobierno tuvo que aceptar que la oposición tendría su mayoría.

Para evitar quedar expuestos en la derrota, los libertarios se plegaron al quórum y festejaron acordar un mismo cronograma de trabajo con la oposición. Negaron que el Gobierno no estuviera cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad, pero, por lo bajo, se comprometieron a establecer un plan de pagos para normalizar la deuda con los prestadores. Prometieron, a su vez, incluir las disposiciones de la ley de emergencia de discapacidad, que vence este año, en el Presupuesto 2027. Ver para creer.

El triunfo opositor, sin embargo, arrastraba una incómoda nota al pie. Habían logrado llevar la agenda de los endeudados y las personas con discapacidad en Diputados luego de meses de intentos fallidos, sí. Pero a ninguno se le escapaba que la victoria tenía patas cortas: el oficialismo tenía mayoría en todas las comisiones emplazadas, por lo que, si querían, podían evitar que los proyectos se dictaminen.

Caso de los proyectos por tema endeudamiento, por ejemplo. Las comisiones emplazadas fueron la de Finanzas y la de Defensa al Consumidor. La de Presupuesto, en cambio, había quedado afuera: una estrategia opositora –que el oficialismo buscó apropiarse como propia– para no incluir ninguna iniciativa de alivio para los endeudados que arrastrara un costo fiscal (y, por lo tanto, pudiera ser impugnada por el presidente). En Finanzas y en Defensa del Consumidor, el oficialismo, junto al PRO y la UCR aliada, cuenta con 16 de los 31 integrantes.

Es decir, el oficialismo tiene la llave para definir si los proyectos mueren en las comisiones o no. Sin dictamen, la oposición necesita dos tercios para aprobar las leyes: un número imposible de conseguir.

“Cuándo empezamos no teníamos ninguna expectativa y hoy se sentaron y votaron. Hay que tener fe, quizá los convencemos”, deslizó, no muy convencida, una de las principales espadas de Unión por la Patria.

El peronismo era conciente de las limitaciones del triunfo opositor, pero prefirió disfrutar el momento. Tras el recambio legislativo, Menem se había hecho del control de la Cámara de Diputados y ellos, por primera vez en el año, le habían impuesto una mayoría. Las consecuencias de este giro se verían más adelante.

MCM/MC

La oposición desafía al Gobierno para intalar en la agenda la problemática de morosidad familiar y la emegencia en discapacidad. Este lunes se confirmó en la Cámara de Diputados la sesión del próximo miércoles para abrir el recinto y tratar una batería de proyectos opositores que chocan con la intención del Gobierno de encajonar esos debates en las comisiones especializadas.

La sesión quedó fijada para el 9 de septiembre a las 12. El temario oficial reúne alrededor de cincuenta expedientes. En el primer lugar figura el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Y el resto de la nómina está compuesto casi en su totalidad por iniciativas vinculadas al sobreendeudamiento de las familias: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito, la inembargabilidad de la cuenta sueldo, límites a comisiones e intereses, regímenes de auxilio para deudores de créditos UVA y de servicios públicos, y al menos media docena de proyectos que declaran distintas variantes de “emergencia crediticia” o crean programas de desendeudamiento con nombres como RED, REDES o RESOP.

La convocatoria formaliza lo que la oposición había anticipado el 26 de agosto, cuando un conjunto de bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Coherencia— intentó dos mociones de apartamiento del reglamento para incorporar ambos temas al temario de esa sesión. La maniobra necesitaba los tres cuartos de los presentes, un umbral inalcanzable frente al tercio que reúne La Libertad Avanza, pero los 133 votos obtenidos superaron ampliamente el piso de 129 requerido para convocar una sesión especial por sí sola.

Ante el avance opositor, el oficialismo buscó marcar los tiempos por otra vía. La Comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, convocó reuniones informativas con especialistas y funcionarios para el 8 y el 16 de septiembre, fijó el debate en comisión para el 23 y estableció el 30 como fecha límite para emitir dictamen sobre desendeudamiento familiar. La oposición rechazó ese cronograma: la diputada massista Cecilia Moreau lo calificó de “una maniobra para ganar tiempo e impedir que esta Cámara legisle” y advirtió que, hacia fin de mes, la agenda parlamentaria quedará absorbida por el debate del Presupuesto 2027. El presidente de la Cámara, Martín Menem, había justificado la resistencia oficialista con el argumento de que “cada vez que el Estado intervino en algo las cosas terminaron peor”, en línea con la posición del presidente Javier Milei, que calificó reiteradamente el sobreendeudamiento de los hogares como “un problema entre privados” y llegó a atribuir buena parte de la suba de la mora al consumo de televisores durante el Mundial.

