Una oscuridad fría y avasallante. Dentro de la Estación Constitución, la principal terminal de trenes del país, la luz se recorta por los ventanales del techo y entra tímida, apenas para iluminar uno de sus 16 andenes vacíos. Todos los días 200.000 personas llegan hasta este punto de la ciudad provenientes de diferentes localidades de la provincia, según cifras del Gobierno porteño. Luego regresan de la misma forma, alcanzando una circulación de 400.000 usuarios diarios. Pero a las 3 de la tarde de este miércoles, y tras el paro nacional de transporte que interrumpió, entre otros, los servicios de trenes y subtes en el AMBA, la desolación en Constitución es total.

Leonela Mamani, de 33 años y empleada doméstica, mira con resignación las puertas cerradas de la estación, mientras espera por la línea 51 de colectivo en las paradas de enfrente. Todos los días, la empleada doméstica llega en tren hasta Constitución desde la localidad de Temperley. Luego toma el subte en la misma estación para llegar hasta el barrio porteño de Flores. El paro de transporte, cuenta, hizo que gastara más en sus viáticos diarios. “Tengo que tomar cuatro colectivos en total. Estamos todos midiendo cada gasto y esto no ayuda”, señala Leonela. Sus empleadores no la tienen registrada y tampoco cubren el costo de sus viajes. “No estoy a favor de que paren varios transportes el mismo día”, confiesa la empleada doméstica. Desde la asunción de Javier Milei, el boleto de colectivo aumentó en un 600%.

Javier Osman, en la misma fila de la parada de colectivo de Constitución, tampoco está a favor de la medida gremial. Tiene 47 años y es técnico electromecánico de profesión. Vive en Alejandro Korn y hoy debía acercarse hasta un domicilio en Palermo para arreglar un aire acondicionado, pero el paro le impidió llegar a tiempo. “No estoy a favor de este gobierno, pero los gremios tienen que ser más pillos y no cortar todo”, comenta Javier, quien es cuentapropista. “No estoy para perder clientes en esta situación tan complicada. El verano es cuando más trabajo, me liquida este tipo de manifestaciones”, admite el técnico electromecánico.

El paro de transporte en uno de los principales centros de trasbordo de la ciudad no solo afecta a los usuarios de trenes y colectivos. Los comerciantes formales e informales que trabajan en la zona sienten la falta de circulación de pasajeros. “Hoy vendí la mitad de lo que vendo en un día malo”, cuenta Rita Menéndez, vendedora ambulante de café. Arranca su actividad a las cuatro de la mañana, cuando abre la estación. “A nosotros nos parte al medio porque vendemos sobre todo a la mañana y hoy no llegó nadie”, señala la vendedora, entre risas. En esa línea, Omar Abraham, quien maneja un quiosco lindero a la terminal de trenes, también mostró su disgusto: “Es casi un día perdido”, apunta Omar. “Estoy pidiendo cada vez menos mercadería a los proveedores porque el consumo bajó. La gente se está cuidando el bolsillo hasta con los alfajores. Más allá de que sea solo un día, te complica los números”, explica el comerciante. La Unión Tranviarios de Automotores (UTA), sin embargo, que no adhirió a la medida de hoy, anunció un paro de algunas líneas de colectivos para mañana, en medio de negociaciones salariales con empresarios del sector y el Gobierno nacional.

En la estación de trenes de Once, otro de los principales centros de trasbordo de la ciudad, la situación es similar. Si bien es una zona histórica con comercios lindantes a la terminal de trenes, muchos de ellos ni siquiera abrieron hoy. La calle Juan Domingo Perón al 2.700, una de las arterias principales del paseo de compras, tiene al menos cuatro persianas bajas. “Muchas compañeras viven en provincia y no pudieron llegar a trabajar”, señala Marilyn Díaz, de 28 años y empleada en un local de lencería femenina. “La gente se está volcando a comprar en Once por los precios, pero anda floja la cosa”, cuenta la vendedora. “Y con un día así, muy pocos entran a comprar”, agrega Marilyn.

Para Andrés Borthagaray, investigador en políticas urbanas y director del Instituto para la Ciudad en Movimiento (América Latina), un paro de estas características tiene efectos nocivos especialmente en los trabajadores del sector informal. “Buenos Aires tiene una red ferroviaria metropolitana muy importante, de más de 800 kilómetros, pero es básicamente la que tenía hace 100 años cuando tenía una población mucho menor”, describe Borthagaray en diálogo con elDiarioAR.

Para el investigador, el transporte público, como los trenes, continúa la herramienta más importante de desplazamiento urbano en el AMBA, aún con la llegada del teletrabajo. “Si bien en algunos casos hubo mejoras puntuales y modernización de servicios, queda mucho para hacer. Existen condiciones y posibilidades de potenciar la calidad para el conjunto de la población metropolitana a la hora de viajar, si se combina con otros medios”, puntualiza el especialista urbano.

La medida de fuerza no solo fue impulsada por gremios y sindicatos del transporte. Otras centrales obreras se sumaron a la jornada del paro nacional para visibilizar su descontento con las políticas y medidas del gobierno libertario. Mariana Cataneo es secretaria de Formación Político-Sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Vive en Moreno y desde allí movilizaron y cortaron la Ruta 23 de esa localidad. “Para nosotros es una jornada que pone en acción toda la solidaridad del movimiento sindical y la llevamos con alegría porque es fundamental garantizar la unidad del campo popular para enfrentar el saqueo de la patria”, señala Cataneo.

Ni bien comenzó la jornada de paro, el propio Milei se burló de las acciones sindicales a través de su cuenta en X, utilizando un meme. Además, desde la aplicación Mi Argentina, gestionada por el Estado nacional, se envió un mensaje para “denunciar” a los gremios que “obligan” a cesar actividades a través de la línea 134. “Estas acciones son inéditas para nosotros, nunca deja de sorprendernos la virulencia y el odio que es capaz de destilar el presidente. En este caso, además, infringe todas las leyes que garantizan la libertad sindical, como el derecho a huelga”, refuerza la sindicalista. En ese sentido, Cataneo anticipa que van a avanzar con una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el mensaje del presidente.

En la estación de trenes de Once, la fila del colectivo de la línea 132 es la más larga. Para Hugo Amaya, de 52 años, comerciante y con domicilio en Moreno, la jornada laboral ─a las cuatro de la tarde─ finalizó. Sin embargo, aún queda un largo viaje de regreso a casa.

JJD

Tras más de cuatro años de camino, Chile regresó este domingo a la casilla de salida después de rechazar por segunda vez consecutiva una propuesta de Constitución para intentar sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El país se convierte, así, en el primero del mundo en acumular dos procesos constituyentes fallidos, con solo un año y tres meses de diferencia entre ambos plebiscitos.

Las elecciones constitucionales, en las que la ciudadanía ha elegido por un 55,7% de los votos mantener la carta magna vigente y descartar una propuesta de texto empujada por la ultraderecha y la derecha tradicional, han culminado un proceso iniciado con el estallido social de 2019. Un 44,2% ha votado a favor de la nueva norma y la participación, que era obligatoria por ley, ha alcanzado el 84,4%. 

“Durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional: las urgencias son otras”, dijo el presidente, Gabriel Boric, al final del escrutinio. Aunque el texto no era de su agrado, el mandatario evitó tomar partido en público por ninguna de las dos opciones, a pesar de que los partidos de su coalición hicieron campaña en contra del nuevo texto. “El país se polarizó, se dividió y el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile”, concluyó el gobernante.

El dilatado recorrido constitucional ha dejado dos intentos de cambio fracasados y radicalmente opuestos: el primero, finalizado en septiembre de 2022, avecinaba un giro de tendencia progresista, y este segundo apuntaba hacia un vuelco conservador. “En el fondo, todo lo ocurrido estos cuatro años ha sido tiempo perdido porque ni la izquierda, en su momento, ni la derecha, ahora, fueron capaces de generar un texto que convocara a la mayoría de la población”, dice a elDiario.es Jaime Baeza, periodista y politólogo de la Universidad de Chile. “La mayoría no se sintió vinculada a este proceso”. 

Castigo a la institucionalidad

El dilatado recorrido desde 2019, que se alargó por la pandemia y por la convocatoria de un segundo intento, terminó provocando “desinterés, hastío y fatiga constitucional tanto por el proceso constituyente en sí como por la clase política”, explica a elDiario.es la integrante de la Red de Politólogas Javiera Arce.

Los votos nulos y blancos de esta votación (juntos suman casi el 5%) más que doblaron las cifras del plebiscito anterior, y las excusas presentadas ante la Policía (unas 350.000) por no acudir a las urnas y evitar el pago de una multa han triplicado las de 2022.

La lectura de todo ello puede interpretarse como un voto de castigo a la institucionalidad. “La clase política no supo entender que lo que mucha gente quería, en realidad, más que un cambio radical del sistema político era mejorar el acceso a derechos y resolver la desigualdad”, dice Baeza. A su juicio, el triunfo del rechazo contra el nuevo texto no significa “en ningún caso” un apoyo a la gestión de Boric, “sino más bien un rechazo al texto en sí”.

Un escenario “sombrío” para el Gobierno

Con la lupa puesta en las elecciones municipales del próximo año y las presidenciales de 2025, el resultado del plebiscito ha dado un poco de oxígeno al Gobierno. “Ganó un poco de margen de maniobra para poder avanzar”, dice Arce. Para ella, el Ejecutivo quedaba debilitado “fuese cual fuese el resultado” por la disyuntiva que las fuerzas progresistas chilenas se han visto obligadas a afrontar en estos comicios: elegir entre una Constitución que repudiaron durante décadas y a la que acusaban de falta de legitimidad de origen o quedarse con un nuevo texto considerado por muchos “un retroceso” y “una pérdida de derechos adquiridos”. 

“A pesar del resultado, el escenario para la coalición de Gobierno es bastante sombrío”, coincide Baeza. Ante tal paradoja, la izquierda y el centroizquierda se agarran ahora a la posibilidad de reformar la carta fundamental vigente gracias a una norma que se aprobó hace un año y que rebaja las mayorías necesarias en el Congreso para eso. 

“La incertidumbre que despertaba este proceso ha impedido al Gobierno avanzar en sus reformas principales”, como la de pensiones, el nuevo pacto fiscal para una reforma tributaria, o la de salud, explica a este medio Jeanne Simón, académica de la Universidad de Concepción. Según su análisis, el nuevo escenario, sin el recorrido constitucional en el horizonte, “podría favorecer algunos avances o, al menos, ir negociando dentro de un contexto mucho más seguro”.

En su discurso este domingo, el presidente ya deslizó sus intenciones de persistir en las reformas clave que, a dos años del fin de su mandato, aún están por implementar. “He mandatado a mi gabinete a retomar cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal; y redoblar la gestión en seguridad para ganar la batalla a la delincuencia, el narco y el crimen organizado”.

Reorganización en las derechas

El líder de la extrema derecha, José Antonio Kast, que se atrincheró a favor de la nueva propuesta, reconoció este domingo la derrota y expresó su “esperanza” de que con la elección “se cierre una etapa triste de la historia de Chile” y también “el ciclo de discusión constitucional”. Una eventual candidatura de Kast de cara a la elección presidencial salió “más debilitada” con esta votación, en palabras de Simón.

