Javier Milei busca completar la vacante que dejó la expulsión de Rodolfo Barra de la Procuración General de la Nación. El Presidente piensa designar como jefe de los abogados del Estados a un teórico libertario que tuvo mucho juego en la Justicia durante la época menemista y más allá. Se trata de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario de la Corte Suprema y exjuez federal.

El posible procurador tuvo este lunes en agenda una reunión con Santiago Caputo, el asesor presidencial estrella que maneja como un titiritero los hilos judiciales del mileísmo: está encima del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona, además de operar sobre la SIDE. El miembro del “triángulo de hierro” fue quien echó a Barra el viernes pasado, cuando Milei y su hermana Karina aún estaban de gira oficial en Europa. Sin embargo la confirmación de la designación deberá esperar a este martes.

 “Seguramente el Presidente llegará a una definición mañana por la mañana (por este martes). Hay más de un candidato para el cargo y se está evaluando”, consignó la agencia NA de una fuente reservada de Casa Rosada. Rojas pasó por la tarde por el edificio de Balcarce 50 y tuvo un breve encuentro con el asesor presidencial.   “El presidente Milei tiene una gran admiración desde hace muchos años hacia Rojas”, detalló el funcionario consultado. Pero de inmediato hizo alusión a una situación que hace dudar sobre si finalmente será el elegido para ese puesto: “Rojas es juez y el procurador por definición es abogado. Un abogado es parte en una situación judicial y el juez imparte justicia. Tiene que dejar de ser juez en lo conceptual”, planteó.

Si se confirma la llegada de Rojas al Gobierno, Milei habrá cambiado prácticamente un ultra por otro al frente de la tropa de abogados del Estado. Si Barra fue juez en la Corte Suprema en los '90, Rojas fue secretario Letrado del máximo tribunal entre 1986 y 1993 (es decir, entre los últimos años de Raúl Alfonsín y los primeros de Carlos Menem) y juez en lo Criminal de Buenos Aires (entre 1993-2008). Al mismo puesto retomó por concurso en 2011.

Pero sobre Rojas también se destaca su perfil de teórico libertario, costado por el que tiene una relación de antaño con el propio Milei. Doctor en Historia Económica (ESEADE), Rojas escribió libros de corte mileísta como “La inflación como delito”, “Individuo y sociedad”, y “La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad”, que tiene como prologuista a María Corina Machado, líder de la oposición antichavista en Venezuela.

Rojas llevó sus ideas fronteras afueras: fue profesor visitante y conferenciante en Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Italia, España, Turquía y Estados Unidos. Actualmente reside en Guatemala, donde da clases de derecho en la Universidad Francisco Marroquín, y llegó a Buenos Aires en las últimas horas.

Otro que suena como candidato para la Procuración del Tesoro es Santiago Castro Videla, de 43 años, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral que se desempeña en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados. “Es un discípulo de Rojas”, destacó la fuente consultada al admitir que es otro de los que se tiene en la mira para el puesto. El tercer posible candidato es Carlos Laplacette, socio del estudio Cassagne, el mismo en el que trabajaba la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal.

El despedido Barra

El viernes pasado Milei y Caputo echaron a Barra de la Procuración tras acusarlo de firmar un dictamen contra el Gobierno y de vivir en el exterior. Fue una acción más del “purismo” que esgrime el oficialismo.

El conflicto con Barra se remontó a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el entones procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideraron que su responsabilidad fue ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España.

Con información de agencia NA

MC

El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora fue el turno de otro funcionario de la órbita del Ministerio de Justicia: el hasta hoy titular de la Procuración del Tesoro, Rodolfo Barra. Aunque había sido convocado a una reunión con el asesor presidencial, fue finalmente desplazado en la tarde de este viernes luego de un dictamen que cayó como una bomba en Balcarce 50.

En la Casa Rosada señalan similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Javier Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señaló por un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Este documento, si bien no vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.

El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el exprocurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

La situación de Barra se complica aún más por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.

Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país, lo que reforzaría la percepción en contra del entorno de Milei. Según se comenta en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.

