Gregorio Dalbón, el abogado de la familia de Lucas González, sostuvo que la Justicia emitió “el fallo más importante desde el regreso de la democracia” tras conocer las penas contra los 14 efectivos de la Policía de la Ciudad y se mostró conforme por el veredicto.

“Es el fallo más importante desde que la democracia ha vuelto al país. Es el fallo más importante en relación a lo que es que el Estado mate y por el color de la piel. Esto va a ayudar a que nunca más maten por el color de la piel. Se condenó a la mafia. No olviden que los chicos fueron presos y ellos se fueron a tomar champagne esa noche”, sostuvo.

Luego de que los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y Ana Dieta de Herrero sentenciaran a prisión perpetua a Gabriel Alejandro Isassi, Fabián Andrés López y Juan José Nieva por el crimen del adolescente de 17 años, el letrado sostuvo que se trató de “una sentencia histórica”.

A pesar de que el Tribunal absolvió a cinco de los 11 imputados en el caso, el defensor remarcó: “Son 9 condenas sobre 14 y me quiero dedicar a eso. Después estudiaré y evaluaré cuál de las absoluciones vale recurrir”.

“Le dieron perpetua a los tres y les metieron cinco agravantes, entre ellos el placer y el odio por racismo. Nombraron a las víctimas como víctimas de violencia institucional. Es una sentencia histórica en la Argentina, para que no haya más un Lucas González y para que nunca más la Policía nos mate”, opinó Dalbón.

Sobre cómo tomaron la condena la madre y el padre de la víctima, Dalbón destacó: “Estaban muy emocionados porque lo que buscábamos era la perpetua y el agravante de racismo. Hemos conseguido que los llamen como víctima de la violencia institucional”.

“Esto es el principio porque lo que viene ahora es ir a los jefes. Acaban de decir que se extraigan testimonios para tratar de investigar al jefe de la Policía”, sentenció Dalbón. También hizo hincapié en el dictamen del Tribunal sobre la familia: “El reconocimiento como víctimas de violencia institucional está diciendo que las mató al Estado”.

En cuanto a los condenados, indicó que “se van a morir en la cárcel porque mataron a un futbolista, no a alguien que compraba droga”, indicó.  El letrado también manifestó que esta condena es ejemplar y que permitirá que “jamás le arrebaten el sueño a otro chico”.

Héctor González, parde de Lucas, expresó entre lágrimas a la salida del tribunal porteño: “Estoy feliz, se hizo justicia”. “Le pido a Lucas que me de fuerzas para seguir adelante. Le agradezco a la gente y a mi familia”, dijo. Por último, remarcó que no siente bronca ni enojo con los policías de la Ciudad.

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que González se abrazó con el abogado Dalbón.

LC con información de agencia NA

El juicio por el asesinato del futbolista de las inferiores del club Barracas Central, Lucas González (17), baleado por agentes de la Policía de la Ciudad cuando salía de entrenar con tres amigos en noviembre de 2021, comenzará este jueves con 14 efectivos sentados en el banquillo de los acusados, tres de ellos imputados por homicidio y el resto por intentar encubrir el hecho y cometer torturas contra los chicos que sobrevivieron.

En la previa al juicio, el papá de Lucas, Héctor “Peca” González, dijo que espera un juicio justo y no una venganza y aseguró: “Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable, nos arruinaron por completo. Vamos a buscar justicia, no venganza”.

El inicio del debate está previsto para mañana a las 9 en el salón Auditórium -conocido como Sala Amia- de los tribunales federales situados en Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro, sede judicial en la que se resolvió hacerlo por una cuestión de espacio.

El cronograma previsto consta de 11 audiencias, a razón de una por semana, por lo que se estima que se extenderá hasta julio, según informaron fuentes judiciales.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, integrado por los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el que conduzca el debate y analice las pruebas para llegar a un veredicto, mientras que la acusación estará a cargo del fiscal será Guillermo Pérez de la Fuente.

Para la jornada inicial, está prevista la lectura de requerimiento de elevación a juicio y las indagatorias de los imputados, quienes podrán declarar en ese momento o en cualquier otro a lo largo del debate.

Tras ello, declararán los tres amigos de Lucas que fueron víctimas de torturas por parte de integrantes de la fuerza porteña, por lo que actúan como querellantes en la causa con representación del abogado Gregorio Dalbón, el mismo que representa a la familia González.

Se trata de Joaquín Zúñiga, Julián Salas y Niven Huanca, quienes estaban con Lucas a bordo del Volkswagen Suran que fue atacado a tiros por la policía, que luego los hizo pasar por delincuentes, a raíz de lo cual estuvieron una noche detenidos en el Instituto de menores Inchausti.

También se espera que mañana brinde su testimonio del padre de Lucas.

Para la primera audiencia se aguarda la presencia de amigos y vecinos del adolescente asesinado, además de autoridades del distintos clubes del fútbol argentino, ya que Lucas era jugador de Barracas Central pero también formó parte de equipos juveniles de Racing Club y Defensa y Justicia, pertenecientes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por el crimen están imputados el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad y ahora están detenidos.

A los tres se les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.

Además, los tres enfrentarán cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, serán juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.

También en la previa al juicio, el abogado de las víctimas, Dalbón, dijo que el crimen de Lucas fue “uno de los hechos más trascendentes de tortura, encubrimiento y muerte de los últimos años”.

“Les armaron una causa a los cuatro niños, todos menores de edad, los torturaron, y montaron una escena en 800 metros cuadrados para urdir un plan siniestro, la impunidad de los asesinos y burlar al sistema judicial”, afirmó el letrado, quien consideró que “las condenas no deben ser ejemplares, sino justas” y que para él “será un fallo que recorrerá el mundo”.

