Organizaciones docentes, diversos gremios y jubilados se movilizarán a lo largo de la semana en todo el país en rechazo al Gobierno Nacional. Además, diferentes agrupaciones llevarán a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este lunes comienza una gran movilización y paro internacional convocado por el colectivo Ni Una Menos para visibilizar la violencia de género y la brecha salarial, en el marco del Día de la Mujer. Se concentrarán a las 16.30 en Congreso y marcharán hacia Plaza de Mayo.

A partir del martes, gremios docentes realizarán movilizaciones en Bahía Blanca, convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Multicolor, para reclamar recomposición salarial y exigir la apertura del debate por las paritarias.

Otros gremios que agrupan a empleados estatales continuarán con medidas de fuerza y asambleas sectoriales en rechazo a las políticas salariales y a la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

El miércoles se espera la habitual marcha de jubilados en defensa de sus derechos, donde exigirán nuevamente el aumento de haberes y rechazarán la reforma previsional que propone el oficialismo.

Inés avanza entre la gente con su metro cincuenta, gorra negra, el pelo corto blanco medio celeste y lentes de sol redondos. Tiene 80 años y hace dos se recibió de una carrera universitaria. Estudió artes visuales. Es jubilada y cuenta que cobra apenas un cachito más que la mínima. Su familia la ayuda aunque no le guste. Siempre quiso ser autónoma. Vive sola, hace natación y le gusta pintar.

—Como todos los jubilados, la patronal no te aporta, tenés que ir a juicio y hacer un montón de trámites para jubilarte.

Inés llega a la marcha frente al Congreso Nacional sola. Tiene el celular en la mano y saca fotos de carteles. No va todos los miércoles. Solo los que sabe que va a haber mucha gente y no le va a pegar la Policía. Este 4 de junio quería estar sí o sí. Por los trabajadores del Garrahan, por las y los discapacitados, por la universidad pública que le dio la oportunidad de estudiar a los 70 años y por Ni una Menos, una marcha a la que va desde sus comienzos.

—Ante la movilización el Gobierno no se queda tranquilo, por eso ponen vallas por todos lados. Saben que lo que hacemos es importante y si somos muchos no reprimen.

La marcha de los jubilados y jubiladas de este 4 de junio reunió a todos los sectores y concretó una estrategia que se teje desde hace unos meses: los miércoles como día de lucha, el cordón antirepresivo para cuidar a los más viejos y viejas y la unidad en la diversidad como respuesta a la violencia y las políticas del gobierno de Javier Milei.

En esa unidad estuvieron los feminismos, el colectivo LGTBIQ, residentes, trabajadores y trabajadoras del Garrahan y de otros los hospitales nacionales, discapacitados, familiares y trabajadores que piden la declaración de emergencia, sindicatos y organizaciones de la economía popular e informal, movimientos sociales, pueblos originarios, periodistas y fotoperiodistas, migrantes, hinchadas de fútbol, estudiantes secundarios y universitarios, niños y niñas, familias, grupos de amigas y amigos, organizaciones de la cultura, docentes e investigadores de Conicet y un etcétera cada vez más amplio.

En el año y medio que lleva Milei en el poder las resistencias se organizaron de a poco y en la dificultad de la precarización y la fragmentación. Hubo una necesidad de salir a la calle enseguida, desde diciembre con el primer DNU, pero los ataques son tantos que cuesta enfocar, poner cada uno en agenda, visibilizar las particularidades. Hubo marchas masivas que mostraron la multisectorialidad de las demandas. Y la marcha de este 4 de junio siguió en la misma línea. Ante la unidad de la política libertaria en el ataque de todos los frentes la respuesta fue la unidad de todos los frentes.

El Congreso vallado

La masividad se anticipó desde el día antes, cuando en todas las ciudades del país hubo movilizaciones por el décimo aniversario de Ni Una Menos. A la mañana del miércoles los móviles de televisión mostraban la llegada de 1200 efectivos y cientos de camiones, patrulleros y motos. Para el mediodía la Correpi denunciaba que las fuerzas de seguridad impedían que personas con discapacidad llegaran a la Ciudad de Buenos Aires. Pero la represión no sucedió.

Los policías estuvieron de un lado y la marcha de otro. El Congreso fue vallado desde temprano y a medida que pasaban las horas se convirtió en una pared a intervenir con carteles y pintadas. Las fuerzas de seguridad cortaron Callao desde el Congreso hasta Mitre y ocuparon toda la calle con efectivos que iban y venían mientras la plaza se llenaba.

Vanina se planta en la valla con los brazos en alto y un cartel que pide la emergencia en discapacidad por su hija. A su alrededor se reproducen frases de todo tipo. Es de Caseros, tiene 42 años y una nena de diez con autismo. Hace unos meses le cortaron el subsidio y no tiene más maestra acompañante en la escuela. También le dejaron de pagar a sus terapeutas. Todo lo que cuenta lo hace con los brazos en alto y mirando al frente. Nunca baja el cartel.

—Me da mucha impotencia porque lo único que quiero es una buena calidad de vida para mi hija—dice y cuenta que no solo está por ella. Apoya el resto de las luchas.

Sandra tiene 56 años y trabaja desde 1998 en el área de emergencias del Garrahan. Estudió siete años enfermería en atención de pacientes críticos pediátricos. Recibe a los niños y niñas que están en paro cardíaco, con convulsiones o politraumatismos. Salva vidas. Cuando habla se acuerda de la lucha de 2005, cuando tenían un atraso salarial que los hizo salir a la calle y los trataron de terroristas sanitarios. Esta vez es peor. Siente que hay un ninguneo.

—No somos ñoquis, en el Garrahan no sobra nadie. Después de tantos años y tanto estudio no merecemos ganar estos salarios. Trabajamos con vidas. Es un pena que el Gobierno no priorice la salud y la educación.

Sandra tiene un cartel que dice: “Internacionalmente reconocidos, nacionalmente abandonados”. Cuando habla la voz se le quiebra, pide disculpas y aclara varias veces que no la están pasando bien.

—Nosotros atendemos hasta en el pasillo. Tenemos las guardias saturadas, vienen chicos de todo el país. Nunca me di cuenta el trabajo difícil que hice toda mi vida. Cuando tenés un pibe en paro no pensas en nada, solo en sacarlo, que respire y le vuelva a latir el corazón.

Ayer escuchó en la tele a la diputada libertaria Juliana Santillán decir que se puede vivir con 800 mil pesos sin problema y sintió otra vez el desprecio. El miércoles marchó con sus compañeros y compañeras del hospital. Ya fueron otras veces a apoyar a las y los jubilados y vivieron de cerca la represión. Igual, Sandra piensa en volver. Sabe que en unos años será una de ellos y que tiene que estar ahí.

En Callao y Mitre las vallas negras cortan el paso. Del otro lado, la calle está completamente liberada con una fila de 30 policías federales. Un jubilado se asoma y los mira. Al lado tiene dos frases: “Argentina no es casta, es patria” y “Libertad es tener para comer”. El jubilado dobla y sigue al resto de los manifestantes para entrar a la plaza del Congreso por otro lado. Se le une una columna de mujeres de San Martín que avanzan con remeras violetas.

Los carritos y los puestos de merchandising se mezclan con el humo y las banderas. Venden desde la de Argentina, del colectivo trans y no binario hasta de la ciudad del Vaticano. En una esquina un grupo de feministas eclesiásticas reza en contra del ajuste. Le pasan por al lado chicas con pelucas fucsia y glitter y una columna de los sindicatos, con bombos y redoblantes.

Un grupo de adolescentes de 14 a 17 años avanzan de la mano. Son más de 30 y siempre van a las marchas de Ni Una Menos. Esta vez es la primera que están con los jubilados. En el camino se cruzan con Georgina Barbarrosa y Nancy Pazos dando una nota en un móvil de la tele. Una mujer alta con el cuello tatuado se les para atrás con un cartel: no somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y venimos por los de arriba.

Ricardo vino disfrazado. Mide un metro noventa y es un diablo rojo con antifaz, cuernos, una marioneta de Milei y un cartel que dice “engendro del mal”. Tiene un personaje para las cámaras y otro para cuando da una entrevista. Ahí se saca la máscara y responde: 74 años, fue telefónico pero no le hicieron todos los aportes y se jubiló con la moratoria del gobierno de Cristina Fernández. Cobra la mínima, 320 mil pesos. Para llegar a fin de mes trabaja de herrero. También es artista y le gusta salir a la calle haciendo una intervención. A la de los jubilados va todos los miércoles. Hoy está tranquilo. Sabe que cuando son muchos no le pegan.

—Son cobardes. Cuando somos 50 vienen con 200 policías listos para ir a la guerra. Es fácil pegarle a un abuelo pero cuando es así no se animan. Eso son, cobardes—repite y se pone la máscara y los cuernos. Ya tiene alrededor tres fotógrafos.

Muchos frentes, una sola marcha

Jessica llegó a Argentina hace ocho años para salir de la violencia de Colombia. También quería estudiar y buscar nuevos horizontes. Tiene 34 años y es defensora de derechos humanos, docente y periodista. Fue a la marcha con organizaciones migrantes. Hace apenas unas semanas el Gobierno nacional publicó un DNU que les preocupa.

—Nos ven como chivo expiatorio y una carga fiscal, y no como un hermano que vive en Argentina y aporta cultural y económicamente al país. Dan datos y estadísticas completamente falsos sobre los costos de salud y educación y con cifras exorbitantes sobre la irregularidad migratoria, cuando esa irregularidad es responsabilidad del Estado.

En el último año, Valeria estuvo en todas las asambleas. Es integrante de Mamá Cultiva y fue a las del Bonaparte, al Garrahan, a las de jubilados y jubiladas, las de discapacidad, las de la moratoria, las de Ni Una Menos. A veces en un mismo día corría de una a la otra. En todas escuchaba discursos distintos e iguales a la vez. Tenían la particularidad de cada sector pero detrás había una misma política de Estado: una decisión unívoca de empobrecer la vida.

Cuando en la primera asamblea de Ni Una Menos escuchó la propuesta de unificar las luchas en el miércoles 4 de junio gritó “sí, por favor, sí”. No fue la única. Una ovación hizo lo mismo. Estaban cansadas de pelear en tantos frentes y al mismo tiempo aparecía la esperanza de una estrategia en común. El aniversario por los 10 años del primer Ni Una Menos, ese que marcó un antes y un después en la historia de los feminismos argentinos, lo vivió en las calles. Para ella, las mujeres y diversidades son quienes están sosteniendo la supervivencia en este momento de crisis. Las atraviesan cada uno de los reclamos.

Micaela Polak es dirigente de Sipreba y recuerda que el Ni Una Menos surgió gracias a la convocatoria de trabajadoras de prensa que estaban hartas de cubrir femicidios en los medios y que no pasara nada.

—A diez años ya no vemos tanta cobertura de la violencia machista porque avanzó la derecha radicalizada que nos silencia. Por eso es importante seguir organizándonos para enfrentar a este gobierno. Vinimos a poner un freno a la represión y vamos a seguir organizándonos para terminar con la crueldad y la violencia machista.

Los y las trabajadores de prensa también son blanco de los ataques del Gobierno. Además de los insultos en redes, ya son un centenar los que sufrieron la represión del Estado cuando cubren marchas, sea con golpes o detenciones. Mientras decenas de fotógrafos y reporteros circulan entre los manifestantes, en el micrófono mandan un mensaje de amor a Pablo Grillo, el fotógrafo herido por la Policía hace tres meses en esta misma plaza. Unas horas antes recibió el alta de terapia intensiva y empezará la rehabilitación y le pondrán una prótesis en la cabeza.

Tres mujeres de tres décadas distintas caminan por Callao para volver a Ramos Mejía. Una tiene 55, otra 43 y la otra 35. Son musicoterapeutas y estuvieron en el Congreso desde las 11 pidiendo a los diputados y diputadas que sancionen la ley de emergencia en Discapacidad. Dicen que las áreas de discapacidad están en una situación crítica.

—Es muy emocionante estar en una marcha así. Es cierto que son reclamos distintos pero la unión hace la fuerza y este es el camino. Además de que si somos muchos no nos reprimen.

Una de ellas se acuerda del posteo que Javier Milei hizo días atrás burlándose de un niño con autismo. Las tres dicen lo mismo sin dudar.

—El presidente nos da vergüenza ajena. Vamos a volver todas las veces que sea necesario hasta que paren.

AB/MG

Diez años después del primer Ni Una Menos hoy volvemos a marchar. No sabíamos entonces que ese grito iba a convertirse en una fuerza espontánea, transversal, en una forma de ver el mundo, en una marea que atravesara países y continentes. Con nuestras movilizaciones se modificaron leyes, se crearon nuevas, se promovieron políticas públicas. Sobre todo, cambió la manera de contar la violencia contra las mujeres y las disidencias. Ni Una Menos puso el foco en el sesgo estructural: en lo que la justicia calla, en lo que los medios recortan, en lo que la política posterga.

Hoy, frente a hospitales que no dan abasto, científicos que emigran para poder trabajar, familias que no llegan a fin de mes, personas con discapacidad sin asistencia, programas de acompañamiento que se desarman como si fueran lujos y no urgencias, pareciera que los deseos de “Nadie menos” se están haciendo realidad. La marcha de hoy aglutina luchas como nunca antes: jubiladxs, migrantes, universidades, transfeminismos, niñeces, comunidades indígenas, trabajadores de la ciencia, el arte, etcétera, etcétera.