El trasfondo de la disputa son los datos de endeudamiento que la propia oposición cita para justificar la urgencia. Alrededor de 20 millones de personas tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero o en billeteras virtuales, y cerca de 6 millones están en situación de mora grave. Un informe de junio de 2026 de CEPA, elaborado con datos del BCRA y el Cendeu, había ubicado la mora bancaria familiar en 12,8% y la de billeteras virtuales en 30,1%, por encima del pico de la pandemia (27,1% en mayo de 2020), con una carga mensual de deuda equivalente al 24,1% de la masa salarial; entre los jóvenes de 18 a 25 años, la mora asociada a billeteras digitales había saltado de 24,7% a 40,8% en el último año.

Con cerca de cincuenta expedientes distribuidos entre distintas comisiones —Legislación General, Finanzas, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Discapacidad, entre otras—, el propio frente opositor reconoce que ordenar el tratamiento de todos los proyectos en una sola sesión es un desafío logístico. Aun así, la confirmación oficial de la fecha deja planteado para el 9 de septiembre un test desafiante para la oposición, en momentos en que el Gobierno insiste en que la solución al sobreendeudamiento pasa por la recuperación económica y no por una nueva ley, mientras la oposición sostiene que la emergencia ya está instalada en los hogares argentinos.

En paralelo, el Gobierno también se movió en el frente de discapacidad. La semana pasada, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches —quien había asumido como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y sobreprecios—, expuso ante la Comisión de Discapacidad de Diputados junto a los subsecretarios Esteban Giler y Gianfranco Scigliano, en su primera exposición pública con el objetivo declarado de frenar la prórroga. La ley 27.793 había sido aprobada en julio de 2025 con el respaldo de distintos bloques opositores, vetada por Milei con el argumento de que era fiscalmente incompatible, y finalmente convertida en norma cuando el Congreso reunió los dos tercios necesarios en ambas cámaras para insistir sobre el veto.

La Libertad Avanza consiguió este miércoles dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Inocencia Fiscal II, luego de aceptar una modificación para impedir que los funcionarios de los tres poderes del Estado puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.

El oficialismo reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, por lo que el proyecto quedó habilitado para ser debatido en el recinto durante la sesión prevista para el 26 de agosto.

La modificación vinculada con los funcionarios fue incorporada durante las negociaciones que el Gobierno mantuvo con los distintos bloques para garantizar el avance de la iniciativa. De esta manera, quienes desempeñen cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial quedarán excluidos de los beneficios previstos por el nuevo régimen.

El dictamen contó con el acompañamiento de los principales bloques aliados del oficialismo, entre ellos el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales, que le permitirían al Gobierno contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto en la Cámara baja.

La iniciativa de Inocencia Fiscal II forma parte de la agenda económica impulsada por la administración de Javier Milei y busca modificar el esquema vigente de cumplimiento de las obligaciones tributarias, con cambios destinados a simplificar el régimen y reducir los mecanismos de fiscalización sobre determinados contribuyentes.

El avance parlamentario se produjo después de una serie de negociaciones entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, que plantearon modificaciones al texto original. Entre ellas, cobró especial relevancia la exclusión de los funcionarios públicos del régimen simplificado, para evitar que quienes ejercen cargos en el Estado puedan beneficiarse de las mismas condiciones que el resto de los contribuyentes.

Con el dictamen de mayoría obtenido este miércoles, el Gobierno logró dar un paso clave para llevar el proyecto al recinto. Ahora deberá reunir allí el respaldo necesario para convertir la iniciativa en ley.

Con información de la agencia NA

“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso. 

El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum. 

Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado. 

El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante. 

Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete. 

“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).

Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.

Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano. 

La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas. 