Para las analistas, el Partido Republicano, que él conduce y que disputa el liderazgo del bloque conservador a la derecha tradicional de la coalición Chile Vamos, perdió fuerza a favor de estos últimos. “Finalizó la hegemonía del Partido Republicano de Kast, que solo tuvo una alta representación en el Consejo Constitucional (23 de los 50 miembros) y que tiene una discreta bancada en el Congreso (12 diputados y un senador)”, explica Javiera Arce. Sin embargo, para Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, el porcentaje obtenido a favor de la propuesta defendida por la extrema derecha, cercano al 45%, le da margen para “sacar cuentas alegres” a pesar de haber perdido el plebiscito. “Le da una base mínima para enfrentarse a las elecciones locales de 2024”, dice a elDiario.es. 

Kast había asegurado que podría dar un giro a los pronósticos de las encuestas, que vaticinaban el fracaso del nuevo redactado sin excepción alguna. Este lunes, en cambio, ha tenido que admitir “no haber sido capaz de exponer los puntos importantes del texto” y ha señalado que también han afectado “las divisiones” dentro de su propio sector. La facción liderada por el senador Rojo Edwards se desmarcó y llamó a votar en contra de una propuesta “de Estado socialista de derecho”. El sello conservador, para el parlamentario, se imprimió demasiado poco en el texto.   

En opinión de Arce, ahora se producirá “cierta reorganización en las derechas” y la coalición de la derecha histórica “volverá a reclamar su espacio”. Todo apunta que lo hará a través de la alcaldesa Evelyn Matthei, gobernante de Providencia –un barrio acomodado de la capital– que se perfila como posible candidata presidencial. El cierre del proceso constituyente abrió la carrera para llegar a La Moneda, una posibilidad que los conservadores creen acariciar.

El proyecto de nueva Constitución sometido este domingo a plebiscito en Chile era rechazado por la mayoría de los ciudadanos cuando el escrutinio oficial ya había computado los resultados de más de la mitad de las mesas.

El rechazo al texto reunía 55,76% de los votos válidos contra 44,24% de aprobación cuando se había cumplido el conteo de 99,68% de las 39.728 mesas totales, informó el Servicio Electoral (Servel) en su sitio web.

Los chilenos votaron para decidir si aprobaban o rechazaban un proyecto de nueva Constitución escrito en su mayoría por partidos de derecha para que reemplace a la elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

El presidente Gabriel Boric afirmó esta noche que los dos procesos similares en dos años, ambos fracasados, “polarizaron el país”, por lo que “la política ha quedado en deuda con Chile”.

También invitó a “abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales” para atender los problemas prioritarios que apremian a los chilenos y, con una metáfora futbolística, pidió “pelota al piso, humildad y trabajo”.

El resultado fue admitido también por el líder del Partido Republicano de extrema derecha, José Antonio Kast: “Una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta que nosotros impulsamos del Consejo Constitucional y reconocemos esa derrota”, afirmó. “Mi esperanza es que hoy se cierra una etapa triste de nuestra historia”, agregó.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI, de orientación pinochetista y que se escindió del grupo de dirigentes que formó el Partido Republicano) había coincidido poco antes. El resultado del plebiscito “es una muestra de un cansancio constitucional que tiene el país, y la responsabilidad que tenemos como partido es ser consecuentes con la ciudadanía”, dijo.

“Este tema queda cerrado; los chilenos están hastiados y lo que ha ocurrido hoy es la mejor demostración y el reflejo; nosotros damos por cerrado este tema”, agregó Macaya.

Boric, que impulsaba una iniciativa más progresista de carta magna que fue rechazado en otro plebiscito en 2022, dijo al votar que valoraba el carácter democrático de la consulta cualquiera fuera su resultado.

“Nuestro gobierno seguirá trabajando con las prioridades de la gente, independientemente de lo que suceda hoy”, dijo el mandatario en su centro de votación en Santiago y aseveró que la consulta “fortalece la democracia más allá del resultado”.

Las mesas de votación cerraron a las 18 (misma hora en la Argentina) y comenzó entonces el conteo de los votos “a viva voz”, como es tradición en el país, en que las autoridades de las mesas computan los sufragios uno a uno frente al público y los medios de comunicación.

Más de 15 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar en 3.000 centros de votación en Chile y otras 120.000 en el exterior.

Debido a la obligatoriedad de la votación, hubo largas filas en las comisarias para excusarse por estar a más de 200 kilómetros del lugar de sufragio.

Según datos de Carabineros, más de 300.000 personas realizaron la solicitud de manera online, de las cuales más de 200.000 fueron validadas en las comisarías de manera presencial.

El número de solicitudes fue más del doble comparado con el primer proceso constitucional, en el que fueron cerca de 103.000 las excusas registradas.

Otras figuras políticas se acercaron a votar en sus respectivas mesas, incluyendo los ex presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, así como el líder de ultraderecha José Antonio Kast.

Bachelet, que se manifestó “en contra” del borrador de nueva Constitución, afirmó este domingo que prefería “algo malo que algo pésimo”.

Lagos, que también es de centroizquierda y se opone al nuevo texto, dijo que esperaba “que se cierre la discusión constitucional con un resultado claro” y que Chile salga de la votación “más fuerte, más integrado”.

El conservador Piñera, que está a favor, dijo al votar que Chile necesitaba “estabilidad y unidad”. “Estoy seguro de que una de las dos opciones, y ustedes saben cuál es, cierra mejor el proceso y nos da mejores herramientas y oportunidades para empezar a derrotar a la delincuencia y la violencia que están desatadas en nuestro país”, dijo Piñera.

Kast, líder del Partido Republicano, responsable de la mayor parte de la redacción del texto, dijo tras votar que esperaba que “sean muchas las personas que emitan su sufragio y que prime la paz, la cordura, la libertad y que gane el sentido común”.

Chile se rige por la Constitución de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005 durante el gobierno de Lagos pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019.

Eso derivó en un primer proceso constitucional, redactado en su mayoría por convencionales de izquierda e independientes, que finalmente fue rechazado por 61% de los chilenos en un plebiscito el 4 de septiembre de 2022.

Aquella votación constituyó un gran revés para Boric, uno de los principales impulsores de la fallida reforma. El presidente de izquierda, en el poder desde marzo de 2022, no expresó su intención de voto sobre el nuevo borrador de Constitución, lo que le valió críticas de la oposición.

La vocera del gobierno, Camila Vallejo, llamó a no “confundir” a la ciudadanía y rechazó que la elección sea una evaluación del gobierno, sino que votaban por aprobar o rechazar este nuevo texto constitucional.

Los principales puntos de la nueva Constitución

El borrador de carta magna rechazado este domingo contiene 182 páginas, 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias que se redactaron en cinco meses de trabajo.

El texto no estuvo exento de polémica. Los sectores progresistas del país opinaron que significaba un “retroceso” en materia de derechos, principalmente por el riesgo que habría corrido la ley de aborto en tres causales, mientras la derecha lo definió como la “Constitución de la seguridad”.

El borrador constitucional contemplaba un retiro del pago de contribuciones a la primera vivienda, la libertad de elección de salud y el derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos.

La libre elección en materia de salud habría podido dar rango constitucional a las prestaciones de salud privada de Chile, algo muy criticado por el oficialismo debido a los altos costos del sistema.

Además, el texto consultado este domingo proponía reducir la cantidad de diputados de 155 a 138 y establecer que los partidos políticos necesiten superar un umbral de 5% de los votos para poder entrar en el Congreso.

El gobierno había anticipado que si la iniciativa sometida este domingo a referendo era rechazada, no apoyará un tercer intento de sancionar una nueva carta magna.

Con eso coincidió esta noche el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona: “En este período político no hay ni una posibilidad de iniciar un tercer proceso constitucional”, afirmó.

MB con información de agencia de noticias Télam

La muerte y la violencia tiñeron las horas previas a la elección primaria de este domingo, en la que los principales referentes de la política disputarán las candidaturas para las elecciones presidenciales. El homicidio de una niña de 11 años por parte de motochorros en la localidad de Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires. La represión con balas de goma y palos a usuarios del tren Roca luego del ataque a la terminal de Plaza Constitución por el corte del servicio. La muerte del militante y fotoperiodista Facundo Molares, en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra manifestantes de izquierda que llamaban a no ir a votar. Tres escenas que expusieron la escalada de un clima violento y denso enmarcado en una crisis social y económica que parece un tic tac.

Detrás de cada uno de estos tres episodios mediatizados en las últimas horas quedan también expuestos los precandidatos de los principales espacios políticos: el intendente y responsables de la policía comunal de Lanús, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), aliado de Patricia Bullrich, exministra de Seguridad; en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof (Frente de Todos), responsable de la Policía Bonaerense; en el Obelisco, donde colapsó Molares, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su precandidato en territorio bonaerense y exministro de Seguridad porteño, Diego Santilli; en el marco económico-social y descontento con la clase política, el ministro de Economía, Sergio Massa (Frente de Todos).

Cuando parecía que la suba del dólar, la devaluación encubierta de las últimas semanas y la crisis económica monopolizaban la recta final hacia las PASO del domingo, escaló otro factor, uno que parece venir comprimiéndose en una olla que tiene mucho de popular, que está en la calle, y en las instituciones cuando estalla. En los tres casos mediatizados también hay otro eje en común: la policía, sea federal, bonaerense o porteña.

“Estábamos acá convocando a todo el pueblo, que está peleado con toda esta mierda de democracia, que el domingo no va a votar, para decirle que no confiamos en ninguno de estos ratos que nos gobiernan”, afirmó ante las cámaras uno de los referentes de la campaña “Cienfuegos contra la farsa electoral”, acto en el que se encontraba el militante y fotoperiodista Molares cuando fue reducido por la policía porteña este jueves por la tarde en el Obelisco y se descompensó, boca abajo, con la policía esposándolo, en circunstancias que aún deben ser aclaradas. Falleció en el Hospital Ramos Mejía porque no pudieron reanimarlo. Los videos que registraron su arresto ya lo mostraban semiinconsciente y morado. La policía no pudo realizarle RCP de manera inmediata, situación que, todavía, tampoco tiene explicación oficial. 

“Hay que tener una decisión y llevarla adelante sin miedo al costo”, dijo Bullrich sobre los piquetes y cortes, aunque los manifestantes en el Obeliscos no estaban cortando el tránsito, según aseguraron a los medios. La precandidata lo dijo en una entrevista radial poco antes de que se confirmara la muerte del militante de izquierda. “Hay que dar vuelta esta cultura y animarse. Yo siempre tuve el coraje de hacer las cosas con decisión”, aseguró Bullrich, luego de que la policía a cargo de su rival en las PASO quedará en la mira por la muerte de Molares.

La izquierda se movilizaba este jueves por la noche en protesta por la muerte del manifestante. 

Hubo otro incidente violento este jueves que llevó a un funcionario de Alberto Fernández a publicar en la red social Twitter lo siguiente: “Rarísimo un corte de vías para pedir una reunión con un ministro. Más raro aún que haya pasajeros del Roca con gomeras y capuchas”; “la ministra de Trabajo (Raquel Olmos) manifestó la disposición de atender a los trabajadores, pero así y todo no levantan el corte. ¿Hay elecciones el domingo?”, dijo Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación.

Unos 70 trabajadores de seguridad privada tercerizados del Ferrocarril Roca, que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el sur del Gran Buenos Aires, cortaron las vías a la altura de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. 