Mientras tanto, los números son claros: la Línea 144 para víctimas de violencia perdió el 45% de su personal. El Programa Acompañar, que brindaba apoyo en situaciones de violencia, tuvo un recorte presupuestario del 82%. El 98% de quienes antes accedían a esta asistencia hoy no tienen dónde ir. En el mismo país donde se recortan las políticas de cuidado, de salud y de inclusión, se repite como mantra que esto es eficiencia. Pero ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género) lo explicó con datos: es 22 veces más caro no intervenir a tiempo que invertir en prevención. El costo no es solo en vidas, sino también económico.

Se repite hasta el cansancio también que esto es lo que votó la gente. Que ahora nadie sobra. Pero lo que estamos viendo es exactamente lo contrario: cada vez hay más personas arrojadas al margen, más vidas consideradas prescindibles. Vimos asimismo en estos últimos días las luchas incansables en contra del desfinanciamiento del Conicet y del Hospital Garrahan, entre muchas otras. Las redes que construimos resisten, porque es un tejido que nos sostiene cuando lo demás cae, porque en la igualdad, la ciencia, la cultura, las infancias, es donde está nuestro futuro. Es algo que tengo muy claro, porque para sobrevivir, siempre vivimos en comunidad.

MBC/AF

Una década después de la primera manifestación masiva bajo la consigna “Ni Una Menos” se repite una situación inesperada: los feminismos están teniendo que explicar los conceptos más básicos y elementales como si fueran nuevos.

Así fue en 2015. Había ya una larga tradición activista en torno a los derechos de las mujeres. Ni Una Menos apareció como una novedad y se organizó primero en torno a lo más extremo: el femicidio. Fue una reacción visceral, pero resultó estratégica para sacar la problemática de la esfera de lo íntimo, lo “pasional”, lo doméstico. Que las coincidencias en las muertes no eran casualidad sino violencia machista fue un piso mínimo de acuerdo que movilizó multitudes y generó un consenso desde el cual reclamar al Estado por su responsabilidad.

Marcela Ojeda, una de las periodistas convocantes a la primera marcha, reflexiona: “Una década después, acá estamos, acá estoy, abrazada de manera irrenunciable a aquellos reclamos a los que le pusimos voz; ahora con el agravante de esta pretensión desde el poder político de turno de querer instalar que las asimetrías no son tales, que los crímenes por razones de género no existen, que el fin de este flagelo estructural se resuelve con políticas de seguridad”. Y concluye: “Pretenden borrar la historia, la más reciente pero también la que ha colocado a nuestro país a la vanguardia con políticas que se han replicado en otros estados, y eso, mal que les pese, es un logro colectivo”.

Uno de los reclamos iniciales fue por un registro de femicidios que se creó en 2016, existe todavía y depende de la Corte Suprema de Justicia. En estos días publicará la cifra, pero los observatorios feministas permiten adelantar que serán más de 2.700 femicidios en esta década. Una cifra lacerante.

Hace diez años Ni Una Menos reclamaba que no contaban a las muertas. Hoy parece que las muertas no cuentan.

Marcha y contramarcha

“En estos 10 años celebramos conquistas históricas como la ley de paridad de género, el derecho al aborto, la Ley Micaela, el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, la ley de los Mil Días, y el reconocimiento de nuevas formas de violencia, como la digital y la violencia política. Pero desde que asumió el gobierno de Javier Milei, enfrentamos un escenario alarmante ante el cierre de programas fundamentales y el desmantelamiento de la política pública”, asegura Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, su directora Natalia Gherardi asegura: “No hay datos públicos, completos ni confiables para afirmar que la violencia de género bajó. El sistema de medición dejó de relevar la información nacional y se dejaron de publicar las estadísticas. Con el desmantelamiento de programas y espacios de atención, es posible que haya menos mujeres buscando ayuda”.

El desmantelamiento de los espacios de asistencia es una política de Estado. Hasta la línea 144 de atención a víctimas de violencia ha sufrido un recorte de personal. La decisión política de ampliar su injerencia a todos los tipos de violencia pierde de vista la especificidad del fenómeno para el que las operadoras habían sido formadas.

Es probable que el poder Ejecutivo prepare algún anuncio irritante para el aniversario. Lo han hecho en otras fechas significativas. El antagonismo con los reclamos feministas es parte de la identidad del oficialismo. En mayo el ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona salió a celebrar el cierre de 13 programas de Género a los que acusó de “ideologizados”. No era una novedad: la mayoría de ellos estaban desfinanciados desde las primeras semanas de asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Incluso el Plan ENIA, de prevención del embarazo adolescente, lanzado durante el gobierno de Mauricio Macri y que había dado resultados efectivos: una reducción significativa del embarazo no deseado en las mujeres más jóvenes. A la luz del discurso natalista imperante quizás sea necesario aclarar que esa caída en particular era una buena noticia.

“Negar la violencia machista no la hace desaparecer, la profundiza. Recortar no ahorra recursos: cuesta vidas. Frente al retroceso, respondemos como siempre: colectivamente. Porque los derechos de las mujeres y diversidades no son ni pueden ser una variable de ajuste”, insiste Galkin.

El Estado es responsable

Para la fiscal Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Ni Una Menos marcó una transformación institucional profunda. De hecho, la creación de esta Unidad se concretó en junio de 2015 con referencia a la movilización en la resolución que marcó su nacimiento: “Había ya un diagnóstico del problema en la Justicia. En este tiempo se creó un protocolo de femicidios, uno de violencia sexual y una guía de violencia doméstica para unificar el criterio y la perspectiva de género en la intervención”. Son herramientas pensadas para trabajar en los aspectos deficitarios de la atención judicial en los casos de violencia de género. Los discursos negacionistas son bien recibidos en los espacios que se resistieron a incorporar estas perspectivas.

En tiempos de aclarar obviedades, los poderes del Estado son tres y son independientes. Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, su responsable María Emilia Sesín remarca: “Tenemos la ventaja de pertenecer al ámbito judicial. Desde ahí hacemos un trabajo muy artesanal de articulación con los organismos que van quedando, hacemos censos de recursos para saber qué está vigente”. Durante 2024 17.120 personas recurrieron a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. El 73% fueron mujeres. “Lo que vemos en la OVD no es un afán persecutorio sino la voluntad de las mujeres de poder continuar una vida normal, libre de violencia”, puntualiza Sesín.

Frente al negacionismo actual, Labozzetta advierte: “Es un mensaje peligroso viniendo desde un poder del Estado, en términos de retroceso. No es un mensaje inocuo porque es un poder del Estado desoyendo compromisos ante la comunidad internacional”.

Desde 2015 la consigna “Ni Una Menos” se ha replicado en cada rincón del país y en gran parte del mundo. La Asamblea desde la que se organiza hoy decidió que este año la convocatoria en CABA se mueva un día para plegarse el miércoles 4 al reclamo de los jubilados y jubiladas frente al Congreso, mientras que las manifestaciones serán este martes en el resto del país. Los tiempos son otros. El reclamo es el mismo.

MA/DTC

Un viento frío levanta tierra en las calles de Rufino. Acá nació Amadeo Carrizo, acá nació Federico Sturzzenegger, acá se comenzó a gestar la fortuna de Bulgheroni y acá rugió hace diez años el Ni una menos. El tiempo –contradictorio como esta ciudad– atenúa, pero las cicatrices siguen visibles porque son heridas mal sanadas. Todos lo saben. El femicida Manuel Mansilla que mató a Chiara Paez quedará libre en poco tiempo y hay una bronca silenciosa que se expande. Está vez no explota como en 2015, pero sigue ahí, raíz podrida de un cimiento que tarda en caer.

“El femicidio de Chiara fue una bomba que destruyó nuestra familia, a sus amigos y a todo el pueblo”, cuenta Fabio Paez, el padre de Chiara, la adolescente de 14 años que fue asesinada embarazada el 10 de mayo de 2015. Su cuerpo fue encontrado un día después enterrado en un pozo en el patio de la casa de los abuelos del asesino.

El femicidio fue la gota que colmó el vaso. Millones de mujeres marcharon en ochenta localidades de Argentina para decir “ni una menos”. Las movilizaciones trajeron cambios rápidos como las modificaciones en los protocolos de búsqueda, la creación de comisarías especializadas en tomar denuncias por violencia de género y un rotundo cambio en el debate social. Sin embargo, a diez años del asesinato, nadie en Rufino está conforme: la condena a Manuel Mansilla a 21 años y seis meses de prisión fue rebajada a 15 años por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. La reducción fue confirmada por la Corte de Santa Fe al considerar que Mansilla era menor cuando cometió el crimen y la pena máxima posible es de 15 años. La sentencia fue apelada por la familia y duerme en los tribunales de la Corte Suprema de Justicia desde hace dos años.

El femicidio de Chiara Paez

La noche del sábado 9 de mayo, Chiara Paez se encontró con algunas amigas con las que jugaba al hockey en el Club Los Pampas. Sus padres no la dejaban salir de noche, pero como iban a quedarse en la casa de una de las chicas se lo permitieron. A la medianoche, Chiara se encontró con su novio en la calle. Como no volvía, las amigas decidieron llamar a su madre –Verónica Camargo- para advertirle la situación.

“Una de las primeras cosas que hice fue hablar con Mansilla. Después de haber matado a Chiara, me dijo que su padre era policía y que podía ayudar en agilizar la búsqueda. Nunca pensé que iba a ocurrir lo que pasó. El padre me dijo que tenía que hacer la denuncia para que sea un búsqueda oficial y cuando fui a la comisaría me encontré al asesino, que estaba frío como siempre”, recuerda Verónica.

La policía comenzó un rastrillaje por Rufino y los campos cercanos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Al grupo de 300 rescatistas y vecinos se sumó el propio asesino que después de enterrar el cuerpo y cubrir el pozo con chapas montó una escena para intentar despistar a la policía: habló con las amigas de Chiara y activó su teléfono para que los rastrillajes se alejaran de su casa.

En la casa durante la madrugada del crimen estaban sus dos abuelos, su madre y su padrastro. El homicidio fue perpetrado en la cocina. Una causa investiga la participación de los adultos en la vivienda quienes declararon no haber escuchado los golpes, los gritos de la víctima, ni tampoco visto como Mansilla hizo un pozo para enterrarla.

“Cuando fuimos a la casa de Mansilla el mediodía del domingo nos encontramos con que un familiar había hecho un asado a escasos metros del lugar donde todavía permanecía enterrado el cuerpo”, rememora a este medio el entonces fiscal Mauricio Clavero, el primero en ordenar la búsqueda de Chiara.

En la tarde del domingo llegó a Rufino una brigada de Rosario –ubicada a 250 kilómetros– con tres perros de búsqueda que se acercaban cada vez más a la casa de Mansilla. En ese momento, el joven se quebró y fue entregado a la policía. De acuerdo a la reconstrucción y al relato del femicida, el abuelo lo confrontó y en ese momento confesó. El cuerpo de Chiara fue identificado por los bomberos, Defensa Civil y el fiscal Clavero.

“Nunca me voy a olvidar cuando entre la tierra apareció su bracito con un saco color salmón. Cuando levanté la vista miré que el personal de bomberos y los policías lloraban. Para una comunidad chica como Rufino este es un golpe tremendo y personal”, cuenta Clavero.

El cuerpo estaba enterrado en un pozo de 80 centímetros de profundidad con la tierra apisonada tapada con chapas y hierros. El cadáver en posición fetal tenía múltiples golpes en la cabeza que lo ocasionaron la muerte. Los familiares del femicida en un principio fueron detenidos, sin embargo luego los liberados. La causa por el posible encubrimiento y participación en el crimen continúa sin resolución.

Por la presión social, los familiares de Mansilla que estaban en la casa la noche del crimen se tuvieron que mudar a Venado Tuerto, a cien kilómetros de Rufino. “Acá todos los veían como culpables, imagínate que nadie quería atenderlos en los negocios”, cuenta una vecina.

Fabio Paez –el padre de Chiara– también se fue de la ciudad y ahora vive en Alvear, Mendoza, donde brinda charlas en colegios acerca de violencia de género. “Después de 45 años en Rufino, tuve que irme. Nunca fui violento, pero si me cruzaba a esa gente en la calle no sé qué hubiera hecho. Es imposible que no hayan sabido lo que pasó si estaban en la misma casa”, explica.

Manuel Mansilla cumple condena y si se confirma el fallo que redujo su pena estaría próximo a salir en libertad. Hasta el momento no cuenta con la aprobación psicológica para salidas transitorias. Luego de la repercusión nacional por el asesinato a Rufino llegaron materiales como el luminol para investigar crímenes, se montó una oficina para atender casos de violencia de género y hasta se construyó una cámara gesell, sin embargo los femicidas siguieron matando.

En febrero de 2018, Oscar Cejas de 29 años mató de tres puñaladas a Katherine Quinteros de 18 años frente a sus hijas mellizas. Esta vez, había indicios previos que podrían evitar el crimen: Cejas había sido denunciado por golpes, lo habían internado en un psiquiátrico y hasta había dicho que si lo soltaban iría a matar a su ex pareja.

“Yo creo que hasta que no haya una reeducación como sociedad esto no va a terminar nunca. Las mujeres tenemos que encabezar la lucha, pero tenemos que hacerlo integrando a los hombres. Cuestionando, pero escuchando también. Los feminismos entraron en grietas que dejaron de lado el fin con el que inició el 'Ni una menos'. Tenemos que volver a unirnos contra la violencia”, explica Verónica Camargo, la madre de Chiara Paez.

Verónica nunca imagino estar encabezando una mesa de debate feminista en Rufino. Habla con claridad y resolución. Su voz mezcla fuerza y templanza, ternura y combate. Al igual que Fabio, viaja donde le pidan para hablar de violencia de género. El dolor la transformó en una luchadora, algo de lo que que Chiara estaría orgullosa.