MCM

Diego Santilli levantó el teléfono, llamó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) y, en menos de 24 horas, convirtió la rebelión de los aliados en un trámite entre amigos. El ministro de Interior tuvo que transpirar, pero al final consiguió el quórum para sesionar para modificar el régimen de Zonas Frías con promesas. A cambio de reducir los subsidios al gas para algunos distritos, el Gobierno aumentaría los subsidios a la energía eléctrica para las regiones cálidas durante el verano. No había fecha para la nueva reglamentación, sólo una promesa. Y para los gobernadores fue suficiente.

24 horas antes de que sonara la chicharra que marcó el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una diputada salteña dialogaba con un diputado opositor, irritada ante el parate de la obra pública en su provincia. “Nosotros no vamos a dar quórum. Tenemos todas las obras comprometidas por falta de fondos”, se quejó, y le adelantó que su gobernador ya había asegurado que Salta no daría su apoyo al gobierno para modificar el régimen de Zonas Frías. Menos de cuatro horas después, el panorama había cambiado. Santilli había llamado.

El proyecto del Gobierno afecta directamente al Norte argentino porque, al cambiar el criterio de adjudicación del subsidio al gas para las “zonas ampliadas” –es decir, las no patagónicas–, hay miles de familias que tendrían que empezar a pagar un 30% en la tarifa de gas a un mes del inicio del invierno.

El criterio de adjudicación de los subsidios, según la iniciativa de La Libertad Avanza, ya no sería geográfico, sino por ingresos. Antes, con la ley de 2021 impulsada por Máximo Kirchner, un conjunto de municipios de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucuman y San Juan se veían beneficiadas con el régimen diferencial. Ahora, si la ley del Gobierno se sanciona, sería solo para aquellos hogares que cobran menos de tres Canastas Básicas Totales ($4,3 billones).

Los gobernadores se quejaron, y Santilli intervino. Les propuso un canje: a cambio de dar quórum y ayudarlos a desactivar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni, convocada una hora después de la del oficialismo, les propuso ampliar las zonas que eran beneficiadas con el subsidio eléctrico por zonas cálidas.

La propuesta era un compromiso a cambiar la reglamentación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que define la Secretaría de Energía. No solo se ampliaría las zonas englobadas bajo la categoría “zona muy cálida” –que tienen un consumo base de 550 kWh mensuales–, sino que se ampliaría el período de tiempo que duraría el subsidio. Ya no sería sólo durante los meses del verano (enero, febrero, marzo), sino que pasaría a ser durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Esta propuesta de Santilli, que terminó convenciendo a los gobernadores para bajarle línea a sus diputados para que dieran quórum, era solo eso: una propuesta. Ninguno de los gobernadores logró arrancarle una fecha de implementación. Es una promesa a cumplir más adelante.

“Salieron a revolear lo de ‘zona cálida’ y es solo una hoja de Word que dice ‘zona cálida’. Si alguno dió quórum pensando que le va a dar algo, suerte, porque este es un gobierno que no cumple”, advirtió el socialista santafesino Esteban Paulón, cuando la chicharra sonó y los salteños de Sáenz y los tucumanos de Jaldo le garantizaron el quórum a Martín Menem.

El Gobierno no había ni necesitado llamar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba). Con solo acomodar a los gobernadores del Norte había bastado. Horas después de iniciada la sesión, Santilli apareció en fotos con varios gobernadores junto a Luis “Toto” Caputo, que se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfrejo Cornejo (Mendoza).

Menem salvó a Adorni

El objetivo de la sesión oficialista es aprobar el nuevo régimen de Zonas Frías, pero también desactivar la sesión opositora convocada para ese mismo día. La oposición había pedido una sesión para interpelar a Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia, pero Menem les ganó de mano y convocó una sesión una hora antes. El desafío de conseguir el quórum era menos la necesidad de pasar a la ofensiva, luego de dos meses y medio de parálisis legislativa, que evitar una votación que pudiera perjudicar al jefe de Gabinete.

La estrategia opositora, sin embargo, sufrió un revés cuando Menem consiguió el quórum para la sesión oficialista con lo justo: 129 diputados sentados. Pero rápidamente los opositores pasaron al Plan B: convocar a un cuarto intermedio para suspender la sesión oficialista y poder dar inicio, si conseguía quórum, la sesión opositora.

Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista, pidió una moción para convocar el cuarto intermedio, pero Menem se negó a tratarlo. “La naturaleza jurídica del cuarto intermedio es otra. Está mal planteada la moción”, atinó a justificar Menem, que se negó, durante una hora y media, a dar lugar a la votación de la moción.

“Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lo cruzó la lilita Mónica Frade, quien acusó a Menem de tener cerradas las comisiones. El objetivo de la oposición para esa sesión era poder emplazar a las comisiones para obligarlas a tratar no solo la interpelación a Adorni, sino también un conjunto de iniciativas sociales que iban desde el restablecimiento del Plan Remediar para medicamentos -que el Gobierno desarticuló hace un mes- o la ampliación de las licencias por paternidad.

No hubo manera, sin embargo. Hasta que no pasó las 11 y media de la mañana -que era el tiempo límite para juntar quórum para la otra sesión- Menem no habilitó la votación. Y ahí sí, blindado Adorni, pudo darse el lujo de festejar el resultado: con 111 votos a favor y 131 en contra, el recinto rechazó la moción opositora.

MC/MC

Con el número mínimo de 129 diputados, el oficialismo consiguió quórum este miércoles para abrir la Cámara de Diputados y avanzar con el proyecto que busca recortar las llamadas Zonas Frías, que otorga subsidios al gas. El Gobierno aceptó cambios impuestos por provincias aliadas para evitar que caiga la sesión.

El respaldo que consiguió La Libertad Avanza le permitió además bloquear una iniciativa opositora para que se vote una interpelación a Manuel Adorni, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. Esa propuesta deberá posponerse por segunda vez.

La iniciativa que modifica el régimen de Zonas Frías apunta a reducir el universo de hogares que reciben un subsidio del 30%. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejaría de ser geográfico y pasaría a ser en base a los ingresos de los hogares. 

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

A cambio el Gobierno aceptó que haya un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Uno de los diputados de La Libertad Avanza reconoció públicamente minutos antes del inicio de la sesión que hubo un acuerdo entre Diego Santilli, ministro del Interior, y varias provincias norteñas. “Hay un diálogo. Tengo entendido que una de las provincias es Misiones. Hay que entender que el aire acondicionado en nuestra zona es una necesidad”, admitió el diputado Lisandro Almirón, de Corrientes.

El acuerdo alcanzo con Santilli habría sido con gobernadores de provincias cálidas a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano acotado a una cantidad determinada de kilovatios.

Además del régimen de Zonas Frías, el oficialismo buscará aprobar también la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger que propone derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas, inútiles, superadas por la tecnología o restrictivas de las libertades individuales.

También hay en carpeta aprobar convenios internacionales firmados entre la Argentina y varios países.

MC

“Deslomado”, le gritó Nicolás del Caño a Manuel Adorni apenas el jefe de Gabinete ingresó al recinto de la Cámara de Diputados. Ubicado unos metros arriba de la banca del diputado del FIT, en el palco principal, Javier Milei se paró para recibirlo. El cambio de roles se hizo carne en la sesión por el informe de gestión: “Vamos Manuel”, lo respaldó el mandatario, aplaudiendo con fuerza y sonriendo. El primer presidente que participa de un informe de gestión y el primero, además, que se sacrifica para convertirse en el fusible de su jefe de Gabinete. 

Martín Menem y Karina Milei organizaron una puesta en escena destinada a mostrar un Gobierno sin fisuras. Mientras Adorni daba su informe, en frente, a modo de respaldo, le sonreían todos los miembros del Gabinete nacional.

El núcleo de poder ocupó el palco central: los hermanos Milei, Sandra Petovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). A la izquierda, Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y, más al fondo, a oscuras, el armador entre las sombras, “Lule” Menem. A la derecha, Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado y el asesor Santiago Caputo, escondido detrás de las cortinas. 

Afuera del Congreso, las calles parecían una zona de guerra. Decenas de camiones de Gendarmería, de la custodia de seguridad presidencial y de la Policía Federal rodeaban el Palacio, que estaba vallado con un cordón de armazones metálicos y policías de uniforme y civil que no dejaban acercarse a dos cuadras del edificio. Había cámaras y sensores de movimiento, y los uniformados que limitaban el ingreso se movían amenazantes entre el grupo de jubilados que comenzaba a agolparse, como todos los miércoles, frente al Congreso. 