El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021 y causó gran conmoción en la sociedad, lo que motivó marchas tanto en la zona de Florencio Varela, donde vivía el adolescente, como frente a Tribunales en reclamo de Justicia, y hasta se lanzó una petición por la plataforma Change.org que cuenta con la adhesión de más de 61 mil personas donde piden que se sancione la llamada “Ley Lucas” en la que exigen que se prohíba a la policía porteña a actuar sin uniforme y móviles oficiales.

El asesinato se produjo cuando el joven y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield y no estaban uniformados ni llevaban baliza en el rodado.

Por ese motivo, pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos policiales les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con “cuatro masculinos con apariencia de menores, jóvenes”, que “estaban armados”, por lo que les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

CRM con información de la agencia Télam

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los letrados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirmó este domingo que ya “está lista” la solicitud de la exmandataria para sumarse a la querella en la causa que investiga el intento de magnicidio, y aseguró que, en caso de que se comprueben irregularidades en el proceso de manipulación del teléfono celular del imputado, se acusará a los responsables de “negligencia y encubrimiento agravado”.

En diálogo con Télam, Dalbón explicó los pasos que seguirá a partir de este lunes: “La querella ya está lista para la firma de la vicepresidenta, que se hará el día lunes”, contó.

“Una vez que firme me trasladaré a Tribunales de Comodoro Py para interponerla y pedir hablar con la jueza y el fiscal para que me brinden explicación de la negligencia y o lo que consideren que haya sucedido en la relación a la pérdida de datos del celular del imputado”, continuó.

Se refirió así a la causa que investigan la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, y a la información publicada este domingo que sostiene que las pericias técnicas de las fuerzas de seguridad habrían fallado en la tarea de recuperar la información del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido por el atentado contra la vicepresidenta, por lo que la información de su teléfono corre riesgo de perderse.

“En caso de que se reconozca por parte del juzgado la negligencia de una prueba tan importante como es el celular de un imputado que intentó matar a la vicepresidenta, se iniciará una causa penal contra todos los responsables de la investigación incluyendo a la jueza Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, la Policía Federal, Policía Aeronáutica, personal del juzgado, y todos los que tuvieron acceso a la custodia del teléfono del imputado”, apuntó Dalbón, que aclaró que en su opinión se trataría de “negligencia y encubrimiento agravado”.

“Es increíble que cuando Cristina (Kirchner) es víctima los jueces no hagan nada, como lo hizo el juez Manuel de Campos en la causa de amenazas de muerte, o que se equivoquen y se pierdan datos tan importantes como el que surgen del teléfono de un asesino en esta causa. En este caso la pruebas desaparecen y en otros casos las pruebas no existen”, agregó el letrado.

Dalbón recordó en este sentido las amenazas de muerte que había sufrido Cristina Kirchner durante una protesta realizada frente al Instituto Patria y también las pegatinas en diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires aparecidas en abril último, con carteles con la cara de la vicepresidenta y las frases “Asesina”, “Culpable de 35.000 muertes” y “Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas”, además de un código QR que lleva a una página que dice “Pronto todos sabrán lo que hiciste”.

Ambas causas siguen su curso en la Justicia y la vicepresidenta es parte de la querella, con el patrocinio de Dalbón.

En esta línea, el letrado consideró “de suma importancia” que la exmandataria se presente como querellante en la investigación contra Sabag Montiel porque, dijo, “de esa manera puede tener acceso a la causa, sugerir prueba, solicitar nuevas detenciones, ofrecer peritos de parte y estar a las resultas del proceso con posibilidad de apelar resoluciones que le causen gravamen”.

“En mi opinión va a haber más (imputados) porque entiendo que no actuó solo”, apuntó el abogado sobre el imputado.

El letrado fue consultado en este punto por un amigo del atacante que había sostenido en una entrevista televisiva que Sabag Montiel “lamentablemente no ensayó antes” de perpetrar su intento de magnicidio.

“La idea es que lo vamos a denunciar y pedir explicaciones de sus dichos”, confirmó Dalbón.

Se refirió así el supuesto amigo del imputado que, una nota con la señal de TV Telefe, dijo: “Yo creo que su intención original era matarla, pero lamentablemente no ensayó antes”.

“Por ahí significarían menos impuestos, no sé. Igual, menos mal que no le tiró porque la convertían en mártir y zafaba de todas las causas”, agregó el hombre, que se presentó como el exmejor amigo de Sabag Montiel, en una entrevista donde brindó características puntuales sobre el agresor.

CRM con información de la agencia Télam

En un hecho inusual, en tiempos de crisis y un contexto inflacionario asfixiante, el presidente Alberto Fernández logró algo que muy pocos ciudadanos argentinos pueden lograr. En cuestión de horas, por sendos préstamos, obtuvo los seis millones de pesos necesarios para avanzar en dos causas judiciales que lo tienen como protagonista con la pandemia como eje central.

Por un lado, el mandatario consiguió un crédito personal de 3 millones de pesos en el Banco Santander para realizar la pactada transferencia a una cuenta del Instituto Malbrán, operación que le permitirá cerrar la causa judicial en su contra por haber participado del festejo de cumpleaños en julio del 2020 de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por la pandemia. Con esa suma, también cubrirá el resarcimiento acordado por su esposa, también imputada en el expediente.

Y por otra parte, su abogado, Gregorio Dalbón, le prestó a Fernández $3 millones para pagar la tasa judicial en el juicio contra Patricia Bullrich en el que acusa a la líder del Pro de difamación por haber asegurado que el Gobierno nacional había pedido un retorno como condición para la compra de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, algo que fue desmentido por el oficialismo y la compañía farmacéutica.