GV/DTC

En 2024, a los pocos meses de asumir, Javier Milei desfinanció el programa que redujo a la mitad la cantidad de embarazos adolescentes. El Plan ENIA, lanzado durante la gestión de Mauricio Macri, estaba orientado a prevenir el embarazo adolescente, pero la gestión libertaria le quitó el financiamiento, desvinculó a las 700 profesionales que venían trabajando hace seis años, y lo vació. Este martes, en ocasión del Ni Una Menos, las diputadas de la oposición quieren convertirlo en una política de Estado, pero se enfrentan a la resistencia del partido que lo impulsó originalmente: el PRO.

La comisión de la Mujer, que preside Mónica Macha (UxP), dictaminó el martes un proyecto que convierte en ley el Plan ENIA. Contó con las firmas del peronismo, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre y el socialismo de Encuentro Federal, pero nadie más. Las reflexiones en ocasión de los 10 años del Ni Una Menos se produjeron en una comisión semi vacía, que apenas sí pudo conseguir quórum gracias a varios reemplazos de último momento.

El vaciamiento fue digitado, fundamentalmente, por el PRO y la UCR: los dos partidos que integraban la coalición de Gobierno que, en 2017, había impulsado el Plan ENIA. Ni los macristas asistieron a defender una política impulsada por su jefe político. “Hay ausencias significativas, pero así estamos”, masculló la cristinista Blanca Osuna, manifestando en voz alta la irritación que varias diputadas expresaban por lo bajo: “Estamos levantando como propio un programa que trajo Macri, ¿y ellas no acompañan?”.

El problema es evidente: en un contexto de ajuste de las cuentas públicas, de recorte en obra pública y de las transferencias que Nación envía a las provincias, las posibilidades de las jurisdicciones de solventar los gastos de funcionamiento del Plan ENIA son menores. “Es inverosímil, no se puede gestionar. ¿La provincia que lo puede financiar lo hace y la que está empobrecida y que más lo necesita no?”, cuestionan en el peronismo, en donde apuntan los dardos contra Lospennato y el PRO: “Estamos levantando como propio un programa que trajo Macri, ¿y ellos no acompañan?”, mascullan.

La resistencia del PRO se da en un contexto tenso, marcado por las conversaciones que Cristian Ritondo mantiene con Casa Rosada para cerrar un acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires. En la comisión de Salud, donde se dictaminó el proyecto el año pasado –se requiere el dictamen en la comisión de la Mujer, de Presupuesto y de Familia–, Lospennato logró sumar las firmas del resto de sus compañeros de bloque con el compromiso que no afectaría el equilibrio fiscal de Milei.

Tras la derrota electoral en CABA, sin embargo, el PRO firmó la rendición incondicional. El macrismo quedó debilitado y absorbido por la mayoría mileísta que pretende fusionarse con La Libertad Avanza. Las pretenciones independentistas fueron fácilmente sofocadas por Ritondo –un desafío que el jefe de bancada amarilla deberá repetir el martes, cuando se reúna el bloque para discutir qué hacer con la emergencia a la discapacidad que se debatirá en la sesión del miércoles– y no hay diferencias entre macristas, bullrichistas y acuerdistas al momento de votar.

“La mejor manera que tiene el Gobierno de destruir la agenda de género es desfinanciándola. Mirá la ley de salud sexual y reproductiva: no la cumplieron porque no hicieron la compra y distribución de los anticonceptivos, y no hay sanción”, busca matizar, con escepticismo, una voz del partido amarillo respecto a las pretenciones del resto de la oposición.

La sumisión total es un fenómeno que, sin embargo, no se observa solo en el PRO, sino también en el radicalismo. Mónica Macha (UxP), que preside la comisión de la Mujer, que es donde se buscará dictaminar el martes a las 11 el Plan ENIA, intentó armar un plenario para poder abarcar la mayor cantidad de comisiones (ya que, en técnica parlamentaria, es habitual que un oficialismo le de varios giros a un proyecto para dilatar su tratamiento). Sabía que la comisión de Presupuesto era imposible, porque la preside José Luis Espert, pero lo intentó con la de Familia, que la preside la radical Roxana Reyes. Nunca respondió.

¿De qué sirvió el Plan ENIA?

El Plan ENIA se puso en marcha durante el gobierno de Macri, con apoyo de una veintena de organizaciones civiles y la Unicef, y se profundizó durante el de Alberto Fernández. El objetivo que tenía era prevenir el embarazo no intencional entre las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años y, durante su implementación, terminó convirtiéndose en un modelo de éxito para bajar la fecundidad adolescente en América Latina.

En 2018, por ejemplo, se registró que hubo unos 84.768 nacimientos con madres adolescentes entre 15 y 19, y 2350 de madres menores de 15 años. En 2022, cuatro años después de la implementación del programa, se registró una reducción drástica del número de casos: 43.210 adolescentes de menos de 20 años fueron madres, y 1087 niñas. La mitad de casos.

El programa –que los proyectos de ley buscan replicar– incentivaba y creaba espacios de consejería en salud sexual en escuelas primarias y espacios comunitarios. No solo brindaba información y acceso a métodos anticonceptivos de larga duración, como el implante subdérmico, sino también a la Interrupción Voluntaria del Embarazo si la adolescente lo precisaba.

El objetivo era evitar el embarazo no intencional y sus consecuencias físicas, psicológicas y en el desarrollo personal de las niñas y adolescentes. Según un estudio del Fondo de Población de Naciones Unidas realizado en América Latina, por ejemplo, solo el 38% de las niñas y adolescentes que fueron madres habían podido terminar la escuela secundaria. A su vez, como efecto secundario, el Plan ENIA colaboraba para detectar casos de abuso sexual infantil.

El Plan ENIA, en el último año, dejó de funcionar por falta de presupuesto. El objetivo de las diputadas de la oposición –entre las que se encuentran Macha, Mónica Fein (PS), Blanca Osuna (UxP) y Carla Carrizo (UCR)– es emitir dictamen de mayoría este martes y preparar el terreno para emplazar las comisiones que faltan y, así, poder llevarlo al recinto. Si consiguen las firmas, un sector del peronismo se entusiasma con poder incluir el emplazamiento en la gran sesión opositora del miércoles.

Al final del recorrido, sin embargo, el futuro de la ley dependerá del PRO.

MC/MG

El próximo miércoles 4 de junio, cuando está prevista una nueva sesión en la Cámara de Diputados, la Plaza de los Dos Congresos será un punto de intersección entre diferentes convocatorias callejeras de una oposición al gobierno de Javier Milei que crece “por abajo”. La convocatoria de los miércoles por parte de los jubilados al Congreso (ya van 15 durante este 2025), a pesar de la sistemática represión por parte del Gobierno, ha cumplido en varias ocasiones esa función social aglutinante, y este miércoles se le sumará el movimiento de mujeres y diversidades Ni Una Menos, que decidió correr en CABA un día su clásica convocatoria, que desde 2015 sucede cada 3 de junio.

También estarán presentes las y los científicos del Conicet, que vienen de denunciar un “cientificidio” con movilizaciones al Polo Científico en CABA y en diferentes puntos del país; los usuarios, familiares y los prestadores médicos que se movilizaron recientemente por una Ley de Emergencia en Discapacidad; las y los migrantes frente a la reforma del régimen migratorio impulsada por el Gobierno; y el conjunto del personal de Salud del Hospital Garrahan, con el reclamo salarial de los residentes a la cabeza. Se espera que todas las convocatorias confluyan desde las 16.

El mapa de conflictos abiertos durante las últimas semanas es amplio y profundo. Por mencionar algunos: 35 cuerpos de delegados de choferes de colectivos protagonizan una verdadera rebelión a la conducción Fernández en la UTA; en la convulsionada Tierra del Fuego continúa el cuestionamiento por parte de los metalúrgicos de la UOM tras el acuerdo alcanzado con las patronales, que congela el conflicto hasta diciembre; movilizaciones de trabajadores de Vialidad Nacional, trabajadores marítimos y de ceramistas de Neuquén; protestas de docentes y estudiantes universitarios por los recortes presupuestarios; acciones del sindicato del neumático, el SUTNA, que viene de un conflicto en FATE; manifestaciones en Bahía Blanca a dos meses de la inundación; la autoconvocatoria masiva de 20.000 docentes de Catamarca catamarqueños contra medidas de ajuste del gobernador Jalil; paro docente en la provincia de Buenos Aires; hace 90 días trabajadores de la gráfica Morvillo ocupan una fábrica en Avellaneda frente al cierre, organizaciones sociales y piqueteras se movilizaron el 9 de mayo y tienen planeada una nueva jornada el próximo 10 de junio; el abrazo al Instituto Nacional del Teatro frente a su desmantelamiento; las denuncias de sindicatos de prensa como SIPREBA y ARGRA frente a la sistemática y dirigida agresión a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, durante las cobertura de manifestaciones en todo el país, y especialmente en el Congreso Nacional.

En un cuadro social que levanta temperatura, y con un audaz avance del gobierno nacional por medio de los decretos 340/2025 (ataque al derecho a huelga) y 342/2025 (intervención de la Ley de Asociaciones Sindicales) a pocos días de su triunfo en las elecciones legislativas de CABA, la CGT (Confederación General del Trabajo) sostiene que “no hay clima” para un nuevo paro general, en palabras de su secretario general, Héctor Daer.

Cada conflicto tiene sus particularidades pero a su vez algo en común: el rechazo a las políticas de un gobierno en constante ofensiva.

Hospital Garrahan

Los reclamos salariales del hospital pediátrico más importante del país y de la región, el Hospital Garrahan, ocupan la primera plana en la discusión pública, por la sensibilidad que despierta. La novedad más destacada en el conflicto fue el anuncio durante la mañana del domingo por parte de la dirección del hospital, vía la red social “X” y en una tónica muy cercana al gobierno nacional, de aumentar el sueldo de los médicos residentes a $1.300.000 desde el 1 de julio. La Asamblea de Residentes del Hospital Garrahan contestó dicho comunicado en los siguientes términos: “el sueldo de los residentes depende únicamente del Ministerio mencionado [el de Salud], por lo tanto el manejo del presupuesto del Hospital Garrahan no impacta en el mismo”. Y agregaron: “Lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos elegidos por los organismos que nos representan como ciudadanos”.

“Esta nota ni cerca pasa a solucionar el conflicto del hospital. El reclamo que lleva adelante el hospital es por la fuga de profesionales, por los bajos salarios de los profesionales, esto no desactiva absolutamente nada, porque estamos en el medio de una conciliación obligatoria. La nota angustia”, dijo el domingo a Radio con Vos Pablo Puccar, Jefe de la Sala de Cuidados Intermedios y Moderados del Hospital Garrahan.

Por su parte, en la misma línea, Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE en el Garrahan dijo a elDiarioAR: “El anuncio del hospital respecto a un aumento para residentes lejos de solucionar el conflicto lo profundiza, porque es un anuncio que excluye al 90% del personal del Garrahan. La asamblea de residentes resolverá si considera apropiado el anuncio. Pero sea como sea que continúe el conflicto de residentes es un retroceso del Gobierno enorme, porque hace una semana decían que iban a ilegalizar todas las huelgas. Hubo una huelga indefinida y rápidamente tuvieron que dar una concesión para desactivarla. Es un recule fuerte del Gobierno. Pero dejan afuera a la mayor parte de trabajadores del hospital, de todas las profesiones: médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, que son necesarios para que el hospital funcione, los cuales vamos a tener una asamblea el día martes. El Gobierno había decretado una conciliación obligatoria y la verdad es que la está inclumpliendo, porque no convocó a ninguna audiencia y por lo cual se vienen medidas”.

El próximo martes 3 de junio se realizará una asamblea unificada en el Hospital Garrahan, que será clave en el devenir del conflicto. Y hoy convocan a toda la comunidad a una marcha con velas, en defensa del hospital y contra su vaciamiento, a las 18 en el Obelisco.

Una década de “Ni una menos”

Las declaraciones homofóbicas del presidente Javier Milei en el Foro de Davos generaron el 1° de febrero una de las movilizaciones más importantes durante su Gobierno. Este nuevo “Ni una Menos”, que cumple 10 años desde su primera irrupción en 2015, se desarrollará bajo la consigna “la deuda es con nosotras” y en un contexto donde los feminismos y el movimiento de mujeres y diversidades se han convertido en un blanco predilecto de la denominada “batalla cultural” que impulsan en todos los terrenos, con determinación programática, los sectores más activos que se identifican con la discursividad y las acciones del presidente Milei.

El Gobierno sostiene que existe una reducción del 14,3% en los “homicidios de mujeres”. Como recientemente señaló Natalia Gherardi en un artículo publicado elDiarioAR, “el Gobierno oculta femicidios bajo cifras de homicidios y ataca a quienes denuncian. Sin datos confiables ni plan nacional, el Estado se retira de la resolución de un problema que es grave y se lleva la vida de una mujer cada 35 horas”. En este sentido, los femicidios (asesinatos en contexto de violencia machista) se mantienen estables desde 2014, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, y el 50% de las mujeres argentinas ha sufrido violencia por parte de su pareja, pero solo 1 de cada 4 busca ayuda o denuncia, lo cual evidencia un subregistro del fenómeno.

La agenda del Congreso el #4J

El miércoles la oposición parlamentaria buscará avanzar en una serie de proyectos que van desde la declaración de Emergencia en Discapacidad hasta 2027, aumentos en los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y fondos de ayuda para municipios afectados por inundaciones. También existen propuestas relacionadas con la situación de la universidad pública y el Conicet.

Cabe señalar que en el Congreso Nacional prima un impasse. En la última sesión del miércoles 21 de mayo no se logró quórum debido a ausencias tanto del oficialismo como de aliados, a su vez, la designación de nuevos auditores de la AGN (Auditoría General de la Nación) ha generado divisiones y parálisis. Por último, sigue en suspenso la comisión investigadora por el escándalo de las criptomonedas $LIBRA, que involucra a los hermanos Javier y Karina Milei.