La interrupción del servicio provocó la reacción de algunos usuarios. Hubo piedrazos y palazos contra una de las entradas de la estación Plaza Constitución y contra la Policía Federal Argentina (PFA), que depende del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, e intentaron romper la reja para ingresar a la terminal, informaron agencias de noticias. Hubo cortes, corridas, hidrante y balas de goma. Un policía federal quedó filmado mientras repartía reiterados palazos a un pasajero en el hall central de la estación. El hombre fue herido en la cabeza.

Luego de casi tres horas de paro y de que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenara el desalojo de las vías a la Policía Federal, los trabajadores de la empresa MCM levantaron la protesta. Se fueron con una promesa de reunión con autoridades para poder reclamar su pase a planta permanente de Trenes Argentinos.

Poco después de las 17.30, los incidentes en Constitución se despejaron con la reanudación del servicio de trenes, y la tensión se trasladó al Obelisco.

El robo a niños y niñas, un dato nuevo

El miércoles por la mañana, Morena Domínguez, 11 años, caminaba rumbo al colegio en el barrio Villa Diamante, de Lanús, cuando fue sorprendida por motochorros para robarle el celular. Se descompensó en la vía pública mientras la asistía un vecino. Murió por un “fuerte golpe en el área adbominal” -un riñón e hígado- que le provocó una hemorragia interna. Luego de que los medios anunciaran que los motochorros eran menores de edad y expusieran los rostros de chicos de 14 arrestados por la Bonaerense -que depende del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni-, se determinó que los responsables directos serían dos mayores. Están arrestados y se negaron a declarar. 

Este jueves la niña fue despedida por sus familiares y seres queridos, quienes el miércoles por la tarde protagonizaron otro hecho de tensión, intentando ingresar a la comisaría donde estaban detenidos los sospechosos.

Angela Oyhandy es la directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que depende de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es socióloga, docente e investigadora. “En general, las estadísticas consolidadas que tenemos, que son de 2022, no registran aumentos en cuanto a robos y violencia interpersonal en los últimos años. Que se mantengan en los mismos niveles, igualmente, es un dato importante porque el nivel de robo histórico de los últimos 25 años en las principales ciudades de Argentina es alto”, aseguró la experta a elDiarioAR. Sin embargo, la investigadora advierte que hay un subregistro porque las víctimas de los robos no denuncian todos los hechos.

¿Hay robos más violentos? “Pregunta difícil de responder desde los datos y la investigación. Desde hace dos décadas registramos en las crónicas periodísticas y en las investigaciones hechos muy graves y crueles. La narrativa que instaló desde 1997 tiene un relato que se repite desde entonces: ya se cruzó un límite, ya los ladrones no tienen código, no son como antes”. Sí, aclara, hay un dato relativamente nuevo y preocupante para Oyhandy, que no se veía hace 25 años: el robo a niños.

Violencia

Se podría hablar de encuestas, pero la violencia no está medida como una variable. Tal vez una de las categorías más cercanas es la que reflejó la encuesta de la Universidad de San Andrés: “delincuencia, robos e inseguridad”, segunda preocupación (38%) de los entrevistados en julio último. La encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública se basó en 1.003 entrevistas, entre el 12 y el 21 de julio, entre adultos de 18 años en adelante, conectados a internet, en distintos puntos del país. La tercera preocupación es la corrupción (35%).

¿Cuál es la primera preocupación? Tampoco nada nuevo: la inflación (50%). En términos generales, además, la percepción negativa del país supera al 40% y el 77% de los encuestados opina que la situación nacional está peor que hace un año.

La violencia no es una preocupación en sí misma sino a través de la amenaza del delito, pero es una variable permanente y a la que no han sido ajenos los propios precandidatos. Tampoco es una preocupación central la violencia institucional.

“No tengo dudas de que la escala de los discursos de odio, de represión, de violencia que se han esgrimido en la campaña, donde directamente hay candidatos y candidatas que ofrecen represión, impregnan a las fuerzas de seguridad. No explican todo pero si es muy notable la legitimación de la violencia como una manera de resolver los conflictos. Son bajadas de línea muy fuertes”, aseguró Oyhandy.

Desigualdad, siempre de fondo

“Sí hemos tomado nota de los niveles de inseguridad, de miedo a circular, a salir, a transitar con los que hemos convivido en las últimas dos décadas en las grandes ciudades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Esta inseguridad y este miedo se sufre de manera particularmente acuciante en los barrios más populares”, aseguró Oyhandy.

“La cotidianidad de los robos, de los arrebatos, de la presencia de motochorros y los problemas de violencia e inseguridad cotidianas se da más en los barrios más vulnerables porque están más desprotegidos por las políticas de seguridad: la videovigilancia, las cámaras de seguridad, la iluminación, los patrullajes se distribuyen desigualmente. Hay mayor desprotección y mayor exposición a los riesgos más severos”, afirmó la experta.

¿Es sólo económico lo que se cocina cuando estalla la violencia? “No, no, en Argentina hemos tenido momentos de prosperidad, con descenso de las tasas de desempleo y de pobreza, como en 2014, y sin embargo, ese año, aumentaron mucho los delitos contra la propiedad, entre otros, porque, sobre todo, el robo está más asociado a la desigualdad y a la circulación de bienes muy caros y a la posibilidad de tener marcados circuitos de venta ilegal”, afirmó la directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

“El robo violento de celulares -agregó Oyhandy- está asociado a circuitos en los que se venden rápidamente para convertirlos en dinero, y en muchos casos, son cometidos por personas con problemas de adicción, que necesitan ese dinero para el consumo. Hay mucha hipocresía y no se habla de esta problemática: hay un conjunto de políticas públicas y de intervención en los mercados a tomar. El robo de vehículos para la venta de autopartes, por ejemplo, es un delito que se logró reducir fuertemente tomando medidas, interviniendo. Sin embargo, no se toman con el mercado de celulares robados”.

ED

Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas al norte de Jujuy en reclamo contra la aprobada reforma parcial de la Constitución provincial fueron reprimidos esta mañana por las fuerzas de seguridad local.

Las manifestaciones eran realizadas en distintas localidades, entre ellas está Purmamarca, donde las personas presentes en el corte, y que pasaron la noche en el lugar pese a temperaturas muy bajas, informaron que -poco antes de las 6 de la mañana- llegó un número importante de efectivos de Infantería para efectuar el desalojo.

En ese sentido, la policía avanzó en reprimir la manifestación, que concentraba en un cruce de ingreso al poblado quebradeño del norte jujeño.

“Es impresionante como avanza Infantería, golpea y golpea y la gente resiste, se queda en la ruta”, fue uno de varios reportes desde el poblado quebradeño.

A través de videos viralizados en redes sociales podía observarse también el avance de los efectivos sobre los manifestantes apenas amanecía.

Difundieron además que fueron detenidos dos miembros de las comunidades de Coquena y de Collamboy, los cuales fueron liberados en las últimas horas. “Me llevaron a las piñas y patadas, tengo dolor en la rodilla y la cara. Era el precio que había que pagar por esta causa noble y justa. La nueva Constitución viola nuestros derechos”, contó uno de los detenidos Desiderio Olmos.

El diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad y dirigente social jujeño, Alejandro Vilca, por su parte, pidió en sus redes: “Basta de reprimir al pueblo jujeño! Abajo la reforma de Morales! Basta de persecución y represión a la protesta social”.

Tras el enfrentamiento, el grupo de manifestantes, que había definido en primera instancia un corte total, decidió permitir el paso de manera intermitente cada una hora.

Este viernes, al norte de Jujuy, la policía local ya había intentado avanzar con el desalojo de manifestantes que reclamaban con un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.

Las personas, en su mayoría docentes e integrantes de comunidades indígenas, replicaron mediante imágenes el enfrentamiento producido, tras el cual no abandonaron el reclamo, pero decidieron abrir el paso cada hora.

“Nos quedamos para que se sienta el reclamo en toda la provincia y el país, no podemos permitir el atropello de las autoridades del Gobierno contra el pueblo”, expresaron colectivos indígenas de la Puna jujeña.

Otro de los cortes de ruta ocurría desde el viernes en la ciudad fronteriza de La Quiaca, sobre la ruta nacional 9, por parte también de comunidades originarias e integrantes de distintos espacios.

Pese a intimaciones para abandonar la medida y una sostenida presencia policial, que generó momentos de tensión, en el lugar no reportaron otros incidentes hasta el momento.

Desde el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), expresaron en una publicación en sus redes sociales: “Jujuy es democracia social, no una monarquía. Ni un paso atrás en los Derechos Indígenas conquistados”.

MB con información de agencia de noticias Télam

El rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial de Jujuy, aprobada esta madrugada en una convención marcada por los desacuerdos, cobró volumen con un paro general de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Gobierno Nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos.

Este viernes, la ministra Raquel Olmos adelantó que el Gobierno, a través de la cartera laboral, pedirá que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la Constitución jujeña que sancionan y restringen la protesta social.

“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, apuntó la funcionaria en declaraciones a Radio Provincia. Remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.

“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó la ministra.

En el marco de la Convención Constituyente, la reforma tuvo un acelerado tratamiento, ya que solo llevó dos sesiones ordinarias durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes: seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, a raíz de su desacuerdo con el texto.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas, se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos en el marco de reclamos sociales y gremiales. Entre otros puntos aprobados en la reforma figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de Justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

Mientras en la noche del jueves se desarrollaba el debate en la Convención, una multitudinaria marcha de antorchas se realizó por las calles de San Salvador de Jujuy, encabezada por gremios docentes que presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales y cumplen dos semanas de paro por tiempo indeterminado bajo la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma”.

Ahora, el Gobierno provincial aspira a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18.

Desde las primeras horas de este viernes, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta. “Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, indicaba su lema central, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Grupos de manifestantes llegaron temprano a la capital provincial desde diversos puntos del territorio para movilizarse hacia la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local. Durante la mañana, la policía intimó a los manifestantes para que levanten los cortes, pero las protestas persistieron.

Por otra parte, pobladores de distintas comunidades indígenas iniciaron una marcha denominada “Tercer malón de la paz” contra la reforma, y llegaron también esta mañana a San Salvador y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino. “Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá”, expresaron miembros de las comunidades.

Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), espera que “el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo” y consideró que Jujuy perdió una “oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos”.

El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla “absolutamente antidemocrática”. “Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI”, expresaron desde la organización.

Ayer jueves, en la sesión de la Convención, frente a los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), Morales defendió su proyecto de reforma: “Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Morales reiteró que su gestión “no va a volver atrás” con estas modificaciones y volvió a cargar contra las organizaciones sociales, al plantear que “el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, planteó.

Las protestas y movilizaciones se replicaron en varias localidades jujeñas: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín. En tanto, el paro general en la provincia consiguió el apoyo de azucareros y de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla “antidemocrática y autoritaria” y convocaron al paro que sigue vigente este viernes. En un comunicado, firmado por la secretaria general Sonia Alesso de Ctera, y el secretario general adjunto Roberto Baradel de la CTA, también advirtieron que la reforma “viola derechos humanos, sociales y sindicales”.

LC con información de agencia Télam

La Convención Constituyente de Jujuy, conformada por representantes del Frente Cambia y el Frente Justicialista, aprobó los dictámenes de mayoría de la reforma parcial de la Constitución jujeña. El proyecto se debatió este miércoles y jueves en la Legislatura provincial tras la renuncia de dos convencionales peronistas y seis parlamentarios del Frente de Izquierda Unidad.