A la demanda que le inició el Presidente a la dirigente de Juntos por el Cambio, se le sumaron la que también hizo el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario. Y la que le inició a comienzos de mayo el exministro de Salud, Ginés González García, en relación a las declaraciones de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri en una entrevista el domingo 23 de mayo de 2021, cuando expresó: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, en torno a la demora en la llegada de las vacunas del laboratorio de Estados Unidos. El exfuncionario que debió renunciar tras el escándalo del Vacunatorio VIP pidió 350 mil pesos en su demanda.  

De acuerdo al sistema judicial argentino, el demandante tiene la obligación de abonar una tasa del 3% de la suma que se pide (en este caso, el Presidente reclama 100 millones de pesos de resarcimiento a Bullrich) para poder iniciar el juicio.

“Se puede pedir el beneficio de litigar sin gastos”, explicó Dalbón en declaraciones a la periodista rosario Bernasconi, de Perfil, y remarcó haberle recomendado “no hacerlo por tratarse del Presidente de la Nación”. Y aclaró: “Como (Fernández) no tenía los 3 millones de pesos, entonces en el pacto de honorarios que yo establecí con él, acordamos que pagaba el estudio la tasa de justicia y, al momento del pago de la derrotada, porque estoy convencido de que Bullrich va a salir derrotada, yo voy a percibir los honorarios y los gastos”.

De acuerdo al letrado, “no hay posibilidad de no ganarlo este juicio, sino no hubiera apostado tanto. Yo le dije a Alberto Fernández 'no te preocupes yo lo pago, tengo la plata en blanco, lo pago con un cheque a mi nombre. Está todo transparente y lo hice con cheque a propósito, para que quede bien establecido el traspaso de dinero de mi cuenta a la cuenta del Poder Judicial”, detalló.

“A mí criterio, de acuerdo a cómo es el objeto procesal de la demanda, las costas que han sido abonadas por el Presidente a través de su abogado, va a terminar pagándolas Patricia Bullrich porque el artículo 68 del Código Procesal, Civil y Comercial, dice que las costas las paga el vencido y, en este caso, la vencida, en la medida de que el juicio mantenga jueces probos, honestos y nobles, va a ser Patricia Bullrich quien va a pagar la tasa de justicia y mis honorarios”, concluyó. 

La queja de Bullrich y la respuesta de Dalbón

La titular del Pro no anduvo con vueltas y volvió a apuntar contra el Presidente al enterarse que su abogado, Gregorio Dalbón, le prestaba los 3 millones de pesos correspondientes a la tasa de justicia para avanzar con el juicio en su contra, por difamación: “Una vez más, Alberto Fernández nos miente a los argentinos. Dice que no tiene plata para pagar por la fiesta clandestina. Sin embargo, puso 3.000.000 de pesos para la tasa de justicia en el juicio contra mí. Doble vara, doble moral. ¿De dónde sacó el dinero, presidente?”, posteó en Twitter.

La respuesta del abogado presidencial no tardó el llegar: “Señora, el Presidente no pagó la tasa de Justicia. La pagó mi Estudio, con cheque a mi nombre. No miró el expediente? Deje de mentir. Esa tasa cuando Ud resulte condenada la pagará junto a mis honorarios. Se llaman costas art. 68 CPCC, las paga el vencido o la vencida. Saludos!”

Con información de agencias.

IG

La madre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre del año pasado, intentó suicidarse en las últimas horas y se encontraba internada a la espera de ser trasladada a un centro psiquiátrico especializado, informó el abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la familia.

“La madre de Lucas González se cortó las venas con un cúter. La encontró la hija menor. Peca (Héctor) su marido alcanzó a llevarla al Hospital Mi Pueblo Materno Infantil de Florencio Varela. Mañana a primer hora la trasladadan. Desde ya solicitó ayuda para la familia”, escribió cerca de la medianoche el letrado en Twitter.

En ese marco, Dalbón reveló: “Es el tercer intento de suicidio. La psiquiatra de Cintia dijo basta. Mañana (por hoy) veremos cómo sigue en qué institución. Les pido a los políticos que ayuden a buscar un lugar para Cintia ya que se encuentra en un hospital que la sacó de la urgencia pero NO es psiquiátrico. Gracias”.

“Solo tengo esa información entró en estado crítico y mañana (por hoy) estabilizada buscarán un lugar psiquiátrico. A las 7 de la mañana calcula Héctor que tendremos idea del traslado”, añadió el abogado sobre el estado de salud de Cintia López.

Este lunes, en la puerta del hospital donde la mujer se encontraba internada, Dalbón pidió colaboración para encontrar un centro especializado en salud mental para Cintia.

“Necesitamos la contención de la salud mental de la gente que sufre este tipo de situación. Con Cintia hubo dos intentos anteriores de suicidio, pero la vuelven a la casa siempre, lo de ayer fue peor”, señaló el abogado al canal C5N.

El abogado dijo que “la contención de la salud mental en la Argentina está muy floja” y, por ello, le pidió “a los políticos de todo corazón que tanto colaboran cuando alguien muere o cuando hay una tragedia, que si por favor pueden colaborar en la salud mental de la gente que queda viva”.

“Cintia es la tercera vez que intenta suicidarse, esperemos que sea la última. A ver si nos ayudan a encontrar algún lugar de salud mental”, pidió y afirmó que una paciente como Cintia “no puede venir a un instituto materno infantil para que después le den el alta y la manden a la casa empastillada”.