“¡Chorros, narcos!”, gritaban los grupos de jubilados cada vez que algún auto atravesaba el vallado para acercarse al Congreso. A ellos no lo dejaban pasar, así que se dedicaban a cantar y gritar cada vez que pasaba un transeúnte. “Fuera Milei jefe de la casta corrupta” decía uno de los carteles que sostenían los jubilados. Otro, más al punto, rezaba: “Estas al Orni”. 

Pochoclos, 3% y genocidio en Gaza

El peronismo había definido una estrategia previo a la llegada de Adorni: no polemizar para evitar darle una excusa a que se victimizase y abandonase el recinto. Los diputados de Unión por la Patria quedaron últimos para hacer sus preguntas y buscarán aprovechar la instancia para preguntarle por el ajuste a jubilados y las universidades, así como el incremento de la morosidad y el cierre de empresas. Se diseñó un plan de acción con otros bloques opositores, como Provincias Unidas, y se acordó no armar un show para obligar al funcionario a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. 

Del dicho al hecho, sin embargo, hay un trecho. Ese era el plan, aunque la mayoría sospechaba que sería difícil de aplicar, especialmente porque los diputados de Izquierda y Marcela Pagano, a quien sus ex compañeros de La Libertad Avanza denunciaron penalmente minutos antes de que comenzara la sesión, serían los primeros en hablar. Y nadie podía garantizar ahí que no hubiera cruces. 

Premonitorio, el socialista Esteban Paulon repartió pochoclos al inicio de la sesión. Le ofreció a Menem, pero el riojano --que había sido quien había hecho el comentario jocoso de “lleven pochoclos”-- no aceptó. 

Los primeros cruces comenzaron al comienzo del discurso de Adorni, cuando el peronista Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, le acercó un papel que decía: “Todo claro menos las explicaciones”. Lilia Lemoine se paró para hacer un escándalo, y Leiva se fue raudo. Pero no a su banca, sino que se dirigió hacia donde estaba Milei y le mostró el cartel. Luego le hizo el gesto del 3% a su hermana. Karina puso mala cara. 

Cuando Adorni empezó a referirse a la alianza con Estados Unidos, estallaron los primeros gritos. Desde las bancas de la izquierda, empezaron a gritarle a Adorni y Milei: “Cómplices del genocidio palestino”. Milei recogió el guante y empezó a chicanearlos: “¿Cómo? No se escucha”, dijo, risueño. “Me escuchas muy bien”, le respondió Myriam Bregman. “Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”, gritó Milei.

Los diputados oficialistas interrumpieron a la oposición con aplausos y gritando “presidente, presidente”. También la militancia libertaria, que había cubierto las dos bandejas superiores del recinto. El show de Adorni había comenzado.

MC

Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

MCM/CRM

El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

MCM/MC

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó este viernes una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó hoy una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

Pero para las organizaciones ambientalistas, esa restricción vulneraba los estándares de participación pública ambiental.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Mayoraz celebró el fallo del magistrado a través de una publicación en la red social X.

“¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana“, indicó.

Y agregó: “Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3. Acá te cuento por qué el proceso es PLENAMENTE legítimo. No te dejés psicopatear”.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.

La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.

El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.

Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.

Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.

“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.

También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Con información de medios y redes

JIB/CRM

Un total de 17 diputados no pronunciaron ninguna palabra durante todo 2025 en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. El dato surge de un relevamiento elaborado a partir de las versiones taquigráficas del Congreso, utilizado para el Índice de Calidad Legislativa que analiza cada año la actividad parlamentaria.

Entre quienes cerraron el año sin intervenciones aparecen legisladores de distintos bloques. Por el oficialismo figuran Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También aparecen diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. Completa el grupo Nancy Ballejos, del PRO.

En algunos casos el silencio se extendió durante todo el mandato. El informe señala que Julio Pereyra terminó sus cuatro años como diputado sin intervenir nunca en el recinto. También se destaca el caso de Rocío Bonacci, que completó su segundo año en la Cámara sin tomar la palabra.