Docentes, trabajadores estatales, comunidades indígenas y organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron en los últimos días en oposición de la modificación de la Carta Magna y llevarán adelante una medida de fuerza general este viernes. En este contexto, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, aseguró que no van a dar marcha atrás con el plan de reforma.

“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña, tiene que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Durante la primera parte de la sesión de este jueves, los convencionales discutieron la imposición de nuevos órganos y reglas para la administración de justicia en la provincia y las modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal. Se planteó la necesidad de pensar un Poder Judicial con autonomía funcional y autarquía financiera, la modernización de los mecanismos y procesos judiciales para alcanzar una dinámica institucional más ágil y la división del máximo tribunal en salas.

La reforma también promueve la creación de un Consejo de la Magistratura local, integrado por once miembros con mandato de cuatro años, que estará a cargo del control del funcionamiento del Poder Judicial.

Respecto del Régimen Electoral, se contempla que todas las leyes referidas a esta materia requieran mayoría agravada para su aprobación y que se incorporen en la Carta Magna instituciones como la “ficha limpia”, una herramienta que permite luchar contra la corrupción, y otros instrumentos de democracia semidirecta como iniciativa o consulta popular a fin de fortalecer la participación ciudadana. También se promueve la prohibición constitucional de la Ley de Lemas y la jerarquización de la paridad de género en vistas de garantizar una democracia más representativa.

A nivel de los municipios, se busca reafirmar las autonomías de las jurisdicciones, ampliar sus atribuciones en el área de planeamiento urbano, el cuidado del medio ambiente y prohibir la re-reelección de intendentes, como sucede con los cargos de gobernador y vice.

ACM con información de Télam

Chile vive una nueva jornada electoral histórica este domingo, la enésima desde el inicio del proceso constituyente que impulsó el estallido social de 2019 y que casi cuatro años después, y una pandemia de por medio, aún no logró concluir.

Más de 15 millones de electores están convocados para votar a los 50 integrantes del Consejo Constitucional (25 hombres y 25 mujeres) encargados de redactar por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. La labor de los consejeros, no obstante, fue cuestionada por algunos, que consideran que su margen de acción será muy limitado porque el texto constitucional ya hace meses que empezó a escribirse. Desde marzo, un comité de expertos designados por el Congreso a propuesta de los partidos elabora un anteproyecto que será la base sobre la que trabajarán los consejeros electos.

Un tercer órgano integrado por 14 juristas velará para que los artículos finales se ajusten a 12 principios institucionales acordados previamente por las distintas fuerzas políticas y pensados para impedir un texto refundacional como el surgido del proceso anterior.

“Queda todo en manos de los partidos que estarán representados dentro del Consejo y que, en cierta forma, también están dentro del Comité de Expertos”, dice a elDiario.es Jeanne Simon, politóloga de la Universidad de Concepción. La preponderancia de los partidos, que atraviesan una profunda crisis de legitimidad, “genera una falta de confianza de la ciudadanía” en esta segunda etapa, añade Cristian Ovando, académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Tarapacá.

“Gran desafección y desinterés”

Las expectativas de la ciudadanía en el proceso constituyente se desplomaron tras el fracaso del primer intento, que terminó con el amplio rechazo en septiembre de la propuesta que iba a sustituir a la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet. También influyeron considerablemente el diseño de una nueva hoja de ruta alejado de la ciudadanía y el surgimiento de temas más urgentes para la sociedad. El momentum constituyente que atravesaba el país se desinfló.  

“Hay una gran desafección y desinterés por las elecciones del domingo y la mayor parte de los electores ni siquiera saben por quién votar”, dice Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Para Ovando, “hay una fatiga constituyente, una fatiga ciudadana, porque en muy poco tiempo ha habido más de tres elecciones”. 

Los expertos coinciden en otro factor de desinterés: la agenda pública quedó totalmente copada por temas relacionados con la seguridad pública, la crisis migratoria en la frontera con Perú y la compleja situación económica de la que el país no logra salir. Los mismos asuntos que, según las encuestas, preocupan más a los chilenos. “Hay una necesidad de respuestas inmediatas a temas muy complejos”, dice Raúl Burgos, experto en historia política chilena de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. “En este ambiente –prosigue– se hace más difícil discutir temas de organización política o de derechos cuyos resultados se observarán en el mediano y largo plazo”.

Voto obligatorio y ¿baja participación?

La campaña electoral que se cerró el jueves fue descafeinada, poco participativa y no logró motivar a los votantes que, por primera vez desde 2012, están obligados a acudir a las urnas en una elección de candidatos. Millones de ciudadanos debutarán en expresar sus preferencias políticas, hasta ahora desconocidas porque no siempre ejercieron su derecho a voto.

Sin embargo y a pesar de la obligatoriedad, la falta de compromiso ciudadano podría derivar en una baja participación o incluso provocar un aumento considerable de votos nulos o en blanco. “Si hay una alta abstención (porque las posibilidades de multar por no participar son muy bajas) o si hay muchos votos blancos o nulos, las elecciones perderían mucha validez y legitimidad”, dice López. 

Balanza hacia la derecha

Tanto la coalición de Gobierno como la de oposición compiten con listas separadas. El centro-izquierda y la izquierda, que gobiernan juntas bajo el mando de Gabriel Boric, se dividieron, pero por primera vez desde el fin de la dictadura el Partido Socialista abandonó su alianza histórica con el centro-izquierda tradicional para sumarse al pacto del bloque del Frente Amplio y el Partido Comunista de Chile. 

“Un resultado no muy optimista para la coalición de Gobierno agudizará las diferencias entre los dos sectores”, dice Ovando. Según él, “hay una percepción ciudadana de crisis al interior del Gobierno dado que no fueron capaces de aunar voluntades para confluir en una sola lista”. 

La derecha también se separó en tres listas: la tradicional y las emergentes, divididas en la ultraderecha del Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast, excandidato presidencial que ganó la primera vuelta contra Boric, y la populista del Partido de la Gente (PDG). Ambas debutan en una votación de constituyentes.

“Si gana la ultraderecha tendrá un impacto muy fuerte para la derecha tradicional porque significará una erosión muy fuerte de sus bases sociales”, dice Miguel Ángel López. También tendría consecuencias para el Gobierno, aumentaría la polarización y desplazaría hacia la derecha al conjunto de la opinión pública, añade.

Aunque los escenarios son abiertos e inciertos, varios sondeos proyectan una victoria del bloque conservador. Sin embargo, la gran incógnita es si la derecha sumará los 30 escaños para llegar a los tres quintos necesarios que le permitirían controlar el Consejo y aprobar los artículos de su interés sin necesidad de negociar con otros sectores.

Impacto en el Gobierno de Boric

El Gobierno tomó nota de que el plebiscito de septiembre terminó interpretándose como un examen a Boric. A diferencia de entonces, ahora el presidente optó por permanecer en silencio y tomar distancia del proceso.

Los pronósticos para las fuerzas gubernamentales son desalentadores. Los partidos de centro-izquierda que se incorporaron en el último tiempo al Ejecutivo para aportar una dosis de moderación podrían recibir un batacazo. Sin embargo, está por ver si esto termina repercutiendo a nivel interno en el Gobierno y de qué forma. 

Los analistas también apuntan a las consecuencias para los planes del presidente. “Una derecha victoriosa marcaría el destino de las grandes reformas del Gobierno (salud, pensiones)”, dice Cristian Ovando.

El Consejo Constitucional electo este domingo dispondrá de cinco meses para redactar una propuesta constitucional, que en diciembre deberá ser sometida, nuevamente, a plebiscito. De aprobarse el nuevo texto, será Boric quien firmará la nueva Constitución, aunque disienta de su contenido. 

MF

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a cargo del Monseñor Oscar Ojea, transmitió este miércoles su mensaje de fin de año, en el cual anhela que el próximo año se puedan “renovar las actitudes y las composiciones para la convivencia democrática” y, de esta manera, “dejar de lado todo lo que acreciente las divisiones”. Además, en medio del conflicto por la coparticipación, consideraron que la crisis “que vivimos exige para este nuevo año 2023, no pensar solo en preservar los intereses personales, partidarios y electorales, sino buscar decididamente, en el máximo respeto a la Constitución Nacional, aquellos consensos básicos que aseguren el compromiso para superar los urgentes problemas del país”, señalaron.

“Este tiempo hemos podido celebrar juntos el inolvidable triunfo de la Selección nacional de fútbol. Festejándolo supimos postergar diferencias y superar divisiones. Anhelamos para el año que comienza que podamos renovar las actitudes y las disposiciones para la convivencia democrática, dejando de lado todo lo que acreciente las divisiones, ponga en riesgo la institucionalidad y postergue la discusión de los temas urgentes en relación con la pobreza, la deuda social, la educación y el crecimiento del país”, expuso la CEA en su mensaje de fin de año a través de un comunicado.

Asimismo, los obispos retomaron las palabras del Papa Francisco para la tradicional Jornada Mundial de la Paz que se celebra cada 1° de enero: “Concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un ”nosotros“ abierto a la fraternidad universal. Es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común.”

Por este motivo, consideraron imprescindible “superar la desmesura que nos lleva a agredir y descalificar a quienes no piensan como nosotros”.

Finalmente, la entidad episcopal pidió que “el Niño Jesús nos ayude a vivir el Espíritu de la Navidad que resuena en nuestro corazón y traiga la paz para este año nuevo que vamos a celebrar, porque Él mismo es nuestra Paz”.

Con información de agencias.

IG

¿Qué lógicas y personas estuvieron en sus laboratorios y en sus salas de máquinas? ¿Qué márgenes tenemos para sus cambios y para hacerles ajustes interpretativos judiciales y legales?

Una mirada regional latinoamericana desde el siglo XIX hasta los procesos contemporáneos de la mano de Javier Couso (Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y profesor en la Universidad de Utrecht, Holanda) y Roberto Gargarella (doctor en derecho, profesor UBA-UTDT, Conicet).

Conducción: Gustavo Arballo

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia este miércoles una serie de obras en el Centro de Trasbordo de Constitución, con el objetivo de aumentar la seguridad y la circulación en una zona crítica para la movilidad porteña. Las obras se extenderán hasta el viernes 28 de octubre e implicarán desvíos al tránsito y reubicación temporal de paradas de colectivos.

Los trabajos forman parte de la primera etapa del plan de mejora en distintos Centros de Trasbordo de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña. Están enfocados en agilizar la operatividad de estos nodos de las redes de colectivos, subte, trenes y bicicletas.

El Centro de Trasbordo de Constitución, en la que circulan unas 300 mil personas por día, es la primera locación en la que se efectuarán estas labores con el fin de priorizar cruces peatonales, mejorar los espacios de espera y reducir la velocidad de circulación de los vehículos.

Comprenderá intervenciones en la avenida Brasil y en la calle Salta.

En Brasil, la artería que se ubica entre la vieja estación Constitución del tren Roca y el centro de acceso inaugurado en 2017, se emplazará una elevación del cruce peatonal. También se harán trabajos pluviales, adecuación de rampas vehiculares y accesos a las paradas y la colocación de tótems, direccionadores y cartelería para información.

Las obras en la calle Salta incluirán el ensanche de la vereda, de tres metros, entre la esquina con la avenida Brasil y la intersección con la calle O'Brien, con su solado respectivo. También se reforzará la seguridad vial.