En tanto, Héctor “Peca” González, padre de Lucas y esposo de Cintia, contó cómo fue el momento en el que anoche encontraron lastimada a su mujer.

“La encontró mi hija de 14 años. Yo estaba mirando una película, tranquilos y en un momento me habré dormido y después me levanto y la encontró mi hija ya lastimada, llorando desconsoladamente”, recordó.

González dijo que su mujer “estaba consciente”, pero “débil” porque él ya le había dado la medicación por los dos intentos de suicidio que tuvo previamente.

“Esto en tres meses me arruinó la familia, me arruinó la vida”, remarcó.

El asesinato de Lucas

El crimen de Lucas González sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni señales de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López; mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

Con información de agencias.

IG

Los padres de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo policial en el barrio porteño de Barracas en noviembre pasado presentaron hoy ante el Consejo de la Magistratura la denuncia contra el juez de la causa por mal desempeño de sus funciones y prevaricato, así lo informó el abogado de la familia, Gregorio Dalbón.

De esta manera, la denuncia contra el juez Martín Del Viso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, fue presentada el lunes en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación.

 Dalbón, en el escrito judicial, denunció por “mal desempeño y prevaricato” al juez Del Viso, luego de que el magistrado rechazara los pedidos del fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, para la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho y negara el procesamiento de dos oficiales que fueron liberadas por falta de mérito.

Gómez Barbella había solicitado la inmediata detención de la abogada Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas.

En tanto, también el fiscal solicitó nuevamente los procesamientos de las policías Lorena Miño y Micaela Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.

Dalbón especifica en su denuncia que el juez “dictó resoluciones arbitrarias, infundadas, basadas en hechos falsos”, y destacó “la peligrosidad procesal que conlleva mantener en libertad a imputados que formaron parte de un ardid delictual que terminó con la vida de un niño de 17 años y mantuvo en privación ilegal de la libertad a menores de edad”.

Y agregó: “Espero no sea la política, ya que nunca quise que esto escale políticamente, pero la prueba pericial con las dos policías Miño y Fariña es contundente. Es más, ahora la tiene completa. Cuando un juez desempeña mal su función es pasible de juicio político. Y, cuando dicta resoluciones en contra del derecho comete el delito de prevaricato”, expresó el letrado.

El abogado de la familia de Lucas indicó que la denuncia contra Del Viso fue a pedido de Cintia y Héctor, padres de Lucas, quienes esperan que reciba “la sanción que le corresponda”.

“Del Viso es un juez joven que viene de Ciudad a Nación nombrado por Mauricio Macri en 2018. Tiene potencial para sostener esta causa y seguir creciendo. Es muy raro que de la noche a la mañana haya cambiado su actitud y no haga lugar a ningún pedido del fiscal de la causa ni a la querella”, sostuvo.

Y añadió: “Algo no nos está cerrando por dicho motivo denunciamos su actitud para que sea investigada institucionalmente. No hay nada personal con el juez. Es sólo nuestra forma de defendernos ante tanta injusticia con las oficiales Miño y Fariña. Ni siquiera con las y los demás. Pero esas dos deben ir presas. Manipularon el arma. No tienen perdón de Dios. Nos quisieron hacer pasar por delincuentes en vez de ayudarlos cuando eran víctimas”.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que el fiscal Gómez Barbella presentó el viernes pasado la apelación a la falta de mérito de las dos oficiales, quienes fueron las primeras en llegar al lugar del hecho el pasado 18 de noviembre.

Gómez Barbella presentó también el informe completo de la prueba odorológica realizada por la Unidad Búsqueda de Evidencia de la Policía Federal Argentina.

En el documento presentado por el fiscal de la causa se estableció que “el rastro de olor colectado de una 'réplica de arma de fuego tipo revolver' hallada en el interior del rodado (…) los canes intervinientes han identificado, por comparación olfativa, compuestos orgánicos volátiles (COV) coincidentes entre la muestra y la muestra de olor obtenida de Héctor Claudio Cuevas, Micaela Soledad Fariña y Lorena Miño”.

“El contenido de este estudio resulta de suma relevancia pues evidencia que las policías Fariña y Miño (…) mantuvieron contacto con el arma de utilería 'plantada' en la parte trasera sobre el piso del rodado Volkswagen Suran”, aseguró el fiscal, quien agregó que la pericia “arrojó un resultado positivo de correcta identificación del 80% y 85% por parte de los perros entrenados, según se tratase de olores en prendas de vestir de distintas partes del cuerpo de los mismos individuos o confrontados en prendas con olores colectados en tubos de acero limpios, respectivamente”.

Homenaje a tres meses del asesinato

Por otra parte, el próximo viernes a las 18, al cumplirse tres meses del crimen de Lucas González, familiares y amigos realizarán una suelta de globos en el club San Pedro de Florencio Varela, donde jugaba al fútbol el adolescente.

El crimen de Lucas

El crimen del adolescente sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre último, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías Gabriel Isassi, Juan Nieva y Fabián López.

Mientras que por el encubrimiento hay un total de 11 efectivos presos y otros dos imputados pero excarcelados.

LG con información de Télam

La reconstrucción del crimen de Lucas González durante un ataque a balazos cometido por policías de la Ciudad contra él y sus amigos en el barrio porteño de Barracas se suspendió este miércoles, a pocos minutos de comenzar, a raíz de un planteo de la defensa de los tres efectivos acusados de homicidio agravado, que fue aceptado por el juez de la causa, Martín del Viso.

El abogado de las familias de las víctimas, Gregorio Dalbón, explicó a Télam que la defensa pidió que la diligencia no se lleve adelante si no estaban presentes los tres efectivos a quienes se les imputa el asesinato de Lucas, tal como dispuso el fiscal del caso, Leonel Gómez Barbela.