A pesar del malestar con Barra, en la Casa Rosada evitan responsabilizar directamente a Mariano Cúneo Libarona. El ministro de Justicia continúa gozando de la confianza de su vice Sebastián Amerio, alfil de la mesa chica de la Casa Rosada puertas adentro de la cartera, aunque los cuestionamientos a sus colaboradores comienzan a salpicarlo indirectamente.

Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial, avanza con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. Como nuevo procurador del Tesoro, comenzó a sonar en las últimas horas el nombre de Ricardo Manuel Rojas, exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia y exjuez en lo criminal de la Ciudad. Pero en Balcarce 50 dicen que aún no hay definiciones.

Barra fue un personaje controversial desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado “nazi”: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.

Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.

PL/MC

Eduardo Casal, el procurador general interino, se pronunció en favor de que la Corte Suprema de Justicia revisara la legitimidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, elaborada por el gobernador Gerardo Morales, y haga lugar a los reclamos del Gobierno Nacional. Fue a través de en un dictamen, firmado este viernes.

La decisión llega tras los reclamos a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pedir que se declare la inconstitucionalidad de las reformas en la carta magna jujeña. “A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, determinó Casal.

En esa línea, remarcó que “en efecto, toda vez que el Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal (...), demanda a la provincia de Jujuy (...) entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”. 

De todos modos, el dictamen del procurador, de apenas tres páginas, no es vinculante. Esto significa que la Corte no está obligada a seguir ese criterio, y podría resolver en sentido contrario.

Tampoco avanza sobre el fondo del reclamo formulado por el Gobierno Nacional, respecto de la validez constitucional de los artículos objetados de la nueva carta magna provincial. El dictamen atribuye al tribunal supremo la “competencia originaria”, es decir, la intervención como tribunal de única instancia en el reclamo.

“En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte”, sostuvo el procurador.

“Toda vez que el Estado Nacional —que tiene derecho al fuero federal—, demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito”, explica el documento.

El Estado demandó a la provincia de Jujuy “a fin de obtener se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 67 inciso 4°, 94 y 95 de la Constitución de la provincia”. La presentación sostiene que esos artículos, que se refieren a la prohibición y criminalización de la protesta social y a los derechos de los pueblos originarios, “subvierten el orden institucional y los derechos y garantías constitucionales” de la Nación.

LC con información de agencia NA

La Procuración General de la Nación opinó este viernes que la Corte Suprema de Justicia no debe intervenir en la discusión por la reelección del gobernador Gildo Insfrán en Formosa, mientras que la oposición provincial volvió a presentar una cautelar solicitando que se suspenda la elección prevista para el 25 de junio.

“Dada la índole taxativa de la competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno, opino que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal”, resolvió el procurador interino Eduardo Casal.

Casal citó sus propios dictámenes en expedientes tramitados ante la Corte por conflictos en varias provincias en donde terminó concluyendo que no debe intervenir. Sin embargo, en el último párrafo de la sección resolutiva mencionó que el Tribunal, como “intérprete máximo” de la Constitución, podría “decidir la intervención procesal que considere pertinente”.

El procurador, quien asumió luego de la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, mantuvo la misma postura que cuando fue convocado a emitir dictamen en casos similares en las provincias de Santiago del Estero y La Rioja, o recientemente sobre San Juan y Tucumán.

En cuanto a la oposición formoseña, el diputado nacional y candidato a gobernador Fernando Carbajal por el frente Juntos por Formosa Libre, volvió a presentar un amparo este viernes ante el máximo tribunal, pidiendo que se suspenda “el proceso eleccionario provincial, hasta tanto esta Corte se expida respecto de la cuestión de fondo”. Es decir, hasta que se resuelva sobre la constitucionalidad del artículo 132 de la carta magna provincial que permite la reelección indefinida del gobernador y el vice.

El lunes pasado, Carbajal había presentado un primer amparo, donde solicitó se declare la inconstitucionalidad del artículo 132, para lograr así que no compita el actual gobernador que ejerce el cargo desde 1995, el peronista Gildo Insfrán.