Dónde son las reubicaciones de las paradas en Constitución

NB

Resiste cierta singularidad urbana en Montserrat y Constitución gracias a la inmigración de República Dominicana. La especialidad son las peluquerías y barbershops que poblan esos barrios. Dicen que es un rasgo cultural, que en Santo Domingo hay una peluquería por cuadra, pero, además, su presencia vuelve peculiar a esa zona de Capital Federal y aparta el fenómeno de la gentrificación, ese proceso que se produce cuando las clases más populares son desplazadas por la llegada de nuevos vecinos con mayor poder adquisitivo, como sucedió en Palermo.

Ahora, amenazados por la crisis económica, algunos de esos comerciantes ya no saben si siguen o no en el país. Cuentan haber llegado a la Argentina en lo que perciben como otra época donde pudieron progresar. Se sienten agradecidos por lo que les dio el país, pero para ellos ya no es el mismo.

“Estaba buenísima Argentina cuando llegué acá, en 2014. Ahora es el peor momento, mal. No sé qué hacer. Quizá me voy, quizá me quede, quizá la luche, quizá no”, dijo el peluquero Alejandro Sosa, 37 años, socio en una peluquería y barbershop sobre Avenida Independencia, en Montserrat. La percepción que tienen del decaimiento de la economía pasa principalmente por la devaluación del peso frente al dólar. Entre enero y julio de este año, el peso perdió 24,7% frente al cambio oficial, contra un promedio de 7% de los demás países de la región.

Cuentan estar siempre atentos al cambio, día a día, casi como lo único que acompañan sobre la situación económica de Argentina, pues la mayoría de esos comerciantes mantiene a sus familias en Dominicana y el envío de dinero es en dólar. “Demoro un mes entero trabajando para mandar plata. Antes mandaba quincenal, mi madre y mi hija estaban de risa. Ahora hago un envío mensual, si acaso, pero está la luz, el agua, el ABL, todo. Es increíble. Todo sube”, dice Sosa. 

Es también el caso de la peluquera dominicana María Ramona Concepción, que hace 11 años vive en Argentina. Dueña de una peluquería en Constitución, ella cuenta que con el trabajo acá pudo comprar su casa en Santo Domingo, pero ahora envía menos de la mitad del dinero que mandaba para mantener a su familia. Por eso, está decidida a dejar el país. En la calle San José, desde la esquina con Avenida Independencia, hay cuatro peluquerías de dueños dominicanos. En Montserrat, en la calle Salta al 600, en la misma cuadra, funcionan tres peluquerías, todas de dueños inmigrantes. 

“Mandé algo (de dinero) para arreglar el techo. Para enviar me cobraron un dineral. Los mil pesos de hoy es como si fueran los cien pesos de antes, o quizá menos. Me voy por la situación. El peso no nos rinde para nada. No sirve para enviar a nuestro país”, lamenta Romana, 58 años. Ella asumió como dueña de la peluquería en el 2016, anteriormente el negocio era administrado por una pareja de dominicanos. 

Entre los peluqueros de la zona hay un discurso parejo sobre la inflación. Dicen que no pueden aumentar los precios, al menos según el ritmo de la inflación, por el aumento de la competencia y porque creen que el cliente no va a poder la diferencia. “No podemos subir los precios, alrededor están como nosotros. Si aumentamos nadie va a venir y van a otros lugares más baratos.”. Hace cinco años, Willi Nuñez es peluquero y dueño de una peluquería ubicada en Independencia y San José. El negocio anteriormente era también de dominicanos, hoy Nuñez lo administra junto a su hermano y su madre, que trabaja con ellos como peluquera. “Ahora hay más peluquería y hay más crisis. Por día, atendemos a veinticinco, treinta personas. Antes era mucho más. Con el antiguo dueño el negocio tenía cuatro, cinco peluqueros trabajando”. 

Alejandro Sosa dice mantener la misma política, la de no aumentar los precios según la inflación. Además de la gran cantidad de peluquerías en el barrio. “Puedes aumentar $100 pesos, pero los que están afuera (los clientes) están peor que nosotros. No podemos aumentar más que eso, sino vamos a estar sin cliente. Hay mucha competencia ahora”, explica Sosa.

Luego de trabajar con peluqueros dominicanos en Capital, el venezolano de la ciudad de Valencia, Layonel Navaz, 41 años, abrió su propia peluquería y barbería, en Montserrat, hace poco más de un mes. “Trabajé siempre con dominicanos. Hay muchos dominicanos que trabajan con venezolanos acá. Manejamos casi la misma cultura en relación a la peluquería, nos gusta como trabajan los dominicanos y a ellos les gusta como trabajamos los venezolanos”, cuenta Navaz. Él argumenta, como los demás peluqueros de la zona, que no puede subir los precios de acuerdo al ritmo de la inflación. Y pese a la crisis económica, por los logros hasta hoy alcanzados, Nuñez pretende seguir viviendo en Buenos Aires. 

“Llegué un martes y el miércoles estaba trabajando. Compré un auto y una casa en Venezuela. Mientras pueda quedar me voy a quedar, me gusta Argentina, me gusta su cultura, me gusta su gente”, dice Layonel, que también trabajó como peluquero en Brasil, Panamá, Perú y Colombia. De sus experiencias en Latinoamérica, cuenta haber sufrido xenofobia en Brasil, lo que no le pasó en Buenos Aires. “Nunca he sufrido un problema con un argentino, que me haga xenofobia, mis hijos estudian y a ellos igual”, cuenta contento.  

“Negro sin brillo no es negro”

La cantidad de peluquerías de dueños dominicanos en Montserrat y Constitución se explicaría, en parte, por ser un rasgo cultural de Dominicana. “En casi toda cuadra hay una peluquería allá. Llegamos acá siendo peluqueros. Yo voy dos, tres veces a la semana para mantener mi pelo así. Pero ahora voy solo una vez. La mayoría teníamos negocio allá y abrimos acá”, sostuvo Alejandro Sosa, peluquero en Montserrat.

María Ramona Concepción explicó que, además de que sea un hábito bastante común para las dominicanas frecuentar la peluquería, lo que genera mucha demanda, hay también una cuestión social cuando uno decide abrir un negocio como peluquero. “A nosotras allá nos encanta la peluquería, la belleza. Vivimos ese arte. También dependemos de padres pobres que, quizá, no pudieran darnos estudios y nos dedicamos a hacer algo por nosotras mismas”, opina. 

Para el peluquero venezolano Layonel Navaz, República Dominicana y Venezuela comparten casi la misma cultura en relación a la peluquería, aunque con sus diferencias de estilo. “Ellos tienen un lema, ”negro sin brillo no es negro“. La dominicana tiene cabello corto y en rulos, usan mucha peluca, se adaptan el cabello. Nosotros tenemos el cabello largo, natural y lacio”. Navaz termina la entrevista con un dicho que resume esa costumbre de ir a la peluquería. “Es como dicen, la peluquería es como el cementerio, entran todos”.

 El Estado y la inmigración

 Según la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el Centro de Integración para personas Migrantes y Refugiadas (CIMR-CABA) fueron atendidas, entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de este año, 107 familias de origen dominicana, sumando 319 personas en total. De las mismas, el 60% recibió apoyo para revisar los estados de los trámites migratorios, y el 34% iniciaron el proceso para sacar la documentación. El primer CIMR a ser inaugurado en el país fue el de Capital Federal, en junio del año pasado. “En este momento funcionan centros en las ciudades de Rosario y La Plata, así como otros se están instalando”, según Federico Montero de la Secretaría de Derechos Humanos.  

Los CIMR son co-gestionados entre la Dirección Nacional de Equidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados, dos agencias de la ONU. 

El Juzgado Civil 93, que había ordenado el desalojo de unas 70 familias que viven en un inmueble del barrio porteño de Constitución, postergó la decisión judicial hasta el próximo 22 de septiembre, tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los habitantes del lugar, informaron hoy fuentes judiciales.

Esta madrugada, la calle Solís al 1800 amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad que fueron desplazados para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia para proceder a una orden de desalojo.

En el inmueble, entre 80 y 100 personas se negaron a salir durante toda la mañana y personal de la Defensoría del Pueblo y del Buenos Aires Presente (BAP) iniciaron conversaciones con los moradores a fin de llegar a un acuerdo.

Asimismo, en la puerta del lugar se concentraron familiares de los habitantes y organizaciones sociales para visibilizar la situación que, según explicaron, se dio sin aviso previo y pese a que los inquilinos pagaban un alquiler por el lugar donde viven.

La orden judicial librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó el desalojo de las personas y del retiro de los muebles pertenecientes a los ocupantes, debido a vencimiento de un contrato.

Sin embargo, pasadas las 14 se anunció que la misma quedaba sin efecto hasta el jueves 22 de septiembre, en tanto que personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar.

Mientras los efectivos policiales se retiraban y procedían a levantar las vallas y habilitar la circulación vehicular, algunos de los habitantes del inmueble señalaron a la prensa que “no es posible” conseguir un lugar donde vivir en diez días y que temen quedar en la calle.

DA

Tal como lo habían previsto las encuestas, en las urnas Chile echó por tierra la propuesta de nueva constitución que realizó el grupo de 155 convencionales electos para ese fin. La opción “Rechazo” se impuso por 61.87% sobre el “Apruebo” en el plebiscito de este domingo. El presidente Gabriel Boric habló después de confirmarse el resultado y aseguró que mañana convocará a las fuerzas políticas para definir cómo seguirá ahora el nuevo itinerario constitucional. Calificó que el mensaje fue claro: “el pueblo no quedó satisfecho con la propuesta” y dijo que hará una autocrítica y anticipó que habrá “ajustes en su equipo de gobierno”.

Con este resultado, Chile cierra el proceso de cambio constitucional que inició en octubre de 2020, cuando 78,2 por ciento había votado a favor de cambiar la actual Constitución, instaurada en 1980, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Este resultado, que fue promovido por fuerzas de centro, derecha y algunos socialistas, se ha dicho que supondrá el inicio de un nuevo proceso, aunque eso dependerá de los acuerdos que se gesten entre el Ejecutivo y el Congreso en los próximos días.

A este resultado le había precedido —el jueves— un multitudinario acto de cierre de campaña a favor de la opción Apruebo, lo que a muchos hizo reavivar la posibilidad de un vuelco en lo que venían presagiando las encuestas, que desde abril habían comenzado a mostrar que la opción Rechazo superaba al Apruebo, tendencia que se mantuvo durante todo el periodo de campaña, aunque esa brecha había empezado a estrecharse en el último tiempo, pero siempre con un promedio de 10 puntos de diferencia.

Los cómputos oficiales indicaban con el 99,86 por ciento de mesas escrutadas cerca de 80% la participación, de un padrón total de 15.173.857 electores, compuesto de un 51% de mujeres y 49% de hombres.

Un día de votación 

En total normalidad, a eso de las 9:00 de la mañana ya estaba el 100% de las mesas de votación constituidas. El clima acompañó, un sol radiante en gran parte del país ayudó a que la gente saliera desde temprano a sufragar. En varios centros de votación hubo largas colas pero que avanzaban rápido, debido a la sencillez del voto con solo dos opciones: Apruebo o Rechazo.

Desde el retorno a la democracia que Chile no tenía una elección con voto obligatorio, ya que hasta 2012 era obligatorio sufragar, pero solo para quienes previa y voluntariamente se hubiesen inscrito en los registros electorales. Y sobre todo la juventud era bastante reacia a hacerlo.

Las primeras informaciones del Servicio Electoral reportaban que sufragaron cerca de 12 millones de los 15 millones que estarían habilitados. La penalización por no votar era una multa cercana a 120 dólares.

