¿Qué está pasando en discapacidad?

En el debate político actual suele hablarse de números, equilibrios fiscales y planillas de cálculo como si fueran frías abstracciones. Sin embargo, detrás de cada partida presupuestaria que se recorta o se congela hay historias concretas, familias angustiadas y derechos básicos vulnerados. Nada ejemplifica con mayor crudeza esta realidad que lo que está sucediendo en el ámbito de la discapacidad en la Argentina.

Hasta hace muy poco, el gobierno nacional venía ejecutando un cumplimiento extremadamente parcial de la ley de emergencia en discapacidad. Si bien aplicaba un ajuste mensual de las prestaciones alineado con la inflación, arrastraba una deuda estructural insostenible: jamás compensó la pérdida de los dos años previos en los que los aranceles quedaron absolutamente congelados. Como resultado de ese desfasaje, los valores de referencia del nomenclador continuaron en niveles críticos. A esto se sumó el incumplimiento sistemático de otro pilar fundamental de la norma, del cual fui autor e insistí en reiteradas oportunidades: la correcta implementación de las pensiones no contributivas por discapacidad.

Las cifras del deterioro hablan por sí solas. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alarmante 320,0%, los aranceles destinados a servicios esenciales como hogares, rehabilitación y transporte apenas se actualizaron en un 233,8%. La situación resulta aún más grave para los centros de día, los centros educativos terapéuticos, la escolaridad y los apoyos a la inclusión, cuyos montos sólo recibieron un ajuste del 219,8%. Esta brecha, generada y profundizada en los últimos años, la están sosteniendo a fuerza de sacrificio las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales e instituciones del sector que se encuentran al borde de la quiebra. El caso de los talleres protegidos es especialmente dramático, porque también sufren la caída del consumo y la recesión económica.

Frente a este panorama, el Poder Ejecutivo decidió ir más lejos al presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La propuesta oficial pretendía romper el compromiso de mantener la actualización mensual por inflación y, lo que es peor, desarticular la universalidad del nomenclador único fijado por una ley de los años noventa.

La idea de eliminar un arancel regulado para que cada empresa de medicina prepaga u obra social negociara de forma individual las prestaciones con cada familia constituye un despropósito conceptual e institucional. Hablar de un “acuerdo entre privados” y una “negociación libre” en este contexto es desconocer la realidad más elemental: una madre o un padre que pelea por la cobertura de las terapias de su hijo frente a una corporación de salud jamás se encuentra en una posición de igualdad. No hay negociación posible cuando una de las partes depende del tratamiento para tener una vida digna y la otra solo busca optimizar un margen de ganancia.

A la par, el proyecto oficial buscaba eliminar artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad y reinstaurar el viejo y restrictivo esquema de pensiones por invalidez laboral, generando un grave retroceso en materia de derechos adquiridos.

Frente al rechazo generalizado del colectivo de la discapacidad y la resistencia de aliados políticos que se negaron a convalidar semejante avasallamiento, el gobierno debió dar marcha atrás. En los últimos días pasó de una postura intransigente –que asfixiaba al sistema de prestaciones– a lograr un dictamen de mayoría en Diputados que aceptará conservar el nomenclador único, mantener el ajuste mensual por inflación y dar curso a las pensiones por discapacidad integrando aspectos centrales de la ley de emergencia.

Cabe preguntarse a qué responde este repentino cambio de postura. ¿Estará influenciado por la cercanía de la visita del Papa o simplemente por la imposibilidad matemática de aprobar un presupuesto tan despiadado en el Congreso? Hay que tener una templanza especial para creer en la sinceridad de este giro de 180 grados, pero esa es la fotografía de la situación hoy.

Sin embargo, también el dictamen de mayoría presenta algunos huecos legales. La sociedad y las organizaciones representativas se mantienen en alerta para exigir la plena compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado, la garantía absoluta de la cobertura de salud bajo la ley 24.901, el financiamiento adecuado para los talleres protegidos y el pago integral de todas las compensaciones adeudadas.

El reclamo es urgente y no admite dilaciones. La dignidad de las personas con discapacidad y la preservación de sus derechos no pueden estar sujetas al regateo político ni a la insensibilidad de un plan de ajuste.

*El autor es exdiputado nacional y autor de la ley de emergencia en discapacidad.