A los efectos de evitar futuras nulidades, el magistrado optó por suspender la reconstrucción hasta tanto resuelva el planteo de la defensa de los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi, a cargo del abogado Alfredo Olivan.

Es que, para para proteger a los tres amigos de Lucas y a los padres del adolescente asesinado, el fiscal planteó que no participen esos efectivos de la diligencia, sino que solo lo hicieran los otros seis policías detenidos pero por el encubrimiento, quienes sí iban a estar presentes hoy, dijeron fuentes judiciales.

“Los policías asesinos dicen que querían estar, lo podrían haber dicho hace tres días. Es una chicana que revictimiza a los chicos”, dijo Dalbón, quien consideró “bastante insolente” el planteo defensista el mismo día de la reconstrucción.

“Hay abogados chicaneros y también jueces timoratos, para manejar esta causa hay que tener los huevos bien puestos y evidentemente alguien no los tiene, entonces se suspendió”, agregó.

Finalmente el abogado dijo que espera que el juez Del Viso disponga para mas tardar el lunes o martes próximo la reconstrucción.

“Lo que vamos a hacer es que vengan los asesinos, los abogados de los asesinos y que se revictimice de vuelta a los chicos. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para terminar esta media y que los que quedaron vivos terminen esta etapa y puedan seguir viviendo”, concluyó.

Por su parte, el padre de Lucas, Mario González, expresó entre lágrimas: “Esos chicos necesitan volver a vivir su vida, empezar su vida nuevamente, volver a entrar al sistema, a la sociedad y todo esto también los daña mucho a ellos y bueno, a nosotros estar en el lugar donde estuvo mi hijo es algo inexplicable y una sensación de vacío tremendo”.

En tanto, el abogado Roberto Castillo, defensor de la oficial Lorena Miño, una de las seis policías de la Ciudad acusadas del encubrimiento del crimen, consideró que “la fiscalía debería haber involucrado a todas las partes y es una cuestión que se les pasó en esta acusación precipitada”.

La reconstrucción de la persecución y ataque policial del que fueron víctimas los cuatro adolescentes el 17 de noviembre último y que terminó con el crimen de Lucas se inició cerca de las 10 con el primer tramo del recorrido que realzaron los chicos cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y comenzaron a ser seguidos por una brigada sin identificar de la Policía de la Ciudad.

Ante la presencia del fiscal, las familias de las víctimas, su abogado y efectivos de distintas dependencias de la Policía Federal asignados a las pericias e investigación de campo, un auto Volkswagen Suran gris -el de las víctimas era azul- partió del cruce de las calles Luna e Iriarte, donde los adolescentes ese día pararon a comprar un jugo.

Luego, el auto avanzó por Iriarte, momento que se sumó a la diligencia un Nissan Tiida igual al empleado por los policías de la Brigada, también sin patente.

Desde allí siguieron por Iriarte rumbo a Vélez Sarsfield, donde estaba previsto reconstruir el momento en el que los policías interceptaban el auto de los jóvenes, éstos aceleraban y finalmente eran detenidos, con Lucas ya baleado en el interior del rodado.

No obstante, ese tramo quedó en suspenso por la resolución judicial.

Con información de agencias.

IG

La estrategia de defensa del presidente Alberto Fernández en el Olivos-Gate ya tiene varios efectos directos sobre las próximas decisiones que deberán tomar el fiscal y el juez del caso, la extensión del expediente y sobre el clima de malestar interno y externo que desencadenó el caso en plena campaña electoral, según surge de las consultas de elDiarioAR a fuentes judiciales, juristas, aliados y opositores. 

Mientras sus decisiones en torno a la causa -desde el asesoramiento del abogado Gregorio Dalbón hasta su rol como abogado propio y el pedido de ser sobreseído por inexistencia de delito- son cuestionadas como una sucesión de “torpezas” y “errores” por algunos aliados, la oposición buscará una amnistía general para miles de personas que tienen causas penales o condenas por el incumplimiento de las restricciones de circulación durante la crisis sanitaria (exceptuando a funcionarios públicos y fiestas clandestinas, entre otros).

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, existían al menos 50.000 causas judiciales en el fuero federal a lo largo y ancho del país por el incumplimiento a las normas impuestas por el Ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19, según los datos de la Procuración General de la Nación. 

Desde el jueves, Fernández está formalmente imputado en la causa en la que se investiga si cometió delitos al incumplir las normas impuestas por su propio decreto durante la celebración del cumpleaños de su pareja, la Primera Dama, Fabiola Yáñez, durante la prohibición de las reuniones sociales en julio de 2020, según el escrito que firmó el fiscal federal Ramiro González y al que accedió elDiarioAR.

Hecho I

Esta semana, la causa tendrá al menos dos hechos concretos. En primer lugar, el juez federal Sebastián Casanello abrirá un incidente para tratar el primer pedido del Presidente: ser sobreseído por inexistencia de delito, confirmaron dos fuentes judiciales. Luego deberá notificar al fiscal Ramiro González para que opine sobre si Fernández debe o no ser sobreseído con este argumento. 

A partir del momento en que informe de la situación al fiscal, éste tendrá tres días hábiles de plazo máximo para dictaminar. Tras el dictamen de González, la decisión quedará en manos del juez, confirmaron dos fuentes con acceso directo al caso.

Recién una vez resuelto este capítulo, la Justicia podrá iniciar una conciliación con Fernández y una negociación para establecer qué reparación económica deberá realizar para quedar sobreseído.