Existían razones para excusarse de la obligación de sufragar, como encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Aunque, esto requería dejar constancia en la policía, lo que hicieron cerca de 55 mil personas. 

Este trámite, trajo más de alguna sorpresa. Por ejemplo, en la región de La Araucanía (vecina de la provincia de Neuquén) hubo tres personas que acudieron a comisarías para excusarse de votar sin percatarse que tenían asuntos pendientes con la justicia. Un sujeto de 24 años fue detenido por una causa abierta por un homicidio ocurrido en Rengo, localidad ubicada —efectivamente— a 480 kilómetros de donde se encontraba.

Igual suerte corrieron otras dos personas: una mujer con una orden pendiente por conducir en estado de ebriedad y otra por robo en lugar habitado. Ambas quedaron detenidas.

El proceso constitucional de Chile

El proceso constitucional de Chile se inició formalmente en noviembre de 2019 con un acuerdo político transversal, en medio del complejo panorama que significó el estallido social de 2019, bajo el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera —centro derecha—, cuando se registraron protestas de una magnitud inusitada, con múltiples demandas ciudadanas. 

Ante esta situación, las fuerzas parlamentarias del Congreso decidieron consultar a la ciudadanía la pertinencia de redactar una nueva carta magna, en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. 

En el Plebiscito de entrada, la ciudadanía decidió —por un 78,2%— que se redactase una nueva Constitución y que fuera un órgano electo especialmente para dicha función quien lo hiciera (79%), sin parlamentarios. Al año siguiente, la elección de convencionales tuvo un resultado atípico para el sistema político chileno, resultando electos 155 constituyentes, con una composición paritaria, mayoría de independientes y una baja representación de la derecha, además de 17 escaños reservados para pueblos originarios.  

Lo que viene en Chile

Las cifras de hoy fueron categóricas, al igual como las que dijeron en octubre de 2020 que se quería cambiar la Constitución de 1980. Por ello, si bien analistas y constitucionalistas coinciden en que el triunfo del Rechazo deja en foja cero este proceso, se espera que pronto y acuerdos políticos mediante, debería abrirse un nuevo proceso de ajuste constitucional. Así también lo aseguró el presidente Boric cuando habló después de conocerse el resultado. El mandatario habló de una necesidad de autocrítica, habló de ajustes en el equipo de gobierno y que “el camino a una nueva constitución jamás será obstáculos para las exigencias” que el pueblo chileno les demanda.

Pero por ahora no existe un camino legal que indique cómo seguir, por lo que si se inicia o no un nuevo proceso constituyente depende de los acuerdos que logren los grupos políticos. En las últimas semanas ha habido conversaciones cruzadas en los distintos sectores —de izquierda a derecha y también con el Ejecutivo— pero nada concluyente, pues lo que viniera dependería en gran parte de las correlaciones de fuerza que quedarán establecidas tras el resultado del plebiscito. Y este fue contundente, pues al cierre de esta edición, la opción Rechazo superaba por cerca de 24 punto al Apruebo.

Hoy, después de votar, el Presidente Boric señaló que su voluntad era convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos para seguir adelante con el proceso de cambio constitucional. Quedará por verse si contará con la fuerza para conducirlo.

SP

El rechazo a la nueva Constitución de Chile se consolidaba con 62,20% de los votos válidos del plebiscito de hoy, cuando se había completado 72,19% del escrutinio oficial.

Con este contundente rechazo, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional. Sin embargo, crece la incertidumbre porque aún no hay acuerdo político sobre cómo se desarrollará este nuevo proceso.

Mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para mañana, a las 16, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.

El primer boletín del Servicio Electoral (Servel) marcó ventaja para el Apruebo, con 52,52% de los votos y 0,83 de las mesas escrutadas -la mayoría de ellas, del exterior- pero ya en el segundo había pasado al frente el rechazo, con 54,90% de los sufragios y 1,54% de las mesas relevadas.

De los votos computados, 97,92% fueron válidos; 1,50%, nulos, y 0,58%, en blanco, según los datos del Servel publicados en su sitio web.

Los chilenos fueron hoy a las urnas para decidir en plebiscito si aprueban o rechazan el proyecto de Constitución elaborado con el fin de sustituir la carta magna vigente, sancionada durante la última dictadura (1973-90).

Las encuestas vaticinaron una desaprobación mayoritaria.

Las autoridades informaron que el resultado iba a conocerse esta misma noche y fuentes del Servel anticiparon que tal vez pudiera haber un cómputo irreversible entre dos y tres horas después de que se cerraran los centros de votación, poco después de las 19 (las 20 en la Argentina).

La expectativa era enorme no solo por lo trascendente de la decisión sino por el hecho de que, a diferencia de las elecciones generales -a las que suele concurrir alrededor de la mitad del padrón-, esta vez el voto era obligatorio para los alrededor de 15 millones de ciudadanos registrados.

Noticia en desarrollo.

NB con información de agencia Télam.

Cerca de 3.000 centros de votación abrieron este domingo en Chile para dar inicio a una de las votaciones más importantes de su historia reciente, en la que más de 15,1 millones chilenos decidirán si aprueban o rechazan la propuesta de nueva Constitución.

De aprobarse, el texto sustituirá a la actual Carta Magna, heredada de la dictadura (1973-1990) y vista por una parte de la sociedad como el origen de las desigualdades del país por fomentar la privatización de servicios básicos, como educación, salud o pensiones.

De rechazarse, seguirá vigente la actual Ley Fundamental, aunque el presidente chileno, Gabriel Boric, ya anunció que convocará un nuevo proceso constituyente y que se cumplirá con el mandato del plebiscito de octubre de 2020, en el que casi el 80 % de los chilenos pidió un cambio constitucional.

Las urnas estarán abiertas hasta las 18.00 hora local (21.00 GMT) y el resultado, que se espera muy ajustado, se conocerá un par de horas más tarde.

Al filo de la medianoche, el mandatario dijo en un mensaje en Twitter que “el domingo será un gran día” y se mostró “profundamente orgulloso” de que la sociedad haya “llegado aquí”.

“En Chile, nuestras diferencias las resolvemos con más democracia, no con menos”, agregó.

Resultado incierto

Boric votó esta mañana en la sureña ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes, acompañado de su pareja, Irina Karamanos y de su familia, y llamó a los chilenos a ejercer su “derecho y deber de ser protagonistas de la historia de Chile” en el plebiscito constitucional que aprobará o rechazará la propuesta de nueva Constitución.

El presidente llegó caminando al centro de votación, ya que la casa de sus padres está a sólo media cuadra, trayecto en el que recibió saludos y aplausos de las personas que asistieron a saludarlo a pesar del frío.

El mandatario, vestido con sobretodo negro, llegó a las 9 y media (Punta Arenas tiene una hora más que el resto del país) al Liceo Industrial Armando Quezada Acharan y en menos de cinco minutos emitió su voto ante los aplausos de los presentes.

Al salir del centro de votación, como había adelantado al ingreso, habló con la prensa y dijo que los chilenos se deben “sentir profundamente orgullosos” del momento histórico que están viviendo.

“Estamos construyendo un país en unidad” y “avanzar en más democracia” fueron algunas de las frases del Presidente en referencia al momento histórico que vive el país.

“Este momento histórico quedará marcado en nuestra memoria por mucho tiempo” dijo el mandatario, quien al igual que las autoridades de la mesa en la que emitió el voto, la 246, tuvo todo el tiempo el barbijo puesto.

“Independiente del resultado” dijo que su rol es “encontrarnos como país” y “seguir gobernando firmes en el timón”.

El Presidente también adelantó que el proceso constituyente continuará independiente del resultado, ya que si gana el apruebo convocará a un comité de expertos para colaborar en la implementación y cambios en el nuevo texto constitucional, y si gana la “otra opción” buscarán la manera de comenzar otro proceso constituyente.

Boric se dispuso luego de votar a viajar a Santiago en un vuelo de la Fuerza Aérea.

Los últimos sondeos revelaron que se mantiene la tendencia a rechazar el texto, pero los expertos alertan de que el escenario está abierto porque por primera vez el voto es universal y obligatorio y hay una gran bolsa de votantes que llevan años ausentes de las urnas.

El nuevo texto declara a Chile un “Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico”, consagra un catálogo de nuevos derechos sociales y establece que su democracia es “paritaria e inclusiva”.

“Hay asuntos en que el texto es de los más vanguardistas del mundo, en sobre todo materia de igualdad de género y protección de la naturaleza”, dijo a Efe el constitucionalista Tomás Jordán, de la Universidad Alerto Hurtado.

Sus defensores dicen que ayudará a crear un Chile “más justo”, la principal demanda que los ciudadanos expresaron en la ola de protestas de 2019, mientras que sus detractores argumentan que es un texto “radical” y que “no une al país”.

CRM con información de la agencia EFE

El plebiscito del domingo en Chile es vivido por muchos como una disyuntiva fatal: para algunos el proyecto de Nueva Constitución permitirá, por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, la posibilidad de una democracia verdadera; para otros, se trata de un proyecto defectuoso que podría amenazar la unidad de la nación al reconocer la plurinacionalidad, o llevar, con la eliminación del senado y su reemplazo por una incierta Cámara de regiones, a un hiper-presidencialismo. Además de las opciones de Apruebo o Rechazo a la Nueva Constitución, se proponen otras como expresión de deseo: aprobar o rechazar para reformar. Detrás del plebiscito, y de las esperanzas y miedos de su resultado, se esconden problemas relacionados a la formación de repúblicas en América Latina (la única región junto con el Caribe declarada zona prioritaria en las relaciones internacionales) que permiten inscribir el momento constitucional chileno en una historia atravesada por el constitucionalismo y la violencia política en el continente.

Desde las revoluciones en las trece colonias británicas de América del Norte, en Francia, en Santo Domingo y en Hispanoamérica, todo poder, para ser legítimo, comenzó a depender de algo que en la actualidad resulta evidente pero estaba lejos de serlo a fines del siglo XVIII y principios del XIX: una Constitución. A partir de 1811 con la promulgación de la constitución de Cundinamarca, en la actual Colombia, América Latina representó el mayor laboratorio de experimentación constitucional del globo: proyectos y constituciones republicanas y monárquicas, ensayos en su mayoría efímeros en que los actores imaginaron la difícil tarea de darse reglas para vivir en común frente a un escenario incierto atravesado por la guerra, las distinciones sociales y raciales, y la novedad de tener que auto-gobernarse.

El plebiscito del 4 de septiembre no sólo se refiere a aprobar o rechazar la Nueva Constitución chilena sino también cómo concebir la democracia, los derechos, las libertades: principios que organizan la vida en común en la América Latina independiente.

Varios artículos de la Nueva Constitución chilena responden a demandas propias del tiempo presente: los derechos de la naturaleza, la paridad de género o el reconocimiento de la neurodiversidad. Pero la mayoría refieren a problemas constitutivos de la modernidad política, expresada en las primeras constituciones occidentales: los usos del concepto de pueblo y nación; las formas de representación de la soberanía; la división de poderes; la organización federal o centralista del territorio, las elecciones; las relaciones entre república y democracia; los derechos ciudadanos. Por ejemplo, el artículo 4 del Proyecto retoma el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789: las personas nacen y permanecen libres e iguales. Se fija así un horizonte regulador político, ausente de la actual Constitución chilena (creada en 1980) donde se declara que las personas nacen libres e iguales pero no se establece su permanencia en esta condición.