Silencio en un año de alta actividad

El contraste se vuelve más evidente si se observa el volumen de actividad parlamentaria. Durante 2025 el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas, una cifra elevada para un año electoral, cuando la actividad legislativa suele reducirse.

El segundo año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una agenda intensa en la Cámara baja. A lo largo del año se realizaron una decena de sesiones especiales, dos sesiones en minoría, tres reuniones informativas, una sesión de homenaje y una preparatoria, además de sesiones extraordinarias en febrero y diciembre.

Dentro de ese volumen de intervenciones también se contabilizan las presentaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario expuso tres veces ante los diputados y pronunció 41.556 palabras, una de esas ocasiones durante la interpelación vinculada al caso $LIBRA.

Diputados con intervenciones mínimas

Debajo del grupo que quedó en cero aparece otro conjunto de legisladores con una participación oral muy baja. Son quienes no alcanzaron las 100 palabras pronunciadas durante todo el año.

Entre ellos figuran María Sotolano, del PRO, con 62 palabras; Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal, con 25 y 24 respectivamente; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

Otros registros responden a intervenciones puntuales. La diputada tucumana Elia Marina Fernández, por ejemplo, registró 13 palabras al prestar juramento en diciembre. En el mismo grupo aparece Ricardo Daives, de Unión por la Patria, también con 13 palabras.

Más abajo figuran Gabriel Chumpitaz, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, con 10; y Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini, con 9 cada uno. Con 8 palabras aparecen Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

Otros legisladores quedaron aún más abajo en el registro: Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello, con 7 palabras; Romina Diez y Estela Mary Neder, con 6; y Luis Basterra, Luciano Laspina, Florencio Randazzo y María Luisa Montoto, con 4.

En el nivel más bajo del registro aparecen intervenciones casi simbólicas. Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron apenas dos palabras en todo el año. Y Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza quedaron anotados con una sola palabra durante 2025.

Hablar solo para votar

En varios de esos casos las intervenciones registradas no correspondieron a discursos. Se trató simplemente de respuestas obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no había computado la votación.

Por esa razón otros 43 diputados no pronunciaron discursos durante el año, aunque figuran con una o algunas palabras en las versiones taquigráficas.

La diferencia es técnica: algunos legisladores no hablaron en absoluto; otros solo dijeron “afirmativo” o “negativo” al momento de votar.

El contraste con los más activos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los legisladores con mayor presencia en los debates. El listado lo encabezó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras pronunciadas durante el año.

Su posición se explica en parte por su rol institucional al dirigir las sesiones y conceder la palabra a los legisladores. Entre quienes más intervinieron también se ubicaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, con 33.932.

Detrás aparecen otros legisladores con alta participación, como Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz.

El informe refleja así un contraste marcado dentro del mismo cuerpo legislativo. Mientras algunos diputados concentraron miles de intervenciones en el recinto, otros atravesaron todo el año sin participar de los debates o con intervenciones tan breves que apenas quedaron registradas en las versiones taquigráficas.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno en una sesión extensa y cargada de tensión política, mientras la CGT llevó adelante un paro general sin movilización y distintos gremios realizaron protestas en el país. El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos en la votación en general, y fue girado al Senado para su tratamiento definitivo tras la eliminación del artículo 44, que establecía una rebaja salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

La media sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa parlamentaria y cuestionamientos al procedimiento. La sesión comenzó con 130 diputados presentes, aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. La oposición denunció irregularidades cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, sometió a votación a mano alzada el plan de labor, lo que derivó en un cruce directo con legisladores de Unión por la Patria que se acercaron al estrado para exigir una rectificación.

El oficialismo consiguió el respaldo de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y monobloques aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la mayoría de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

El debate expuso con claridad el eje del conflicto: el alcance de los derechos laborales y el poder de negociación de quienes trabajan. El presidente de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la iniciativa y sostuvo que “el marco regulatorio actual no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”. Afirmó que “hace décadas que nuestro país tiene un problema de fondo grave que es la incapacidad de crear empleo genuino” y aseguró que el 55% de las personas se encuentra en la informalidad.