Hecho II

El segundo hecho concreto es que este martes por la mañana vencen los plazos del fiscal González y de las partes para plantear su posición sobre otro punto del expediente. El abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de una de las participantes de la cena de cumpleaños imputada en la causa, planteó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el Presidente que estableció las restricciones a la circulación y reunión durante la pandemia.

El propio Fernández estaría en condiciones de responder el planteo del abogado D’Alessandro, pero nadie espera que lo haga. Este tramo de la causa también extiende la vida del expediente. Si el juez rechaza que el DNU sea inconstitucional, la defensa puede apelar y abrir nuevas instancias de revisión. En otra causa en la que interviene el defensor, otro fiscal federal, Santiago Marquevich, dictaminó que el decreto es constitucional porque busca preservar la salud pública en medio de la realidad excepcional que marcó la pandemia en le mundo, entre otros argumentos, según extractos del dictamen.

“Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto”, dijo D’Alessandro a elDiarioAR. “La política sabe que el DNU es inconstitucional -por las restricciones de circulación y otras garantías de la Constitución- pero no lo quiere reconocer por dos motivos: no hicieron nada para evitarlo y, si lo declaran, en la próxima emergencia van a tener que pasar si o si por el Congreso”, opinó el abogado.

El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses.

Comunicado de Presidencia — Jueves 26 de agosto.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria. 

El penalista Andrés Gil Domínguez explicó a elDiarioAR: “Desde hace años se discute la inconstitucionalidad de este tipo de delitos en los que se criminalizan hechos que no generaron daños jurídicos”. El jurista, de habitual diálogo con el Presidente y quien integró el consejo consultivo para la reforma judicial de Fernández, no habla de la supuesta inconstitucionalidad del DNU sino de los delitos como el del artículo 205 del Código Penal. Ante la consulta de este medio, Gil Domínguez agregó: “El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite, como marca la Constitución, no puede interceder en cuestiones judiciales”.

El Presidente debe dejar que la Justicia trabaje y dedicarse a la campaña y a gobernar. No debe hablar de esta ni de ninguna otra causa en trámite.

Andrés Gil Domínguez — Penalista.

Los órdenes cambiados

El jueves último, alrededor de las 18, Presidencia hizo circular un comunicado oficial. “El Presidente decidió presentarse ante la Justicia por derecho propio y donará al Instituto Malbrán la mitad de su sueldo durante 4 meses”, era el título del breve texto. Sin embargo, Fernández planteó en su escrito ante la Justicia dos vías distintas para resolver su caso.

En primer término, el mandatario pidió ser sobreseído al entender que no había cometido ningún delito; en segundo término, y en caso de que el juez del caso rechazara su sobreseimiento de cuajo, ofreció una conciliación y reparación económica. 

Fernández argumentó que no cometió delito alguno porque no causó daño, ya que no estaría probado que la celebración desencadenó contagios de Covid-19.

Por esta razón es que la Justicia debe resolver en primer término su pedido de sobreseimiento y postergar el inicio de una conciliación. La segunda opción planteada por Fernández es una salida ampliamente utilizada en los tribunales para resolver este tipo de casos: el imputado negociará con el fiscal un acuerdo para evitar la pena, se pacta una sanción o multa -el Presidente ofreció realizar una donación al Instituto Malbrán- y el juez debe homologarlo, si está de acuerdo con lo acordado. 

Fernández propuso en su escrito donar al Malbrán una suma que equivaldría a $630.518 (dos salarios completos, según los datos proporcionados por el Ejecutivo). El fiscal puede considerarlo insuficiente y requerir al imputado un esfuerzo económico mayor con la sociedad, explicó una fuente directa del caso. 

Abogado en trámite

La causa de Olivos se transformó en una concatenación de cuestionamientos al Presidente. Su estrategia de defensa es uno de los puntos atacados. Fernández decidió presentarse ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado defensor. El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que al ocupar la Presidencia, Fernández tiene prohibido por artículo 3 de la Ley 23.187 ejercer la abogacía. Además, el mandatario no contaba hasta ayer por la tarde con matrícula habilitada como abogado, según surge de la consulta a los registros públicos del Colegio profesional. 

Aún así, el viernes, a las 19:26, Fernández pagó vía electrónica un bono profesional de $500 al Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó en el expediente judicial, según pudo corroborar este medio. Este bono es una especie de impuesto que los abogados deben abonar por cada causa en la que intervienen, lo que confirma que Fernández decidió intervenir como su propio abogado defensor.

En el Gobierno respondieron a este punto ante la consulta de elDiarioAR: “El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado si actúa en su propia causa y no de terceros”. De hecho, el artículo 4 de la Ley 23.187 permite esta excepción.

Amnistía y rebelión

Ante la consulta de elDiarioAR, una figura cercana al mandatario se mostró más preocupado por el efecto en la sociedad de los argumentos que Fernández ante la Justicia. No hablaba del impacto del caso en el electorado en plena campaña sino del temor a que ni el Presidente ni el Gobierno retenga la autoridad necesaria para ordenar nuevas restricciones a la población en medio del avance de la variante Delta.

En Diputados, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación Penal tienen un proyecto de amnistía general para las miles de personas imputadas, procesadas y condenadas por causas vinculadas al quebrantamiento de las normas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) que dispuso el Presidente.

El proyecto fue presentado el 17 de agosto último por el diputado nacional Gustavo Menna (UCR, Chubut) y acompañado por el bloque radical. Plantea que se extinga la acción penal contra estas personas y la restitución de vehículos y bienes incautados durante los procedimientos policiales y judiciales. Por el momento, la campaña electoral tiene paralizado al Congreso y el proyecto no ha avanzado.