Principio y enigma de toda Constitución, el concepto de pueblo refiere necesariamente a un principio ambiguo. Las constituciones afirman al pueblo (absoluto, indivisible, perpetuo) como el origen de la soberanía y de la legitimidad política. Pero por otro lado muestran las dificultades para traducir este principio abstracto en la sociedad, donde coexisten intereses diversos que pretenden representar a ese pueblo. En el proyecto de Nueva Constitución de Chile el pueblo en singular solo aparece en el artículo 2: “la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones”. Una misma frase conjuga la tensión de lo uno y lo múltiple. Por sobre la diversidad nacional, cultural, regional, existe un solo Estado, Chile, que forma “un territorio único e indivisible”.

Las repúblicas en América Latina se construyeron a través de las constituciones y de la guerra. El historiador Tulio Halperin Donghi explicaba que con la resistencia a las invasiones inglesas en 1806 y 1807 se había producido en el Río de la Plata un fenómeno que puede traspasarse al resto del continente en el siglo XIX y el XX: la militarización de la política, es decir, la dependencia o condicionamiento de la política del poder militar.

La actual Constitución de Chile, aún con las reformas de 1989 y 2005, muestra una visión militarizada de la política basada en el concepto de orden, propia del contexto de la dictadura en la que fue concebida. Se trata de un sentido particular del orden con el que se buscó organizar la sociedad. El primer deber del Estado se señala en el artículo 1 es “resguardar la seguridad nacional”. Las fuerzas armadas y de seguridad pública, la familia (católica) y los cuerpos intermedios forman la arquitectura social de esta visión del orden.

Las palabras “democracia” y “derechos humanos” no aparecen en la Constitución vigente, salvo para afirmar que Chile es una “República democrática” y que “el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos”. Así, la Constitución refleja en sus artículos una contradicción. Si la vida democrática implica por esencia la división y el conflicto permanente entre partes del pueblo que a pesar de sus distintos deseos deben acordar reglas comunes, con la Constitución de 1980 se buscó “dar forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida”, según la fórmula propuesta en 1977 por Pinochet en su discurso del Cerro Chacarillas. A partir de este caso, Robert Barros explicaba en su libro La Junta Militar, Pinochet y la Constitución de 1980 que las constituciones y los límites al poder político no solo son una condición para las democracias. También pueden ser compatibles con regímenes autoritarios.

El último Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de enero pasado, indica que, tras la transición a la democracia, Chile cuenta con un “sistema democrático y un sólido Estado de Derecho” pero que “dentro del ordenamiento jurídico” persiste un “contexto de vulneración de derechos humanos”, como se observó durante el estallido social entre octubre de 2019 y enero de 2020 cuando hubo 31 muertos y 3800 heridos relacionados con la represión de las fuerzas del orden. La Nueva Constitución es la respuesta política a aquel contexto, y al referéndum de octubre de 2020 en que el 78% de los votantes aprobó cambiar la Constitución.

La dicotomía Apruebo / Rechazo simplifica un proyecto constitucional de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias para su implementación. Como en toda constitución, la coherencia y solidez jurídica convive con debilidades teóricas, contradicciones e incertidumbres. Pero el plebiscito no solo se refiere a la Nueva Constitución chilena (y a la vigencia o no de la actual), sino también a formas diversas de concebir la democracia, los derechos, las libertades, en fin, los principios cambiantes que desde las revoluciones de principios del siglo XIX organizan la vida común independiente en Chile y en América Latina. Y que continuarán debatiéndose sea cuál sea el resultado de la elección.

AGB

Pocos procesos democráticos han llamado tanto la atención mundial como el de la creación de una Constitución política de un país. Y no estamos hablando aquí de un país lejano, extremo, de lengua extraña. Estamos hablando de Chile, con el que Argentina comparte casi 5.200 kilómetros de frontera.

Para los especialistas del derecho, éste proceso de pensar una nueva carta magna, que finalizará este domingo 4 de septiembre con la votación popular (y obligatoria, algo nuevo en el país trasandino), comenzó a mediados de mayo con la elección de las personas, en su mayoría independientes, que la escribirían. Pero, en realidad, este instrumento legal es el resultado del estallido social que se vivió en Chile en octubre de 2019, que, como terremoto vital movió la estantería político-social más conservadora de Sudamérica.

Como parte de esa mentalidad de status quo, los grandes medios de comunicación chilenos han optado por ignorar el resultado de la Convención Constituyente, la primera Constitución Nacional creada por la gente en el mundo. Ante esa falta de información, la Plataforma Contexto, con el apoyo de la Universidad Diego Portales, el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género y el Observatorio Ciudadano, decidió publicar el libro “La Nueva Constitución de Chile con Peras y Manzanas”, para “entregar a la ciudadanía las herramientas necesarias para votar de manera informada en el plebiscito del 4 de septiembre”.

“La producción del libro cumple con el objetivo principal del proyecto de Plataforma Contexto: informar a la ciudadanía sobre el proceso constituyente y la propuesta constitucional con lenguaje simple, accesible y comprensible, para promover una participación ciudadana activa e informada en el proceso, y particularmente un voto informado en el plebiscito del 4 de septiembre. Busca acercar a la ciudadanía los debates constitucionales que son a veces muy técnicos, planteándolos en un lenguaje más ciudadano y que sea comprensible para personas no expertas”. Quien esto sostiene es Amy Kershenbaum es filóloga, Co-Directora en el Observatorio Latinoamericano sobre Odio, Racismo y Xenofobia, y una de las autoras de la publicación.

Para lograr que el lenguaje fuera simple, accesible y comprensible, los responsables de este pequeño gran libro (80 páginas) optaron por hacer infografías en lugar de textos crípticos para pocos, como suelen ser los textos constitucionales.

-¿Por qué se hacía necesario explicar algo “con peras y manzanas”?

- Porque los temas constitucionales resultan ser muy complejos, aunque hablan de temas que nos importan y, por sobre todas las cosas, nos afectan a todos. Por lo que resultaba muy necesario que hubiera una versión simplificada de los temas más relevantes. La diseñadora Catalina Pérez, del Estudio Otros Pérez, fue una de las responsables de las infografías del libro.

Analizando la elección de los temas de la publicación hasta un extranjero puede llegar a entender el fenómeno de desinformación que ha predominado durante estos meses en Chile, sin dejar pasar el gran apoyo económico privado para que nada cambie. Por ejemplo, de un total de donaciones a ambas campañas, que llegó a 2.066.952.841 pesos chilenos (U$S 2.327.768,95), el 79,3% fue para rechazar la Nueva Constitución.

Entonces, ésta especie de guía para saber votar tuvo que preocuparse también por dar respuestas a muchas cuestiones que eran más de sentido común que a verdaderos conceptos constitucionales modernos. Por ejemplo, ¿en qué me podría afectar esta Nueva Constitución en mi derecho a la propiedad?, principal muletilla de los sectores de derecha para generar temor en los ciudadanos, para desviar la atención de cuestiones trascendentales como los derechos de las mujeres y la necesidad de una equidad de género.

Tanto ha sido la guerra contra la Nueva Constitución que sectores de la derecha chilena han mandado a imprimir ejemplares apócrifos, llenos de falsedades, para generar confusión entre la ciudadanía. Por eso, “Con peras y manzanas” se completaba con un glosario de términos relevantes que se deberían conocer, y una línea de tiempo que ofrecía más precisiones sobre la implementación de los cambios propuestos. “Debido a la gran extensión del texto constitucional propuesto, era necesario incorporar sólo algunos de los temas allí planteados. Se eligieron aquellos temas que constituyen pilares fundamentales de la Constitución; algunos que a nuestro juicio han suscitado mayor interés ciudadano; y otros que representan grandes innovaciones en materia de derecho constitucional”, agrega Kershenbaum.

La producción del libro fue financiada por la Plataforma Contexto, con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, con sede en Bonn, Alemania. En este aspecto, tanto Kershenbaum como Pérez se apuran a aclarar que el proyecto “no contó con ningún apoyo ni participación del gobierno de Gabriel Boric”.

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”. Así se puede leer en la primera línea de la Nueva Constitución propuesta y, a pesar de las encuestas hablan de un resultado incierto para el domingo, demuestra la importancia de la participación de la mujer en el proceso constitucional. En una encuesta reciente, la Corporación Humanas, en conjunto con la organización Nada Sin Nosotras, el Centro de Estudios de la Mujer y el Observatorio de Género y Equidad, llegó a la conclusión  que más de un 56% de mujeres ve con esperanza la nueva Constitución, como parte de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión y Percepción de las Mujeres sobre el proceso constituyente en Chile. ¨Fue muy ver un video de un par de chicas menores de 10 años ojeando el libro y disfrutando entender parte del proceso. También ver cómo la gente hacía largas filas en las plazas y ciudades donde se daban en forma gratuita el libro¨, agrega Pérez. 

Se imprimieron 19.000 ejemplares del libro para entrega gratuita a ciudadanos y ciudadanas en diferentes partes del país. Se han hecho entregas públicas en un total de 43 localidades en 9 regiones del país, siendo muchos de los puntos de entrega en pueblos pequeños donde llega muy poca información sobre el proceso constituyente y la propuesta constitucional. “La recepción del libro ha sido tremendamente positiva”, explica Kershenbaum. Los puntos de entrega eran informados a través de las redes sociales de Contexto, y en muchas ocasiones, como por ejemplo en las comunas populares de Puente Alto y Maipú, cuando llegaba el equipo al punto de entrega se encontraba con más de 300 personas, haciendo fila para recibir su copia del libro.

El diseño general del libro lo desarrolló Otros Libros, el proyecto editorial estuvo en manos de la agencia de diseño Otros Pérez y la edición de contenidos estuvo a cargo de Albert Soto, Amy Kershenbaum, Paola Díaz, Fabián Flores, Claudio Fuentes, Consuelo Rebolledo y Fernanda Vargas. Para bajar el libro en pdf se puede hacer en este link.

NBB

Pasadas las 13.30 hora local (12.30 hora argentina), Héctor Llaitul fue arrestado en un restaurante en la ciudad de Cañete, a 550 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El arresto se obró “sin oponer resistencia” el líder radical mapuche, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Minutos después, Llaitul fue trasladado en helicóptero hasta un cuartel policial en la vecina Temuco, capital de la región de La Araucanía y epicentro del llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta desde hace décadas al principal pueblo indígena chileno con el Estado y grandes empresas forestales y agrícolas. Es el líder, mayor ideólogo actual e infatigable animador de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur.

Para el arresto se invocó la Ley de Seguridad del Estado. Gabriel Boric había hecho campaña con la promesa de que su Gobierno se abstendría de usar esta herramienta. Al día de asumir, la Presidencia desestimó cientos de denucias que invocaban esta Ley.

La detención de Llaitul fue pedida por la Justicia. Está imputado como presunto autor de delitos de “hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad”.

“Como Gobierno queremos constatar que el Estado de derecho funciona y nadie está por sobre la ley”, dijo la ministra chilena del Interior, Izkia Siches, en una rueda de prensa en el palacio presidencial de La Moneda.

Una investigación iniciada en 2020

La detención de Llaitul, que el jueves pasará a disposición judicial, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia presentada por la Administración anterior, encabezada por Sebastián Piñera (2018-2022).