Desde la oposición sindical y política, las críticas apuntaron a un retroceso en derechos históricos. El diputado Sergio Palazzo advirtió que, de aprobarse la ley, se presentará “una catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y acusó al oficialismo de “contrabandear detrás de la palabra modernización un brutal retroceso histórico en los derechos de los trabajadores”. Señaló además que la reforma “liquida el derecho de huelga” y afecta al sistema previsional a través del discutido Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Miguel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa previsto en el proyecto y afirmó que “va a ser peor” y qie “es un grave error”. Néstor Pitrola rechazó el argumento de los “costos laborales” y sostuvo que “la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza”, en referencia a una canasta de $1.300.000.

Desde el oficialismo y sectores aliados, Lisandro Nieri argumentó que la legislación vigente “es vetusta y no les sirve a los trabajadores ni a los empresarios porque el costo laboral es muy alto” y vinculó la reforma con la reducción de la litigiosidad y la informalidad.

En paralelo al debate parlamentario, la central obrera resolvió un paro general sin movilización, decisión que generó cuestionamientos internos. Días antes, distintos dirigentes sindicales habían criticado esa modalidad. En una cobertura reciente, referentes gremiales advirtieron que la ausencia en la calle debilitaba la presión sobre los legisladores en una votación clave .

Otros gremios ya habían anticipado medidas de fuerza en caso de avance legislativo. El secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, había afirmado semanas atrás: “Hay que salir a la calle ahora”. Y había confirmado que su organización iría a la huelga si prosperaba la ley. Desde la CGT, Jorge Sola había cuestionado el banco de horas previsto en el proyecto y sostuvo que “lo decide el patrón, no el trabajador” .

El impacto concreto sobre quienes trabajan se inscribió en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumuló un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación fue de 27,9%, lo que implicó una caída real de más de dos puntos. En ese marco, gremios denunciaron pérdida de poder adquisitivo y congelamiento paritario en distintos sectores.

En la sesión también se produjeron otros episodios de alta tensión, como la denuncia de pérdida de quórum y el cruce por el uso de los micrófonos en el recinto. Unión por la Patria anunció que, si vuelve al Gobierno, derogará la norma. “Esta ley va a ser derogada inmediatamente”, afirmó Germán Martínez en el cierre del bloque.

El trámite parlamentario continuará en el Senado, donde el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto antes del inicio de las sesiones ordinarias. Hasta el momento, el Gobierno no anunció modificaciones adicionales al texto aprobado en Diputados.

JJD, con información de NA

El santacruceño José Garrido fue el último en ingresar al recinto. Apenas se sentó, el tablero de la Cámara de Diputados marcó que había quórum con 129 presentes. La bancada libertaria estalló en aplausos, pero Garrido –quien responde al gobernador Claudio Vidal– tenía la cabeza gacha y no aplaudió. Tampoco lo hicieron los diputados salteños que responden a Gustavo Saénz, los tucumanos de Osvaldo Jaldo o los catamarqueños de Raúl Jalil. Los gobernadores peronistas habían colaborado con el Gobierno para dar inicio a la sesión, así como el PRO, la UCR, el MID y los misioneros roviristas, pero con bajo perfil. En el oficialismo estaban conformes, sin embargo: conseguido el quórum, la sanción de la ley es solo cuestión de tiempo.

El debate de la reforma laboral arrancó en un clima hostil. Adentro y afuera del Congreso. Las calles de la Ciudad amanecieron más vacías de lo habitual como resultado del paro general convocado por la CGT. Pero la plaza del Congreso fue vallada para impedir el paso de las primeras columnas de manifestantes. El palacio quedó rodeado por las fuerzas de Seguridad federales, que no permitieron a la prensa acercarse. “Por si cae alguna piedra”, explicó un oficial a este medio, mientras miraba de reojo la movilización.

Adentro de la Cámara de Diputados, el oficialismo consiguió quórum para dar inicio a la sesión entre gritos. Diputadas del kirchnerismo azuzaban a las peronistas tucumanas que estaban en sus bancas, y estas les respondían a los gritos, molestas. “Ganen las elecciones”, le respondió, furiosa, la tucumana Elia Marina Fernández.

La tensión fue escalando. Apenas iniciada la sesión, Martín Menem sometió el plan de labor –que define cómo se ordena la sesión, la votación y los tiempos de los oradores– a mano alzada antes de que pudieran hablar todos los bloques, y la bancada peronista y la izquierda estallaron a los gritos. Nicolás del Caño, Paula Penacca, Julia Strada y Agustín Rossi se agolparon debajo del estrado de Menem, interrumpiendo la sesión y exigiendo que se volviera a votar. Menem pidió continuar, pero los diputados se pararon y empezaron a aplaudir para que no se pudieran escuchar los homenajes de los primeros oradores. 