El Presidente tiene todo en orden y, además, puede presentarse como abogado su actúa en su propia causa y no de terceros.

Fuente oficial.

La amnistía tiene tres excepciones: no alcanzará a funcionarios públicos; no se aplicará a fiestas y reuniones clandestinas; y tampoco se podrá exculpar a aquellas personas que incumplieron una  medida de aislamiento o cuarentena por contagio, contacto estrecho, arribo de país o de una provincia. 

Menna afirmó a elDiarioAR que esta amnistía fue pensada para los casos de personas que se excedieron en el rango horario de circulación o que debían salir a trabajar a pesar de las restricciones. “El Gobierno pierde legitimidad para perseguir estos delitos cuando el propio Presidente incumplió la norma. Amenazás a los ciudadanos con iniciarles causas penales y ahora dice que si no contagiaste a otros no es delito”, aseguró Menna.

“Además, estas miles de causas son un gasto y esfuerzo para el Poder Judicial, que debería estar investigando causas de corrupción, lavado, trata de personas, narcotráfico. Esto tiene que tener una solución política. No creo que haya voluntad política para tratar el proyecto pero ojalá que sí”, dijo el diputado.

No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción.

Gustavo Menna — Diputado nacional por Chubut (UCR).

En Comodoro Py admiten el “colapso de causas de la pandemia”. Algunos fiscales y jueces resolvieron este tipo de casos con conciliaciones, probations y reparaciones económicas, en especial con donaciones a hospitales públicos, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. 

En otros juzgados y fiscalías se optó por el stand by: los expedientes en donde no hubo una fiesta clandestina, incumplimiento de cuarentenas por viajes al exterior o de personas con síntomas o PCR positivo, los magistrados optaron por dejar los expedientes sin avanzar sobre los imputados ni citarlos, a la espera de una resolución externa a la Justicia, confiaron varios de ellos ante la consulta. En otros casos donde los acusados pudieron justificar el incumplimiento, fueron sobreseídos.

El proyecto de amnistía de la oposición se presentó luego de la filtración de las primeras fotos del cumpleaños de Yáñez. “La revelación de la fiesta en la residencia presidencial de Olivos da lugar a que resulte una incongruencia que subsistan causas penales contra personas que cometieron la ‘falta’ de circular por la vía pública para ir a su trabajo, a visitar a un familiar enfermo o simplemente a tomar aire y ejercitarse”, afirmó Menna en el texto del proyecto. 

Creo que tarde o temprano alguien deberá resolver sobre la inconstitucionalidad del decreto.

Mauricio D'Alessandro — Abogado de una de las imputadas.

“No es justo que miles de personas en esa condición estén expuestas a la persecución penal e incluso a la aplicación de una sanción luego de que quedará admitido que el funcionario público que aprobó esas reglas de conducta por decreto, fue el primero en incumplirlas”, agregó el diputado opositor en el proyecto. 

Al ser funcionario público y al haber participado de una reunión que podría ser considerada contraria a la ley, Fernández no sería beneficiado por la amnistía. Tampoco todos aquellos miembros de la oposición que participaron del cumpleaños de Elisa Carrió, en diciembre de 2020.

Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados y uno de los firmantes del proyecto de amnistía, estuvo presente en la celebración del natalicio de la líder opositora y también es uno de los denunciados ante la Justicia por dicho encuentro durante las restricciones en Exaltación de la Cruz. 

Negri dijo a LN+ que el festejo de Carrió fue al aire libre, con hisopados previos y con la autorización del Municipio -lo cual debe ser investigado en la Justicia-.

ED

Por estas horas y en plena campaña para las PASO del 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández y su abogado Gregorio Dalbón preparan la estrategia judicial en la causa que investiga los ingresos y egresos a la Quinta de Olivos desde que se dispuso el ASPO en marzo de 2020 y la celebración de cumpleaños de Fabiola Yáñez el 14 de julio del año pasado, en medio de las disposiciones más restrictivas por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a la defensa del mandatario, lo ocurrido en la celebración íntima de la Primera Dama no constituye un delito penal ya que “no se puso en riesgo la salud pública al no haberse detectado contagios”. En Twitter, Dalbón relató: “Ya estamos definiendo la estrategia Olivos. Consideramos junto al Presidente que por razones técnicas y jurídicas no hubo delito. Sin embargo, Alberto Fernández insiste, no sólo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia. Y así lo haremos”.

En ese sentido, en diálogo con TN.com.ar, Dalbón negó que el Presidente vaya a recurrir a la Justicia para proponer un acuerdo. “No lo necesitamos, porque no hubo delito”, aseguró, y agregó: “La mera infracción administrativa (la violación del DNU dictado por el mismo Gobierno, con la firma de Fernández), no es un delito. Para que lo haya debe haber una infracción a la normativa y además una lesión, una puesta en peligro del bien que se quiere proteger, en este caso la salud pública, lo que no ocurrió”.

Según el abogado, que también forma parte del equipo jurídico que lleva a delante la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en diversas causas, adelantó que el Presidente considera presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal a cargo de la investigación, Ramiro González, realizar una donación a modo de reparación a una entidad de bien público. De acuerdo a Dalbón, podría estar dirigida “al Instituto Malbrán”, al tiempo que sostuvo que la intención de Fernández, “por una cuestión ética y moral, es presentarse a la Justicia y hacerse cargo de la situación en Olivos”.

En cuanto al trámite administrativo en sí, de acuerdo a TN, el dinero a donar podría depositarse en una cuenta a nombre de la Justicia o entregarse directamente el Instituto Malbrán. Luego se adjuntará el comprobante para que el juez y el fiscal tomen nota de la entrega de los fondos, que podría ser el equivalente a un sueldo o medio salario.