El artículo 132 establece que “el gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos”. Para la oposición, la redacción “constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que, en sus artículos 1, 5 y 123 recepta para el pueblo de la Nación Argentina los principios Republicanos de Gobierno y temporalidad en el poder”.

Fernando Carbajal representa un frente de dirigentes del PRO, el radicalismo, peronistas disidentes y otros sectores encolumnados en el rechazo a la figura del gobernador. Antes de conocerse el amparo contra su reelección, Insfrán dijo que “nuestra Constitución dice que el mandato del gobernador y el del vice duran cuatro años y se pueden reelegir. En Formosa es el pueblo el que decide la alternancia”.

Para Insfrán, en los próximos comicios locales se libra “una lucha que es como la de unitarios contra federales” y anticipó que el oficialismo del Frente de Todos que encabeza en la provincia se impondrá.

Por otra parte, Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de Formosa, pidió ayer jueves a los máximos magistrados que se “declare la incompetencia de esa Corte Suprema para intervenir en estos obrados y, en su caso, ordene su remisión a la justicia provincial”. La solicitud cuenta con el patrocinio del excortesano Rodolfo Barra.

“En subsidio de lo anterior, rechace, sin más trámite, la medida cautelar peticionada; con costas”, reclamó Zabala. En los fundamentos, señaló que se presenta ante la Corte Suprema de manera “de garantizar a mi representada (la provincia) el ejercicio del derecho a ser oído, comprendido en el derecho al debido proceso”.

LC con información de agencia Télam

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED

La nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo contra el Poder Judicial, tiene una carrera contrarreloj para no quedar un año más en la nada. Si el oficialismo no consigue el quórum en la Cámara de Diputados antes del 10 de diciembre, el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales que tanto trabajo costó al kirchnerismo caerá y el tratamiento del proyecto deberá volver a foja cero en la Cámara baja, confirmaron diputados oficialistas y opositores a elDiarioAR.

El objetivo de esta ley, impulsada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su sector político más afín, es flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación, jefe de los fiscales y clave en el funcionamiento de los tribunales. Sólo una victoria holgada en las elecciones legislativas podrá reacomodar las fichas a favor del oficialismo.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al gabinete del presidente Alberto Fernández tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba la falta de militancia del proyecto de ley y por ende, su escaso avance en Diputados.

El principal punto del proyecto es que el Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales, pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes). También, que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Eso permitiría al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El juez federal Daniel Rafecas es el elegido por Fernández para asumir como Procurador pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo demostraron su falta de voluntad para impulsar el pliego de Rafecas en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo.

A cuatro meses de su asunción, Soria movió algunos casilleros para sumar número y lograr el quórum, logró los apoyos de algunos indecisos, como el diputado mendocino José Luis Ramón, pero los números para el quórum siguen siendo insuficientes. Las definiciones sobre candidaturas para este año, los heridos en las negociaciones por las listas y la resistencia de los diputados cordobeses -cuatro aliados del gobernador Juan Schiaretti- hicieron que Soria postergara la pelea, reconocieron dos fuentes oficialistas. 

Sin quórum

El proyecto de ley tiene media sanción en el Senado desde noviembre de 2020. Durante lo que va de 2021, el oficialismo logró votar un dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones en mayo pero el tratamiento de la ley en el recinto de Diputados nunca fue posible. El kirchnerismo no consigue la cantidad necesaria de aliados que garanticen el quórum, según reconocen en el Frente de Todos. 

“Los dictámenes de comisiones parlamentarias se caen ante el recambio legislativo y eso es lo que sucederá en este caso el 10 de diciembre si el proyecto no se trata antes en el recinto”, explicó el diputado Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, que integra el interbloque de JuntosxelCambio. 

Entonces, el oficialismo deberá esperar a que se conformen las nuevas comisiones -que tendrán nuevos integrantes tras los resultados de las elecciones legislativas- para volver a analizar el proyecto y buscar un nuevo dictamen.

Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento.

Juan Manuel López — Diputados (Coalición Cívica).

“Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto porque los diputados están en su provincias”, afirmó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), presidente de la comisión de Justicia, quien admitió que no ve posible que el proyecto sea tratado en el recinto.

“El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente. Después del 10, necesitan los dos tercios de los votos o volver a sacar dictamen y eso es muy difícil que suceda”, explicó López. 

El resultado electoral podrá cambiar la relación entre las fuerzas incluso antes del recambio de diciembre. “Están complicados pero no están tan lejos. Si ganan bien esta elección, la ley tiene más posibilidades de sancionarse antes del 10 de diciembre”, agregó el diputado López, en referencia a los acuerdos y el reacomodamiento de algunos diputados que una victoria electoral le garantizará inmediatamente al oficialismo. “Vamos a estar muy atentos a cómo tratan de introducir este proyecto para su tratamiento”, concluyó el opositor.

La otra reforma

El proyecto de ley que impulsó el kirchnerismo puro en el Congreso desplazó al de reforma judicial del presidente Fernández como prioridad legislativa en materia judicial. El anunciado proyecto del mandatario, para el que convocó a una comisión de juristas que lo asesorara, también tiene media sanción del Senado pero ni siquiera tiene dictamen de comisión en Diputados, confirmó una fuente oficialista en la cámara alta. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos). 

Las causas que importan

Los tribunales retoman este lunes la actividad, tras el final de la feria judicial de invierno, pero, en general, la agenda de los jueces y fiscales federales ya no sintoniza con la de los medios de comunicación o de la política. “Estamos muy cómodos”, fue la respuesta de uno de los magistrados más influyentes de Comodoro Py cuando elDiarioAR le preguntó cómo se sentía estar corrido de la tapa de los diarios, portales y medios audiovisuales.

El dictamen cae el 10 de diciembre. Entre el 1° y 9 de diciembre, podrían intentar tratarlo en extraordinarias, cuando el dictamen actual todavía esté vigente.

Juan Manuel López. — Diputado (Coalición Cívica).

Lejos de la vorágine que desataron jueces como Claudio Bonadio en 2014 o el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, la pandemia y el cambio de gobierno modificaron por completo la dinámica de los tribunales. No son las causas contra Fernández de Kirchner las que dominan el escenario sino Fernández de Kirchner con su objetivo de frenar los juicios en su contra, argumentando que llegaron hasta esa instancia debido a la supuesta arbitrariedad de jueces y fiscales que actuaron en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri.

En 2021, logró ser sobreseída de manera anticipada en la causa Dólar Futuro y apuesta a lo mismo en la causa del Memorándum con Irán. Está siendo juzgada por el caso Vialidad por presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz y tiene pendiente juicios por Hotesur y Los Sauces, y el caso de los cuadernos.

En ese punto está puesta también la atención del ministro de Justicia, quien monitorea que los jueces y fiscales de Comodoro Py avancen en las causas contra el expresidente Mauricio Macri, la “mesa judicial” y los jueces que supuestamente actuaron contra Fernández de Kirchner en consonancia con el gobierno de Cambiemos, contó un allegado a la cartera de Justicia. 

Seguimos trabajando sobre el número para alcanzar el quórum pero supongo que la campaña electoral va a complicar todavía más esto.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Soria sigue de cerca procesos y denuncias, y busca que la propia Justicia federal presente las pruebas que podrían desarmar las acusaciones contra la vicepresidenta pendientes de juicio oral y público.

Este miércoles 4, será la segunda audiencia en el pre-juicio por el Memorándum con Irán. Luego de la exposición de la vicepresidenta, esta semana será el turno del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, además de otros tres de los acusados que también piden la nulidad del expediente y sus sobreseimientos antes del juicio.

Tanto Fernández de Kirchner como otros imputados por el presunto encubrimiento a los acusados del atentado a la AMIA de 1994 plantearon la nulidad de la causa. El 16 de julio, la funcionaria planteó que el juicio en su contra debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.

El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa ese año. En los despachos de ambos jueces rechazan los planteos de supuesta parcialidad. Estas visitas están siendo investigadas en Comodoro Py, tras una denuncia del diputado Tailhade.

ED

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

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