El riojano necesitaba apurar los tiempos, e intentó continuar igual. Había una cuentaregresiva impuesta por el cronograma de Casa Rosada, que apuesta a tener la sanción completa de la reforma laboral para cuando Javier Milei abra las sesiones ordinarias el domingo 1ero de marzo. Dado que el oficialismo había aceptado eliminar el artículo 44 del proyecto –que recortaba a la mitad las licencias médicas en caso de una accidentes por fuera de la actividad laboral–, la ley tendría que volver a girar al Senado, en donde se definiría si se aceptan o no las modificaciones.

Los tiempos corrían. Menem necesita enviar el proyecto aprobado a mesa de entrada antes del viernes para que el Senado pueda dictaminarlo mañana y, así, dejar pasar una semana hasta que se habilite llevarlo al recinto. Es decir el próximo viernes 27. 

“Se está pasando de vivo”, le espetó Cecilia Moreau, furiosa. El jefe de bloque, Germán Martínez, ironizaba a su lado: “El Gobierno está ofreciendo distintos packs. Un pack quórum, das quórum, te levantás y te vas. El pack quórum votación en general y después te hacés la crítica en la votación individual. El pack me opongo en general y después voto los artículos en general. Han ofrecido packs en concepto no sé de qué”, masculló, mirando a las bancadas aliadas del Gobierno. 

Finalmente, Menem logró ordenar la sesión, sometió la votación de modo nominal y la ganó. Hubo aplausos libertarios. El caos, sin embargo, sólo entró en pausa por unos minutos. Cuando Lisandro Almirón, miembro informante de LLA, tomó la palabra para defender la ley del Gobierno, los diputados del peronismo volvieron a comenzar a los gritos. ¿Por qué? Porque Almirón pidió leer todo su discurso, una excepcionalidad que solo se permite para unos pequeños tramos del discurso. Almirón, sin embargo, continuó leyendo, como si no pasara nada.

Negociaciones finales

La sesión, se calcula, tendrá una extensión de más de 10 horas. Y, pese a los intentos de Menem de apurar los tiempos, lo más probable es que se vote pasada la madrugada. En el oficialismo están confiados que tendrán el número para sancionar la reforma laboral –calculan que tendrán unos 140 votos a favor–, pero miran con atención otra cosa: la votación en particular.

El capítulo más complicado es el corazón del proyecto: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con los fondos de la seguridad social. El peronismo, junto a un sector de Provincias Unidas, está trabajando para voltearlo en la votación en particular. Están a un puñado, pero las negras también juegan y el Gobierno, por lo bajo, está presionando a los gobernadores para que blinden el Título 2. 

Fue una sorpresa, por ejemplo, la ausencia de tres cordobeses que responden a Martín Llaryora: Alejandra Torres, Juan Schiaretti y Ignacio García Aresca. Cada uno adujo temas personales –una cuestión de salud o un viaje por Europa–, pero eran tres votos que iban a rechazar el FAL y en la oposición saltaron las alarmas: si no estaban era porque el Gobierno había presionado a Llaryora.

“La traición es de los gobernadores”, lanzó, furioso, un diputado del peronismo. Fue la línea que imperó en la bancada peronista durante todo el debate: cuando arrancaron los discursos, gran parte de los diputados optaron por apuntar los dedos contra los misioneros, salteños y jujeños que habían dado el quórum. 

“Cómo le van a explicar a Güemes la traición que hicieron los salteños que dieron quórum. O los misioneros y los tucumanos. Y no estoy hablando de ningún salteño o catamarqueño de LLA. Porque eso es honestidad intelectual: ustedes quieren castigar al trabajador. Pero los peronistas tienen un mandato popular”, lanzó la diputada sindical Vanesa Siley, durante el debate.

“Mandato de chorear”, le respondieron en las filas libertarias. A lo que Siley, enojada, retrucó: “Los que se sentaron en el medio y dieron quórum, esos son los chorros”.

MCM