En tanto, en declaraciones a FM Delta, el letrado reiteró que el escándalo por las fotos y videos de Olivos “es un tema absolutamente de campaña electoral. Al no tener ideas para un debate van a hablar de la foto”, consideró, al tiempo que reiteró que el Presidente “está dando un ejemplo superador al enfrentar la causa. El siente el deber ético y moral de hacerse cargo”, aunque advirtió que, si bien desde la defensa consideran que “no hay delito, y la jurisprudencia del fiscal marca lo mismo, Alberto tiene intenciones de presentarse y reparar lo que hizo ante la Justicia”. Y agregó: “Me tiene sin cuidado quien va a juzgar esto. Arroyo Salgado es una jueza dura, pero no me asusta. Donde esté la causa ahí estaremos, dando el cuerpo y la cara”.

El fiscal González recibió en las últimas horas un pedido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. Según confirma este martes Infobae, el fiscal hizo lugar al pedido y le pidió al juez Sebastián Casanello, que le delegó la instrucción, que “arbitre los medidos necesarios” para que Arroyo pueda acceder al expediente de manera digital. La exesposa del fallecido fiscal Alberto Nisman investiga una denuncia del abogado Alejandro Sarubbi Benítez y apuntaba específicamente al festejo del 14 de julio en la quinta de Olivos.

Si bien desde el Gobierno repiten frente a los micrófonos que el escándalo por las imágenes de la reunión por el cumpleaños de Yáñez en la residencia de Olivos en plena cuarentena de 2020 es “un tema terminado” y consideran que “la reputación de la gestión del frente de Todos al frente del Ejecutivo ”no se juega en una foto“, saben que el impacto de las imágenes repercutirá en las elecciones legislativas. Según el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ”la cabeza de la gente está en otro lado y la reputación del Gobierno no se juega en una foto o en una frase, sino en otras cosas. Es un reduccionismo que no tiene ningún tipo de sentido“, señaló en una entrevista en Radio Mitre.

Este lunes, el Gobierno entregó la lista de ingresos y egresos de la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena estricta en 2020 en el marco del requerimiento que le realizó a la Casa Militar el fiscal González. El funcionario judicial también aguarda por las planillas y bases de datos de la aplicación Cuidar para verificar si los invitados al cumpleaños de Yáñez tenían permisos de circulación, ya que en aquel momento solo podían hacerlo los trabajadores esenciales.

IG

La mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, concluyó este viernes sin acuerdo entre las partes, por lo cual el mandatario demandará ante la justicia civil por “difamaciones” a la exministra de Seguridad, quien afirmó en los medios que el Gobierno nacional había buscado obtener supuestos retornos para conseguir la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

El resultado de la mediación fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien acompañó al Presidente en la audiencia, aunque recordó que no se pueden transmitir detalles del encuentro virtual porque tienen carácter confidencial.

“Terminó la audiencia sin acuerdo. Respetaremos la confidencialidad en el contenido de la misma. El Presidente de la Nación @alferdez recurrirá a la Justicia Civil. Etapa terminada”, publicó Gregorio Dalbón, abogado de Alberto Fernández, en su cuenta de la red social Twitter.

Horas antes, Dalbón había manifestado en declaraciones a Radio 10 los dichos de Bullrich “tienen una gravedad institucional muy grande. El Presidente quiere que la Justicia le ponga un fin a esta situación. No vamos a aceptar las disculpas de Bullrich. ”Es un personaje menor, pero está causando mucho daño al país, a un Presidente elegido por la voluntad popular, su Presidente. La figura presidencial no debe ser mancillada en su honor“, remarcó.

El representante legal de Fernández había explicado que “estas cuestiones de las pruebas que dice tener Bullrich son para su público, un grupo reducido que están emparentadas con la violencia verbal que tiene Bullrich con sus mentiras”, y agregó que “lo normal es que cuando uno tiene una prueba de soborno o ilícito, haga una denuncia ante un juzgado”, mientras que por el contrario, “ella fue a un programa de televisión” y “nunca tuvo pruebas, y hasta Pfizer la desmintió”.

Tras la audiencia de conciliación, un paso legal obligatorio, el Presidente presentará en la Justicia civil una demanda contra Bullrich por daños y perjuicios contra el honor.

Las razones de la demanda

Alberto Fernández envió días atrás una carta documento a la jefa del PRO para dar inicio a la acción civil que presentó por difamación, luego de que la dirigente especulara con que el Gobierno pretendería “retornos” del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas contra el coronavirus.

“Comunico que, como me instruyó el Presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda”, informó Dalbón el día en que envió la carta documento.

Se trata de la segunda carta documento dirigida a la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri por este tema, ya que también le llegó una de parte del exministro de Salud, Ginés González García, para que se retracte de las acusaciones en su contra.

Tras los dichos de Bullrich, el propio laboratorio salió a desmentirla e indicó en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos”, afirmación que sus representantes sostuvieron en una reunión con legisladores en el Congreso de la Nación.

En la audiencia con los laboratorios convocada semanas atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, insistió en que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios” en las negociaciones con Argentina por las vacunas. Y afirmó que el laboratorio “no tiene ningún interés en intervenir con los bienes del Estado”.

En tanto, Dalbón aseguró que el daño de las acusaciones de la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri es “incalculable” ya que, “con más de 80 mil muertes”, hablar de retornos o sobornos es “gravísimo”. Alberto Fernández ya adelantó que cualquier eventual indemnización será donada al Instituto Malbrán.

Bullrich había dicho en declaraciones al canal La Nación+: “Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”.

Con información de agencias.

IG