Una asamblea de 50 mujeres discute en ronda en La Lagunita, uno de los barrios más pobres de Rosario. Hablan del desborde de los merenderos y comedores, la falta de changas, las que salen a cirujear, las que viven en la calle, la seguridad y el transporte que no llega al barrio. Incluso sale el tema sobre una nueva culpa con la que tienen que cargar: son las supuestas responsables de la baja de la natalidad. Lo que más se repite es que todas ven más situaciones de violencia de género pero sienten que ya no se habla de femicidios. 

—Ya no circulan números. Antes las mujeres sabían cuántos femicidios había por año —dice Maria José Poncino, referente territorial del Movimiento Evita de Rosario. La mayoría de las mujeres son promotoras de género. Lo eran antes de que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad las reconociera como tal, con un carnet y un cuadernillo. Y lo siguen siendo ahora con un Gobierno que les dice que lo que hacen es ideología y no una política pública.

El 16 de mayo pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 13 programas que habían sido promovidos por el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades durante el gobierno de Alberto Fernández. Dijo que eran “programas ideológicos kirchneristas, financiados por todos los argentinos”. Incluso se burló porque había uno que se llamaba MenstruAR. “Eliminar estos despilfarros absurdos le ahorrarán más de $6.000 millones de pesos por año a los argentinos de bien”, dijo en redes. 

Unos meses antes, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había salido con un mensaje similar. Publicó un listado de 127 áreas dadas de baja y casi el 25% eran políticas de  género y diversidad. “Pasen y miren. Van a reír y van a llorar. Advertencia: no apto personas impresionables”, dijo la misma sintonía de Cúneo Libarona de equiparar los derechos con la idea de curro. 

En los dos casos lo que seguía era una lista de nombres de programas sin ninguna explicación de para qué era cada uno y a quiénes estaba dirigido.

Ni los estudiaron

Lucia Cirmi Obón es economista y fue subsecretaria de Políticas de Igualdad del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Varios de los programas eliminados estaban a su cargo. Piensa que el anuncio fue una forma de hacer campaña en medio de la veda por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque los  programas de género ya estaban desfinanciados y desarmados: lo que hicieron fue eliminar la estructura. 

—Lo que anuncian como un ahorro de $6.000 millones es cuestionable porque gran parte de esos programas no tenía presupuesto propio y tampoco se estaban ejecutando, así que no hay ahorro. Pero además hay que cuestionar el número: $6.000 millones para el Estado es poco, es un quinto del impuesto a la transferencia de inmuebles que derogaron porque, según su argumento, recaudaba muy poco.

Cirmi Obón también forma parte de Futuros Mejores, un espacio de discusión que nació después de la marcha antifascista con otras referentes transfeministas. Uno de los datos que revelaron dice que las políticas de género y diversidad alcanzaban a 1 millón de mujeres y diversidades y costaban 32 millones de dólares por mes. 

“¿Es mucho o poco eso? Es poco para la riqueza de la Argentina. Con la criptoestafa del Presidente, nueve personas ganaron en una noche 87 millones de dólares, o sea tres veces el presupuesto mensual destinado a políticas de género para toda la Argentina”, dice el documento de lanzamiento.

La ex funcionaria agrega otro dato: por cada 100 pesos que gastaba el Estado solo 20 centavos iban al Ministerio de Mujeres. Para ella, desde el Gobierno eliminaron los programas sin estudiarlos ni saber para qué era cada uno ni cuánto presupuesto tenían cada uno. Algunos ni siquiera tenían partidas asignadas. 

El programa que más alcance tenía era el Acompañar, que daba ayuda económica por seis meses a mujeres víctimas de violencia de género que no se podían ir de la casa porque dependían de su agresor. Llegaba a 500.000 mujeres. 

—El Menstruar para el Estado no significaba nada en términos presupuestarios porque solo distribuía copitas y daba educación sexual. Y para las mujeres era un ahorro muy grande. También entregábamos kit de lactancia para mujeres en situación de vulnerabilidad que querían sostener el trabajo y la lactancia –explica Cirmi Obón

La concejala salteña, Malvina Gareca, presentó esta semana un estudio sobre el costo de la Canasta Básica Menstrual (CBM) y reveló que aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona. El programa Menstruar buscaba reducir esos costos repartiendo copitas menstruales pero además tenía un impacto ambiental por la reducción de residuos descartables. 

Cirmi agrega que lo mismo pasó con el programa que ayudaba a las personas trans, las más excluidas de los trabajos y de las escuela. Eran montos que para el Estado no eran significativos y a ellas les solucionaba parte de la vida.  Había otros programas que ni siquiera tenían costo. El  Igualar, que estaba a su cargo, consistía en acompañar y guiar a las empresas en qué tipo de políticas tenían que hacer para ser espacios de trabajo más inclusivos. 

—No leyeron de qué trataba cada programa. Pueden tener nombres similares pero son políticas distintas. 

Generar era para que los municipios y comunas crearan sus propias áreas de género, que es a donde tocan el timbre las mujeres que sufren violencia porque el Estado nacional no llega a todos lados. Producir apuntaba a mujeres que habían sufrido situaciones de violencia y las ayudaba a emprender para tener autonomía económica. El Sembrar era con mujeres en la ruralidad, que se trabajaba sin presupuesto porque nunca se consiguió que les asignaran presupuesto. 

La Canasta Básica Menstrual (CBM) aumentó 6.383% desde 2018. En 2025 representa un gasto de más de $140.000 anuales por persona.

Para Cirmi, el Estado nunca estuvo tan ineficiente como durante esta gestión: las pocas trabajadoras del ex Ministerio que quedan están sin tareas, a otras las reubicaron y la mayoría fueron despedidas. Todo este achique de políticas abona a la feminización de la pobreza y a que muchas mujeres se quede en la casa con sus agresores. Y también derrama en las provincias y municipios. 

No hay plan 

—Lo que falta es la propuesta —dice Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA). —El Poder Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones. Y eso es lo que está pasando. 

Gherardi explica que es una obligación del Estado nacional tener un plan contra la violencia de género. Está en las leyes y en los tratados internacionales: “Podrá tener más o menos presupuesto, hacerlo con un Ministerio o con una Secretaría, todo se puede discutir, lo que no puede es no hacer nada. El Gobierno desarma todo lo que había sin proponer ni implementar una estrategia para abordar un tema que sigue existiendo. Y las provincias están absorbiendo lo que el Estado no hace de manera muy despareja”.

El Ejecutivo tiene la potestad de redefinir las políticas públicas, fijar sus prioridades y definir la arquitectura del Estado como le parezca. Lo que no puede es incumplir con sus obligaciones.

Natalia Gherardi — Directora ejecutiva del Equipo Latinoaméricano de Justicia y Género (ELA)

Y agrega que la eliminación de las políticas de género se hizo de manera intempestiva y sin voluntad de mitigar el daño que se genera. Para ella, las consecuencias de estas políticas las pagan las mujeres con sus vidas, su salud física y mental, y la de sus familias. Y da el ejemplo del Programa Acompañar, que desde el gobierno anunciaron que lo iban a continuar pero en el presupuesto le asignaron cero pesos.  

Desde ELA sostienen que siempre tuvieron una mirada crítica y constructiva de los programas del Ministerio. Varias veces le dijeron al gobierno anterior que se podían mejorar y había lugar para esa discusión. Ahora no hay nada, ni en la propuesta ni en los hechos. 

—Si creían que había una malversación de fondos o una forma irresponsable de usar el dinero público, lo tenían que probar con una auditoría y presentar un uso más racional de los recursos. Pero eso no se hizo. Se están eliminando las políticas solo por la animosidad contra ellas.

Para Gherardi un punto a tener en cuenta es el rol del Poder Judicial. Hace un año desde ELA presentaron una acción para que la Justicia proteja los derechos de las mujeres y diversidades e inste Gobierno nacional a dar certezas acerca de cómo los van a garantizar. Todavía no tuvieron una respuesta. 

Ya era poco, ahora es nada 

María José Poncino piensa que las políticas públicas del ex Ministerio de Mujeres se construyeron gracias a la lucha del movimiento transfeminista. Fueron de abajo hacia arriba. También cree que la ejecución no tuvo la suficiente sostenibilidad económica. Porque como dijo Cirmi Obón, el Ministerio tenía poco presupuesto. 

El Registro de Promotoras de Género fue uno de los que vivió de cerca. Era una demanda de los propios movimientos sociales. Acompañaron la política pública y dieron los debates para pensarla desde el territorio. Pero la implementación costó. 

—Ese programa tenía un rol central porque hacía a la prevención de la violencia, desde acercar información a los territorios, posibilitar la escucha hasta detectar una situación extrema. Y no tenía presupuesto. Cuando asumió Milei quedó el título y ninguna ejecución. 

Con el Acompañar costaba la articulación. En Rosario lo bajaba el municipio y fue difícil ejecutarlo de manera rápida cuando eran situaciones de violencia donde estaba en riesgo la vida. 

—Eso no significa que con la excusa de reducir el déficit haya que sacar todo lo que habíamos conseguido. Hay una clara definición de erradicar por completo las políticas de género y es una hipocresía decir que $6.000 millones de pesos modifica el déficit. 

Para ella, el gobierno busca construir un imaginario donde todas las políticas de género son calificadas como ideológicas y partidarias. Los anuncios como los de Cúneo Libarona o Sturzenegger, con la lista de los programas puesta sin explicación, forman parte de esa narrativa. 

—Todos estos programas eran fundamentales para el desarrollo de una vida digna. El feminismo tiene el rol de romper ese prejuicio porque por algo es elegido como el enemigo junto con los movimientos sociales. La derecha tiene un proyecto político claro y saben que ahí hay mayor resistencia. 

En los barrios las promotoras de género están atendiendo las urgencias. Saben que el Estado no está y les cuesta el triple. En la asamblea también hablaron de eso, de las prioridades. Si el hambre o la violencia. Si conseguir más comida para las familias que llenan los comedores o atender a la vecina que hay que sacar de la casa porque el marido le pega. Sí tuvieron una certeza. En el feminismo todavía encuentran un lugar desde donde romper con el sálvense quien pueda. Y el próximo 3 de junio estarán juntas, como hace 10 años, en la calle. 

AB/MG/DTC

Los derechos de las mujeres en Argentina viven el “mayor retroceso” desde 2015, cuando se originó el movimiento 'Ni Una Menos' en este país y dio lugar a la cuarta ola del feminismo, advirtieron a EFE organizaciones feministas con motivo del Día de la Mujer.

“Vivimos el mayor retroceso de derechos, la destrucción es tan grande que es difícil solamente focalizar en el género porque los derechos de las mujeres tienen que ver con la salud, la educación, el trabajo y todo está peor”, afirmó a EFE Lucía Cavallero, portavoz de 'Ni Una Menos' en Argentina.

Con el cierre de la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, a la que se había sido reducido en junio de 2024 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, por primera vez en 37 años, el Estado argentino no tiene un organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres.

Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, dijo a EFE que “hay un retroceso institucional de casi 40 años que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de sus derechos resguardados y garantizados”.

Violencia de género

Según la Defensoría del Pueblo, cada 30 horas en Argentina hay un feminicidio, término que el Gobierno de Milei ha anunciado que va a eliminar del Código Penal.

El feminicidio es un agravante que “ha permitido registrar estos crímenes y diseñar políticas públicas integrales para dar respuesta a esta problemática”, manifestó Galkin.

La responsable de AI alertó de que el Gobierno tiene “una narrativa que afirma que la violencia no tiene género” y disputa un término que “ha sido construido hace años a través de estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Las expertas coinciden en que en el último año se han desmantelado las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia machista y detallan algunas de las medidas adoptadas.

El programa 'AcompañAr', que otorga ayuda económica a víctimas, fue reducido en un 98,63% en el primer trimestre de 2024 (con 434 mujeres atendidas) frente al mismo periodo de 2023 (cuando 34.023 personas recibieron la ayuda).

La línea 144, de asistencia en casos de violencia de género, tuvo una reducción presupuestaria del 28% en el primer semestre de 2024 y despidieron al 42% de su personal el año pasado.

Se desarmó también el Programa Acercar Derechos (PAD), que ayuda a acceder a la justicia y da acompañamiento psicológico, y se dejó de implementar la Ley Micaela, que establece capacitación obligatoria en género para los trabajadores estatales.

Así, se han incumplido leyes y tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que Argentina ratificó en 1985, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, conocida como “Belém do Pará”, incluida en la Constitución del país en 1994.

El aborto, un derecho vulnerado

A más de cuatro años de la sanción de la ley del aborto, en 2020, hoy este derecho es una quimera en distintas zonas del país.

El último informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de esta ley, revela que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo y en 2024 no hubo entregas.

Desde Amnistía aseguraron que esto “demuestra que hay una intencionalidad del Gobierno de no garantizar el acceso de las mujeres a la salud”.

El gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y reproductiva en 2024 es el más bajo de los últimos nueve años y en varios distritos denuncian la falta de métodos anticonceptivos.

Discursos de odio

Los movimientos de mujeres y LGTBIQ+ argentinos señalan que hay una exacerbación de los discursos de odio desde el gobierno.

“Cuando se usan los cargos máximos del Estado para promover el odio quedamos en una situación de desigualdad porque se desinhibe una violencia social por abajo”, explicó Cavallero.

Para Galkin, el presidente Milei “intenta crear un chivo expiatorio al que culpar de los problemas económicos, políticos y sociales sumamente graves que atraviesa la Argentina, como si el reconocimiento de los derechos de las mujeres que se han visto históricamente afectadas por una desigualdad estructural tuviera que ver con los problemas que vive el país”.