Pese a negarse en un inicio, el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric amplió la denuncia contra Llaitul el pasado julio luego de que este llamara a continuar los sabotajes.

Siches confirmó que el Gobierno “participará de las audiencia y solicitará las medidas cautelares según los hechos delictivos que sean analizados por los equipos jurídicos”. “Hemos logrado, desde nuestro punto de vista, demostrar no sólo la existencia de los delitos, sino la participación del imputado en ellos”, explicó en otra rueda de prensa en el sur el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido.

Llaitul, de 54 años, es uno de los rostros más visibles de la lucha armada mapuche y fue fundador en 1997 de la CAM, una agrupación que busca la “liberación nacional” del pueblo mapuche y de la que se han desmarcado grupos más radicales como la WAM (Weichán Auka Mapu).

El conflicto con este pueblo indígena se ha recrudecido en los últimos tiempos, con ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta casi a diario, así como tiroteos con víctimas mortales.

El experto mapuche y profesor de la Universidad de Chile Salvador Millaleo afirmó en declaraciones a la agencia española Efe que no descarta “reacciones” de la CAM y otros grupos y aseguró que el conflicto, en especial el robo de madera, no se resuelve con la detención de Llaitul.

“La incidencia que estos grupos tienen en la cadena de robo de madera es solo una parte. Hay personas que ponen el transporte, que falsifican papeles... Es una cadena muy larga donde incluso podemos pensar que hay parte del sector público involucrado”, añadió Millaleo, quien asesoró al Gobierno de Boric durante sus primeros meses.

¿Influirá el arresto del líder mapuche en el resultado del plebiscito constitucional?

El arresto fue celebrado de manera transversal tanto por el oficialismo de izquierda como por la oposición de derecha y también por las patronales del sur.

El presidente de la Corporación Chilena de Madera (Corma), Juan José Ugarte, resaltó que “la Justicia tarda pero llega” e indicó que “para las víctimas resultaba incompresible que (Llaitul) no estuviera detenido, después de haber confesado su participación en delitos graves”.

“Este es el momento en que el Poder Judicial debe demostrar que puede actuar con firmeza frente al máximo terrorista que opera en Chile y por fin sea juzgado por los graves delitos cometidos por su organización”, subrayó por su parte el presidente de la Multigremial Araucanía, Patricio Santibañez.

La detención de Llaitul tiene lugar 11 días antes de que los chilenos aprueben o rechacen en las urnas la propuesta de nueva Constitución que busca sustituir al texto actual, heredado de la dictadura militar.

Se desconoce el impacto que podría tener en la histórica votación del 4 de septiembre, aunque los expertos advierten que podría influir en los más de indecisos.

La ministra de Interior instó en ese sentido “a no sacar réditos políticos de esta situación y a dejar que las instituciones funcionen”.

AGB con información de agencias y medios

“No son treinta pesos, Piñera, son treinta años” de neoliberalismo es la más famosa de las pintadas de la impaciencia ciudadana del estallido social chileno de octubre de 2019. En noviembre de ese año, el increpado presidente centro derechista Sebastián Piñera, un multimillonario empresario en su segundo período, tenía la solución. Una nueva Constitución, que suplantara a la ultra liberal que el general Pinochet había hecho plebliscitar en 1981 y aún en vigencia. Se convocó a un plebiscito para decidir si convocar a una Convención Constitucional, y tanto el voto por el SÍ como la participación electoral fueron números récord en la historia de la democracia de la República. 

En diciembre, la coalición que llevaba como candidato al presidente Gabriel Boric, de una izquierda sin atenuantes centristas, aliada con el Partido Comunista. A la izquierda de la Concertación de democristrianos, socialdemócratas socialistas que había gobernado Chile desde 1989, salvo los dos mandatos de Piñera, se impuso con más votos que ningún otro aspirante a La Moneda nunca antes.

La izquierda rejuvenecida en sus cuadros y revigorizada y renovada en la firmeza de sus intransigencias doctrinarias y militantes derrotó la segunda vuelta presidencial a una coalición de derecha también cambiada, pero endurecida en lugar de fortalecida, y más gerontocrática en su fisonomía.

El candidato salido de las primarias derechistas, desconcertantes por las inquinas internas y escándalos personales, fue José Antonio Kast. Un independiente, de derecha sin adjetivos, la que litigia por ecuanimidad para el legado de Pinochet: no todo habría sido dictatorial en aquella dictadura cívico-militar, reclaman. Kast era, y es, un político a la vez más torpe y más anticuado que la centro-derecha que fue el Establishment opositor de la Concertación en el ciclo de alternacia al que puso fin la victoria de Boric. Casi una caricatura, en sus momentos más malogrados, de esa derecha neoliberal en la economía, conservadora en la sociedad, y católica reaccionaria los domingos. Cada vez que hablan, aun ahora, para impulsar el Rechazo a la nueva Constitución proyectada, suena su verba más florida e inflamada y con mayor penuria de recursos crematísticos y mentales que el ex presidente. Sebastián Piñera es un mercader eufórico, líder autocomplaciente de la centro-derecha aggiornada con perspectiva de género y orador de discursos de frases calculadas pagadas con cambio chico para que nunca falte el aire ni el autocontrol aprendido.

Boric fue el candidato, y es el presidente, del estallido social. Y a principios de 2022 era todavía el mandatario electo que creía que con su triunfo en el balotaje había contraído nupcias de vínculo con el destino y el progreso de la Convención Constitucional. La que tras un año de labores, concluyó su Proyecto en fecha y lo presentó y se disolvió en fecha. El 4 de septiembre, en un plebiscito obligatorio en un país donde el voto es optativo, la ciudadanía dirimirá si entra en vigencia eligiendo entre las alternativas del Apruebo y el Rechazo. 

El 4 de septiembre Chile votará Apruebo o Rechazo del texto constitucional que busca sustituir a la Constitución pinochetista aún vigente. Nadie quiere el retorno a 1981, nadie quiere imponer sin modificar la nueva Ley Suprema redactada por la Convención.

Al asumir en marzo, Boric había ligado el destino de su gobierno a la victoria del Apruebo. Poco a poco, se fue desligando, con más realismo y prudencia que desesperación o improvisación. Hoy todas las encuestas, incluso las del gobierno, dan por ganador al Rechazo. Y ya no existen las opciones polarizadas de Apruebo (la nueva Constitución tal como la redactó la Convención) y el Rechazo (y por lo tanto el continuismo de la Constitución pinochetista). Las dos opciones antagónicas ven su antagonismo mitigado. Porque ahora se formulan como Apruebo para reformar vs Rechazo para reformar. Cada una a su modo, las dos aceptan continuar el proceso constituyente, y ninguna acepta cancelarlo. 

Hay un crecimiento cuyo ascenso, sin par en otras instituciones o categorías y sin desvío en su curso ni desfallecimiento en la constancia del aumento récord de sus números, que puede seguirse en las encuestas de opinión regulares chilenas. Su relevancia se disimula, porque hay que buscarlo en otras páginas, otras tortas, otras láminas que aquellas que graficaban cromáticas el reparto de las sucesivas intenciones de voto en las cada vez más abundantes consultas populares, plebiscitos constitucionales, primarias partidarias y frentistas, elecciones constituyentes, regionales, legislativas, generales, y presidenciales en primera y segunda vuelta de dos años de una calistenia electoral nunca antes vista (sometida además a reprogramaciones de fecha durante la crisis sanitaria). Para mencionar sólo los porcentajes del Centro de Estudios Públicos (CEP), no hay Apruebo en Chile que pueda parangonarse en su siempre ensanchado entusiasmo afirmativo con el que sin una sola desaceleración o siquiera descanso elige y reelige como institución más confiable a Carabineros.

Al momento del estallido social de octubre de 2019, la aprobación por las singulares Fuerzas de Seguridad militarizadas chilenas era de sólo el 17 por ciento. Esa imagen positiva duplicó sus sufragios, y en julio de 2022 subió al 40 por ciento. Son menos de tres años, y la población consultada por las rutinarias demoscopías es la misma, y un año de pandemia y cuarentenas la inmovilizó aún más en su territorio sin mudanzas.

Según las interpretaciones opositoras, el giro de la opinión tiene una causa tan inmediata como poderosa en el aumento de la inseguridad, de la que los-actos-vandálicos-que-acompañaron-a-la-protesta-social-legítima fueron fautor, en el desencanto con las alamedas y el hombre nuevo que un Proyecto Constitucional dibujó en una Convención degradada por fraudes, impericias técnicas, estridencias retóricas, performances vindicativas, y en el retiro de la confianza a un Ejecutivo joven pero desgarbado, rico en gaffes, marchas atrás y disonancias internas entre comunistas, frenteamplistas, y aliados de la vieja Concertación, tan odiosos como insustituibles para que el candidato que había salido segundo en la primera vuelta se impusiera en el balotaje presidencial. Este friso sin vacíos ni lagunas, sin piezas que falten, donde la figura del presente se compuso eslabonando con el siguiente cada uno de sus mosaicos rencorosos, revela con pareja minucia qué piensan quienes así interpretan la encrucijada electoral del plebiscito, aunque la conjetura que ofrecen como de sus causas y de su desenlace tenga como sostén mayor el horror al vacío y a los cabos sueltos con que la elaboraron.

Hay una explicación que al menos tiene la conveniencia de ser más simple. En 2019 gobernaba la derecha. Y la derecha tenía en el empresario multimillonario Sebastián Piñera que había puesto por segunda vez en La Moneda al presidente más rico de América (mucho más que el inquilino de entonces en la Casa Blanca, el atípico republicano y millonario derechista Donald Trump) y a un líder indiscutido. No insuperable, pero insuperado, en su tienda. El mismo -el único- presidente opositor a la Concertación que había gobernado en todos los treinta años de la transición democrática post-pinochetista. La misma Mayoría concertada de la centro-izquierda que sumando presidencias democristianas, socialdemócratas y socialistas ya había estado al mando de Chile más años que el propio capitán general Augusto Pinochet.

Hoy la derecha no tiene líder, y el presidente de Chile es un ex dirigente estudiantil. Gabriel Boric, de 35 años, sin corbata, ni esposa con papeles, ni prole, que muestra sus tatuajes al interlocutor que curioso pregunta por ellos.

En 2019, parecía impensable, pero no resultó imposible, el eclipse total de Sebastián Piñera, que al segundo mes de su segundo mandato gozaba de una popularidad de casi el 55%, parecía irrealizable una nueva Constitución redactada por una Convención de convencionales de integración prístina, conformada según un voto democrático, con paridad de género en la representación, y escaños reservados para una docena de nacionalidades preexistentes a la llegada del conquistador español Pedro de Valdivia a la loca geografía longitudinal de la próxima Capitanía General imperial y futura República independiente.

Se habían temido los meses anteriores al plebiscito del 4 de septiembre. Las luchas en las calles, las mitológicas contiendas épicas de multitudes enardecidas alimentadas a fake news e ideologías disolventes, la polaridad extrema de dos Chiles irreconciliables: nada de eso, que sí había sido pensado, temido, calculado, ocurrió.

Nadie defiende el texto de la Constitución nueva como está, nadie defiende el texto de la Constitución vieja, la de Pinochet. El clivaje no es entre la Dictadura y el Progresismo, el Neoliberalismo y la Democracia Social, entre la gerontocracia de generales momios y la juventud maravillosa. Es entre dos metodologías para reformar la Constitución, y darle una forma más perfecta, menos imprecisa, más democrática en suma.

AGB