Del hermetismo a una aclaración inédita: la Corte sintió el impacto del fallo por las tierras

Durante casi 48 horas, en la Corte Suprema eligieron el silencio. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían firmado el martes el fallo que dejó sin efecto la cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por Javier Milei en el DNU 70/2023. Una decisión que rápidamente abandonó los márgenes del expediente judicial y se convirtió en un problema político. Al calor de las críticas, la oposición comenzó a hablar de llevar nuevamente la discusión al Congreso y distintos sectores vinculados a la defensa de la soberanía y de los recursos naturales cuestionaron sus consecuencias. Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sin embargo, la respuesta inicial fue la de siempre: hermetismo. Hasta este jueves.

La reacción que provocó la sentencia terminó empujando al máximo tribunal a romper una de las tradiciones más arraigadas del Poder Judicial: los jueces hablan a través de sus fallos. Esta vez, el fallo pareció no alcanzar. La Corte difundió un inusual comunicado dirigido directamente a la “opinión pública” para intentar explicar qué había resuelto, pero fundamentalmente qué no había resuelto, en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra la decisión presidencial.

El texto fue presentado bajo el paraguas de la política de “lenguaje claro” que impulsa el tribunal y con una finalidad explícita: “despejar dudas”. Pero fue bastante más que una traducción jurídica de la sentencia. Los cortesanos reivindicaron su trayectoria en materia ambiental y señalaron a quienes ejercen presión alrededor del tema. Hasta cuestionaron la circulación de “discursos de odio y descalificación” en las redes sociales.

En los tribunales de Talcahuano nadie ignora, sin embargo, el efecto concreto que produjo la sentencia. Al revocar la decisión de la Cámara Federal de La Plata, quedó nuevamente vigente el artículo del megadecreto de Milei que derogó la Ley 26.737 y, por lo tanto, dejaron de operar los límites que aquella legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Entre ellos, el techo del 15% del territorio nacional, provincial y departamental. Ese efecto inmediato fue precisamente el combustible de buena parte de la reacción política y social de las últimas horas.

En el ámbito judicial circuló además otra lectura, bastante más política que jurídica, sobre la oportunidad de la decisión. Sin elementos que permitan adjudicarle esa intención a los jueces, hubo quienes interpretaron el fallo como un guiño hacia sectores empresarios interesados en una mayor apertura sobre la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, una manera de recordarle al Ejecutivo que existen resortes de poder que no controla. Una forma, en definitiva, de marcarle la cancha a un Gobierno que sigue dependiendo de decisiones de los tribunales para sostener buena parte de sus reformas.

En su escrito, los supremos remarcaron que otros expedientes siguen abiertos y que su sentencia no afecta las medidas cautelares con el mismo objeto que tramitan en diferentes tribunales. También dejaron expresamente abierta la puerta para que otras personas cuestionen judicialmente la constitucionalidad del nuevo régimen. “La Corte se expedirá” sobre la Ley de Tierras cuando alguno de esos reclamos llegue efectivamente a sus manos, sostuvo el tribunal. Hasta entonces, advirtieron, no corresponde interpretar que Rosatti, Rosenkrantz o Lorenzetti tengan una posición tomada sobre la cuestión de fondo.

Pero probablemente el tramo más llamativo del comunicado sea aquel en el que la Corte abandonó por completo el lenguaje procesal y contestó a sus críticos. Los jueces plantearon que los “grupos de interés que presionan sobre el tema” tienen disponibles las vías judiciales y contrapuntaron ese camino institucional con la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes. Más adelante volvieron sobre la misma idea: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”.

En otro de los pasajes del documento, el tribunal reivindicó haber ejercido durante años “un liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos y advirtió que “no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”. Es difícil separar esa afirmación de una de las principales críticas que siguieron al fallo: que la eliminación de los límites a la extranjerización podía afectar no sólo la propiedad de la tierra sino también el control sobre recursos estratégicos.

El tono elegido resulta todavía más llamativo por el hermetismo que había rodeado la decisión desde el martes. En Tribunales no abundaron las explicaciones informales durante las primeras horas. Tampoco hubo una estrategia inmediata para salir a ordenar públicamente la interpretación de la sentencia. La expectativa inicial parecía ser que la distinción entre el aspecto procesal resuelto y la cuestión de fondo surgiera de la propia lectura del fallo. No ocurrió.

Hay una paradoja adicional. El comunicado insiste, con razón desde el punto de vista jurídico, en que la Corte todavía no decidió sobre la constitucionalidad de la derogación. Pero si tuvo que salir a aclararlo fue precisamente porque su sentencia produjo mientras tanto una consecuencia concreta. El debate sobre el fondo de la Ley de Tierras permanece abierto. Sus efectos políticos, en cambio, ya comenzaron.

Uno de ellos se siente en la propia Casa Rosada, donde la sentencia también cayó por sorpresa. Pese a los puentes que el Gobierno tendió durante los últimos meses con distintos sectores del Poder Judicial, desde la Corte no hubo ningún aviso previo sobre la decisión que tomarían Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El fallo comenzó a circular cuando Milei y buena parte de su gabinete se preparaban para partir rumbo a París y obligó al oficialismo a volver sobre una discusión que creía haber dejado atrás.

Desde entonces, en Balcarce 50 todavía deliberan cuál será la respuesta política. El problema dejó de ser únicamente la Ley de Tierras: la oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con la intención de completar en Diputados el rechazo al DNU 70, que el Senado ya votó en contra en 2024. Para el Gobierno, el riesgo es mucho mayor que la discusión sobre la extranjerización: el megadecreto constituye una de las piezas fundacionales de la administración Milei y desreguló amplios sectores de la economía.

Por eso, entre las alternativas que comenzaron a circular aparece una salida legislativa para intentar separar ambas discusiones. El oficialismo evalúa introducir durante el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado, un artículo que vuelva a establecer límites para la adquisición de tierras por extranjeros. La iniciativa resulta particularmente significativa porque fue precisamente esa discusión la que, en agosto, había obligado al Gobierno a retroceder ante la resistencia de sus propios aliados. Las paradojas de la Argentina libertaria.

PL/CRM