Por Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

IG

A comienzos de los años setenta yo era una niña, hija de una actriz y un actor, que disfrutaba en casa de una colección exquisita de long plays. Junto a mis hermanas menores, escuchábamos músicas de distintos lugares del mundo cuando nos despertábamos, mientras hacíamos la tarea escolar, en el tiempo libre.

Dos de los discos favoritos eran del emblemático sello Trova, de Alfredo Radoszynski, padre de una compañera del colegio. Se llamaban En La Fusa y Voce abusou, donde se destacaba la voz deliciosa de Maria Creuza.

Abusou, abusó. Fue la primera vez que escuché esa palabra, que no difiere demasiado en la pronunciación en brasileño y argentino. Nunca antes la había escuchado. Lo recordé hace unos días, durante una entrevista que le hice a la intérprete bahiana, radicada desde hace un tiempo en Buenos Aires.

Lamentablemente, ese vocablo se convirtió en uno muy usado, sobre todo entre las víctimas de violencia de género. Aclaro, por las dudas, que no es el uso del término lo que lamento. Sino la existencia del abuso como forma de (mal) trato entre las personas.

La canción refleja el sentimiento de desilusión y malestar que la integrante de una pareja siente frente a su compañero, quien se aprovechó de la fragilidad de ella. Quien canta es una mujer que se lamenta en primera persona sobre el padecimiento que la aflige en ese vínculo de (des)amor. El poder del amado la dejó en desventaja, más vulnerable, desarmada. La afectación negativa tiñe el tema.

Mucha agua pasó bajo el puente desde que la canción fue compuesta por Antonio Carlos y Jocafi y se publicó originalmente en el disco Mudei De Idéia. La marea verde del feminismo, el Ni una menos, y tantas manifestaciones aquí y en el resto del mundo visibilizaron que muchas veces lo que parece amor es abuso y maltrato.

Habrá que ir a escuchar a María Creuza al Café Berlín el jueves 13 a las 20, al Teatro Roxy, de Mar del Plata, el 19 de julio o al Templetón de Cariló, al día siguiente, para sentir con ella y sin correr riesgo ese padecer convertido en arte. Y, por supuesto, para gozar del resto de su repertorio en el espectáculo que tituló Encuentro, una celebración de los 80 años que cumplió el pasado febrero.

Creuza me dice que ama la Argentina desde que la visitó por primera vez junto con Vinicius de Moraes y Toquinho, en 1970, para hacer una seguidilla de shows. “Me gustan mucho sus paisajes, su música, su gente”.

Con su pareja, músico, “decidimos tener un departamento aquí para quedarnos más tiempo, estaba muy cansada de ir siempre a hoteles. Hace diez años que estamos entre Brasil y Argentina. Inclusive me nombraron Huésped de Honor y ya tengo mi propio DNI, una alegría”.

Cuenta que recibió la octava década “muy bien, contenta, estoy agradecida y con el espíritu positivo. A mi cuerpo lo cuido mucho, trato de entender lo que me enferma y tengo especiales cuidados con mi tesoro, que es la garganta. El pasado me honra y conservo recuerdos de personas que marcaron mi vida. Acepté volver a hacer giras para que los jóvenes conozcan la bossa nova, una música que ya es universal”.

“Si a tu hermana le pasa algo no van a tener el 144 para hacer una llamada”, dijo Thelma Fardin, muy preocupada justamente por el tema del abuso. “Desde que estamos en democracia no vivimos tal desmantelamiento de las políticas para proteger a las mujeres”, señaló el jueves pasado en un reel de Instagran.

“Hoy se desmanteló por completo la Subsecretaria de Prevención y Protección de la Mujer contra la Violencia de Género. Después del desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, de su paso a Capital Humano y luego al Ministerio de Justicia”, prosiguió desde su cuenta. “Con una mujer muerta por día, asesinada por el solo hecho de ser mujer, ¿van a decir que la violencia de género es un invento? Si a tu hermana le pasa algo, si a tu amiga o a tu madre las abusan, no van a tener el 144 para hacer una llamada”.

Que el Estado argentino ignore la importancia de prevenir la violencia de género “será mala praxis en cada uno de los casos que sucedan a partir de ahora... El mensaje en la semana en la que se cumple el aniversario del Ni una menos, ¿es una solución o una provocación?”, pregunta la actriz que, como las de otras miles de mujeres, fue una de las voces que salió a defender las políticas públicas en defensa del 51% de la población que la motosierra está haciendo desaparecer.

No tenemos dudas de que la decisión del gobierno implica un enorme paso atrás en un área reducida y debilitada. El Ejecutivo se muestra ignorante o indiferente a sus deberes jurídicos, ya que va contra el artículo 8 de la Ley 26.484 y contra una serie de pactos internacionales a los que la Argentina está suscrita en esta materia.

“Muchos se creyeron el cuento de que es un curro. Este es un mensaje claro para nuestras niñas, las madres, toda la sociedad”, señaló la intérprete y activista. “Y también es un mensaje para los violentos que han pensado que pueden hacer lo que quieren. El Estado argentino les guiña el ojo, les da vía libre para abusar de nosotras”.

LH/MF

“Las calles son nuestras”, se escuchó desde el escenario ubicado en la Avenida Entre Ríos, delante del Congreso. Fue el cierre de la lectura del documento de Ni Una Menos, la novena movilización, la primera del gobierno de Javier Milei. El movimiento feminista salió por segunda vez a la calle desde que el gobierno libertario está en el poder (la primera fue el 8M) en un marco de pérdida de derechos.

Salió a la calle a pesar del miedo. “Me hubiera gustado que sea más masiva, pero estamos ante un gobierno que mete miedo”, dijo Elizabeth, de 45 años, que viajó desde el sur del conurbano bonaerense. A su lado, una nena lleva un cartel verde: “No voy a crecer con miedo”. Es la hija de Elizabeth, que también estuvo hoy en la marcha. A su lado está su hermano, que tiene nueve años y que participó del primer Ni Una Menos mientras estaba en la panza de su madre. “Es difícil moverse por el precio del transporte, siento que mucha gente no pudo venir no porque no quiso sino porque no tiene los recursos económicos. Tengo varias compañeras que venían siempre, pero hoy no por el transporte, venir de provincia a Capital no es nada fácil. Además, estamos con un gobierno que impone miedo, pero estamos poniendo el cuerpo en la calle, creo que vamos a resistir a todo”, contó Elizabeth.

En el documento, que se leyó alrededor de las seis de la tarde, se hizo hincapié en el creciente clima de odio y de violencia económica. “No es libertad, es violencia patriarcal. La masacre de Barracas fue lesbicidio. Con hambre, odio y racismo colonial no hay Ni Una Menos”. Este año la marcha estuvo impregnada por los asesinatos de Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante por los que está detenido Justo Barrientos, un vecino del hotel de 67 años. 

“Estoy para repudiar el lesbicidio de Barracas. No es libertad, es odio”, dice Alma Fernández, una de las impulsoras de la Ley de Cupo laboral travesti - trans. “Estoy por las que ya no están, las que están, pero sobre todo por las que vendrán. El odio que percibo es no poder estar en las agendas emocionales del país, del Estado, de las políticas públicas, de la falta de cupo trans en todos los sentidos. Estoy por la intención de las personas travestis y trans de construir un proyecto de vida’, intencionó.

Desde la organización también resaltaron el clima de violencia hacia las diversidades sexuales: “Los discursos y actos de odio promovidos desde el gobierno y sus seguidores son responsables de que los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado alcanzando su peor expresión”.  Además, criticaron el accionar del “poder judicial misógino” y denunciaron el cerco mediático. 

Una fila de efectivos de la Policía Federal se extendió sobre la calle Hipólito Yrigoyen, frente a ellos un cordón de seguridad hecho por madres y maestras que se interpusieron a las estudiantes secundarias. Carmela tiene 16 años y llegó con sus compañeras de la Escuela Superior Jorge Donn. “Venimos a tratar de apoyar la historia y aportar un granito de arena para marcarla”, contó. “Venimos a bancarla, a que no muera la lucha histórica que hubo, que fue terrible. Igual noto en la gente que está con mucho más miedo, hay temor en las calles”, agregó. La lucha por defender la historia, el granito de arena que quiere aportar Carmela tiene que ver con el ataque del gobierno de Milei a las políticas con perspectiva de género. Solo 7 de las 43 principales políticas de cuidados se mantienen vigentes. “ La violencia económica es violencia”, denunciaron en el texto. “Ver como la policía está alrededor, demostrando la violencia que tanto nos marcan día a día. Esa violencia que también se ve en casa, en la comida, en las necesidades que van creciendo”, contó Cynthia, militante de 35 años del Movimiento de Trabajadores Excluidos.

En la calle a pesar del miedo. La idea se repitió en las entrevistas, brotó espontáneamente. “Este año todo es diferente. Hay miedo de salir a la calle a luchar. El miedo por el sistema en el que están trabajando de represión continúa. Hay miedo de perder cosas que habíamos ganado en la calle”, comentó Carmen Gauna de 50 años, docente de Avellaneda. Para ella la calle es lo común, así se lo inculcaron sus padres. “Yo creo que los derechos se ganan en la calle y más ahora, estamos en una situación crítica, la gente la pasa mal, trabajamos en un comedor de barrio y se siente mucho el hambre. Tenemos que luchar para revertirlo”, explicó.

Y en ese salir a la calle, en poner el cuerpo, el recuerdo a Nora Cortiñas, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo que murió el 30 de mayo a los 94 años.  “Norita, corazón, acá tenés las pibas para la revolución. Venceremos”, se leyó en un cartel violeta que cubría el carrito de una vendedora. “Nora Cortiñas Presente”, la frase se repitió a lo largo de la tarde. 

“Frente al odio y la crueldad de este Gobierno, nosotres seguimos organizades, tejiendo redes que nos sostienen”, dice el documento. En la calle, Elizabeth, con su hija y su hijo al lado, sentenció: “Ellos saben que tienen una madre que siempre estuvo y que va a seguir estando acá, por mí, pero más que nada por ellos”. 

CDB/FB/MG

Por noveno año consecutivo, como cada 3 de junio desde 2015, se realizó esta tarde la movilización nacional Ni Una Menos, que tuvo epicentro en el Congreso Nacional. Fue la primera durante la presidencia de Javier Milei, un gobierno que a lo largo de los primeros meses atacó abiertamente al movimiento feminista y desfinanció las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género.

Según datos difundidos días atrás por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina registró 250 víctimas directas de femicidio en 2023 y casi 2.500 en la última década. Por lo tanto, en 2023 hubo 10,6 % más víctimas directas de femicidio que en 2022, cuando se registraron 226 casos. Sin embargo, en ambos años, las cifras estuvieron por debajo de los valores prepandémicos, cuyo pico fue en 2019 con 260 víctimas directas de femicidio, relata el informe.

Esta fue una de las principales problemáticas que impulsaron la protesta aunque hubo otras tres que también resaltaron: contra el ajuste de Javier Milei; en repudio del triple lesbicidio de Barracas y en memoria de Nora Cortiñas, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo que murió el 30 de mayo a los 94 años.

“La masacre de Barracas fue lesbicidio. Con hambre, odio y racismo colonial no hay Ni Una Menos. Abajo la Ley de Bases y el DNU. El movimiento lesbo-transfeminista sigue en pie de lucha contra el gobierno de Milei. Este 3 de junio nos encuentra siendo muches, estando juntas y juntes y en movimiento. Estamos también aquí en honor a Norita Cortiñas, luchadora incansable y madre de todas las batallas. Se siente, se siente, Norita está presente”, dijeron y corearon las mujeres encargadas de la lectura del documento de la movilización desde un escenario montado frente al Congreso.

“Estamos viviendo un momento de profundos ataques al conjunto de nuestro pueblo. El gobierno de Milei instauró la crueldad y el odio como política de Estado. La violencia del gobierno de Milei es social, es económica y es política. Ante eso respondemos. Seguimos en las calles movilizadas. ¡Seguimos gritando Ni Una menos! ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! ¡Fuera el FMI!”, agregaron.

El triple lesbicidio ocurrido en el barrio porteño de Barracas el 5 de mayo fue otro de los ejes centrales de la masiva manifestación. “Estamos conmocionadas e inmovilizadas por la masacre de Barracas. Exigimos justicia por Pamela, por Roxana, por Andrea, asesinadas cruelmente por dos bombas molotov por ser lesbianas. ¡El silencio es complicidad! Exigimos a Jorge Macri y al gobierno de la Ciudad soluciones reparatorias urgentes para Sofía, sobreviviente de la masacre”, lanzaron y pidieron también “una respuesta habitacional adecuada y acompañamiento integral sostenido en el tiempo” al grito de “¡Ni una lesbiana menos!”.

En otro pasaje de la lectura se condenaron “los femicidios, lesbicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que se incrementan día a día y el violento accionar del Poder Judicial misógino”. “Ni Una Menos”, reclamaron.

MM

Este lunes, como cada 3 de junio desde 2015, se realizará la movilización del Ni Una Menos. Será la primera durante la presidencia de Javier Milei, un gobierno que a lo largo de los primeros meses atacó abiertamente al movimiento feminista y desfinanció las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género.

Este año el centro de la convocatoria es exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la ley Bases y el DNU, además de los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, indicaron desde la organización. 

Nueve años después de la primera movilización, convocada tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, la violencia extrema hacia las mujeres y diversidades sigue en el centro de la agenda. Este mes tres lesbianas fueron asesinadas en un hotel de Barracas por su identidad de género y una continúa internada. Esa será una de las principales demandas de la movilización al Congreso este lunes a partir de las 16.30.

“La movilización en este contexto económico y político es, también, la oportunidad de reivindicar, resignificar y repensar algunas banderas del transfeminismo como: 'no tendrán la comodidad de nuestro silencio' o 'al armario no volvemos nunca más'”, le dijo a elDiarioAR María Laura Olivier, secretaria General de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) e integrante del grupo “Lesbianes autoconvocades por la Masacre de Barracas”. 

Los lesbicidios de Pamela Fabiana Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante por los que está detenido Justo Barrientos, un vecino del hotel de 67 años, será una de las principales banderas para denunciar un clima creciente de discursos de odio. Esta semana, la cantante Lali Espósito hizo referencia a la masacre de Barracas durante la premiación de los Premios Gardel. “Es cierto que la palabra lesbicidio no está en la RAE, pero está en la calle y en la vida real de mucha gente”, reflexionó la cantante y anticipó la demanda del 3J.

Alrededor de las 18 horas se leerá el documento en el que se consensuaron distintos temas durante las asambleas abiertas que se realizaron las semanas previas. Luci Cavallero, una de las referentas del NUM, sostuvo que el tema central es denunciar que “con odio y hambre no hay libertad”.  “Estamos en contra del DNU porque nos empobrece y porque libera los precios principales de la economía y nos está haciendo imposible la vida cotidiana. Estamos en contra de la aprobación de la Ley Bases que nos quita el derecho a jubilarnos, nueve de cada diez mujeres no se podrían jubilar. Al mismo tiempo nos transforma en una colonia para las corporaciones transnacionales. Denunciamos el hambre como política de disciplinamiento hacia las organizaciones sociales y hacia las mujeres que vienen sosteniendo los comedores”, afirmó Cavallero a este diario. 

En las asambleas expusieron la violencia de género económica que implican las medidas del gobierno de Milei. “El hecho de no tener un trabajo y no tener la posibilidad de llevar ni siquiera un plato de comida o un kilo de pan para compartir con tus hijos genera mucha bronca y la violencia crece mucho más en la familia”, le dijo a elDiarioAR la secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Norma Morales. Además, alertó sobre la situación de las trabajadores comunitarias: “Somos las que seguimos garantizando las tareas del cuidado en los barrios populares, las que seguimos cuidando y alimentando a nuestra comunidad y nos congelaron el sueldo. Este mes nos pagaron la mitad, solo estamos cobrando $78.000, es indigno el nivel de violencia que venimos padeciendo. Es un crimen lo que están haciendo con nuestras compañeras, ellas siguen trabajando porque aman a su comunidad”.

Además, desde las organizaciones sociales alertaron sobre el crecimiento de los grupos narcos en los barrios. “La falta de trabajo desencadena que nuestra juventud agarre plata sucia, convivimos con los narcos en los barrios populares. Siempre están y en momentos de crisis aprovechan la situación para descarrilar a nuestra juventud”, agregó Morales, que también es coordinadora Nacional de Barrios de Pie.

En lo que va del año fueron asesinadas 101 personas por motivos de violencia de género. Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el  30 de abril de este año se produjeron 92 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 1 trans-travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En los primeros cuatro meses, 106 niños y niñas quedaron sin su madre. En este marco de violencia estructural, el gobierno nacional eliminó la mayoría de las políticas públicas destinadas a reducir las cifras. 

Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) indica que hay un 33% de recorte de presupuesto de estas políticas y que hay una parálisis de todos los programas de prevención y asistencia: caída del 80% en la ejecución interanual del presupuesto del Programa Acompañar (para víctimas de violencia) y del 25,52% del presupuesto de la Línea 144. La integrante del área de Políticas de ELA Agustina Rossi explicó que estos recortes tienen un impacto mayor en las mujeres más empobrecidas. “El programa Acompañar brindaba apoyo económico equivalente a un salario mínimo durante seis meses y afecta más las mujeres que dependían más fuertemente de poder recibir esta ayuda para irse del hogar violento”, le dijo a elDiarioAR.

Este alejamiento del Estado incide en que mujeres y diversidades en situación de violencia dejen de buscar ayuda y regresen con el agresor. “El monitoreo detectó que cuando las mujeres no pueden recibir este tipo de apoyo económico y psicosocial terminan decidiendo no denunciar, dejan los espacios de ayuda y vuelven con el violento. Entonces ya estamos viendo un retroceso muy fuerte en aquellas mujeres que se habían empezado a animar a buscar ayuda y que al ver que no hay ningún programa que la sostenga para efectivamente romper con el círculo de la violencia, entran en la necesidad de tener que volver con el violento”, agregó Rossi.

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La socióloga e historiadora feminista Dora Barrancos se refirió a la movilización del 8M y recalcó la importancia de la participación no solo de mujeres y diversidades sino también de varones, a quiénes convocó a salir a la calle ante “una era catastrófica de regresión de derechos”. “Espero que sea un hito. No es que estamos amenazadas de retrocesos, ya ha comenzado”, afirmó la académica en esta entrevista con elDiarioAR. Se trata del primer paro internacional feminista durante el gobierno de Javier Milei, que ya tomó medidas fuertemente regresivas en cuanto a los derechos de las mujeres y diversidades.

—¿Cómo llega el movimiento feminista a este 8M?, ¿Qué se espera?

—Va a ser un hito, espero que lo sea. Una demarcación, una manera de expresar toda la resistencia que tenemos ante lo que ya no es solo la amenaza de regresión. Se trata de medidas hechas por el gobierno de retroceso en materia de derechos de las mujeres y diversidades sexogenericos. Retroceso fue aniquilar por completo el Ministerio de Mujeres, retroceso es prohibir el lenguaje inclusivo en la administración pública, algo que está entre lo patético, lo grotesco y lo extraordinariamente anti libertad humana, anti libertad individual.

También está lo del INADI, una regresión en materia de derechos adquiridos, y la intencionalidad aparente de pedir la derogación de la Ley Micaela porque el vocero presidencial anunció que se prohíbe el lenguaje y el uso de la perspectiva de género. Pues habrá que derogar una ley, porque la Ley Micaela, creo que el vocero lo sabe mal y tal vez el Presidente también, obliga a actuar al Estado, a hacer fallos y tener política con perspectiva de género. 

—¿La amenaza ya se efectivizó?

—No es que estamos amenazadas de retrocesos. Seguramente estamos amenazadas de nuevos retrocesos, pero ya ha comenzado la era catastrófica de regresión de derechos para las mujeres y diversidades sexogenéricas, por lo tanto este 8 de marzo tiene que ser un hito en la movilización y concentración. También es una invitación para que muchos varones nos acompañen y que sea la plaza de las personas que piden que se respeten los derechos humanos. 

—Una de las regresiones es la prohibición del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en el Estado ¿Qué implica?

—El lenguaje es una forma de expresión que tenemos que en realidad manifiesta nuestro albedrío. Tenemos configuraciones del lenguaje, juegos del lenguaje que tienen que ver con las notas contextuales, con la significación que le damos. Según los grupos, hay lenguajes que se utilizan en muy diversas conformaciones sociales: de jóvenes que tienen vocablos que no usamos la gente vieja, lenguaje de la vida carcelaria, el lenguaje es arbitrario. En su configuración normativa parece que no lo es, pero el lenguaje es arbitrario. Por lo tanto, debería ser un acto de absoluta libertad. Me pregunto si no es una regresión de derechos y lo es el hecho de que se conforma la comunicación pública del Poder Ejecutivo con la monolítica pretensión de la Real Academia Española del uso del lenguaje con el sujeto no marcado masculino. Tenemos una flagrante regresión en materia de nuestros derechos, de la manifestación lingüística para las mujeres y disidencias. Esa prohibición es una clara advertencia de que la libertad no avanza, la libertad retrocede.

—¿Cómo se tienen que organizar los feminismos ante este avance en su contra?

—Como lo estamos haciendo, hay mucha asamblea en todo lugar. Las mujeres más pobres son las que están sufriendo en mayor medida las injurias de las carencias, de la falta de comida, de la falta de cuidados en este desarraigo completo por la falta del estado. El 8 de marzo es el hito por la expansión pública, está habiendo mucho cabildeo de cómo se resiste, de qué forma. Con creatividad se resiste a este tsunami de antiderechos.

—En el libro “Mujeres movilizadas en América Latina”, editado por CLACSO, usted habla del impulso de los colectivos feministas en Sudamérica. ¿En qué etapa estamos ahora?

—En gran medida el triunfo de Lula en Brasil estuvo muy acompañado por movilizaciones de todo tipo y clases de personas, de sectores populares sobretodo, pero también por la decisión de muchísimas mujeres porque Bolsonaro, como hacen todas las extremas derechas, había vituperado nuestros derechos. Ese cambio fue importante como respuesta de muchas mujeres como ayudantes de la candidatura de Lula. lo mismo pasó en Colombia con Petro. Hoy esa movilización continua, a veces hay momentos de reflujos, pero no hay que confundir, un reflujo se da por determinadas condiciones, una adversidad contextual muy grande pero es pasajero. Las mujeres en general, históricamente, han sido un bastión de resistencia. En Argentina tenemos tradición con la ejemplaridad de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, hay una resistencia y habrá ocasiones en las que esa resistencia será más pública como espero que ocurra el próxima 8M.

—El gobierno posiciona abiertamente al feminismo como uno de sus enemigos, ¿por qué lo hace?

—Es la construcción de las extremas derechas en el mundo, planetariamente han colocado este punto en su programa. En el pasado había gente reaccionaria , conservadora, pero ahora las derechas han incorporado la fórmula contrafeminista. Se sienten muy amenazados por la conmoción que produce la movilización en estado de insurgencia anti patriarcal. Es el mayor compulsivo de la época. Antiguamente había grandes movilizaciones obreras, pero ha habido cambios muy tremendos en la vida económica. De modo que las masas más movilizadas últimamente han sido las mujeres. Esto se ha tornado una amenaza para las extremas derechas patriarcales. Lo mismo que las disidencias sexogenéricas. Porque para esas fuerzas, el mundo está puesto patas para arriba por las feministas y las diversidades. Hay un miedo patriarcal, es muy amenazante, es una amenaza de estropearlo todo y necesitan reponer el orden que adjudican a la naturaleza en su moral.

—¿Le preocupa el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización?

—Somos corajosas porque tenemos miedo. El miedo es lo que finalmente condiciona la virtud del coraje. Apuesto a que haya un mínimo de racionalidad elemental en la ministra de Seguridad, estoy segura que va a hacer algo con alguna excepción posible, pero apuesto a que la minista no va a exponerse a una situación de crítica internacional. Porque esto no es un acto local, el 8M es internacional. Nomás por las consecuencias internacionales de las que ellos y ellas se cuidan, va a haber una administración discreta de las fuerzas de seguridad.

—En la semana presentó el primer pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei por “conductas reprochables e inaceptables en las plataformas digitales, con hechos de discriminación. ¿En qué consiste?

—Encontramos que había no un exceso sino que el presidente había infligido la ley. Desconoce dos circunstancias básicas de derechos humanos: la ley antidiscriminación a propósito del meme sobre una persona con Síndrome de Down, un atropello a la dignidad humana fundamental. También la celebración de un meme en la que había una puesta en escena con periodistas de un acto sexual de violacion de donde aparecía el gobernador de Chubut con cara de niña. Encontramos que esto no podía ser así solemnemente ignorado, que teníamos que ir a pedir el juicio político, que sabemos que tiene un trámite difícil pero ha sido muy movilizador ese gesto.

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Los feminismos y disidencias marchan hoy en todo el país. Es una reedición de la marea verde: de “los pañuelos (verdes) no se guardan” de hace dos años a “la libertad es nuestra”, el lema que rige la convocatoria de este #28S, el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La movilización es en reacción, sobre todo, a las propuestas de La Libertad Avanza, el espacio político con chances reales de llegar al Gobierno, y también a algunos posicionamientos de Juntos por el Cambio. 

Los liberal-libertarios, encabezados por la fórmula Javier Milei - Victoria Villarruel adelantaron en su plataforma electoral y en su plan de gobierno que la agenda de Géneros no será contemplada durante un eventual mandato. En diferentes apariciones televisivas ratificaron que aquellos derechos conquistados -aborto, Educación Sexual Integral (ESI), programas de acompañamiento a víctimas de violencias, por ejemplo- estarán bajo revisión. Preocupan otras propuestas como recortes y reformas en jubilaciones y pensiones. El sistema previsional también está en la mira de Patricia Bullrich, candidata a presidenta por Juntos por el Cambio. 

Otra coincidencia entre los competidores “duros” es en materia de Seguridad: para los liberal-libertarios la clave es “el que las hace las paga”, para JxC la solución es el “orden”, “el fin de los piquetes” y la construcción de cárceles. Otro punto de contacto es el “adoctrinamiento” en las escuelas, tanto político como en educación sexual. Ni Milei ni Bullrich, y tampoco Sergio Massa, el candidato oficialista de Unión por la Patria, tomaron como eje de campaña tres asuntos que atañen, directamente, a las mujeres: trabajo precario, acceso a la vivienda y administración del tiempo.

Los derechos y las leyes que supimos conseguir, en riesgo

Jubilaciones: “Libertad es que tu vieja haya podido jubilarse”, es una de las consignas de esta tarde. Al igual que JxC, LLA plantea cambios drásticos en el sistema previsional. La política central de Milei es achicar el Estado y para eso necesita recortar o reformar. Busca volver al modelo AFJP, eliminar la jubilación anticipada y la movilidad, además de la pensión por fallecimiento o viudez. 

Bullrich, con el argumento de que “el modelo de familia ha cambiado y continuará cambiando” asegura que existe “una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y una menor prevalencia y duración de los matrimonios, como así también uniones civiles y de familias no heterosexuales o monoparentales”. Como Milei, daría de baja la pensión por viudez y las moratorias previsionales.

El dato: en Argentina, 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria tienen menos de 20 años de aportes. ¿Por qué? Porque trabajaron en la informalidad, sin los aportes previsionales correspondientes, o que le dedicaron gran parte de su tiempo a tareas domésticas y de cuidado, sin remuneración en el mercado. Dos situaciones que exponen especialmente una situación de vulnerabilidad a las mujeres en edad de retiro.

Educación: otro lema de la convocatoria de hoy es “libertad es que la educación sea un derecho de todes y no un privilegio de los ricos que la puedan pagar”. Inspirados en Margaret Thatcher, LLA propone un sistema de vouchers. Esto significa que parte de los ingresos de los ciudadanos financien un pozo que se reparta entre todos; quien tenga el voucher puede invertirlo en la institución que desee. El argumento es que esto “alienta” la competencia entre escuelas. Es una forma, también, de convertir en mercancía un plan de estudios.

El dato: Las familias con más recursos pueden usar los cheques/bonos con mayores ventajas y acceder a circuitos educativos más meritorios; con lo que aumenta la segregación escolar y se consolidan circuitos educativos muy diferenciados para pobres y ricos. En la actualidad ningún país se orienta en esa dirección ya que ha sido una corriente que no ha demostrado efectividad ni eficacia. Más: diversos organismos financieros internacionales, como la OCDE y el Banco Mundial, fueron críticos del sistema de vouchers.

ESI: La ley de Educación Sexual Integral tiene más de 15 años. Es una política pública que genera espacios de enseñanza y aprendizaje en escuelas públicas, incluidas las de gestión privada, desde el nivel inicial al secundario. El propósito es que niños, niñas y adolescentes puedan tomar decisiones de manera autónoma e informada sobre su cuerpo, intimidad y vínculos. En la plataforma electoral, LLA propone “eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza”. En el debate de vices, la candidata a vicepresidenta por LLA, Victoria Villarruel, reforzó la posición: “la Educación Sexual Integral tiene que estar basada en contenido biológico”.

El dato: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 5 mujeres y uno de cada 13 varones declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. A fines de 2019, el Ministerio Público Tutelar porteño reveló que entre el 70 y el 80% de niñas, niños y adolescentes, de entre 12 y 14 años que fueron víctimas o testigos de abusos pudieron reconocer el delito tras recibir clases de Educación Sexual Integral.

Uso civil de armas de fuego: el punto 17 del ítem “Seguridad Nacional y Reforma Judicial” incluido en la plataforma electoral de La Libertad Avanza dice: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. 

El dato: este tipo de políticas no sólo incrementaría el índice de homicidios sino que expone, especialmente, a mujeres y disidencias. Según cifras oficiales, la mitad de los asesinatos que se cometen en la Argentina es con armas de fuego. En cuanto a los femicidios, en el 27% de los casos se usan armas de fuego. Hay evidencia internacional que indica que cuanto más armas circulan, hay más homicidios.

Interrupción voluntaria, legal y gratuita del embarazo: en su apartado sobre salud, tanto en su plan de Gobierno como plataforma electoral, LLA propone arancelar la atención en hospitales. Además, el la plataforma LLA proclama “la defensa del derecho a la vida desde la concepción”, aunque en el apartado dedicado a salud no refiere explícitamente a la Ley 27.610 que garantiza el Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. 

Pero desde el espacio se manifestaron en contra del aborto, en varias veces y en diferentes entrevistas. En una nota con Alejandro Fantino, Milei dijo: “Por lo menos haría un plebiscito. Y, si el resultado es a favor mío, se elimina la ley. Pero que elijan los argentinos. Si los argentinos creen en el asesinato de un humano indefenso en el vientre de la madre, se verá”.

El dato: De acuerdo a un análisis de Chequeado, existe un debate entre los especialistas respecto de que las cuestiones en materia penal, como ésta, puedan someterse a una consulta popular. Pero el posicionamiento de LLA sobre el aborto es moral. Si el argumento de los liberales-libertarios es cuantitativo, tampoco es sólido: según el último reporte del Proyecto Mira, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), los abortos realizados en el sector público se incrementaron en un tercio entre el primero y el segundo año de implementación de la ley. Mientras en 2021 se registraron 73.487 interrupciones del embarazo, la cifra fue de 96.664 en 2022. “Esta tendencia es similar a lo que ocurrió en otros países. Inicialmente, el número de interrupciones aumenta para satisfacer la demanda acumulada y luego se estabiliza o disminuye gradualmente con el tiempo”, describe el informe.

El voto femenino puede dar vuelta las proyecciones del 22O

Es en el segmento femenino y disidente donde los candidatos de La Libertad Avanza cosechan menos adherencia y por ende, menos votos. La participación de las personas empadronadas como mujeres y otros, porcentaje pequeño entre habilitados para votar, podrían cambiar la proyección que da, por el momento, ganador a la derecha en una instancia anterior al balotaje. 

Manuel Zunino, de la consultora Proyección, lo desagregan de esta manera: “Si la participación en octubre asciende al 80% se sumarían en octubre 3.400.000 nuevos votantes. A ellos se pueden agregar más de 750.000 que votaron a espacios que no superaron el 1,5% en las PASO. De acuerdo con el análisis de la consultora Betta Lab, que dirigen Juan Belbis y Antonio Milanese, los nuevos votantes serían mayormente mujeres, aproximadamente 55% frente a un 45% de hombres. Por lo tanto, los votantes en disputa se distribuirían de la siguiente manera: 1.950.000 hombres y 2.250.000 mujeres”.

De querer asegurarse el número ganador, la derecha, camuflada en propuestas neoliberales, se enfrenta a su propio desafío: no conversan con las mujeres que no adhieran a su plan de Gobierno. En campaña, tampoco seducen a las indecisas ni a las que optaron por otro signo político. Por lo pronto, LLA no podría ganar en primera vuelta y por eso, los feminismos organizados en asambleas llaman a reunirse en las plazas de todo el país mientras en Buenos Aires, la caminata será entre Plaza de Mayo y Congreso.

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La marea verde vuelve a la calle. Mujeres y disidencias se movilizarán el jueves desde las 16 de Plaza de Mayo al Congreso y en las plazas de todo el país. La convocatoria surgió en las asambleas convocadas por el colectivo Ni Una Menos en CABA luego de los resultados de las PASO, y que se fueron replicando en distintos puntos de la Argentina. El lema rector será “la libertad es nuestra”, en claro rechazo al avance las derechas y en clara defensa de los derechos conquistados. Esperan una movilización masiva.

El día elegido para marchar fue elegido a conciencia. El 28 de septiembre -28S- se conmemora el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal. En la Argentina el aborto es legal desde diciembre de 2020, hace poco más de dos años. Pero aunque es un derecho conquistado, hoy es un derecho amenazado. La Libertad Avanza, el espacio político con chances reales de ser Gobierno, no sólo se expresó en contra de la interrupción legal del embarazo sino que anticipó que en el caso de una eventual presidencia, podría o derogar la ley o plebiscitarlo.

La discusión social sobre el derecho a abortar está, sin embargo, cerrada. La estrategia discursiva de los liberal-libertarios es que el aborto “afecta a terceros”, es decir al feto; que no es posible ir en contra de la condición biológica de las mujeres (excluyen de su narrativa a las personas con capacidad de gestar, no necesariamente autopercibidas mujeres) y que es un crimen, “un asesinato en el seno materno”.

Advertidos, y con gran capacidad de organización, los feminismos tomaron ese frente para defender otra causas, también amenazada por La Libertad Avanza. Hay varias consignas. Por la educación pública: “Libertad es que la educación sea un derecho de todes y no un privilegio de ricos que la pueden pagar”; “Libertad es que haya 67 universidades públicas donde millones estudian y mejoran sus vidas para siempre”; “Libertad es que la educación siga siendo laica, pública gratuita”. Por la convivencia social: “Por nuestra vida en común”. Por la salud pública: “Libertad es que te atiendan en un hospital público cuando te enfermas”. Por el sistema previsional estatal: “Libertad es que tu vieja haya podido jubilarse”.

“Tenemos que pararnos frente a esos candidatos de la derecha que nos dicen que los derechos que conquistamos están en riesgo y explicitar hacia todo el arco político el mensaje de que no vamos tolerar ser culpabilizadas ni escondidas y que vamos a seguir luchando por una mayor igualdad”, dijo Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos a la agencia Télam. Mónica Santino, directora técnica y parte de La Nuestra Fútbol Feminista, el equipo que entrena en el Barrio Carlos Mugica (exVilla 31), consideró a esta movilización “necesaria” para los feminismos populares. “Necesitamos recuperar la calle, volver a sentir que somos esa marea que supo disputar sentidos en las calles en relación a la despenalización del aborto. Este 28S marcho porque soy feminista, argentina y porque estoy muy preocupada ante el panorama social y político. Marcho porque tengo historia y porque no queremos retroceder ni un solo paso”, expresó.

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Colectivos que piden justicia por femicidios, organizaciones políticas y sociales, activistas, niñas y “viejas” se reunieron hoy frente al Congreso de la Nación bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos”, acompañadas por ferias con emprendimientos, además de batucadas que pusieron ritmo a una jornada y la banda Sudor Marika que cerró el encuentro.

La movilización convocada desde las 14 en el Congreso estuvo marcada por la presencia variada de colectivos que dijeron presente, tales como el activismo gordo, familias de infancias trans, estudiantes de secundarios, además de organizaciones sociales y políticas y agrupaciones de familiares de víctimas de femicidios.

El colectivo Atravesadxs por el Femicidio desplegó desde las 10 en el lugar banderas y los nombres de cada una de las víctimas y colgó cortinas con mariposas de colores en las rejas frente al Congreso.

“Si bien están las fotos de nuestras chicas, quisimos llenar la plaza de color, de movimiento, con cortinas de mariposas frente al Congreso al que tanto le reclamamos por leyes y para que se cumplan”, dijo Marcela Morera, madre de Julieta Mena, víctima de femicidio en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

En el cruce entre las avenidas Corrientes y Callao concentraban desde las 14 unas 50 personas para pedir justicia por María Isabel Speratti Aquino, asesinada el 16 de marzo de este año por su ex pareja Gabriel Nuñez, quienes levantaban carteles con los mensajes: “Justicia por María”, “Infancias sin violencias” y “Vivas nos queremos”.

“Es importante la movilización popular, que no normalicemos los femicidios ni la violencia contra las mujeres. Nuestro principal reclamo es contra el Poder Judicial machista que nos abandona y deja a las mujeres expuestas a la violencia de los agresores”, dijo Sofía, quien junto a Rocío --que también estaba presente-- son hermanas de María Isabel y estaban acompañadas de Sacha, el hijo mayor de la mujer.

Durante la jornada también estuvieron presentes los pedidos de justicia de las víctimas de femicidios Florencia Galarza, Micaela Rascovsky y Katherine Moscoso; para las trabajadoras comunitarias Milagros Santos y Araceli Moreno; por el transfemicidio de Sofia Fernández; por la aparición del joven trans desaparecido hace dos años, Tehuel de la Torre; y también por Ferni Ayala y la periodista Griselda Blanco.

“Exigimos justicia por Griselda Blanco, una comunicadora precarizada que fue víctima de lo que hoy está caratulado como homicidio simple. Primero se lo quiso hacer pasar por un suicidio, pero no es ni un homicidio simple ni un suicidio, el femicidio de ella tiene que ser investigado y se tienen que descartar todas las opciones porque no se puede dejar de lado que ella venía denunciando actos de corrupción”, dijo la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi, después de la lectura del documento donde ella misma mencionó el caso.

La multitud que comenzó a concentrar desde temprano en los alrededores de la Plaza del Congreso tuvo como eje en sus reclamos la violencia económica y el pedido de una reforma judicial feminista, que fueron sintetizados en el documento que tuvo lectura cerca de las 17.

“Uno de los ejes es la violencia económica que tiene que ver con pensar cuáles son esos procesos económicos que hacen muy difícil pensar cómo salir de la violencia machista en términos de cómo afecta la economía. Podemos pensar en la depreciación de los salarios, de los subsidios, el problema de acceso a la vivienda, el no reconocimiento del trabajo comunitario, del trabajo de cuidados”, explicó Luci Cavallero, integrante de Ni Una Menos.

Durante la lectura del documento el agite de la movilización se profundizó cuando se pidió por un juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“El Poder Judicial, una y otra vez, protege a los abusadores y a los violentos, y revictimiza a quienes van a negociar situaciones de violencia, de quienes van a buscar ayuda en ese en esos espacios. Además apunta a la violencia y el disciplinamiento de Cristina (Fernández), Milagro (Sala), y también las compañeras mapuche”, dijo Jazmín Bergel, integrante de Mala Junta - Frente Patria Grande.

Personas mayores, familias que acompañan a infancias trans, sectores populares y estudiantes también participaron de la movilización feminista, en un crisol de identidades.

Lara Chaqueta y su madre María Vilca habían llegado temprano a la concentración desde el barrio Rodrigo Bueno y aguardaban escribiendo carteles en un banco a unos 50 metros del Congreso que decían “Quisieron enterrarnos pero no sabían que somos semillas”.

“Vengo por mi pueblo, por mis ancestras que no tuvieron la oportunidad de poder formarse, salir adelante, porque siempre estaba por arriba de todo el patriarcado. No teníamos ni voz ni voto para poder formar parte de alguna discusión política. Seguimos hasta ahora solo señaladas para mantener a nuestros hijos, cuidarlos y estar en nuestro hogar”, dijo María Vilca, que nació en la provincia de Jujuy y vive hace 20 años en la Rodrigo Bueno.

Un grupo de madres, nucleadas en al organización Infancias Trans pedía, por otra parte, “Ni una Niña Trans Travesti Menos” y aseguraban: “Maternar una infancia trans travesti es político”.

“Creo que somos la única organización que reclama que no haya ni una niña travita ni una adolescente trans travesti menos, porque nuestras niñas también están en esa línea de violencia, de travesticidio, y no se reclama en lo general. Es más, son arrojadas al sistema prostituyentes siendo muy niñas, siendo menores de edad”, dijo Gabriela Mansilla, madre de Luana, la primera niña en rectificar su DNI de forma legal en la Argentina.

Sobre la calle Yrigoyen, un grupo numeroso de jóvenes feministas hacía una gran ronda mientras cantaba “Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”, acompañadas de una batucada.

Una de ellas, Julieta Fachal, estudiante de cuarto año de la Escuela Julio Cortázar y parte de la Coordinadora de Estudiantes de Base, compartió que reclaman “por la real implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) y que se actualicen los protocolos de género en las escuelas”.

En tanto, un grupo de mas de diez mujeres mayores de 50 años sostenía una bandera que decía “La revolución de las viejas” y hacía sonar con ímpetu bombos y redoblantes.

“Somos un grupo de viejas mayores de 50 años que nos empezamos a visibilizar. Es una franja que siempre fue relegada a los cuidados, a los mandatos que nos instalaron desde que nacimos, y ahora nos queremos hacer ver”, dijo Malena López de la agrupación Políticamente incorrectas, incluida dentro de la Revolución de las viejas, mientras Graciela Altomonte de la agrupación Canas Verdes, destacó: “No somos material descartable, estamos activas, y estamos comprometidas”.

CRM con información de la agencia Télam

La organización Amnistía Internacional advirtió hoy que llaman la atención los diversos ataques a periodistas que hablan de violencia de género y los hechos que ponen en peligro a las mujeres en la Argentina, en un nuevo aniversario del grito colectivo contra la violencia machista “Ni Una Menos”.

Desde Amnistía advirtieron que la violencia contra trabajadoras de los medios de comunicación es un fenómeno mundial, ya que el 73% de las periodistas sufrieron acoso en línea relacionado con su trabajo, conforme un relevamiento de Unesco.

En Argentina, en el último tiempo, también se intensificaron los ataques a periodistas, según el informe publicado recientemente por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém do Pará (MESECVI).

Ello, señala AI, con la intención de deslegitimar las conquistas feministas y a voceras, ya que muchas de ellas fueron las organizadoras en 2015 del grito colectivo contra la violencia machista.

“Estas periodistas son quienes contribuyen con sus coberturas a la construcción de una agenda mediática que se hace eco de las demandas sociales, visibiliza las diversas manifestaciones de la violencia basada en género y contribuye a desnaturalizarla y combatirla”, aseguraron en el texto.

Y, añadieron: “Ello se ve agravado por la falta de espacios de denuncia efectiva, la precarización laboral y la discriminación de género conforme ha destacado recientemente la Relatoría Especial sobre Libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

“Las periodistas son cruciales para generar conciencia sobre las distintas formas de manifestación de la violencia de género. Lamentablemente, no es casual que hoy sean atacadas por sectores que impulsan medidas regresivas. Es indispensable que el Estado impulse leyes, planes de acción y políticas adecuadas de protección integral y erradicación de la violencia contra periodistas tanto online como en las redacciones”, señaló Mariela Belski directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

En 2022 hubo en promedio un femicidio cada 36 horas, lo que representa 20 femicidios por mes, acumulando un total de 242 asesinatos a mujeres por motivos de género a lo largo del año, según datos que surgen del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN).

“La mayoría de los femicidios tuvo lugar en el hogar de la víctima, o la vivienda que compartía con el femicida, lo que demuestra el nivel de desprotección que atraviesan las mujeres y personas travesti, trans y no binarias en su propio hogar”, indicó el comunicado.

Y agregó: “Ello se ve agravado si se considera que más del 19% de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de género previamente. A su vez, las cifras dan cuenta de esta problemática estructural: en los últimos 10 años se registraron unos 700 mil casos de violencia por motivo de género, según el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Genero (SICVG) y el 97% corresponde a situaciones de violencia doméstica”.

A 8 años de la primera marcha “Ni Una Menos” el diagnóstico se mantiene: “se minimizan los testimonios de quienes se animan a denunciar y se las somete a largas horas de espera para radicar una denuncia; se subestima el riesgo al que están expuestas las mujeres”.

“Hay fuertes demoras en la aplicación de medidas de protección que requieren respuestas ágiles, y no hay perspectiva de género por parte del poder judicial y policial. El acceso a la justicia continúa siendo una deuda del Estado. Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes y adoptar medidas”, continuaron.

Una de las manifestaciones más aberrantes es el abuso sexual infantil (ASI), ya que en el año 2021, se registraron 3.219 víctimas.

La Justicia en este tipo de casos es profundamente deficiente: de acuerdo a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) solo el 15,5% de los delitos contra la integridad sexual denunciados llega a sentencia condenatoria.

Por otro lado, si bien en Argentina el aborto es legal, a más de dos años de la aprobación de la ley aún se manifiestan barreras para el acceso a la interrupción del embarazo.

CRM con información de la agencia Télam

Las fechas conmemorativas muchas veces cargan con la necesidad de explicar(se): ¿por qué hace falta una fecha definida para seguir hablando de ciertas cosas? ¿Cuál es la razón para enfatizar reivindicaciones que podrían parecer ya instaladas en la conciencia colectiva?

Cuando hace 8 años cientos de miles de mujeres de todas las edades, solas, acompañadas, en familia, con amigas y compañeras salieron a las calles para manifestarse frente a los femicidios, sentimos que algo que había cambiado. Que todo el esfuerzo colectivo desde el que se lograron a lo largo de los años conquistas importantes enmarcadas en leyes, programas, instituciones, no permitiría retrocesos.

Eso no es así. Si bien es importante celebrar la construcción colectiva, valorar los esfuerzos de instituciones y personas que mueven las barreras en el mundo público y privado, que aceptan el desafío de gestionar en el marco de la inercia de la burocracia estatal; también es imprescindible cuestionar las resistencias, denunciar las falencias, superar la indiferencia y resistir la resignación. El mismo avance se pone en riesgo cuando recibe el constante desafío de las experiencias cotidianas, de instituciones que permiten las violencias dentro de sus propios ámbitos, y también las experiencias de aquellas mujeres que no encuentran el apoyo necesario para superar relaciones marcadas por la humillación y las violencias, que no quieren permitir que esa situación que están atravesando las defina.

Llegamos a este 3 de junio con una cantidad de femicidios que no cede, con denuncias de violencias por razones de género que no encuentra respuestas suficientes de la justicia ni de las políticas públicas en distintos puntos del país; con un impacto de la desocupación y la informalidad en el empleo que golpea especialmente a las mujeres y a los hogares de jefatura femenina, empobreciendo a la niñez y condicionando su desarrollo; con mujeres adultas que viven más, pero no necesariamente viven mejor. Llegamos con políticas que ignoran todavía la necesidad de mirar la interseccionalidad indispensable en las respuestas estatales, como si las mujeres fuéramos un todo homogéneo y la situación de discapacidad, la pobreza, las condiciones de vida no fueran consideraciones indispensables que se suman, no se fraccionan.

Lo que es más grave, llegamos a este 3 de junio con voces públicas que cuestionan el trabajo de los ministerios sectoriales y de las oficinas encargadas de impulsar las políticas para la igualdad de género desconociendo el trabajo que se hace, más enfocados en cuestionar con mirada partidaria y subirse a la velocidad con que multiplican los prejuicios en las redes sociales que en analizar de manera empírica el esfuerzo que se despliega y el impacto (aún todavía incipiente) de las políticas públicas en las vidas que ayudan a transformar.

Frente a la dimensión del problema, las respuestas son complejas y de largo plazo. Eso debe servir de impulso para monitorear, evaluar y mejorar, sin propuestas que parecen irreflexivas reclamando que hay que cerrarlo todo y empezar de nuevo.

Las políticas contra la violencia de género deben ser una prioridad en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, de manera muy especial en el actual contexto de crisis. La prevención y atención temprana tiene un impacto positivo en mejorar la vida de las mujeres y en reducir las brechas de desigualdad.

En tiempos de campañas electorales cuando los temas de agenda pública parecen enfocarse en otras urgencias, es momento de pensar cómo seguimos. Si las políticas no han logrado todavía prevenir los femicidios ni han logrado desplegar todo su potencial en la protección de las mujeres, ¿será que hay que cambiar el rumbo? ¿Será que las instituciones que se crearon en el Estado nacional y los estados provinciales no son útiles?  

Muy por el contrario. Hay que trabajar más y mejor, con una institucionalidad más coordinada, más recursos técnicos y presupuestarios, más colaboración entre los poderes del Estado, pero no menos políticas. Que las reflexiones en este nuevo aniversario de las marchas reclamando “Ni una menos” nos permitan reforzar el compromiso con una democracia sólida, inclusiva, ocupada en mejorar las condiciones para el desarrollo con autonomía y con igualdad.

NG

El colectivo Ni Una Menos, que reúne a organizaciones feministas, exigió una Justicia independiente del poder económico y con perspectiva de género, a través del documento “Vivas, libres, desendeudades y en las calles nos queremos”, que será leído esta tarde en el cierre de la movilización por los derechos de mujeres y disidencias frente al Congreso de la Nación.

“A 40 años de recuperar la democracia, decimos: ¡No hay democracia con un Poder Judicial al servicio del poder económico y conspirando contra la organización social y política, criminalizando a sus referentes; no hay democracia con deuda externa ni bajo el control del Fondo Monetario Internacional (FMI); no hay democracia con estos niveles de pobreza; no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social!”, indica el texto difundido a la prensa.

En ese sentido, señala que “los transfeminismos populares dejamos en claro que esta Justicia no es nuestra, y si no es para todes, no es justicia. Por eso exigimos una reforma judicial transfeminista, plurinacional e interdisciplinaria!”.

“Queremos una justicia democrática y con participación popular, y en la que se garantice escucha a las víctimas, se construyan respuestas que responsabilicen a quienes cometen daños y repare a las víctimas”, añade.

Es así que pidieron incorporar “la perspectiva feminista, decolonial y antirracista”, así como “paridad e incorporación del colectivo LGTBIQIA+, acceso eficaz y lenguaje claro” en la justicia.

La proclama pide también el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y la destitución de sus integrantes “para una nueva composición federal y con diversidad de género”.

“Basta de una Corte que resuelve en pasillos y con negociados: queremos una Corte que tenga plazos para resolver, que no duerma sobre las causas y que resuelva de cara al pueblo, en audiencias en las que se garantice y amplíe la participación popular en temas cruciales”, señala el documento.

Además retoma la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés, que fue absuelto por ese delito en un tribunal brasileño, aunque la causa entra en una etapa de apelación. “Decimos YO TE CREO HERMANA. Frente a los que nos quieren sumisas y calladas, estamos hermanadas y en colectivo, no van a tener nunca más nuestro miedo ni nuestro silencio. Te seguimos creyendo Thelma. Nunca NO es un Sí. ¡Justicia para Thelma!”, sostiene.

Otro eje es el pedido de inmediata liberación de las mujeres mapuches presas hace casi ocho meses en Río Negro: Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y Romina Rosas, sobre lo cual apunta que “no hay democracia con presas políticas”.

Las organizaciones feministas también exigen el indulto a la dirigente social jujeña Milagro Sala, que -indican- “lleva 7 años presa, perseguida y proscrita por el gobierno de Jujuy”.

El documento denuncia la violencia judicial, mediática y política contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y advierte: “Como lo hicimos en las calles frente al intento de su magnifemicidio, repudiamos todas esas violencias que han llevado también a su proscripción y exigimos efectiva investigación de los responsables intelectuales y materiales”.

“Repudiamos el cierre de la investigación del intento de asesinato como un nuevo acto de consagración de la impunidad. El Poder Judicial, con celeridad ha puesto traba tras traba para impedir que se conozca la verdad”, agrega.

El texto reclama: “BASTA DE FEMICIDIOS, LESBICIDIOS, TRAVESTICIDIOS Y TRANSHOMICIDIOS. Pedimos justicia por María Isabel Speratti, por Micaela Rascovsky, por Florencia Galarza. Pedimos justicia por Milagros Santos y Araceli Moreno, trabajadoras comunitarias. Pedimos justicia por Ferni Ayala. Justicia por la periodista Griselda Blanco. Justicia por Sofi Fernández y Lorena Franco. Basta de travestis y trans que ”aparecen muertas“ en una comisaría. Nos seguimos preguntando dónde está Tehuel de la Torre y exigimos que el Estado lo busque! Basta de abuso sexual contra las niñeces! Justicia para Luna”.

También piden que se garantice el acceso a patrocinios jurídicos gratuitos, la efectiva implementación de Educación Sexual Integral para proteger a las infancias y adolescencias de los abusos sexuales y agresiones de género.

“Necesitamos que sea un espacio transversal de escucha y formación permanente. Las Iglesias no pueden intervenir en la ESI ni en la educación pública. No a las leyes provinciales de ESI antiderechos que son restrictivas. Que los contenidos incluyan a la Ley de Identidad de Género y el aborto. Por una ESI no binaria”, advierte el texto.

Los reclamos denuncian “la ausencia de políticas que democraticen el cuidado y la desidia judicial frente a los reclamos de responsabilidad alimentaria y cuidado compartido de hijes que castiga la maternidad, es complaciente con los incumplidores y perpetúa la desigualdad”.

Y exigen la persecución de la trata con fines de explotación sexual y laboral, la reparación para las sobrevivientes, la declaración nacional de la emergencia en violencia de género, y la derogación de los códigos contravencionales que criminalizan el trabajo sexual.

El documento está firmado por cientos de organizaciones feministas, gremiales, sociales y de derechos humanos.

MB con información de agencia de noticias Télam